“Si existe la música es para agitar sentimientos. Punto”, dice Carolina Sarmiento en su nuevo libro Las fronteras, y eso es lo que ocurre siempre que escuchamos música en buenas condiciones: se nos abre o se nos cierra una herida; se despiertan recuerdos que creíamos dormidos para siempre; se olvidan penas que impedían respirar; se libera la garganta de las piedras que no permitían hablar y una suerte de aire cálido envuelve el entorno.

Desgraciadamente el consumo de música en directo ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Los conciertos ya no están diseñados para ti ni para gente que podría considerarse normal —sea eso lo que sea—. Alrededor de los conciertos hay especulación y grandes beneficios para unos cuantos que se constituyen en monopolios.

Detrás de las imágenes de estadios repletos, récords de recaudación y colas virtuales de millones de personas para ver a las superestrellas globales, se está produciendo una transformación silenciosa del negocio de la música en directo. Los conciertos nunca habían sido tan rentables ni tan populares, pero tampoco había sido tan difícil para el público acceder a las entradas en condiciones justas.

La experiencia se repite de manera constante. Las localidades se agotan en cuestión de minutos. Miles de usuarios denuncian errores en las plataformas, posiciones imposibles en las colas virtuales o incrementos inesperados e injustificados del precio durante el proceso de compra. Horas después, las mismas entradas reaparecen en plataformas de reventa a precios que multiplican varias veces su valor original. Y para el asombro general, las entradas se venden.

El responsable de este fenómeno es un ecosistema complejo en el que intervienen bots capaces de realizar compras masivas en segundos, revendedores profesionales que gestionan grandes volúmenes de entradas, intermediarios tecnológicos especializados y plataformas digitales que controlan buena parte de la distribución. La combinación de estos actores ha convertido la venta de entradas en un mercado altamente sofisticado donde la tecnología suele jugar a favor de quienes buscan maximizar beneficios y no necesariamente de los aficionados ni de los músicos que están fuera del circuito terrenal.

Ya, ya. Siempre ha habido reventa, sí, es cierto. Pero no a esta escala. Las herramientas automatizadas permiten monitorizar lanzamientos, saltarse limitaciones impuestas a los usuarios corrientes y adquirir cientos de entradas antes de que la mayoría de los compradores consiga acceder a la plataforma. Posteriormente, esas entradas se redistribuyen en mercados secundarios donde la escasez artificial dispara los precios.

A esta dinámica se suma la creciente concentración empresarial del sector. Un número reducido de compañías controla la organización de conciertos, la gestión de recintos y la venta de entradas en numerosos mercados. Esta integración vertical ha generado críticas por la falta de competencia y por la opacidad de determinados mecanismos de fijación de precios.

Y mientras tanto, las figuras más influyentes de la industria musical baten récords de asistencia y facturación; las plataformas, insaciables, incrementan sus ingresos por comisiones y los revendedores encuentran nuevos nichos de negocio. El gran perjudicado suele ser el aficionado, que se encuentra precios cada vez más elevados, es sometido a procesos de compra frustrantes y a una sensación creciente de que asistir a un concierto se ha convertido en un privilegio más que en una experiencia cultural accesible. Ansiedad incontrolable.

Pero volvamos al principio: a ese aire cálido que envuelve la música en vivo cuando nos alejamos de los gigantes materiales y nos rodeamos de titanes morales. Es el caso de los pequeños festivales, humildes, hechos con el corazón y desde el amor. El amor a la música, a la comunidad y a las personas. Como el LipeRock, que el 27 de junio celebrará la vida en Villaviciosa (Asturias) rindiendo homenaje a las personas queridas que ya no están físicamente pero que seguirán siempre a nuestro lado mientras las recordemos y honremos.

La maliaya Asociación Cultural Dakefalar, de reciente creación, ha sido la generadora de esta iniciativa en honor a Felipe Miravalles, Lipe, y rápidamente se han unido varias personas para ampliar el tributo a otros amigos y amigas que se han ido recientemente: Ñete, Xavi, Rosina, Paxa, Merino, El Tigre, Oscarín, El Leji…

Los organizadores han conseguido reunir a los mejores del rock astur, que emplearán el día entero para que este recuerdo quede engarzado en oro.

La jornada comenzará con una sesión vermú a cargo del rock underground de Jorge Explosión en el Café del Sol; por la tarde podremos disfrutar del genuino rock & roll de Robbie Savoy y sus "Rocking Robins" en el Rice; después, a partir de las siete, en el Parque del Pelambre, Pin Carter ofrecerá su pop eléctrico; le seguirá Pablo Und Destruktion presentando su último disco, Te quiere todo el mundo. Tras él, ROZA, la banda liderada por Kike Suárez y que cuenta además con Ramón G. Morán, Kike Planelles, Kiki Dee y para cerrar la noche el escenario será de Rafa Kas, figura imprescindible del panorama nacional.

Tinta Artificial, Dmasd Soluciones Electrotécnicas, Bypower y el ayuntamiento de Villaviciosa son algunos de los patrocinadores que apoyan este homenaje para el que no hay que comprar entradas, aunque sí se puede colaborar comprando papeletas para una rifa de las de toda la vida, porque, recordemos, se trata de celebrar la vida, algo que nos viene muy bien a todos y a todas.

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Asun Gómez Bueno es periodista y vicepresidenta del Comité de Informativos de la Unión Europea de Radiodifusión.

Existe una curiosa asimetría en la percepción pública de Pedro Sánchez.

Pocas figuras políticas españolas han sido sometidas a un escrutinio tan feroz, tan constante y tan emocional. Desde que alcanzó la presidencia, Sánchez no ha conocido tregua. Cada gesto, cada decisión, cada silencio y cada palabra han sido diseccionados con una intensidad que supera ampliamente la aplicada a la mayoría de sus predecesores.

Y basta cruzar las fronteras españolas para encontrarse con una imagen muy distinta.

Mientras dentro del país se le presenta a menudo como un dirigente oportunista, ilegítimo o incluso peligroso, fuera de él suele aparecer retratado como uno de los pocos líderes europeos capaces de exhibir personalidad propia en un escenario internacional cada vez más uniformado. Un político dispuesto a discrepar cuando otros callan. A incomodar cuando otros contemporizan. A defender posiciones impopulares cuando resultan coherentes con sus convicciones.

La diferencia entre ambas miradas resulta tan llamativa que merece una reflexión. Sánchez no es perfecto.

Sus gobiernos no están libres de errores.

No es inmune a los mecanismos de poder que afectan a cualquier dirigente.

La experiencia histórica aconseja prudencia frente a cualquier idealización de la política. Todos los partidos han conocido episodios oscuros. Todas las organizaciones humanas generan estructuras de influencia, intereses particulares y dinámicas de autoprotección. Pretender que existe una formación política moralmente pura equivale a desconocer la naturaleza humana.

Por eso resulta interesante observar qué sucede cuando dejamos de analizar a Sánchez como líder de una sigla y comenzamos a observarlo como fenómeno político.

Primero llama la atención su extraordinaria capacidad de resistencia.

La carrera política española está llena de dirigentes que parecían invencibles y desaparecieron tras una derrota, una campaña adversa o una crisis interna. Sánchez ha sobrevivido a todo ello. Ha sido apartado por los suyos, dado por amortizado innumerables veces, convertido en objeto de burlas y sometido a campañas de desgaste de una intensidad poco habitual en las democracias europeas.

Y continúa ahí.

Esa perseverancia suele interpretarse como ambición. Sin duda lo es. Pero también exige otra cualidad menos frecuente: fortaleza.

Vivimos en una época fascinada por los personajes.

La política se ha convertido en una competición de estímulos. Importan los apodos, las excentricidades, los gestos teatrales y las provocaciones virales. Un dirigente logra notoriedad por su peinado imposible. Otro por blandir una motosierra. Otro por su capacidad para insultar al adversario con mayor creatividad.

La atención se ha convertido en la moneda principal de nuestro tiempo.

Paradójico que el político español que más rechazo despierta sea también uno de los que mejor encajan en el molde clásico del liderazgo institucional.

Alto, elegante, correcto en las formas, disciplinado en el discurso y muy cuidadoso en su imagen pública, Sánchez recuerda más a los dirigentes de otra época que a las celebridades políticas contemporáneas.

La belleza siempre ha provocado sentimientos contradictorios.

La admiramos y la sospechamos.

La deseamos y la castigamos.

La celebramos cuando aparece lejos y la cuestionamos cuando la tenemos cerca.

No me refiero solo a la belleza física, aunque forme parte del fenómeno. Me refiero a esa combinación de presencia, autocontrol, confianza y capacidad comunicativa que históricamente ha acompañado a ciertos liderazgos.

Los españoles solemos considerarnos inmunes a esas influencias. Nos gusta pensar que juzgamos exclusivamente las ideas. Pero la realidad demuestra que la apariencia continúa desempeñando un papel enorme en nuestras valoraciones.

¿Qué ocurriría si parte de la animadversión hacia Sánchez procediera precisamente de las cualidades que más admiramos en otros lugares?

¿Qué ocurriría si el mismo político que suscita recelos en un bar de provincias fuera celebrado como estadista en una cumbre internacional?

No sería la primera vez.

España mantiene una relación compleja con la excelencia individual.

A menudo celebramos a nuestros compatriotas cuando triunfan lejos y los sometemos a un escrutinio despiadado cuando permanecen cerca.

La literatura española está llena de observaciones sobre este fenómeno. Cervantes escribió que “la envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come”. Y Quevedo dedicó páginas memorables a retratar una sociedad donde el resentimiento podía ser más poderoso que la admiración.

Quizá exageraban.

O conocían bien el país.

La reacción que despierta Sánchez rara vez es tibia. Pocos dirigentes generan opiniones moderadas. Se les ama o se les detesta. Se les considera un peligro o una esperanza. Se les atribuyen todos los males o todas las virtudes.

Cuando una figura pública provoca semejante intensidad emocional, suele significar que estamos proyectando sobre ella algo más profundo que un simple juicio político.

En los últimos años Sánchez ha encarnado para muchos europeos una cierta idea de resistencia frente al avance internacional de las derechas radicales, el nacionalismo excluyente y la política entendida como espectáculo permanente. Ha sido una de las voces más visibles en asuntos internacionales. Por encima de poderosos dirigentes de perfil más cauto.

Se puede discrepar de sus posiciones.

Se debe debatir sobre ellas.

Pero es innegable que ha demostrado una disposición poco frecuente a sostener públicamente sus planteamientos, cuando éstos implican costes políticos.

Y esa cualidad, compartida por líderes de cualquier ideología, merece reconocimiento.

Quizá la cuestión interesante no sea si Pedro Sánchez es un gran presidente o un mal presidente. La historia se encargará de responderla.

Sino… ¿por qué un dirigente que proyecta una imagen relativamente sólida, en buena parte del exterior, provoca dentro de España reacciones tan viscerales?

Tal vez la respuesta tenga menos que ver con Pedro Sánchez que con nosotros mismos. Con nuestras expectativas.

Nuestras frustraciones.

Nuestra tendencia a convertir a los políticos en espejos donde contemplamos nuestras propias obsesiones.

La belleza no habla solo de quien la posee.

También revela algo sobre quienes la observan.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) parece estar consolidando una determinada orientación estratégica para el futuro del territorio con el anunciado Plan de Biometanización. Por un lado, impulsa el desarrollo del biometano como pieza clave de la economía circular. Por otro, sigue sin articular una estrategia integral de recuperación de los sistemas hídricos que sostienen buena parte del equilibrio ambiental de la región, cuyo ejemplo más evidente es el conjunto hidrogeológico del Alto Guadiana y su relación con Las Tablas de Daimiel.

Más que una relación de causa y efecto entre ambas dinámicas, lo que se observa es algo más profundo: la coexistencia de dos racionalidades distintas de gobierno del territorio.

La primera racionalidad es la de la optimización económica de los flujos materiales. En ella, los residuos del sistema productivo se convierten en recurso energético bajo el paradigma de la economía circular. El biometano se inserta en esta lógica como tecnología de valorización de subproductos agroganaderos y agroindustriales.

La segunda racionalidad es la de los límites biofísicos y la restauración ecológica. En este marco, el territorio no es solo soporte de actividad económica, sino un sistema hidroecológico complejo cuya estabilidad depende de la recuperación de sus funciones básicas: la recarga de acuíferos, la continuidad de los flujos hídricos, la salud de los humedales y la resiliencia del paisaje agrario.

Durante las últimas décadas, la modernización agraria ha transformado profundamente la Mancha Occidental. La expansión del regadío y la intensificación productiva han ejercido una presión sostenida sobre los acuíferos que alimentan el Guadiana y humedales como Las Tablas de Daimiel.

El resultado es un sistema hidrogeológico tensionado. Esta situación no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como la consecuencia de un modelo de desarrollo territorial que ha priorizado de forma sistemática la productividad económica del suelo frente a la capacidad de regeneración del sistema hídrico.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el Alto Guadiana carece todavía de un gran Marco de Actuaciones Prioritarias (MAP) para la restauración hidrológica comparable al desarrollado en otros espacios de alta sensibilidad ecológica como Doñana o el Mar Menor.

No se trata de afirmar que el biometano y la recuperación hídrica sean incompatibles. La cuestión es otra. Mientras se movilizan recursos, planificación y apoyo institucional para impulsar la biometanización, sigue sin existir una estrategia equivalente para la recuperación integral de los acuíferos, ríos y humedales de la Mancha Húmeda.

En este contexto, el desarrollo del biometano puede interpretarse como una nueva fase de la misma racionalidad económica que durante décadas ha priorizado la maximización productiva frente a la restauración de los sistemas hídricos. Cuanto más intensivo es un sistema agroindustrial, mayor volumen de residuos genera. Y cuanto mayor es ese volumen, mayor es también la disponibilidad de materia prima para su valorización energética. De este modo, la gestión de residuos puede convertirse en un sector en expansión sin que ello implique necesariamente una transformación del modelo territorial que los produce.

Frente a esta lógica centrada en la gestión de flujos económicos y materiales, se han desarrollado en las últimas décadas enfoques basados en la custodia del territorio.

Este modelo introduce una idea distinta de gobernanza ambiental: la conservación y restauración de los ecosistemas no como una externalidad o una política sectorial, sino como un proceso compartido entre administraciones públicas, propietarios, entidades sociales y comunidades locales.

En el caso del Alto Guadiana, la custodia del territorio ofrece una vía especialmente relevante para abordar la recuperación de acuíferos, humedales y riberas mediante compromisos territoriales estables basados en la corresponsabilidad ecológica y no únicamente en la rentabilidad económica inmediata del suelo.

En el fondo, la cuestión es qué tipo de riqueza decide priorizar una sociedad. La rentabilidad económica de corto plazo resulta fácilmente medible en términos de producción, inversión o PIB. Mucho más difícil es contabilizar el valor de unos acuíferos recuperados, de unos ríos con caudal permanente o de unos humedales funcionales. Sin embargo, son precisamente estos sistemas los que sostienen a largo plazo la habitabilidad, la resiliencia y la calidad ambiental del territorio.

En última instancia, lo que se va a definir en los próximos años es el modelo de relación entre sociedad, economía y naturaleza que estructurará el futuro de Castilla-La Mancha.

La Mancha Húmeda puede avanzar hacia un escenario en el que la restauración ecológica, la recuperación de los recursos hídricos y la custodia del territorio constituyan el eje de su transformación.

O puede consolidarse como un espacio donde la política ambiental se limite a gestionar los impactos del modelo productivo existente.

La decisión no es técnica. Es política. Y consiste en determinar si la Mancha Húmeda quiere convertirse en uno de los principales laboratorios europeos de restauración ecológica o resignarse a administrar las consecuencias de la degradación de sus propios recursos hídricos.

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Alberto Celis es historiador y geógrafo.

La cumbre del G7 que se celebra estos días en Évian, Francia, vuelve a poner de manifiesto una contradicción cada vez más evidente en la gobernanza global contemporánea. El grupo reúne a algunas de las economías más desarrolladas del planeta y continúa ejerciendo una influencia notable en ámbitos financieros, tecnológicos y estratégicos. Sin embargo, representa hoy menos del 10% de la población mundial y su peso relativo en la economía global disminuye año tras año.

Hace apenas una década, los miembros del G7 concentraban en torno al 55% del PIB mundial nominal. En la actualidad, esa cuota se sitúa alrededor del 40-45% y sigue descendiendo conforme ganan protagonismo las economías emergentes, especialmente en Asia. Si se toma el PIB en paridad de poder adquisitivo (PPA), la caída es aún más pronunciada: de alrededor del 40% hace una década a menos del 30% en la actualidad. El PIB de China supera ya al de la mayoría de países del G7.

No se trata de un colapso ni de una pérdida súbita de relevancia, sino de una transformación estructural del equilibrio internacional que cuestiona la capacidad de cualquier bloque reducido para presentarse como directorio natural de los asuntos mundiales.

La relación con China constituye probablemente la mejor expresión de esa realidad. Pekín nunca ha formado parte del grupo y sus contactos con este han sido limitados y circunstanciales. La única participación de un líder chino en una cumbre de este formato tuvo lugar en 2009, cuando Hu Jintao asistió a la reunión de L'Aquila, en Italia, y se vio obligado a abandonarla anticipadamente debido a la grave crisis desatada en Xinjiang. Desde entonces, las relaciones han transitado por una senda cada vez más compleja, marcada por la competencia estratégica y la creciente desconfianza mutua.

La videoconferencia prevista durante esta cumbre con dirigentes chinos difícilmente alterará esa dinámica. Las diferencias son demasiado profundas. Para los países del G7, China sigue siendo el principal desafío económico y tecnológico del momento. De ahí que en la agenda vuelvan a ocupar un lugar destacado cuestiones como los denominados desequilibrios comerciales, el exceso de capacidad industrial, la seguridad de las cadenas de suministro, las alianzas sobre minerales críticos o las estrategias de reducción de riesgos.

Visto desde Pekín, sin embargo, esas preocupaciones reflejan la recurrente tendencia a convertir a China en el denominador común de las discrepancias internas del bloque liberal occidental. Cuando las diferencias entre los propios miembros dificultan la elaboración de consensos sólidos, la crítica a China aparece con frecuencia como el terreno más cómodo para proyectar una imagen de unidad política.

La percepción china del G7 es igualmente crítica. Las autoridades y numerosos analistas del país consideran que el grupo padece una creciente desconexión respecto a la realidad internacional. A su juicio, persisten las fricciones entre sus miembros, la confianza europea en el liderazgo estadounidense atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas y las dificultades para alcanzar posiciones comunes son cada vez más visibles. El resultado sería una organización que conserva influencia, pero cuya capacidad para marcar la agenda global se encuentra muy lejos de la que tuvo en otros tiempos.

Desde esta perspectiva, el G7 estaría atrapado en una cierta ilusión de liderazgo. Sigue siendo un actor importante, pero ya no el centro indiscutible del sistema internacional. Sus decisiones continúan siendo observadas, aunque con una capacidad de atracción y de impacto considerablemente menor que en el pasado. El mundo que vio nacer al grupo en la década de 1970 ha desaparecido, sustituido por una realidad mucho más compleja, diversificada y competitiva.

La cuestión de fondo trasciende, en realidad, las relaciones entre China y el G7. Los desafíos contemporáneos —desde el cambio climático hasta la transición energética, desde la gobernanza de la inteligencia artificial hasta la estabilidad financiera internacional— han superado ampliamente la capacidad de cualquier mecanismo de círculo reducido. Ningún grupo que represente una fracción minoritaria de la humanidad puede aspirar por sí solo a proporcionar respuestas eficaces a problemas de naturaleza global.

Por ello, el verdadero debate no gira en torno a la supervivencia del G7, sino a su adaptación. La clave es la insuficiencia de un foro nacido en otro contexto histórico para abarcar la complejidad del mundo actual. En ese nuevo escenario, la influencia dependerá menos de la capacidad para reunir a los países más ricos y más de la habilidad para incorporar a los actores emergentes a mecanismos de gobernanza verdaderamente representativos. La multipolaridad ya no constituye una hipótesis de futuro, sino una realidad en construcción. La pregunta es si el G7 está dispuesto a asumir esa transición o si seguirá actuando como si el mundo continuara siendo el de hace medio siglo.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

En nuestro empeño por llegar bien preparados a la Cima 2030, tomamos nota de los deseos humanitarios, vengan de donde vengan. Resaltan la necesidad de aminorar las desigualdades humanas, alientan una llama que nos alumbrará un mundo mejor. A decir verdad, no garantizan el éxito, expuesto a muchas variables temporales, pero permiten plantearnos preguntas que ayudan a dibujar el deseo de un futuro compartido.

Contemplamos con satisfacción el eco religioso y social que ha tenido la visita del papa León XIV a España. Como pertenecemos al gran grupo de católicos solo bautizados, no nos extenderemos en el análisis de la fe expuesta. Cada cual se mira como puede en su interior; contempla sus idas y venidas hacia el ideario de su Iglesia. Recordamos la atención a la pobreza y el socorro debido que aprendimos en el catecismo: el amor al prójimo como a uno mismo. Valores que hoy serían un argumento para seguir juntos caminos más saludables e ilusionantes hacia las metas 2030. Estoy seguro de que el papa es consciente de las urgencias sociales; por eso ha enarbolado la bandera humanitaria.

En una celebración religiosa a la que asistieron millón y medio de personas, advirtió que "nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano". Puede que sea una interpretación maliciosa la que vamos a exponer aquí; vayan por delante disculpas para quienes se sientan ofendidos. Tengo la impresión, no verificada por investigaciones serias, de que buena parte de los asistentes pudieran ser seguidores de lo tradicional en la cultura religiosa. Estudiarían un catecismo parecido al que yo aprendí mal, y fui reprendido con estrépito por el sacerdote examinador. En ese caso, y por cálculo estadístico borroso, me atrevo a suponer que entre los asistentes habría un alto porcentaje de votantes o simpatizantes de Vox y del PP. El primer partido ha extendido la creencia de que todos los no nacidos en España —serían el prójimo— son casi delincuentes; no merecen vivir entre nosotros. El otro le ha comprado el mensaje y lo ha convertido en acción para gobernar con él en varias comunidades autónomas. ¿Quién sabe lo que harán tras las elecciones generales en España?

Esta distopía entre el pensamiento religioso basado en el amor que predica León XIV y el deseo de desprecio hacia los no nacidos en España, regularizados o no, puede impedirnos llegar en las mejores condiciones al año 2030, cualidades que nunca serán definitivas. Porque esa cita en positivo no solamente nos sirve a nosotros, creyentes o descreídos, católicos o no. Supone una cierta salvaguarda para las generaciones futuras, aunque no sea aseguradora del entendimiento colectivo. Máxime ahora que Europa tiene prisa por poner en marcha deportaciones masivas.

Sigamos con lo dicho por el papa en Madrid, en concentraciones multitudinarias. Me parece que, en una misa, recomendó que la religiosidad no sea "un museo del pasado que visitar". Demandó compromiso al insistir en que los cristianos están "llamados a estar presentes en las situaciones y las competencias de la sociedad". Por lo que nos atañe, esas las identificamos enseguida con el fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar generalizados; educación de calidad y gratuita para todos; reducción paulatina de las desigualdades; igualdad de género; respeto hacia la biodiversidad; justicia equitativa para ricos y pobres, gobernantes o gobernados, etc. Y muchas más metas que se podrían incluir, incluso sin nombrarlos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tan denostados por los partidos políticos. En suma, toda una Agenda 2030 social que no arranca todavía en el Congreso de los Diputados de España; todos los partidos allí representados, también los que se autotitulan progresistas, tienen sus responsabilidades.

Seguro que las entidades y grupos de acción relacionados con la Iglesia católica —Cáritas y muchas parroquias de toda España, en especial de los barrios pobres de las ciudades—, que se dedican a la ayuda al diferente, se habrán sentido gratificados. León XIV les ha traído un empuje ético, valora lo que estas entidades llevan haciendo desde hace mucho tiempo a favor del prójimo. Me permito aventurar que estos grupos creerán también en la necesidad de los ODS para poder compartir futuros, con independencia de la religión, el lugar de nacimiento, la lengua y el género.

Por el debido respeto, nada diré de los, a mi juicio, inmovilismos tradicionales de la fe católica citados por el papa como cualidades inherentes. Alejados, sin duda, de lo que predican instituciones como la ONU sobre la consideración de las mujeres, o UNICEF y su protección de la infancia. Sin duda, los conservatismos siempre están demasiado alejados del cambiante bien humanitario colectivo. Allá cada cual con su fundamento doctrinario. Solamente llamar la atención reflexiva de quienes predican el respeto a los demás.

Nos gustaría saber cómo les han sentado, en su fuero interno, a los diputados y senadores de los dos partidos firmantes del acuerdo de las exclusiones la apelación de León XIV al desarme del lenguaje despreciativo; a que toda decisión de las autoridades públicas toca a personas de carne y hueso; al "trágico drama" de quienes se ven obligados a dejarlo todo "para buscar paz, seguridad y futuro"; a desterrar el rechazo a los diferentes; al reclamo de una acogida respetuosa con posibilidades reales de integración. Suponemos que algunos asistentes al discurso del día 8 en el Congreso habrán considerado una injerencia de un jefe de Estado extranjero en la política nacional; otros le recriminarán su apoyo a algunas tesis del "nefasto" presidente Sánchez, aunque haya criticado políticas del Gobierno socialista con respecto al aborto, la eutanasia o la potencia de la enseñanza privada. Nos tememos que la mayoría de sus señorías se olvidarán pronto de lo dicho. Estaría bien que algunas de las ideas papales quedasen reflejadas en plenos de las cámaras dedicadas a temáticas de bienestar humanitario.

Con todo, hay que agradecer al papa que se haya atrevido a levantar la voz ante las problemáticas ecosociales que amenazan al mundo entero. Esperemos que en Roma y aquí los cristianos, y sus señorías de cualquier partido político, vean algo positivo en la agenda propuesta por los ODS. ¿Por qué han de seguir siendo una quimera, habida cuenta de la alta carga social que tienen?

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Ingenuo de mí.

El texto, que intenté editar al pie de una de las múltiples noticias sobre la cuestión, rezaba lo siguiente:

“Estoy pensando darme de baja en esta suscripción a 'El País'. Para leer solo 25 titulares diarios sobre el 'caso Zapatero' desde hace días, hacerle la pelota a Feijóo y luchar para que este gane las elecciones, pues ya me compro 'El Mundo'. Mejor el original que la copia, y además empezaron antes con esto. Y para pedir comprar armas para que el jefe de Prisa, Oughourlian, se haga rico con sus acciones en Indra, pues la verdad, como que no…”

La verdad, tampoco pretendía que me dieran el Pulitzer. Solo desfogarme un poco, humano soy. A continuación, apareció un mensaje en que se leía que estaba pendiente de aprobación por 'El País'. Lo habitual. Pero pasaron los minutos y las horas, y al volver a la noticia y al hilo de comentarios tiempo después, me di cuenta de que no lo habían publicado. Dejé el tema para ocuparme de otras cosas. Al día siguiente, como el culebrón continuaba, retomé el asunto y lancé de nuevo el comentario al pie de otra noticia, añadiendo las siguientes líneas sobre la cuestión:

“(…) Ay, Prisa, qué prisa tienes. Añadir lo de echar a Barceló del 'Hoy por Hoy', de la Ser, que queda muy roja, que hacen falta más contertulios de orden… Que hay que empezar a adaptarse al futuro gobierno "centrado"... Que ya habrá tiempo de volver a ser progres, cuando el gobierno del PP-VOX empiece con sus tropelías y entonces criticaremos a la extrema derecha para mantener nuestro nicho de mercado de lectores de izquierda, como La Sexta en AtresMedia. Y encima, para pedir comprar armas para el rearme de Europa y la OTAN, y que el jefe de Prisa se haga rico con su Amber y sus acciones en Indra, pues la verdad, como que no me apetece…”.

Como verán, había provechado el impasse para ampliar un poco la argumentación y reforzarla un poco. Sí, lo reconozco. Había mala baba en el texto, pero al fin y al cabo se trata de un comentario periodístico, no de una tesis doctoral. Me di cuenta de que algo debió de traicionarme el subconsciente, porque esta vez, sin darme cuenta, había omitido en la segunda versión el nombre del actual presidente del Grupo Prisa —y, por si quedara alguna duda, también de El País, propiedad de este grupo—: Joseph Oughourlian, fundador del fondo Amber y en la actualidad tercer accionista de Indra, empresa española de seguridad y defensa. O sea, de armamento, vamos. De ahí la referencia —malintencionada, no lo niego— por mi parte.

Parece que no gustó demasiado esto, porque también me quedé el segundo día con tres palmos de narices, a las puertas de ver aparecer mi desdichado texto entre los comentarios. Estos, por otro lado, tampoco se caracterizaban por su calidad intelectual. Más bien se quedaban en gruesas descalificaciones de haters de derecha contra el gobierno de Sánchez o respuestas de personas que defendían la inocencia de Zapatero y atacaban el lawfare y los ardides de los jueces y demás agentes del orden. Lo habitual, vamos. Este tipo de conversaciones se suelen incendiar y alguno de los intervinientes acumulaba 20 o 30 entradas en el hilo. Hay gente, o bots, que no se dedican a otra cosa.

No era mi caso. De nuevo, 0. No editado. Silencio por respuesta.

Mi hermano, experto en comunicación, me advirtió de que tal vez los amigos de El País apliquen un filtro automático, quizás por IA, que rechace el uso de algunos términos. Especulamos con que podía tratarse tal vez de “Amber” o “Indra” (o “Oughourlian” en el mensaje inicial). Así que opté al día siguiente (tercer día) por una versión en la que se sustituyera Amber por “el fondo de inversión que preside el jefe de Prisa”, e Indra  por “la principal empresa de armamento español”. Y claro, sin mención a Oughourlian, por si las moscas.

Pueden reírse de estos intentos desesperados.

Ni por esas. Nuevo fracaso.

Concluimos que una posible explicación era que yo hubiera entrado, desde el primer mensaje, en una lista negra. A estas alturas no se trataba de que apareciera tal o cual término, sino que, ya “blacklisted”, era imposible que pudiera publicar ningún comentario. No sé cuál de las dos opciones resulta más escalofriante. Si ser bloqueado en lo sucesivo por el contenido de una opinión expuesta correctamente y sin insultos, o que se rechace automáticamente el uso de unos términos que puedan hacer referencia a la empresa editorial o a su propietario. Así que, al final del tercer día, probé una frase que, si bien destilaba implícitamente toda la bilis que había acumulado a lo largo de estos tres días, no contenía ningún nombre propio que pudiera herir la sensibilidad del grupo Prisa ni ninguna referencia concreta a sus actividades económicas. El objetivo era, simple y llanamente, comprobar si había sido vetado.

“Escriban, escriban. Que mientras no ataquen el meollo de esta bendita empresa, les publicarán”.

Nada. Bloqueado. Se confirmaba entonces que jamás publicaría en El País. Tal vez por los siglos de los siglos. Una tragedia de descomunales proporciones…

Ser suscriptor para esto.

Resulta curioso que ello coincida con los fastos del 50 aniversario del diario guía y faro de la democracia y las libertades en España, la publicación que sacó a España de las tinieblas del franquismo, la cabecera que ha iluminado a tantas y tantas generaciones de españoles progres, el apóstol del europeísmo, convertido ya a estas alturas en un otanismo descafeinado pero que quiere armarse hasta los dientes. Quedará, como decía, la opción de esperar a tiempos mejores. Aquellos en que tal vez un gobierno de PP-VOX revele a las claras, y ya sin tapujos, las tropelías que nos esperan con ellos. En ese caso, afortunadamente, tendremos a El País para que denuncie entonces los “excesos” de la extrema derecha o la derecha extrema y vuelva a convertirse en la casa común de la izquierda española y en la defensora de las libertades —por supuesto entre ellas la de expresión— de toda la ciudadanía. 

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Javier Navarro es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universitat de València.

Es verdad que ya han pasado trece años desde la sorprendente y surrealista respuesta del político gallego a la pregunta de un periodista. Pero si el ahora líder del muy conservador Partido Popular pudiera llegar a ser presidente del gobierno de España tras las próximas elecciones generales, creo que no estaría de más analizar aquella respuesta. Porque sí, es infantil y risible.

“Creo que no fui a Andorra. “Parece ser” que eran los Picos de Europa”. Fíjense en el “parece ser”; ¿quizá Marcial Dorado le dijo que eran los Picos de Europa, y no Andorra? Vamos a ver, Núñez Feijóo: ustedes dos salieron de Santiago en coche; hasta Andorra hay más de mil kms. A los Picos, menos de cuatrocientos. Usted iba de copiloto; quizás condujo el VW Golf GTI una parte del trayecto y ¿no vio en ningún momento señales de carretera que decían Burgos, Miranda de Ebro, Vitoria, Logroño, Zaragoza, Lérida, Huesca, etc.? Y al entrar en Andorra ¿tampoco vio nada? ¿Hicieron el trayecto de un tirón?

Por otra parte ¿a qué iría a Andorra el contrabandista y narcotraficante Marcial Dorado? ¿A esquiar? Otra respuesta del político conservador es una confesión de parte, intentando minimizar su amistad con Dorado: “Yo desconocía que era narcotraficante; solamente sabía que era contrabandista de tabaco”. Y un cargo público en el gobierno de Galicia ¿acepta viajar, veranear, etc. con un contrabandista millonario? Pregunta que jamás se le hizo: ¿quién pagó la gasolina, las comidas, los hoteles? También en viajes a Portugal, según él mismo reconoció.

Apaga y vámonos, inefable Núñez Feijóo. Diga la verdad y verá cómo muchos votantes del PP no cambiarán su voto. Sería mucho más honrado por su parte.

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Alejandro Villa Allande, catedrático de Historia, ha sido profesor de instituto en España y de universidad en Estados Unidos.

“Hoy la Iglesia ha hecho un golazo para siempre”. Estas palabras pronunciadas por el papa León XIV a las pocas horas de haber dado un discurso a congresistas y senadores, con representación de los poderes del Estado, mostraban el júbilo del jugador que ha sentenciado el partido. El lunes 8, Prevost, con el sermón del Congreso en el que se erigió en referente moral de los poderes del Estado español, aplaudido hasta la extenuación por todos ellos, marcó un golazo por toda la escuadra derecha a la democracia y a la aconfesionalidad proclamada en la Constitución. Ese gol marcó la victoria del catolicismo y de su Iglesia sobre derechos humanos como la libertad de conciencia y la no discriminación ni privilegios por razón de creencias. El gol ha sido tan magnífico que dejó hundido y humillado al equipo de la laicidad del Estado, de la soberanía popular representada en los legisladores, de la separación de poderes y de la separación del Estado y las religiones. 

En la jugada se han impuesto todos los argumentos del equipo visitante: la supeditación de las leyes a la supremacía moral; el ataque a la legislación sobre libertades sexuales, sobre los derechos reproductivos, sobre el derecho a una muerte digna; la libertad de las familias para exigir el adoctrinamiento a su gusto de los menores, pagándolo con dinero del común.

Apenas ha habido ataques del equipo de casa, a pesar de tener recursos tan potentes como: el expolio de gran parte del patrimonio nacional; los miles de bebés robados; las víctimas del patronato de protección a la mujer; el reclamo de verdad, justicia y reparación de las decenas de miles de víctimas de pederastia eclesiástica; la exigencia de perdón por la participación en el golpe contra la República y ser el soporte ideológico del franquismo.

Ninguno de estos posibles ataques han tenido efecto, ante el freno de defensas tan potentes como las palabras paz o inmigrantes. Los intentos de penetración de jugadores locales laicistas, las asistencias continuas a los grupos parlamentarios se han visto repelidas por ellos mismos, tan descoordinados que, salvo alguna excepción, disparaban sobre su propia meta. 

También influyó el clamor del graderío, copado por hinchas leoninos o el apoyo descarado y cansino de los árbitros mediáticos. Sin minusvalorar el hecho de haberse encomendado al Apóstol Santiago y a la Virgen del Pilar.

Con este golazo la Iglesia consigue recuperar la copa del Estado Católico, que durante tantos años había ostentado. Esa que viene de la tradición de los Reyes Católicos, que simbolizan la unidad en la religión y la monarquía, y que destierra a quien no lo asuma. El premio tiene un gran valor ideológico pero también inmensos privilegios económicos: la apropiación de unos 100.000 inmuebles, exenciones fiscales de todo tipo, cesión de una parte de la recaudación fiscal, convenios de gran parte de los servicios sociales, de hospitales, de escuelas, explotación del Patrimonio… Hasta 13.000 M€ anuales, casi un 0,8% del PIB . Durante varios días hemos tenido que soportar el paseo triunfal por una buena parte del territorio, celebrando diversos eventos que dejan evidencia de su victoria.

Y esto nos lo hemos buscado nosotros mismos. No teníamos ninguna necesidad de traer a jugar a ese equipo en nuestro campo. Y mucho menos a darle todas las facilidades y recursos. Y sobre todo organizar el partido de manera tan favorable para él. 

¿Tendremos que resignarnos a que esto sea “para siempre”? Si no queremos que sea así, debemos reorganizar y reforzar nuestro equipo. El club debe activarse. Habrá que poner a entrenar a la numerosa potencial cantera, el 40% de no creyentes, los creyentes no practicantes, 35%, y los laicos de entre el 18% de practicantes. Toda esa mayoría, sin duda, tiene capacidad para preparar una buena selección que nos represente y luche por los colores de la libertad de conciencia, la igualdad y el bien común. Que recupere el buen juego de la verdadera democracia laica. Y conseguir, por fin, la Copa del Estado Laico.

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José Antonio Naz Valverde es presidente de Europa Laica.

Estaba pensando en este 15 de junio con la preocupación de no repetir lo que escribí el año pasado, en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Sin duda, la realidad no deja de sorprendernos. De golpe, las Naciones Unidas lo han relacionado con las personas con discapacidad, en un acto en paralelo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando no acaban de definir la realización de la Convención específica sobre los Derechos de las Personas Mayores

“Lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores. El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez de este 2026, bajo el lema "Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores", se celebra con un acto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en paralelo a una importante reunión internacional sobre los derechos de las personas con discapacidades.”

¿Es un abuso o un maltrato considerar la vejez como discapacidad? Cuando la longevidad de nuestras sociedades empieza a ser una de las realidades más representativas del éxito social de este siglo, en lugar de reconocer y potenciar la calidad de vida, lo logros del envejecimiento saludable, de promover las condiciones que garanticen los derechos de las personas mayores, se identifica la vejez con la discapacidad. Lo han presentado como importante acto en paralelo, pero no deja de sugerir una interrelación bastante desfasada.              

Los abusos y los maltratos, múltiples, invisibles, algunos justificados de forma indecente con pretextos sanitarios o de seguridad, otros asumidos como “naturales” por razones de edad, a veces relacionados con discapacidades sobrevenidas difíciles de atender. En la actualidad, muchas situaciones producto de las desigualdades sociales, económicas, incluso de pobreza severa, como los producidos por la carestía de la vida o de la vivienda. 

En los últimos tiempos está de moda combatir el edadismo. Se convierte en una limpieza de imagen, edulcorada, sin enfocar los edadismos institucionales más graves: en las relaciones administrativas con los servicios públicos y en la sanidad. No quisiera generalizar, pero es demasiado frecuente el trato discriminatorio que se puede calificar de maltrato.

Se puede comprobar con facilidad preguntando a las personas mayores. ¿No te han dicho alguna vez “eso es por la edad”? En el ámbito privado, familiar o interpersonal se produce sin consecuencias significativas, pero en el institucional, cobra dimensiones de maltrato. Que un médico te diga que una dolencia no tiene tratamiento porque es por la edad es edadismo puro y duro si se trata de algo leve, pero si te dice que no te manda una colonoscopia porque ya no tienes tiempo de rentabilizarla o te aplazan una intervención porque se considera un gasto innecesario... es maltrato. Si en una oficina municipal no te ayudan a realizar una solicitud y te responden de mala manera que sólo se hace por internet... es maltrato. 

“Frente a esta situación, no basta con sensibilizar. Es necesario fortalecer los sistemas de prevención y respuesta para actuar de manera eficaz ante los casos de maltrato, garantizando siempre la dignidad, la autonomía y los derechos de las personas mayores.”

No cabe la menor duda de que en las residencias o en los centros de mayores se pueden cometer los abusos o los maltratos más detestables, con la comida, la higiene, la inmovilización, etc.. El problema es que no se busca el origen, se trata de culpabilizar a las personas que cuidan sin tener en cuenta las condiciones en las que se ven obligadas a trabajar. Tanto en la atención domiciliaria como en la institucional, los recursos materiales y profesionales son más que deficitarios, y provocan unos maltratos como consecuencia de esos déficits. 

Otro mantra muy novedoso proviene de la tan mentada “soledad no deseada”. Que ni siquiera es privativa de la vida de las personas mayores. Que no aparece por casualidad, sino que mayoritariamente está relacionada con el aislamiento social, que se origina de forma predominante por razones sociales, económicas y culturales no precisamente por la edad. Si mi vivienda está en un cuarto sin ascensor, es bastante más fácil que me cueste salir; si nunca he trabajado fuera de casa no es fácil salir de la protección del hogar; sin estudios no se disfruta de algunas actividades culturales; si nunca he participado en asociaciones o grupos afines no es nada fácil empezar después de la jubilación. Hay personas que lo consiguen, superando esas dificultades, pero existen condicionantes poderosos de carácter económico, social y cultural que generan aislamiento. 

En todo caso, las mujeres mayores de clase trabajadora con menos recursos económicos, sociales o culturales son las que sufren un mayor maltrato por las características de la sociedad actual, por los valores dominantes que priorizan la productividad, la flexibilidad o la velocidad. Cuando se cruzan la edad, el género y la clase social, está abonado el terreno para sufrir abusos y maltrato: riesgo de pobreza, mayor impacto de la violencia física, psíquica o sexual, discriminaciones en las instituciones, maltrato en la sanidad, infravaloraciones e infrarrepresentaciones políticas.

Para finalizar, una de las premisas clave para prevenir y sensibilizar contra el abuso y el maltrato a las personas mayores es visibilizar, señalar los estereotipos, prejuicios o actitudes que se ven como “naturales” por la edad, erradicar las conductas de trato discriminatorio por la edad, reivindicar políticas públicas centradas en las personas mayores en todos los ámbitos de actuación, especialmente en los sociosanitarios. La futura Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores no será la solución mágica, aunque puede ayudar si se centra en los ejes prioritarios que ayuden a superar las desigualdades económicas, sociales y culturales. Son las fuentes del maltrato.

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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.

En los centros educativos abundan las revistas escolares. Son experiencias pedagógicas que recopilan actividades del centro, reflexiones de docentes y de alumnas y alumnos, prácticas que enriquecen a la comunidad educativa, junto a reflexiones que vienen de otros lugares, de otros espacios educativos y que enmarcan y contextualizan el trabajo que realizamos. Las revistas educativas no vienen de ningún limbo, sino de una larga trayectoria educativa y pedagógica.

La historia de la educación en España ha estado marcada por experiencias como la de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Hace 150 años, los gobiernos conservadores de la Restauración Borbónica se pusieron en marcha para acabar con la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza en España, y provocaron el cese y expulsión de la universidad española de un grupo de profesores. Entendían que la libertad de esos profesores atentaba contra los dogmas de la fe católica. 

En octubre de 1876 ese grupo de profesores, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, crearon la Institución Libre de Enseñanza (ILE). En el núcleo fundador se encontraban, además de Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate o Nicolás Salmerón, que había sido presidente de la I República. 

Por allí pasaron como profesores figuras tan reconocidas en la cultura española como Emilia Pardo Bazán, Castelao, Alejandro Casona, Miguel de Unamuno, Santiago Ramón y Cajal, José Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos o Juan Ramón Jiménez, entre otros muchos. Por allí anduvieron, durante sus visitas a España, Bertrand Russell, Henri Bergson, María Montessori, Werner Heisenberg, Marie Curie, o Albert Einstein.

La Institución Libre de Enseñanza (ILE) marcó, desde entonces, la vida educativa y la innovación pedagógica en nuestro país, hasta que la Guerra Civil y el advenimiento de la Dictadura acabaron con aquella experiencia, encarcelando, fusilando, o condenando al exilio a sus protagonistas. 

Desde su fundación la ILE creó institutos y residencias que completaban la formación universitaria y la conectaban con Europa, y con las experiencias más innovadoras y avanzadas en todos los campos del conocimiento. 

Por sus aulas, por su residencia de estudiantes, por la residencia de señoritas o por su entorno más inmediato, pasaron Antonio Machado o el propio Manuel Bartolomé Cossío, que sucedería a Giner de los Ríos al frente de la Institución.

Allí se formaron intelectuales, escritores, cineastas, políticos, filósofos, pedagogos, poetas, como Pedro Salinas, María de Maeztu, Luis Cernuda, María Goyri, Rodolfo Llopis, Amparo Cebrián, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Vicente Aleixandre, Maruja Mallo, María Zambrano, Miguel Hernández, María Teresa León y buena parte de las Sinsombrero, su marido Rafael Alberti, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, José Bergamín, Manuel Altolaguirre. La lista es interminable.

Toda una generación que se preparaba para transformar y modernizar España y que acabó mayoritariamente en el exilio, algunos en las fosas comunes, muchos en las cárceles, depurados y expulsados de la docencia y, otros muchos, en un exilio interior del que resultaría imposible escapar. Muchas novelas y películas como La lengua de las mariposas dan buena muestra del tipo de educación que los institucionalistas querían para España.

El Boletín de la ILE (BILE) comenzó a publicarse cuatro meses después de la fundación de la Institución, encabezado por toda una declaración de intenciones sobre su independencia política, religiosa, filosófica y apostando por la libertad de investigación científica. En el BILE aparecían artículos, textos, extractos, publicados en las más prestigiosas revistas educativas y científicas, europeas y americanas.

Informaban sobre las actividades de la Institución y publicaciones de personas vinculadas, o colaboradoras con la ILE, que daban cuenta de sus visiones de la pedagogía, la política, la sociedad, la economía, las ciencias, o las artes de su tiempo. Esa apertura contribuyó a que lo que podría haber sido una revista interiorizada se transformase en revista de vanguardia que trajo a España nuevas ideas de todo tipo.

Por eso, el BILE se ordenaba en torno a tres secciones permanentes: La Pedagogía, por un lado. Las ciencias, artes, filosofía, historia, arqueología, por otro. Y, por último, la propia vida interna de la Institución. La guerra civil acabó con la revista, aunque entre 1961 y 1970 se volvió a publicar en México y, tras la dictadura, a partir de 1977, apareció de nuevo como Boletín de la ILE, dependiente de la Fundación Francisco Giner de los Ríos.

La mayoría de las revistas educativas de nuestro país han seguido las huellas de aquel Boletín, en el que las opiniones sobre los temas más variados se alternan con artículos de divulgación científica, artística, literaria, con informaciones sobre algunas de las actividades desarrolladas, o sobre otras que parecían relevantes en el proceso educativo a lo largo de los años. 

Cuando en un centro educativo emprenden la tarea de editar una revista, en formato papel, o en formato digital, estamos asistiendo a la renovación del compromiso histórico de dejar constancia de cuanto otros hicieron para que una labor educativa se viera convertida en narración, poema, artículo, opinión, difusión del aprendizaje cotidiano en nuestras aulas. Este esfuerzo, hoy más que nunca, sigue mereciendo la pena, sigue teniendo sentido, en un país que se encamina hacia el precipicio del sectarismo, la ofensa, la ausencia de diálogo, la incapacidad para trazar proyectos comunes de convivencia y de igualdad en libertad. 

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el objetivo de ocupar el 70% de la franja de Gaza, una aspiración que contraviene frontalmente el plan de paz acordado en octubre de 2025, que establece la retirada de las fuerzas israelíes del territorio. Esta declaración no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una lógica más amplia de imposición de hechos consumados que también se despliega, con creciente intensidad, en la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno israelí está forzando la expulsión de comunidades palestinas enteras mediante una estrategia orientada a hacer invivible la permanencia de la población originaria en su propia tierra.

El momento es de una gravedad excepcional. Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia inmediata de una población sometida a violencia, desplazamiento y desposesión, sino la posibilidad misma de que el pueblo palestino siga existiendo como sujeto histórico, político y territorial. Las circunstancias actuales resultan más que sintomáticas de una ofensiva sin precedentes contra sus derechos, ampliamente reconocidos por la comunidad internacional y anclados en el derecho internacional.

La profunda crisis humanitaria en la que Israel ha sumido a la población palestina durante los dos últimos años y medio ha ocupado, con razón, el centro de la atención internacional. El nivel de destrucción, muerte y violencia resulta difícil de nombrar sin caer en la insuficiencia del lenguaje. Gaza ha sido convertida en un paisaje de ruinas, duelo y hambre. La magnitud del sufrimiento desborda cualquier intento de medición: una población entera obligada a resistir aquello que ningún ser humano debería soportar.

Sin embargo, la violencia que atraviesa Palestina no se limita a la destrucción física. Conlleva también una dimensión simbólica, histórica y documental vinculada a la preservación de una memoria colectiva unida intrínsicamente a la tierra de Palestina y que se sostiene sobre el derecho al retorno reconocido mediante la Resolución 194 de Naciones Unidas. En un contexto en el que el territorio se fragmenta, los hogares son destruidos y las comunidades son desplazadas, recordar se convierte también en una forma de permanecer.

En este marco, el papel de UNRWA adquiere una trascendencia que va más allá de su función como agencia humanitaria. UNRWA es también, de manera inevitable, una depositaria de la memoria del exilio palestino. Desde su creación en 1949, tras el desplazamiento masivo provocado por la guerra árabe-israelí de 1948, la Agencia de Naciones Unidas comenzó a operar con una misión inicialmente concebida como temporal: proporcionar ayuda humanitaria y servicios básicos a las personas refugiadas palestinas.

Para distribuir alimentos, asistencia sanitaria y educación, UNRWA necesitaba identificar a las familias desplazadas. Así nacieron las primeras fichas familiares y expedientes de registro. Documentos administrativos que incluían nombres, edades, sexo, lugar de origen en Palestina, fecha y lugar de desplazamiento, relaciones familiares, estado civil, así como nacimientos y defunciones posteriores. Lo que se inició como un procedimiento técnico se convirtió, con el tiempo, en una de las formas más íntimas de preservar una vida interrumpida.

En esas fichas aparecen nombres escritos a mano, niños nacidos en el exilio, matrimonios registrados en campamentos, muertes anotadas décadas después de la huida, pueblos de origen a los que muchas familias nunca más pudieron regresar y generaciones enteras reunidas en una misma tarjeta familiar. Cada expediente conserva el trazado de la diáspora palestina. Cada anotación habla de una casa perdida, de una genealogía herida, de una vida que se niega a desaparecer.

Así, lo que comenzó como un sistema administrativo terminó convirtiéndose, con el paso de las décadas, en uno de los archivos históricos más importantes del pueblo palestino. Conscientes de su valor incalculable, al iniciarse la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023, el personal de UNRWA puso en marcha una operación secreta y prácticamente clandestina que se prolongó durante diez meses para trasladar el archivo hasta Jordania, preservándolo así del riesgo existente de bombardeos, incendios, saqueos o destrucción deliberada al que estaban sometidos los documentos manuscritos.

Los archivos fueron transportados al sur de Gaza bajo las bombas, almacenados temporalmente en Rafah y posteriormente trasladados discretamente dentro del equipaje de trabajadores internacionales de UNRWA hacia Egipto, para ser enviados finalmente a Amán con apoyo jordano en aviones militares que regresaban tras entregar ayuda a Gaza. La última carga salió dos semanas antes de que los tanques israelíes tomaran Rafah en mayo de 2024.

La escena posee una fuerza simbólica extraordinaria. Mientras Gaza era destruida físicamente, trabajadores de UNRWA arriesgaban sus vidas para impedir que, junto a las casas, las escuelas, los hospitales y las personas, fuera destruida también su memoria colectiva. En medio del estruendo de la guerra, rescatar un archivo supuso rescatar una prueba de existencia.

La amenaza contra el archivo no se limitaba únicamente a Gaza. En Jerusalén Este y Cisjordania, UNRWA enfrentó otra batalla paralela. Durante 2024 y 2025, Israel endureció las restricciones contra la Agencia, especialmente tras la aprobación de leyes destinadas a limitar sus operaciones en Jerusalén Este. Ante el temor de perder acceso a sus oficinas y archivos, UNRWA decidió trasladar también parte de la documentación histórica desde Jerusalén Este hacia Amán antes de que en enero de 2025 las fuerzas israelíes irrumpieran en la sede central de UNRWA en Jerusalén Este y demolieran parte del complejo.

En un conflicto en el que incluso la narrativa histórica está disputada, lo que estaba en juego no era únicamente documentación administrativa, sino el núcleo documental de la historia contemporánea palestina. Para millones de personas, este archivo constituye una prueba de existencia, origen, desplazamiento, vínculos familiares y continuidad histórica.

Actualmente, UNRWA mantiene registros de aproximadamente 5,9 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Su archivo contiene cerca de treinta millones de documentos que acreditan toda la geografía de la Palestina anterior a 1948: Haifa, Jaffa, Majdal, Beisan, Acre, Tiberíades o Beersheba sobreviven en miles de formularios escritos a mano conservados generación tras generación.

El archivo histórico de UNRWA posee un valor excepcional porque reúne tres dimensiones inseparables: humana, histórica y político-jurídica. En su dimensión humana, cada expediente familiar narra una historia de exilio. Las fichas registran familias expulsadas de sus pueblos en 1948 y, en muchos casos, constituye la única prueba documental de sus orígenes. Para las generaciones que no vivieron la Nakba, son una vía para comprender el significado del desplazamiento, del refugio y la vida en los campamentos.

El archivo posee también un valor colectivo incalculable. Historiadores y especialistas coinciden en que constituye una fuente única sobre la historia social palestina posterior a 1948. El Consejo Internacional de Archivos y la Universidad de Luxemburgo destaca que estos expedientes documentan la composición familiar, los lugares de origen, las circunstancias del desplazamiento y la evolución de la vida familiar hasta la actualidad. Ante la ausencia de un archivo nacional plenamente centralizado, los registros de UNRWA funcionan de facto como un archivo nacional palestino.

Asimismo, este fondo posee una dimensión profundamente política. Según Roger Hearn, responsable de la operación de rescate en Gaza, su pérdida habría supuesto una catástrofe para el pueblo palestino, ya que estos documentos podrían convertirse algún día en una de las principales evidencias de los lugares de origen de la población palestina antes de la Nakba. En otras palabras: constituyen una posible prueba histórica clave en futuros procesos de reparación, restitución o reconocimiento del derecho al retorno.

Este último punto ayuda a comprender la disputa en torno a UNRWA, a la que Israel acusa de perpetuar la condición de refugiado, mientras que, por el contrario, para millones de personas palestinas su existencia representa el reconocimiento internacional de que la situación sigue sin resolverse. En este contexto, el archivo ocupa un lugar central en la disputa. Cada documento conservado por UNRWA contradice el borrado histórico. Cada ficha familiar afirma que una familia palestina existió en un lugar concreto antes de 1948. Cada certificado de nacimiento demuestra la continuidad generacional del exilio. Cada expediente impide que la cuestión de las personas refugiadas de Palestina sea reducida a una mera nota al pie de la historia.

Preservar el archivo es, por tanto, preservar una prueba contra la desaparición política del pueblo palestino. Como ha reiterado en múltiples ocasiones el anterior Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, aunque la Agencia desapareciera, las personas refugiadas no dejarían de existir. Sin embargo, desaparecería una institución clave para documentar su continuidad histórica, proteger sus derechos y recordar al mundo que su situación sigue pendiente de una solución justa y duradera.

Por todo ello, la resistencia del pueblo palestino frente a las políticas impuestas por el Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, va más allá de la mera supervivencia física. Es también una afirmación del derecho a existir como pueblo en su propia tierra, a conservar su memoria, a transmitir su historia y a reclamar justicia frente a décadas de ocupación, desplazamiento y desposesión.

En ese mismo sentido, la labor de UNRWA para preservar el archivo histórico se configura como una forma de defensa ante el intento de borrado de la memoria colectiva. En un tiempo en que la violencia amenaza no solo la vida, sino también la memoria, proteger esos documentos es proteger la historia viva de un pueblo.

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Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA España

Noam Chomsky describió la técnica para privatizar servicios públicos. Son las mismas que usa el PP en aquellas comunidades autónomas donde gobierna para privatizar la Sanidad y la Enseñanza. Se trata de ir desfinanciándolas progresivamente hasta que colapsen. Esto produce frustración y quejas de los usuarios por el mal funcionamiento. En una segunda fase, se utiliza el deterioro como justificación, mientras, una parte sustancial de la sociedad, acepta el proceso como inevitable.

Se logra así acabar con unos derechos que tanto costó conseguir. Sanidad y Enseñanza han sido símbolos que definían a una sociedad decente. Por desgracia, es el futuro llamando a la puerta. Luego vendrán: la congelación de las pensiones y el aumento del gasto militar.

Con respecto a la Sanidad, cada vez más gente contrata pólizas baratas de seguros privados con cobertura limitada y letra pequeña interminable. Lo hacen obligados por el miedo a esperar meses para una prueba diagnóstica, o años para una intervención. Millones de familias pagarán cada mes su cuota para comprar cierta tranquilidad psicológica. La salud dejará así de ser un derecho para convertirse en un mercado segmentado donde convivirán una medicina para pobres y otra para privilegiados. Una asistencia masificada y lenta para el Servicio Público de Salud. Y una medicina VIP, inmediata, tecnológica y personalizada para quienes puedan pagarla. Habitaciones premium, especialistas exclusivos y tratamientos de última generación convivirán con pasillos saturados y profesionales exhaustos en hospitales públicos degradados.

Lo más perverso del proceso es que se presentará como una evolución “natural”. Consecuencia inevitable de la modernidad. Pero no será casualidad. Será una decisión política. Y se nos olvidará que fuimos nosotros los que la permitimos.

El sistema público, primero recortado, después desacreditado, para más tarde convencer a la población de que ya no funciona, y finalmente se privatiza parcialmente como supuesto remedio al problema que ellos mismos han creado. Con excusas como que “el Estado no puede sostenerlo”, “hay que racionalizar recursos” o que “la colaboración público-privada es imprescindible”. De este modo, el negocio de la enfermedad será sin duda uno de los sectores más rentables del siglo XXI.

Será la perfecta profecía autocumplida.

La Enseñanza seguirá exactamente el mismo camino. Los padres comprenderán que si desean garantizar oportunidades reales a sus hijos, deberán pagar por ellas. La enseñanza privada crecerá mientras la pública se deteriora lentamente en recursos, prestigio y expectativas. Los centros públicos acabarán concentrando pobreza y exclusión social, mientras las élites económicas blindarán a sus hijos en circuitos educativos cada vez más segregados. La igualdad de oportunidades, uno de los grandes consensos de la democracia moderna, se convertirá en una reliquia sentimental imponiéndose una falsa cultura “del esfuerzo”. En la lógica de este sistema: el que paga recibe y el que no pueda que aprenda a resignarse.

Pero el deterioro no termina ahí. El problema de la vivienda consolidará una nueva estructura social profundamente desigual. Comprar una casa será un privilegio reservado a herencias familiares, rentas altas o fondos de inversión. La mayoría de nuestros jóvenes vivirán encadenados al alquiler durante décadas, transfiriendo gran parte de sus salarios a propietarios cada vez más poderosos. La vivienda dejará de ser un derecho para convertirse en un mecanismo de extracción permanente de riqueza. «¡Haberte esforzado!» Se dirá a los pobres. 

Mientras tanto, Europa sigue instalada en una atmósfera de tensión geopolítica constante. La guerra ya no se percibe como una anomalía histórica, sino como una posibilidad estructural. El miedo colectivo justificará incrementos masivos del gasto en Defensa que se acercará al cinco por ciento del PIB. Y esos recursos deberán salir de alguna parte: Pensiones, dependencia, ayudas sociales e inversión pública. Con la excusa de la “seguridad nacional”.

El calentamiento global, el agotamiento de recursos naturales o las migraciones masivas exigirán una coordinación internacional sin precedentes. Pero los gobiernos sometidos al ciclo electoral permanente, con dirigentes atrapados en la lógica del titular inmediato y sociedades polarizadas hasta el agotamiento emocional, convertirán cualquier acuerdo estratégico en una misión imposible.

Están emergiendo nuevos poderes, son gigantes tecnológicos, fondos de inversión y corporaciones capaces de acumular cantidades inimaginables de información sobre nuestras vidas. Nunca en la historia de la humanidad tantos datos personales estuvieron concentrados en tan pocas manos. Nuestros hábitos de consumo, emociones, ideología, enfermedades, relaciones sentimentales, tendencias sexuales, desplazamientos y miedos, alimentan algoritmos diseñados no solo para predecir nuestro comportamiento, sino para condicionarlo. La inteligencia artificial es ya un formidable mecanismo de vigilancia, persuasión y control social.

Quien controle los algoritmos controlará la información, condicionará la percepción de la realidad y dominará el relato. Entonces, los más viejos recordarán que hubo un tiempo en el que la salud no dependía del nivel de renta y que el acceso a la educación no determinaba quién tendría futuro y quién no. 

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Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

El ombligo patrio atrae y ofusca; por eso, para mejor evaluar qué ha significado este periplo español de León XIV conviene recordar que el papa está, en realidad, de gira europea. España era la primera etapa, las próximas semanas, Italia (Pavía, Rímini, Lampedusa) y ya en septiembre, Francia (París, Lourdes, Metz). Hay también una invitación formal al Parlamento Europeo de Estrasburgo, pero aún no está cerrada la fecha. El foco de la gira no es, pues, España y olé, sino Europa, y si me apuran, “Occidente”. ¿Y el sentido? 

Con tan solo examinar las etapas, resulta muy llamativa la preocupación por las migraciones, “el verdadero nudo político global de nuestros días”, como decía Francisco. Canarias ha sido la razón (heredada, como se sabe, de Bergoglio) y el colofón del viaje a España; Lampedusa –otro-4-de-julio-es-posible– rematará su minigira italiana. En el llamado “muelle de la vergüenza” de Arguineguín, grieta atlántica de la Fortaleza Europa, León XIV regañó a Europa y al mundo: “Este drama debe convertirse en examen de conciencia: para las naciones de origen, que deben crear condiciones de paz, justicia y desarrollo; para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales; para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas; para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante”. 

A diferencia de Francisco, que se pateó pastoralmente las periferias del mundo, León XIV siente la necesidad de volver a suelo europeo y visitar los santuarios más populares de España, Italia o Francia exhibiendo la liturgia más folklórica: procesión del Corpus en Cibeles (hacía 700 años que no se celebraba en una capital europea distinta de Roma), visitas a la Almudena, la catedral de Barcelona, rosario en Montserrat, misa en la Sagrada Familia. No pudieron ser más espectaculares ciertos shows, sobre todo, los de los estadios de Montjuic y el Bernabéu, summa ecuménico-futbolera-musical de la nívea estrella pop, que también se vio privadamente con Bad Bunny. León XIV está convocando orgullosamente a Europa: le enseña su patrimonio, le recuerda su ascendiente. Acrisolando las visiones europeas de Benedicto XVI y Francisco, León XIV propone un nuevo popularismo católico basado en un regreso a la política “analógica”. León XIV va tejiendo redes, y teje tela.

Hay que tener garra para empujar a la Conferencia Episcopal Española a solicitar que se concediera una visita al Congreso. Hay que ser listo como Pedro Sánchez para saber que esta vez, sin tener por qué, tocaba ir a misa. El papa Prevost se siente en el derecho y el deber de lanzar el mensaje católico en el Parlamento de un estado aconfesional. La presencia tangencial en la política y la fobia al temporalismo de Francisco (“No va más el partido católico”) habían dejado un vacío en Europa que intentaron colmar la ultraderecha identitarista en la política y los evangélicos en la religión. 

¿Cómo es entonces que no ha habido como cuando Benedicto XVI una mayor oposición o tirantez en la izquierda? ¿Alguien puede explicar el milagro del aplauso conjunto del Congreso de los Diputados? Lo obvio es obvio: León XIV es un sólido aliado antifascista, proeuropeo, antineoliberal y ecologista, lo cual, siendo mucho, no basta para explicar el milagro; menos aún cuando León XIV lanzó sus pullas a un parlamento que había aprobado leyes para el aborto y la eutanasia. Enric Juliana sostiene que, tras 20 años de dramático teatrino de ruido y furia, había hambre de catarsis real, de que alguien llegara al Parlamento y que, elevando el lenguaje, la mirada y la misión, sacara a la clase política del canutazo, el barro y la cloaca cotidianos. Israel Merino habló de orfandad de la izquierda entregada a un anciano vicario. Pero hay más. ¿Rebrote católico? En ello trabajan, a la Iglesia le encantaría, pero no parece según los datos. El hecho es que hay sed: sed de comunidad, sin duda; sed de ideales, también.

Allá por agosto de 2017, Massimo Faggioli, uno de los historiadores del catolicismo en activo más agudos, acuñó con gracia un término nuevo: “catolicismo de heladería”. Lo hacía para distinguirlo del “catolicismo de cafetería”, o sea, esa fe que se concreta en mil caprichos personales distintos: “con leche cortito de café”, “con leche cortito de café sin espuma”, “con leche cortito de café sin espuma y en vaso”. El viaje a España de León XIV ha resultado bastante cafetero. En vísperas del viaje se temía que se politizara el discurso del papa y así ha sido. La directora de la edición española del Osservatore Romano, Silvina Pérez, tuiteó: “Cada uno tiende a quedarse con una parte del discurso. El Papa en cambio, intenta mantener unido todo el mensaje”. Y el mensaje es la heladería.

Salvo el killer Jiménez Losantos, que acusó al papa de haber hecho un discurso “que parecía de la asociación de los Hermanos Musulmanes”; salvo las compañeras de Podemos, partisanas guardianas de la ortodoxia laicista ante el invasor papa ayatolá; salvo un tropel de mujeres a quienes, con toda la razón, se les retuercen las tripas escuchando discursos en defensa de la vida que siempre las ningunean; y salvo la indignación de ciertas asociaciones víctimas de abusos sexuales a las que excluyeron, hubo milagro: abundan los neopapistas. Feliz el Gobierno: Bolaños y Albares. Felices las adversarias Yolanda Díaz y Díaz Ayuso. Feliz hasta el lerdo de Abascal, que se marcó una cita fake del papa, sin olvidar al santurrón de Feijóo, prevostiano “de la A a la Z”, aunque omitiera en su bienvenida al papa la “g” de guerra, la “r” de rearme, y sobre todo, la “m” de migrantes. 

¿Por qué entonces el milagro? ¿Dónde reside el éxito de Prevost? Pues tal vez en ese catolicismo de heladería que decía Faggioli en el que caben absolutamente todos los gustos –las cremas, las frutas y hasta los granizados– pero a nadie se le ocurre discutirlos. Lo que a uno le parece asquerosamente empalagoso o hipócrita –no al aborto o a la eutanasia– al otro le parece divino. Lo que a uno le parece mítico desarme al otro le sabe a buenismo anodino. Lo que cuenta es que todos se encuentren en la heladería y todos calmen su sed. Frente al catolicismo cafetero, refunfuñón y siempre dispuesto al calentón, Prevost parece más propenso al catolicismo helado: frío, fresco y tradicional, para todos los gustos y edades, local y global, siempre rico, siempre dulce.

¿Qué queremos de un buen heladero? Que sea limpio, honesto, que sus productos sean frescos, que la fresa sepa a fresa y la crema a crema, que no empalague, que no nos hinche, ni nos timen con emulsionantes. También que no falle jamás en los clásicos: el chocolate, la avellana, el pistacho, el turrón, el mantecado, la crema, la fresa, el limón. 

¿Qué podemos querer de un papa? Que no falle en la justicia social, el bien común, el desarme, la paz, el multilateralismo. Que sea lo más evangélico posible. ¿Y en el aborto y la eutanasia? Que no sea impositivo ni punitivo. Que respete, como dijo Prevost en el Parlamento, “la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar”. Que comprenda que los regustos absolutistas los aborrecemos y nos deje seguir pensando en esa frase sibilina con la que concluyó su párrafo en el congreso: “aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”. ¿Cuáles antes? ¿Las de las mujeres, los migrantes, los pobres, los enfermos o los no nacidos?

El viaje de León XIV, que ha dejado un montón de enseñanzas, siembra también una inquietud: da cosa que se vitoree al papa en el Congreso (¿hemos vuelto al s. XIX?); da pena que, si el papa habla de aborto y eutanasia ante el Parlamento, no haya más respuesta laica que la de compararlo con un ayatolá o reivindicar el ateísmo perdedor. León XIV encabeza hoy una ofensiva ideológica del catolicismo que, por un lado, hay que celebrar en cuanto freno a otra ofensiva –trumpista y tecnofascista– que porfía desde hace años por hacerse con el poder del altar romano. Muchos ateos orgullosos se niegan a verlo. Mucha gente no se explica cómo es posible que un papa tenga hoy tanto imperio. Tiene imperio porque, como repite Guillem Martínez, tras cuatro décadas de destrucción neoliberal, “lo único que hoy queda con capacidad organizativa en el Norte Global, lo único que, junto al islam y al budismo, queda en el Sur Global, es el catolicismo”.

Dicho esto, mucho ojo: toda ofensiva católica presenta una vocación hegemónica que tiende a entrar en conflicto con la laicidad del Estado. Un laico sólo podría admitir la idea católica de que haya una “sana laicidad” si entonces recíprocamente se reivindicara un “sano catolicismo”, que no sabemos bien en qué consistiría. ¿Ausentarse como el rey de Bélgica un día para no firmar la ley del aborto? ¿Firmarla como Andreotti aún a sabiendas de que debería responder por ello en el otro mundo?

Antes de ser papa, escribía Prevost que si Europa anhela dialogar “con las grandes culturas del mundo que poseen una convicción religiosa profunda de la realidad”, entonces necesita una “visión de Dios”. Los no creyentes, de este viaje, aprendemos que, desdichadamente, Europa anda muy flojita de ideales. San Pablo VI decía en 1966 que ni lamentaba ni sentía nostalgia ni siquiera un deseo secreto de reivindicar la soberanía temporal. Bien venga que León XIV siga tejiendo redes por el bien común como ha hecho en este primer año de pontificado. Veremos hasta dónde quiere penetrar en su ofensiva europea. En Barcelona, Bob Prevost hizo una confesión futbolística que a lo mejor da una pista de su estrategia: “Jugaba de defensa. No era un goleador”.

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Gorka Larrabeiti es profesor de español residente en Roma.

La visita del representante de Cristo en la tierra ha puesto sobre nuestras calles una afirmación que tiene que ver con la evolución de la espiritualidad entre los jóvenes. La dimensión de la fe ha estado permanentemente en nuestros televisores durante el desarrollo de cada uno de los actos de León XIV, una fe amparada por el cristianismo, pero también vinculada al mundo de las ideas y a la puesta en valor de demiurgos, noúmenos kantianos o genios malignos cartesianos. 

El espíritu de conquista de esa parte de la naturaleza humana ha puesto de manifiesto un incremento de la espiritualidad como componente fundamental de su desarrollo. Pero ¿es esta una manifestación del humanismo? ¿Podríamos hablar de un camino abierto hacia lo espiritual que aborde otra manera de ver el mundo? ¿Estamos en ese momento? Creo que no.

Hace unos días, Carlos Fernández Liria publicó un libro que viene a sumarse a la larga lista de literatura que aborda el transhumanismo como un elemento a tener en cuenta dentro de las nuevas políticas, tangencial a los nuevos desarrollos del capitalismo. Un transhumanismo que surge, fundamentalmente, de los oligarcas de Silicon Valley, pero que se extiende a los argumentos que construyen las políticas de la nueva era Trump. La idea es pensar que el hombre ha muerto, Nietzsche mediante, para configurar un nuevo tipo de humano que supere todos los defectos que aquejan al viejo (enfermedades, dolor, cansancio social, etc.). Eso supone un diseño trascendental que afecta no solo a lo que lo rodea, sino también a modificaciones dentro de las estructuras de ADN para generar “máquinas” preparadas para la nueva era y espacios donde ir sembrando el nuevo proyecto, entre otros la conocida ambición por conquistar Groenlandia o la idea de viajar a Marte.

Esto, que podría parecer una locura, viene insertado con el aval de los grandes dueños de las empresas tecnológicas, farmacéuticas y, por supuesto, con gobiernos poderosos que facilitan el proceso.

Lejos de las ideas conspiranoicas que podrían suponerse, los espacios se están creando, las infraestructuras están siendo validadas y las ideas, puestas en marcha. Existe una oligarquía tecnológica, amparada por Donald Trump y liderada por señores feudales como Peter Thiel o Elon Musk, que está desarrollando espacios para la creación de ese nuevo ser humano ajeno a las garantías sociales y al bien común, lo que Liria subraya como la ilustración oscura. 

Frente a esto, el concurso de la espiritualidad, o la demostración de sociedades libres, iguales y, sobre todo, ilustradas, propone un dique fundamental para contener los movimientos que este nuevo tecnofeudalismo está desarrollando. Una contestación desde el humanismo reafirmado para poner en tela de juicio los movimientos hacia adelante, aceleracionistas, con los que están comprometidos los señores de las grandes empresas tecnológicas.

Pararse a pensar en esto no obedece a ningún tipo de patología, sino que fundamenta un juicio crítico a cuanto venimos conociendo con conceptos como “nube”, “darkweb” o “network”. Toda esa ejemplaridad fomentada por el capitalismo de nuevo cuño, que no es más que el avance natural del desarrollo capitalista, está agujereando nuestro sistema de derecho y nuestra democracia. 

Con todo, los caminos que llevan a una cierta espiritualidad, pero también los que llevan a definir el humanismo y la ilustración, donde poner al ser humano en el centro del proceso evolutivo para fomentar sus valores reales, podrían ser una llamada de atención ante la fuerza de los productos surgidos del tecnofeudalismo ya existente.

No es que la religión salve de este viento fuerte que nos está llegando desde Silicon Valley, pero al menos nos hace mirar hacia adentro, al centro mismo de nuestras consciencias, allí donde el ser humano es fundamentalmente humano, para estructurar defensas necesarias en la lucha contra la aristocracia tecnológica.

La espiritualidad al servicio de lo humano que, como todos sabemos, es constitutivo de la forma de mirar al mundo que nos rodea, venga desde donde venga, la fomente quien la fomente, para aclimatar el futuro a nuestras exigencias ciudadanas, a la defensa de nuestras democracias y a la protección de un humanismo profundamente humano. 

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Javier Lorenzo Candel es poeta.

La cuestión de la defensa se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la política japonesa contemporánea. Durante décadas, la identidad internacional de Japón estuvo definida por las limitaciones impuestas tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente por el artículo 9 de la Constitución, que renuncia al uso de la guerra como instrumento de política nacional. Sin embargo, el nuevo contexto geopolítico ha impulsado un profundo replanteamiento de este paradigma.

La figura de la actual primera ministra, Sanae Takaichi, representa la continuidad de la línea política inaugurada por Shinzo Abe, orientada a “normalizar” el papel estratégico de Japón y a dotar al país de mayores capacidades militares. El incremento sostenido del gasto en defensa, el desarrollo de capacidades de ataque de largo alcance, la flexibilización de las exportaciones de armamento y la participación creciente en ejercicios militares regionales evidencian una transformación que trasciende la tradicional doctrina de defensa estrictamente territorial.

La eventual reforma del artículo 9 constituiría el paso definitivo en este proceso. No solo supondría una modificación jurídica de enorme alcance, sino que permitiría a Japón actuar con mayor libertad en escenarios de crisis regionales, especialmente en torno a Taiwán. Tokio podría prestar apoyo militar y logístico directo a la isla sin necesidad de encajar dichas actuaciones dentro de la interpretación restrictiva de la "autodefensa colectiva" que ha condicionado su política de seguridad durante décadas.

La evolución de Japón no debe interpretarse únicamente como una reacción al auge de China, sino también como la culminación de un proceso de "normalización estratégica" iniciado tras el final de la Guerra Fría. Durante décadas, la excepcionalidad japonesa descansó sobre una combinación singular: gran potencia económica, capacidades tecnológicas avanzadas y limitaciones militares autoimpuestas bajo el paraguas de seguridad estadounidense. Ese modelo funcionó mientras el entorno regional permaneció relativamente estable y Estados Unidos mantuvo una superioridad incontestable en Asia-Pacífico.

Sin embargo, el ascenso de China ha alterado profundamente ese equilibrio. Por primera vez desde 1945, Japón se enfrenta a un vecino cuya capacidad económica, tecnológica y militar rivaliza con la de Estados Unidos y supera ampliamente la japonesa. En consecuencia, el debate sobre la reforma constitucional o el aumento del gasto militar no responde únicamente a una cuestión ideológica vinculada al legado de Shinzo Abe o Sanae Takaichi, sino a la percepción creciente de que el entorno estratégico que hizo posible el pacifismo japonés está desapareciendo.

Desde la óptica china, precisamente ahí radica el problema. Beijing interpreta que la progresiva remilitarización japonesa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para impedir la emergencia de China como potencia predominante en Asia Oriental. De este modo, cuestiones como Taiwán, las islas Senkaku/Diaoyu o la seguridad marítima en el Pacífico occidental aparecen cada vez más integradas en una misma lógica geopolítica de competición sistémica.

Resulta igualmente significativo que el debate sobre Japón haya dejado de centrarse exclusivamente en su defensa nacional. Cada vez más, las autoridades japonesas hablan de la seguridad del Indo-Pacífico, de la estabilidad del estrecho de Taiwán o de la libertad de navegación en el mar de China Meridional. Ello refleja una ampliación del horizonte estratégico de Tokio, que comienza a concebirse como un actor con responsabilidades regionales y no únicamente nacionales.

Esta evolución cuenta con el apoyo explícito de Estados Unidos. Desde la perspectiva de Washington, el fortalecimiento militar japonés constituye un elemento fundamental para mantener el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico frente al ascenso de China.

La cooperación industrial en materia de misiles, el incremento de la interoperabilidad militar y la coordinación estratégica entre ambos países responden a una lógica cada vez más evidente: Estados Unidos pretende compartir con sus aliados una parte creciente de la carga de la disuasión regional. No se trata tanto de una retirada norteamericana como de una redistribución de responsabilidades dentro del sistema de alianzas liderado por Washington.

En este contexto, Japón emerge como el principal socio estratégico estadounidense en Asia Oriental. La alianza ya no se limita a garantizar la defensa del archipiélago japonés, sino que se orienta progresivamente hacia la gestión de contingencias regionales que abarcan el mar de China Oriental, el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán.

Beijing observa estas transformaciones con profunda preocupación. Desde la perspectiva china, el rearme japonés no puede desvincularse del legado histórico de la agresión imperial nipona durante la primera mitad del siglo XX.

Por ello, la diplomacia china intenta presentar el fortalecimiento militar japonés como una forma de "nuevo militarismo", evocando la memoria de la guerra sino-japonesa y de la ocupación japonesa de China. La referencia constante a la lucha antifascista y a la victoria sobre el militarismo japonés busca movilizar sensibilidades históricas tanto dentro de China como en otros países asiáticos.

No obstante, la crítica china no responde únicamente a consideraciones históricas. Desde una perspectiva geopolítica, Japón constituye una pieza esencial de la denominada "primera cadena de islas", el sistema geográfico que limita la proyección naval china hacia el Pacífico occidental. Un Japón militarmente más capaz incrementa significativamente las dificultades de China para operar en un eventual conflicto regional.

Por otra parte, la respuesta de los países de la región es más ambigua que la de China. Estados como Filipinas, Vietnam o incluso Australia contemplan con relativa simpatía el fortalecimiento japonés, al percibirlo como un contrapeso útil.

Particularmente significativo resulta el acercamiento entre Japón y Filipinas. Ambos países mantienen disputas territoriales o estratégicas con Beijing y han intensificado su cooperación militar, diplomática y marítima. Las negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas ilustran un proceso más amplio de alineamiento estratégico.

Sin embargo, este acercamiento genera también efectos secundarios complejos. Taiwán, por ejemplo, observa favorablemente la cooperación entre Tokio y Manila en términos generales, pero algunas de estas iniciativas pueden afectar directamente a sus intereses marítimos. Ello demuestra que la creciente convergencia entre actores reticentes hacia China no elimina necesariamente los conflictos de intereses entre ellos.

Al mismo tiempo, en numerosos países del Sudeste Asiático persisten ciertas reservas hacia un Japón más militarizado. La memoria histórica continúa siendo un factor relevante y muchos gobiernos prefieren evitar una excesiva polarización regional entre bloques rivales.

La cuestión taiwanesa constituye probablemente el principal catalizador de estos cambios. La creciente convicción en Tokio de que la seguridad de Taiwán está estrechamente vinculada a la seguridad japonesa ha modificado sustancialmente el debate estratégico nacional.

Las islas japonesas de Ryukyu, especialmente las situadas más al sur, se encuentran muy próximas a Taiwán. Un conflicto en el estrecho tendría consecuencias inmediatas para Japón, tanto desde el punto de vista militar como económico y energético. De ahí que las autoridades japonesas hayan abandonado gradualmente la tradicional ambigüedad respecto a la isla.

Si Japón llegase a reformar su constitución y ampliara aún más sus capacidades militares, el cálculo estratégico de Beijing se volvería considerablemente más complejo. Cualquier operación contra Taiwán debería contemplar no solo la intervención estadounidense, sino también la posible participación directa japonesa.

El resultado es la configuración progresiva de un nuevo sistema regional caracterizado por una creciente polarización estratégica. China percibe que Estados Unidos está tejiendo una red de alianzas destinada a contener su ascenso, mientras que Washington y sus socios consideran que el fortalecimiento militar chino amenaza su presencia y la estabilidad regional.

En este contexto, Japón ha dejado de ser simplemente una potencia económica protegida por Estados Unidos para convertirse en un actor estratégico de primer orden. Su transformación militar constituye uno de los cambios más significativos en la arquitectura de seguridad asiática desde el final de la Guerra Fría.

Paradójicamente, tanto Beijing como Tokio justifican sus respectivas políticas apelando a la necesidad de garantizar la estabilidad. Sin embargo, el resultado acumulativo de estas dinámicas es una intensificación de la competencia estratégica que aumenta los riesgos de crisis en torno a Taiwán y al Mar de China Meridional. La región entra así en una etapa en la que la disuasión y la preparación militar adquieren un protagonismo creciente, mientras la posibilidad de errores de cálculo entre las grandes potencias se convierte en una de las principales amenazas para la estabilidad del Indo-Pacífico.

La paradoja del nuevo Asia-Pacífico es que todos los actores afirman prepararse para preservar la paz, pero la acumulación simultánea de capacidades militares está configurando un escenario en el que cualquier crisis local, especialmente en Taiwán, corre el riesgo de transformarse en una confrontación regional de dimensiones históricas.

Si durante la segunda mitad del siglo XX Japón simbolizó el triunfo de la potencia económica sobre la potencia militar, el siglo XXI parece conducirlo hacia una síntesis distinta, en la que prosperidad, influencia diplomática y capacidades de defensa vuelven a considerarse elementos inseparables de su condición de gran potencia. La cuestión no es ya si Japón se está rearmando, sino hasta dónde llegará esa transformación y cómo reaccionarán a ella China y el resto de Asia Oriental.

Por tanto, no estamos simplemente ante un rearme japonés, sino ante la redefinición del papel de Japón en el orden asiático del siglo XXI.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

Los árboles no dejan ver el bosque. La mayoría de medios de comunicación y políticos de toda solfa se pirran por salir en la foto con León XIV, aunque no le hagan el menor caso a su mensaje de armonía, paz, respeto e igualdad entre todos los ciudadanos. Y aprovechando la algarabía y las diferencias entre el papa actual y su predecesor, Francisco, León XIV ha ignorado —y nadie le ha recordado— la persistente pugna en la Iglesia española o la Conferencia Episcopal acerca del patrimonio eclesiástico incautado o reclamado entre diócesis, instituciones y/o ciudadanos. Sin contar el proceso judicial que siguen las pinturas de Sijena (Huesca) entre Aragón y Cataluña.

León XIV ha optado por callar acerca de las restituciones patrimoniales que tienen enzarzada a la Iglesia católica. Al recoger el testigo de Francisco, heredaba también los expedientes abiertos por su antecesor. Uno de ellos trataba la petición de Canadá para que el Vaticano devolviera objetos indígenas enviados por misioneros católicos desde aquel país con motivo de una exposición celebrada en 1925. El pasado día 15 de noviembre, León XIV recibió a una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá para devolver 62 piezas (indumentaria, ornamentos y objetos de culturas indígenas) a sus propietarios originales. El acuerdo con Canadá formaba parte del legado de Francisco, quien en abril de 2023, durante un viaje a Hungría, declaró a Associated Press que “las restituciones recuerdan al séptimo mandamiento; si robas algo, debes devolverlo”. Así actuó al restituir tres esculturas a Grecia, tres momias incas a Perú o una serie de obras arqueológicas a Ecuador.

En España, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Arturo Colorado, conocedor del tema, aduce que “la Iglesia no ha devuelto los bienes artísticos que se le entregaron en la posguerra [a partir de 1939], que alcanzan más de 2.000 en el grado actual de la investigación”. Su equipo mantiene abierta una línea de investigación sobre el patrimonio cultural trasegado durante la guerra civil del siglo XX. El tráfico de obras incautadas o, directamente, robadas en las guerras y conflictos discurre en todas direcciones. La Iglesia perdió también patrimonio artístico que, parcialmente, fue restituido al finalizar la contienda.

El ajetreo de saqueos de obras culturales a museos o particulares se remonta en Europa al Congreso de Viena de 1815, cuando Francia se vio obligada a devolver a España la parte de la pinacoteca que acabaría integrando el Museo del Prado, requisada por las tropas napoleónicas. Desde entonces hasta la devolución de cinco pinturas a los nietos de Pedro Rico, alcalde republicano de Madrid, por parte de un museo de Canarias, los dimes y diretes en torno a la restitución del patrimonio artístico no han cesado. León XIV, a diferencia de su antecesor, calla sobre el asunto y cumple con los mínimos compromisos. Los Museos Vaticanos y el Ministerio de Cultura de Canadá estuvieron negociando durante más de un año hasta alcanzar el acuerdo que acabó con la devolución citada el pasado mes de noviembre.

El litigio que, de momento, no parece resolverse implica a dos diócesis españolas por un botín de guerra de 1840. El general Baldomero Espartero ordenó la entrega de diez obras de orfebrería (desde una custodia de grandes dimensiones a una cucharilla), procedentes de Morella (Castelló) a Cenicero (La Rioja). Espartero premiaba así a Cenicero por haber vencido una envestida carlista. El espadón estaba casado con una terrateniente riojana con familiares en Cenicero.

El obispado de Calahorra La Calzada-Logroño se atribuye las competencias sobre el tesoro robado por Espartero y entregado a la parroquia de San Martín de Cenicero, mientras que el obispado de Tortosa (Tarragona) le endilga a la parroquia de Morella la autoridad sobre el tesoro sustraído tras la primera guerra carlista. El rector de la parroquia duda. La Conferencia Episcopal, situada jerárquicamente en medio o por arriba de ambas diócesis, se lava las manos observando la escaramuza eclesiástica que estos días ha recibido bendición papal al ser ignorada por el santo padre.

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Conxa Rodríguez es periodista y escritora.

El acceso a la vivienda en España ha dejado de ser un derecho o una meta alcanzable para convertirse en una de las mayores crisis sociales y económicas de este siglo. El núcleo del problema sigue siendo, en 2026, el inmenso desajuste entre la demanda de viviendas de una población en crecimiento constante que supera con creces la oferta disponible.

Si bien los análisis suelen centrarse en la especulación o en los precios de los alquileres, la raíz del colapso estructural se encuentra mucho antes de que se coloque el primer ladrillo: la alarmante falta de suelo urbanizable finalista, una burocracia lenta y realmente asfixiante, y una clara dejadez de la clase política. Todo ello viene paralizando el muy urgente desarrollo económico y social de nuestro territorio.

El déficit estructural de vivienda en España avanza sin freno. Los datos recopilados por consultoras y analistas del sector inmobiliario apuntan a que el déficit acumulado de viviendas ronda las 680.000 unidades. El Banco de España estima que para dar respuesta a la creación neta de hogares y corregir este desfase, sería necesario construir alrededor de 178.000 viviendas anuales. Sin embargo, el ritmo real de terminación de obra nueva se ha estancado de forma crónica en torno a las 90.000 unidades al año, cubriendo así apenas la mitad de lo requerido.

Esta brecha adquiere tintes dramáticos en las denominadas zonas de mercado tensionadas, donde residen más de ocho millones de ciudadanos. En comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias y amplias zonas de Andalucía y la Comunidad Valenciana, la presión es insostenible. En estas regiones, la proporción de particulares que buscan activamente una vivienda roza el 29%, frente a un escaso 7% que la ofrece.

Las consecuencias de este desierto de oferta golpean con especial crueldad a los jóvenes, atrapados en una precariedad que retrasa la emancipación formal hasta pasados los 30 años, abocándolos a destinar más del 40% o el 50% de sus ingresos al pago del alquiler.

Contrariamente a la creencia popular de que en España ya no queda espacio, el territorio nacional cuenta con una ingente cantidad de terreno. Estudios técnicos del sector certifican que las comunidades autónomas disponen, sobre el papel, de suelo urbanizable teóricamente suficiente para edificar cerca de siete millones de viviendas. Sin embargo, la realidad práctica desmiente por completo el optimismo de la cifra: apenas el 0,5% de ese suelo está listo para edificar (suelo finalista).

Un primer y fundamental obstáculo para conocer y solucionar el problema es la falta de datos públicos. En España no existe una plataforma pública, unificada, clara y accesible que detalle el estado urbanístico real de cada parcela del territorio nacional. La información se encuentra fragmentada en cientos de planes municipales obsoletos, visores cartográficos autonómicos incompatibles entre sí y expedientes administrativos de difícil acceso para el ciudadano común.

Si cualquier ciudadano, pequeño promotor o cooperativa de jóvenes pudiera consultar mediante un clic qué terrenos de su municipio son urbanizables, qué tipo de propietarios tienen, qué fases sectoriales les faltan y qué densidad de edificación permiten, se democratizaría por completo y se agilizaría sustancialmente el desarrollo urbano. La transparencia radical del suelo atraería inversión, activaría bolsas de terreno hoy olvidadas por puro desconocimiento y restaría poder a los grandes oligopolios del suelo, estimulando una competencia sana orientada a edificar más y más rápido.

El proceso para habilitar suelo y otorgar licencias en España contradice cualquier principio de eficiencia económica o urgencia social. Los plazos para llevar a cabo las actuaciones urbanísticas se miden en años y, a veces, en décadas. 

Convertir suelo no urbanizable en urbanizable a través de la aprobación de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o modificaciones estructurales requiere una media de entre ocho y 15 años de tramitación. Ello se debe a una maraña de informes sectoriales cruzados (medio ambiente, carreteras, costas, patrimonio, confederaciones hidrográficas) que deben emitir distintas administraciones que apenas se comunican entre sí. Pero la ineficiencia no termina ahí. Una vez que el suelo ya cuenta con la condición de urbanizable finalista, conseguir una simple licencia de obra mayor para empezar a levantar un edificio residencial se demora entre 12 y 24 meses en la mayoría de los municipios españoles. 

Organizaciones europeas especializadas destacan que este escenario contrasta radicalmente con el de socios comunitarios como Chipre o Polonia (donde los permisos se resuelven en 20 o 45 días) o Finlandia (con plazos medios de tres meses). Cada mes de retraso administrativo encarece la construcción, destruye la certidumbre empresarial y prolonga la escasez de vivienda en el mercado.

La persistencia de este problema durante más de una década evidencia una clara negligencia y dejadez de la clase política en su conjunto. Los responsables políticos del Estado central, de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos han preferido utilizar la vivienda como un arma de confrontación ideológica y electoral en lugar de coordinarse y aplicar medidas técnicas estructurales. Se han promulgado leyes centradas exclusivamente en regular los efectos del mercado (como los topes al alquiler), ignorando deliberadamente las causas: la falta de oferta. Las administraciones locales han mantenido a las gerencias de urbanismo infradotadas de personal técnico, convirtiendo los ayuntamientos en cuellos de botella. La falta de coraje y responsabilidad política para reformar unas leyes de suelo estatales y autonómicas hiperreguladas mantiene secuestrado el desarrollo del país, condenando a generaciones enteras a la exclusión residencial.

Para atajar una crisis de esta magnitud se requieren medidas drásticas, coordinadas y desprovistas de dogmatismos. A continuación se detallan cinco propuestas esenciales:

1. Creación de un portal único del suelo nacional: Desarrollar una base de datos pública y digitalizada, bajo un modelo de mapas interactivos de acceso libre, donde conste de forma clara la clasificación, calificación y estado de desarrollo de cada metro cuadrado de España, facilitando con ello la iniciativa privada y ciudadana.

2. Procedimiento de urgencia para la reclasificación. Habilitar cauces legales extraordinarios y urgentes para convertir de forma exprés suelo no urbanizable (que carezca de valor medioambiental o paisajístico real) en suelo urbanizable delimitado, acortando los plazos de tramitación de una década a menos de un año para proyectos destinados a vivienda asequible o residencial protegida.

3. Silencio administrativo positivo y declaraciones responsables. Modificar las leyes del suelo autonómicas para que la obtención de licencias de edificación en suelo finalista se gestione mediante declaraciones responsables técnicas, y/o garantizar que el silencio administrativo tras tres meses equivalga a la concesión automática del permiso. El retraso municipal no puede seguir castigando al promotor y al ciudadano.

4. Activación forzosa del suelo urbanizable sin edificar. Aplicar de forma estricta los mecanismos de edificación forzosa contemplados en las leyes urbanísticas para aquellos grandes tenedores de suelo urbanizable finalista que retengan los terrenos con fines meramente especulativos, sacándose ese suelo a subasta pública si no se edifica en un plazo determinado.

5. Colaboración público-privada mediante la cesión de derechos de superficie. Los ayuntamientos ycomunidades autónomas deben poner todo su suelo patrimonial apto a disposición de promotores privados mediante concesiones a largo plazo (por ejemplo, 50 o 75 años) para construir exclusivamente vivienda de alquiler asequible enfocada en jóvenes, manteniendo la titularidad pública del suelo pero multiplicando la oferta residencial en un tiempo récord.

La vivienda no puede seguir siendo un lujo inaccesible para millones de ciudadanos. La escasez de suelo urbanizable y de vivienda amenaza la cohesión social, dificulta la emancipación de los jóvenes, perjudica la competitividad económica y agrava las desigualdades territoriales y generacionales. Resolver este problema exige valentía y mucha más responsabilidad política, reformas profundas y una visión estratégica de largo plazo. España todavía está a tiempo de corregir el rumbo, pero cada año de inacción hace que la situación sea más difícil, más costosa y más injusta para millones de personas.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

Desde 2018, la mayor estabilidad del empleo —el contrato indefinido es ahora la norma— ha venido acompañada de una mejora muy significativa en la propia calidad de los puestos de trabajo. 

Donde más crece el empleo es en las actividades de mayor valor añadido, en las categorías profesionales de mayor cualificación y en las empresas de mayor tamaño. 

También desde hace ocho años la dinámica laboral es sensiblemente diferente a la que fue habitual de nuestro país durante décadas: ya no son la hostelería y el comercio los sectores que tiran del empleo, sino la educación, la información y comunicaciones, las actividades profesionales, científicas y técnicas, la sanidad y los servicios sociales. 

Estas son las actividades que más empleo generan. De hecho, el 50% del empleo creado en los últimos siete años procede de las ramas con mayor valor añadido. 

Sirva como ejemplo de este cambio en la dinámica del empleo que la afiliación en la sanidad y los servicios sociales aumentó en 375.000 personas desde 2018, mientras que en el comercio lo hizo en 108.000. 

Todas las ramas de actividad aumentan su nivel de empleo, pero las ramas en las que la ocupación crece con más intensidad son las actividades de los servicios avanzados. Un aumento de la afiliación que, además, se concentra en el sector privado, que aporta más del 76% de los nuevos empleos. 

Este mayor peso de las actividades de más valor y complejidad lleva aparejado un aumento del empleo en las categorías profesionales más altas: las que implican un mayor nivel de formación, con mayor responsabilidad y con los salarios más altos. 

Desde desde 2018, el grupo 1 de cotización a la Seguridad Social —el de ingenieros y licenciados— se incrementó un 42%, mientras que los grupos de cotización de los oficiales, especialistas y peones, apenas lo hizo el 11%. Esto es, el número de personas que trabajan en la categoría más alta creció casi cuatro veces más que el de la categoría más baja. 

De hecho, el número de cotizantes del grupo 1 (ingenieros y licenciados) y del grupo 2 (ingenieros técnicos y peritos) se incrementó en cerca de un millón de personas: más de uno de cada tres de los nuevos afiliados se incorporó a las dos categorías más altas. 

Esto es muy relevante por lo que significa como cambio de modelo y también por la enorme diferencia de salarios. La base media de cotización de los titulados superiores en diciembre de 2025 fue de 3.807 euros frente a los 1.804 euros de los grupos de salarios más bajos. 

El empleo crece, sobre todo, en las empresas de mayor tamaño, lo que permite avanzar de forma relevante en corregir una de las debilidades históricas de la estructura empresarial española: el reducido tamaño medio de nuestras empresas en términos comparados con la media europea. 

En 2025 había más empresas en España, pero sobre todo eran más grandes y empleaban a más personas. El número de empresas de más de 50 trabajadores en plantilla ha crecido un 15% desde 2018, hasta alcanzar los 33.692, la cifra más alta de la serie histórica. 

En este proceso tienen un papel especialmente destacado las empresas más grandes, aquellas con plantillas superiores a 250 personas, que aumentaron un 28% en estos años.

De hecho, las empresas de mayor dimensión han incorporado a 1,9 millones de nuevos empleados, de tal forma que en 2025 el 44% de las personas asalariadas en España ya trabajaba en una empresa de más de 250 empleados. 

Gracias a este mayor dinamismo, el tamaño medio de las empresas se ha incrementado un 20%. Sigue estando lejos de la media de países como Alemania, pero la evolución es muy positiva, porque la dimensión empresarial está directamente vinculada a variables clave como las economías de escala, la inversión en general y la I+D+i en particular, todas ellas determinantes para la productividad.

En síntesis, hay más personas trabajando en las categorías laborales más altas, empleadas en empresas de mayor tamaño y desarrollando su actividad productiva en sectores de mayor valor añadido. Y eso implica más productividad y mejores salarios.

Es, sin duda, un incipiente proceso de transformación de nuestra estructura productiva, que aún está en una fase inicial, pero que ya es cuantificable, y que va en la buena dirección, que tiene como fuerza motriz el cambio en el paradigma laboral: pasar de la precariedad como norma al empleo estable y con derechos. 

La mejora de las condiciones laborales y de los salarios hace inviables los negocios basados en la sobreexplotación laboral. El espacio que dejan lo ocupan empresas más eficientes, dentro de una estrategia que puede resumirse así: mejores empleos en mejores empresas.

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Manuel Lago es economista y diputado en el Congreso por Sumar. 

Este año el movimiento fundado por Kiko Argüello en las chabolas de Palomeras Altas cumple 60 años. Nació en 1964, en pleno Concilio Vaticano II, y esa coincidencia no es menor: el aggiornamento impulsaba a una Iglesia que debía salir a encontrar al mundo, y Kiko lo tomó en su sentido más literal, bajando a vivir entre los pobres de Madrid con una intuición que sigue siendo válida: que la fe se vive en comunidad, que el bautismo es una conversión permanente y no un trámite de infancia, que los últimos tienen algo que enseñarle a la Iglesia. En el corazón de esa intuición había algo todavía más radical: que el otro (cualquier otro, el más descartado, el más invisible) lleva en sí el rostro de Cristo. Esa experiencia de otredad sagrada fue el punto de partida. Sobre ella se ha construido uno de los movimientos católicos más influyentes del mundo, con presencia en más de 120 países y decenas de miles de comunidades. En un tiempo que produce soledad a escala industrial, el Camino sabe hacer comunidad real: sus miembros comparten dinero, tiempo, duelo, y se acompañan en lo cotidiano con una consistencia que muchas organizaciones políticas envidiarían.

Pero 60 años también dan para un examen de conciencia. Y el Camino, que tanto nos los pedían a nosotros en los escrutinios, merece que alguien se lo pida con el mismo cariño con que él lo pedía.

Crecí en el Camino Neocatecumenal, hijo de catequistas, corresponsable de comunidad desde los 16 años. Lo digo porque importa: lo que viene a continuación no lo escribo desde fuera, sino desde el conocimiento de quien ha estado dentro, de conocer otros testimonios, y desde el cariño de quien sabe lo que el Camino puede dar y lo que puede costar.

El problema central no es teológico sino político, y tiene una forma reconocible. Los investigadores que estudian la retórica ultraconservadora en el ámbito religioso describen un mecanismo preciso: la construcción de un enemigo difuso, suficientemente amplio para absorber miedos distintos y articular a personas dispersas en torno a una misma amenaza (Junqueira, 2018; Blázquez-Rodríguez, Cornejo Valle y Pichardo-Galán, 2018). En el Camino ese papel lo cumple la llamada “ideología de género”. Bajo ese paraguas caben el feminismo, los derechos LGTBI, la educación laica, el aborto…

Los discursos se producen en las catequesis, en los pasos, en las convivencias, y tienen una estructura fija: sencillos, moralmente cargados, fáciles de reproducir. “Trampas del demonio”, “cultura de la muerte”, “autodestrucción de la persona”... Lo que emerge es una mentalidad binaria: nosotros y el mundo, la fe y la ideología, los que caminan y los que están perdidos. Aquí es donde aparece la primera tensión con aquella intuición fundacional: cuando el otro deja de ser Cristo y pasa a ser amenaza, algo esencial del Camino se pierde.

Las consecuencias políticas son visibles. Sus miembros participan en manifestaciones contra el matrimonio igualitario y se movilizan electoralmente de manera coherente con esa cosmovisión. El Camino Neocatecumenal figura, junto al Opus Dei o grupos como Hazte Oír, entre los actores del activismo católico ultraconservador en España (i Martí, 2022). Muchos de sus miembros lo viven únicamente como fidelidad religiosa. Eso no cambia lo que es.

Pero hay una dimensión que los análisis políticos suelen dejar fuera, y que para mí es importante, entre otras: lo que le ocurre a las personas LGTBI que crecen dentro del Camino. No es un perfil marginal. Las familias neocatecumenales son habitualmente numerosas, y la probabilidad estadística hace el resto. Estas personas se enfrentan a una contradicción que no es intelectual sino existencial: la comunidad que les ha dado identidad, afecto, sentido de pertenencia y marcos para entender el mundo es la misma que les enseña que lo que son representa una amenaza a la esencia humana.

El Camino nos enseñó que en el rostro del otro está Cristo. Esa intuición fundacional opera en dos direcciones: la comunidad debería ver a Cristo en quien tiene delante, y cada persona debería poder encontrar a Cristo en la comunidad que la rodea. Para las personas LGTB que crecen dentro, las dos direcciones se cierran a la vez: la comunidad no las ve como portadoras de ese rostro, y ellas tampoco pueden encontrarlo en quienes les enseñan que su sexualidad es desordenada.

El mecanismo de adaptación más frecuente es el secreto, vivir una doble vida para no perder una red afectiva que en muchos casos incluye a toda la familia. Quienes no pueden sostenerse en ese secreto se van, o los van empujando centrifugamente sin que nadie los expulse formalmente. Es el resultado predecible de una pedagogía que durante años enseña a estas personas que son un error.

El Camino nos ha enseñado que el kerigma es una llamada a la conversión, que siempre se puede nacer de nuevo, que el hombre viejo puede dejar paso al hombre nuevo. Es su propia doctrina. Y la doctrina de la otredad que Kiko encontró en Palomeras no tiene límite: no hay un tipo de otro que quede fuera. El pobre de las chabolas y la persona que la comunidad hoy llama amenaza son, desde esa lógica, la misma categoría. En su 60 aniversario, el Camino tiene una oportunidad de tomarse en serio su propio punto de partida: reconocer que hay personas que han sufrido estos discursos (incluso influenciando la visión sobre esta cuestión a hermanos de la comunidad no LGTB) y que tienen consecuencias reales sobre vidas reales, que la comunidad que sabe acompañar el duelo y compartir los bienes materiales puede también aprender a no reproducir dinámicas sobre los suyos por vivir en coherencia a quienes son.

“El otro es Cristo”, experimentó Kiko en las barracas. Si eso significa algo, tiene que significar también esto.

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Curro Sánchez Herrera es sociólogo y trabajador social.

Pocas personas aprobarían el derribo de un puente, una iglesia, una picota o un edificio del siglo XVII por ausencia de “valor cultural” suficiente, pero entre ellas están quienes deciden en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid, que han sentenciado de muerte dos inmuebles sitos en la calle de Cabestreros nº 1 y 3, en el barrio de Lavapiés.

El edificio está siendo demolido y en su lugar se construirá un hotel de cápsulas de 260 “camas”, algo con más “valor cultural” que aquel al que sustituye. En este artículo ni siquiera trataremos de la necesidad de una infraestructura así en este barrio. Simplemente, denunciamos lo que parece una acción arbitraria, basada en una cuestión de mero “gusto”, prejuicio, ignorancia o todo a la vez. Desconozco si hay algún historiador o historiadora entre el equipo técnico (y político) que ha hecho de verdugo. Quiero pensar que no.

¿Qué será eso del “valor cultural” para municipio y Comunidad? Quizá una arquitectura de prestigio, que estos edificios no tienen. Quizá haber sido residencia de un prócer, que no parece. Quizá ser una construcción pintoresca. No se aprecia. Quizá haber sido escenario de un hecho relevante. Tampoco. El inmueble “no posee ningún valor cultural susceptible de protección”, dice una resolución administrativa con dejes de sentencia. No hay, pues, valor cultural, sintagma bastante resbaladizo y problemático cuando no se concreta.

Un simple vistazo al célebre mapa de Teixeira (1656) nos descubre que ya estaba configurada la manzana en el mismo punto donde se ubican los inmuebles sentenciados, junto a la fuente de Cabestreros. Lavapiés ya estaba urbanizado básicamente como lo está ahora. Un siglo después, el mapa de Espinosa de los Monteros (1769) muestra perfectamente definida la manzana que hacía la número 68 de las 557 en que se dividió la ciudad.

Las casas que van a morir hacían los números 41 y 42 en los datos recogidos en la llamada Planimetría general, fruto de las visitas municipales de 1750-1751 y base geométrica documental del mapa de Espinosa de los Monteros. Informan de sus propietarios vigentes, los anteriores, los maravedís con los que se gravaba (los impuestos no son cosa de ahora) y sus medidas. Coinciden escrupulosamente con las actuales, como también la anchura de las calles a las que tales casas daban, que esos datos también se recogieron.

Los edificios de las dos esquinas de la manzana que dan a la calle de Cabestreros eran, efectivamente, antiguos, y lo demuestra que los números centrales de la misma se retranquean, inequívoco síntoma de construcciones que responden a una ordenación urbana más moderna. Sus dos alturas (así se ve en Texeira) eran otro indicio de antigüedad, testigo de un tiempo sin tanta especulación urbanística. Así pues, mirar a la calle de Cabestreros desde la (antes) plaza homónima (hoy, de Nelson Mandela) era ver algo muy similar a lo que se ha podido contemplar en los últimos siglos.

Lavapiés fue siempre barrio humilde. No se espere en él una arquitectura de las que pasan a los libros de texto. Las casas del barrio son de estructura de madera, alzados de ladrillo enlucido, impostas modestas, discretos balcones y pocos alardes decorativos, aunque no falten dinteles epigrafiados del siglo XVIII y bellos montantes decimonónicos de forja en ciertos portales. Las gentes comunes de este barrio, como la de la mayor parte de los lugares, tampoco trascienden a los libros de historia, pero son las que las han construido y vivido, las que hicieron y hacen un barrio típico, idiosincrático, castizo y mestizo, valores que quizá tampoco posean valor cultural para quienes deciden qué es eso. El restaurante Baobab, de comida senegalesa, fue el último uso que tuvo el inmueble que se quiere aniquilar. A cambio, llegarán gentes de acá y acullá atraídas por ese “aura” que, con más o menos consciencia, contribuyen a destruir.

Esos son los valores culturales de las no tantas construcciones que subsisten de ese Madrid barroco y popular, villano (de la Villa) y currante, obligado a sostener los caprichos de petimetres y aristócratas (de la Corte). Esa es la gracia e idiosincrasia del maltratado barrio de Lavapiés, caserío de población menesterosa que los mandamases del siglo XVIII mirarán con una mezcla de admiración y desprecio (chulos, manolas…) para hacerlo sustancia de clasistas sainetes.

La urbanización de esta zona sureña comenzó en la primera mitad del siglo XV (de 1441 data su primera mención conocida) a la vera del frecuentado camino de Atocha, que llevaba al santuario de una Virgen muy querida por la madrileñía. Construir aquí significó luchar con barrancos –que eso eran estas tierras– excavados por la escorrentía de las aguas que luego recogía la fuente de Lavapiés. Fue lugar ad hoc para instalar negocios insalubres (el matadero que dará origen al Rastro), inclusa para expósitos, apretada gavilla de habitaciones alquiladas a trabajadores de la Real Fábrica de Salitre (1785) o a cigarreras de la Real Fábrica de Tabacos (1790), capital de corralas y maremágnum de gente humilde, pobre, trabajadora o buscavidas, tantas veces literaturizada. Desde hace muchos años, experimento de convivencia multicultural que en un barrio así es posible. No en los barrios ricos. Los románticos, a la vista de tanto lumpen, ubicaron en él la judería (que nunca estuvo aquí). Criminalizar al pobre era fácil cuando se tenía poder y la gestión de los corrales de comedias, las imprentas y las gacetillas, redes sociales de la época.

Abandonada hacía mucho tiempo, una antigua tahona lavapiesina muy cercana a Cabestreros (Embajadores nº 40) fue okupada por mujeres, que crearon un espacio maravilloso, la Eskalera Karakola, llamada así por su escalera de hierro fundido, que rescataron. La antigüedad era similar a lo que se va a tirar. En mayo de 2005 se desokupó y se derribó. Hoy es un solar tapiado. Afortunadamente, el proyecto feminista continúa en otra localización.

Un poco más arriba, en marzo de 2013 ni siquiera un blasón pétreo salvó al inmenso caserón de Embajadores nº 18, echado abajo por el Ayuntamiento tras decenios de abandono. El propio consistorio lo había señalizado como una de las residencias del arquitecto Pedro de Ribera. Tampoco valió para el indulto. Hoy es otro solar donde, al menos, una precaria instalación deportiva sirve para que parte de los Dragones de Lavapiés entrenen.

Será que sobran inmuebles barrocos en Madrid y por ello ordenó su derribo quien debía velar por su conservación. O que la densificación y gentrificación del centro urbano necesitan contenedores más altos, capaces de hacinar más gente.

¿Quiénes han decidido que Cabestreros 1 y 3 no tiene valor cultural? ¿Con qué argumento o justificación histórica, pues si de patrimonio cultural hablamos tratamos de patrimonio histórico-artístico?

Al lado de la fuente que, renovada en 1934 por la “República Española”, da de beber al vecindario, una esquina que fácilmente lleva trescientos años construida está siendo sacrificada por una decisión arbitraria.

La historia no se imposta ni se puede crear ex novo. La hay o no la hay. Y aquí la hay, un digno testimonio de un Madrid que venden. En todos los sentidos, el del márquetin y el comercial.

Impunemente.

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*El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado este miércoles, 10 de junio de 2026, el derribo —ya en marcha— del restaurante Baobab, en el barrio de Lavapiés, después de estimar las medidas cautelares que pidió el grupo socialista contra la resolución de la Comunidad de Madrid que había levantado la suspensión previa de las obras. Las obras quedan paralizadas hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado contra esa resolución de Patrimonio.