España arde, el aire de España se contamina por los incendios. Queman el monte y cambian el aire de las ciudades y pueblos. No es un humo cualquiera que en poco tiempo desaparece en el aire; es persistente en sus efectos y duración. Emponzoña mucho, de forma muy diferente a como lo hacen las gasolinas y sus similares. La mala calidad del aire de estas últimas forma ya parte de nuestras vidas; además, lo que no se ve y apenas huele se sumerge en el amplio mundo de la desatención y del olvido. En cierta manera, vivimos muriendo cada día un poco.

Siempre que quiero informarme, asesorarme sobre temas de calidad del aire urbano y salud, acudo a dos sensatas y sólidas fuentes de información: el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el ISGlobal de Barcelona. En esta ocasión, busco si se parecen los humos de los incendios a la contaminación “normal” del aire. En un artículo publicado por el segundo centro de investigación me encuentro con una primera diferencia notable: la contaminación del aire por los incendios viaja impulsada por los fuertes vientos y calores a cientos de kilómetros. Seguramente todos estaremos enterados de que durante los recientes incendios las autoridades sanitarias habían rogado encarecidamente el confinamiento en algunas poblaciones cercanas. Eran taxativos: su salud depende de la calidad del aire que respire, con una persistencia de riesgos asociados que no se terminan enseguida.

Abundemos en esta cuestión. En el reciente incendio Toledo-Ávila- Madrid los vientos habían llevado la contaminación, habían empeorado gravemente la calidad del aire, hasta la capital del Estado. Avisa el ISGlobal: “El humo de los incendios forestales no es simplemente "polvo" u hollín. Es una mezcla compleja y cambiante de gases y partículas finas (PM₂.₅), monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Su mezcla exacta depende del tipo de vegetación que arde y de las condiciones de combustión”. De hecho, en estos incendios tan graves los niveles de partículas finas pueden superar los máximos permitidos y exponer a grandes grupos de población, algunos millones en este caso, a niveles peligrosos de contaminación.

El ISGlobal no habla de oídas. Ha liderado, con la participación de otros centros de investigación europeos, el proyecto CATALYPSE entre 2004 y 2022. Las conclusiones del trabajo se publicaron en The Lancet Planetary Health en agosto del año pasado. Entre sus conclusiones más importantes y relacionadas con la vida diaria, citamos casi textualmente: la exposición a corto plazo al humo de los incendios forestales causó una media de 535 muertes al año en Europa. Advierte que considerar las partículas PM₂.₅ procedentes del humo como equivalentes a las de otras fuentes, como el tráfico, conduciría a infravalorar significativamente su impacto sobre la mortalidad. Además, insiste una vez más en que “los efectos más inmediatos se observan en los sistemas respiratorio y cardiovascular”. Niños y niñas, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades previas constituyen los grupos más vulnerables, registrándose un aumento de las visitas a los servicios de urgencias durante los episodios de humo.

Por si se habían olvidado a las muchas personas que en Madrid parece que no tomaron medidas precautorias, a la vista de la ocupación de terrazas en los bares, repetimos las medidas que el Ministerio de Sanidad recomendaba, entre otras, para estos sucesos: permanecer en espacios interiores, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de aire contaminado; utilizar una mascarilla FFP2 o N95 si es necesario salir al exterior; mantener una buena hidratación bebiendo agua con frecuencia y evitando el consumo de alcohol o bebidas con cafeína; seguir los avisos oficiales sobre la calidad del aire y las recomendaciones de las autoridades de salud pública.

El Ayuntamiento de Madrid añadía otros más: no realizar actividades deportivas al aire libre; mantenerse informados permanentemente; acudir a los centros sanitarios en caso de alteraciones respiratorias.

Conocer el porcentaje de personas que siguieron estas recomendaciones daría una imagen de cultura del riesgo social, también de credibilidad en las instituciones. Recordemos que la salud también es una construcción particular y no solamente sanitaria.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Solemos pensar que, al contar lo que ocurre en el mundo, lo que hacemos es simplemente presentar los hechos, de manera similar a lo que se hace cuando se cartografía una cierta zona geográfica. Del mismo modo que un mapa representa fielmente los recovecos de un determinado lugar en el mundo, una noticia, podríamos pensar, representa fielmente unos hechos determinados. Ni los mapas ni las noticias, sin embargo, funcionan de esa forma.

El 30 de julio de 2026, aproximadamente 72.000 personas entraron de manera descontrolada en Ceuta desde Marruecos, a nado y a pie. Durante las siguientes 36 horas, casi 70.000 regresaron a Marruecos. Más de 80 personas perdieron la vida.

Lo que ocurre en el mundo, como lo que ocurrió en Ceuta, puede narrarse de diferentes maneras, y el modo en el que narramos lo que ocurre cuenta una historia. Uno de los rasgos que exhiben las narrativas, las historias, es que conectan los acontecimientos de una manera particular. Las historias, las narraciones, organizan la información de una determinada manera y no de otra, conectando ciertos hechos con unos eventos y no con otros, dotándolos así de un sentido particular. Explican los cómos y los porqués de lo que ocurre.

Piensa en el clásico pasatiempo en el que tienes que unir con una línea puntos numerados en un papel. Si lo haces de forma consecutiva, 1, 2, 3, acaban formando un elefante, un jarrón. Si te saltas algunos puntos, la imagen aparece deformada; si vuelves a numerar los puntos, los mismos puntos, puede que obtengas una figura completamente diferente. Determinar las coordenadas de cada punto, los hechos, con precisión es crucial, pero en el momento en el que olvidamos que estamos juzgando, engarzando puntos lápiz en mano para construir una historia, estamos ya en manos de otros.

Un aspecto crucial de una organización narrativa es que establece jerarquías: dos narrativas pueden contar exactamente los mismos hechos y, sin embargo, hacer que unos tengan más relevancia que otros. Algunos hechos están, digamos, en primer plano, mientras que otros están más en el trasfondo. Además, las narrativas ofrecen un marco interpretativo, una manera particular de mirar a los hechos. No solo dirigen nuestra atención a unas cuestiones en vez de a otras, sino que además las presentan bajo una determinada mirada.

Las narrativas son herramientas muy poderosas para persuadir porque permiten, entre otras cosas, presentar una historia como si fuera la única representación fiel de ciertos hechos acontecidos en el mundo. Así promueven, de forma más o menos velada, una determinada manera de mirar, una ideología. No podemos dejar de mirar desde algún sitio, pero hay narrativas que nos permiten imaginar que ese sitio ha desaparecido, que flotamos con millones de ojos sobre los hechos para mirar desde ninguna parte.

Es imposible tener en cuenta absolutamente todo lo que tiene que ver con un determinado acontecimiento cuando lo contamos. La cuestión es cuáles son los hechos relevantes y cómo se conectan unos con otros. Los acontecimientos pueden narrarse de muchas maneras, sí, pero esto no equivale a decir que todo vale. Hay narrativas que incluyen hechos falsos, o que conectan hechos reales de forma poco cuidadosa. Hay quienes ven causalidad donde solo hay coincidencia, o que presentan como premeditados sucesos que ocurrieron de manera fortuita. Que nuestra capacidad de dar sentido a lo que ocurre esté ligada a las historias que construimos no excluye que haya narrativas mejores que otras.

Una historia repetida sobre la crisis de Ceuta del 30 de julio de 2026 conecta los acontecimientos que ocurrieron con la sentencia del Tribunal Supremo español, la regularización extraordinaria de personas migrantes en España, las mafias que trafican con seres humanos y la visita de Pedro Sánchez a Argelia. Esta historia, estructurada de una cierta manera, pone el foco de atención en las actuaciones y omisiones del Gobierno de España. Esta, o una similar que comparte plantilla con ella, es la historia que hay detrás de la solicitud de Italia y Finlandia de expulsar a España del espacio Schengen, y de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo de que Pedro Sánchez conocía la amenaza migratoria sobre Ceuta desde principios de semana y “nada hizo” por evitar la “invasión”.

Pero esta historia, por mucho que se repita, no se siente como mirar desde ningún sitio, como mirar los hechos, flotando, con millones de ojos. Hay algo aquí que nos ata a un punto de vista muy particular. De manera relativamente clara, esta narrativa oculta el carácter estratégico de la crisis en Ceuta. Los hechos que menciona se presentan bajo una determinada luz; otros no se mencionan lo suficiente. La línea de puntos está unida a saltos. El jarrón está deformado. Se hace patente que estamos ante los puntos engarzados por otros; que estamos en sus manos.

Según el barómetro de julio de 2026 del CIS, la ciudadanía española señala la inmigración como el segundo problema principal del país, solo por detrás de la vivienda. Ni la corrupción política ni los problemas de índole económica aparecen por encima. En el mismo barómetro, el PSOE aparece por delante del resto de partidos en intención de voto y simpatía, agrandando la ventaja que tenía sobre el PP hacía un mes. La estrategia de la oposición, sugieren estos datos, estaba empezando a perder fuerza. Los descomunales incendios que han asolado España durante el verano, ligados en la prensa a las medidas negacionistas del PP y Vox, junto con los escándalos del ático de Ayuso, estaban haciendo mella.

Pero hay más. Alguien que vota a Vox tiene 4,4 veces más probabilidades de mencionar la inmigración como uno de los tres problemas más importantes para el país que alguien que vota al PSOE. Cuando se pregunta por los problemas que les afectan personalmente, la diferencia es todavía mayor: la probabilidad entre quienes votan a Vox es 7,5 veces mayor. Con respecto a Sumar, las diferencias son incluso mayores.

Algo parecido ocurre cuando miramos dónde se sitúan ideológicamente quienes mencionan la inmigración como problema nacional: el 21,7% se dicen de izquierda, el 33,5% de centro y el 44,7% de derecha. Como problema personal, la diferencia es todavía más pronunciada: 20,6% de izquierda, 27,6% de centro y 51,8% de derecha.

Pero en el centro del tablero político, especialmente, ocurre algo interesante: hay un salto importante entre lo nacional y lo personal. Hay bastante más gente que ve la inmigración como un problema nacional que como un problema personal. Por cada persona del centro que la menciona como problema propio hay 2,6 que la mencionan como problema del país. Ese desajuste puede verse como un incentivo para las campañas de información. El objetivo es atraerse a esta parte de la opinión pública, hacer que empiecen a ver también ellos la inmigración como un problema personal.

Con estos datos a la vista, un nuevo mapa parece ir adquiriendo su forma. Una “crisis migratoria” permitiría reforzar las posiciones con respecto a la inmigración de PP y Vox y les permitiría reducir la ventaja que el PSOE parece sacarles. Además, encajaría bien con cuestiones de relevancia internacional. El 26 de julio, cuatro días antes de la crisis de Ceuta, Marruecos rebautizó una de sus autopistas, una que conecta al país con el Sahara Occidental, con el nombre de “Donald Trump”. La noticia fue anticipada por el propio Trump en su red social al agradecer a Mohammed VI tal acto. Trump estaba al tanto. Había estado recientemente en contacto con Marruecos.

La antipatía de Trump por Pedro Sánchez no es un secreto, al igual que tampoco lo es su preferencia por Vox, el PP y las formaciones de ultraderecha que utilizan, como él, la inmigración como caballo de batalla. Sería muy conveniente que Marruecos, solo o en compañía de otros, generara o permitiera una “crisis migratoria” en Ceuta.

Diversos testimonios de personas que cruzaron la frontera el 30 de julio afirman que los puestos de control habituales en Marruecos habían sido eliminados y que autoridades del Gobierno marroquí alentaban a la población a cruzar. Por las redes sociales en Marruecos circulaba la información de que se podía acceder a España sin restricciones, que las fronteras estaban abiertas. Una información que, después de todo, no parecía ser completamente falsa.

El 30 de julio, en medio del caos, una ola de racismo y de odio hacia el PSOE y Pedro Sánchez empezó a surgir a través de las redes sociales. Las noticias sobre el escándalo del ático de Ayuso se apagaron. Los incendios pasaron a un segundo plano remoto. Israel aplaude la crisis en Ceuta. Trump saca pecho y advierte de que Ceuta es el futuro de EEUU si los demócratas ganan las elecciones. EEUU eleva a nivel 3 el peligro que atribuye a viajar a Ceuta. Alvise Pérez y un séquito de extrema derecha visitan la ciudad. La ultraderecha se relame, impaciente por sacar tajada de una historia repetida.

Una historia con plantilla, una que ya conocemos. Una que se presenta como mirando desde ningún sitio pero que mira desde un sitio muy concreto. Una que une los puntos para alimentar el racismo y el apoyo al extremismo.

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Manuel Almagro Holgado es profesor ayudante doctor en la Universitat de València y ceutí de nacimiento. Neftalí Villanueva Fernández es profesor titular en la Universidad de Granada. Su investigación se centra en la polarización política y la dimensión social y política del lenguaje, entre otras cuestiones.

La política democrática no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en administrar con prudencia el dinero que pertenece a todos y a todas, someterse a controles, explicar las decisiones y actuar con ejemplaridad, especialmente cuando se gestionan millones de euros procedentes de los ciudadanos.

Por eso, la compra de un ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos número 35 por Planifica Madrid, sociedad mercantil íntegramente pública adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, no puede despacharse como una operación inmobiliaria ordinaria.

No lo es.

Estamos ante la adquisición, formalizada el 14 de abril de 2026, de una vivienda residencial de aproximadamente 485 metros cuadrados —cerca de 200 de terraza— cuyo precio es de seis millones trescientos mil euros. Tres meses y medio después, el 30 de julio, y cuando apenas había pasado un día desde que la prensa revelara la existencia de la compra, el Gobierno regional anunció que el inmueble volvería a ponerse en venta.

Durante ese tiempo, la vivienda no prestó servicio público alguno.

Esta secuencia —comprar en abril, ocultar la operación durante meses, y ordenar la venta en julio inmediatamente después de hacerse pública— constituye, por sí sola, un fracaso político, administrativo y ético de enorme gravedad.

El primer problema es elemental: lo adquirido no era un edificio administrativo ni un inmueble acondicionado para oficinas. Era una vivienda situada en la última planta de un edificio residencial y, según la documentación examinada, se encontraba ocupada por arrendatarios en el momento de la adquisición.

La explicación inicial del Gobierno madrileño fue que el ático serviría como oficina temporal para la presidenta Isabel Díaz Ayuso y un pequeño equipo mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. Después se dijo que sería utilizado para reuniones institucionales. Más tarde se afirmó que ni siquiera estaba decidido quién iba a trasladarse al inmueble. Finalmente, cuando el escándalo adquirió dimensión pública, se anunció su venta para contribuir a financiar la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. En menos de veinticuatro horas aparecieron varias explicaciones diferentes sobre el destino de una vivienda adquirida tres meses y medio antes.

Cuando un Gobierno cambia repetidamente la justificación de una operación millonaria, el problema ya no es solo de comunicación. El problema es que surge la duda razonable de si existió realmente una finalidad pública concreta, previa y documentada. La situación resulta todavía más difícil de explicar porque la normativa urbanística aplicable impediría, en principio, destinar libremente un ático de un edificio residencial a oficinas administrativas. El uso como despacho profesional doméstico está sujeto a condiciones restrictivas y exige mantener el uso residencial principal.

Dicho de otra manera: antes de gastar seis millones trescientos mil euros de dinero público, alguien debía haber comprobado si el inmueble podía utilizarse legalmente para la finalidad anunciada.

A día de hoy no consta públicamente que esa comprobación se realizara.

La operación resulta socialmente especialmente reprochable en una comunidad donde miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de desigualdad.

Mientras los ciudadanos escuchan que la Administración no puede resolver todos sus problemas, una empresa pública adquiere una vivienda de lujo, con una terraza cercana a los 200 metros cuadrados, en una de las zonas más caras de Madrid.

No se compró un modesto espacio de trabajo.

No se alquiló temporalmente una oficina.

No se utilizó un edificio público ya disponible.

Se compró una vivienda residencial de seis millones trescientos mil euros.

La crítica no deriva de que una Administración necesite espacios adecuados para trabajar. Deriva de que debe escoger la solución más eficiente, económica, transparente y proporcionada. Y adquirir una vivienda de lujo para un uso provisional, sin que conste estudio comparativo frente al alquiler o al aprovechamiento de oficinas públicas, difícilmente supera ese examen.

El poder público no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras se reserva para sí decisiones inmobiliarias que ningún gestor prudente adoptaría con su propio patrimonio.

La operación se produce, además, en un contexto que exige explicaciones especialmente claras. La pareja de la presidenta había puesto en venta las viviendas en las que residían en Chamberí, inmuebles situados igualmente en una zona próxima. Medios de comunicación han informado de la comercialización de dos pisos vinculados a Alberto González Amador por una cifra conjunta superior a tres millones de euros. Fuentes cercanas a la presidenta han negado cualquier relación entre esas ventas privadas y el ático adquirido por PLANIFICA MADRID.

Debe afirmarse con rigor: no existe, con la documentación actualmente pública, prueba suficiente para sostener que el ático se adquiriera como residencia personal de Isabel Díaz Ayuso o de su pareja.

Pero la coincidencia temporal y geográfica hace todavía más imprescindible que se publique inmediatamente el expediente completo.

La mejor forma de desmentir cualquier sospecha no es atacar a la prensa ni invocar campañas de desprestigio. Es enseñar los documentos.

¿Quién propuso concretamente ese inmueble?

¿Quién lo visitó?

¿Por qué se exigió confidencialidad incluso antes de la visita?

¿Quién decidió que una vivienda residencial era preferible a unas oficinas?

¿Quién iba a ocuparla?

¿Existió alguna intervención directa o indirecta de Presidencia?

Estas preguntas no constituyen una acusación penal. Constituyen el mínimo control democrático exigible cuando se comprometen millones de euros de todos los madrileños.

La compra no se realizó directamente por la Administración autonómica, sino a través de PLANIFICA MADRID, una sociedad pública que funciona bajo forma mercantil.

Esa elección no es jurídicamente neutra.

La adquisición directa por la Comunidad de Madrid habría quedado sometida a la legislación patrimonial: necesidad de crédito adecuado y suficiente, procedimiento patrimonial, valoración técnica, informe jurídico, motivación de la adquisición directa, posible autorización del Consejo de Gobierno y fiscalización de la Intervención.

La Ley 3/2001, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, establece como regla general el concurso para la adquisición onerosa de inmuebles por la Administración y exige que cualquier adquisición directa se fundamente en circunstancias justificadas.

La utilización de una sociedad mercantil pública permitió operar mediante un negocio privado, al margen de varios de esos controles administrativos previos.

La doctrina conoce este fenómeno como “huida del Derecho administrativo”: utilizar formas privadas para realizar actividades materialmente públicas, reduciendo las garantías, controles y mecanismos de fiscalización propios de la Administración.

No significa que toda actuación de una sociedad pública sea ilegal. Significa que cuanto menos control previo existe, mayor debe ser la transparencia posterior y más sólida debe ser la justificación económica de la decisión.

En este caso ocurrió exactamente lo contrario.

No se conoció públicamente la compra en abril.

No se publicó el precio.

No apareció una memoria justificativa.

No se hizo pública una tasación.

No se identificó la fuente de financiación.

No se explicó quién ocuparía el inmueble.

La ciudadanía conoció la operación meses después, no por iniciativa del Gobierno, sino porque un medio de comunicación la localizó en el Registro de la Propiedad.

La opacidad, por tanto, no fue una impresión política. Fue el resultado objetivo del procedimiento escogido.

La supuesta necesidad del ático se vinculó a unas obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Pero unas obras de esa naturaleza no aparecen espontáneamente. Requieren proyecto, aprobación técnica, expediente de contratación o encargo a medio propio, publicación en el perfil de contratante, autorización patrimonial cuando afecta a un inmueble protegido y una previsión cierta de comienzo.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, no se ha localizado públicamente ninguno de esos documentos anterior a la compra del 14 de abril. El último contrato de entidad conocido sobre la Real Casa de Correos se refería a la fachada y fue ejecutado en 2025; otras actuaciones anteriores afectaban a comunicaciones, cafetería, carpinterías y accesos, no a la rehabilitación interior invocada posteriormente.

La fecha de los documentos es decisiva.

Si el proyecto de obras, la memoria de necesidad o la autorización patrimonial son posteriores a la adquisición, la explicación oficial quedaría gravemente comprometida. Significaría que la justificación se construyó después de la compra y no antes de comprometer los fondos públicos.

Y si los documentos son anteriores, el Gobierno no tiene ninguna razón legítima para ocultarlos.

La operación encierra otra contradicción difícil de justificar.

Planifica Madrid ya era propietaria de oficinas en la tercera planta del número 6 de la Gran Vía, arrendadas precisamente a la Consejería de Presidencia y ocupadas por la Comisión Jurídica Asesora. La sociedad llevaba desde agosto de 2025 intentando vender ese inmueble por un precio de salida de 14,2 millones de euros, sin haber encontrado comprador.

Es decir, la Comunidad pretendía vender oficinas ya destinadas a uso administrativo mientras compraba una vivienda residencial para utilizarla, supuestamente, como dependencia administrativa provisional.

La contradicción es evidente.

Si existía patrimonio público apto para oficinas, ¿por qué no se utilizó?

Si estaba ocupado, ¿por qué no se estudió otro inmueble administrativo?

¿Por qué no se acudió a un alquiler temporal?

¿Por qué se escogió una vivienda de lujo y no un espacio funcional?

No consta públicamente un estudio que comparase las alternativas. Tampoco una memoria económica que demostrase que comprar era más barato que alquilar.

En la gestión pública, la ausencia de comparación entre alternativas no es una cuestión menor. Es la diferencia entre administrar y disponer arbitrariamente de recursos ajenos.

Incluso aunque el ático se revenda por el mismo precio —o incluso con una eventual plusvalía—, la operación ya ha generado gastos que no se recuperarán.

La compra de un inmueble millonario puede producir impuestos, aranceles notariales y registrales, costes de gestoría, honorarios de intermediación, seguros, conservación y costes financieros derivados de mantener inmovilizados varios millones de euros.

La posterior venta generará nuevos gastos, eventuales comisiones, tributación local y el riesgo de que una comercialización precipitada obligue a aceptar un precio inferior.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas calcula, a título orientativo y utilizando una hipótesis de compra de seis millones de euros, que el quebranto podría superar ampliamente los 400.000 euros y aproximarse al millón, dependiendo de la carga tributaria, las comisiones y el precio final de venta. Se trata de una estimación que deberá verificarse mediante la contabilidad real de la sociedad.

Este es el núcleo jurídico del asunto.

El daño no consistiría necesariamente en el precio del inmueble, porque el bien entró en el patrimonio público. El posible menoscabo reside en los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no produjo utilidad alguna.

Comprar, no utilizar y vender tres meses después no es una política pública.

Es improvisación inmobiliaria sufragada por los contribuyentes.

Tras conocerse la polémica, el Gobierno regional anunció que la venta del ático y de los inmuebles de Gran Vía serviría para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

La ayuda a los damnificados es necesaria y debe ejecutarse con rapidez. Precisamente por respeto a quienes han perdido viviendas, negocios o explotaciones, su situación no debería utilizarse para blanquear una operación anterior que nada tenía que ver con los incendios.

La decisión de vender las oficinas de Gran Vía existía desde agosto de 2025. No nació como consecuencia de los incendios. Agrupar ahora esa venta frustrada con la reventa del ático bajo una cifra global de veinte o veintidós millones produce una imagen engañosa: presenta como respuesta extraordinaria una operación que, en su mayor parte, ya se intentaba realizar desde hacía casi un año.

Además, el dinero obtenido por Planifica Madrid pertenecería inicialmente a la propia sociedad. Para incorporarlo a los presupuestos autonómicos sería necesario articular el correspondiente mecanismo societario y presupuestario, como un dividendo, una reducción de capital o una devolución de aportaciones.

No basta con anunciar desde un incendio que el dinero se destinará a las víctimas. La Hacienda pública funciona mediante procedimientos, créditos y controles, no mediante declaraciones políticas improvisadas.

Será el Tribunal de Cuentas quien deba determinar si existió alcance o menoscabo de caudales públicos, quién aprobó la operación, qué informes existían y si concurrió dolo, culpa o negligencia grave.

Pero la responsabilidad política no necesita esperar años a una sentencia.

Una presidenta autonómica es políticamente responsable de que bajo su Gobierno una sociedad pública adscrita a la Consejería de Presidencia compre un ático de lujo para una finalidad relacionada directamente con Presidencia.

Es políticamente responsable de que la operación permanezca oculta.

Es políticamente responsable de que no se publique el precio.

Es políticamente responsable de que las explicaciones sean contradictorias.

Y es políticamente responsable de que el inmueble se ponga en venta inmediatamente después de ser descubierto por la prensa.

Isabel Díaz Ayuso no puede limitarse a decir que ella no se ha comprado nada. Formalmente, el inmueble pertenece a una sociedad pública. Pero precisamente por eso la cuestión es aún más grave: se pagó con fondos públicos y las consecuencias económicas recaen sobre el patrimonio de todos.

No se discute aquí la propiedad privada de la presidenta. Se discute la utilización del poder público para ejecutar una operación inexplicada, opaca y objetivamente ruinosa si se confirma que no tuvo uso alguno.

La Comunidad de Madrid debe publicar sin demora:

Hasta que esos documentos se conozcan, la ciudadanía tiene derecho a sospechar que no está ante una decisión pública racional, sino ante una operación concebida desde el poder, ejecutada sin transparencia y rectificada únicamente cuando fue descubierta.

El dinero público no es del Gobierno de turno.

No es de la presidenta.

No es del consejero que dirige la sociedad.

Es de todos los madrileños.

Y quien compra un ático de lujo con el dinero de todos tiene la obligación política, jurídica y moral de explicar hasta el último euro.

Porque el verdadero escándalo no es solo haber comprado una vivienda millonaria sin finalidad pública acreditada. El verdadero escándalo es que quienes gobiernan Madrid parezcan considerar normal que las explicaciones se den únicamente cuando la prensa descubre aquello que el Gobierno decidió callar.

La gravedad política de este episodio se acentúa al confrontarlo con el discurso público de la propia presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez por, según sus palabras, “amparar la corrupción y el desastre”, y ha denunciado que España estaría gobernada por “minorías totalitarias”.

Todo dirigente democrático tiene derecho a exigir responsabilidades políticas al adversario. Pero ese derecho pierde credibilidad cuando no se aplica el mismo estándar a la gestión propia.

Quien reclama dimisiones por la mera proximidad política con actuaciones controvertidas no puede responder con victimismo, descalificaciones a la prensa o acusaciones de campañas de desprestigio cuando la operación cuestionada se produce en el núcleo mismo de su Gobierno, afecta directamente a la Consejería de Presidencia y tenía como destino inicialmente anunciado el uso de la propia Presidencia autonómica.

La responsabilidad política no puede funcionar como un arma reservada exclusivamente para el contrario. O constituye una regla general de ejemplaridad democrática o se convierte en simple propaganda partidista.

Si la presidenta considera que Pedro Sánchez debe dimitir por “amparar” conductas ajenas, con mayor razón debería ofrecer explicaciones exhaustivas sobre una operación inmobiliaria ejecutada por una sociedad pública integrada en su propia Administración, sufragada con dinero de los madrileños y vinculada institucionalmente a su Presidencia.

No se trata de equiparar supuestos jurídicos distintos ni de anticipar responsabilidades que deben ser investigadas. Se trata de aplicar una regla elemental de coherencia: quien exige transparencia, dimisiones y responsabilidades a los demás debe empezar por practicarlas en su propia casa.

Resulta especialmente paradójico llamar a la movilización ciudadana contra la supuesta degradación institucional del adversario mientras se mantiene oculto el precio de una vivienda millonaria adquirida con fondos públicos, no se exhibe la memoria que justificaría su necesidad y se modifica su destino tan pronto como la operación es descubierta.

La ejemplaridad no consiste en elevar el tono contra el Gobierno de España. Consiste en rendir cuentas cuando el dinero cuestionado procede del presupuesto propio.

Antes de presentarse como fiscal moral de la política española, Isabel Díaz Ayuso debería responder ante los madrileños a una pregunta mucho más sencilla: ¿por qué se compró aquel ático, quién tomó la decisión, por qué firmó un acuerdo de confidencialidad y pidió privacidad y discreción durante toda la operación a la inmobiliaria promotora que anunció el ático en venta?

La democracia no se defiende únicamente exigiendo dimisiones al contrario. También se defiende asumiendo responsabilidades cuando las explicaciones propias no resultan convincentes.

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Roberto Granizo Palomeque es el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Las imágenes de miles de marroquíes —niños, mujeres y jóvenes— avanzando con el rostro consumido por la desesperación hacia el espigón de Tarajal permanecerán como una de las estampas más dolorosas de la historia reciente del país. Una vergüenza colectiva que perseguirá a los marroquíes durante generaciones. Se trata de un nuevo surco abierto sobre heridas que nunca terminaron de restañar. Esta última crisis migratoria dejó de ser un asunto interno para ocupar las portadas de la prensa internacional, los informativos de televisión y las redes sociales de medio mundo.

Será imposible borrar de la memoria colectiva los centenares de vídeos que inmortalizaron aquella odisea desesperada de ciudadanos de a pie hacia un edén ficticio anhelando un brote de esperanza que ya no encontraban en su tierra.

Lo acontecido dejó de ser una mera crisis fronteriza. En cuestión de horas adquirió una dimensión regional e internacional al convertirse en una pieza más del tablero geopolítico. Diversos actores aprovecharon la tragedia para convertirla en un instrumento de presión y moneda de cambio al servicio de sus propias agendas. Estados Unidos e Israel, cómo no, no tardaron en politizar la tragedia, utilizándola como argumento para reforzar sus posiciones estratégicas y ajustar cuentas con sus adversarios, España en concreto. 

Los cuerpos flotantes de las víctimas constituyen el testimonio más contundente de un fracaso colectivo y de una hipocresía odiosa. Mientras la prensa y los círculos políticos construían a ciegas narrativas y multiplicaban hipótesis sobre las causas de esta nueva ola migratoria, quienes detentan el poder en Marruecos optaron, una vez más, por el silencio, la indiferencia y la huida hacia adelante. Pero la pregunta sigue intacta: ¿cómo llegó Marruecos hasta aquí? 

La estampida colectiva hizo saltar por los aires años de propaganda oficial sobre el supuesto éxito del modelo marroquí, la solidez de sus instituciones y la estabilidad política del país. Su coincidencia con el discurso del trono resultó especialmente llamativa. Apenas unas horas después de que el rey prometiera a “sus fieles súbditos” unas condiciones de vida dignas y libres en un entorno regional convulso, miles de ciudadanos respondían con el gesto más elocuente posible: huir de su propio país a cualquier precio. 

Aquella escena se convirtió, por su fuerza simbólica, en un plebiscito espontáneo contra las políticas públicas y en una impugnación de un modelo de poder del monarca alauita, marcado por la concentración del poder, el autoritarismo, la corrupción, el debilitamiento de las libertades públicas, la consolidación de una economía de privilegios así como la acumulación de riqueza en manos de una minoría, al margen de cualquier mecanismo efectivo de control. 

La ironía del destino quiso, además, que este nuevo periplo migratorio precediera a las elecciones legislativas, una cita no exenta de compraventa de votos y falsas promesas en la que los notables y los oportunistas se disputan escaños en una institución con escasa capacidad real de decisión. Un parlamento incapaz de renovar unas élites políticas que llevan décadas reproduciendo el mismo sistema estéril. No sorprende, por ello, el creciente boicot de las urnas. Cuando los ciudadanos perciben que los resultados están decididos de antemano y que las trascendentes decisiones se toman lejos de las instituciones representativas, la abstención deja de ser apatía para convertirse en una forma silenciosa de protesta. 

La gran huida hacia el norte, al margen de las interpretaciones sobre quién la alentó o con qué fines, constituye, sobre todo, el síntoma de una profunda crisis social y económica. No puede entenderse sin las movilizaciones que la precedieron —desde el Hirak del Rif hasta las recientes protestas juveniles—, reclamando una sanidad y una educación dignas, y una lucha efectiva contra el desempleo y la corrupción. 

Si esta tragedia ha tenido alguna virtud, ha sido la de desmontar la narrativa oficial sobre los supuestos logros alcanzados durante 27 años del reinado de Mohamed VI. Ningún discurso puede ocultar indefinidamente el aumento de las desigualdades, la expansión de la pobreza, la marginación de amplias capas sociales y la frustración acumulada tras casi tres décadas del denominado «nuevo reinado». 

La crisis también ha puesto de manifiesto una realidad incómoda: el poder sigue considerando a los ciudadanos como prosélitos. En momentos de tensión, reales o ficticios, no duda en convertirlos en carne de cañón en sus propias batallas políticas, sacrificando su dignidad en nombre de intereses superiores. Una lógica profundamente maquiavélica que revela la naturaleza de la relación entre gobernantes y gobernados. 

Marruecos necesita hoy mucho más que respuestas coyunturales. Necesita una revisión profunda de su modelo económico, político y social; un nuevo pacto nacional que garantice una distribución más equitativa de las riquezas, reduzca las desigualdades y devuelva la esperanza a millones de ciudadanos. Esta senda exige la instauración de un verdadero diálogo nacional, una reforma constitucional promovida por una asamblea constituyente independiente y la construcción de una auténtica monarquía parlamentaria en la que el rey reine, pero no gobierne. 

El Marruecos de hoy avanza , en palabras del propio rey, a dos velocidades, acumula tropiezos y parece haber perdido el rumbo. Si esta deriva persiste, el país corre el enorme riesgo de embarcarse hacia una confrontación social y política sin precedentes.

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Anass Ben Salah es hispanista y periodista de la cadena catarí Al Jazeera.

Resulta imposible creer que la entrada de 60.000 personas en Ceuta se haya producido sin la permisividad de las autoridades marroquíes, en lo que supone la mayor crisis migratoria de la historia de España. El balance de muertos asciende ya a 87, entre ellos varios menores, de manera que esto es también una crisis humanitaria de primer orden. Aunque Pedro Sánchez habla de “una violación de la integridad territorial de España” y atribuye lo ocurrido a la actividad de las mafias dedicadas al tráfico de personas, todo indica que estamos ante un episodio de guerra híbrida, la forma contemporánea en que algunos Estados atacan sin declarar formalmente la guerra, combinando flujos migratorios, ciberataques, desinformación, uso coercitivo de la energía y otros métodos para desestabilizar un país. ¿Dónde estaba el CNI, teniendo en cuenta la dilatada trayectoria del régimen de Rabat y la importancia de Marruecos para España?

Este evento guarda enormes similitudes con el que tuvo lugar en el verano de 2021: tras las fraudulentas elecciones de 2020 en Bielorrusia y la posterior represión contra la oposición, el régimen de Lukashenko vio cómo Europa congelaba sus activos, imponía prohibiciones de entrada en la Unión Europea a dirigentes bielorrusos y bloqueaba los fondos europeos con destino a las entidades y personas sancionadas. La respuesta de Bielorrusia fue facilitar la llegada de entre 8.000 y 10.000 migrantes procedentes de Irak y Siria a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. Tras este intento de intimidación, Europa amplió las sanciones a militares, jueces, funcionarios, aerolíneas, empresas estatales y operadores logísticos implicados. La firmeza es la única respuesta posible a los gobernantes autoritarios. La operación de Lukashenko fue documentada por la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas.

Miembros de la Guardia Civil describieron el pasado viernes la actitud de la gendarmería marroquí durante la noche del jueves, y lo hicieron sin matices: “permanecieron de brazos cruzados”, dejando a las fuerzas españolas indefensas ante la avalancha. Estas conductas suelen obedecer a decisiones políticas. La propia agencia EFE constató la práctica desaparición de controles en la frontera durante la madrugada, mientras que el viernes los gendarmes actuaron lanzando gases lacrimógenos. No resulta verosímil que una guardia de fronteras pase, en apenas unas horas, de la inacción al ataque con material antidisturbios. Este es precisamente uno de los patrones de la guerra híbrida: un Estado activa o desactiva la presión a conveniencia, sin declarar sus intenciones y dejando al país objeto de la agresión la gestión del caos y el coste político.

España no puede determinar su política exterior en función de los intereses de una monarquía autoritaria como la marroquí. Disponemos de fuerza diplomática y económica más que suficiente para imponer nuestros criterios, que siempre deben ser los principios propios del Estado de derecho y el derecho internacional. Denunciar la instrumentalización de los flujos migratorios no supone ignorar la obligación ética y jurídica de los Estados de proteger a quienes arriesgan sus vidas cruzando las fronteras, especialmente a los menores.

El comportamiento de Marruecos no constituye una anomalía aislada, sino el mismo patrón que España ya sufrió hace cinco años. Durante la pandemia, en abril de 2021, nuestro país acogió al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias. Rabat interpretó este gesto como una hostilidad manifiesta, suspendió la colaboración fronteriza y dejó a España expuesta en su punto más vulnerable. Tan solo un mes después, los días 17 y 18 de mayo, la relajación de los controles en el lado marroquí permitió la entrada de 10.000 personas en Ceuta en cuestión de horas, desestabilizando nuestro flanco sur.

Entre mayo y junio de 2021, los teléfonos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de Pedro Sánchez fueron intervenidos mediante Pegasus, un programa de espionaje informático extremadamente sofisticado, desarrollado por la empresa israelí NSO Group y comercializado exclusivamente para gobiernos y organismos estatales. Según publicaciones de El País y El Confidencial, el teléfono de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, también habría sido infectado, aunque el Gobierno lo niega. Los ataques fueron confirmados por el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI. Durante los meses siguientes, Marruecos bloqueó todo contacto diplomático, suspendió la colaboración antiterrorista y dejó a España sin interlocución política en un área crítica para nuestra seguridad.

En marzo de 2022, Madrid modificó su tradicional postura sobre el Sáhara y restableció la cooperación con Marruecos a costa de los saharauis y de la relación con Argelia —nuestro principal proveedor de gas—, algo nunca explicado en sede parlamentaria. Esa cesión, que Rabat interpretó como debilidad, abrió un segundo frente diplomático: Argelia suspendió el Tratado de Amistad de 20 años, retiró a su embajador y bloqueó parte del comercio bilateral. Solo ahora, en 2026, España ha intentado recomponer la relación con Argel, chocando con los intereses de Rabat de convertirse en el actor dominante del norte de África.

Históricamente, las políticas de apaciguamiento no han servido para contener las aspiraciones de los Estados autoritarios. En la cosmovisión de algunos sectores del nacionalismo marroquí, herederos de las ideas de Allal el Fassi y del partido Istiqlal, persiste la idea del Gran Marruecos, que incluye Ceuta y Melilla —ignorando la historia y el derecho internacional—, el Sáhara Occidental, el oeste de Argelia, gran parte de Mauritania, los islotes y peñones españoles, el norte de Malí y Canarias. Las posturas de debilidad no frenarán esas ansias expansionistas.

En el ámbito político estadounidense, ha comenzado a penetrar esta narrativa nacionalista marroquí, que presenta a España como potencia colonial en Ceuta y Melilla. Un informe del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes describió ambas ciudades como territorios marroquíes “bajo administración española” y propuso que el secretario de Estado, Marco Rubio, promoviera una solución diplomática sobre su futuro. El principal impulsor de ese lenguaje fue el congresista republicano Mario Díaz-Balart, estrecho aliado de Rubio y Trump. Esta posición no forma parte de la política exterior de Estados Unidos, pero refleja una creciente corriente que cuestiona la soberanía española sobre ambas ciudades.

Por si fuera poco, todo se integra en las actuales dinámicas de la ultraderecha mundial, que buscan fortalecer los regímenes autoritarios en detrimento de las democracias. Estados Unidos, por boca de su vicepresidente, J. D. Vance, se ha apresurado a decir: “Estas imágenes de España son un recordatorio desafortunado de las consecuencias de la migración masiva y las políticas globalistas de la izquierda radical que han permitido la invasión de Occidente”. Dinamarca, Finlandia e Italia, por su parte, ya han planteado —en un movimiento coral— la suspensión del Acuerdo de Schengen con Madrid.

No es posible afirmar que Washington o Tel Aviv tengan algo que ver en esta crisis, pero sus reacciones favorables a Rabat y contrarias a un país miembro de la OTAN como España sí pueden interpretarse como una hostilidad provocada por la inequívoca condena de Pedro Sánchez al genocidio en Gaza.

Al final, esta crisis quedará subsumida en la geopolítica y el problema humanitario será lo último en ser atendido; no hay más que ver la reacción de algunos socios europeos, para quienes la solidaridad no parece ser una prioridad. La frontera entre Marruecos y España es una de las más desiguales del planeta: la renta per cápita anual española es de alrededor de 40.600 dólares, mientras que la marroquí es de 5.100, según el Fondo Monetario Internacional. Esto supone una cuestión estructural de máxima gravedad porque esa diferencia, unida al hecho de que Marruecos dispone de millones de jóvenes dispuestos a cruzar la frontera, garantiza la persistencia de este problema.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor.

Hay momentos en la historia política en los que los nombres dejan de servir. Las marcas se desgastan. Las siglas envejecen. Los liderazgos se consumen. Y las estructuras que ayer parecían imprescindibles se vuelven obstáculos para construir el mañana.

La izquierda española atraviesa uno de esos momentos.

Durante años ha vivido atrapada en una paradoja: mientras una parte creciente de la sociedad reclama respuestas progresistas ante problemas gigantescos —la desigualdad, la vivienda, la crisis climática, la precariedad laboral, la transformación tecnológica—, las fuerzas llamadas a representar esas inquietudes muestran una imagen de fragmentación, disputa interna y agotamiento. El ciudadano que busca una alternativa encuentra un mosaico de pequeños territorios políticos en vez de un horizonte común.

Frente a ese escenario, la derecha española ha entendido mejor una vieja lección de la política: el poder no pertenece a quien tiene más razones, sino a quien consigue construir una mayoría reconocible. La historia está llena de propuestas "sin contenido" que triunfaron por aunar una narrativa compartida: Trump es el último ejemplo.

No se trata de qué partido debe sobrevivir, sino qué proyecto puede nacer.

El error sería pensar que la solución consiste en sumar siglas, como agregando piezas de un puzle roto. La política no funciona así. Las coaliciones electorales sin alma son acuerdos administrativos destinados a gestionar una derrota.

La izquierda española necesita algo más ambicioso: una nueva identidad política capaz de superar el ciclo nacido hace una década. El tiempo de las pequeñas guerras culturales, de las marcas personales y de las organizaciones concebidas alrededor de dirigentes concretos debería dar paso a una etapa de reconstrucción.

Antonio Gramsci hablaba de la necesidad de construir una hegemonía cultural antes de alcanzar la hegemonía política. Una sociedad no cambia solo porque una mayoría vote una opción determinada; cambia cuando esa opción consigue explicar el mundo mejor que sus adversarios.

La izquierda necesita volver a contar una historia convincente sobre España.

No basta con defender derechos adquiridos. Hay que explicar cómo será la vida de una persona joven dentro de 20 años. No basta con denunciar la desigualdad. Hay que ofrecer un modelo de prosperidad compartida. No basta con responder a la nostalgia de otros. Hay que construir una idea atractiva de futuro.

En ese contexto aparece una figura singular: Gabriel Rufián.

Su eventual papel en una operación de convergencia tendría ventajas evidentes. Es un político con capacidad comunicativa, con experiencia parlamentaria, con una relación directa con sectores populares y con una imagen menos asociada al desgaste de las estructuras tradicionales de la izquierda estatal.

Pero también tendría límites. Una figura nacida de una tradición política territorial concreta difícilmente puede convertirse por sí sola en el punto de encuentro de sensibilidades tan diversas como las que conviven a la izquierda del PSOE. Para algunos sectores sería un puente; para otros, una frontera.

El problema no es Rufián. El problema es creer que la solución puede depender de una persona.

La izquierda española ha cometido demasiadas veces el error de buscar un nuevo mesías político. Primero fue la ilusión de creer que un liderazgo carismático resolvería las contradicciones internas. Luego la esperanza de que una nueva marca electoral solucionaría los problemas estructurales. La historia reciente demuestra que ningún dirigente, por brillante que sea, puede sustituir a un movimiento social amplio.

La alternativa debería ser inversa: construir primero el proyecto y después elegir a quienes puedan representarlo.

La mejor opción no sería resucitar Sumar ni crear otra plataforma electoral con fecha de caducidad. Sería fundar una nueva casa común. Una organización abierta, parecida en espíritu a los grandes movimientos políticos europeos que nacieron cuando las sociedades cambiaron de época. Una estructura donde convivan ecologistas, socialdemócratas desencantados, federalistas, movimientos por la vivienda, feministas, defensores de los servicios públicos y sectores progresistas que hoy no encuentran una representación clara.

No debería presentarse como "la izquierda contra la derecha", porque esa batalla ya no moviliza como antes, sino como una alternativa entre dos modelos de país.

Uno basado en la competición permanente entre ciudadanos, en la reducción de la política a identidad y conflicto, en la idea de que los problemas complejos tienen soluciones simples.

Otro basado en la cooperación, la modernización económica, la ciencia, la educación, la justicia social y una democracia más profunda.

La izquierda necesita recuperar algo que ha perdido: la capacidad de ilusionar.

Si el gran eje político del próximo ciclo puede ser la confrontación entre una visión cerrada de España y otra abierta, la izquierda comete un error cediendo el concepto de nación a sus adversarios.

Las naciones no son propiedad de una ideología.

La tradición progresista europea siempre defendió una idea de patria vinculada a la ciudadanía, no a la sangre; a los derechos, no a los privilegios; al futuro compartido, no a la nostalgia.

El escritor Albert Camus recordaba que la verdadera rebeldía no consiste en decir "no", sino en afirmar aquello que merece ser defendido. La izquierda necesita recuperar esa dimensión afirmativa.

No puede limitarse a advertir sobre los peligros de la extrema derecha. Tiene que explicar por qué su proyecto de sociedad es más deseable.

La próxima batalla electoral no será entre partidos, sino entre imaginarios.

La extrema derecha ha comprendido algo importante: la política moderna funciona con emociones, símbolos y relatos. La izquierda, demasiado concentrada a veces en la gestión y demasiado dividida en sus debates internos, ha olvidado que también necesita poesía.

Porque la política, en el fondo, es una forma de arquitectura. Construye edificios invisibles donde millones de personas colocan sus ladrillos de esperanza.

La derecha radical ofrece un edificio basado en el miedo: miedo al extranjero, miedo al cambio, miedo al futuro.

La izquierda debería ofrecer otro basado en la confianza: confianza en la inteligencia colectiva, en la innovación, en la convivencia, en la capacidad de una sociedad democrática para resolver problemas difíciles.

España no necesita otra guerra entre siglas progresistas. Necesita una generación política capaz de entender que las próximas décadas estarán marcadas por desafíos enormes: inteligencia artificial, envejecimiento, cambio climático, concentración económica, crisis de la democracia liberal.

Ante esos retos, las viejas fronteras internas de la izquierda parecen cada vez más… mezquinas.

Quizá el verdadero liderazgo no consista en ocupar la primera fila, sino en saber abrir una puerta por la que puedan entrar muchos.

Rufián podría participar en esa tarea. También otros dirigentes y movimientos. Pero nadie debería ser propietario de la nueva izquierda antes de que exista.

La oportunidad histórica consiste precisamente en lo contrario: crear un espacio donde nadie sea imprescindible porque todos son necesarios.

La izquierda española no pide a gritos una nueva marca electoral. Su SOS lleva años suplicando una visión “real” de España, dinámica, viva, con alma.

Solo esa visión, si llega a construirse, sería capaz de impedir que el futuro sea escrito por quienes han aprendido a manufacturar miedo en su propio beneficio.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

La penúltima de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es ligar un acuerdo económico, energético (y potencialmente militar) sobre energía atómica con Arabia Saudí a que este último país reconozca a Israel, siguiendo la estela de los Acuerdos de Abraham.

Los Acuerdos de Abraham, diseñados, entre otros, por el sionista y yerno de Trump, Jared Kushner, establecen el reconocimiento de Israel por parte de diferentes Estados árabes (Baréin, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) a cambio de a) normalizar los acuerdos comerciales y militares existentes y futuros que realicen; y b) dejar que el capítulo de relaciones entre israelíes y palestinos se ventile directamente, con la vigente correlación de fuerzas y la continua y profunda colonización israelí sobre lo que queda de Palestina y otros territorios árabes.

Es decir, que los palestinos ni siquiera cuenten con ese respaldo moral de esos Estados árabes aliados de Estados Unidos e Israel.

La pretensión del presidente Trump interesadamente olvida o rechaza dos hechos relevantes:

Pero Israel nunca ha reconocido a Palestina. Sí a la organización OLP, pero nunca a Palestina. Para los desmemoriados, en la Conferencia de Madrid de 1991, por imperativo israelí, los palestinos tuvieron que formar parte de una delegación conjunta jordana-palestina. Incluso en los Acuerdos de Oslo, suscritos por la OLP, Israel aceptó la creación de una denominada Autoridad Palestina, pero nunca reconoció un Estado palestino y fue aplazando su puesta en marcha, prevista para cinco años después de la firma de aquellos acuerdos en la Casa Blanca. Desde el principio, antes y después de la firma, incluso con la supuesta paloma del primer ministro israelí Yitzhak Rabin, continuó la política de hechos consumados mediante la ampliación de los asentamientos, sin sanciones por parte de Occidente.

Estos dos elementos —el reconocimiento condicionado por parte de los Estados árabes y de los palestinos a cambio de un Estado palestino, y el desprecio estadounidense (e israelí) hacia esa propuesta— muestran, una vez más, la parcialidad de todas las administraciones de Washington. Nunca Estados Unidos ha presionado para que Israel reconozca a Palestina. En el mejor de los casos, sus portavoces sostienen que Israel —cuyos gobiernos rechazan cualquier Estado palestino— debe "negociar" directamente con los palestinos, mientras su ejército y los colonos siguen expulsando y matando a quienes quieren vivir dignamente en su propia tierra.

En estas circunstancias, la pelota está en el tejado de Arabia Saudí. Ya ha habido varios órdagos geoestratégicos que han afectado a esta monarquía absolutista: desde la acción de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023, cuando se especulaba con un posible reconocimiento saudí de Israel siguiendo los pasos de otros Estados del Golfo; hasta su entrada en los BRICS en enero de 2025, tras varias dilaciones, lo que supone un mayor margen de autonomía frente a Estados Unidos, pese al histórico acuerdo que garantizaba la supervivencia de la monarquía a cambio del uso del dólar en las transacciones petroleras. También cabe mencionar el pacto de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán, país con armas nucleares financiado en parte por Riad, firmado en septiembre de 2025, que considera cualquier ataque contra uno de los dos países como un ataque contra ambos; y, finalmente, el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán, que pone en peligro la principal fuente de ingresos y la estabilidad saudí, dado que las represalias iraníes pueden dirigirse contra cualquier Estado de la región que facilite apoyo logístico a esos ataques, incluidas refinerías e infraestructuras petroleras.

El acuerdo atómico de la Administración Trump con Arabia Saudí nos parecería una vuelta a una casilla anterior en las relaciones entre ambos países. Se puede apreciar la asimetría de cláusulas con respecto a las que Irán suscribió con los Estados Unidos de Obama, y la carencia existente de control sobre el Israel atómico. Pero, presumimos que el peso del lobby pro Israel hegemónico ha sido tan relevante para Trump que, a última hora, ante el riesgo de perder una votación en las cámaras legislativas estadounidenses, ha puesto una condición que, de momento, Arabia Saudí no puede aceptar sin caer en la mayor de las contradicciones y arruinar su supuesto liderazgo, ya puesto en duda por los Emiratos, Qatar y potencias asiáticas como India.

Mientras tanto, la colonización y destrucción de Palestina a manos de Israel continúa sin sanciones occidentales, de los países firmantes de los Acuerdos de Abraham ni del resto de la comunidad internacional.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

En mis años como director de instituto, cuando me reunía con las familias en momentos especiales, como el inicio o final de curso, suelo decir que la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es que estén ahí. Que estén en reuniones como esa, al pie, constantes y vigilantes ante el viaje que queda por delante. 

La figura del padre ha sido, desde los albores de la literatura occidental, esa especie de brújula moral que necesitan los más pequeños; un punto de luz que acompaña a quien siempre fue el sostén de la crianza, la madre, y, a menudo, una ausencia que organiza el relato y le da cierto sentido trágico. 

En La Odisea, la embriagadora última película de Nolan, esa presencia (o ausencia) unas veces es tenue y otras desbordante. A muchos, el relato nos suena a nuestra infancia. Este eje emocional sostiene la película y la proyecta hacia una reflexión amplia sobre lo que realmente heredamos de nuestros progenitores: qué significa ser padre en un mundo que parece haber olvidado la importancia de la transmisión, del sentido, los hechos y las palabra que pasan de una generación a otra. 

La historia del cine reciente ha tendido a desplazar la figura paterna hacia los márgenes, a convertirla en un símbolo de conflicto o en un mero dispositivo narrativo. Ya en ocasiones se nos ha mostrado como un mito hiperbólico; lo vimos, por ejemplo, en la espléndida Big Fish, de Tim Burton.  

El padre sobre el que cantaba Homero es también un mito, una narración exagerada. Su función es literaria, no real: es un relato que el hijo debe descifrar para comprender su identidad. Nolan hereda de las historias de los aedos griegos algo esencial: el padre como viajero, como guardián del relato, como quien sostiene el hilo que permite a los hijos orientarse en un mundo que se desmorona. Ulises no es solo el héroe que regresa; es el padre que lucha por recuperar el lugar que su ausencia (buscada o provocada) ha erosionado.

En La Odisea de Nolan, el viaje del protagonista es también un viaje hacia la paternidad entendida como responsabilidad narrativa, social y cultural: ser padre es contar, es transmitir, es dejar un mapa. Y ese gesto se sigue oyendo cada vez que en las aulas se recuperan estas historias legendarias, a través de asignaturas desplazadas ante el empuje de la tecnología o el emprendimiento. Ocurre con Literatura Universal, Latín o Griego.   

La escuela, que debería ser el espacio donde los jóvenes se hacen las grandes preguntas de la humanidad, se ha convertido en demasiadas ocasiones en un territorio donde lo urgente devora lo importante. La desaparición progresiva del mundo clásico es una amputación simbólica. Sin esos relatos fundacionales, sin esos padres literarios que nos enseñaron a nombrar el mundo, los estudiantes quedan abandonados, como el Telémaco del relato homérico.

La película de Nolan, sin pretenderlo, nos recuerda que la ausencia del padre no es solo un drama íntimo de heridas sociales. Cuando falta un padre, el viaje vital se vuelve incierto. La adolescencia, que ya es de por sí una travesía turbulenta, necesita referentes que no siempre encuentra. Y aquí la literatura, incluso en su estado residual, sigue dándonos mensajes.

La literatura es, en esencia, una conversación entre padres e hijos. Cada texto clásico es un padre que habla, que advierte, que acompaña. Cuando enseñamos La Odisea, Edipo Rey, La Eneida o Hamlet, no estamos transmitiendo contenidos: estamos ofreciendo modelos de conflicto, duda, identidad, pérdida y reconciliación. Estamos dando a los jóvenes palabras para nombrar lo que sienten y mapas para orientarse.

En La Odisea de Nolan el protagonista se enfrenta a un mundo que se desmorona, pero su brújula es la relación con su hijo. Esa relación dota de sentido a su travesía. En la escuela ocurre algo similar: cuando un alumno encuentra una figura adulta que le acompaña —un padre, una madre, un docente que protege—, su viaje se transforma. La presencia adulta no garantiza el éxito, pero sí la posibilidad de construir un relato propio.

Ver la película también me ha invitado a reflexionar sobre la distancia. El padre que se aleja para proteger, para buscar un futuro, para sostener la vida, es un arquetipo que la literatura ha explorado desde hace milenios. Pero hoy, en un mundo hiperconectado y paradójicamente desatento, la distancia adopta nuevas formas: padres ausentes por exceso de trabajo, por precariedad, por desconcierto, por miedo. Padres que abandonan a los hijos a su suerte. La escuela recibe a esos huérfanos que buscan un lugar donde anclar su identidad.

Aquí la literatura vuelve a ser esencial. Aunque el sistema educativo la relegue, su capacidad de ofrecer sentido permanece intacta. La literatura es el padre que nunca falta, el que siempre está disponible, el que habla desde décadas de distancia y aun así nos comprende. El padre que siempre quisimos.

Quizá por eso La Odisea de Nolan no deje a nadie indiferente: nos recuerda que el viaje del padre es también el del hijo, y que ambos necesitan encontrarse en nuevas historias. En un tiempo en que la educación parece obsesionada con lo útil, conviene recordar que lo verdaderamente útil es aquello que nos permite comprender quiénes somos.

La película nos devuelve a la raíz: sin relato no hay identidad; sin padre (real o literario) no hay brújula; sin leyendas no hay futuro. En la escuela, donde cada alumno emprende su odisea, la literatura sigue como esa herencia del padre: un faro que ilumina el camino, incluso cuando todos insisten en apagarlo.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

Cuando estalló la sublevación en julio de 1936, la noticia cruzó la frontera del Pirineo a toda velocidad. Francia, con el socialista Léon Blum como jefe de un Gobierno del Frente Popular, vivió las primeras horas pegado al teléfono. Hubo contactos telegráficos y telefónicos constantes entre Madrid, Barcelona y París. Pero después vinieron los problemas en las comunicaciones: los bombardeos y el avance de las tropas golpistas cortaban cables terrestres.

En muchas zonas invadidas se perdió la continuidad de los posibles enlaces. Cada llamada a Francia era una carrera contrarreloj antes de que la línea cayera. Por otro lado, Inglaterra, desde Londres, optó por la imprudente neutralidad que pocos años después pagaría. El Foreign Office temía una guerra europea y, además, su Gobierno conservador no deseaba una revolución en España al estilo de Rusia. De ahí salió la propuesta del Pacto de No Intervención, firmado en agosto de 1936; un comité de 27 países en Londres para vigilar que nadie mandara armas a la República española. Un pacto que, como vimos después, se incumplió desde el primer día.

Pese a los cortes e inseguridad de las comunicaciones con el exterior, los periodistas extranjeros llegaron de muchos países y medios. Nunca una guerra había tenido tantos "enviados especiales" tan pronto. Intentaron enviar sus crónicas, fotografías y algunos documentales cinematográficos, como pudieron: Por teléfono haciendo cola en hoteles y centrales, con líneas que se caían y por telégrafo, por otra parte más caro y censurado, y por la frontera en caso del material gráfico. 

Pero en esos momentos, aparte de la posible recepción en los países fronterizos por la captación de emisoras de radiodifusión de uno y otro lado, la salida más estable fue la radio de onda corta. Mientras duró, las tres estaciones de onda corta en la periferia de Madrid fueron la gran vía de escape. Gracias a ellas los corresponsales pudieron enviar sus noticias directamente a sus países. Según mi profesor de Microondas I y II, Don José María Romeo, en los años treinta había tres grandes estaciones de onda corta, a saber:

1- Transradio Española en Aranjuez, con Servicios Radiotelegráficos a Canarias, Europa y América.

2- Radiar, (perteneciente a la Sociedad Anónima Radio Argentina) en Vallecas, que también prestaba Servicios Radiotelegráficos.

3- CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España) en Pozuelo del Rey: prestaba Servicios Radiotelefónicos a Nueva York y Buenos Aires.

En 1932 Aranjuez había comenzado a reemitir también la programación de EAQ-Madrid Radiodifusión Iberoamericana. Tras la batalla del Jarama en febrero de 1937, estas emisiones pasaron al Centro Emisor de Vallecas. 

Esto permitió que corresponsales, como el estadounidense Ernest Hemingway o el soviético Ilia Ehrenburg, pudieran enviar sus crónicas o reñir entre ellos, a New York y Moscú respectivamente. Ambos se hospedaban, como muchos corresponsales extranjeros, en el mítico madrileño Hotel Florida. Como veremos en el próximo capítulo.

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Nicolás Puerto Barrios es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba.

Se cumplen 25 años desde que los trabajadores de Sintel aprobamos en asamblea general aceptar la propuesta del gobierno y levantar el Campamento de la Esperanza, que durante 187 días estuvo instalado en el Paseo de la Castellana de Madrid. Esto supuso una victoria sindical incontestable que trascendió el ámbito de la empresa, alcanzando notoriedad nacional al ser recogida por los informativos de televisión.

Los hombres y mujeres de Sintel decidimos no aceptar pasivamente y sin luchar, el destino que “alguien” había decidido para nosotros y nuestras familias. Nos fijamos un objetivo, diseñamos una estrategia, elegimos un escenario, y con la bandera de la unidad y la fuerza de la razón, iniciamos nuestra lucha. Éramos conscientes de que tomábamos un camino largo, lleno de amargura y de incertidumbre, cargado de rabia, angustia y sufrimiento; sin ninguna garantía de éxito, pero con la convicción firme de que nuestra causa era justa y de que la lucha por defender el salario, el empleo y sobre todo la dignidad, merecía la pena.

Sabíamos que nos enfrentábamos al poder máximo de nuestro país (político-económico-mediático) y que corríamos el riesgo de que nuestra lucha se interpretase como un acto quijotesco, divorciado de la realidad; por eso, además del apoyo de nuestras organizaciones sindicales; necesitábamos aliados, despertar conciencias, generar una corriente de solidaridad de miles y miles de personas que se identificasen con lo que defendíamos, que se sumasen a nuestra lucha, y así impedir que la resignación y el desánimo acampasen entre nosotros.

Esta lucha sindical fue destacada por todos los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, precisamente por su carácter profundamente pacífico. Las manifestaciones diarias, concentraciones, intervenciones en las distintas instituciones, asambleas y todo tipo de acciones reivindicativas, siempre estuvieron presididas por el civismo y la responsabilidad. Nunca confundimos firmeza con enfrentamiento, nuestra fuerza residía en la razón de nuestras demandas y en la unidad del colectivo.

La valoración que hacemos del resultado obtenido es de victoria. Se podrán sacar muchas conclusiones, pero tal vez la más evidente es que, para luchar, es fundamental organizarse. Esta lucha de Sintel demostró que la defensa de los derechos laborales y la dignidad de la clase trabajadora puede hacerse desde la serenidad, la firmeza, el respeto y la determinación.

Un recuerdo especial para todos los compañeros y compañeras que participaron directamente en este conflicto y que ya no están con nosotros. Un abrazo para sus familias.

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Adolfo Jiménez es el presidente de la Asociación de trabajadores de Sintel

Todos sabemos lo que quiso decir Rajoy: que hay franceses de primera y de segunda en función de su color de piel y su lugar de nacimiento. Es el viejo racismo, ese que consiste en hacer que el de fuera se sienta permanentemente menospreciado con el fin de que recuerde cuál es su lugar en la comunidad, un lugar secundario y subordinado. La falta de reconocimiento acaba por aniquilar a las personas. Uno llega a un país con una biografía, con sus muertos en la memoria, una infancia, una cultura, el recuerdo de lugares en los que fue feliz y que guarda en lo más profundo de su alma, una lengua con la que piensa, imagina, sueña y ama, y acaba deshumanizado y convertido en el demonio que los racistas quieren ver.

Construimos nuestra identidad a través del contacto con los demás y, cuando una sociedad le dice a un individuo —y hay muchas formas de decirlo— que vale menos por pertenecer a determinada etnia o país, acaba condicionando la imagen que esa persona tiene de sí misma. Nuestras sociedades están atravesadas por múltiples jerarquías y existen muchos espacios en los que una persona puede experimentar desprecio, estigmatización o invisibilidad. Por eso el filósofo político Charles Taylor, en La política del reconocimiento, sostiene que el reconocimiento pleno del otro no es una mera cortesía, sino una necesidad humana fundamental.

El mayor mal lo hacemos por ignorancia, por no comprender los devastadores efectos que nuestras acciones producen en los demás. Desde este punto de vista, los sentimientos de hostilidad hacia sí mismos, observados por sociólogos y antropólogos en miembros de algunas minorías, suelen desarrollarse en marcos sociales etnocéntricos y supremacistas que parecen recordar permanentemente a cada individuo cuál es su lugar dentro del sistema jerárquico. Y solo en presencia de esas condiciones culturales opresivas un ser humano interioriza sentimientos de inferioridad respecto al grupo dominante, que es el que marca los usos y costumbres “correctos”. Algunas de las mejores y más brillantes personas que conozco son marroquíes, rumanas o colombianas, pero parece que han de ganarse su legitimidad como ciudadanos a diario, y, además, ni siendo personas ejemplares terminan de estar bajo sospecha para los "buenos" españoles. Con todos estos condicionantes negativos, toda integración se convierte en utopía.

Las mismas lógicas de sospecha permanente operan con otros colectivos, especialmente los de menor poder adquisitivo. Algunos de quienes se muestran más beligerantes con marroquíes, argelinos y africanos en general ponen como excusa que no desean una España islamista a la manera de Irán o Arabia Saudí, sin reparar en que estamos más que lejos de padecer una lacra fundamentalista en las escuelas, que es donde todo comienza (imposible tanto en las públicas, por su naturaleza laica, como en las privadas, casi todas cristianas), aunque tenemos problemas, como el resto de Europa, con las ideas salafistas que se promueven en algunas de nuestras mezquitas. Tampoco sufrimos, ni de forma remota, el grado de desintegración que se vive en algunos lugares de Francia o Bélgica, pero todo sea esforzarnos en crear diferencias que segreguen en vez de puentes que unan. Es la escuela pública, precisamente, la que ha de preservarse y fortalecerse con más fondos públicos porque es uno de los pocos entes con la capacidad de construir en el pensamiento de niños y adolescentes una cultura democrática y de valores constitucionales compartidos.

Estamos ante un fenómeno racista de muchos compatriotas que rechazan el legado andalusí, la última gran cultura que se asentó en la península, mientras se muestran orgullosos del resto de herencias culturales, todas mucho más remotas. Porque lo blanco, tanto en términos étnicos como culturales, es lo que tiene prestigio, mientras que lo africano o latinoamericano genera rechazo en un mundo que está naciendo y que será mestizo o, de lo contrario, alumbrará una sociedad terriblemente polarizada y jerarquizada, en la que los diferentes grupos humanos vivirán en burbujas de realidad aisladas. Por supuesto, los mismos españoles que abominan de la herencia de Al-Ándalus o del contacto con extranjeros son quienes más defienden, cuando están fuera de España, su derecho a ser españoles y a integrarse de manera plena en sociedades diferentes a la nuestra. Justo lo que niegan a los inmigrantes.

Siempre he pensado que el racismo es una forma de inmoralidad, esa punta del iceberg que indica que la persona racista tiene problemas serios con la ética en otros ámbitos: una confesión moral y no una descripción objetiva del mundo. Fíjense bien en su entorno. Algunas de las personas más racistas que he conocido en España no eran precisamente individuos ejemplares en ningún sentido.

En el racismo hay un discurso que trata de convertir al otro en un demonio que nos haga olvidar nuestras propias miserias. También existe un cuerpo teórico que intenta justificar la discriminación con la excusa de la supuesta inferioridad de determinadas razas. El libro The Bell Curve, de Richard J. Herrnstein y Charles Murray, absolutamente refutado por la ciencia, quizá sea el principal exponente de este delirio y en él se apoyaron muchos ciudadanos blancos estadounidenses en los años noventa del pasado siglo, tal vez con el fin de aliviar sus conciencias y de justificarse ante la barbarie de la discriminación contra los negros. La ciencia ha rebatido de manera aplastante todas las estupideces supuestamente científicas vertidas en decenas de artículos y libros como este.

Pero ¿qué ocurriría si todas esas ideas delirantes sobre la supuesta inferioridad de los negros o los latinoamericanos fueran ciertas? ¿Cómo deberíamos tratarles entonces? ¿Estaría justificado que les negásemos el acceso a la salud, a la educación o a cualquier forma de protección social? ¿Sería ético tratarles como a ciudadanos de segunda, negándoles todo afecto, respeto y consideración? Las personas ya difieren enormemente entre sí en inteligencia, talento, virtudes o comportamientos, y esas diferencias no determinan sus derechos como ciudadanos ni su dignidad como seres humanos. Lo que diferencia a una persona decente de una indecente es que la segunda está siempre esperando cualquier excusa que justifique su falta de humanidad con los grupos marginados.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Quizá el mayor reto geopolítico que afronta Europa sea su competencia en la Red. La Red se ha convertido en el condensador de las grandes inversiones. Para analizar qué conexiones existen entre las grandes tecnológicas, las grandes corporaciones de la Red y todo el entramado económico que vehícula, hay que comenzar por conocer qué se juega en cada una de las capas de internet.

Internet se suele descomponer en seis niveles, cada uno de los cuales cumple ciertas funciones y acumula cierto valor. Una primera capa responde a la pregunta ¿por dónde circulan los datos? Esta capa tiene carácter físico y se limita a transportar físicamente paquetes de bits de un punto a otro. Se trata de la primera infraestructura: cable submarino, cable terrestre, satélites e infraestructura de soporte de estas líneas. Concentra una actividad intensiva de capital y añade poco valor, por lo que el margen económico es bajo. Sin embargo, la inversión es estratégica, pues nada podría funcionar sin esta infraestructura. Fabricantes de cable, empresas encargadas de instalación y tendido, de mantenimiento y reparación, etc., apenas tienen margen económico. Su tecnología, una vez instalada, es relativamente estable y estándar. Pero sus instalaciones son fundamentales estratégicamente.

El 90% del tráfico de internet circula por cable submarino, cables de enorme envergadura que unen continentes y están casi en su totalidad bajo titularidad de empresas norteamericanas. En el cable terrestre alcanzan gran importancia empresas europeas como Deutsche Telekom, Telefónica, Bt, etc. Sin embargo, en zonas dónde no puede llegar el cable por dificultad geográfica o geopolítica, guerras, territorios arrasados, aislados, etc., el sistema satelital de baja altura LEO cumple la transmisión no cableada de información. En Occidente, la ventaja la tienen las Big Tech, Elon Musk especialmente.

La segunda capa responde a ¿cómo circulan los datos? Y forma la Red IP. Es decir, la red que asigna a cada dispositivo una etiqueta de identificación. Aquí aparecen los routers, switches, protocolos, BGP y MPLS. Ya no sólo transportan bits, deciden dónde los transportan. Aquí el valor añadido aumenta al introducir algoritmos que direccionan el mercado. Brevemente definidos: el router permite interconectar redes con distinto prefijo en las direcciones IP; los switches son dispositivos que permiten conectar distintos dispositivos a una misma red LAN; los protocolos en la segunda capa tienen por función principal transferir datos sin errores entre dispositivos conectados a una misma red física; el protocolo de enrutamiento entre dominios BGP desempeña un papel crucial a mantener unida internet y proporcionar la ruta para que los paquetes IP fluyan entre las redes de todo el mundo operadas por diferentes proveedores; una red MPLS es una Red Virtual Privada (VPN) que proporciona la comunicación entre sedes o delegaciones de una empresa de manera totalmente segura y fiable.

La tercera capa responde a ¿dónde se ejecuta? Y está compuesta básicamente por los centros de datos (data-centers), no se decide sólo las rutas, se decide también dónde se ejecuta una aplicación, dónde se guardan los datos, qué servidor se va a utilizar y cómo se va a repartir la carga. Esta capa compone el nivel de infraestructura digital en la que los datos, las aplicaciones y los recursos computacionales son organizados dinámicamente para ejecutar funciones, distribuir cargas de trabajo, almacenar información y prestar servicios digitales. Aquí aparece mucho software, con multitud de funciones, pues deben activarse numerosas aplicaciones. El consumo energético es máximo.

En la cuarta capa, la nube (cloud) responde a la pregunta ¿qué recursos computacionales solicito? Aquí, el usuario deja de comprar servidores y compra servicios. Se trata del uso de servidores remotos a través de Internet para almacenar, administrar y procesar datos, eliminando la necesidad de una infraestructura física local. En la actualidad prácticamente todos los servicios y herramientas de internet pueden estar en la nube. A este nivel hay grandes plataformas que gestionan globalmente las redes como cloud, las más importantes Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Cloud Run.

Por ejemplo, una empresa quiere crear una aplicación que analice videos o imágenes. A este nivel la empresa debe construir su propia solución; debe elegir el modelo de IA a utilizar, pensar cómo diseñar la aplicación, cómo almacenar los vídeos, las imágenes, cómo gestionar los usuarios y cómo distribuir el tráfico. La nube le ofrece los recursos para construirla. Aquí el valor añadido ya es alto, pues el cliente no compra infraestructura, sino inteligencia. Pero en este caso, la empresa aún debe construir su solución.

La quinta capa responde, no ya a qué recursos, sino a qué funciones quiero. Está formada por grandes plataformas que ofrecen un entorno funcional ya organizado. Grandes plataformas como Amazon, por ejemplo, no extraen su rentabilidad de la propiedad de la fibra, ni de tener servidores repartidos por todo el mundo, AWS en este caso, obtiene los beneficios sobre todo de la venta de bases de datos administradas, de la seguridad, del aprendizaje automático y gracias a que disponen de una plataforma integrada y completa.

Las grandes plataformas ofrecen albergue a otras plataformas, por ejemplo médicas. En este caso ofrecen medios técnicos para la identidad, las APIs, la seguridad, el almacenamiento, la nube, la IA, la distribución y centro de datos. Así, por ejemplo, un hospital utiliza una plataforma médica digital que se alberga en una plataforma técnica. La plataforma médica proporciona cuentas de médicos, almacenamiento de imágenes, historial de pacientes, gestión de permisos, interfaz, conexión a modelos IA, auditoría y facturación. En este hospital, un médico sube una radiografía, la plataforma se ocupa de todo el flujo operativo: identifica al médico, comprueba permisos, almacena la imagen, envía la imagen al servicio adecuado y devuelve el resultado. Se convierte así en el ecosistema operativo del servicio. Pero, aunque la plataforma haga desaparecer la complejidad técnica del usuario, esto no significa que ella misma sea la inteligencia que interpreta el contenido.

Ahora bien, lo que sucede es que la quinta y la sexta capa cada vez están más integradas. La sexta corresponde a la IA y va penetrando todos los niveles (por ejemplo, gestiona el consumo energético de un Data Center). Ciñéndonos al caso, la IA analizaría la radiografía, efectuaría un reconocimiento de patrones, compararía con datos aprendidos, realizaría procesos de inferencia e interpretaría “Existe una probabilidad elevada de que este paciente tenga tal enfermedad”, etc. Aquí es la IA, y no el médico, quién interpreta la imagen.

La IA no sólo funciona en la relación usuario-máquina; también lo hace mediante IoT (siglas en inglés de Internet of things, en español: Internet de las cosas), interviniendo entre máquina-máquina. Por ejemplo, en las calles de una ciudad puede haber cámaras, sensores de tráfico, semáforos conectados, sensores de calidad del aire, vehículos conectados a una plataforma de gestión urbana y un sistema de IA. Así, si se produce un accidente, los sensores transmiten en tiempo real datos (mediante Starlink, por ejemplo), a una plataforma IoT dotada de IA. La IA interpreta “Se ha producido un accidente. Se acumula el tráfico, se aproxima una ambulancia, necesita una ruta rápida, es necesario modificar la circulación” y decide: cambia los semáforos, crea una ruta prioritaria para la ambulancia, desvía el tráfico en determinadas calles, ajusta los paneles informativos, reduce la velocidad máxima, activa cámaras adicionales y todo ello sin que nadie haga nada. Y esa información se acumula como experiencia y sirve para las siguientes situaciones.

Como se ve, la sexta capa, la IA, aunque en periodo de transición, es la que puede generar mayor valor añadido. En esta capa prácticamente desaparece la informática para el cliente. Con la IA el usuario no tiene que buscar ni elegir el modelo que quiere, lo hace la IA porque sabe qué necesita. De ahí las ingentes inversiones en IA y la competencia exacerbada que despierta por ganar el mercado de modelos IA.

Europa posee empresas muy competitivas en las capas inferiores; por ejemplo, la ASML fabrica la maquinaria más avanzada para producir chips; la Prysmian, para cable; Nokia y Ericsson son suministradores muy importantes de infraestructura de telecomunicaciones; Airbus desarrolla sistemas muy competitivos aeroespaciales.

Sin embargo, las empresas norteamericanas AWS (Amazon), Microsoft, Google Cloud, Open AI y Meta, o las correspondientes chinas, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud y sus propios modelos de IA, copan el mercado de las capas de más valor añadido. No es que las capas inferiores no tengan valor, son imprescindibles, pero valor y poder de mercado se acumula en las superiores porque éstas acumulan el software, los datos, la capacidad de innovación inmediata y sobre todo, la relación inteligente y directa con el cliente.

Por tanto, la dependencia europea radica en las capas altas de internet. Europa trata de contrarrestar este déficit desarrollando una infraestructura cloud frente al predominio de los proveedores estadounidenses; también intenta hacer frente a las grandes plataformas de servicios digitales copados por plataformas USA, a la conectividad aérea dominada por el emporio satelital de Elon Musk Starlink. Frente a esto último, Europa trata de asegurar la conectividad para situaciones críticas, mediante la red satelital IRIS —para los servicios fundamentales: administración pública, defensa, sanidad, investigación, infraestructuras críticas, industria— e, igualmente, reforzar la producción de semiconductores y ampliar la capacidad de los Data Center intentando crear un ecosistema cloud más soberano. Por tanto, no se trata de emular a EEUU o a China, cosa imposible, sino de lograr un mínimo de independencia y garantía al menos en la nube (OVH Cloud, IONOS, Scale Way, etc.). El reto está justo en cómo, teniendo EEUU el control de las redes físicas y satelitales —y por tanto la circulación, priorización y velocidad de los datos—, Europa puede conseguir un ecosistema independiente.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

Cuando escuchas la frase "cáncer de próstata metastásico en estadio IV", no valoras bien su significado, pero algo dentro de ti se paraliza. Después, no puedes evitar reflexionar y darle vueltas a los números cuando te dicen que "la tasa de supervivencia relativa a los cinco años es del 37%".

En ese momento, tu mente, incapaz de procesar el porcentaje con la frialdad de las estadísticas de laboratorio, hace la cuenta de la vieja de que, de cada cien hombres como yo, sesenta y tres morirán en esos cinco años. Te quedas mudo y una sensación fría y dolorosa se abre en tu interior: me han colgado una fecha de caducidad. Todo un torbellino de sensaciones —miedo, desesperanza y tristeza— se aferra a tu corazón. Sin embargo, nunca me pregunté: "¿Por qué a mí?". La verdadera pregunta que me atormentaba en bucle era otra: "¿Por qué no lo supe antes?". Y la respuesta que encontré fue tan simple como indignante: simplemente porque sobre este cáncer no existe información, ni preventiva ni de ningún tipo, solo la nada.

Afortunadamente, el conocimiento y la medicina actual nos permiten desarmar el terror de los números. Ahora sé que ese dato del 37% no refleja los tratamientos más actuales, que están logrando cronificar la enfermedad. Además, esa cifra incluye a pacientes de avanzada edad que fallecen dentro de ese periodo por causas naturales, infartos u otras causas ajenas al propio tumor. La realidad clínica actual demuestra que se puede vivir mucho más tiempo y con una excelente calidad de vida, al menos eso espero yo.

Sin embargo, el impacto que provoca escuchar ese porcentaje te cambia para siempre. Y es precisamente ahí, en el borde de ese abismo, donde nace la indignación que encendió el motor de PROSVIDA.

No podemos seguir permitiendo que miles de hombres sigan llegando a esa misma consulta, a enfrentarse a la angustia de esas estadísticas, simplemente por desinformación o por un pudor absurdo que nos silencia. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres, pero se sigue tratando como un tema tabú. Nos falta educación, nos falta hablar sin miedo de la salud masculina y, sobre todo, nos faltan protocolos institucionales de cribado y concienciación que lleguen a cada rincón de nuestra sociedad.

Si un simple análisis de sangre —PSA— y una revisión a tiempo pueden evitar que un hombre tenga que enfrentarse al diagnóstico de una metástasis, no implementar campañas masivas de información es una negligencia social. Mi realidad actual, con la que convivo desde 2022, ya no es solo una batalla médica personal; es una cruzada colectiva. Luchamos a través de la palabra, de la cultura y de iniciativas como el Festival Nacional de Poesía PROSVIDA, porque el arte también es una herramienta política y sanitaria para romper el silencio.

No quiero que nadie más tenga que calcular sus probabilidades de supervivencia bajo una cifra aterradora por culpa del desconocimiento. La información salva vidas. El diagnóstico precoz nos devuelve el futuro. Exijo, exigimos, que se informe a tiempo, porque llegar antes de la metástasis no es un privilegio, es un derecho fundamental que nos pertenece a todos. Más de seis mil muertes al año es una terrible brutalidad que se debe acabar. El cáncer de próstata es curable casi al cien por cien si se detecta a tiempo.

Yo ahora me enfrento a un dilema personal profundamente complejo. Por un lado, siento el orgullo colectivo de un éxito rotundo conseguido en pocos meses: se ha logrado entre todos lo impensable, hemos celebrado 24 recitales por toda España y se ha sumado el apoyo de miles de personas.

En este camino, romperé siempre una lanza a favor de los ayuntamientos: todos, sin excepción, nos abrieron sus puertas con sensibilidad. Pero de ahí hacia arriba, el silencio institucional ha sido absoluto —provincial, regional y nacional—, lo que me deja una dolorosa sensación de fracaso a pesar del éxito social y cultural conseguido.

Por otro lado, está mi coste personal. Llevo peleando contra este cáncer desde 2022 y, a través de PROSVIDA, no he podido dejar de pensar en él ni un solo instante. Necesito pasar página, olvidar la palabra cáncer y volver a tener una vida normal. Esta lucha no va a curar mi enfermedad, que hoy es incurable, ni me dará más tiempo del que ya tengo.

Deseo no ser uno de esos sesenta y tres que se marchan antes de tiempo, pero, si lo soy, tengo una vida hermosa más allá de la enfermedad y quiero vivirla con toda la intensidad que me sea posible; el tiempo que me pueda quedar, que espero sea mucho.

Por todo esto, he decidido tomarme un tiempo de calma durante los meses de verano para descansar y pensar con perspectiva. Será entonces cuando decida si el proyecto PROSVIDA sube un nivel conmigo al frente o si, por el contrario, ha llegado el momento de dar un paso al lado y apoyarlo en la distancia.

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Julio Criado García es empresario fundador del grupo editorial Oretania.

La libertad de prensa no consiste en que los periodistas publiquen aquello que satisface a un determinado partido, sustituyendo el criterio profesional por consignas ideológicas diseñadas desde los gabinetes de prensa de las organizaciones políticas. Necesitamos medios libres, periodistas independientes y ciudadanos capaces de distinguir entre información, opinión y propaganda.

En los últimos años, el debate sobre la libertad de información se ha ido contaminando por un fenómeno preocupante: algunos partidos no discuten el trabajo periodístico desde la crítica legítima, sino que cuestionan la propia legitimidad de los medios que no se alinean con sus intereses. El objetivo, más que mejorar el periodismo, pasa a convertirse en controlar quién informa y cómo lo hace.

En este contexto, resulta especialmente relevante analizar la relación entre determinadas fuerzas políticas y los medios públicos. El caso de Vox ha generado controversias por la incorporación de personas próximas a su entorno político a puestos de responsabilidad en organismos de comunicación. Uno de los nombres que ha estado en el centro del debate es el de Álvaro Zancajo. Investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por cobrar de Canal Sur y de Vox. Como ocurre en cualquier Estado de derecho, una investigación no equivale a una condena, pero sí plantea interrogantes sobre la necesidad de preservar la independencia de las instituciones públicas.

La preocupación no se limita a los nombramientos. También afecta a la gestión editorial. Durante la etapa en la que Zancajo dirigió los informativos de Canal Sur, diversas decisiones fueron objeto de una intensa polémica política y profesional. Entre ellas, las críticas por el tratamiento informativo de asuntos de gran relevancia nacional, como la sentencia del caso Gürtel, o cuando un diputado de Vox se dirigió a la presidenta de la Cámara, a la que literalmente mandó “a tomar por culo”. Aquellas controversias alcanzaron tal dimensión que el director general de Canal Sur, Juan de Dios Mellado, compareció en el Parlamento andaluz y pidió disculpas por errores en el tratamiento informativo de determinados contenidos.

Más allá de la valoración concreta de esos episodios, la cuestión de fondo es otra: ¿puede un medio público cumplir su función cuando la ciudadanía percibe que existen interferencias políticas en sus contenidos? La credibilidad de un servicio público de comunicación depende precisamente de su capacidad para informar con independencia de quien gobierna.

La libertad de prensa tampoco puede convertirse en un privilegio reservado únicamente para quienes comparten una determinada orientación ideológica. Los periodistas deben poder investigar tanto a gobiernos de izquierdas como de derechas, denunciar casos de corrupción con independencia del partido implicado y ejercer su profesión sin campañas de intimidación, descalificaciones personales, intentos de señalamiento y amenazas de motosierra y bombas atómicas cuando ellos se hagan cargo.

Resulta paradójico que quienes afirman defender la libertad de expresión propongan, al mismo tiempo, mecanismos destinados a condicionar la actividad de los medios o a desacreditar sistemáticamente a aquellos que publican informaciones incómodas. La pluralidad informativa exige precisamente lo contrario: más independencia, más transparencia y menos control partidista.

No se trata de impedir que existan periodistas conservadores, progresistas o liberales. La diversidad ideológica forma parte de cualquier sociedad democrática. Lo preocupante aparece cuando la fidelidad a un partido pasa a ser el principal criterio para acceder a puestos de dirección en medios públicos o cuando la información queda subordinada a intereses políticos —es lo que yo llamo “síndrome Urdaci” o “enfermedad del Ce Ce o o”—.

Necesitamos periodistas incómodos, profesionales capaces de hacer preguntas difíciles al poder, sea cual sea el color del Gobierno. Cuando la información se convierte en una extensión de la estrategia de un partido, ya no sirve al derecho de los ciudadanos a conocer la verdad de los hechos.

El deterioro de la libertad de información rara vez comienza con el cierre de periódicos o la censura explícita. Suele empezar de forma mucho más sutil: mediante la ocupación de espacios de influencia, el cuestionamiento permanente de los medios independientes, la presión sobre las redacciones y la normalización de que la lealtad política pese más que el mérito profesional. Ello da lugar a ciertas invisibilizaciones —por ejemplo, relegando las masivas manifestaciones de las Mareas Blancas a lugares secundarios en los informativos—, ocultando datos clave —como que las listas de espera sanitarias en Andalucía están entre las mayores de España— o no prestando la debida atención a la terrible degradación de la sanidad pública.

Por ello, el debate sobre la libertad de prensa en España no debería centrarse en qué partido controla más medios, sino en cómo garantizar que ningún partido pueda controlarlos. Porque la independencia periodística no pertenece a la izquierda ni a la derecha; pertenece a los ciudadanos. Y cuando esa independencia se debilita, no pierde solo el periodismo, sino la calidad de nuestra democracia.

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Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.

Existe la creencia generalizada de que la Asamblea de Barcelona de CCOO, el 11 de julio del 76, aún en la clandestinidad de un franquismo en retroceso pero ni mucho menos vencido, fue el momento fundacional del sindicato. La UGT ya había decidido constituirse como el sindicato afín al socialismo que representaba Felipe González tras el Congreso de Suresnes. 

La Unión Sindical Obrera (USO) venía actuando como sindicato de orientación cristiana desde los años 60. La CNT estaba en proceso de reconstitución desde el exterior y el sindicalismo vertical en descomposición, aunque fue a mediados de junio del 77 cuando se dieron los pasos definitivos para su desaparición.

La Asamblea de Barcelona de julio de 1976 afrontó ese momento con una decisión trascendental. Mantenerse como movimiento, intentando forzar un sindicalismo unitario que fuera una exigencia desde las bases obreras, desde las empresas, o aceptar la realidad de un panorama sindical plural en el que las CCOO serían un sindicato más, tal vez hegemónico, pero uno más.

El lugar elegido para la Asamblea, la iglesia de Sant Medir, en el popular barrio de Sants, en Barcelona, tenía que ver con la existencia de una iglesia que daba cobertura, acogía, amparaba y fomentaba el sindicalismo libre y democrático. Una iglesia representada por curas obreros como Francisco García Salve o Mariano Gamo, junto a otros como el padre Llanos o Díez Alegría.

La Comisión Obrera Nacional de Cataluña (CONC), como anfitriona de la reunión, esperaba en los puntos de encuentro a quienes iban llegando en trenes, autocares o vehículos privados y, en grupos, los llevaban hasta la parroquia. En pleno 11 de julio, el calor era insoportable en un recinto no demasiado grande que acogió a 650 representantes. 

La presencia masculina era abrumadora. Las mujeres eran muy pocas en el evento y la coordinadora general elegida no incluía a ninguna mujer entre sus 24 miembros. Hubo que esperar a la primera dirección sindical elegida tras la legalización para que el nuevo Consejo Confederal designara a una mujer, Begoña San José, para ocupar la Secretaría de la Mujer en el Secretariado Permanente.

Aunque todo el mundo reconocía la autoridad de personajes como Marcelino Camacho, Nico Sartorius o Cipriano García, las CCOO siempre fueron plurales y la unanimidad brilló por su ausencia, pues había quienes querían dar el paso y constituir CCOO como un sindicato propio, mientras otros defendían mantener el movimiento hasta lograr un sindicato unitario para todos los trabajadores.

La solución fue un pacto de compromiso. CCOO no dio el paso de constituirse como sindicato, sino que adoptó la decisión de mantenerse como movimiento, encaminado a crear un sindicato asambleario, plural y único articulado desde las bases. Un sindicato que incorporase diversas tendencias políticas y que fuera autónomo de los partidos. 

Hay que recordar que sindicatos de inspiración comunista, socialista o democratacristiana marcaban la acción sindical en Francia o en Italia, mientras que Gran Bretaña o Alemania mantenían fuertes sindicatos unitarios. Así las cosas, pese a las advertencias de que UGT no iba a recorrer ese camino, la Asamblea se zanjó con la decisión de mantener un movimiento sociopolítico abierto a todos los trabajadores y trabajadoras. 

No obstante, decidieron tantear la fuerza de CCOO entre los trabajadores y crearon un bono de apoyo de 25 pesetas para fidelizar y para disponer, además, de algún tipo de recurso propio. No era una cuota, sino un baremo, una medida, del compromiso que recababan las CCOO.

La respuesta negativa de las otras centrales sindicales no se hizo esperar, e incluso en el interior de las CCOO comenzaron los movimientos para constituir nuevas fuerzas sindicales de obediencia partidaria, entre las cuales figuraron la CSUT (Confederación Sindical Unitaria de Trabajadores) o el SU (Sindicato Unitario), afines al Partido del Trabajo, la primera, y a la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la segunda. 

Hubo que esperar a la reunión de la Coordinadora General de las CCOO, el 22 de septiembre del 76 en Madrid, para adoptar la decisión de constituirse como sindicato, aún en la clandestinidad y a la espera de una legalización de los sindicatos que, tras el asesinato de los abogados de Atocha, el 24 de enero de 1977, y la legalización del Partido Comunista (PCE), el 9 de abril de ese mismo año, terminaría por llegar el 27 de abril.  

Estos días se ha conmemorado el 50.º aniversario de la Asamblea de Barcelona. No está de más rememorar, explicar y difundir las ideas y las muchas historias que rodearon aquel acontecimiento. Nunca viene mal que las nuevas generaciones reciban el testigo de la memoria de quienes tuvieron que bregar antes que ellos en la defensa de las libertades y la democracia. 

Sin embargo, he podido comprobar, ahora que me encuentro en mi puesto de trabajo en la enseñanza de adultos, que la repercusión mediática del acto en el que estuvieron el presidente de la Generalitat, el alcalde de Barcelona y la ministra de Trabajo ha sido más bien escasa. Y ya sabemos que lo que no conocemos no existe para nosotros. 

Poca televisión, salvo RTVE, algunas agencias, poca radio, entre ellas la Cadena SER, bastantes medios impresos, entre los que no hay muchos de derechas, y algunos digitales. Quiero destacar algunos titulares que me han parecido llamativos y un poco más trabajados: 

- "CCOO conmemora 50 años de su Asamblea de Barcelona reivindicando su papel durante la Transición".

-"Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en las fábricas: CCOO celebra los 50 años de la Asamblea de Barcelona".

-"Algo pasó en Barcelona hace 50 años que la democracia no ha reconocido". 

Tres titulares bastan para animar a recordar, recuperar la memoria y aunar voluntades. No hacerlo nos condena al sometimiento, la sumisión, la claudicación, la resignación. Y ese camino no nos depara nada bueno.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Con la creciente centralidad de la competencia geopolítica, el concepto de seguridad se ha asentado como una dimensión transversal en la gran mayoría de las políticas de la Unión Europea. Esta lógica también ha alcanzado la esfera económica. El término "seguridad económica" ocupa ya un lugar central en el debate comunitario, desde la Estrategia de Seguridad Económica presentada por la Comisión Europea en 2023 hasta el informe Draghi sobre competitividad.

A diferencia de la competencia geopolítica de la Guerra Fría, que operaba entre bloques relativamente estancos con reducida relación comercial, esta nueva etapa de rivalidad se despliega en un contexto de economía globalizada, sustentada en densas y complejas redes de interdependencia. El resurgir de los intereses nacionales por encima de las estructuras multilaterales está configurando un mundo caracterizado cada vez más por la confrontación económica, la coerción y la instrumentalización de las dependencias. Todo ello ha expuesto las profundas vulnerabilidades que padece la UE y que amenazan directamente al proyecto comunitario.

Por ello, hoy resulta insuficiente definir la seguridad desde un prisma únicamente militar. Hace falta adoptar una visión integral que conciba la seguridad como algo transversal, que se juega simultáneamente en el terreno de la defensa, la energía, la industria, las cadenas de valor y la tecnología. Lo que durante décadas se trató como política comercial, con la eficiencia y la obtención de crecientes beneficios como principales objetivos, se ha convertido, nos guste o no, en política de seguridad.

La inserción de este enfoque en la esfera económica suele generar recelo, sobre todo entre los sectores más liberales, que continúan concibiendo el libre mercado como un bien en sí mismo. Sin embargo, este recelo suele ir asociado al error de hacer equivaler seguridad económica con oposición al mercado global. Nada más lejos de la realidad.

La madurez de la UE exige reconocer los beneficios del libre mercado y de la interdependencia económica, pero también asumir que este esquema, en un contexto de rivalidad geopolítica, puede generar vulnerabilidades que rivales sistémicos u otros países, incluso socios, pueden explotar. Lo vemos con ejemplos recientes como la utilización del gas como herramienta de presión por parte de Rusia tras la invasión de Ucrania, las restricciones a la exportación de materias primas críticas impuestas por Pekín como represalia geopolítica, y las estrategias comerciales coercitivas de la administración Trump.

La solución, evidentemente, no pasa por la autarquía. Para una economía abierta como la europea, integrada en cadenas de valor globales de las que depende el bienestar de sus ciudadanos, esa salida no es viable ni deseable. Los costes serían inasumibles. La seguridad económica consiste en evitar la ingenuidad respecto a quién tiene la capacidad de estrangular suministros críticos y actuar en consecuencia, no en levantar muros.

¿Qué implica, entonces, la seguridad económica en tiempos de interdependencia? Implica, en primer lugar, mantener la apertura comercial, pero incorporando las consideraciones de soberanía y resiliencia necesarias para asegurar que la UE pueda moldear su futuro en vez de limitarse a reaccionar ante shocks externos. En segundo lugar, implica asumir que no todas las relaciones comerciales ofrecen el mismo grado de fiabilidad, y que conviene distinguir entre dos tipos de afinidad con nuestros socios. La primera es funcional, es la que mantenemos con actores que comparten el interés en un mercado global, aunque no necesariamente nuestros principios políticos. La segunda es de valores y hace referencia a la que construimos con países comprometidos con las mismas estructuras democráticas y multilaterales. Ambas son necesarias, pero no son intercambiables, debido a que no se pueden depositar las mismas expectativas de fiabilidad y confianza en un socio funcional que en un aliado que comparte nuestros valores.

Pero el objetivo no es solamente reducir vulnerabilidades a través de la diversificación de socios fiables. Un elemento igualmente esencial de la seguridad económica es reforzar nuestra competitividad global y nuestra posición en las cadenas de valor más relevantes. En otras palabras, hay que hacerse imprescindibles en el entramado económico mundial. Un actor del que otros dependen tiene mucha más capacidad de disuasión y negociación que otro que simplemente ha diversificado sus proveedores, pero carece de relevancia en las estructuras de producción mundial. Europa ya cuenta con activos de este tipo como las máquinas de fotolitografía que emplean tecnologías de luz ultravioleta extrema, sin la cual Estados Unidos ni China pueden fabricar los semiconductores más avanzados.

Todo ello solo es posible a escala comunitaria. Los Estados miembros por sí solos carecen de la masa crítica necesaria para disuadir a terceros de guerras comerciales o presiones económicas. Una respuesta fragmentada a este nuevo contexto solo se traducirá en duplicidades e ineficiencias que acabarán por erosionar el mercado común europeo, que es, precisamente, el principal activo estratégico del bloque.

Esta nueva orientación de la política económica europea, pasando de una lógica basada en la eficiencia a otra diferente, que incluye también la seguridad, comportará costes a corto y medio plazo. Relocalizar industria crítica en la Unión Europea o en países afines, reducir importaciones de productos esenciales procedentes de actores no fiables, aunque los vendan más baratos, o construir capacidades propias en sectores estratégicos no saldrá barato.

No obstante, la alternativa es no hacer nada y esperar a que nadie explote nuestras vulnerabilidades. Esta posición resulta difícil de sostener cuando incluso el mayor aliado de la historia de la UE trata de obtener beneficios políticos coaccionándonos económicamente. Como todo, las posibilidades de que la Unión Europea sobreviva a un contexto tan competitivo pasan por asumir un papel proactivo que no nos deje desprotegidos ante factores externos. Pasan, en definitiva, por dejar de confundir apertura con indefensión.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

En su reciente artículo “Que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones”, Joaquín Urías lanza una advertencia que va mucho más allá de la coyuntura jurídica: el Poder Judicial español no emana del pueblo, no funciona con reglas democráticas equiparables a las del Parlamento y el Gobierno y una parte de sus jueces, especialmente en la cúpula, ha asumido el papel de gobernantes sin haber pasado por las urnas. A partir de esa tesis, el debate deja de ser solo técnico y se convierte abiertamente en político y democrático.

En democracia, la ciudadanía elige a quienes van a tomar decisiones políticas: aprobar una regularización de inmigrantes, reformar el código penal, diseñar la política económica o pactar la convivencia territorial. Ese mandato se expresa en programas, campañas, debates y, sobre todo, en la posibilidad de castigar en las siguientes elecciones a quien se ha equivocado.

Los jueces no forman parte de esa cadena de legitimidad. Una parte significativa accede por oposición y progresa por una carrera cerrada; otros lo hacen a través de vías alternativas ---desde fórmulas de promoción interna a figuras de juristas de reconocida competencia--- que ni siquiera exigen haber superado una oposición específica de juez. En todos los casos, su incorporación a la judicatura no expresa ninguna voluntad política colectiva, porque nunca someten su proyecto de país al escrutinio ciudadano. Su función constitucional es acotada: aplicar las leyes que aprueban las Cortes y controlar la legalidad de la actuación del Ejecutivo, garantizando derechos frente a abusos.

Cuando esa función se desborda y empieza a sustituir la decisión política, el problema ya no es técnico, sino democrático.

La arquitectura judicial española se ha levantado sobre una idea tan repetida como mal entendida: la independencia. Independencia frente al Gobierno, frente al Parlamento, frente a cualquier presión externa. Pero se ha olvidado algo esencial: un poder sin controles tiende a convertirse en un poder sin límites.

El Consejo General del Poder Judicial, concebido como órgano de gobierno de los jueces y tenue puente con la voluntad popular, lleva años degradado entre bloqueos partidistas y lógica de cuotas. Ese bloqueo prolongado no solo paraliza nombramientos: erosiona la escasa conexión democrática del sistema. Mientras tanto, la cultura corporativa de la judicatura se refuerza: cualquier crítica se presenta como ataque a la separación de poderes, cualquier propuesta de reforma como intento de someter la justicia al poder político.

El resultado es un poder muy poco democrático: no emana del pueblo, no rinde cuentas ante nadie y se protege frente a cualquier control efectivo. Y, sin embargo, decide sobre cuestiones que afectan a cientos de miles de personas, desde la política migratoria hasta la gestión de conflictos territoriales.

El texto de Urías pone el foco en la cúpula judicial, especialmente en el Tribunal Supremo. Allí se ha consolidado una forma de intervención que va más allá del control de legalidad: decisiones que corrigen, condicionan o bloquean el rumbo político como si fueran una segunda cámara no elegida.

Cuando un tribunal se posiciona ante una regularización de inmigrantes no solo con argumentos jurídicos, sino con la pretensión de marcar qué modelo de sociedad debe prevalecer, está ocupando el lugar que corresponde al Parlamento y al Gobierno. Cuando determinadas interpretaciones se convierten en dogma que limita cualquier mayoría parlamentaria, la soberanía popular deja de ser el centro del sistema.

La ironía de Urías ---que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones--- funciona como espejo: si quieren gobernar, que hagan campaña, que expliquen abiertamente su proyecto de país, que asuman el desgaste de decidir sobre la vida y los derechos de millones de personas. Lo que resulta inaceptable es ejercer ese poder sin haber pedido nunca el voto de nadie.

La respuesta no pasa por someter la justicia al capricho del Gobierno ni por convertir a los jueces en militantes de partido. Pasa por reequilibrar los poderes y por recordar que el centro de gravedad del sistema es el pueblo, no la cúpula judicial.

Algunas líneas de reforma son claras:

- Garantizar que el órgano de gobierno de los jueces se renueva en plazo, con reglas que impidan el bloqueo y obliguen a los partidos a consensuar su composición.

- Delimitar por ley el espacio de intervención judicial: reforzar el control de legalidad, pero excluir expresamente la sustitución de decisiones de oportunidad política tomadas por quienes han sido elegidos.

- Exigir mayor transparencia y motivación reforzada en las resoluciones con impacto político estructural, de manera que se distingan con honestidad los argumentos jurídicos de las valoraciones ideológicas.

- Aprobar códigos de conducta que obliguen a la contención pública de los jueces en activo, especialmente de quienes ocupan plazas en la cúpula, para preservar la confianza en su neutralidad.

- Fortalecer los mecanismos de responsabilidad y supervisión, de forma que la independencia no se convierta en impunidad corporativa cuando se traspasan los límites de la función jurisdiccional.

No se trata de "politizar" la justicia, sino de devolver la política a su sitio: que las grandes decisiones que fijan el rumbo del país se tomen en las urnas y en las instituciones que emanan de ellas. El Poder Judicial debe ser fuerte e independiente, sí, pero contenido por reglas democráticas y por la conciencia de que su misión es garantizar derechos, no gobernar en la sombra.

El artículo de Joaquín Urías sirve, así, como detonante de una discusión que ya no podemos aplazar: quién manda realmente en una democracia donde el poder más decisivo es el único que nunca se ha sometido a las urnas. Releer su propuesta de que los jueces del Supremo se presenten a las elecciones no es solo un ejercicio retórico: es una forma de recordar que, sin control democrático, cualquier independencia corre el riesgo de convertirse en soberanía sin pueblo.

Mientras un puñado de magistrados pueda decidir el destino político de España desde despachos blindados al escrutinio ciudadano, la pregunta seguirá siendo incómoda y necesaria. Y ahí no basta con reformar procedimientos: hay que devolver al centro del sistema la idea más sencilla y más radical de la Constitución, que el poder emana del pueblo y que nadie, tampoco los jueces, puede gobernar sin haber pasado antes por las urnas.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

¿Cómo es posible que, durante varios años, Madrid, con la renta por habitante más alta de España, sea la comunidad que menos invierta o gaste en los dos capítulos más importantes para la sociedad: sanidad y educación? ¿Cómo es posible que Madrid, la más “rica”, sea también la que tenga el presupuesto más bajo de todo el país?

Pues sí, es posible si se recauda mucho menos que en las demás comunidades autónomas. Vean las realidades económicas citadas anteriormente. Euros por habitante en 2024 y posición entre las comunidades autónomas:

Para 2026 se dedicarán a sanidad en Madrid 1.537 euros por habitante. En Asturias, 2.506. Último y primero de España.

Puede comprobarse que educación y sanidad recogen más del 50% de los gastos de todas las comunidades. Ahora bien, hay enormes diferencias, que llaman mucho la atención, entre lo que se dedica en Madrid –la comunidad con renta individual más alta– y Extremadura, que es la penúltima en cuanto a renta por habitante. Resumo: Madrid ha dedicado 2.303 euros por persona a ambos capítulos, mientras que Extremadura consigue elevar esa cifra hasta 3.469 euros. “Solamente” 1.166 euros más que Madrid. Por habitante.

La explicación es bien sencilla; Extremadura, a pesar de su relativa pobreza, llega a tener 7.129 euros por persona en sus presupuestos, mientras Madrid se queda en unos míseros 4.294 (¡550 euros por persona menos que Andalucía, que es la penúltima, y 1.007 menos que Canarias, situada en el puesto 14!). ¿El secreto? Que Madrid recauda muchísimo dinero menos que cualquier otra región española, a pesar de contar con casi la mitad de las fortunas del Estado. Ejemplo sencillo de entender: las 208.500 personas que en Madrid declaran más de cien mil euros de ingresos anuales pagan en impuestos autonómicos 208.500.000 euros menos que si lo hicieran en la región limítrofe de Castilla y León, que es la que, tras Madrid, menos recauda por ese concepto. Muchas comunidades gravan a los declarantes de más de cien mil euros con cuatro puntos porcentuales más que Madrid, lo que supondría más de ochocientos millones de euros extra para las arcas madrileñas si imitara a esos territorios. Hay incluso algunas, como Canarias, Aragón, Asturias, Extremadura, La Rioja y Valencia, que pueden llegar a tarifas más altas. Otros capítulos de la recaudación autonómica, como los impuestos de sucesiones o de patrimonio no están reflejados aquí, pero también Madrid es la colista, la última de todas en ingresos por esos conceptos.

Teniendo en cuenta que tanto Navarra como el País Vasco no son homologables con el resto de comunidades por contar con un sistema tributario diferente, no cabe duda de que las que destacan sobre las demás son Extremadura, Asturias, Cantabria, Aragón y Castilla y León; acompañando a Madrid en el furgón de cola, pero a notable distancia, Cataluña y Andalucía. Si atendemos a la población total, vemos que Madrid, Cataluña y Andalucía albergan a casi la mitad de la población del país. Para la mayoría de los españoles sería mejor vivir en Extremadura o en Asturias que en Madrid, Andalucía o Cataluña: tendrían una sanidad y una educación mejores, sin ninguna duda.

Ahora bien, la presidenta de Madrid alardea siempre de que sus conciudadanos pagan menos impuestos que los de otras regiones. Y es cierto. Entre otros, su novio pagó muchísimo menos. Pero veamos “cuánto” menos, según los tramos de renta, y comparándolo con Asturias, comunidad que está situada en un punto medio en presión fiscal en relación a otras:

A partir de 60.000 euros Madrid “no discrimina”. Carga con un 20,5% a todas las rentas. En Asturias, desde 21,5% hasta 25,5% a rentas mayores de 200.000 euros. En estas cifras no se tienen en cuenta posibles deducciones previas.

Conclusión: las personas que ingresan más de 50.000 euros anuales, que en Madrid son muchos cientos de miles, tienen que cotizar un 20,5%, aunque sus ingresos sean de varios cientos de miles de euros o incluso de millones. 20,5%. Límite máximo. También Murcia, Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha establecen topes máximos a partir de los sesenta mil euros, pero en casi todos los casos son un 2% superiores a los que aplica Madrid. Da lo mismo que ganen sesenta que seiscientos mil o seis millones de euros. No importa. En otras comunidades las tarifas llegan hasta casi el 30% en ingresos superiores a los trescientos mil euros.

Salta a la vista que los grandes beneficiados en Madrid son los ciudadanos con ingresos medio-altos o muy altos, y que los declarantes que ganan menos de sesenta mil euros al año “ahorran” un magro 1%-1,2% en relación a los asturianos. En euros: una persona que declare cincuenta mil euros al año pagará en Asturias, como máximo (porque puede haber otras deducciones), 10.750 euros y en Madrid, 10.250. En contraste a una que ingrese 300.000 euros: en Madrid pagaría 61.500 y en Asturias, 76.500 euros. En definitiva, las grandes beneficiadas en Madrid son las rentas altas o muy altas. A los que ingresan menos de cincuenta mil euros apenas les sirven los euros que dejan de pagar en Madrid para tomarse una cerveza diaria. Ni siquiera. Quizá una caña cada tres o cuatro días. El ejemplo más reciente: algún futbolista de la selección ganadora del Mundial pagará cuarenta mil euros menos que otros (de los más de 800.000 que recibirán) por tener su residencia en Madrid.

Dejen, pues, los gobernantes de Madrid de alardear de la bondad de su sistema tributario y digan la verdad: lo que les importa es que la clase más favorecida económicamente contribuya a las arcas colectivas lo menos posible. Y en Madrid reside, por el privilegio de ser capital del Estado y por esta realidad contributiva, gran número de altos directivos y ejecutivos que no lo harían si las condiciones tributarias fueran las que le corresponden a la primera economía del país. Vergonzoso. Termino con un dato “inocente”: una persona soltera que ingresara al año en los Estados Unidos –sí, en ese país tan comunista– un millón de dólares, tenía que pagar a Hacienda ochocientos treinta mil. Un 83%. Eso pasaba hace setenta años, no hoy. ¡Que alguien tome nota!

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Alejandro Villa Allande, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.

De ahora en adelante, las medidas de adaptación al cambio climático también deben incluir un proceso de reforma de nuestras leyes, que permita exigir responsabilidades penales a los políticos, por negligencia criminal, cuando apliquen políticas que destruyan el medio ambiente.

El futuro sobre cual nos han advertido durante décadas ha llegado. Armados con modelos estadísticos detallados, ampliamente disponibles y accesibles, los científicos nos imploraron que les prestáramos atención. En 2021 dieron la señal de alarma en las Naciones Unidas, cuando el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) declaró la alerta roja para la humanidad. Esa realidad se manifiesta hoy en nuestras pantallas, grandes y pequeñas, mientras presenciamos otra catástrofe provocada por nosotros. Nos sentimos impotentes; pero ¿lo somos realmente? 

Ahora que los incendios forestales se extienden por el sur de Europa, conviene saber que las compañías petroleras y gasísticas conocían de sobra desde la década de los cincuenta las consecuencias de sus actividades. Hace dos años, el Centro de Investigaciones Climáticas sacó a la luz documentos que datan de 1955 y 1956, en los que el prestigioso científico Charles David Keeling explicaba cómo los combustibles fósiles provocan un aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera de nuestro planeta.

Por supuesto, en una época en la que las informaciones eran un privilegio reservado a unos pocos, el todopoderoso lobby del petróleo y el gas rápidamente tomó medidas para neutralizar el impacto del estudio. La industria se aseguró de que, para cuando las generaciones actuales tuvieran acceso total a esos datos, la percepción pública ya hubiera sido moldeada para servir a sus intereses.

Quienes estudiamos la desinformación usamos el término "contaminación informativa" con razón. Sabemos que una campaña de influencia debe incluir ciertos elementos para considerarse una operación de distorsión de la realidad: actores malintencionados, incentivos, intención, objetivos, canales seleccionados y explotación. Cuando las opiniones han sido manipuladas por la propaganda durante generaciones, desacreditando a la ciencia, comprando políticos y fomentando la polarización, las tecnologías actuales, que permiten la microsegmentación mediante algoritmos, son solo el último empujón hacia el abismo del caos social. 

Las mayores campañas de desinformación documentadas de nuestro tiempo han sido llevadas a cabo por actores estatales con el objetivo de desestabilizar las democracias y sus procesos electorales, y por el lobby del petróleo y el gas, que siembra deliberadamente la desconfianza social para proteger sus intereses económicos.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela redes transfronterizas, estrategias de lobby y flujos financieros utilizados para influir en las políticas energéticas y climáticas, mediante campañas de relaciones públicas y estudios pautados por la industria. 

La Red Global de Periodismo de Investigación (GIJN) publicó una guía para investigar el lobby de los combustibles fósiles. En ella se indican documentos internos que demuestran que la industria conocía los riesgos climáticos y difundía deliberadamente mensajes destinados a sembrar la duda y debilitar las regulaciones. La guía también detalla contrataciones fraudulentas y las puertas giratorias entre la industria y los gobiernos. 

El consorcio de medios EIC (European Investigative Collaborations) describió extensamente el lobby en torno a las infraestructuras y las subvenciones al gas en Europa, así como la captura de políticas mediante la influencia en los planes energéticos nacionales y las decisiones regulatorias. La investigación también profundizó en el ecocidio amparado por las licencias y la práctica generalizada del ecoblanqueo.

Si bien la transición energética aún debe incluir los tipos de combustible que nuestra infraestructura puede suministrar, a menos que tomemos medidas políticas urgentes y destinemos fondos significativos a la innovación verde, la transformación de la ecuación energética se asemejará menos a una transición y más a una dependencia perpetua de los combustibles fósiles, respaldada por el mismo lobby omnipresente. Lo encontramos escondido tras el miedo de nuestros políticos a tomar medidas audaces que podrían proteger nuestro futuro en un planeta habitable, capaz de sustentar una vida saludable para todos.

Como sociedad civil, tenemos el poder de actuar. Es nuestra responsabilidad hacerlo con más urgencia y resolución que nunca. Vota, comprende la magnitud de la tarea y exige responsabilidades a tus representantes electos, presionándolos para que promulguen leyes que permitan sancionar las malas políticas climáticas. Nuestro bienestar colectivo y, literalmente, el aire que las próximas generaciones podrán respirar (o no) dependen de ello.

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Ioana Belu es fundadora y supervisora ​​científica principal del Cambridge Sustainability Policy Lab.

Comenté en un artículo reciente que el proyecto de ley que está en sede parlamentaria tiene ahora la oportunidad de ser debatido y mejorado por los grupos parlamentarios; es el momento de demostrar más ambición en la gobernanza de la IA y pasar de un texto de mínimos a una versión más valiente. 

Como un antecedente, conviene recordar que la Unión Europea tenía previsto que en el próximo mes de agosto empezaran a aplicarse las obligaciones del reglamento de IA (RIA), para los sistemas usados en el ámbito laboral. Aunque esta norma comunitaria entró en vigor hace casi dos años, la parte relativa a su aplicación en las empresas debía comenzar dentro de pocos días. Sin embargo, Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político dentro de un paquete legislativo conocido como Omnibus Digital, en el que determinaron retrasar a diciembre de 2027 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones en materia de sistemas de IA de alto riesgo, entre ellas las laborales.

El Gobierno, a través en esta ocasión de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado muy recientemente que ve con recelo esta demora y planea defender que la regulación de la inteligencia artificial y los algoritmos en el mercado laboral español sea más estricta y vaya más allá de los mínimos exigibles que marca el RIA a las empresas a la hora de usar todo tipo de tecnología algorítmica para objetivos como la selección de personal; la evaluación del desempeño profesional; las decisiones de promoción o despidos o la monitorización de trabajadores, entre otras cuestiones.

Con estas manifestaciones, críticas a la postura desreguladora de la UE, el Gobierno se sumaría a la posición de muchas organizaciones de la sociedad civil, que han criticado y siguen criticando esta postura liderada por Estados Unidos y, por omisión, por la Comisión Europea en materia del uso de la IA.

Llegados a este punto conviene destacar que una buena parte de las propuestas de mejora del proyecto de ley referido, preparadas para los Grupos Parlamentarios por parte de la Fundación Alternativas, coinciden con estas inquietudes manifestadas por el Gobierno de coalición.

Ante este cúmulo de informaciones que convergen en la necesidad de mejorar el proyecto de ley presentado, solamente cabe esperar de su trámite parlamentario un resultado: que se pase de las palabras a los hechos, porque a pesar de que la Comisión Europea pida tiempo, el mundo del trabajo no puede esperar.

Un primer aspecto clave de la mejora que se espera del proyecto es el de consolidar las garantías suficientes para la transparencia algorítmica y el control humano. Uno de los principios fundamentales de la IA es que sea explicable y, por tanto, hay que garantizar la posibilidad de auditar o ejercer control sobre los algoritmos, siendo lo prioritario asegurar que la decisión última antes de ser aplicado un sistema sea adoptada por un ser humano que pueda explicar, por ejemplo, cómo se ha llegado a un resultado. En el fondo de las decisiones que deben adoptar las organizaciones están los algoritmos, que son el corazón de los sistemas que se desarrollan, pero lo importante es que el cerebro del proceso siga siendo humano. Por ello es conveniente comprender bien todas las etapas, educando sobre su importancia, por ejemplo, en la rectificación de sesgos cuando se haya detectado que un programa va en contra de derechos fundamentales.

Un segundo aspecto clave que debería corregirse es el resultado de la falta de diálogo social en la versión actual del proyecto normativo. Ese ha sido, por cierto, uno de los reproches más serios del Consejo Económico y Social (CES). Por ello, otra de las mejoras sustanciales del proyecto consistiría en articular la necesaria coordinación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y la Agencia Española de Protección de Datos, en tanto que agencias supervisoras de la IA en nuestro país, con otras instituciones. Instaurar esta coordinación supondría, por ejemplo, asegurar la participación y el seguimiento de las autoridades nacionales, económicas, laborales y sociales en sus correspondientes ámbitos y en lo relativo al desarrollo de la IA, incluyendo también a una representación de los trabajadores y de los empresarios. Esta propuesta de mejora va en la línea de propiciar, entre otras, una participación sindical informada y una coordinación real entre Inspección de Trabajo con las agencias de supervisión antes mencionadas.

Un tercer aspecto clave que habría que corregirse es el déficit en el articulado de la apertura de sistemas de coordinación de las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia del mercado, con los foros de consulta existentes en la Unión Europea.

Un cuarto aspecto clave es conseguir que el Gobierno garantice en la norma que finalmente resulte aprobada en el Congreso, el proceso de una negociación colectiva en el marco de lo que ya establece la norma comunitaria sobre IA.

En resumen, todo ello es lo que interpreto como una falta de valentía en la gobernanza de la IA; pero ahí está la oportunidad de que se corrija en el trámite parlamentario, pues el texto que aprobó el Gobierno de coalición progresista en el mes de mayo pasado acentúa la impresión de que es un proyecto de mínimos en su actual versión, y no incluye, curiosamente, muchas de las ambiciones explicitadas por sus distintos miembros en torno a este tema.

El poder legislativo tiene ahora la palabra.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.