El respeto irrestricto a la dignidad humana constituye el núcleo normativo sobre el que se levanta el constitucionalismo democrático contemporáneo. Desde la Declaración Universal de 1948 hasta el Estatuto de Roma de 1998, la arquitectura jurídico-ética del sistema internacional de derechos humanos descansa en una convicción indeclinable: no todo vale. La libertad de expresión, piedra angular de las sociedades abiertas, no puede erigirse en coartada para la apología de proyectos totalitarios, el discurso del odio o la negación de la igual dignidad de quienes integran la comunidad política. Por ello, la defensa de los derechos humanos implica afirmar límites normativos y culturales frente a la intolerancia, especialmente cuando esta aspira a socavar los fundamentos mismos de la convivencia democrática.

En este contexto, decisiones institucionales recientes en Canarias, como la negativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (y otras universidades públicas) a ceder espacios para discursos demagógicos y excluyentes, o la apertura de investigaciones por exaltación del franquismo en La Laguna, ilustran una toma de conciencia cívica y universitaria. Estos hechos no son anecdóticos: encarnan la tensión estructural entre la libertad de expresión y la prohibición de la incitación al odio, cuestión que la jurisprudencia europea ha resuelto reiteradamente a favor de la protección reforzada de los colectivos vulnerables y de la democracia constitucional. La mayoría de la ciudanía española, a las que Galdós supo dotar de hondura moral y mirada crítica, mantiene hoy una fortuna singular: la de una ciudadanía que, aun consciente de heridas históricas no plenamente cerradas, asume su responsabilidad con el pasado y el presente democrático. No así ciertos poderes políticas y empresariales españoles.

La lucha contra la normalización del discurso franquista no responde a una sensibilidad coyuntural ni a un gesto identitario. Se enraíza en las obligaciones internacionales de los Estados en materia de memoria, justicia y no repetición. En el marco de las Naciones Unidas, se ha subrayado que las sociedades que atravesaron regímenes autoritarios deben cultivar políticas públicas de verdad y memoria, y no ampararse en silencios complacientes o equidistancias paralizantes. La exaltación del franquismo y la banalización de sus crímenes son incompatibles con la ética de la dignidad humana y con las garantías de no repetición que inspiran el derecho internacional humanitario e internacional penal. La memoria democrática no es venganza; es, por el contrario, una condición para la reconciliación auténtica y un espacio para la pedagogía cívica. ¿Podría tener en España éxito una película parecida a Argentina, 1985?

En este ámbito cobra relevancia la distinción conceptual entre justicia restaurativa y justicia ananmética. La primera, orientada a reparar vínculos sociales dañados y a reconocer a las víctimas como sujetos de derecho, promueve la verdad, la responsabilidad y la restauración simbólica y material. La segunda pretender devolver la memoria de las víctimas frente al olvido. La experiencia comparada demuestra que la amnesia oficial favorece la impunidad, erosiona la confianza pública y perpetúa narrativas negacionistas; ambas justicias, desconocidas en la práctica oficial española fortalecen la cultura democrática y asientan las bases de una memoria plural inclusiva. España arrastra todavía deudas en el plano simbólico y jurídico respecto de quienes sufrieron la represión franquista. Allí donde persisten vacíos de justicia y reconocimiento, germinan discursos que trivializan el autoritarismo o lo reivindican abiertamente.

La universidad pública, en tanto espacio privilegiado de deliberación racional y cultivo de ciudadanía crítica, desempeña un papel insustituible. Su neutralidad, que no equidistancia, no implica indiferencia frente al ataque a los derechos humanos. Al contrario, la autonomía universitaria se justifica precisamente para garantizar la defensa de la razón pública y de los valores constitucionales frente a presiones políticas o pulsiones extremistas. Negar tribuna académica a quienes hacen de la mentira, la afrenta y la exclusión su estrategia discursiva no vulnera libertades; preserva el ecosistema del conocimiento y protege a la comunidad universitaria de prácticas incompatibles con la ciencia y la ética democrática. La libertad de expresión incluye la libertad institucional de fijar criterios de calidad y respeto a los derechos humanos en los foros universitarios. No toda opinión es equivalente, y no es censura rechazar lo que degrada deliberadamente el espacio público.

Una ciudadanía comprometida sabe que la libertad implica responsabilidad y que la neutralidad moral frente al odio equivale, en última instancia, a complicidad. La pedagogía democrática comienza por reconocer las fronteras éticas de la deliberación pública: la negación de la dignidad de otros no merece protección, sino respuesta firme y proporcionada. Sin embargo, esta respuesta no puede reducirse al ámbito sancionador. La verdadera fortaleza cívica reside en la educación para los derechos humanos, en el fortalecimiento de la cultura crítica y en la promoción de una memoria democrática viva y plural. Solo así la justicia restaurativa puede desplegar su potencial transformador, integrando el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad de los perpetradores y la participación activa de las instituciones y la sociedad.

El reto español continúa siendo convertir la memoria democrática en un proyecto cultural compartido, capaz de desactivar nostalgias autoritarias y de promover una identidad cívica inclusiva. No se trata de imponer relatos monolíticos, sino de garantizar que el pacto constitucional descansa sobre la dignidad humana y la igualdad. En un tiempo de polarización y proliferación de discursos de odio, la respuesta adecuada no es el repliegue ni la equidistancia, sino la afirmación serena y firme de los principios que hicieron posible la democracia: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Algunas universidad públicas y otras instituciones que han decidido no ser vehículo de la intolerancia ofrecen un ejemplo de coherencia democrática que debe consolidarse y multiplicarse.

Las sociedades libres se construyen mediante decisiones que reafirman sus fundamentos morales cuando son puestos a prueba. Hoy, al impedir que la exaltación del franquismo y los discursos de odio ocupen espacios públicos y universitarios, se reafirma una convicción fundamental: los derechos humanos no son negociables, la dignidad humana no admite excepciones y la democracia no puede ser neutral ante quienes buscan destruirla.

El 23 de agosto de 1982, en el periódico El País, Rafael Sánchez Ferlosio escribió un lúcido y descarnado alegato: La Humanidad y la humanidad. Denunció la falacia moral de aquellos que, ante la muerte de un individuo, desvían su mirada hacia la estabilidad del sistema, como si la desaparición de una vida no fuera en sí misma una catástrofe absoluta. Esta crítica a la cosificación de lo humano resuena con trágica actualidad cuando miramos hacia Gaza, donde la letal reiteración del conflicto se conjuga con la (a veces lóbrega) inercia jurídica y política de la comunidad internacional. La abstracción de la Paz Mundial —hermana gemela del Bien Común— se impone como criterio último, mientras el dolor particular se relega al pie de página de los análisis geoestratégicos.

El Derecho Internacional Público, en tanto que herramienta de una comunidad internacional organizada, debería servir como contrapeso a esta tendencia deshumanizadora. Sin embargo, los avances de la humanización de tal derecho no han impedido que la política, a menudo, subsuma su vigencia en función de intereses coyunturales. Gaza no es sólo un campo de batalla, sino también un campo de prueba del derecho: de su coherencia normativa, de su valor vinculante, y sobre todo de su capacidad para resistir el envilecimiento de la tragedia mediante su neutralización en cifras y comunicados.

La crisis, en el ámbito del Derecho Internacional, no es un fenómeno episódico, sino su condición estructural. No puede ser de otro modo cuando el derecho y el poder no sólo coexisten, sino que se articulan mutuamente. En efecto, el Derecho Internacional no emana de un demos soberano común, sino de un orden interestatal cuyo fundamento principal sigue siendo la voluntad de los Estados, esos actores cuyas decisiones están mediadas, en parte, por la psicología —más o menos racional, más o menos ética— de los gobernantes de turno. Así, el cumplimiento del Derecho Internacional depende tanto de su formulación jurídica como de la disposición subjetiva de quienes lo invocan, lo interpretan o lo ignoran. De ahí que la "crisis" no sea una excepción, sino el régimen ordinario de su funcionamiento: un derecho constantemente puesto a prueba, constantemente sometido a la tensión entre su promesa universalista y su ejecución selectiva.

Las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza (y Cisjordania), y las respuestas armadas de Hamás y otros actores, deberían analizarse bajo el prisma de las normas imperativas del Derecho Internacional Humanitario, tal como se sistematizan en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Pero más allá de la discusión técnica sobre proporcionalidad, distinción o necesidad militar, lo que se impone es el test de humanidad que Ferlosio exigía: si el derecho sirve únicamente para contabilizar violaciones sin impedir su repetición, ¿no acaba por convertirse en coartada del sistema que pretende limitar?

Hay que recordar, siempre, que la prohibición del uso de la fuerza (artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas) es piedra angular del orden jurídico internacional. No obstante, la interpretación del derecho a la legítima defensa, en clave expansiva, ha desdibujado esa prohibición, transformando a menudo la excepción en regla. En el caso de Gaza, la invocación recurrente de la legítima defensa colectiva por parte de Israel ha sido aceptada en foros diplomáticos sin el escrutinio estricto que el Derecho Internacional exige. Mientras tanto, el principio de proporcionalidad se licua en el lenguaje político y mediático, con la complicidad de quienes elevan el "fantasma del terrorismo" a coartada última, como lo era el "fantasma del holocausto nuclear" en la denuncia ferlosiana.

Pienso, al menos en estos momentos de mi razón intelectual, que el Derecho Internacional no sólo debe analizarse en términos de obligatoriedad, sino también como instrumento de comunicación, legitimación y declaración de valores. Si aceptamos que Gaza representa una herida abierta en la conciencia jurídica internacional, debemos también reconocer que la pasividad, la doble vara y la selectividad en su aplicación deslegitiman al derecho ante los pueblos. Un derecho que no comunica justicia, que no declara valores universales, y que no justifica su primacía sobre el interés político inmediato, es un derecho que abdica de su función social.

Ferlosio nos advierte de los peligros de una humanidad convertida en abstracción zoológica, capaz de tolerar —e incluso justificar— atrocidades en nombre de su perpetuación. Gaza nos obliga a elegir entre la Humanidad (esa entelequia ciega y sorda) y la humanidad concreta de cada niño, cada madre, cada combatiente, cada civil. En ese terreno, el cumplimiento del Derecho Internacional tiene una última oportunidad: o se cumple sus principios estructurales y, por ende, su vocación humanizadora, o se resigna a ser, como decía Juan de Mairena, una voz que ya no se dirige al hombre, sino a las masas a las que "que las parta un rayo".

El jurista internacionalista, entonces, se enfrenta al desafío de no caer en la autocomplacencia normativa. Gaza no exige nuevas normas, sino voluntad política de aplicar las existentes con igual celo, sin excepciones ni excusas. El precio de no hacerlo no es sólo la repetición del horror, sino la pérdida definitiva de aquello que hace del derecho internacional algo más que un mecanismo subordinado al poder: su capacidad para erigirse en límite frente a él, recordándonos que cada muerte singular constituye, en sí misma, un auténtico fin del mundo.

Los argumentos utilizados por el TSJC hacen volar por el aire la seguridad jurídica que la ley de eutanasia, pero también otras leyes, como el Código civil, establecían. Dice el TSJC que "los padres pueden tener un interés legítimo, aunque no sean titulares de ese derecho a la vida ajena" y que dicho interés “puede entrar en colisión con las preferencias” del hijo. Reconoce además que “en situaciones de desacuerdo o conflictos familiares prolongados podría permanecer la esencia de la preocupación paternofilial", y que la personación en juicio queda garantizada por "el cariño, el deseo de que su hijo se encuentre en las mejores condiciones posibles y de que su bienestar esté garantizado".

Y tras leer esto quienes explicamos Derecho en las aulas a diario pensamos: ¿Puede, o mejor, debe tutelarse el interés jurídico de un padre por encima del de su hijo de 54 años con su capacidad de obrar (entender y querer) intacta? ¿Dónde queda entonces aquello de que la mayoría de edad es un estado civil que implica la capacidad de obrar plena? ¿Dónde queda aquello de que la patria potestad se extingue por la emancipación del hijo, y que una causa legal de emancipación es la mayor edad? ¿El “cariño y la preocupación paterno-filial” (argumentos extrajurídicos), pueden arrasar con todo lo construido? ¿Dónde nos deja eso, dónde nos lleva? ¿A ser siempre sujetos tutelados, a volver a ser objetos de protección, en este caso sine die? No caigamos tampoco en las trampas colaterales de si había convivencia o no, si tenían mantenían relación o no. La convivencia o la relación afectiva no anulan ni subordinan la autonomía ni la libertad de decidir de una persona.

Sigamos tirando del hilo de una madeja judicial, que no jurídica, enredada interesadamente. ¿Qué significa ser titular del derecho a la eutanasia? ¿Qué significa tener capacidad acreditada (ser capaz, consciente y actuar libre de presiones externas) para tomar la decisión de morir? ¿Qué valor tienen los informes de especialistas acreditados para evaluar la libre decisión de una persona que quiere morir? ¿Dónde quedan las garantías? ¿Dónde un derecho sin ellas? Decía Luigi Ferraioli, jurista italiano y uno de los máximos exponentes del garantismo jurídico, que los derechos son un papel si no tienen las garantías establecidas, que un derecho sin garantías es un no derecho.

La cuestión es: ¿lo son también aquellos derechos que tienen garantías? Y es que se quiebran las garantías cuando el titular de un derecho, el de morir dignamente, reconocido por la ley de eutanasia, que es una persona mayor de edad, capaz, que cumple con todos los requisitos, que ha seguido el largo y garantista proceso legal; finalmente no puede ejercer su derecho. Se volatilizan las garantías cuando un tercero, un familiar o, peor por las consecuencias jurídicas y el ruido, un juez, determina que el amor parental lo puede todo, que el amor legitima, que el amor pasa por encima de la ley. No. No en el nombre de la seguridad jurídica. No en el nombre de la eficacia de la ley de eutanasia, que costó tanto alumbrarla y que está vigente. No en el nombre de la defensa de la libertad y de la autonomía de la persona. No en el nombre de hijos y pacientes que son titulares de derechos. No. No en el nombre de un Derecho que hoy defiende las capacidades de las personas y ha dejado atrás, por fin, los tutelajes y proteccionismos morales sin límites.

La eutanasia es un derecho reconocido con todas las garantías. No permitamos que los caminos (peligrosos) que transitan quienes buscan de propósito no respetarlo, nos lo deje del revés.

Este compromiso con el pensamiento crítico se entrelaza con un imperativo aún mayor: el de la conciencia política como un valor republicano esencial. La universidad no solo debe formar profesionales técnicamente capacitados, sino ciudadanos con la capacidad de intervenir activamente en el espacio público, con criterio propio y sentido de responsabilidad colectiva. Sin embargo, vivimos en tiempos donde la política es concebida por muchos como un espacio reservado a unos pocos, una suerte de juego de élites que no involucra al resto de la sociedad. Es urgente desmontar esa falacia, pues la política, en su sentido más profundo, es la manifestación misma de nuestra capacidad de autogobierno, de deliberación y de construcción de un orden social basado en derechos y responsabilidades compartidas. Desentenderse de la política no es sinónimo de neutralidad, sino de renuncia, y en esa abdicación se favorece precisamente a quienes buscan consolidar el poder en manos de unos cuantos.

La política no puede reducirse a una mera lucha entre partidos, a una pugna de ideologías irreconciliables que dejan fuera los asuntos esenciales de la Humanidad con humanidad. Hay cuestiones que trascienden la disputa partidista y que deben asumirse como principios irrenunciables: la justicia, la igualdad, la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. No es una cuestión de colores políticos, sino de la cultura de los derechos humanos. Y esta cultura no surge espontáneamente ni se sostiene por inercia; requiere un esfuerzo continuo de formación, de reflexión crítica y de compromiso con la verdad. La universidad, en este sentido, tiene una función irremplazable: proporcionar herramientas para que los ciudadanos no sean simples espectadores, sino actores conscientes en la construcción de lo común.

Se ha querido contraponer instrucción y educación, atribuyendo a esta última una suerte de misión redentora, pero la verdadera capacidad crítica no se imparte como un dogma ni se impone como un valor absoluto: brota, sin más, del contacto con el conocimiento mismo. La tensión intelectual entre conceptos aparentemente contradictorios o problemáticos es el germen del pensamiento autónomo. Lo contrario es la fe ciega, la abdicación del juicio propio en favor de una comodidad que exime del esfuerzo de pensar. En este sentido, la universidad no puede claudicar ante la lógica del consumo inmediato de información, donde la velocidad y la superficialidad reemplazan el análisis riguroso. Por eso es criticable la burocratización rampante del sistema universitario, ya que ha ido relegando -casi- el ejercicio del pensamiento a un segundo plano. Cada vez más, el profesorado se ve convertido en un gestor de trámites, con la investigación desplazada a casi cuando se alcanza la tarde-noche o hacer estancias de investigación cuando realmente se debe disfrutar del descanso veraniego, exigiéndosele una producción académica constante que a menudo deviene en un simulacro de erudición. Lo denunció Mark Fisher y también lo señala Remedios Zafra (bueno, muchos, pero cito a estos): la sobrecarga administrativa no solo ahoga la creatividad y la reflexión, sino que acaba por convertir la universidad en una factoría de méritos al peso, más que en un espacio de conocimiento vivo.

Es en este contexto donde el acceso inmediato a informaciones fragmentarias y el predominio del consumo rápido de contenido audiovisual sustituyen a la lectura pausada y a la confrontación de ideas. El que solo ha visto vídeos en YouTube, el que solo se ha (des) informado a través de redes sociales sin haber leído en profundidad manuales o, simplemente, dialogado con quienes sostienen posiciones distintas, no tiene una opinión, sino una creencia. Y no es que esté fuera del sistema, sino que es la encarnación más acabada del sistema mismo imperante, porque repite sin cuestionar lo que le ha sido administrado en dosis dosificadas de indignación o de fervor. ¿Cuántos premios Nobel desconocidos nos rodean a diario en redes sociales? Auténticos prodigios de la nutrición, la medicina, el derecho, la economía o la antropología que solo con consignas superficiales tienen todas las respuestas.

La instrucción no puede reducirse a un instrumento de reafirmación moral o ideológica. Su único compromiso es con la verdad y con la metodología rigurosa que permite aproximarse a ella. Pensar exige tiempo, lentitud, contraste, el ejercicio constante de la duda. Pero vivimos en una era que abomina de la espera y del sosiego, donde la reflexión serena es la excepción frente a la velocidad imperante. Esta aversión a la pausa y al esfuerzo intelectual no es inocua: genera ciudadanos acríticos, moldeados por discursos prefabricados que se replican sin cuestionamiento.

Ya lo advirtió Rafael Sánchez Ferlosio: los espacios de formación académica han sido desplazados por otras agencias educativas de inmenso poder e influencia, desde la publicidad hasta los medios de comunicación, que imponen sus criterios de aceptabilidad social. En esta contienda desigual, la universidad debe reivindicar su carácter impersonal y universal, alejada de presiones de cualquier tipo, sean estas políticas, económicas o incluso corporativas dentro de la propia institución. Pero esto no significa que deba ser apolítica en el sentido de desentenderse de lo común; al contrario, su misión es precisamente formar ciudadanos conscientes de la dimensión política de la vida en sociedad.

También es necesario rescatar el valor de las formas en la relación entre docentes y estudiantes. La universidad no es una extensión de la cotidianidad ni un espacio de socialización irrestricta. El vínculo que allí se establece responde a unas normas específicas de respeto intelectual, de hacer civilizado, que nada tienen que ver con la rigidez protocolaria sino con la creación de un marco propicio para el pensamiento autónomo. La horizontalidad del aprendizaje no implica la abolición de la distancia necesaria para el rigor crítico.

Si la universidad ha de cumplir con su función social, debe resistirse a convertirse en un eco de los discursos dominantes, sean estos políticos, económicos o culturales. La tarea del profesorado no es inculcar creencias, sino dotar al estudiantado de herramientas con las que puedan elaborar sus propias posiciones, basadas en la racionalidad, el conocimiento contrastado y la autonomía de juicio. No buscamos feligreses, sino ciudadanos capaces de cuestionar, argumentar y, sobre todo, pensar. Y para pensar, es indispensable entender que la política no es una cuestión de élites, sino de ciudadanía activa y comprometida.

No hay nada de novedoso en esto. No descubro el sol ni lo pretendo. Pero acaso escribir estas palabras sea una forma de recordármelo cada día y de compartir esta reflexión con quienes quieran leerla. Porque no todo vale, ni toda opinión es respetable por el mero hecho de ser emitida. Respeto a la persona, sí; pero si su opinión defiende posiciones que carecen de base científica, que ponen en peligro la vida de otros—como el rechazo a las vacunas, la paranoia sobre la Agenda 2030, la negación de la COVID-19 o la grotesca inversión de roles en la agresión rusa a Ucrania—, o marcos éticos consensuados desde hace décadas, no me voy a callar.

Al fin y al cabo, lo que está en juego aquí no es otra cosa que la cultura de los derechos humanos, inseparable de la conciencia política y del ejercicio pleno de la ciudadanía en el marco de una república de ciudadanos libres e iguales.

Yo supe de los desaparecidos en la dictadura chilena del general Pinochet a los doce años, gracias a un director nacido en Grecia.

Cuando el ateniense Costa-Gavras dirigió Missing (1982) ya hacía tiempo que este ateniense, exiliado en Paris, había trabajado como ayudante de los franceses René Clement y Jacques Demy.

Missing era una película hecha con dinero de Estados Unidos y aunque no mencionaba al matarife chileno sí desvelaba la cooperación de la CIA en la persecución de opositores de izquierda y partidarios de Marx, ese alemán que tanto influyó en China (dicho sea al pasar).

Muchas años más tarde, cuando preparaba un monográfico sobre la atrocidad de la tortura desde una perspectiva estético-cultural (quizás influido por la temprana visión del film de Gavras), me serví de La batalla de Argel (1966), una película dirigida por un italiano, Gillo Pontocorvo, sobre la lucha por la independencia argelina frente a Francia que contaba con una productora italiana (Igor Film) y otra de Argelia (Casbah Films). 

¡Un director greco-francés había mostrado aspectos de la realidad chilena y uno italiano se había aproximado a Argelia para contarnos la zona más oscura del imperialismo francés! Y aunque la lista de ejemplos es larga, creo que es suficiente con estas dos para plantear la idea de que el cine, como la literatura, es un lenguaje tendencialmente universal.

De entre todas las críticas a Emilia Pérez, el meritorio título de Jacques Audiard, quizás la más peligrosa sea la acusación de «occidentalismo» (¿de verdad alguien sigue hablando así?) o de «apropiacionismo cultural», el tipo de crítica ofendida que subyace al inquietante lema de que solo los mexicanos pueden hablar de México (como solo los vascos del País Vasco, solo los rusos de Rusia, algunos en particular), solo los españoles pueden describir España, y tal. ¿No suena al peor relativismo? ¿No funciona este argumento como un terrible arancel cultural?

El caso es llamativo, por lo demás, dado que cualquier persona con una mínima formación cultural conoce las relaciones literarias y cinematográficas de México con Francia. Cierta concepción del arte del artista francés (Breton en particular) y del saber (Leví-Strauss) estaban presentes en Libertad bajo palabra o El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Carlos Fuentes o Sergio Pitol integraron en su obra modelos y referencias del país que un día napoleónico y republicano (y, lamentablemente, por mucho tiempo) España expulsó de su tradición político-cultural. Pero el nexo es, desde luego, cinematográfico: el director aragonés Luis Buñuel formó parte de la edad de oro del cine de México. De entre toda su formidable producción en aquel país, y por citar solo ejemplos especialmente significativos, Ensayo de un crimen (1955) partía de un guion en el que participó Rodolfo Usigli uno de los grandes referentes del teatro mexicano mientras que la mexicana La muerte en el jardín (1956) adaptaba la novela homónima de Lacour.

Y por citar un precedente de la misma «ofensa identitaria» (en términos nacional-narcisistas como si el hecho de ser pobre –el malentendido con Audiard– fuera una mancha moral) Los olvidados  –película con fuertes vínculos con la realidad hispana de Las Hurdes, tierra sin pan– fue denostada por el patriotismo mexicano por osar retratar una injusta realidad de pobreza y miseria suburbana: el premio al mejor director otorgado por el Festival de Cannes en 1951 supuso no solo el reconocimiento internacional de la película, sino la inclusión de un filme mexicano entre los reconocidos por la Unesco como «Memoria del Mundo».

El nexo cultural no fue episódico ni coyuntural. De nuevo por citar solo un caso con claras analogías inversas, la productora mexicana Piano participó en Anette (2021) de Leos Carax, un musical que obtuvo el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes y también lo hizo en la poética (y terrícola) Memoria del tailandés Apichatpong Weerasethakul.

El «cinema nôvo» brasileño de los años cincuenta no fue una respuesta al cosmopolitismo sino a los clichés hollywoodienses del momento: una suerte de miopía de los grandes estudios o ignorancia etnocultural. A finales de los sesenta, países de lo que hoy con cierta frivolidad académica y no poca imprecisión conceptual se llama «sur global» ya ejercieron su derecho a contar historias frente a una mirada colonial. La sangre del cóndor (1969) denunció el programa de esterilización de mujeres bolivianas por parte de Estados Unidos pero la ira solo es una virtud del film de Jorge Sanjinés que es extraordinario por su estructura y fuerza visual. Lo que hizo grandes a títulos como Memorias del subdesarrollo del cubano Tomás Gutiérrez Alea fue tanto su intención social como su enorme calidad formal (su nexo artístico con las nuevas olas). Ya hay cine local como hay un cine, el del chileno Pablo Larraín, por ejemplo, que habla tanto de crímenes pederastas (El club, 2015) como de la vida de la británica Lady Di (Spencer, 2021).

En Bardo, la falsa crónica de unas cuantas (medias) verdades, (2022), el gran director mexicano Alejandro González Iñarritu pasó de puntillas por la forma en que el narcotráfico llevaba largo tiempo convirtiendo el bello país norteamericano –México– en un estado fallido en términos weberianos merced a la violencia de los carteles sobre todo en zonas como Sinaloa como recordaban, entre otras, las valientes novelas del escritor Eduardo Ruiz Sosa. Y lo que a algunos no nos gustó de Bardo no fue su enorme calidad artística sino la autocomplacencia y su indulgencia, su incapacidad para ver desde el interior. Por volver a un caso patrio, yo supe de la miseria de Almería por El reportero (1975), la magnífica película de Antonioni. A veces, para verlo todo, o para completar los ángulos de visión hace falta distancia y perspectiva (no) local.

Fue un alemán, por otro lado, Werner Herzog, el que supo contar cosas no contadas sobre la delirante, educada y criminal forma capitalista de maltratar en Wisconsin en la siempre reivindicable Stroszek (1977). La lista no se acabaría jamás.

Frente a los lemas del tipo «España para los españoles» o el «American First», hay un universalismo cultural ligado a solidaridades temáticas, fragilidades compartidas y a emociones humanas (la necesidad de redención, la desorientación, el amor). Es ése mismo lenguaje translocal que hace unos años volvió accesible el cine surcoreano de Bong Joon-Ho, Park Chan-wook o Kim Ki-duk, un cine que permite que la francesa Agnes Varda influya en Chloé Zhao, que Chagall o García Márquez influyan en Emir Kusturica, que Kurosawa adaptara El idiota o que el realizador filipino Brillante Mendoza esté claramente influido por el cine social hecho en Bélgica por los hermanos Dardenne.

Emilia Pérez no es una crónica social de México, sino un magnífico musical, con toda la edulcoración o inverosimilitud que se le quiera ver (algo no esencial pero habitual en el musical, como en la Anette de Leos Carax) y por tanto una estupenda película premiada en medio mundo. En lo que toca a la justicia social global, forma parte, según lo veo, de una visión cosmopolita crítica (crítica de la violencia global como ya hizo Audiard en la historia del refugiado de Sri Lanka Dheepan), una forma emocionante de hacer lo local global refractaria a los procesos de mercantilización o a la lógica globalista y neocolonial de la razón neoliberal pero también contraria a la presunta angelical inocencia de los localismos, a los adanismos contrailustrados y las nuevas visiones patrióticas del estado nación.

Hoy, el mundo está hiperconectado, frente a las murallas, las alambradas y el arancel cultural, el cosmopolitismo cultural es una herramienta en la lucha de la igualdad de la mujer como pone de manifiesto, por ejemplo, la obra de Naila Kabeer y la identidad que se abre camino –como insisten autores tan distintos como Anthony Appiah o García Canclini– no es rígida sino híbrida o intersticial. Si en la literatura poscolonial mejor conocida (Toni Morrison, Nadine Gordimer o Dereck Walcott, entre otros) era central la teoría de la hibridez cultural, hoy, los estudios de Homi K. Bhaba insisten en subrayar la tendencia definitiva hacia la desaparición del centro cultural. Se trata, al decir de este profesor de Harvard de origen indio, de dar una forma de las narrativas de la diferencia cultural en medio de la modernidad que es enemiga de las fronteras binarias: ya sean éstas entre pasado y presente, adentro y afuera, sujeto y objeto, significante y significado, hombre y mujer, mexicano y francés.

Nos contamos historias de otros lugares porque las emociones, los problemas, los sentimientos como la búsqueda de redención (o la compasión de la que por cierto no gozó su cancelada actriz principal) son universales. Los problemas a los que nos enfrentamos como humanidad –calentamiento global, acaparamiento de tierras, líderes loqui-malvados, pandemias, peligro nuclear– no tienen una respuesta ni nacional ni local. Es lógico que las historias del cine también hablen en universal.

El universalismo cultural, como nuestro planeta, gira y tiene forma circular. Por ello, este elogio vuelve donde empezó: cuando el senegalés Mohamed Mbougar Sarr ganó el Goncourt francés reconoció la deuda de gratitud con Roberto Bolaño, tan preocupado por la presencia nazi en América, un chileno universal.

X vive en una zona afectada por la dana. Su casa, las casas de sus familiares, todas están afectadas. Afectadas, destruidas, algunas. X tiene un hijo de siete y otro de pocos años. Trabaja en el centro de València, en restauración. Un local de esos ‘cool’. El centro de València es un lugar que vive ajeno a la zona afectada, la vida sigue como si, al otro lado de la ciudad, las calles no siguiesen cubiertas de lodo, pérdidas y desaliento. X sale cada mañana del paisaje ‘walking-dead’ (así lo describió) y entra en la ‘normalidad’, y sirve comidas y pregunta qué ingredientes prefieres con la sonrisa que mejor puede. ¿Estáis bien por aquí? Le pregunté ayer, después de unos meses sin verla y tras haberle pedido arroz blanco, salsa picante y atún, y antes de llegar a los toppings, que remataban el pedido. X sonrió, el nivel del agua subió a sus ojos, y me dijo: Aquí, sí, en mi casa no. Y bajó la mirada para continuar con mi pedido, dando por acabada la conversación. Intuí que lo hacía por no molestarme con su relato y, también, para gestionarse el lagrimal lleno, de espaldas al mostrador. Insistí suave, soy clienta esporádica del local y sabía que no estaba forzando la situación. ¿Y tú, cómo estás? Pregunté.

X sonrió y respiró hondo. Como no había nadie más que yo en la cola, entró en detalles. Estaba esperando al técnico porque el suelo de su casa, una planta baja, se había vencido y le había salido una grieta rara, y no estaba nada tranquila pues, igual, tenían que marcharse de allí. Su hermana, con su bebé, sus padres, todos, habían perdido sus casas y sus negocios. Coches, empresas, todo. Todo es todo. Entre frase y frase, sonreía y gestionaba las lágrimas entre disculpas. ¿Y tus hijos? Le pregunté. Ahí se rompió. Se rompió contándome cómo, cuando van andando por el pueblo, su hijo de siete años anda a su lado con la mirada perdida y en silencio. Que ella le pregunta y lo anima a que le exprese qué le pasa, cómo se siente. Triste, estoy triste… Es que no queda nada, mamá. Le dice. Además del suelo cedido, la tremenda grieta y el futuro incierto por dónde lo mire, lo que más angustia ahora a X es esa tristeza profunda y callada de su hijo de siete años. ¿Y qué le digo, si yo estoy igual? Esto es muy difícil de gestionar, me confesó.

Me pidió perdón por haber llorado y le dije que no tenía por qué hacerlo, que ‘lo no llorado’, cuando hay tantos motivos, daña si se te queda dentro. Y que, por mí, podía llorar lo que le diese la gana, que tenía todo el derecho del mundo a llorar sus pérdidas y sus temores. Seguía sin haber nadie más esperando y X no estaba desatendido a nadie, así que la invité a seguir hablándome de su situación, le dije que no tenía prisa y me relató lo sucedido más en detalle. Entonces me contó El Horror de lo vivido (sí, en mayúsculas). Y pasaron más cosas que me guardo para mí. Comparto aquí esta parte del encuentro con X porque veo que, València ciudad, está habitada de personas como X, que vienen a trabajar desde lugares ‘walking-dead’, que ya no son hogares nunca más, sino focos de verdadera preocupación. Personas que siguen trabajando y manteniendo conversaciones que pueden llegar a ser una tortura porque hablan desde la más absoluta desigualdad. En València hay personas trabajando de día en donde se tiene todo y maldurmiendo de noche en donde no queda nada, o muy poco. A diez minutos del centro de la ciudad, donde las luces de la Navidad siguen su curso, hay madres y padres angustiados por las miradas tristes y calladas de quienes tienen en casa. ’Esto es mucho peor que la pandemia, es que, aquí, no queda nada cuando sales de casa”.  

Quizás podemos dedicar unos minutos de nuestras vidas a preguntar a las personas cómo están y a escucharlas, sobre todo. No tiene mayor misterio: escucha activa, se llama. Se trata de escuchar a otra persona con aprecio, respeto, sin cuestionarla, sin interrumpirla, sin criticarla y, sobre todo, atenderla sin prisa, con todo el tiempo del mundo. Y ayuda, vaya si ayuda. Lo sé porque X me lo dijo y el mejor topping fue su abrazo de más de treinta segundos. Sé que ayuda porque me lo han dicho más personas afectadas, personas que me estaban dando un documento en ventanilla, un quilo de manzanas en el Mercado Central, o un jersey en un centro comercial. Sé que ayuda porque hace un mes que voy preguntando cómo están allá adonde voy porque no tengo corazón de entablar una conversación normal si la otra persona lo ha perdido todo. Si siempre tuve la certeza de que las palabras ayudan, más que nunca siento ahora que he de hacer el mejor uso de cuatro de ellas y preguntar: ¿Y tú, cómo estás? Y respirar hondo y escuchar.

La consolidación de las dictaduras en Europa en los años treinta sustituyó las ideas de cultura europea que abogaban por un mayor contacto entre sociedades por una cultura ultra, excluyente y estrictamente nacionalista que rechazaba todo lo que no entraba en el estrecho margen de sus razas arias. De ahí que la quema de libros o la censura fueran acciones demasiado frecuentes allá donde se establecieron estos sistemas.

La derrota de estos regímenes en la II Guerra Mundial permitió construir una Europa occidental organizada en base a sistemas democráticos. Seis de ellos se unieron para formar las primeras instituciones supranacionales y, aunque su principal objetivo era económico y político, de manera indirecta se retomó parte de la cultura europea y del europeísmo del siglo XIX. La propia Comunidad Económica Europea necesitaba un relato que la justificase y la cultura era un elemento que podía vertebrar a todos los países socios a través de ideas como la de democracia, la de defensa de los derechos humanos y la de multiculturalidad. Sin olvidar que parte de las primeras ideas de cultura europea de la CEE se vertebraron a través del mercado y, por tanto como un negocio que servía también para limitar la influencia norteamericana. En la década de los ochenta, y sobre todo, en los noventa, la cuestión de la cultura europea entró en la agenda de las instituciones europeas (Tratado de Maastricht, 1992). Se aprobaron algunos proyectos que han sido esenciales en las últimas décadas, como el programa ERASMUS, la capitalidad europea de la cultura y la financiación a programas culturales, educativos y de investigación. Y se quedaron a medio camino otros como la Carta Europea de la cultura. Todo ello permitió ensanchar el europeísmo, incluyendo también la aportación de los movimientos migratorios. El problema es que, en esos mismos momentos, como muestran Ivan Krastev, y Steven Holmes y también Timothy Garton Ash y Tony Judt, mientras Europa occidental se imponía en la Guerra Fría, sus actuaciones, en muchos casos arrogantes y relajadas, le impidieron ganar la paz. Todo ello por no incluir los problemas con los discursos colonizadores, lo cuales se están desmontando en la actualidad.

Todos esos esfuerzos de las décadas anteriores han permitido que en la actualidad existan numerosos programas de promoción y de difusión de la cultura europea. Las prioridades de muchos de estos proyectos (como los de Europa creativa, 2021-2027) consisten en apoyar proyectos trasnacionales que fomenten la diversidad cultural y el diálogo internacional por encima de relatos nacionales, revisionistas y simplistas sobre la realidad europea. Este relato del europeísmo entendido como defensa de la multiculturalidad, la democracia y los derechos como ciudadanos está en peligro. La vertebración de una contramemoria por parte de la extrema derecha (y aceptada cada vez por más partidos de la derecha tradicional) de lo que es Europa y la UE, ha desviado la atención hacia temas de carácter sentimental y para los que apenas acuden a los datos objetivos y a las investigaciones científicas e intelectuales. La emigración, la islamización y los nacionalismos, además de una peligrosa politización radical, son algunos ejemplos de los asuntos más frecuentes de esta batalla cultural. Con todo ello, la extrema derecha en la UE desprecia la cultura europea vigente y promueve la creación de barreras y fronteras, la censura y el retorno a un pasado glorioso (inexistente) de las civilizaciones griega, latina y cristiana, donde lo más importante es la familia, el nacionalismo y la banalización de ciertos términos como el de libertad. Muchas de estas cuestiones están presentes en los programas electorales para los comicios del 9 de junio.

Ante este futuro incierto, la UE y su ciudadanía debe reflexionar sobre la importancia de los valores que han defendido en las últimas décadas y sobre la relevancia de la cultura como eje de difusión y promoción de los mismos. Todo ello, sin olvidar la necesidad de hacer autocrítica sobre su propia arrogancia en determinadas cuestiones. De esa manera, se podrá valorar la idea de que el progreso social y cultural no es una idea innata de las sociedades, sino que es el resultado de numerosas luchas y conquistas de la ciudadanía. De lo contrario, si continuamos permitiendo que el contrarrelato permee en la sociedad como una lluvia fina, estaremos diciendo: adiós a todo aquello.

Cuando uno tiene a su padre en la UVI, pongamos por caso, se obsesiona con las galletas que se come o deja de comer, hoy dos, ayer una, tres cucharadas de sopa seguro que le sientan bien, la compota de manzana parece que le ha gustado, y mientras tanto el cáncer o la medicación hacen su vida paralela, y seguimos mirando fijamente a los ojos del gotero sin que nos devuelva la mirada, ni un mísero side eye. Sirva el símil para la limpieza étnica en marcha en Palestina no desde octubre sino desde hace un siglo, y no es acusación, sino descripción de un tipo de colonialismo anglosajón allí practicado que busca desplazar o eliminar al colonizado.

Un ejercicio de distracción utilizado con generosidad consiste en convertir un conflicto político, la violación del derecho internacional, crímenes de guerra, asesinatos colectivos y ejecuciones extrajudiciales en un problema humanitario, que lo es, pero como consecuencia.

Discutimos y nos preocupamos por la entrada o no de camiones por Ráfah, por el lanzamiento de raciones desde el aire (con decenas de muertos), por las rutas humanitarias marítimas desde Chipre, por la construcción o no de un dique, y así andamos entretenidos hasta sumar 33.000 muertos a día quince del mes de abril del año dos mil y veinte y cuatro.

El asesinato premeditado por el ejército israelí de siete cooperantes de nacionalidades occidentales de una ONG pilotada por un cocinero español de gran inteligencia mediática en EEUU ha contribuido a asentar el contenido humanitario secundario sobre todos los demás. Además ha añadido cercanía a quien no sintiera el asunto como cercano; y ha roto la costumbre mediática de únicamente mostrar muertos palestinos, nunca israelíes (en torno a 600 militares fallecidos desde octubre), europeos o norteamericanos.

Qué más dará el grado de delgadez de un niño palestino si en diez minutos le puede caer un misil teledirigido o una bomba menos inteligente a su edificio o a su hospital o a su abuelo con el que viajaba en un coche.

Hemos descubierto además distintos tipos de alto el fuego, derivados en pausa humanitaria, solicitud de mejora de puntería, precaución con víctimas civiles (¿quién establece la diferencia combatiente-civil?), siempre con condiciones imposibles de cumplir. Además, ¿y después de la pausa qué espera?

Ni la ayuda humanitaria ni las operaciones militares internacionales de interposición o imposición de la paz acaban con ningún conflicto armado, sino que en el mejor de los casos dan tiempo para su negociación política.

La operación de cascos azules de la ONU -600 españoles- en el sur del Líbano tiene una letra P en su acrónimo español de provisional, que es una I en inglés y francés de interinidad, y así han transcurrido 46 años de provisionalidad.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos –UNRWA– tiene distinta categoría al común de las ONG, porque pertenece al sistema de Naciones Unidas, porque es responsable de asistencia humanitaria, pero también de la educación y sanidad de seis millones de palestinos en Cisjordania, Gaza, Líbano, Jordania y Siria; porque nos recuerda todos los días con su trabajo a las víctimas de un conflicto político y de una ocupación colonial. Su importancia explica su consideración como objetivo militar y la gravedad de la retirada de fondos –no por España– a una Agencia que contrata por miles personal local.

Algún responsable político militar israelí mencionó en octubre de 2023 el plazo temporal de ocho meses para realizar la operación que sea y desconocemos.

Ya han pasado más de seis y podría quedar lo peor, en matanzas, terrorismo no estatal, respuesta de algún vecino a las provocaciones constantes, expulsión de un millón de palestinos al Sinaí egipcio.

Sigamos mirando entretanto la galleta o el paracaídas, entretenidos con la logística humanitaria, y observando al tiempo cómo el gotero de legitimidad moral del que Israel ha disfrutado durante tres cuartos de siglo por los crímenes recibidos en el pasado pues se va acabando, y no habrá enfermero o enfermera que la sustituya por uno nuevo en el futuro.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido un fallo en el que declara que Suiza ha violado el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas mayores al no cumplir su obligación de tomar medidas suficientes contra el cambio climático.

El caso –Klima Seniorinnen contra Suiza– no tiene precedentes en la Corte de Estrasburgo, pues hasta ahora las demandas que relacionaban medio ambiente y privacidad se sostenían en hechos cuya línea de causalidad con la violación de este derecho era (o debía ser) clara; por ejemplo la polución de una fábrica hacía invivible una hogar cercano. Ahora, en cambio, se ha decidido (por primera vez) sobre si algo tan ‘genérico’ como el cambio climático obliga a los Estados –en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos– a actuar para que no se produzcan consecuencias sobre la ciudadanía, independientemente de que se pueda establecer una causalidad directa entre el calentamiento global y el malestar concreto (la salud, la intimidad) de las demandantes.

El caso tiene interés por varios motivos: porque la sentencia asume los argumentos científicos sobre el cambio climático, porque aborda la legitimidad de quiénes pueden reclamar por la inacción de los Estados, porque analiza la relación de causalidad entre lo que se denuncia y el daño personal que se produce, porque pone en el punto crítico de mira el activismo de la Corte... Sin duda, estos y otros temas darán mucho que hablar en el futuro, pero ahora quisiera señalar solo tres cuestiones, las directamente relacionadas con las personas mayores.

El primer asunto es el que pone de relieve la relación entre el cambio climático y las personas de edad avanzada. El Tribunal observa que existen pruebas científicas contundentes (aceptadas por los Estados) que demuestran que el cambio climático ya ha contribuido a aumentar la morbilidarad y la mortalidad entre los grupos sociales más vulnerables y que, en ausencia de una acción decidida por parte de los Estados, el fenómeno corre el riesgo de progresar hasta el punto de ser irreversible y desastroso. Uno de esos grupos son las personas mayores, especialmente sensibles a efectos climáticos como las sequías y las olas de calor. La sentencia considera que puede existir una relación de causalidad jurídicamente relevante entre las acciones u omisiones de los Estados (que causan el cambio climático o no lo abordan) y el daño que afecta a las personas; y así lo establece en este caso.

La segunda cuestión que plantea Seniorinnen contra Suiza es la visibilidad de las personas mayores como sujetos de derechos. Que la iniciativa que ha llegado al TEDH haya partido de un grupo de mujeres suizas cuya edad media es de 73 años revela, al menos, un par de cosas. Que las personas mayores son un grupo heterogéneo y por tanto es un error pensar que todas o la mayoría están en la misma situación y tienen los mismos intereses. Que las personas mayores no son solo ni principalmente sujetos de necesidades, de servicios sociales. Son ciudadanas completas que participan en la vida social y política de su comunidad, que reclaman sobre derechos personalísimos como la intimidad, que ejercen un derecho de libertad como es el de asociación, que reclaman derechos sociales como la protección de la salud, y que activan para todo ello su derecho de acceso a la justicia. Las personas mayores son sujetos plenos de derechos.

El tercer tema nos habla de la perspectiva intergeneracional del cambio climático. El Tribunal es consciente de que los efectos perjudiciales del cambio climático, además de afectar en mayor medida a diversos grupos vulnerables, plantean la cuestión del ‘reparto intergeneracional de la carga’. Por eso tiene tanto interés que haya sido una asociación de personas mayores la que, desde 2016, lidere una oleada de litigios sobre el clima, exigiendo la responsabilidad de los gobiernos ante los tribunales. Más allá del ejercicio de un derecho y reclamación por el daño sufrido, existe una enorme responsabilidad de las personas de mayor edad sobre las condiciones en las que se va a dejar el planeta a las siguientes generaciones. Generaciones jóvenes que desde hace tiempo vienen reclamando, porque sin planeta no hay futuro y porque en el futuro ellas mismas serán ancianas.

Se dice que la decisión del TEDH es histórica. Ojalá lo sea por el impacto de la señal que envía a los poderes públicos de los Estados, a los gobiernos, a los legisladores y a los tribunales, para que dirijan sus decisiones hacia la reducción de los riesgos climáticos, hacia la protección del planeta. Y ojalá lo sea por el aldabonazo a la conciencia social contra el edadismo, para que cambiemos drásticamente la forma en que vemos y valoramos a las personas mayores.

La comprensión sobre la composición del presente es, como afirma Serge Gruziuski, el resultado de la reconstrucción del pasado a través de estudios rigurosos sobre los diferentes acontecimientos pretéritos. Cuanto más completos son los análisis sobre las diferentes caras del pasado, más herramientas tendremos para comprender nuestro presente.

En las últimas décadas, desde la academia universitaria se han realizado profundos análisis sobre el franquismo, la transición, los primeros años de la democracia y también sobre la evolución de los relatos sobre esos mismos periodos históricos. Todo ello ha permitido reconstruir el pasado más reciente, comprender las causas y las consecuencias de cada acontecimiento y valorar las conquistas democráticas. En relación con esta última cuestión, las iniciativas actuales de Memoria Democrática, a través de investigación, educación y sensibilización, tratan de difundir el legado cultural del pasado traumático para poner en valor la relevancia de la reconstrucción de la ciudadanía democrática y también para entender con perspectiva histórica los derechos humanos. Hasta el momento, una parte importante de la Memoria Democrática se ha orientado hacia el análisis de las experiencias traumáticas y hacia los episodios violentos de la dictadura. Sin embargo, estos relatos de Memoria deben incluir nuevos ángulos de estudio para lograr un mejor conocimiento de nuestro pasado y, sobre todo, para continuar construyendo sociedades más tolerantes.

En el caso español, destaca la escasa importancia que se le ha otorgado a los movimientos migratorios en las iniciativas de Memoria Democrática, a pesar de que existen numerosos análisis con gran rigor histórico que han demostrado el impacto de la emigración en España a lo largo de todo el siglo XX. Primero hacia América y después hacia Europa. Y también de la inmigración llegada a España en las últimas décadas. En el contexto actual, marcado por las batallas identitarias y por el auge de la extrema derecha, es necesario incluir las historias de la emigración española en el relato sobre nuestro pasado más reciente para así entender el movimiento de las sociedades y la permeabilidad de las fronteras. Se debe insistir, por ejemplo, en la gran importancia de la emigración española a Europa durante el franquismo y en su impacto en la economía, en la sociedad y en la política de aquellos momentos. Una parte importante de los españoles que cruzaron la frontera lo hicieron por extrema necesidad. Como afirmaba un jornalero de Albacete en la Radio Pirenaica “si los obreros agrarios se marchan del campo no es por capricho, sino por pura necesidad. Porque además de ganar una miseria de jornal trabajando de sol a sol, no encuentran trabajo”. También se debe insistir en la relevancia que tuvieron estos movimientos para el antifranquismo y para los movimientos sociales democráticos, pues muchos emigrantes acabaron vinculándose a ellos después de experimentar lo que significaba vivir en regímenes de libertades.

La construcción de la memoria democrática de este país requiere la introducción de las emigraciones españolas para que las nuevas generaciones, que no han vivido el pasado traumático —político, social y económico— del país, reflexionen sobre dos cuestiones. En primer lugar, es necesario abrir este debate para comprender que la heterogeneidad del país y de la sociedad se debe, entre otras muchas cosas, a los procesos migratorios. En segundo lugar, debatir sobre el pasado migratorio español a través de estudios y de experiencias de vida es un antídoto contra los argumentos simplistas y repletos de prejuicios de la extrema derecha. No hay que olvidar que la historia de Europa, y por tanto de España, es la historia de los movimientos de población.

La inclusión de la temática migratoria en la Memoria Democrática de un país no es una novedad en Europa. Especialistas como Mareike König y Rainer Ohliger reclamaron hace más de dos décadas la importancia de integrar los relatos migrantes en la conciencia europea. Más recientemente, hace tan solo unos meses, en Francia se reabrió el Museo de la Inmigración de París. Esta muestra, situada en el Palacio de la Porte Dorée de Paris, narra la historia del país, resaltando las aportaciones culturales, sociales y económicas de los emigrantes. En un momento de endurecimiento europeo de la recepción de inmigrantes, sobre todo presionados por los movimientos de extrema derecha, quizás es el momento de que en España se empiece a reflexionar sobre la importancia de los movimientos migratorios en este país y su contribución a la España que hoy conocemos. Nuestra sociedad actual es heredera, en parte, de todos aquellos y aquellas que tuvieron que salir del país en busca de un salario con el que vivir o los que salieron en busca de mayores cotas de libertad, por lo que merece la pena incluirlos en los relatos sobre nuestro pasado más próximo.

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Sergio Molina García es Investigador Principal del proyecto “Ir para volver: los emigrantes temporeros españoles en Europa y la construcción de la ciudadanía democrática, 1948-1986” (Ref. 141-MD-2023). Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Y miembro del proyecto de investigación “Salir para volver: la olvidada figura de los trabajadores temporeros en Europa, 1948-2022”, Referencia: 2022-GRIN-3412. Ministerio de Ciencia e innovación.

Ha trascendido la imagen de una mujer medio arrodillada y abrazada a su sobrina, envuelta sin vida en un fardo blanco anudado, como con la urgencia de contener lo derramado, un fardo alargado, del tamaño de una niña de cuatro o cinco años. La cara de la tía no se ve, está totalmente metida en el fardo, escondida en él. Con su mano izquierda, sujeta la cabeza de su sobrina querida, como si aún pudiese acunarle el sueño. El gesto, tan protector, me hace adivinar horas compartidas de cuidados y juegos. Y si la certeza del fardo no fuese tal, la postura de ambas podría reproducir un abrazo lleno de cosquillas en la salita de casa de la tía al grito de ‘ven aquí, pillina, que te como a besos’. Anteriormente, se viralizó una imagen similar, era una madre arrodillada por completo en el suelo, en esa posición que se adivina como el resultado de haber perdido la verticalidad tras el impacto recibido. En esta segunda imagen, la mujer se vence sobre el fardo blanco, quizás envuelto con menos urgencia, pero con idéntico resultado: contiene el cuerpo inerte de un niño, su hijo, en este caso. De esta madre hay imagen en vídeo y puedo ver el gesto completo del abrazo, que finaliza en un gesto similar al de la tía: acariciando la cabeza, sujetándola, besándola con una delicadeza que daña, mientras le susurra una oración, o una nana. Por el tamaño del fardo, no tendría más de dos o tres años, su hijo amado.

Los dos fardos muertos sostienen, sin embargo, a las dos mujeres vivas, en mi visión. Es lo que ambas fotos me transmiten al observarlas, ya sin sangre en los ojos, al cabo de unos minutos, pues son imágenes a las que me he ido acercando como el zoom: de lejos a cerca poco a poco. Sabía que, de cerca, me sangrarían los ojos, como está etiquetando Maruja Torres este horror diario en X, pero no quería mirar hacía otro lado porque, si a mí me sangran metafóricamente los ojos, imagina el verdadero sufrimiento de estas dos mujeres palestinas. Como digo, mirando ambas imágenes veo que los fardos muertos sostienen a las vivas y que estas mujeres morirán una vez se los arranquen de entre sus brazos y les queden huecas las manos. Morirán, porque el vacío infantil hiere más que la propia muerte. Morirán, como morimos todos de alguna manera cuando nos arrebatan la infancia más querida y existe un culpable con nombre y apellidos. Morirán, igual que estarán muriendo cada día desde octubre, madres, padres, tías y abuelos de quienes no tenemos imágenes, pero a quienes sabemos abrazados a sus fardos blancos cada día desde entonces. Y, eso, en el mejor de los casos… Habrá quienes no hayan tenido ni siquiera un fardo blanco al que abrazar, pues hasta del duelo de besar a sus muertos habrán sido privados. Y serán condenados a remover los escombros de sus vidas.

Más de once mil niños y niñas han sido asesinados en Gaza. Más de once mil. Más de once mil fardos blancos ataditos, conteniendo cuerpos sin risas… Me imagino qué pasaría si pusiésemos todos esos once mil fardos juntos delante de nuestros ojos. Si reaccionaríamos entonces a este horror. Imagina once mil fardos blancos de niños y niñas asesinados en la Plaza de la Virgen de Valencia, por ejemplo. O a lo largo de las Ramblas de Barcelona, o en Callao, en Triana, en Sevilla, en la Playa de la Concha, de San Sebastián, tan bonita… Imagina ver once mil fardos blancos de niños y niñas asesinados sobre el césped del Bernabéu, así, sin analogía mediante como La Piedad, ni nada conocido. Solo imagínalos en tu realidad, como en un ejercicio extremo de empatía, porque solo nos queda militar en la empatía y ver si, ante la insoportable visión, reaccionamos de una vez. Sólo nos queda quebrarnos ante cada fardo blanco, como esa tía y esa madre se quebraron y quebrarnos con ellas. Solo nos queda eso, que quizás no sea mucho, pero que podría ser todo si así nos lo propusiésemos. Algo, alguna cosa tendremos que hacer para poner fin a esta crueldad infinita. Ha de existir alguna manera de parar la suma vergonzosa de fardos blancos. Lo que sea, aunque tengamos que enfrentar nuestro propio vacío. Aunque no lo creamos, nos va el futuro en esto.

El Día Internacional del Migrante, 18 de diciembre, debe servir como un momento para visibilizar y recordar la necesidad de la integración social de las personas desplazadas por cualquier motivo, pero también es una ocasión para reivindicar sus derechos y denunciar aquellos elementos, ya sean estructurales o coyunturales, que son causa de su exclusión. Más si se toma en consideración que acabamos de celebrar, el pasado 10 de diciembre, el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye una buena guía de acción para articular la integración como una cuestión de igualdad en los derechos para conseguir la justicia social.

Son muchos, lamentablemente, los temas que pueden tratarse en este ámbito. Sin embargo, centraremos aquí la atención en uno de ellos cuya relevancia está marcada por su relativa novedad y por su cada día mayor repercusión en la experiencia de integración con la población migrante. Se trata del uso de las tecnologías y la brecha digital vivida por quien desconoce los entresijos del mundo virtual o carece de dispositivos electrónicos para acceder a él. Conforme avanzan los tiempos, la realidad nos arrastra al mundo digital. El ocio, el entretenimiento, la comunicación, pero también la información y el conocimiento e incluso el trabajo han ocupado su lugar en ese nuevo espacio. Quien no puede entrar o ignora cómo manejarse en él se queda fuera de un sinfín de posibilidades. No es una panacea, ya que dicho lugar no está exento de riesgos. El peligro es inherente a cualquier rincón habitado por el ser humano y en el virtual también hay desigualdad y exclusión. No resulta paradójico ni sorprendente que las personas y grupos que sufren dichas situaciones sean las mismas que las experimentan en el mundo físico. Además, la discriminación online puede incrementar la vivida offline, ya que, retroalimenta las condiciones para su mantenimiento.

Nuestra llegada y permanencia en ese espacio digital es irremediable sobre todo con motivo de la pandemia y unas medidas de distanciamiento social que brindaron una excelente oportunidad a herramientas ya existentes, pero estaban inexploradas por la población en general, y sirvieron como justificación para instaurar con carácter permanente vías de comunicación telemáticas entre la ciudadanía y las administraciones públicas. La brecha existente antes de la crisis sanitaria entre quienes tenían acceso y conocimiento de las nuevas tecnologías y quienes carecían de dispositivos o recursos para emplearlos ha incrementado desde entonces. La pandemia supuso un punto de inflexión a partir del cual el mundo virtual cobró vida propia para extenderse aún más. Mostró quién estaba listo para ese nuevo escenario y quién se hallaba fuera de él, como fiel reflejo de la desigualdad y discriminación en el mundo tangible, solo que, esta vez, en un escenario virtual también con consecuencias para la integración social.

En la era digital actual, que el triunfo de la inteligencia artificial afianza, es imperativo recordar que una de las destacadas virtudes de este entorno es su capacidad para universalizar el acceso a bienes y servicios. Este fenómeno propicia el establecimiento de un modelo social horizontal, donde se democratiza el acceso a la información y los recursos, creando un marco de oportunidades equitativas para el desarrollo integral de las diversas facetas individuales. En este contexto, los colectivos en una mayor situación de vulnerabilidad gozan de la posibilidad de mejorar su situación de desventaja mediante el aprovechamiento de los medios digitales, ampliando así sus opciones de vida, fomentando el desarrollo personal y accediendo a mejores oportunidades educativas y laborales. Este proceso contribuye de manera significativa a mitigar las brechas sociales existentes.

El acceso y conocimiento de herramientas digitales conllevan una serie de beneficios fundamentales que repercuten positivamente en la sociedad. En primer lugar, la integración social se puede fortalecer, ya que el uso adecuado de estas herramientas facilita la conexión entre personas, rompiendo barreras y propiciando un mayor sentido de comunidad y de pertenencia. La participación activa en la sociedad digital permite crear lazos y conexiones que trascienden las fronteras físicas, promoviendo una mayor cohesión social. A ello va estrechamente ligado el hecho de que la comunicación e interacción sociales se ven enriquecidas, pudiendo fomentar relaciones significativas y de cooperación. Además, el acceso al mercado laboral y el desarrollo del trabajo se ven potenciados, generando nuevas oportunidades profesionales y promoviendo la movilidad social. Por otro lado, el acceso al conocimiento, la formación y el aprendizaje se expande, lo cual permite a las personas adquirir habilidades y conocimientos de forma más accesible. Asimismo, conviene destacar también que el aumento en las fuentes informativas contribuye a una comprensión más amplia y crítica del entorno.

Todas estas ventajas del espacio virtual se ven truncadas cuando la persona o las comunidades carecen de los recursos para entrar en él o para, una vez dentro, saber moverse por ese universo aparentemente intuitivo, pero a menudo difícil de comprender por su impersonalidad y rigidez. Es así como se abre una grieta entre personas y comunidades, entre quienes están y quienes permanecen ausentes. Entre quienes pertenecen y quienes son excluidas. Nace así la brecha digital que aviva aún más si cabe la desigualdad social.

La brecha digital

Se pueden establecer diferentes etapas o pasos en la exclusión digital. Así, se habla de una primera brecha relacionada con el acceso; es decir, con la capacidad de las personas para tener a su disposición una herramienta informática y a la posibilidad de que dicho objeto les permita conectarse a internet. Se trata, por tanto, de una brecha de acceso relacionada con la disponibilidad y la conectividad. Un segundo paso lo constituiría la brecha vinculada al uso, en la cual entrarían en juego el conocimiento, las actitudes y la motivación, y sobre la cual se han estudiado diversos indicadores que manifiestan su riesgo de aparición. Se incluyen entre ellos la frecuencia en el uso de los dispositivos o el número de servicios de Internet utilizados, entre los que se incluye la banca electrónica, la compra online, o herramientas de trabajo, educativas o formativas, o el uso de la administración electrónica, pero también aquellos relacionados con el aspecto más puramente competencial como son contar con un nivel básico de habilidades digitales o de habilidades en información y datos, en cuestiones relacionadas con la seguridad en Internet o para resolver problemas informáticos o de acceso y uso de las herramientas. 

Asimismo, se ha denunciado la existencia de una brecha de género también en el mundo virtual. El mayor acceso y uso de dispositivos, bienes y servicios electrónicos por parte de los hombres es una imagen de la desigualdad en el mundo real como consecuencia de la limitación del tiempo disponible de la mujer, centrada en el ámbito de los cuidados, de la exclusión en la educación y formación en este ámbito, así como debido a normas sociales que dictaminan que este espacio, como un nuevo lugar público, debe ser exclusivo del hombre.

Estos pasos y estas brechas nos permiten aseverar que la estratificación social se reproduce fielmente en la esfera digital, en la que se crean nuevos focos y espacios para la desigualdad y la discriminación. En efecto, esta situación perpetúa y profundiza desventajas preexistentes y se erige como un factor de exclusión social adicional capaz de distanciar a personas y familias de su plena participación social y política. La exclusión social y digital van de la mano.

Conforme avanzábamos anteriormente, la situación de vulnerabilidad se ve agravada ante la brecha digital en un mundo cada día más digitalizado, sobre todo con motivo de la pandemia y las consecuencias para el distanciamiento social físico que dicha crisis sanitaria requirió. En efecto, se han destacado como factores determinantes de dicha brecha la situación administrativa, la barrera del idioma o la falta de acceso a herramientas digitales, tal y como veíamos en el anterior apartado. Las situaciones de vulnerabilidad hacen más proclive la dificultad de tener a disposición un dispositivo electrónico con conexión a Internet, que se agrava, como observábamos, en el caso de mujeres que carecen de tiempo por dedicarse exclusivamente a los trabajos de cuidados o en situaciones de sinhogarismo. Asimismo, los terminales móviles no son suficientes para realizar muchas tareas para las cuales se requieren equipos informáticos completos de mayor dificultad en su acceso.

Esta brecha digital priva a la población migrante que la sufre de oportunidades de ocio compartidas en su entorno, de comunicación permanente con sus familiares y amistades, así como de productos culturales en su idioma que produce aislamiento, falta de pertenencia y añoranza. Asimismo, dificulta o impide su comunicación con las administraciones públicas y la realización de trámites requeridos por estas por su condición de persona desplazada. Si el empleo de herramientas telemáticas para llevar a cabo estas tareas era una de las opciones previstas como alternativas a la interacción presencial, se está convirtiendo en la única, en algunos casos, como muestra el hecho de que en ocasiones se deba pedir cita previa por teléfono o por Internet sin posibilidad de hacerlo de otra forma.

La administración electrónica es un foco de problemas que alejan aún más a las personas, ya de por sí distanciadas por la exclusión social. Son constantes los problemas electrónicos que dejan sin servicio temporal a la ciudadanía y para los cuales las administraciones no ofrecen una rápida solución, ya que o bien necesitan de personal informático específico que lo resuelva o es ella misma quien obstaculiza el servicio como ocurre en aquellas instancias en las que se ofrece la posibilidad de obtener citas de forma telemática solo a una hora determinada en un día concreto de la semana, ante lo cual el colapso y la falta de atención es lo esperado. Son precisamente las personas migrantes quienes más trámites realizan por motivos relacionados con su situación administrativa y son, por ello, las más afectadas por este desajuste. En ocasiones se ven incluso obligadas a pagar a personas o empresas para recibir ayuda y el servicio que podrían y deberían poder hacer ellas solas, pero que se imposibilita por la exclusión digital o la barrera del idioma. Todo ello ha sido denunciado de forma reiterada por organizaciones de la sociedad civil, quienes informan de la problemática de las citas previas y de los procedimientos telemáticos para conseguirlas, lo cual dificulta sobremanera los esfuerzos de la población migrante para atender a los requerimientos o para conocer el estado de sus expedientes. También incluso para la fundamental consideración de la condición de solicitante de asilo de personas con necesidades de protección internacional, sin la cual personas refugiadas en espera de su mero reconocimiento se hallan en un limbo jurídico provocado por barreras administrativas o burocráticas que les sitúa en serio peligro de ser expulsadas a su país de origen en clara violación del principio de no devolución consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos.

La brecha digital supone una traba a menudo insuperable también para buscar empleo e implica un serio riesgo de ser objeto de desinformación ante la falta de alfabetización digital, lo cual ahonda en la inseguridad de personas que se hallan en mayor riesgo de ser víctimas de fraudes o estafas electrónicas. Todo lo referido no hace más que enfatizar que las comunidades con problemas para su plena inclusión social son muy sensibles a los obstáculos inherentes a un escenario digital que a menudo desconocen. “Una brecha de brechas que no solo es reflejo de la fractura social en el mundo digital, sino que, además, representa un factor que incrementa las desigualdades”.

Abordada la importancia del espacio digital para fomentar los lazos comunitarios y familiares o para promover el conocimiento, pero también la desigualdad de oportunidades sociales que una brecha en su acceso y uso conlleva, especialmente para los colectivos más desfavorecidos, es posible concretar una serie de recomendaciones.

Con el fin de poner remedio al problema en el acceso a las herramientas necesarias para entrar en el mundo digital, es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar la disponibilidad y conectividad de personas y comunidades. En el primer caso, facilitando el acceso a herramientas actualizadas y seguras mediante la puesta en marcha de modelos de adquisición para rentas bajas, economía circular o de un bono social digital. Por lo que respecta a la segunda, pero también vinculado a la disponibilidad, conviene hacer énfasis en ofrecer lugares de acceso gratuito a equipos informáticos y a una conexión a Internet de calidad. Es importante también que se publiciten esos espacios de manera adecuada para que las personas en situación de vulnerabilidad sensibles a la brecha digital y sus consecuencias tengan conocimiento de ellos.

Una vez asegurado el acceso, es imprescindible abordar el uso de dichas herramientas. Por ello, se destaca la necesidad de establecer talleres dentro de un plan de formación de competencias digitales que alcance a toda la población y que dote de capacitación en habilidades digitales a personas migrantes mediante itinerarios formativos o espacios de aprendizaje comunitario.

Más allá de esos dos componentes de la brecha digital, es básico incidir en la necesidad de fomentar la participación de mujeres y de migrantes en el diseño de las nuevas tecnologías que tenga en cuenta una perspectiva de género y de desplazamiento, así como en la relevancia de sensibilizar a la población general sobre las consecuencias de la exclusión digital y sobre las barreras que la promueven.

Por último, y dada la presencia de la administración electrónica en el día a día de la población migrante, es imperativo crear un sistema que combine el acceso al procedimiento y a la información, tanto en formato digital como presencial, para todos los trámites relacionados con su situación administrativa. Ello pasa irremediablemente por la ampliación de la disponibilidad de citas presenciales, el empleo de un lenguaje accesible que permita acceder a la información a las personas destinatarias de forma efectiva, y el uso de canales de información públicos que genere confianza en los colectivos de personas desplazadas y que evite que deban acudir a fuentes alternativas para conocer la normativa o reglas procedimentales. Sin estas y otras medidas que permitan corregir la evidente desigualdad, la brecha digital se convierte en una frontera más para las personas migrantes en el ejercicio de sus derechos.

(Aquí puedes leer la Primera Parte de este artículo)

3- Terrorismo

No existe una definición internacionalmente aceptada y vinculante del término terrorismo, en tratados y análisis se impone la interpretación de parte y sorprende la ausencia clamorosa del terrorismo de Estado.

En cualquier caso, el terrorismo se reconoce, definámoslo informalmente como una táctica, no una ideología, caracterizada por el uso de la violencia física contra civiles para conseguir objetivos políticos y tiene siempre una organización detrás; este invento de los 'lobos solitarios' (de distinto tratamiento aparezcan en Haro o Algeciras) está cogido con alfileres.

Identificamos sin duda como una acción terrorista el ataque de Hamás del 7 de octubre, cumple la definición, asesinato de civiles israelíes; y los mismos ingredientes y catalogación podríamos aplicar al atentado por milicia sionista en 1947 al cuartel general británico en el hotel King David de Jerusalén, con un centenar de muertos; a las actividades del Frente de Liberación Nacional Argelino en los cincuenta y sesenta, y también a la represión francesa del independentismo argelino; violencia física contra civiles para conseguir objetivos políticos es la respuesta israelí al ataque de Hamás.

En cuanto a actores terroristas, digamos que Hamás es un agente relativamente reciente en este conflicto, surge a finales de los 80 al calor de la primera intifada, y se enmarca en un fenómeno del máximo interés como es el fracaso, por méritos propios e inducidos por terceros, del nacionalismo árabe laico de mitad del siglo pasado y su sustitución por un islamismo en ocasiones radicalizado.

Al margen del terrorismo, recordemos que desde Estados Unidos y Europa se ha hecho también todo lo posible para forzar el fracaso de cualquier experiencia política islamista no radical; y también que los actuales dirigentes por ejemplo en Túnez o Egipto han implantado unas dictaduras más represivas que los regímenes democráticos previos gobernados, aunque fuera difícilmente, por partidos islamistas.

Parece además claro que, si el problema de seguridad de Israel es el terrorismo, en ningún caso este tipo de violencia se combate con cazas, bombardeos aéreos y carros de combate, cortes de alimentos y electricidad de millones de civiles, sino con inteligencia (en su doble sentido) y fuerzas policiales.

Apuntemos también que Hamás es un acrónimo cuya letra eme corresponde a la palabra árabe que significa 'resistencia', y este carácter de rebelión contra el ocupante lo comparte con Hezbolá, nacido y crecido contra la invasión por Israel del sur del Líbano durante dos décadas, nada que ver con otros grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico. Se trata, los primeros, de dos movimientos políticos nacidos en el territorio, por palestinos en el caso de Hamás y no solo de Gaza, arraigados además por la vertiente social de este movimiento, en el marco de una estructura estatal inexistente, prestando servicios sociales y educación a una población desasistida.

Digamos finalmente que la fortaleza de Hamás es directamente proporcional al fracaso del proceso de paz de Oslo y el desprestigio de la mini Autoridad Palestina.

Y concluyamos recordando aquel gran avance político de la sociedad española al afrontar el terrorismo independentista cuando se popularizó aquello de "Vascos sí, ETA no"; con ese mismo espíritu podríamos hoy decir "Palestinos sí, Hamás no", "Judíos sí, Netanyahu no, colonialismo no". El antisionismo no es antisemitismo.

4 – Instrumento militar

Israel no cabe duda de que tiene la capacidad militar suficiente, y la impunidad internacional reconocida, para prolongar el conflicto unas décadas más e incluso para expulsar a un millón de palestinos al Sinaí, limpieza étnica como la ya ocurrida en 1947/48, aunque el foco mediático y la época en la que vivimos quizá no lo permitiría como en el pasado.

Lo relevante aquí es que Israel no afronta ninguna amenaza existencial. Los vecinos han sido progresivamente desactivados por acuerdos de paz (Egipto, Jordania); por guerras civiles y de agresión (Líbano, Siria); o por invasiones directamente (Irak).

El conflicto israelo-palestino no es una guerra entre Estados, entre ejércitos, fuerzas navales y aéreas que se enfrentan, lo que no impide que Israel cuente con unas fuerzas armadas con capacidad nuclear de las más potentes del globo; y un apoyo incondicional de la mayor potencia militar del planeta, reforzada por el crítico Obama con un acuerdo a diez años de 38.000 millones de dólares para tiempos de paz, y directamente sin límites para tiempos conflictivos.

De lo anterior, de la crisis actual en Palestina-Israel y también de la invasión de Ucrania cabe concluir o al menos plantearse el fracaso de la disuasión como uno de los pilares de la defensa militar. Ingentes presupuestos militares y una carrera de armamento en crecimiento no han impedido la actuación de Rusia ni de Hamás, lo que obligaría a replantearse algunos principios teóricos.

En este apartado de la seguridad, la defensa y su instrumento militar, cabría señalar también cómo se han ido abandonando y desprestigiando las operaciones de paz amparadas por Naciones Unidas para estabilizar conflictos, para exportar seguridad al amparo de una legalidad y legitimidad internacional que no existió en la invasión de Irak, y que hoy no es posible con un Consejo de Seguridad de la ONU bloqueado por Rusia si el tema es Ucrania, por Estados Unidos si el tema es Israel-Palestina.

Se dice que las operaciones de paz paran el reloj de un conflicto, los más de 600 cascos azules españoles en el sur del Líbano, encuadrados en una fuerza de diez mil actualmente comandados por un general español, han evitado el conflicto desde 2006 y es un gran logro, pero nunca solucionan el problema, la salida siempre es política; también lo será en el caso palestino.

5 - Futuro - Democracia

Un último acercamiento al conflicto palestino-israelí se debe dirigir al día después de los disparos, y su solución a largo plazo sólo puede ir ligada a la democracia.

Añadamos como aclaración que el conglomerado no geográfico que llamamos Occidente, Estados Unidos, Europa, las democracias reconocidas, no actúan democráticamente fuera de sus fronteras nacionales, aunque sí viaje en su discurso de valores y principios, y sólo vale mencionar para acreditarlo ejemplos como Guantánamo, Abú Ghraib, asesinatos selectivos, bombardeos de Irak o Siria desde hace años.

Recordemos que la República española no actuó democráticamente en el norte de Marruecos, quizá hubiera sido la historia diferente; que Francia no actuó democráticamente en Argelia ni con los argelinos en suelo francés.

E Israel no es una democracia para dos millones de sus ciudadanos que son palestinos, ni para los palestinos de los territorios ocupados. El sistema de discriminación racial institucionalizado conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales (israelíes) y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Cabe recordar que la Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7). 

Como europeos que somos, acudamos a la Unión Europea y su estrategia global para la política exterior y de seguridad de 2016, en la que leemos que "la UE promoverá un orden mundial basado en normas, con el multilateralismo como principio esencial y las Naciones Unidas como núcleo".

A octubre de 2023 se puede afirmar que el modelo Gaza, el confinar dos millones de personas sin salida y sin derechos, bombardeables regularmente, ha culminado sin éxito, y aún no sabemos qué formato lo puede sustituir.

A estas alturas y tres décadas desde su firma, resulta evidente que los Acuerdos de Oslo son inviables, la solución de dos Estados independientes en el antiguo mandato británico en Palestina, probablemente el asesinato del primer ministro israelí en 1995 a manos de un terrorista israelí frustró el proceso en fecha tan temprana, rematado en el año 2000 por Clinton-Ehud Barak. Hoy es inviable por la falta de voluntad y por la presencia en los territorios palestinos ocupados de 700 mil colonos radicalizados en su mayor parte que no se van a ir a ningún sitio.

El escenario local e internacional, como se apuntaba al comienzo, es dinámico. Se observan cambios en la visión del conflicto, generacional en cualquier geografía; especialmente en Estados Unidos, en el ámbito académico, existe ya una minoría en el Congreso norteamericano que hace oír voces alternativas sobre el conflicto; las encuestas registran un cambio entre los demócratas estadounidenses hacia posiciones más centradas y pro palestinas que en el pasado.

Existe desde hace tres lustros una campaña internacional surgida desde la sociedad civil de boicot, desinversión y sanciones (BDS), resistencia no violenta contra la ocupación israelí, similar a muchas otras practicadas en procesos de descolonización.

Y pensando en el futuro, la solución al conflicto pasa por un único Estado democrático, con igualdad de derechos y obligaciones de todos sus ciudadanos. Ya existe un único Estado en la Palestina histórica, el reto es que sea democrático. Al diagnóstico generalizado de una situación actual de apartheid sudafricano le corresponde una solución sudafricana.

No cabe imaginar otra alternativa que una opción democrática de este tipo, apoyada ya hoy por la cuarta parte de los palestinos (los partidarios de los dos Estados no son muchos más), a la que habría que dedicar pedagogía y tantos esfuerzos como se hicieron en el proceso de Oslo. 

Conocemos ya el resultado de la opción realista que ha negado durante décadas la democracia y el derecho internacional en el conflicto palestino-israelí. La opción democrática no sería ingenuidad, sino actuar por interés, incluir el Estado de derecho entre nuestros intereses.

Octubre de 2023 marca un nuevo episodio de violencia generalizada en Israel-Palestina a partir de un ataque sorpresivo y criminal de Hamás contra población civil (y militar) israelí desde Gaza y una respuesta brutal por parte del ejército israelí que continúa tres semanas después del origen, con un millar de víctimas israelíes y pasado un mes siete veces más palestinas.

La explosión de violencia genera condenas, posicionamiento; pero en un marco más general provoca una demanda de información y explicación. Comparto unos apuntes previos sobre el conflicto, un par de películas sobre Gaza y un intento de arrojar algo de luz sobre cinco ámbitos: momento, colonialismo, terrorismo, instrumento militar y futuro.

Es conveniente analizar el día antes de la explosión y el día después a que callen las armas, y una declaración de principios que publicaba la periodista Ana Iris Simón recientemente en El País: “Ninguna causa es lo suficientemente justa como para asesinar un solo niño en su nombre, ni siquiera vengar la muerte de otros niños”.

Como acotaciones muy generales cabe en primer lugar llamar la atención sobre la densidad de acontecimientos y lo reducido del espacio, condiciones histórico-físicas que incrementan los intercambios, la complejidad y la incertidumbre. La Palestina histórica equivale en kilómetros cuadrados a la provincia de Badajoz, y siempre es interesante recordar que los territorios ocupados y admitidos por los palestinos para un hipotético Estado suponen el 22% de esa superficie.

Cabría decir también al comienzo de este artículo que no se trata de un conflicto eterno, irresoluble, bíblico, incomprensible, interpretación que genera hastío y aleja de cualquier intento de comprensión del fenómeno. Se trata por contra de un conflicto eminentemente político, fácilmente acotable su recorrido en el tiempo —nada empezó el 7 de octubre— con una fecha clave marcada por la llamada Declaración Balfour de 1917, por la que Gran Bretaña se comprometió a facilitar la instalación del hogar nacional judío en Palestina. El conflicto es abordable porque nos resulta cercano y familiar en su origen, muy europeo, a partir de actuaciones e ideología como la ocupación colonial de un territorio y el nacionalismo.

El conflicto palestino-israelí no es religioso (existen palestinos de las tres religiones monoteístas e incluso ateos), no es una guerra entre Estados. El conflicto afecta directamente a unos 12 millones tanto de judíos como a otros tantos palestinos —las dos comunidades están igualadas en número—, la mitad de ellos residentes en la Palestina histórica y la otra mitad en el exterior, llámese exilio, emigración o diáspora.

Como última acotación previa, y los sucesos de octubre lo confirman, nos encontramos ante un escenario dinámico, lo que implica que la visión o planteamiento de hace cincuenta años probablemente no sirva para el presente. A lo largo ya de más de un siglo se han tomado cientos de decisiones políticas que han provocado la situación actual, esas decisiones podían haber sido otras.

Ficción:

La primera reacción personal en caliente fue buscar papel escrito en la estantería, pero antes... en el televisor. Desde estas plataformas de contenidos sin fondo ni bibliotecario a las que tenemos acceso desde el sofá aparecieron dos películas de ficción:

• ‘Un fin de semana en Gaza’. Reino Unido, 2022. Argumento: un periodista británico (y su pareja israelí) intenta escapar de Israel después de que la ONU imponga restricciones al tráfico aéreo y marítimo debido a la propagación de un virus. Gaza se convierte en el lugar más seguro de la región. Acabarán saliendo por Ráfah hacia Egipto.

• ‘Gaza mon amour’. Coproducción Palestina-Francia-Alemania-Portugal-Qátar, 2020. Argumento: Gaza, hoy. Issa, un pescador de sesenta años, está secretamente enamorado de Siham, una mujer que trabaja en el mercado con su hija Leila. El descubrimiento de una antigua estatua de Apolo en sus redes de pesca cambiará su vida para siempre. Curiosamente, su confianza comienza a crecer y finalmente decide acercarse a Siham.

No es buena idea acudir a la ficción para encontrar análisis y explicación al conflicto israelo-palestino, aunque estas dos películas revelan algunos puntos de interés, como que hace un par de años se podían situar comedias en Gaza (resultaría impensable una comedia localizada hoy en Ucrania), síntoma evidente de una ocupación normalizada, estaba asumida su precariedad, sus dos millones de habitantes enjaulados. Choca la violencia informativa actual y la cotidianidad del cine, donde asoman muchos policías palestinos, la obsesión por los papeles, puestos de control, cortes de luz y personas. Lo más sorprendente es compartir vivencias familiares, amorosas, picaresca incluso, con palestinos e israelíes de protagonistas. La normalidad informativa es bien distinta, los palestinos aparecen siempre muriendo, gritando o rezando; la deshumanización del adversario es criterio básico en cualquier conflicto. La cultura puede ser también un instrumento de conocimiento y muchas veces de propaganda —no en las películas referidas—, Paul Newman e Ingrid Bergman han hecho más desde la gran y pequeña pantalla por la causa sionista que algunas campañas militares.

A continuación, cinco acercamientos al conflicto con el objetivo de entenderlo algo mejor.

1 - Realidad - Momento:

La explosión de violencia en Israel-Palestina de este otoño de 2023 se produce en el año en que se cumplen 75 del nacimiento del Estado de Israel y los palestinos denominan Nakba (catástrofe en árabe), referido en este caso a un proceso de limpieza étnica más amplio y los efectos de 1948.

Asimismo, se cumplen 30 años de la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, hasta el momento el intento más serio de encontrar una salida al conflicto, si bien bajo unas premisas que han derivado en un punto muerto. Oslo establecía el principio de dos Estados vecinos, pero marcaba un proceso, no un punto final, que debía avanzar y no lo hizo, y dejaba para una fase última el acuerdo nunca alcanzado sobre Jerusalén, fronteras, seguridad, soberanía y retorno de ciudadanos expulsados del territorio.

Los acontecimientos de octubre de 2023 se producen en uno de los años más violentos de los últimos lustros (250 palestinos muertos violentamente hasta el día anterior al ataque de Hamás).

La realidad geopolítica era que Palestina y los palestinos habían desaparecido de la agenda como problema internacional urgente de resolver, mientras que los análisis se centraban en el aparente próximo acuerdo entre Israel y Arabia Saudí, en el marco de unos acuerdos de Abraham con los que Israel pretendía estrechar relaciones con los países árabes (conseguido con Emiratos, Bahréin, Sudán y Marruecos) y suponían en esencia solucionar el problema palestino con alguna inversión y sin contar con los palestinos. Nadie ha recordado en las últimas semanas que Arabia Saudí e Irán restablecieron relaciones diplomáticas en el cercano mes de marzo con la mediación de China, movimiento sorprendente en la región que muestra actores y acercamientos no previstos.

Muchos factores pueden definir el momento previo a la última explosión de violencia, como las crecientes provocaciones en la explanada de las mezquitas de Jerusalén por parte de extremistas judíos, lugar de simbolismo extremo como tercer lugar santo del Islam; origen de la segunda intifada en 2000 tras sucesos similares; la cúpula de la Roca figura en el logo de Hamás y en la pared de la mitad de los hogares palestinos.

Añadamos al momento la previsible anexión ilegal de Cisjordania por parte del Estado israelí (como ya ha hecho con Jerusalén y los Altos del Golán); y las divisiones de un liderazgo palestino desacreditado, lo que abre la sucesión no lejana de Mahmud Abbás.

En octubre de 2023 se produce un distanciamiento creciente y preocupante entre la dirección política y los ciudadanos en los territorios palestinos ocupados, también en Israel (manifestaciones multitudinarias desde enero), en los países árabes vecinos y no tan vecinos.

Finalicemos este apartado con la próxima convocatoria de elecciones en 2024 tanto al Parlamento Europeo como a la presidencia de Estados Unidos, lo que explica visitas recientes, apoyos incondicionales y el movimiento de varios actores en el desarrollo próximo del conflicto.

2 - Colonialismo

No es posible entender el conflicto israelo-palestino sin tener presente que, en su origen y desarrollo, hasta el día de hoy, es un fenómeno colonial, con todos sus ingredientes: existen colonizadores, colonizados y colonos, de estos últimos hasta 750.000, con un comportamiento extremo. Existen ocupantes y ocupados. Existen presos sin cargos y presos con cargos. Existen detenidos menores de edad bajo jurisdicción militar y no detenidos. Existen agresores y agredidos. Existe la vieja fórmula de fragmentar al colonizado geográfica y jurídicamente.

El proceso es claro, y por supuesto tiene sus peculiaridades, una no menor es que llegó tarde, al menos cien años: en 1947 el Reino Unido se retira de la India, y ese mismo año se aprueba en Naciones Unidas la resolución 181 que establece un Estado judío y otro Estado palestino en la superficie del mandato británico.

Convengamos que en el siglo XIX poca gente conocía lo que hacía el rey de los belgas Leopoldo sobre los congoleños, y a nadie le importaba, circunstancias de conocimiento e interés que han ido cambiando a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Imposible imponer una realidad colonial en una época poscolonial, y eso se ha ido intentando en Palestina por el proyecto colonial sionista primero apoyado por la primera potencia mundial que era el Reino Unido; y luego a partir de los años sesenta por la primera potencia mundial que era y sigue siendo Estados Unidos.

Añadamos a las peculiaridades que se trata de un tipo específico de experiencia colonial conocido y estudiado como colonialismo de asentamiento, de raíz británica, que pretende en último término expulsar o aniquilar al colonizado, con referencias históricas reconocibles en EEUU, Canadá, Australia o Nueva Zelanda. 

Finalicemos este epígrafe con la obviedad de que en todas las experiencias coloniales el colonizado se acaba rebelando contra el colonizador; y no menos importante, que el colonialismo acaba pasando factura al colonizador, en forma de militarismo, degradación del Estado, extensión de la violencia y reducción de derechos ciudadanos.

Pornografía y Juventud

La pornografía está integrada en la vida de las y los jóvenes, incluso de niños y niñas. Su acceso a través de internet es tan sencillo que incluso se topan con ella en redes sociales sin realizar ninguna búsqueda. Un Estudio sobre pornografía en las Illes Balears de 2022, señala que “el 90% de los adolescentes entre 13 y 18 años consumen pornografía. La edad de inicio baja cada vez más y el 17% de los niños de 8 años ya ha consumido porno”. Y Save The Children en su informe (DES)INFORMACIÓN SEXUAL: pornografía y adolescencia (2020), apunta a que el consumo de una pornografía en las que se muestra violencia contra las mujeres está detrás del incremento en “más de un 100% de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad en España”. Este incremento en la violencia entre la juventud aparece señalado en la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentada este año, 2023, que describe un "alarmante" incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores en España.

La relación entre la pornografía y el aumento de la violencia hacia las jóvenes por parte de otros jóvenes puede explicarse también por la extrema viralización de sus vidas, pues muchas violaciones en grupo son grabadas por los propios agresores. La grabación y la obtención de un vídeo que poder mostrar forma parte de la agresión y es, en cierta medida, una imitación a las prácticas mostradas en la pornografía más consumida, así como una forma demostrar poder, coaccionar e intimidar.

Restricciones al acceso de menores

Ana Valero, directora del curso y responsable del Proyecto de Investigación, señala que ese “eslabón claro y real” entre el consumo temprano de pornografía y el aumento de la violencia en la juventud “exige la adopción de medidas de regulación en el acceso y de índole educativo que impliquen y vinculen a las familias, a las plataformas y a los poderes públicos”. El catedrático en Derecho Constitucional y ponente en el curso, Francisco Javier Revorio, preguntado por este asunto en la Radiotelevisión Diocesana de Toledo señala: “se trata de buscar restricciones en el acceso” a las y los menores a este tipo de contenido que puede afectarles de manera grave.

En estos momentos, Europa está en proceso de elaboración de una Ley de Inteligencia Artificial que regule las sanciones contra la pornografía llamada “deepfake”, es decir, la pornografía creada por la inteligencia artificial. Algo que ha ocurrido recientemente en nuestro país, donde las víctimas han sido unas menores de edad. Las nuevas tecnologías plantean desafíos jurídicos que deben estudiarse en relación con la pornografía y su impacto social, tanto en el acceso como la distribución y la creación de material pornográfico.

Señala Valero que esta evidencia en el impacto de las vidas de las y los jóvenes pone de manifiesto “la imperiosa necesidad de una educación afectivo-sexual como materia autónoma y con entidad propia, que sea de carácter obligatorio desde edades tempranas”. La prohibición a menores del acceso al contenido pornográfico como fórmula de prevención no sería suficiente sin la formación de una mirada crítica con un currículo que aborde, de manera profunda, las relaciones afectivo-sexuales, que contribuya a discriminar entre la sexualidad y la violencia, e introduzca el valor de la igualdad de trato.

Daño a las mujeres

Ana Valero se pregunta si es posible establecer el nexo causal entre la pornografía y la violencia hacia las mujeres en la edad adulta y plantea que el camino es hacer una “pornografía donde los valores de la igualdad, respecto a los derechos fundamentales y pluralismo estén presentes”. El curso Pornografía y Derechos propone, entre otros, el debate en torno a si existen potenciales daños a las mujeres, ya sea como receptoras del mensaje de la pornografía como por formar parte de la industria, y se plantea recoger las diferentes perspectivas en torno a esta materia.

Dado que la pornografía digital de consumo mayoritario nace en un contexto de desigualdad hacia las mujeres, su discurso predominante reproduce esta desigualdad. Muchas autoras feministas coinciden en señalar la hipersexualización de la sociedad y cómo esto se puede observar en la representación cultural de las mujeres en los medios de comunicación, la publicidad o el cine. Esta hipersexualización contribuye a extremar la forma en la que las mujeres son representadas en la pornografía mainstream, así como las prácticas a las que se las somete.

Al mismo tiempo, existe otro tipo de pornografía que muestra una sexualidad igualitaria y que puede resultar un instrumento con gran capacidad transformadora y de emancipación tanto de las mujeres como de las identidades sexuales minoritarias.

El debate sobre la pornografía entronca, además, con el derecho a la libertad sexual de las mujeres. Explica Clara Serra, ponente en el curso, que históricamente el deseo femenino se ha ignorado, y plantea que en el debate sobre el consentimiento deberíamos introducir también el concepto de deseo: “hablamos de sexo consentido y hablamos de sexo deseado. Pero ¿son la misma cosa? Y, si no es así ¿qué relación hay entre ambos?”. La pornografía obliga a reflexionar, por tanto, en torno al consentimiento y la construcción del deseo.

La pornografía es un fenómeno que atraviesa nuestra sociedad, que genera discurso, construye deseo y se relaciona directamente con algunos de los más importantes derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución. Reflexionar sobre todas estas cuestiones es lo que ha movido a sus organizadoras, Ana Valero y Marta Reig, a reunir en Cuenca a veintiún profesores de derecho, sociología, pedagogía y comunicación de la UCLM y de otras universidades nacionales e internaciones -Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Zaragoza, Universidad de Oviedo, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona y Universidad de Palermo-, los días 16 y 17 de octubre en la Fundación Antonio Pérez en el marco de los Cursos de Verano de la UCLM y como actividad vinculada a este pionero Proyecto de investigación.

El Curso Pornografía y Derechos está dirigido por la profesora de Derecho Constitucional de la UCLM Ana Valero, autora del ensayo La libertad de la pornografía (Athenaica, 2022) e Investigadora Principal del Proyecto de Investigación y Transferencia tecnológica La pornografía como un asunto constitucional, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La elección de un torero para liderar la gestión del área de Cultura de la Generalitat Valenciana (bajo los argumentos que voy a exponer aquí, daría igual si en lugar de un matador de toros fuera un concursante de MasterChef) ha llenado de espanto y desconcierto a una buena parte de la ciudadanía y en particular a esa parte de la ciudadanía que no se ha sentido concernida, ni siquiera aludida, ante cada una de las lentas transformaciones del ámbito cultural que iban significando, precisamente, las condiciones de posibilidad de una designación así.

Por no dejar para el final el meollo de lo que quiero señalar aquí, diré ya que gran parte de los problemas de la gestión cultural de nuestro país tiene que ver con la específica confusión que los españoles (la situación es distinta en el contexto latinoamericano) mantienen con el término «cultura».

Cuando hace años señalaba la posibilidad inminente de que un torero llegara a ocupar un ministerio de cultura, me refería a la falta de delimitación de dos sentidos claros de cultura.

Existe un primer uso bajo el cual, la cultura apunta a las tradiciones, a los usos, a las costumbres de un pueblo (de una nación, etc.). Incluye la lengua, los festejos, la gastronomía. Se trata de un uso eminentemente descriptivo, de cuño etnográfico, algo romántico e imperceptiblemente acrítico, bajo el cual podemos decir que las corridas de toros son cultura, de manera no muy distinta a como las peleas de gallos forman parte del patrimonio cultural inmaterial del estado mexicano de Hidalgo. Aquí cultura es casi sinónimo de tradición. Como diría el traductor al castellano de Kurt Vonnegut (Matadero 5): cultura «es lo que hay».

Existe un segundo uso de cultura que no apunta a lo que hay, sino a lo que podemos ser, a aquello en lo que podríamos convertirnos. Es el sentido formativo de cultura. Bajo esta acepción claramente vinculada con la metáfora agrícola del cultivo, nos «cultivamos» leyendo ensayos, poemas, recordando a los clásicos grecolatinos (¡hasta Wagner –un primer Wagner– reconocía en la Grecia clásica el espejo de una cultura universal!), asistiendo a teatro o viéndolo por televisión (en la época en la que la parrilla de la tele no estaba ocupada por los concursos competitivos de cocina).

Los alemanes designaron estos usos como Kultur y Bildung respectivamente. Y es hermoso –al menos así lo veo yo– que el eco metafórico del cultivo agrícola coexista con la imagen de la construcción (to built) en inglés, incluso en algunos rincones de los seres humanos más allá de la promoción de barrios emergentes, del circuito internacional del arte, de la proliferación de festivales patrocinados por bancos y fondos financieros o en general de esa ideología de la creatividad al servicio de la gentrificación capitalista tal como recogía recientemente la artista y crítica Martha Rosler en Clase cultural.

Por señalar solo algunas de esas condiciones de posibilidad (las que permiten que el experto en tauromaquia ostente un cargo cultural), el fallecimiento estos días del histriónico y futbolero artífice del contenido de Mediaset no significa el fin de una generación atacada diariamente durante más de tres décadas por la telebasura. El relativismo de corte postmoderno tampoco impidió, más bien favoreció, la aparición de carátulas en los principales medios de comunicación del tipo «culturas», lo cual sería acertado si en el dicha sección escribieran antropólogos al estilo de Clifford Geertz (cultura como uso o tradición).

Consentidos por un conjunto de élites sin esfuerzo, de reconocimientos sin mérito, de artistas sin trayectoria, la inmensa minoría de ciudadanos ahora despabilados se sienten repentinamente desempoderados como nuevos inmigrantes en una tierra extraña impotentes para renovar la confianza a quienes una vez prometieron abastecer el crecimiento de los otros con algún tipo de servicios suntuarios aunque fueran de media-baja gama.

Sí. Hace años pronosticamos que desde que los periódicos cambiaron el rótulo de «cultura» por «culturas» para designar una sección orientada todavía a la difusión de manifestaciones culturales de vocación universal (cine, festivales, novelas, discos, pintura, danza, arte, literatura, etc.) se equivocaron para adentrarse –posiblemente para siempre–, en un inquietante páramo de ambigüedades no siempre calculadas en el que, en buena lógica, deberían florecer junto al «arte del toreo» un ensayo de Franz Boas, junto a la cabra lanzada desde un campanario zamorano, la talla de ese dios de madera que Rimbaud no tiró por la borda de su barca africana por si fuera casualmente «el de verdad», junto a un film de Greta Gerwig, la receta más antigua de la Edad del Hierro del Alto Ampurdán: ¡la nación cultural!

Efectivamente, en una época (la del capitalismo tardío) caracterizada todavía por sus patologías a la hora de juzgar, parecía lógico que solo fuera la segunda (Kultur) de las acepciones de cultura señaladas atrás, la que refiere tradiciones, gastronomía y otros usos socio-económicos, etc., la que invisibilizara el cariz etnológico o antropológico de ese término que alcanzó extraordinario éxito en el contexto post-colonial y luego neo-postmoderno en el que se encuentra la juventud de nuestra atribulada existencia.

El artículo 44 de nuestra Constitución dice que los poderes públicos deben garantizar el acceso a la cultura, pero ni en los noventa ni en las primeras décadas del siglo XXI nos preguntamos: ¿en qué consiste esa cultura a la que todos tenemos derecho a acceder? ¿por qué debe promocionarse por el estado? Y pocos recuerdan que el motivo era justamente el que ya asumía de forma temprana la programación cultural de la televisión francesa: un punto de partida Ilustrado. La cultura en su sentido formativo nos emancipa como ciudadanos.

¿Nos emancipa de qué? Pues nos emancipa justa, terrible, irónicamente de los discursos que niegan el cambio climático, de las falacias que niegan la terrible especificidad de la violencia contra la mujer, de los prejuicios contra el otro, de los estereotipos sobre el musulmán, de la ceguera sobre el daño que hace la corrupción, de la insensibilidad ante la creciente desigualdad social, del machismo, del racismo, del clasismo, de la futbolización de la política, de la canción del verano, de la música de mierda, del «vale todo» y de la «tabla rasa», de las películas de héroe roba-coches, de la xenofobia, de los salvadores de la patria y de las mismas patrias, de los dogmas de la religión, del olvido de que en todos los casos, como señaló Albert Camus, hay que estar con los oprimidos, con los que sufren, sin excepción.

Esto es, todo empieza a suceder ostensiblemente una vez se ha extendido sin resistencia cultural la confusión entre «cultura de masas» y «cultura popular»: lo contrario a esa «alta cultura» que desde hace tres décadas medio mundo vitupera (como si Mahler hubiera compuesto contra ellos) no es la cultura popular (la cultura que nace del pueblo, por decirlo así) sino la cultura de masas fabricada y diseñada por una industria del entretenimiento dinámica y global. 

Es posible que todo comenzara o se acelerara cuando el más antiguo de nuestros diarios cambió el rótulo de «cultura» por «culturas», como si en lugar del lenguaje universal del arte y la novela (no sé, Pollock y Louise Bourgeois, Kurosawa adaptando a Dostoievski, o el senegalés Mohamed Mbougar ganador del Goncourt reconociendo la influencia del chileno Bolaño, etc.), fueran a centrarse en los informes de Malinowski en las Trobiand.

El descrédito de la figura del experto, el hoy olvidado relevo de periodistas con opinión propia y carrera por otros más baratos, la sustitución de la ensayista de fuste por el youtuber, la enloquecida horizontalidad de la red, el post- pop-art, las desvergonzadas críticas de cine del crítico menos crítico, el eco de la decepción (expresada con elegancia por George Steiner) de que la alta cultura europea se mostrara incapaz de frenar los actos más abominables de barbarie, el populismo, la deferencia de la crítica musical con fenómenos de la cultura industrial por el mero hecho de su propio éxito mercadotécnico, la música urbana y su regodeo en el origen de clase social (en lugar de en cierta voluntad estética –la de un Bowie, la de The Fall, la de The Cure al decir de Mark Fisher– por trascenderla), la estética poligonera, los modales barriobajeros casi gansteriles de la industria cultural, de la política de partidos e incluso (sintiéndolo en el corazón) de nuestra querida Universidad son solo parte de un largo etcétera al que invito a pensar los próximos años, al declinar la tarde, tras ilustrarnos con un buen plato de paella, entre corrida y corrida.

Israel ha vivido en los últimos meses dos procesos políticamente relevantes: las elecciones parlamentarias celebradas en noviembre de 2022, que han facilitado el Gobierno más extremo y ultranacionalista de su historia; y la movilización popular masiva contra la reforma de la Justicia con manifestaciones constantes de cientos de miles de israelíes desde este enero de 2023.

En ambos casos se podría encontrar una ausencia muy presente, utilizando un oxímoron, figura retórica de moda que define expresiones contradictorias como muerto viviente o silencio atronador: no hay palestinos; no fue un tema importante en la campaña electoral, en los programas políticos, ni está presente en el multitudinario movimiento de rechazo a Netanyahu. Siguiendo con otras expresiones, cabría pensar en el elefante en la habitación, como los anglosajones aluden a un tema omnipresente e incómodo al tiempo, que lleva a aparentar ignorarlo.

"Israel será un país judío o un país democrático, ambas opciones son incompatibles", vaticinaba recientemente un diplomático español destinado en Oriente Próximo. Por mucho que se utilice el carácter tecnológico innovador de Israel -Start up nation- o el paraíso gay de algunas zonas del territorio, la deriva política apunta hacia una concepción exclusivamente judía del país, una confesionalidad creciente del Estado al tiempo que se va reduciendo el marco democrático. 

Los responsables políticos israelíes trabajan para fijar una situación de anexión de facto que sea irreversible, con varias categorías de ciudadanos y derechos, objetivo logrado ya hace años, un nivel de violencia soportable por los propios palestinos y la comunidad internacional, situación perfectamente posible aunque incompatible con las reglas de un Estado de derecho y la democracia: mismos derechos para toda la población, separación de poderes, y entre Iglesia y Estado.

El futuro en paz y de progreso de Israel-Palestina está condicionado a una salida democrática a la situación de discriminación colonial de los palestinos, hoy divididos dentro de las fronteras del Estado de Israel de 1948 -20% de la población-, en los llamados territorios ocupados en 1967 de Jerusalén, Gaza y Golán, donde ya se han instalado ilegalmente 600.000 colonos judíos en asentamientos; los palestinos de la diáspora, especialmente en Líbano y Jordania. La fragmentación geográfica y legal de los palestinos es otro objetivo largamente perseguido y también culminado.

Es una ficción desligar la iniciativa tecnológica israelí, la competencia militar (continuos ataques sobre suelo sirio desde hace una década; capacidad nuclear), es una ficción desligar un futuro prometedor para Israel de la ocupación colonial de los palestinos.

En el primer cuatrimestre de 2023, más de cien palestinos y una decena de israelíes judíos han sido asesinados o han fallecido en circunstancias violentas, un conflicto cuya desproporción de víctimas no ilustra convenientemente la desproporción de contendientes, que no son equiparables ni permiten equidistancia posible: existe una situación colonial de fuerza y una población colonizada.

Se cumplen este mes de mayo 75 años de la Nakba (catástrofe, en árabe), que son los transcurridos desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y la operación que se hubiera llamado entonces de limpieza étnica si hubiera existido la etiqueta, que desplazó 800.000 palestinos, muy bien estudiado incluso por la historiografía israelí; y se cumplen también 30 años de los acuerdos de Oslo que establecieron la solución de dos Estados vecinos.

Provocaciones, víctimas, violencia durante tres cuartos de siglo, podrían alimentar el argumento de la historia interminable y el conflicto irresoluble, y nada más lejos de la realidad, todo indica que la situación es cualquier cosa menos estable, y circunstancias bien recientes han venido a alterar el panorama. El larguísimo aunque no eterno conflicto ha sido posible por una serie continuada de decisiones políticas y de violaciones a la legalidad internacional permitidas, que pueden continuar o no. Al menos, el marco político y social está en permanente cambio, y acelerado en las últimas fechas, como lo pueden mostrar las referencias siguientes.

En gran parte del mundo se está produciendo últimamente una revisión del colonialismo, que afecta en lo simbólico a estatuas conmemorativas y a fondos de museos, lejos ya de visiones imperiales o fantasías civilizatorias. Existe ya el suficiente margen temporal para que colonizadores y colonizados realicen un nuevo acercamiento más científico que nacionalista al fenómeno. Y la excepción es el denominado por los especialistas 'colonialismo de asentamiento' que se sigue practicando en Israel en 2023. En este sentido cabría decir que los tiempos se mueven más hacia una relectura histórica del colonialismo pasado que a una práctica del colonialismo futuro.

Se puede aplicar además la máxima confirmada en gran parte de los países de Europa que la violencia colonial acaba pasando factura al colonizador, se vivió en España con la dictadura de Primo de Rivera a partir de 1923, el golpe de Estado de 1936, la guerra civil que provocó y la dictadura de Franco; se vivió en Francia metrópoli con las soluciones militares varias y los golpes de Estado de los primeros 60. Se puede interpretar que la violencia colonial israelí acabará afectando, si no lo está haciendo ya, a los hoy ciudadanos israelíes, al discrepante, a los moderados, al cristiano, a los no ultraortodoxos ultranacionalistas (existen también ultraortodoxos no ultranacionalistas).

Shlomo Ben Ami, quien fuera ministro israelí de Asuntos Exteriores y antes embajador en España, ha descrito en varias ocasiones la situación política y social de su país como sudafricana, sin llegar a abogar por una solución al conflicto también sudafricana, que sería un único Estado con ciudadanos iguales en derechos fundamentales, sociales y políticos.

Con los matices que impone historia y realidades diferentes, el sistema de discriminación institucional conocido como apartheid define en buena medida la situación en Israel-Palestina, así lo han reconocido y documentado organizaciones de defensa de los derechos humanos locales y otras de trayectoria poco discutible como Amnistía Internacional (informe de febrero de 2022, El apartheid israelí contra la población palestina: Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad) o Human Rights Watch (Las prácticas abusivas de Israel constituyen crímenes de apartheid y persecución, informe de abril de 2021).

Cabría recordar que la hoy de actualidad, por la invasión de Ucrania, Corte Penal Internacional incluyó en 1998, en el Estatuto de Roma, el “crimen de apartheid” entre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7).

La equiparación del supremacismo estilo apartheid con la situación en Israel-Palestina ha superado hace tiempo y con creces los círculos de kufiyya palestina y pipa de agua; así como es destacable el alcance internacional del movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS), que trabaja para terminar con el apoyo internacional a la opresión de los palestinos por parte de Israel y presionar para que cumpla con el derecho internacional.

Otro cambio de escenario se refiere a los Acuerdos de Abraham, patrocinados en septiembre de 2020 por Donald Trump como presidente de EEUU, y por su yerno, que han permitido estrechar relaciones diplomáticas y políticas, o aflorar las que se mantenían en la discreción de las élites y la seguridad, entre Israel con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán. Lejos de las declaraciones grandilocuentes de los comunicados, y del indudable logro de haber conseguido desligar el conflicto palestino de las relaciones de Israel con algunos países árabes, el proceso languidece desde la salida del Gobierno de Trump, ante la indiferencia de las opiniones públicas árabes (más allá de alguna bandera en el Mundial de fútbol de Qátar) y con Arabia Saudí más lejos cada día de firmar el comunicado.

Otro elemento novedoso afecta precisamente al segundo mayor importador de armas del mundo, Arabia Saudí, que anunció a comienzos de marzo el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Irán, rotas desde 2016, acuerdo que para sorpresa generalizada se ha producido con la mediación de China.

El acuerdo desactiva el más poderoso pegamento de seguridad que ha unido durante años a socios de conveniencia en contra de Teherán; y los pasos posteriores al anuncio revelan la voluntad de ambas partes de avanzar hacia una nueva situación, lo que tiene efectos directos sobre la guerra civil yemení, como el intercambio de un millar de prisioneros a mediados de abril. 

Un último y no menor cambio de guion afecta a Estados Unidos, probablemente más a la ciudadanía, a la sociedad civil, a la opinión pública y publicada que a su Gobierno, teniendo en cuenta además que la historia demuestra que Israel es un asunto de política interior norteamericana y se acentuará este carácter según se vayan acercando las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

Se detectan cambios y así se puede interpretar un reciente y largo análisis publicado en la revista Foreign Affairs, con su siglo de historia a la espaldas y referencia internacional, titulado "La realidad de un solo estado de Israel. Es hora de renunciar a la solución de dos Estados" (enlace a original en inglés, publicado el 14 de abril).

Firmado por cuatro especialistas en Relaciones Internacionales de las universidades norteamericanas George Washington y Maryland, el texto señala que "el estatus temporal de 'ocupación' de los territorios palestinos es ahora una condición permanente en la que un Estado gobernado por un grupo de personas gobierna sobre otro grupo de personas".

Para los autores, el proceso de paz de Oslo "terminó hace mucho tiempo. Ya es hora de lidiar con lo que significa la realidad de un solo Estado para la política, la política y el análisis. Palestina no es un Estado en espera, e Israel no es un Estado democrático que ocupa accidentalmente territorio palestino". 

Añade el muy recomendable análisis de Foreign Affairs que "todo el territorio al oeste del río Jordán ha constituido durante mucho tiempo un solo Estado bajo el dominio israelí, donde la tierra y la gente están sujetas a regímenes legales radicalmente diferentes, y los palestinos son tratados permanentemente como una casta inferior. Los políticos y analistas que ignoren esta realidad de un solo Estado estarán condenados al fracaso y la irrelevancia, haciendo poco más que proporcionar una cortina de humo para el afianzamiento del statu quo".

Defienden estos analistas que "un acuerdo de un solo Estado no es una posibilidad futura; ya existe. Entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, un Estado controla la entrada y salida de personas y bienes, supervisa la seguridad y tiene la capacidad de imponer sus decisiones, leyes y políticas a millones de personas sin su consentimiento"; sin embargo, añaden, "obligada a elegir entre la identidad judía de Israel y la democracia liberal, Israel ha elegido la primera. Se ha encerrado en un sistema de supremacía judía, en el que los no judíos son estructuralmente discriminados o excluidos en un esquema escalonado: algunos no judíos tienen la mayoría, pero no todos, los derechos que tienen los judíos, mientras que la mayoría de los no judíos viven bajo severa segregación, separación y dominación".

Recuerda el artículo que la ley aprobada en 2018 define a Israel como “el Estado-nación del pueblo judío” y sostiene que “el ejercicio del derecho a la autodeterminación nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo judío”; no menciona la democracia o la igualdad para los ciudadanos no judíos.

Dejando aparte el análisis de Foreign Affairs, cabría concluir que en el último siglo la forma de afrontar el conflicto entre Israel y Palestina ha sido el de la estatalidad, así se propuso por la Naciones Unidas en 1947 y en Oslo en 1993, un Estado para cada comunidad, lógico porque así funciona la comunidad internacional y es el Estado el que otorga nacionalidad y derechos a los ciudadanos. Sin embargo, el enfoque podría estar cambiando.

Así lo apunta una ciudadanía palestina, israelí e internacional en transformación; una situación sobre el terreno que supone una anexión de hecho de toda la Palestina histórica, ya irreversible salvo nuevas limpiezas étnicas que no serían hoy admitidas por la comunidad internacional.

El movimiento de liberación de Palestina, en clave estatal, sería hoy mejor expresarlo como el movimiento de liberación de los palestinos, que será también el de todos los residentes independientemente de su confesión religiosa, orientación política o adscripción cultural, ciudadanos con los mismos derechos fundamentales, sociales y políticos de un único Estado multicultural y multirreligioso, como lo son casi todo; como el que ya existe sobre el terreno, pero realmente democrático para toda su población.

Las políticas de integración son una apuesta segura por la paz, la cohesión social, la convivencia y el fomento de los derechos humanos en una sociedad inclusiva que permite el desarrollo de sus potencialidades comunitarias e individuales. No se trata de una afirmación novedosa. Sin embargo, no por su obviedad deja de ser necesario enfatizar su importancia, sobre todo cuando estamos muy lejos de alcanzar el deseado equilibrio social con independencia del origen y nacionalidad de las personas.

El disfrute de los derechos humanos en plenitud no es una mera aspiración política o social, sino que se trata de una obligación jurídica que compete al Estado y a la sociedad en su conjunto. Los derechos humanos no son una vía o una herramienta para la paz; son la paz misma. Y la integración social con las personas migrantes es conditio sine qua non para ello. El 18 de diciembre, Día del Migrante, es indispensable insistir en que solo con estrategias, actitudes, comportamientos, prácticas y políticas dirigidas a la inclusión puede hacerse realidad esta proclama. No se trata de cargar a las personas migrantes con una obligación de inclusión, sino de propiciar un contexto multinivel que permita a la sociedad integrarse “con” dichas personas, construir un espacio común. La integración es un proceso bidireccional que no puede dejar a nadie indiferente.

La pandemia supuso un examen sorpresa para dichas estrategias, ya que, precisamente una emergencia sanitaria permite conocer en mayor profundidad qué efectos tienen las políticas de integración y dónde se hallan las principales lagunas y fallas del sistema. Dicho contexto ha mostrado claramente que queda mucho por hacer.

En efecto, el informe anual 2021 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes titulado “Nuevos desafíos y lecciones aprendidas en la pandemia de la Covid 19”, presentado recientemente, ha evidenciado que esta ha golpeado con más fuerza a estos colectivos, lo cual ha redundado en un retroceso en la dinámica de integración y en un incremento de la desigualdad, pobreza y exclusión social (su tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social es del 58%). Multitud de causas explican esta problemática: entre otras, una mayor exposición en sus puestos de trabajo, menos recursos para adoptar medidas preventivas, y condiciones de hacinamiento con motivo de la necesidad de compartir alojamiento. Asimismo, la pandemia ha visibilizado el aumento de personas migrantes que no pueden cubrir sus necesidades básicas debido, entre otros, a la temporalidad en sus empleos, la precariedad y la baja remuneración; la precariedad general en la que se hallan las personas migrantes en asentamientos informales e infraviviendas; y el limbo en el que se encuentran las personas en situación administrativa irregular y a las que se les deniega la solicitud de asilo, quienes carecen de autorización para acceder al mercado laboral.

Los momentos de crisis son también un test para calibrar la xenofobia y racismo de una sociedad. Por lo que respecta al empleo, como continúa el mencionado informe, a pesar de que ha sido la llegada de migrantes la que ha permitido aumentar la población activa, dichas personas tienen una menor tasa de actividad y de ocupación precisamente en los tramos de edad potencialmente más activos. Más allá de estas dos variables, en general hay una clara falta de integración laboral de las personas migrantes que se observa también en las condiciones de trabajo, en el desempleo y en los salarios. Además, cabe destacar que las mujeres extranjeras se enfrentan a obstáculos aún mayores en comparación con los hombres migrantes o con las mujeres españolas. Uno de los motivos principales que explican dichas dificultades está en las barreras para acceder a puestos de trabajo de calidad o de alta cualificación. Así, la temporalidad, la parcialidad, la desproporción de acuerdos verbales entre las personas migrantes, el subempleo, los altos índices de desempleo (el 25% de las personas desempleadas son extranjeras) y la brecha salarial son indicativo de la falta de inserción laboral que afecta sobremanera la integración social con estas personas. Todo ello, como avanzábamos, tiene un impacto negativo aún mayor en el caso de las mujeres extranjeras quienes, además, están empleadas en un sector como el del servicio doméstico en el que el 43% de las personas afiliadas en alta laboral son extranjeras y que ocupa al 16% del total de las mujeres migrantes (frente al 3% del total en el caso de mujeres españolas).

Ante esta situación, como muestra el informe FOESSA 2022, no es de extrañar que fueran precisamente estas personas a quienes más afectaron con motivo de la pandemia los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo o que los despidos fueran el doble que para la población española.

Si hay un tramo con mayor tasa de actividad entre las personas migrantes es el de los menores de 25 años, lo cual se explica por las elevadas tasas de abandono temprano de la escuela comparadas con la de las personas españolas. La educación es otro sector con claras divergencias entre dichos colectivos. Evitarlas o, cuanto menos, reducirlas es un desafío político y una necesidad social imperante. Circunstancias como el idioma o las dificultades económicas, tener menos redes de apoyo social y emocional, y el rechazo generan menores oportunidades en el acceso al sistema educativo y en las distintas etapas de enseñanza. Además, persiste una menor aceptación y valoración por parte del resto del alumnado y del profesorado que derivan en la tasa de abandono antes referida, una mayor tasa de repetición que en el caso de personas españolas, y un menor rendimiento y formación para quienes sí logran terminar el proceso. Si bien es cierto que se han logrado avances para abordar estos desajustes, se necesita un mayor esfuerzo permanente para que puedan desarrollar su actividad formativa en igualdad de condiciones.

Por otra parte, en el ámbito de la protección internacional, continúan los problemas para acceder al procedimiento y la posterior integración. Los sistemas de cita telemática para solicitar asilo y los requisitos documentales exigidos en ocasiones, entre los que se incluyen certificados de empadronamiento o documentos de identidad suponen un grave obstáculo para las personas que acuden a España en busca de refugio. La falta de cita impide que sean reconocidas como solicitantes y ello pone en peligro el principio de no devolución e imposibilita su acceso al sistema de acogida de protección internacional. Los problemas no terminan ahí, ya que una vez dentro del procedimiento persisten las deficiencias en la formalización de solicitudes con relación a la escasa formación de los servicios de interpretación o la ausencia de intérpretes que hablen el idioma de las personas solicitantes, en la renovación de la documentación, y con motivo de las demoras para resolver los expedientes. Asimismo, sigue habiendo oficinas de extranjería en las que se considera incompatible la solicitud de asilo y la de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo a pesar de la posición de la Secretaría de Estado de Migraciones que afirma taxativamente la posibilidad de compaginar ambas instancias. Por último, los recursos frente a las resoluciones denegatorias no tienen efecto suspensivo tal y como recomienda, entre otros, el Defensor del Pueblo, por lo que las personas que ven denegada su solicitud se hallan en irregularidad sobrevenida sin posibilidad de continuar trabajando y con la obligación de abandonar el sistema de acogida. Para mejorar esta situación es fundamental ampliar los cupos de cita para permitir el acceso al procedimiento a todas las personas necesitadas de protección, formar a los agentes intervinientes, incluidas las personas encargadas de la interpretación, y fomentar las vías seguras y regulares de entrada, para lo cual convendría permitir la formalización de solicitudes en embajadas y consulados españoles en el extranjero.

De igual manera, la trata de seres humanos continúa poco visible. La pandemia ha supuesto un verdadero reto para la identificación de víctimas debido a los confinamientos y a la suspensión y reducción de las inspecciones laborales. Además, existen problemas que deben ser abordados en este sentido, como los relativos a datos sistemáticos y unificados sobre todos los tipos de trata, cuya ausencia dificulta conocer la dimensión y el número de personas afectadas. Ojalá el Anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata haga frente a estas y otras cuestiones vinculadas a esta lacra.

En cuanto a niños, niñas y adolescentes no acompañados y los jóvenes ex tutelados, la reforma del Reglamento de Extranjería favorece su inclusión al introducir disposiciones que tienen como objetivo evitar la irregularidad sobrevenida de quienes alcanzaban la mayoría de edad y fomentar su acceso al mercado de trabajo. Sin embargo, no podemos obviar los graves problemas existentes en el procedimiento de determinación de la edad tantas veces denunciado por el Comité de Derechos del Niño por su escasa fiabilidad y por su vulneración de derechos humanos.

Mientras esperamos al II Plan de Derechos Humanos, conviene destacar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla actuaciones en diversos ámbitos esenciales para la integración social como son la vivienda, las competencias digitales, la acreditación y homologación de títulos, el acompañamiento y orientación personal y familiar en el ámbito educativo, las políticas de cuidados, y los itinerarios de inserción laboral.

La Unión Europea cuenta con el Plan de Acción sobre Integración e Inclusión 2021-2027. En él se caracteriza la integración como un derecho y como un deber, así como un reto tanto para las personas recién llegadas como para quienes han obtenido la nacionalidad de algún Estado miembro. Eso quiere decir que se contempla una estrategia de integración dirigida a la población migrante y a la ciudadanía de la Unión que tiene origen migrante. No obstante, y aquí nos topamos con un grave problema, a pesar de que se establezcan unos valores y principios inclusivos para todas las personas e incluso se emplee el lema “inclusión para todos”, se deja atrás por no ser destinatarios de esta estrategia a las personas en situación administrativa irregular. Difícilmente se establecerá “un marco sólido para reforzar y ampliar las políticas de integración e inclusión en toda la UE” que promueva la cohesión social y favorezca “sociedades inclusivas para todos” sin la participación de aquellas.

Igualmente, en el ámbito europeo conviene resaltar otra serie de políticas migratorias y de asilo que ponen en entredicho el compromiso comunitario por la plena integración e inclusión de las personas migrantes, incluidas las refugiadas. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que propone una reforma integral del Sistema Europeo Común de Asilo, supone un paso más hacia la externalización de derechos humanos en la frontera y en convertir la excepcionalidad (procedimiento en frontera con menos garantías y con el incremento de la detención migratoria) en la nueva normalidad. Junto a ello, la reciente propuesta de reglamento sobre “instrumentalización en el ámbito de la migración y el asilo” también ahonda en la reducción de garantías y limitación del derecho de asilo en la frontera exterior común. No se puede integrar a quien no se le permite pasar. Los retos para las políticas de integración e inclusión y el fomento de la cohesión y paz social serán mayores cuanto menores sean las vías de entrada seguras y regulares al territorio.

La integración con las personas migrantes es un pilar esencial en la construcción y mantenimiento de sociedades inclusivas. En su base se ubica el fomento de la igualdad de trato y en derechos y oportunidades. No obstante, este reto bidireccional no ha aprobado el examen de la emergencia sanitaria a pesar de las diversas estrategias diseñadas e implementadas.

Cuestiones como el empleo o la vivienda son obstáculos estructurales para el logro de los objetivos integradores de toda política inclusiva. Asimismo, la institucionalización de la inmigración como problema que es medido en barómetros de opinión tanto a nivel comunitario como estatal, unido a la politización de la movilidad humana perjudican un debate serio y sosegado sobre cualquier aspecto migratorio y de integración social. Los consensos, desgraciadamente, están lejos de ser alcanzados en este clima que da cobijo a discursos de odio contra el “otro”.

La falta de integración alimenta los miedos irracionales y las ilusiones de amenaza con respecto a las personas excluidas, quienes, a su vez, carecen de un sentimiento de pertenencia que les motive a participar en la vida común de la sociedad. Es un círculo vicioso que no hace sino alejar progresivamente a las personas y nutrir el identitarismo, la xenofobia y el racismo étnico y cultural. Ello deriva necesariamente en sociedades exclusivas y excluyentes, y en un serio peligro para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Por ello, debe invertirse en estrategias y políticas que incluyan la plena participación de la población migrante con programas para la orientación, apoyo, información y formación en el acceso y uso de recursos, y con políticas coordinadas entre las administraciones, instituciones y organismos que permitan fortalecer la ansiada paz social.

El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, en alusión a la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Más de 70 años después de la aprobación de este documento, el pleno reconocimiento y garantía de los Derechos Humanos sigue siendo una cuestión pendiente en muchas partes del mundo, en concreto, en las fronteras exteriores europeas.

Las fronteras, cargadas de simbolismo, permiten a la Europa fortaleza hacer explícitos sus límites, porosos en general, prácticamente inexistentes para mercancías y capitales, pero extremadamente visibles y violentos para las personas indeseadas. Esta respuesta invariable obedece, en buena medida, a un miedo construido frente a una amenaza inventada que alimenta el clasismo, la xenofobia y el racismo étnico y cultural en el empeño demostrar de esta forma una supuesta identidad única y homogénea común a los europeos.

No podemos olvidar que es precisamente ese temor el que justifica que en los lindes de la Unión Europea se vulneren derechos exceptuando la legalidad hasta límites imprevisibles y que se utilice la violencia como mecanismo preventivo. Esa voluntad de fortificación tiene también una función determinada: la escenificación del poder estatal y de una soberanía cada vez más debilitada, que tímidamente replica la Unión Europea. En efecto, la frontera se erige en buena medida como un espacio para un triste espectáculo mediático en el que se visibilizan imágenes que pretenden reafirmar la exclusión de un Estado con respecto a personas que no quiere dentro de sus fronteras. Ese rechazo encuentra apoyo en la deshumanización que genera el uso de metáforas relacionadas con catástrofes naturales o bélicas para caracterizar la movilidad humana. Es habitual el uso de sustantivos como "avalancha", "invasión", "marea", "tsunami" para magnificar, por ejemplo, los intentos de entrada de personas migrantes a través de la frontera sur española. Se normalizan así actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, que se presentan como admisibles en estas zonas de aparente suspensión momentánea del Estado de Derecho.

Aunque en ocasiones existan barreras físicas que atestiguan su existencia, las fronteras son, sobre todo, herramientas permeables que sirven al Estado para determinar la respuesta ante la alteridad. En la frontera sur española, también europea, las concertinas son un elemento defensivo, muy visual, de cuál es la respuesta para quienes intentan entrar. En las vallas, la violencia se ejerce contra el "otro", no contra el semejante, en un universo construido a medida por los Estados y que obvia una cuestión elemental que recoge el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Una muestra del carácter deshumanizante de la frontera la encontramos en el trato que reciben las personas en los confines de Ceuta y Melilla. Las actuaciones policiales de forma colectiva o individualizada, sin la existencia de un procedimiento, son una práctica común, denunciada de forma reiterada por distintos organismos y organizaciones por suponer una flagrante vulneración de derechos humanos en nuestro territorio.

Es indiferente el término que se emplee para catalogar este tipo de actuaciones. Se suele utilizar el nombre de "rechazos en frontera", "devoluciones o expulsiones en caliente" o "devoluciones sumarias". Cualquiera que sea la forma que se use para describirlas, nos encontramos ante una práctica no ajustada a Derecho por carecer de un procedimiento que garantice la tutela judicial efectiva de los intereses de las personas afectadas y por obviar, por ese motivo, las garantías y derechos que contienen las figuras existentes en nuestro ordenamiento para las personas extranjeras: la expulsión, la devolución o la denegación de entrada.

Estos instrumentos se desarrollan en la Ley de Extranjería y en su reglamento de desarrollo y conllevan el derecho a la tutela judicial efectiva mediante un procedimiento administrativo, el derecho a recurrir las decisiones derivadas de dichos procesos, el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el derecho a la asistencia de intérprete. La ausencia de procedimiento alguno y de identificación individual de personas migrantes es una vía de hecho que no solo vulnera todos ellos, sino que también implica la inobservancia de principios y obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos. Por ejemplo, se está negando la protección a menores no acompañados, a personas enfermas, a mujeres embarazadas o a víctimas de trata. Asimismo, se perturba gravemente el derecho de asilo y el principio de no devolución consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Una persona refugiada no puede ser devuelta a su país de origen (devolución directa), pero tampoco a un Estado en el que exista probabilidad de expulsión a aquel (devolución indirecta). Esta garantía fundamental se extiende también a personas que no reúnen los requisitos para su consideración como refugiadas, pero que pueden sufrir tratos o penas inhumanas o degradantes en su país de origen o en el Estado al que se les expulsa en caso de devolución indirecta, tal y como se determina en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y también en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Precisamente el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de ese último tratado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se pronunció a favor del Estado español en un caso de expulsiones colectivas y sumarias. Entendió que no están prohibidas siempre que las personas migrantes tengan acceso a lugares para solicitar protección internacional y esas mismas personas decidan acudir en grupo para saltar la valla, vinculando su conducta "culpable" con la ausencia de garantías y de derechos. De forma sorpresiva, para el tribunal si eres culpable no puedes beneficiarte del Derecho. Una tesis extremadamente peligrosa y contraria a toda razón o principio jurídico.

Meses después tuvo ocasión de pronunciarse al respecto el Tribunal Constitucional con motivo de un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretendió dar cobertura legal a las "devoluciones en caliente". Lo hizo mediante la inclusión de una disposición adicional décima en la Ley de Extranjería para explicitar un "régimen especial de Ceuta y Melilla" contrario al propio ordenamiento jurídico y a la normativa internacional y que choca también, en su literalidad, con la realidad material que buscaba amparar, ya que, en ningún caso pueden encajar las actuaciones en la frontera con lo dispuesto normativamente. En su sentencia no las declara inconstitucionales, pero tampoco las avala, sino que las condiciona a una serie de requisitos que las convierte en algo completamente distinto a la práctica. De hecho, es imposible conciliar los condicionantes (aplicación a entradas individualizadas, pleno control judicial y cumplimiento de las obligaciones internacionales) con la falta de un proceso reglado. Así descritos, los requisitos se asemejan más a los contenidos en un procedimiento como los ya existentes en el catálogo de la normativa de extranjería. Solo mediante un procedimiento que vele por la tutela judicial efectiva del interesado se podrá generar un "pleno" control judicial. Cualquier actuación sumaria o vía de hecho en frontera queda automáticamente excluida como práctica acorde a la Constitución, pero se sigue llevando a cabo.

La Ley de Seguridad Ciudadana motivó una serie de recomendaciones del Defensor del Pueblo ante su preocupación por el intento de validación normativa de las actuaciones en frontera. Debido a la violencia sufrida y mediatizada de personas en la valla de Melilla en junio de 2022, ha vuelto a incidir en la problemática asociada a los "rechazos en frontera". En general, de modo acertado el Defensor solicita una gobernanza de fronteras en las que se aplique un enfoque de derechos humanos. En concreto, ha requerido urgentemente el desarrollo de la disposición adicional décima antes referida para que se cree un procedimiento específico conforme al mandato del Tribunal Constitucional, y ha pedido que se establezcan mecanismos efectivos de identificación de personas en situación de vulnerabilidad (menores de edad o posibles víctimas de trata) además de que se informe debidamente a las personas sobre su derecho de asilo.

La Unión Europea no es una mera espectadora de este espectáculo esperpéntico, sino que colidera junto al Estado español el reparto actoral en escena. La devolución ilegal de personas en forma de "devolución sumaria" en la frontera hispano-marroquí es una práctica que se ha extendido a otros lugares que son también el límite que marca la frontera común externa de la Unión. En Hungría, por ejemplo, pero sobre todo en las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia con Bielorrusia se ha dado un paso más allá en la derogación de derechos humanos, incluido el de asilo. El aumento de llegadas de migrantes desde la frontera bielorrusa fomentado por el propio Gobierno de Bielorrusia (como respuesta a las sanciones impuestas por la UE por el fraude electoral de agosto de 2020) fue respondido desde el lado comunitario con la declaración de estados de emergencia en los Estados miembros colindantes, con la militarización y ejercicio de violencia en la frontera y con la sistematización de la detención migratoria y de expulsiones sumarias contraviniendo flagrantemente la normativa comunitaria e internacional.

El Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea categorizaron los hechos como un "ataque híbrido" por parte de Bielorrusia como si de un conflicto bélico se tratara en el que el arma eran personas extranjeras en los países protagonistas. Lejos de condenar estas actuaciones, la UE justificó dichas medidas y rápidamente se lanzó a proponer un reglamento sobre "instrumentalización de migrantes" que permitiría la derogación de derechos humanos en casos en los que un tercer Estado pretenda emplear la inmigración como un ataque hacia la UE. La propuesta incluye, entre otras, la reducción de lugares en la frontera en los que las personas pueden solicitar protección internacional e incluso limitar sus horarios de apertura. Se crea así un nuevo derecho de asilo en horario laboral. Asimismo, y al amparo de la cuestionable definición de "instrumentalización" que se está debatiendo y que hace referencia al "fomento" o "facilitación activa" de desplazamiento de personas por parte de un tercer Estado hacia Estados miembros de la UE con la intención de "desestabilizar" y que ponga "en peligro funciones esenciales del Estado, incluida su integridad territorial, el mantenimiento del orden público o la salvaguardia de su seguridad nacional", se está dando carta blanca, debido a la ambigüedad y amplitud de dichos términos, para reducir, limitar e invalidar derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE de forma sistemática. Además, con la idea de que las personas migrantes son un arma, se alimenta la imagen de peligro que genera un miedo ante el cual se debe responder violentamente.

La Unión Europea también ha impuesto medidas restrictivas a Bielorrusia a raíz de su implicación en la invasión militar de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, que revierten igualmente en ese blindaje fronterizo.

En general, desde la política europea no se reprocha este tipo de actuaciones defensivas en sus límites exteriores, es como si esas personas fueran, en terminología de Bauman, “desechables” en la frontera. Por eso, hoy, como cada día, es imprescindible seguir insistiendo en la garantía de los derechos humanos también en la frontera; y combatir aquellos argumentos que esgrimen quienes consideran que tales derechos no han de ser universales, quizás porque piensan que nunca serán maltratados en una frontera, pero no es así, basta observar el devenir de la historia.

Recuerda Joseph Henrich en Las personas más raras del mundo (Capitán Swing, 2022) que muchos antropólogos constataron pronto cómo las poblaciones agrícolas más aisladas tienden a percibir el mundo con una mentalidad de suma cero. Es decir, si a un individuo le va bien u obtiene algo se presume que lo hace a costa de otro, lo que lleva a la envidia, a la rabia y a una fuerte presión por la redistribución. Haber sabido expresar la rabia física que crece en el interior del estómago al distinguir la sonrisa de aquel al que culpamos directamente de nuestro dolor (como indicador de esa economía de ganancia cero anticipada también por el ilustrado escocés David Hume) y enlazarlo con una xenofobia «natural» es el primer mérito del excelente guion de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen para As bestas (Sorogoyen, 2022), un clásico instantáneo (como suele decirse) o, al menos, una de las mejores películas del cine español en mucho tiempo.

No es este espacio para un análisis de las bondades artísticas o cinematográficas del último film del director de El reino y en lo que sigue solo quería invitarles a pensar la película de acuerdo con algunos conceptos básicos caros a una publicación reflexiva como Al revés y al derecho: el conflicto, la violencia, la justicia y la cultura.

Empezaremos con una obviedad:

Conflicto: Lo crudo y lo cocido, el salvaje y el culto o El hombre que mató a Liberty Valance pero sin John Wayne

Frente a una opinión tan difusa como extendida, el conflicto no es algo negativo sino algo consustancial a la naturaleza intrínsecamente normativa del hombre. No hay ser humano sin norma grupal o social (el zoon politikon de Aristóteles) y todo grupo humano evoluciona a través de conflictos (dialécticamente, si se quiere así). Es normal que el trabajador quiera ganar más y trabajar menos horas y que el empresario desee lo contrario, lo mismo ocurre con el deseo de libertad del joven y la necesidad de regular los horarios en la convivencia familiar, lo mismo debería ocurrir con la lucha de clases si aún se pudiera hablar de ella (justamente hoy cuando la diferencia social y no solo la pobreza material es un problema de primera magnitud). El derecho mismo debe favorecer y no solo permitir, promocionar y no solo soportar el conflicto, al mismo tiempo que establece los cauces para su resolución racional y si es posible (nótese que no siempre lo es) su resolución enteramente pacífica (si no fuera por todo un aparato de coacción física pocos seres humanos entrarían voluntariamente a prisión).

Hay algo constructivo en la percepción histórica del conflicto (algo acumulativo en un sentido cultural más allá de la evolución del derecho procesal –Foucault–), pero, y hete ahí el segundo mérito del guion de Peña y Sorogoyen para As bestas, también es posible que sea propio de nuestra especie abismarse ante conflictos perfectamente irresolubles en el sentido no solo de que no resulte viable un resultado materialmente justo (el contenido de la solución) sino en el de que tampoco sea posible el acuerdo en la elección relativa a los cauces de su resolución. En As bestas, un caso real (conveniente, legítima y simbólicamente modificado por los guionistas) se convierte en un perfecto dilema más cerca de la tragedia clásica que de lo que en filosofía se trabaja habitualmente como «casos de laboratorio». ¿A quién le asiste la razón: al bruto de Xan (a los hermanos Anta), que quiere vender su tierra para conducir un taxi en Orense y poder salir de un pueblo vaciado casi terminal, o al idealista Antoine con su sensibilidad ecológica, su aprecio por la naturaleza, su pareja civilizadora y su desbarre trascendental (cree que ha sido llamado a ocupar ese lugar)?

Lo interesante de la historia de As bestas en este punto es que el conflicto sobre el fondo (la venta de terrenos rurales a una oportuna empresa de energía eólica) es inseparable del conflicto entre la civilización y lo salvaje (Galicia es el «oeste» de España igual que el Far West fue el espacio del western al oeste Filadelfia o de la colonia europea fundacional). De ahí que si nos detenemos en la comunicación típica de las dos parejas protagonistas, una está unida por un vínculo de sangre (los hermanos) y otra (el matrimonio) por una voluntad contractual (formalizada por el derecho civil). De ahí también que entre el habitante originario, el nativo, el indígena gallego y el colono occidental, el agricultor francés, medie no solo un distinto interés y una muy distinta sensibilidad en relación con las virtudes comunicativas del diálogo (el diálogo sincero y visceral se producirá cuando es demasiado tarde), sino un abismo relativo a la prioridad de la fuerza bruta y la razón.

La fuerza (en un sentido metafórico) oscila, pero la violencia siempre está ahí, dispuesta a estallar: la oferta por la compra de la tierra es tan casual como caprichosa (el comprador podría recurrir a cualquier otro pueblo según los presupuestos del capitalismo deslocalizado más avanzado). La oferta parece una casilla del juego Monopolio, más cercana a la Fortuna, al Kairós o a la «Ocasión» griega (la que pintan, o mejor, esculpen –Fidias– calva porque solo se tiene pelo de frente) que a la flecha del progreso lineal, ¿no consistía, por cierto, el remedio de Maquiavelo, frente a la Fortuna (un principio femenino cargado de veleidad para variar) hacer uso de lo masculino: la violencia y la fuerza? Es probable que las escenas como las del aumento de la violencia verbal en la taberna (en el «salón») o la de la compra de ganado en la feria local (ambas sin juez, árbitro o tercero) remitan al género del western precisamente como espacio sin ley: a falta de un tercero que actúe imparcialmente, el conflicto se dirime siempre a través de una idea amplia de violencia no estrictamente equivalente a la fuerza física o verbal, como recordaba Žižek en su estudio sobre los formatos de la intimidación.

En ese sentido (en lo que tiene de historia en el intersticio entre la ley del rifle y lo legal), As bestas no está más cerca de Perros de paja (Peckimpah, 1971) que de El hombre que mató a Liberty Valance (Ford, 1962). De hecho uno estaría tentado a decir que en el conflicto de fondo entre el exceso de lo físico y el exceso de lo espiritual, As bestas es un El hombre que mató (mejor, que disparó en el título original) a Liberty Valance… pero sin John Wayne.

Otro fino apunte de As bestas que nos interesa en este blog tiene que ver no solo con los lindes de los espacios de legalidad sino con los límites reales del monopolista de la violencia (las fuerzas del Estado). El monopolio de la violencia física legítima con el que el sociólogo Max Weber caracterizó al Estado moderno ha sido también un objeto de disección psicológica de Sorogoyen (El reino con sus peculiares fuerzas del orden de partido, Antidisturbios y los oscuros móviles psicológicos de los policías). Con sus infantiles arrebatos de orgullo, con sus limitaciones humanas, habrá quien retenga la evidencia de que ese orden –la guardia civil en la película– haría bien (como ocurrió hace décadas con la técnica de la medicina) en poner el acento en la prevención. Si es cierto que hay progreso en tal institución, la frase muy televisiva «no podemos actuar hasta que suceda algo» será vista con cierto estupor civilizatorio. En todo caso, esa inoperancia del tercero, esa ausencia de arbitrio (o mediador civil, dicho sea de paso) opera justamente como la condición de posibilidad del antagonismo trágico-simbólico:

Fan (un Luis Zahera magistral) es un ser incompleto, un humano no enteramente civilizado (son muy gráficas sus onomatopeyas animalescas, los veloces cambios de ritmo al desplazarse y la forma oblicua de mirar como suelen hacer los depredadores al aproximarse a las presas). No está civilizado y escojo el término francés «civilisation» (frente a la alemana Kultur) no solo por la carga simbólica de lo «francés» en el otro polo del conflicto (carga simbólica especialmente en un país, España, cuya identidad se quiso construir a la contra, justamente como resistencia al «afrancesamiento», en particular, a la Ilustración), sino por la forma en que ese proceso de civilización en la forma clásica descrita por Norbert Elias (El proceso de civilización, 1936) consiste precisamente en la contención (es significativa la incontinencia verbal de Zahera señalada por los compañeros de chamelo nada más comenzar el film), en la inhibición, en la imitación de pautas, ralentizaciones y silencios irradiada desde modelos cortesanos, en las reglas que reprimen, en los frenos –muchos de ellos estéticos y no morales– que detienen el ejercicio particular de la violencia. La sensación de incontinencia de Zahera, como si el odio no pudiera interrumpirse en las entrañas, queda en las antípodas culturales del modelo civilizado del discípulo de Karl Mannheim de acuerdo con una forma de entender el poder de la imagen (lo que en nuestro proyecto educativo llamamos norma en la imagen) que empieza en Erwin Panofsky y acaba en Richard Sennet.

Pero, a su vez, el personaje de «el francés» (también inconmensurable Denis Ménochet, quien nos había aterrorizado con su violencia gradual en Custodia compartida (Xavier Legrand, 2017) tampoco es un ser completo. Carece de la habilidad animal imprescindible para sobrevivir en un entorno no weberiano, de ahí la obsesión por el registro visual (la cámara portada como un revolver), la defensa inútil de la razón, como si la razón fuera más extensa, más amplia que la cultura, o como si la cultura acaparara más tierra que la vida.

Todas las grandes historias son un cúmulo de acierto sobre acierto (y no solo un acierto aislado), por ello la cámara en el bolsillo de Antoine en As bestas no solo es el registro de un registro, la prueba de la verdad en la ficción sino un complemento de un biopoder fútil, una prótesis insubstancial en la forma ya no de mirar, sino de hacer ver (de iluminar, de ilustrar por seguir con la imagen cultural): una mirada, la de «el francés», dulce pero también desvalida. La fuerza del personaje de Ménochet se antoja pronto una fuerza cercenada, por decirlo con Nietzsche: sabe mirar con un ojo pero le falta el ojo de odiar. Sabe defenderse pero no sabe atacar, la escena clave, aquella en la que el propio espectador demanda el uso de una violencia no defensiva, es precisamente la de la emboscada nocturna (los ecos de los Animales nocturnos de Tom Ford) cuando los hermanos golpean los cristales del coche del matrimonio y luego regresan de espaldas al suyo: ese era el momento de atacar. Pero el hombre cultivado es un hombre parcial y fragmentario, tiene atrofiada la animalidad, su animalidad anquilosada lo acerca paradójicamente más a los seres de Herzog cuya mirada inocente era justo la puerta de acceso a la imagen sorprendente de la naturaleza. Ni siquiera su perro le hace caso a Antoine, y esa criatura no domeñada es solo un epítome de la pérdida del control, de ahí los patéticos, injustos, desorbitados y políticamente incorrectos exabruptos contra el hermano con el daño mental: («tarado de mierda») con los que, finalmente y pese a todo, es el hombre civilizado el que pierde la razón.

La cultura corrige la naturaleza (la xenofobia natural de la que hablábamos al comenzar expresa el temor atávico de que el que viene de fuera se queda una parte de «lo nuestro») al punto de ser consciente de que nada es deducible de lo natural (¿la tierra es de aquel que nace en ella o del que la trabaja –el lema zapatista–?) ¿Y qué amortigua la violencia?: un proceso de civilización pero también un tipo de amor. De ahí la importancia de la segunda parte del filme (la parte de las mujeres y de la steadicam): la escena de la discusión de la cocina entre la madre y la hija es fundamental desde nuestra perspectiva porque refleja de qué manera tan disolvente actúa el amor (aquí materno filial) cuando las palabras son el obstáculo, cuando no hace falta expresar verbalmente sentimientos como el profundo arrepentimiento para reconducir una relación en la que el criterio dominante, por decirlo con Walzer, o el código propio (Luhman) no tiene que ver con la razón.

Si fuera posible esquematizar las cosas hasta ese punto, podríamos decir que en Francia la cultura hace la patria (el acento recae en lo acumulativo como lo construido) y que en España, tradicionalmente, la patria hace cultura (el acento recae en lo dado como tradición) y que esa oposición adquiere en la primera parte de la película una marcada importancia no solo simbólica. El matrimonio y el lazo de sangre (los hermanos Anta), el improbable espíritu (hoy) de un Jeremiah Johnson, el baño de realidad frente a la idealización del campo (un mal estilema de la -ya no tan nueva- literatura de lo rural), el conflicto de clases como inferioridad cultural o la debilidad de las teorías del contrato social y el improbable tránsito a la sociedad del estado de naturaleza planean con un raro acierto en toda la historia de As bestas.

Por otro lado, desde una cierta perspectiva de la justicia social, el personaje de Zahera guarda una clara relación con los rednecks de Jim Goad, los blancos del sur de Estados Unidos, caricaturizados como paletos racistas cargados de escopetas, seres brutos sin libros por la casa, ciegos de prejuicios raciales, malos ciudadanos homófobos casados con sus primas (de nuevo Henrich), humanoides de escasa educación, la sal de la tierra no hace mucho. ¿No era esta por cierto la clase social a emancipar cuando la izquierda se preocupaba más de la redistribución de la riqueza que de la celebración de la identidad?

El Manifiesto Redneck de Goad comenzaba con un estado de ánimo próximo al personaje de Xan: «Mi odio tiene la dureza del diamante […] es el aire que respiro, impregna cada célula de mi cuerpo […] y es mil veces más poderoso que todas vuestras buenas intenciones». Como al redneck de Estados Unidos, grupo social olvidado, pobres de manual (económica y espiritualmente), la sensibilidad ecológica le parece a Xan una broma de mal gusto, o por volver a la suma cero de Henrich, un chiste a su costa.

Antoine, por su parte, no puede entender por qué un hombre de su misma edad prefiera emitir CO2 por la ciudad que ver el cielo estrellado sobre su nariz. Y la imagen es intencionada: Cuando Kant escribe en «Qué es la Ilustración» aquello de que la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, está hablando justamente (e injustamente) como Antoine. En 1784 la mayor parte de la población europea pobre, incluso la de Königsberg, apenas sabía leer ni escribir. ¿No parecían aconsejar mayor prudencia las marcadas limitaciones en el acceso a la información a la hora de señalar con el dedo filosófico a quién le correspondía exactamente la responsabilidad por esa incapacidad de atreverse a pensar por uno mismo? ¿Tiene culpa el redneck de Xan por no haberse sabido cultivar? Es posible que no, pero en todo caso sí parece perfectamente responsable de saber acosar, de saber insultar, de saber matar (al igual que el hermano, han desarrollado y cultivado unas habilidades y no otras –es notable la pericia del hermano en vacilar al volante al desamparado de Antoine).

Vuelvo, por última vez, al extenso ensayo de Joseph Henrich sobre el WEIRD: Antoine es un epítome de una condición rara por inusual en el planeta. Resultado de una peculiar coevolución, beneficiado (en términos civilizatorios) de los cambios sociales y psicológicos a que llevó el desmoronamiento del parentesco intensivo y que abrieron tanto la puerta al crecimiento urbanístico, a la ampliación de los mercados impersonales y las asociaciones voluntarias en competencia (ciudades con privilegio, gremios y universidades) como al desarrollo evolutivo de la prosocialidad impersonal. Todo ello al tiempo que incentivaron atributos personales (de nuevo los reflejados por Antoine) como la paciencia, la mentalidad de suma positiva, la puntualidad o el autocontrol.

Ahora que solo se habla de cultura sin un sentido claro de cultura («cultura de la violación», «cultura del botellón» en so on), ahora que se habla de cultura porque no significa nada (hasta los taurinos, qué ironía, han detectado la inflación espuria de lo cultural), algunos lamentamos la ausencia de una distinción básica (cultura como tradición como rapa das bestas, como la tauromaquia, como la mutilación genital femenina o como la esclavitud, y cultura como formación en la que lo cultural es, respectivamente, el derecho del animal, el reconocimiento de dignidad, la igualdad del hombre o de la mujer y la libertad imparable en medio mundo).

Qué lejos, por cierto, quedan los puntos de partida de la sociología (tan cercana al derecho y a la política) de hace más de un siglo, pienso en T. H. Marshall (Ciudadanía y clase social) cuando reformulaba la vieja cuestión del otro Marshall (Alfred): ¿será posible convertir a todos los hombres —al menos por su ocupación— en «caballeros» a través del progreso económico y social? Una cuestión que desde luego ya no alude a la España vaciada. Y otra pregunta, ¿se dará España un día una ley que clarifique qué es lo cultural?