Hace tiempo quería escribir esto.

Para empezar, quiero dejar claro que me considero una persona de izquierda y que respaldo y reconozco la lucha por la democracia en Venezuela de María Corina Machado, aunque estemos en las antípodas ideológicamente hablando. Más allá de lo que cada uno piense sobre la estrategia política de Machado, lo que me inquieta es el rechazo a todo el colectivo venezolano, en América Latina y España.

La mayoría de los venezolanos que viven en España y Estados Unidos son simpatizantes de la derecha, al igual que miles de nicaragüenses y cubanos que han huido de regímenes de pseudoizquierda.

La reciente visita de la señora Machado a España, un despropósito al desdeñar reunirse con el Gobierno, ha generado una serie de comentarios contra los venezolanos que, desafortunadamente, me ha tocado escuchar.

“Qué pesados los venezolanos” es una de las expresiones que más recuerdo ahora. Esto no es nuevo.

Hace algunos meses, un periodista de izquierda publicó un artículo de opinión en el que, sin ahorrar calificativos, tildó a los venezolanos como “gusanera fascista” y “escoria desagradecida”. La propia Federación de Asociaciones de Periodistas de España dictaminó que ese texto “no respeta la normativa deontológica”, al “insultar y menospreciar” a los inmigrantes solo porque no piensan igual.

Se puede discrepar. De hecho, eso es lo que más valoro de la democracia. Lo que no se puede es ampararnos en la libertad de expresión para criticar desde las bilis y usar expresiones que rayan en lo xenófobo. Y menos cuando no se conocen las experiencias vitales de ese colectivo. Experiencias que también han vivido los cubanos y nicaragüenses y a los que muchas veces se les cuestiona por situarse ideológicamente en el espectro de la derecha.

Tenía ganas de escribir esto porque mis compatriotas nicaragüenses son igual de derecha que los venezolanos. La mayoría no simpatiza con esta izquierda española y se niega a entender que no es la misma que nos gobierna en Nicaragua.

Y yo me siento un poco incómodo cuando en mi entorno se empieza a despotricar contra los venezolanos. Estamos atravesados por la misma desgracia del autoritarismo, guardando las distancias.

Hay que asumir y comprender que los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela han cometido graves violaciones a los derechos humanos y han cercenado las frágiles democracias para convertir esas naciones en dictaduras, como las de derecha del siglo pasado en América Latina, promovidas por Estados Unidos.

La izquierda española ha sido incapaz de reconocer que un sector de la “izquierda” latinoamericana tiene un perfil autoritario. No es cuestión de ideología, es una cuestión de democracia y dictadura. Las dictaduras se condenan, sean de izquierda o de derecha.

Así que los venezolanos simpatizan con los partidos que condenan el régimen del que huyen. Claramente, la derecha usa el tema de las dictaduras latinoamericanas de izquierda para sus propios intereses, y poco les importa su situación.

Lo mismo pasa con mis compatriotas nicaragüenses. Si lo que conocen de la izquierda es el autoritarismo, es comprensible que quieran otra opción ideológica. Esto puede que sea un argumento simplista, dependiendo del prisma desde donde se quiera ver.

Sin embargo, esa derecha a la que apoyan es la primera que los expulsaría. Ya lo ha hecho Donald Trump en Estados Unidos, y en España, el Partido Popular y Vox, derechas, se oponen a la regularización masiva que ha impulsado el Gobierno y que sacará de la irregularidad a miles de inmigrantes.

Vox y el Partido Popular enarbolan la consigna de “dar prioridad a los ciudadanos españoles frente a los extranjeros”.

Estamos llegando al momento en que los latinoamericanos también están resultando incómodos. Por tanto, los venezolanos y nicaragüenses debemos reconocer qué partidos políticos han impulsado iniciativas que nos benefician en términos de derechos.

Por ejemplo, el gobierno español de Pedro Sánchez otorgó la residencia por razones humanitarias a miles de venezolanos desde 2018. La derecha jamás habría aprobado cosa semejante.

Sánchez también ha otorgado la nacionalidad española a nicaragüenses a los que el dictador Daniel Ortega ha dejado apátridas.

Lo que le ha faltado a la izquierda es el valor para condenar a las dictaduras latinoamericanas. La derecha, en cambio, utiliza nuestras tragedias para infundir miedo. Hay hipocresía de ambos lados.

En el caso de la izquierda española, aún romantiza las revoluciones cubanas y sandinistas, que fueron un halo de cambio en el siglo pasado, pero que tristemente derivaron en autoritarismo. Además, suele exigir una pureza ideológica al migrante venezolano que ella misma no se aplica.

A los venezolanos se les ataca de una forma peligrosa y cada vez más normalizada. Suelo callar cuando escucho comentarios negativos hacia ellos porque hay días en que no tengo energía para entrar en debates que requieren comprender otros contextos. Los españoles que los critican, no hablo de todos en general, no empatizan con su drama.

Critican desde la comodidad de la democracia. Que andan con banderas, que votan a la derecha. Reducen un tema complejo a lo más simple.

Omiten que detrás de esa persona que va a la Puerta del Sol en Madrid con su pabellón nacional está la historia de un inmigrante que vivió represión por el solo hecho de defender la democracia, por ejemplificar. Y seguramente hay historias más dramáticas: gente que vio a los suyos morir por fuerzas militares o paramilitares chavistas, periodistas que dejaron sus redacciones y que valientemente siguen denunciando desde su exilio.

Muchas veces se cree que todos los venezolanos viven en el barrio rico Salamanca, en Madrid. Y no. Seguramente vivirán muchos, pero esa es una élite reducida. No representan al exilio venezolano en su totalidad.

Un chico venezolano con el que estuve saliendo el año pasado me contó que antes de viajar a España estuvo viviendo en Colombia. Llegó a ese país por la frontera de Cúcuta, caminando por varios días por veredas y carreteras. Sus pies tenían llagas al terminar esa odisea. Desde hace cuatro años vive en el barrio obrero de Usera.

Me contó su periplo, un día de verano mientras viajábamos en un bus por Madrid, tras cuestionarle que simpatizara con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Al escuchar su historia, pensé en todas las veces que he escuchado comentarios despectivos sobre los venezolanos en España. Pensé en quienes los llaman pesados, exagerados. Pensé en quienes reducen su dolor a una consigna política o a un estereotipo ideológico.

Los venezolanos no son caricaturas políticas. Son personas que tuvieron que reinventar su vida lejos de su país. Tal vez por eso me repudia tanto escuchar el desprecio con el que algunos se refieren a ellos. Cuando alguien dice “qué pesados los venezolanos”, lo que en realidad está diciendo —aunque no lo sepa— es que no quiere escuchar las razones por las que esa gente tuvo que huir y por qué votaría a la derecha. Es un juicio rápido.

Y ahí está el fondo de todo esto: no se trata de estar de acuerdo con sus ideas políticas, ni de votar lo mismo que ellos, ni siquiera de simpatizar con la señora Machado. Se trata de algo mucho más básico: reconocer su historia y su derecho a ser escuchados sin ser insultados.

Nadie camina durante días con los pies llenos de llagas por capricho. Nadie abandona su país, su familia y su vida por gusto. Se van por necesidad, por miedo. Se van, muchas veces, para sobrevivir.

Ese chico venezolano que conocí al final de su testimonio me dijo, y tengo sus palabras haciéndome eco:

—Ya te di mis razones. ¿Ahora decime por qué debo votar lo contrario?

Se las di.

A los migrantes y exiliados de Venezuela, Cuba y Nicaragua les digo que deben reflexionar sobre a qué partido apoyar desde su condición de extranjeros, migrantes o refugiados.

A los españoles: cuando se escucha la experiencia vital del exilio, esa herida de pérdida, la ideología no deja de ser más que un capricho.

Y si esto que escribo a los dogmáticos les parece ingenuo o una contradicción, me da igual. Hay cosas que necesito escribir.

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José Denis Cruz es periodista nicaragüense exiliado en España. Es miembro de la Asociación Centroamericana para la Democracia y el Desarrollo y coordinador de Casa Centroamérica en España.

El cierre del estrecho de Ormuz por la guerra en Irán ha provocado la mayor liberación de reservas estratégicas de crudo de la historia. Sin embargo, mientras los gigantes energéticos alertan de que este salvavidas se esta agotando, surge una duda: ¿qué pasará cuando se acaben estas reservas?

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán ha transformado Ormuz en un muro que asfixia la economía global. Ante esta crisis, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado la liberación coordinada de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Parece una intervención que puede resultar eficaz para calmar a los mercados. Pero no nos engañemos: estamos intentando apagar un incendio con un vaso de agua.

El contexto macroeconómico y geopolítico es sombrío. Durante décadas, los mercados globales operaron bajo la suposición de que Estados Unidos garantizaría siempre el flujo ininterrumpido en el Golfo Pérsico. Esa ilusión se ha roto por completo durante el ultimo mes. Esta crisis nos empuja a un nuevo escenario de acaparamiento por miedo a repetir este shock en la logística internacional de la energía. China, el mayor consumidor mundial, ha liderado silenciosamente esta carrera, acumulando unas reservas de casi 1.400 millones de barriles. Le siguen potencias como Estados Unidos y Japón, con 413 millones y 263 millones de barriles respectivamente. En el nuevo origen geopolítico, el hecho de guardar reservas de petróleo se ha convertido en una pieza clave para la ventaja estratégica del país.

Si analizamos los datos técnicos y financieros, el panorama empeora más todavía. Las grandes multinacionales como Exxon Mobil, Chevron y ConocoPhillips ya advierten que la capacidad de amortiguación del mercado está "casi agotado". Los números no mienten: recientemente, el crudo Brent superó la barrera de los 100 dólares, con picos de hasta 126 dólares por barril. Aunque el rescate de la AIE, impulsado por los 172 millones de barriles de Estados Unidos, suena bien, la realidad es que apenas cubre entre tres y cuatro semanas del flujo que se ha perdido durante el conflicto. Esta inyección de liquidez petrolera alivia el nerviosismo de momento, pero no ataca el problema real de la oferta.

Habrá quien argumente, con cierto optimismo, que estas liberaciones masivas han logrado estabilizar el mercado en el pasado, como los 182 millones de barriles inyectados tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Sin embargo, esta visión tiene cierta miopía en cuanto a la dimensión temporal. A diferencia de entonces, hoy no enfrentamos un embargo selectivo, sino el cierre físico de la principal vía del sistema energético mundial. Lejos de transmitir tranquilidad, algunos analistas advierten que esta intervención ha sido interpretada como una señal de "pánico" por los inversores. Al vaciar ahora nuestra despensa de petróleo, que en el caso estadounidense caerán a niveles críticos no vistos desde la década de 1980, nos estamos quitando ese colchón que en teoría nos iba a mantener en una situación de cierta tranquilidad una vez la producción de petróleo comenzará a declinarse.

En conclusión, la guerra en Irán nos ha arrebatado nuestra red de seguridad energética. El mundo se enfrenta a una dura lección que pagaremos cara: las reservas estratégicas son, en el mejor de los casos, parches temporales ante conflictos bélicos como el que estamos viviendo en la actualidad. Si no se restablece pronto el libre tránsito por Ormuz, la acumulación que vaticinan los expertos disparará los precios a niveles asfixiantes y prolongados. No podemos seguir financiando nuestro ritmo de vida quemando los ahorros del pasado. Nos acercamos muy peligrosamente al consumo total de nuestro “colchón petrolífero”. Cuando demos cuenta de que no podemos tirar de esas reservas, nos empezaremos a preocupar por el futuro del sistema tal y como esta planteado desde hace más de 2 siglos. Es el momento de despertar.

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Antonio García-Amate es profesor de finanzas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e investiga sobre energías renovables y gas.

Desde mi experiencia en el ámbito migratorio, llevo años denunciando que las políticas europeas han estado atravesadas por una lógica sostenida de deshumanización desde hace décadas. No se trata de una deriva reciente, sino de la consolidación progresiva de un modelo que deshumaniza a las personas migrantes y las convierte en sujetos explotables, al tiempo que normaliza y reproduce el racismo institucional en todas sus formas.

La reciente aprobación del Reglamento de Retorno en el Parlamento Europeo es una muestra más de esta deriva. La consolidación de un sistema que normaliza la exclusión y jerarquiza vidas haciendo que los derechos dejen de ser universales para convertirse en privilegios.

No se trata únicamente de un endurecimiento administrativo; es algo mucho más profundo. Se trata de un clima que se instala, de una normalización del odio que se ha blanqueado sibilinamente. De una idea que avanza de forma escurridiza como lo hacen todas las ideas del fascismo: se deslizan, se filtran casi sin ser percibidas, y acaban impregnando narrativas que hoy se imponen sin apenas resistencia en barrios obreros, en bares y en espacios donde antes habría resultado impensable.

La idea de fondo es terrible: hay vidas que valen menos, hay cuerpos más sospechosos, hay presencias que deben ser controladas, expulsadas o silenciadas, y por tanto no tienen los mismos derechos que el resto.

Hannah Arendt dejó muy claro cuál era la disputa que hoy está en juego: “el derecho a tener derechos”. Esa es la base de toda comunidad política y cuando ese principio se quiebra, lo que se erosiona no es solo la vida de quienes quedan fuera, sino el propio fundamento de la democracia.

El Reglamento de Retorno se asienta precisamente sobre esa ruptura. Se presenta como una herramienta técnica de la burocracia europea para gestionar las migraciones de forma ‘ordenada’. Pero su contenido revela algo mucho más profundo: forma parte de una arquitectura política, orientada a convertir la expulsión en el eje central de la política migratoria europea.

Si realmente hubiese voluntad política para ‘ordenar’ las migraciones, solo tendrían que poner en marcha vías legales y seguras pero, ‘por lo que sea’, de eso, ni hablamos.

Cuando, ante el contexto internacional en el que nos encontramos, marcado por guerras ilegales, genocidios y desplazamientos forzados, la Unión Europea debería estar reforzando los mecanismos de protección internacional. Sin embargo, el bloque de las derechas (la derecha ultra y la ultraderecha, más mimetizadas que nunca) ha optado por acelerar la construcción de una maquinaria de deportación masiva para continuar con su guerra contra las personas que huyen de su país buscando un lugar seguro o una oportunidad en la Europa que un día fue tierra de acogida.

La Europa que se reivindicaba como espacio de derechos humanos avanza hacia un modelo de detención, persecución y expulsión. Bajo este paradigma, la migración deja de entenderse como un fenómeno social que representa un desafío a la vez que una oportunidad, para convertirlo intencionadamente en un problema de seguridad. 

Se construye así una frontera no solo geográfica, sino también ideológica y moral: una línea que separa a quienes son considerados sujetos de derechos de quienes pasan a ser sujetos administrables, detenibles y expulsables.

El objetivo es claro: acelerar las deportaciones, reducir garantías, ampliar la detención y facilitar expulsiones incluso hacia terceros países donde la persona migrante puede no tener ningún tipo de vínculo. 

Por tanto, no se trata solo de expulsar, sino de hacerlo lo más lejos y rápido posible, automatizando el proceso sin garantías, y convirtiéndolo en una rutina cruelmente institucionalizada.

En este marco, Europa se configura como un sistema que produce activamente vidas deportables. Sujetos cuya existencia queda atravesada por la amenaza constante de detención, sospecha, criminalización y expulsión. Personas cuya identidad queda subordinada a su estatus administrativo.

En palabras de Achille Mbembe, vivimos en regímenes donde el poder decide “quién puede vivir y quién debe morir”, o, en este caso, quién puede permanecer y quién debe ser expulsado. 

El Reglamento de Retorno encarna esa lógica: no elimina vidas, pero las sitúa en una condición de extrema vulnerabilidad estructural.

Y lo vemos en los llamados return hubs o centros de retorno en terceros países, que son Guantánomos europeos que representan la expresión más nítida de esta deriva de valores. Centros externalizados fuera del territorio de la Unión donde las personas migrantes serán retenidas por tiempo indefinido. Espacios sin garantías jurídicas efectivas, donde la responsabilidad se diluye. Espacios de tránsito sin identidad, sin derechos y sin reconocimiento.

Se trata de una estrategia que erosiona derechos fundamentales al limitar el acceso a la defensa jurídica, acortar los plazos de recurso y suprimir efectos suspensivos que impedirían la expulsión mientras se tramitan los recursos. En la práctica, esto vacía de contenido el derecho, que deja de ser una garantía efectiva, y deforma el propio marco jurídico para facilitar la expulsión de quienes son considerados “expulsables”, alejándolos del espacio europeo y de sus mecanismos de protección bajo la lógica de que aquello que no se ve resulta más fácil de ignorar.

Las advertencias sobre la posible vulneración del derecho internacional no han sido en absoluto marginales. Sin embargo, para quienes han situado a las personas migrantes en el centro de una ofensiva política sostenida, han caído en saco roto. Organismos internacionales han alertado del riesgo de quebrantar el principio de no devolución, uno de los pilares del derecho de asilo, así como de la posibilidad de detenciones arbitrarias y graves déficits en las garantías procesales. Pese a ello, estas advertencias han sido ignoradas. Y no por desconocimiento, sino por cálculo: incluso si el reglamento acaba siendo cuestionado o corregido por instancias judiciales internacionales, su aplicación inmediata permite avanzar en una agenda política que convierte la persecución de las personas migrantes en objetivo preferente y en rédito electoral.

Lo que emerge con claridad es un modelo de control que transforma la migración en un campo de vigilancia permanente. Didier Fassin lo dice muy claro, las políticas migratorias contemporáneas operan mediante una “economía moral” que jerarquiza vidas y legitima la desigualdad en nombre de la seguridad.

En este contexto, la detención deja de ser una medida excepcional vinculada a delitos y pasa a ser un instrumento ordinario de gestión migratoria. Incluso menores pueden verse afectados, lo que revela hasta qué punto se ha desplazado el horizonte ético europeo.

Cuando cada día abrimos los informativos con imágenes durísimas que ilustran las políticas migratorias de Trump, amenazando la cohesión interna  y la convivencia ciudadana en EEUU, es inevitable hacer una proyección de lo que puede suponer el Reglamento de Retorno. El modelo que subyace apunta en la misma dirección que políticas impulsadas por agencias como el ICE (Immigration and Customs Enforcement), donde la migración se gestiona mediante dispositivos policiales basados en la sospecha permanente. El Reglamento insta a los Estados Miembros a identificar, detener y expulsar, abriendo la puerta a prácticas de perfilado racial que llevarán a intensificar los controles selectivos en función del color de piel, el acento o la apariencia. De este modo se incentiva las redadas y la persecución policial de personas migrantes en el espacio público, normalizando su criminalización. 

De este modo, se construyen las condiciones para un sistema de vigilancia y castigo que, de consolidarse, podría desembocar en una suerte de “ICE europeo”, donde la excepcionalidad se convierte en norma y determinados cuerpos pasan a ser objetivo permanente de control estatal.

Por tanto, estamos ante la consolidación de un auténtico “apartheid migratorio”: un sistema que distribuye derechos en función del origen, en un marco profundamente desigual y atravesado por lógicas neocoloniales.

Y es aquí donde conecta directamente con el discurso de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox y asumido por el Partido Popular para mantenerse en el poder en los gobiernos autonómicos. Esta idea no es una simple consigna electoral: es el soporte ideológico que legitima políticas como el Reglamento de Retorno.

La lógica del postulado de la prioridad nacional conduce a producir exclusión dentro de nuestra sociedad, establiendo una frontera interior que divide a la ciudadanía entre quienes merecen derechos plenos y quienes quedan subordinadas.

Lejos de proteger a la mayoría social, esta lógica la debilita. En lugar de ampliar derechos, los restringe. En lugar de reforzar lo público, lo fragmenta. Y, sobre todo, divide a la clase trabajadora, enfrentando a personas que comparten condiciones materiales similares, enfrentando a los penúltimos contra los últimos, convirtiendo a las personas migrantes en las culpables sobre las que descargar las insatisfacciones e inseguridades que tienen causas mucho más profundas.

La asunción de este marco por parte del Partido Popular no es anecdótica. Representa la normalización de un discurso que erosiona los fundamentos del Estado social. Cuando los derechos dejan de ser universales, dejan de ser derechos.

Lo más preocupante no es solo la norma en sí, sino el silencio con el que se ha asumido esta barbaridad que acaba con los principios humanistas y solidarios de nuestra sociedad. Porque lo que se está normalizando no es únicamente una política, sino una forma de entender quién merece derechos y quién no.

El Reglamento de Retorno no solo redefine la política migratoria europea desde un punto de vista reaccionario. Redefine el propio proyecto europeo y plantea una disyuntiva clara: o se reconstruye un marco basado en la igualdad, la solidaridad y el internacionalismo, o se consolida una Europa que ha decidido asumir la exclusión como principio.

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Estrella Galán es eurodiputada de Sumar.

Los manuales de periodismo afirman que el hecho de que un perro muerda a una persona no es noticia. Quizá, que suceda al revés, sí. Que una persona muerda a un perro. También, buscando el 'aspecto humano' de la mordida podría alcanzar el nivel de ser un hecho informativo: que la persona mordida fuera un niño, que mordiera a la persona dueña, que el motivo aparente de la mordida fuera que se había puesto la Quinta Sinfonía de Beethoven, etc.

Nos encontramos ante un hecho repetido, varias veces repetido por los mismos sujetos. Israel ataca, secuestra y hace prisioneros a internacionalistas que iban por aguas internacionales, en barcos no militares, de forma pacífica a entregar ayuda humanitaria a la población de la palestina Gaza y a darles un abrazo de solidaridad.

Desde el ataque pirata israelí del Mavi Marmara en 2010 y la conformación de la Freedom Flotilla, donde Rumbo a Gaza es uno de los integrantes, ha habido múltiples mordidas (impunes) del régimen israelí.

Los barcos de las diferentes flotillas, los actuales atacados de la Global Sumud Flotilla, 

Aún más. ¿Dónde están los defensores de la libertad de movimientos cuando se refieren al Estrecho de Ormuz? Si se sustituyera, 'Estrecho de Ormuz' por 'Palestina, Gaza o toda Palestina' veríamos la doble vara de medir de nuestros gobiernos.

Contra esa doble vara de medir lucha Rumbo a Gaza, la Freedom Flotilla, las diferentes flotillas como la Sumud.

Sí, el ejército israelí mata en Gaza y Cisjordania, Líbano e Irán y repite secuestros a barcos solidarios e internacionalistas. Nuestros gobiernos ¿serán coherentes y sancionarán al régimen israelí o seguirán mirando a otro lado, cínicamente, como hasta ahora?

Estos días esperamos si cambia la respuesta dada hasta ahora y defienden el derecho internacional, cortan el comercio de armas y securitario, se enfrentan como se hizo con la Sudáfrica del apartheid, rompiendo vínculos comerciales y de otro tipo con Israel y sancionan a las empresas cómplices de la colonización sionista.

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Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.

La guerra en Ucrania actuó como un punto de inflexión en la política energética europea. La creencia liberal de que la creación de densas redes de interdependencia económica disuadiría a las potencias revisionistas hostiles de cualquier tipo de agresión colapsó al constatar que Rusia había instrumentalizado la interdependencia, transformando los gasoductos en armas de presión geopolítica.

La guerra obligó a redefinir la política energética, que abandonó la esfera del libre mercado para incorporarse a la agenda de seguridad del proyecto comunitario. La Unión Europea respondió con el plan REPowerEU, cuyo objetivo final era desacoplarse energéticamente de Rusia y aumentar la autonomía estratégica del bloque. Esta estrategia se fundamentó en la diversificación de socios a corto plazo, y en la transición verde como camino estructural para aumentar la producción energética interna y reducir así las importaciones. Sin embargo, la transición verde también entraña nuevos riesgos para la Unión, abocándonos a la posibilidad de transformar la dependencia de hidrocarburos en una nueva dependencia de tecnologías y materias primas críticas.

La transición energética basada, en gran medida, en la energía solar y eólica, así como en la movilidad eléctrica y el almacenamiento en baterías, requieren del uso intensivo de tecnología y materias primas críticas que la Unión no controla. Según las proyecciones de la Comisión Europea, para 2030 la demanda de litio y de tierras raras puede multiplicarse por doce y por seis, respectivamente.

En este escenario, China se consolida como el actor dominante al controlar el 60% de la extracción minera de tierras raras y dominar más del 90% de la capacidad de su refinado y procesamiento a nivel mundial. La UE depende en gran medida de China para sus importaciones de paneles solares, y en un 98% para el suministro de imanes de tierras raras. En términos geopolíticos, Europa corre el riesgo de estar cediendo las llaves de su futuro industrial y tecnológico a Pekín. 

Aunque el plan REPowerEU es una estrategia a largo plazo, las crisis energéticas han demostrado que la dependencia de flujos externos es una vulnerabilidad sistémica que solo puede mitigarse mediante una mayor soberanía tecnológica y energética.

Desde el giro estratégico adoptado en 2019, las instituciones europeas definen a China bajo una triple dimensión: socio comercial, competidor económico y rival sistémico. En este sentido, basar el modelo económico europeo en las importaciones procedentes de China supone ceder a Pekín una poderosa herramienta de coerción geoeconómica. En caso de tensión, China podría instrumentalizar las cadenas de suministro de las que la UE depende como armas geopolíticas. China ya ha demostrado que está dispuesta a hacerlo. En línea con el embargo de tierras raras que impuso a Japón en 2010 por una disputa territorial, en 2023 introdujo restricciones a las exportaciones de galio, germanio y grafito, como represalia en la guerra tecnológica y comercial con Washington. A inicios de este año, Pekín ha impuesto también controles a la exportación de tecnologías de procesamiento y de uso dual, reforzando su dominio en la cadena de valor.

La abrupta ruptura con Moscú nos dejó una lección inequívoca: construir dependencias asimétricas confiando en que los mercados tienden a corregirse por sí solos representa un riesgo existencial para nuestra economía y nuestra sociedad. Durante el siglo XX la supremacía estadounidense se fundamentó en el petróleo. En el siglo XXI el poder residirá en aquellas potencias que logren liderar la economía descarbonizada y actúen como desarrolladores de tecnología verde, relegando a un papel subordinado a quienes se limiten a ser meros importadores. Es el momento de aprender de nuestros errores para salir reforzados.

La transición energética es un imperativo medioambiental, pero también una necesidad en términos de seguridad y relevancia geopolítica. Hay que asegurarse de que la transición verde sea también segura y no nos exponga a nuevas vulnerabilidades. La respuesta inmediata ya la articula el plan REPowerEU, pero es el momento de actuar con determinación y visión largoplacista, dotándonos de una política industrial ambiciosa que concilie la vocación de libre comercio con la soberanía en sectores críticos, para no sustituir la dependencia de los hidrocarburos rusos por la sumisión tecnológica china.

Para ello resulta necesario diversificar nuestras asociaciones tecnológicas y extractivas, apostar por la economía circular y el reciclaje de minerales, invertir masivamente en infraestructura energética común, sobre todo en interconexiones entre los Estados miembros, y establecer cadenas de valor propias mediante el reforzamiento de nuestra base industrial y nuestra capacidad de procesamiento de materias primas críticas. Se trata de un paso inevitable que Bruselas ya intenta articular mediante las recientes herramientas legislativas, como la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas o la Ley de Materias Primas Fundamentales.

Hay que tener presente que esta estrategia de reducción de riesgos y diversificación de socios comportará un mayor acercamiento a los países del Sur Global para construir alianzas duraderas y fiables. Sin embargo, la UE debe confrontar su propia hipocresía para no fundamentar la transición energética en lógicas neocoloniales y extractivistas. 

Los beneficios de las tecnologías verdes se han concentrado en los países del Norte Global, mientras que se han externalizado los costes sociales y medioambientales de dicha transición, lo que ha conllevado la vulneración sistemática de los derechos humanos en las minas de cobalto en la República Democrática del Congo, la deforestación asociada a la extracción de níquel en Indonesia o los problemas de estrés hídrico en los países latinoamericanos derivados de la extracción de litio. La UE es una potencia eminentemente normativa y la necesidad de seguridad energética no puede contradecirse con nuestros valores. De ahí que debamos apostar por establecer alianzas comerciales equitativas y recíprocas, garantizando que el valor añadido se quede en los países de origen bajo elevados estándares sociales y medioambientales. En definitiva, asegurarnos de no construir nuestra autonomía a costa de la devastación ajena.

La inestabilidad creciente del sistema internacional exige abandonar la ingenuidad. La política comunitaria debe resolver urgentemente el «trilema energético»: garantizar un suministro seguro, asequible y sostenible (también en términos sociales), asumiendo que la energía ha dejado de ser un mero bien comercial para convertirse en el núcleo de la seguridad comunitaria.

La guerra en Ucrania sirvió como punto de inflexión para el despertar geopolítico de la Unión. Ahora, la guerra en el golfo Pérsico y el consiguiente cierre del Estrecho de Ormuz actúan como un contundente recordatorio de la necesidad de reducir nuestras dependencias externas para reforzar la autonomía estratégica europea en un entorno cada vez más volátil y hostil.

Las crisis de combustibles fósiles son el espejo que refleja los riesgos que afrontan las energías limpias: una transición verde sin soberanía material jamás será una transición segura.

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Marcel Muñoz Rodríguez es coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas.

Se dice por las redes que le ha salido un competidor apócrifo al presidente de Estados Unidos. El citado personaje se prodiga. Manifiesta vivir en la Casa Blanca II, que ha llenado de pasquines con su foto; en total 8637. Además se ha hecho acuñar varios millones de monedas de 10 dólares con su nombre. Puesto a glorificarse ha decidido celebrar los 250 años de su país con un sello de correos de 1000 dólares con su efigie y la escritura contorneada de la frase: Trump II cumple 250 años. Ha decidido que todas las corbatas que se vendan en ese gran país lleven su foto junto a un lema victorioso: Trump II tenía razón en todo, por más que le quisieran hacer “trumpas”.

Sus correligionarios han decidido ponerse una gorra, roja para más señas, que no se quitarán ni para dormir. Porta serigrafiado el lema: Trump II te desea felices sueños, cuando despiertes nuestro país será más grande. Tanto que llegará hasta Oriente Medio. Habita en un despacho octogonal, repleto de espejos que van de suelo a techo, en donde con mirarse en uno se ve ocho veces; como queriendo recalcar su poderío. Es tan buena persona que se ha hecho una foto en ese lugar con los líderes de todas las religiones dominantes en su país. La han distribuido por la redes, bueno básicamente TikTok, cuyo pie titula: Los salvadores del mundo junto a su jefe. La piensan llevar en el próximo viaje a Marte. Un secreto: va a obligar al New York Times a despedir a todos los periodistas ya que su antecesor Trump I fue un flojo que no se atrevió.

Ha hecho instalar un tiovivo delante de su Casa Blanca II. Invita a montarse en él a todos los mandatarios mundiales que van a rendirle pleitesía, más los muchos que acuden a adorar a Trump I. Tan buena persona es que ha prometido no enfadarse con nadie, excepto con un larguirucho español apellidado Sánchez II, que es como don Quijote pero en moderno. Además tiene un apellido vulgar, como muchos de los latinoamericanos que sobran en EEUU. El citado Sánchez es quien más veces le dice no. Es más, ni siquiera ha pedido visitarlo en la Casa Blanca II; por supuesto que le hubiera negado la entrada.

Su partido, con el nombre todavía en estudio, le pertenece. ¡Qué es eso de la democracia en las elecciones! Lo convertirá en la mayor sociedad socializadora del mundo; a su manera, claro. Quienes quieran salir en la foto de Navidad del año próximo, la harán desde un satélite, ya saben que no pueden contradecirle. Dicha imagen será enviada a todos los hogares de su país para bendecir el año venidero y todos los demás. El nuevo criterio de felicidad o no ya no será el Día de la marmota, sino la llegada del mensaje del almanaque anual. 

Está pensando utilizar un escudo como el jefe galo Vercingetorix. Cada vez que salga habrá nuevos porteadores, previo pago de 10.000 dólares. Lo recaudado servirá para colocar una bandera en un mástil kilométrico, para que se vea desde todo el mundo; incluso desde la Estación Espacial Internacional. En la bandera aparecerá solamente su imagen, no la del Trump I, rodeada de 49 estrellas. Dice que lo de Puerto Rico da más de un quebradero de cabeza y obliga a emplear paracetamol, y no es el caso. Con ocasión de grandes eventos organizará fiestas multitudinarias. Tendrá lugar en ese estadio de beisbol en donde los malos americanos se metieron con Trump I, hasta casi dejarlo en ridículo. Sé de buena tinta que ambos Trump se han peleado espiritualmente alguna vez, si bien no recuerdo si me lo contaron o fue en sueños. Lo que sí leí hace poco es que un tal Eugene recomendó al segundo de la saga que fuese más duro con España y el “ultraizquierdista” Sánchez II. ¿Lo publicó The Wall Street Journal? No estoy seguro.

Abundio no solo significa tontuna, como tal se utiliza en España. En realidad viene de abundante, de latinajo origen, por eso se asocia a extremadamente generoso. Así, el personaje del que hablamos va a repartir los dineros ganados vendiendo armas y petróleo tras su incursión en Irán. Pero solo a los magnates que le subvencionaron la tropelía; al resto de los norteamericanos no, porque eso supondría una crisis económica mayor que la de 1929. De repartir las ganancias sacadas del fracking no ha dicho nada. 

Me lo contó un sabiondo californiano, de cuyo nombre no me acuerdo; lo único que sé es que no hacía cine. Me dijo también que este señor, el número II, era un narcisista. ¡A saber! Ni quito ni pongo. Yo he actuado únicamente de escuchante escribidor. Así que dudo si es cierto o no lo que cuento. Es posible que todo parecido con la realidad sea pura coincidencia. ¿Acaso en una soñada lectura de El Mundo Today?

A pesar de todo, con el debido respeto. San Abundio de Como está pintado en un fresco de la iglesia románica de San Pedro de Gemonio (Italia).

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

En el debate educativo contemporáneo, cada cierto tiempo vemos cómo resurge con fuerza una corriente de pensamiento que, bajo una aparente defensa del conocimiento y la justicia social, sostiene que la escuela pública ha "averiado" su función de ascensor social al relajar la exigencia. Según este planteamiento, la sustitución del esfuerzo y el rigor por metodologías más flexibles que buscan atender a la diversidad constituye una traición al alumno más vulnerable: a quienes más necesitan de la escuela se les estaría privando de su única herramienta de ascenso, el mérito académico.

Sin embargo, este análisis tan simple que renace sobre todo cuando las pruebas de acceso a la universidad se acercan, como ahora, o con evaluaciones como PISA, resulta incompleto y profundamente reduccionista si no se somete a una mirada sistémica y multicausal más profunda.

En esa narrativa, hemos llegado a escuchar, por ejemplo, ideas como que la escuela pública nació exclusivamente para permitir que el hijo del obrero llegara a ser, por ejemplo, neurocirujano o abogado. Si se fijan, dentro subyace una visión romántica que ignora la función histórica del sistema educativo como mecanismo de clasificación social. Muchísimos estudios de sociología de la educación están ahí para demostrarlo.

El llamado "rigor exigente" que se añora en esta corriente de pensamiento nunca fue un terreno de juego neutral. Hablar solamente de mérito personal sin tener en cuenta los factores estructurales y contextuales favorece, por definición, a quien ya trae de casa un capital cultural y una red de seguridad emocional. Cuando la escuela se limita a ser un colador de "notas y saber", lo que hace no es potenciar al vulnerable, sino legitimar la desigualdad previa bajo el disfraz del talento natural.

Es más sorprendente aún que, desde este marco, a la modernidad pedagógica se la llegue a tildar de "nuevo clasismo". Se crea así la falsa dicotomía entre innovación para lograr equidad e inclusión, por un lado, y rigor exigente, por el otro, reservándose a las élites la salvaguarda de este saber riguroso.

Es peligroso difundir la idea de que las instituciones educativas más exclusivas del mundo están volviendo a la escuela más tradicional, del pasado. Es justo lo contrario: los sistemas educativos más avanzados llevan años liderando la transición hacia un aprendizaje competencial donde la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la gestión de la incertidumbre son el verdadero "currículo de élite", ejemplo del verdadero rigor académico, científico y pedagógico. Proponer para la clase trabajadora una escuela de manual y repetición mientras el mundo demanda perfiles creativos es condenar a los hijos de la pública a una nueva servidumbre y una masa obsoleta frente a las dinámicas de la sociedad contemporánea.

Este discurso lleno de falacias también equipara la justicia social con el "maquillaje estadístico" de los aprobados, asunto que les resultará familiar, ya que se repite mucho en foros de todo tipo. De hecho, esta es de las ideas a mi juicio más sonadas, y representa una simplificación que elude problemas reales: la infrafinanciación y la falta de recursos para atender la diversidad. Es hacia aquí hacia donde deberíamos mover la portería.

He defendido mucho, y no me cansaré de hacerlo, que el éxito educativo no debería medirse por cuántos alumnos superan un estándar rígido, sino por cuántos logran una formación sólida que les permita progresar en una sociedad compleja. Esa exigencia que tanto se enarbola no se recupera volviendo al pasado, sino dotando a la escuela de los medios ajustados según el contexto para que el aprendizaje sea significativo y adaptado a las necesidades de cada situación. En esto es en lo que deberíamos centrar el debate, aunque sigan vendiendo más el alarmismo y el catastrofismo.

Por lo tanto, la verdadera estafa educativa no es que nuestros jóvenes estén logrando un título sin base, sino la pervivencia de un sistema que hace creer al alumno que su destino depende únicamente de su capacidad de resistencia al esfuerzo individual, ignorando las barreras sistémicas que condicionan su punto de partida. Dicho de otra forma y para que me entiendan, el "cheque sin fondos" que endeuda a las generaciones actuales y venideras es prometer meritocracia en un entorno de desigualdad creciente.

En definitiva, la formación sólida de la que todos hablamos y que tanto pedimos (yo el primero) no debe ser el privilegio de quien sobrevive a un sistema de exclusión que perpetúa un imaginario ancestral de la escuela. La formación exigente tiene que ser parte de un derecho de quien, venga de donde venga, encuentra en la escuela pública un lugar que no le pide que tape o maquille su condición de partida para ser aceptado y poder avanzar. La clave no está en buscar culpables en la innovación pedagógica, sino en entender que la escuela es el último refugio de lo común.

El rigor y la exigencia siguen siendo fundamentales, por supuesto, pero su enfoque no puede convertirse en sinónimo de segregación. Si lo hace, estaremos, de forma cíclica y como ocurría en el pasado, fabricando una sociedad donde el destrozo lo sigan pagando, como siempre, los hijos de los demás. Nunca los nuestros.

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Albano de Alonso Paz es catedrático de Lengua y Literatura, profesor y Cruz al Mérito Civil por su labor en el campo de la enseñanza.

Una, Grande y Libre. Libre de todo aquello que ellos odian: diversidad, igualdad, etnicidad y especialmente equidad. 

El discurso nacionalista sobre la "prioridad nacional" no es algo nuevo en España. Siempre ha girado alrededor de las élites económicas y del poder, en torno a la derecha más populista, ya sea conservadora o extrema.  

A finales del siglo XX, era ya una coletilla que utilizaba históricamente la extrema derecha europea. Por ejemplo: Le Front National, de Jean-Marie Le Pen en Francia; La Liga de Italia, que defendía la independencia económica de las regiones más industriales frente a las más pobres del sur; o (más recientemente) el partido UKIP, de Nigel Farage, en el Reino Unido, relacionado con el proceso del Brexit. 

Para defender su particular modelo de vida, su discurso, hay que movilizarse frente a alguien o algo. Es necesario crear un enemigo ficticio para agitar el aura de peligrosidad frente a la propiedad cultural de la comunidad. 

Se mueve alrededor del odio a la diferencia alzando una hipotética tradición que supuestamente se siente superior moralmente; pero que en el fondo esconde un modelo censitario, elitista, racista, machista, homófobo y medieval.  

La derecha más populista ha encontrado en la mentira y el amarillismo su oportunidad perfecta para volver al poder institucional.  

En pleno siglo XXI, donde se cohabita con la normalización de una sociedad multiétnica, igualitaria y diversa, donde lo que nos caracteriza es universalización de la convivencia entre individuos diferentes bajo el paraguas de la paz y fraternidad, ellos utilizan el odio y la polarización para mejorar sus resultados electorales bajo la bandera de la mentira y el odio al diferente.  

La "prioridad nacional" que defiende hoy Vox, y ampara el Partido Popular en sus pactos autonómicos, es la máscara para imponer su verdadero objetivo: una sociedad unitaria donde solo los ricos tengan beneficios, donde solo los poderosos (la nobleza) tengan privilegios, donde no exista la igualdad y menos el ascenso social, donde no haya opciones para que los humildes puedan vivir dignamente, donde se silencie a la izquierda y a todo movimiento social, donde los partidos que giran alrededor de la izquierda no puedan acceder al poder público... 

Una sociedad donde no existan libertades públicas, ya sea en forma de prensa, de ideología, de opinión o de formación. 

Ellos quieren repetir lo que ya consiguieron sus mayores a inicios del siglo XX gracias a la fuerza de las armas. Una nación única, una sociedad sin derechos, una estructura social piramidal y estamental. Una manera de convivencia basada en el miedo y la sumisión.  

Porque para ellos, ya se consideren liberales, patriotas, conservadores o nacionalistas, solo hay un objetivo con la excusa de la imposición del orden, de la seguridad ciudadana, del control económico: monopolizar la democracia excluyendo de todo derecho a quien no piense como ellos. 

Y frente a estos movimientos ultras, a estos amantes de la censura y el autoritarismo populista, solo hay una solución: rebelarse, opinar, participar, levantar la mano. Defender la democracia, los derechos individuales y colectivos. No hay otra más.  

A ellos les molesta. Somos esos vagos y maleantes de antaño. Sigamos siéndolo.

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David Acosta Arrés es licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Granada. 

Marisa Paredes, única, grande y libre para desgracia de la extrema derecha patria y fortuna de la cultura de España. Por eso, en la Comisión de Cultura en el Congreso, donde se ha aprobado una iniciativa socialista para que desde el Gobierno se impulse y homenajee su trabajo y su figura, quedó claro que era una mujer comprometida para la mayoría y deslenguada para los que quieren un país pequeño y uniforme.

Fue tan diva cinematográfica como mujer con conciencia crítica. Qué despropósito para esa derecha carca que prefiere mujeres florero que den bien en cámara, pero que no se salgan nunca del guion. Ciertamente, volvimos a palpar cómo su activismo la convirtió para algunos en una figura incómoda, por cómo era imposible separarlo de su incuestionable estrellato en el séptimo arte.

Paredes no renunció nunca a defender derechos o denunciar injusticias, su “no a la guerra”, su voz clara en tiempos donde no era fácil alzarla. Es de agradecer que la extrema derecha evite que ese recuerdo se borre sin más. En el debate parlamentario volvimos a ver cómo se intentó manchar su memoria, simplemente por su activismo progresista.

En una semana en donde hemos visto actuar a la extrema derecha contra la protección de nuestras lenguas, después de asistir a censuras en los teatros de nuestros pueblos, claro, Marisa Paredes sin duda es incómoda. Porque no dudaba en alzar la voz frente a la intolerancia o en defender la cultura libre y sin censura.

Por eso hoy es tan necesario reivindicar la figura de Marisa Paredes en toda su dimensión. Porque entendió antes que muchos que la cultura no es neutral cuando se enfrenta a la injusticia. Que el silencio, en determinados momentos, no es prudencia sino complicidad.

Porque la hija de la portera de la plaza de Santa Ana, que soñaba en ser actriz viendo salir a los actores del Teatro Español, nunca olvidó quién era y de dónde venía. Sólo así se entiende a Marisa Paredes y su mirada del mundo, tal como decía ella: “ser rico se hereda, y ser pobre también”, dijo en una entrevista (El País, 2024).

Más de 75 películas, construyendo personajes complejos y memorables. Su nombre quedó ligado a directores como Fernando Trueba, Jaime Chávarri, Agustí Villaronga y, de forma inseparable, Pedro Almodóvar, con quien filmó Entre tinieblas, Tacones lejanos, La flor de mi secreto o Todo sobre mi madre. Fuera de España trabajó con Arturo Ripstein, Guillermo del Toro, Raúl Ruiz, Roberto Benigni o Manuel de Oliveira, consagrándose como una actriz generacional y referente.

Pero su papel más valiente no estuvo en la pantalla. Fue una mujer libre en un tiempo que no lo ponía fácil. Feminista, coherente y valiente, una verdadera pionera para tantas actrices y mujeres en España y, sobre todo, en su Madrid natal, donde sus vecinos añoran un homenaje a la altura de su estrella.

Por eso, cuando hoy se pretende deslegitimar el compromiso cultural o caricaturizar la defensa de la democracia de tantos artistas como una pose fingida, conviene recordar figuras como la suya. No como nostalgia, sino como referencia. Porque la cultura debe incomodar, debe ser el espejo en el que a veces cuesta verse reflejado, ese es uno de sus más altos valores. Y hay voces y miradas, como la de Marisa Paredes, que siguen recordándonos por qué.

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Marc Lamuà es portavoz socialista de Cultura y diputado por Girona.

El régimen de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), que pone un precio a la contaminación de carbono generada por los actores económicos, lleva 20 años siendo el pilar fundamental de la política climática europea. En estas últimas semanas, el tema ha trascendido incluso del ámbito medioambiental para alcanzar al núcleo mismo del debate económico de la UE. No en vano, el Consejo Europeo de marzo incluyó al ETS en lo más alto de su agenda y lo identificó como uno de los elementos a considerar en la formación de unos precios de la energía disparados tras el estallido de la guerra de Irán.

Ya antes de dicho Consejo, un grupo de gobiernos europeos, con Alemania e Italia a la cabeza, habían señalado al ETS como uno de los “culpables” de los altos precios de la electricidad en Europa. Acusación que se ha revelado, a la postre, bastante desproporcionada. Según declaró recientemente la propia Von der Leyen, los costes del carbono sólo pesan sobre la factura eléctrica europea un 11% de media. Eso sí, este porcentaje sube para los Estados miembros con sistemas energéticos más intensivos en emisiones, como Polonia (carbón) o Italia (gas).

La presente crisis energética ha vuelto a evidenciar que el factor más determinante en dicha factura es el número de horas durante las que el gas determina el precio marginal de la electricidad de un país.

En este sentido, el ETS ha demostrado ser, desde su introducción en 2005, una política climática eficaz a la hora de motivar a las empresas a transitar hacia modelos de negocio bajos en carbono. No obstante, para que el ETS pueda cumplir adecuadamente esta importante función incentivadora en pro de la descarbonización, es necesario que los precios del CO2 se sitúen a un nivel suficientemente alto.

Y aquí hay que recordar que, en el sistema elegido por la UE, el precio del carbono se determina a través de la oferta y demanda de derechos de emisión. Los participantes en el mercado del carbono europeo compran estos derechos para cubrir las emisiones que generan en sus procesos de producción.

Ahora bien, no es este un mercado totalmente libre. Las autoridades comunitarias pueden regular qué volumen de derechos de emisión hay en circulación en cada momento y emitir, con ello, una señal de precio al mercado. Señal de precio que, idealmente, debe tener un carácter predecible y estable.

De hecho, según se vayan volviendo los objetivos climáticos más exigentes rumbo a la neutralidad climática en 2050 (con los hitos de 2030, 2035 y 2040 ya aprobados por la UE), el coste de contaminar no debería cesar de aumentar. Conforme se avance en el calendario previsto, la oferta de permisos de emisión va a ir disminuyendo y, fruto de esta escasez en el mercado, el precio del carbono se irá encareciendo consecuentemente. Esta trayectoria ascendente esperada del precio del CO2 permite al sector privado, y a los inversores en particular, planificar adecuadamente, y con cierta antelación, sus estrategias de descarbonización.

No obstante, las aludidas críticas de ciertos líderes europeos de principios de año propiciaron una brusca caída del 24% en el precio del carbono a mediados de febrero e incluso levantaron dudas sobre la viabilidad misma del mercado de emisiones de la UE (el gobierno de Meloni llegó incluso a proponer su suspensión).

El Consejo Europeo de marzo, sin embargo, refrendó al ETS como la piedra angular de la estrategia climática comunitaria, no sin advertir, al mismo tiempo, sobre el riesgo de la excesiva vulnerabilidad mostrada por aquel ante las declaraciones políticas.

Bien es cierto que no es la primera vez en que se producen bajadas drásticas en el precio del CO2 que socavan la referida capacidad incentivadora del ETS. Este problema, que trae causa del excedente estructural de derechos de emisión que venía acumulando el mercado del carbono desde la crisis del 2008, se había hecho patente en determinadas coyunturas anteriores. Así, por ejemplo, a finales de la década anterior se produjo un intenso flujo de créditos de carbono internacionales hacia el mercado europeo, exceso de oferta que mantuvo el precio del CO2 en niveles excesivamente bajos durante más tiempo del conveniente.

El Mecanismo de Reserva de Estabilidad (MSR, por sus siglas en inglés), que fue creado en 2018 y que ahora vuelve a ser invocado por los líderes europeos, ha tenido históricamente el propósito de contrarrestar las caídas drásticas del precio del carbono. Actúa de forma similar a cómo lo hacen las reservas de petróleo cuando se emplean para regular el precio del barril. Así, en caso de exceso de oferta, el MSR absorbe una cierta cantidad de derechos de emisión a través de una “cláusula de invalidación”, que entra en juego automáticamente si se sobrepasan determinados umbrales.

A este respecto, es de lamentar que, entre las propuestas barajadas actualmente por la UE para revisar el MSR, esté ganando fuerza la de suprimir esta cláusula de estabilización automática. Por mucho que algunos nos la presenten como un mero “ajuste técnico”, en realidad esta supresión supondría despojar al régimen de emisiones europeo de una herramienta crucial.

La función de contención de la oferta que desempeña la cláusula de invalidación es clave para robustecer el sistema ETS en momentos de debilidad, es decir, cuando éste no emite una señal de precio suficientemente fuerte.

Además, resultaría paradójico que un MSR inicialmente concebido para impedir bajadas acusadas en el precio del carbono, ahora se quisiera convertir en lo contrario: un instrumento sobre todo centrado en amortiguar, bajo ciertas circunstancias, las subidas en dicho precio.

Esta conversión repentina del MSR supondría una concesión sin matices a los intereses del sector de la industria pesada, que lleva meses ejerciendo una fuerte presión para que se alivien urgentemente sus costes de carbono. Se inscribiría en la estrategia general, que ha ganado cierta fuerza en el segundo mandarlo de Von der Leyen, de debilitar las políticas climáticas como medio de hacer ganar competitividad global a la industria europea.

Es de esperar que la sacudida que está suponiendo la actual crisis energética lleve a invertir esta tendencia. El verdadero riesgo para la competitividad europea a largo plazo es el de la dependencia estructural de unos combustibles fósiles importados, con precios cada vez más volátiles e incontrolables desde la UE.

Un mercado del carbono europeo robusto y predecible es esencial para garantizar una soberanía energética y una autonomía estratégica europea cada vez más basada en energías autóctonas y asequibles.

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José Luis Escario Díaz-Berrio es consultor en Energía y Clima y colaborador de la Fundación Alternativas.

Históricamente, Estados Unidos ha aplicado políticas de confrontación y no de cooperación en varios lugares del mundo. Ocurrió en el siglo XX en América Latina, una región que, de haber disfrutado de estabilidad democrática, habría alcanzado tasas de crecimiento en PIB per cápita y clase media muy superiores y se habría convertido en un mercado natural para las corporaciones estadounidenses: muy probablemente una segunda Europa en capacidad adquisitiva, pero más cercana y con menores costes logísticos. Pero el titán norteamericano eligió promover y apoyar los procesos totalitarios a lo largo del continente. Esta lógica de confrontación se reproduce hoy en las políticas de Washington hacia China, una línea dura que no empezó con Trump, sino que ya esbozó Obama con el Pivot to Asia en 2011, reorientando recursos diplomáticos, militares y económicos hacia la región Asia-Pacífico, y continuó la Administración Biden.

Resulta ingenuo pensar que China se va a derrumbar por perder durante unos meses el acceso al petróleo iraní, porque no depende de él para sobrevivir. Irán aporta solo una fracción de sus importaciones, y el crudo es un producto global y sustituible que está en los mercados para el mejor postor. China dispone de más liquidez que la mayor parte de países del mundo, como corresponde a su papel de superexportador de productos manufacturados y tecnológicos. Pekín puede comprar petróleo a Arabia Saudí, Rusia, Irak, Angola o Brasil sin alterar su estabilidad económica porque dispone de un superávit comercial anual de un billón de dólares (billón europeo). Además, lleva más de una década blindándose frente a cualquier shock energético electrificando masivamente el transporte, dominando la producción mundial de baterías (75%), expandiendo las energías renovables a una escala sin precedentes y diversificando sus proveedores de petróleo. A esto se suman sus enormes reservas estratégicas (1.400 millones de barriles, según estimaciones), que le permiten aguantar meses sin un proveedor concreto.

Por si esto fuera poco, en marzo de 2025 China, Rusia y Mongolia acordaron construir el gasoducto “Poder de Siberia 2”, que tendrá una capacidad de unos 50 bcm/año, una cantidad equivalente al antiguo flujo del Nord Stream hacia Alemania antes de la invasión ilegal de Ucrania. Al atravesar Mongolia, China se asegura un suministro terrestre directo desde Siberia occidental, lo que la hace invulnerable a las crisis en las rutas marítimas de Oriente Medio.

Esta reconfiguración de rutas no solo beneficia a Pekín; si en un futuro cercano el estrecho de Ormuz deja de ser un lugar estable, India también se verá reforzada y ocupará un lugar estructural en el nuevo orden energético. India está situada en el centro del Océano Índico, entre el Golfo Pérsico al oeste y la región del Sudeste Asiático y China al este. Cualquier ruta alternativa a Ormuz pasa por su zona de influencia. Cuando Occidente sancionó el petróleo ruso en 2022, India demostró que sabía exactamente qué hacer en un mercado energético caótico. Compró crudo ruso con descuentos de hasta el 30%, lo refinó en sus instalaciones de Gujarat y Rajastán y reexportó los productos derivados a Europa y Estados Unidos, que no podían comprárselos directamente a Rusia. Ganó tanto en el precio de compra bajo como en el de venta alto. Ese modelo lo puede repetir ahora con el crudo que no puede llegar a sus destinos habituales por Ormuz. India no pertenece ni apoya a ningún bloque. Tiene relaciones comerciales activas con Estados Unidos, Rusia, los países del Golfo, Irán e Israel simultáneamente. En un mundo polarizado eso constituye una ventaja estratégica. India dispone de puertos profundos, refinerías de gran capacidad, una banca con liquidez y una moneda que está intentando internacionalizarse a través de acuerdos de comercio en rupias con varios países. Cuando los flujos se desorganizan, se necesita un intermediario como India, con infraestructura real para gestionar el caos.

Pero el gran ganador sistémico del conflicto de Irán sigue siendo China. La transición energética que la guerra está acelerando a marchas forzadas pasa inevitablemente por Pekín. China fabrica tres cuartas partes de las baterías y módulos solares del mundo, domina el procesamiento de minerales críticos y ejerce ya un rol de punto de estrangulamiento en las tierras raras. Una mayor electrificación global supone, en la práctica, una mayor dependencia de China. No es una paradoja, sino la consecuencia lógica de dos décadas de inversión industrial continua. Y China no se limita a producir: también financia. Está proporcionando en torno a 250.000 millones de dólares en financiación comercial para energía limpia a 50 mercados emergentes. Muchos países, especialmente en Asia y África, están copiando ya su modelo energético: energías renovables, pero también carbón como red de seguridad. China se ha convertido en el ejemplo de resiliencia que el mundo en desarrollo quiere imitar.

Esto no significa que el gigante asiático carezca de vulnerabilidades: su crisis inmobiliaria, su dependencia demográfica y la fragilidad de su consumo interno son riesgos reales. Pero en el tablero energético específico que dibuja esta guerra, sus fortalezas superan con claridad a sus debilidades. Existe un punto débil sistémico de China, que es el del estrecho de Malaca, un emplazamiento por el que discurre la mayor parte de su energía importada y de su comercio marítimo. Este estrecho es un paso angosto y fácilmente bloqueable entre Indonesia, Malasia y Singapur, que mantienen una cooperación estratégica con Estados Unidos. Esta circunstancia convierte al estrecho en un posible cuello de botella con capacidad de estrangular su economía en caso de crisis o conflicto, y por eso China lleva dos décadas buscando rutas alternativas terrestres y marítimas, reforzando su presencia naval en el Índico y diversificando proveedores para reducir un riesgo que considera existencial.

Las dos grandes rutas alternativas que China ha construido para reducir su dependencia del estrecho de Malaca son el Corredor Económico China–Pakistán, que conecta Xinjiang con el puerto de Gwadar en el mar Arábigo mediante carreteras, ferrocarriles e infraestructuras energéticas ya operativas y en constante expansión; y el corredor energético China–Myanmar, formado por un oleoducto y un gasoducto que llevan petróleo y gas desde el puerto de Kyaukphyu hasta Kunming. Ambas vías permiten a China recibir energía desde el Índico sin pasar por Malaca y forman parte de una estrategia más amplia de diversificación y seguridad energética.

Este giro dispone de arquitectura institucional sólida: el acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), firmado en 2020, creó el mayor bloque comercial del planeta, reuniendo a China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los diez países del Sudeste Asiático. Este tratado elimina aranceles de forma progresiva, armoniza la regulación y facilita las cadenas de suministro regionales. Su impacto estratégico es profundo: Asia puede crecer únicamente con su comercio interior porque su mercado continental ya supera en población y dinamismo a Europa y Norteamérica juntas. A través del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y los acuerdos en monedas locales (rupias/yuanes), Asia está construyendo un sistema financiero que le permite seguir comerciando y financiándose incluso si Estados Unidos impone sanciones económicas o limita el acceso al dólar.

La guerra contra Irán, presentada por Washington como una operación de control regional, puede terminar acelerando precisamente aquello que Estados Unidos intenta evitar: el declive relativo de su hegemonía energética en un mundo que también girará alrededor de Asia.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

El debate sobre el precio de los medicamentos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios en Europa ha adquirido una importancia creciente en los últimos años. Factores como los avances científicos, el envejecimiento de la población y la presión sobre los presupuestos públicos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar los mecanismos actuales de financiación y acceso. En este contexto, cobra fuerza la idea de avanzar hacia una estrategia coordinada a nivel europeo que mejore la transparencia, aumente la eficiencia y garantice la equidad en el acceso a los tratamientos.

Uno de los principales problemas es la falta de transparencia en la formación de los precios de los medicamentos. Aunque los Estados negocian con las compañías farmacéuticas, muchos acuerdos incluyen cláusulas de confidencialidad que impiden conocer el coste real de los fármacos. Esta opacidad dificulta la comparación entre países, reduce el poder de negociación de los sistemas públicos y genera desconfianza en la ciudadanía, que percibe que los precios no siempre están justificados.

A esta cuestión se suma el debate sobre el llamado doble pago. Una parte importante de la investigación biomédica, especialmente en fases tempranas, se financia con recursos públicos a través de universidades y centros de investigación. Sin embargo, los ciudadanos vuelven a pagar cuando los medicamentos llegan al mercado, ya sea mediante impuestos o copagos. Esto plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la inversión pública y los beneficios privados, así como sobre la necesidad de mecanismos que aseguren un retorno social más claro.

En cuanto a la rentabilidad del sector farmacéutico, los datos muestran que se trata de una industria altamente lucrativa. En Europa, aunque los márgenes son generalmente inferiores a los de Estados Unidos debido a una mayor regulación, siguen siendo elevados. Además, existen diferencias significativas entre países europeos en términos de precios y acceso a medicamentos, lo que refleja la fragmentación del mercado y la ausencia de una política común.

La financiación de la sanidad constituye otro eje clave. En la mayoría de los países europeos, los sistemas sanitarios se sustentan en una combinación de financiación pública —a través de impuestos o cotizaciones sociales— y aportaciones privadas, como copagos. Sin embargo, el peso de cada componente varía considerablemente. Mientras que algunos países cuentan con sistemas altamente financiados por el sector público, en otros la carga sobre los ciudadanos es mayor, lo que se traduce en desigualdades en el acceso.

Estas diferencias también se reflejan en el gasto farmacéutico y en la cobertura de los tratamientos. En general, los países del norte y centro de Europa presentan mayores niveles de financiación pública y menores barreras económicas, mientras que en el sur y el este las dificultades de acceso son más frecuentes. En comparación con Estados Unidos, Europa ofrece una cobertura más amplia y precios más bajos, pero afronta desafíos en términos de rapidez de acceso e incentivos a la innovación.

El proceso de aprobación de medicamentos en Europa es en gran medida centralizado en lo que respecta a la evaluación científica, pero no lo es en cuanto a la fijación de precios y financiación, que siguen siendo competencias nacionales. Esto provoca retrasos significativos en la disponibilidad de los tratamientos. En algunos casos, el tiempo entre la aprobación y el acceso efectivo puede superar los dos años, lo que genera desigualdades entre países, y pone de relieve la necesidad de una mayor coordinación europea en este ámbito. 

La posibilidad de establecer políticas comunes, especialmente para medicamentos esenciales o de alto impacto, podría reducir las diferencias y acelerar el acceso. No obstante, esta opción plantea el reto de conciliar la soberanía nacional con los beneficios de una acción conjunta. En este contexto, la fijación de precios máximos a nivel europeo, al menos para los medicamentos básicos, es una de las medidas que podría contribuir a evitar grandes divergencias, aunque requeriría mecanismos flexibles para adaptarse a las distintas realidades económicas.

La comparación internacional ofrece enseñanzas relevantes. El modelo estadounidense, más liberalizado, se caracteriza por precios más elevados y una mayor participación del sector privado. Si bien esto ha favorecido la inversión en innovación, también ha generado importantes desigualdades en el acceso. Europa, por su parte, ha optado por un enfoque más regulado, que garantiza una mayor cobertura, pero que debe encontrar formas de seguir incentivando la investigación y la innovación.

En paralelo, las listas de espera se han convertido en un indicador clave del rendimiento de los sistemas sanitarios. En España, han aumentado en la última década, con importantes diferencias entre comunidades autónomas y especialidades. En otros países europeos, la situación es diversa: algunos han logrado mantener tiempos de espera reducidos gracias a una mayor inversión y eficiencia, mientras que otros presentan retrasos incluso mayores.

Esta diversidad refuerza la necesidad de mejorar la transparencia y la comparabilidad de los datos. La creación de un Observatorio europeo que recopile y publique información sobre listas de espera permitiría identificar buenas prácticas, detectar ineficiencias y fomentar la rendición de cuentas. Más que imponer sanciones, este tipo de herramienta podría actuar como incentivo para la mejora continua.

Por otra parte, la positiva experiencia reciente de la compra conjunta de vacunas durante la pandemia ha demostrado el potencial de la cooperación europea. La extensión de este modelo a otros medicamentos, especialmente los más costosos, permitiría mejorar el poder de negociación, reducir precios y garantizar un acceso más equitativo entre países. 

Para solventar los inconvenientes y desafíos antes mencionados, creemos necesarias medidas como las siguientes:

1. Plataforma Europea de Transparencia de Precios: Creación de una Plataforma o Base de datos pública y obligatoria que compare los precios de adquisición de todos los medicamentos en los 27 Estados miembros, la cual facilitaría la toma de decisiones informadas por parte de gobiernos, profesionales y ciudadanos, y evitaría, además, que un mismo fármaco cueste el doble en un país con menor PIB simplemente por falta de información.

2. Fijación de Precios Máximos coordinada: Establecer un techo de precio europeo para medicamentos esenciales. No es sostenible ni eficiente que los medicamentos tengan precios radicalmente distintos en un mercado único. Se debería tender a una convergencia de precios basada en el poder adquisitivo de cada país pero bajo un marco común.

3. La Huella de financiación pública: Cada medicamento debería incluir una memoria de transparencia que detalle cuánta financiación pública recibió durante su fase de desarrollo. Ese porcentaje debería deducirse automáticamente del precio final de venta al sistema público.

4. Observatorio de Listas de espera y mecanismos de control: Establecimiento de indicadores comunes de demora; si un país supera de forma reiterada los límites permitidos, la UE debería tener potestad para intervenir mediante fondos de cohesión específicos o, en última instancia, sanciones financieras que obliguen a la reforma del sistema local.

5. Agencia Europea de Compras para fármacos estratégicos: Extensión del modelo de las vacunas COVID a los 100 medicamentos más utilizados y costosos. La compra centralizada garantizaría el suministro y reduciría los costes administrativos y de comercialización.

6. Transparencia en la rentabilidad de farmacéuticas: Obligación a las empresas farmacéuticas que operan en Europa a desglosar sus beneficios por país y producto, permitiendo una fiscalización social sobre si el beneficio obtenido es proporcionado al valor terapéutico aportado.

7. Reducción de los tiempos de acceso a medicamentos y fomento de los genéricos: Se deberían armonizar los procesos de evaluación de dichos tiempos entre países, e impulsar los genéricos como herramienta clave común para reducir costes sin afectar la calidad.

Europa se enfrenta a una oportunidad histórica para redefinir su modelo sanitario en un contexto de crecientes desafíos, y solo con medidas como las anteriores y la determinación de nuestros mandatarios se podrá avanzar lo necesario. Creemos necesaria una Unión Europea de la Salud, en la cual la transparencia en los precios, la equidad y la agilidad en la atención dejen de ser una aspiración para convertirse en una norma de obligado cumplimiento. Únicamente así será posible garantizar un sistema sanitario europeo sostenible, cooperativo y transparente que responda a las necesidades de la población sin comprometer la innovación ni la viabilidad económica.

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Jesús Lizcano Álvarez es académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista 'Encuentros Multidisciplinares'.

Hay una Granada que contesta a los turistas, que se enmarca en la cultura y refuerza las murallas de La Alhambra para dejarse caer por calles y bares abiertos de par en par al recuerdo. Una Granada atenta a la época del tabaco y las largas conversaciones, a los cantares desde el Albaicín y la poesía que se escapaba por los recovecos de san Juan de Dios. Hay una Granada que despide y que se entrega a lo vivido, que describe y que fomenta la literatura, que afirma su compromiso con el verso, con la pintura, con el flamenco. Esa Granada que ahora acierto a recordar estaba contenida dentro de las paredes de La Tertulia.

Y ahora cierra. Acaba sus días de revolución cultural regentada por Tato Rébora, el argentino promotor, entre otras cosas, del Festival del Tango de Granada, uno de esos acontecimientos que sirve de puente entre dos orillas y que, por su calidad y prestigio, hacía que la ciudad andaluza oliera a las aguas del Río de la Plata, al arrabal y al llanto.

Tato era hombre noble, y su local ponía todo para que llegara la intelectualidad granadina. Álvaro Salvador, Javier Egea, Luis García Montero, esa tripleta que forjó un nuevo lenguaje poético y que imantaba razones de futuro en La Tertulia; pero también Joaquín Sabina, Ángel González o la personalidad de Almudena Grandes o de Juan Diego, dando espacios de afirmación de lo artístico entre las sillas y mesas del local.  

Recuerdo también las fichas de dominó movidas por las manos huesudas de Juan Habichuela, buscando refugio después de kilómetros de trabajo, o la fuerza de una nueva forma de entender el flamenco, de lo ortodoxo a la heterodoxia de Enrique Morente con aquella potentísima apuesta con Lagartija Nick.

Las tardes y las noches de La Tertulia eran propuestas para seguir caminando en el tortuoso sendero de la literatura, en la dimensión onírica que, en ocasiones, representaba el arte en estado puro, donde un grupo de jóvenes: Javier Benítez, por entonces camarero del local, Alfonso Salazar, Luis Muñoz, Ernesto Pérez Zúñiga y yo mismo, íbamos pergeñando cielos azules y tierras de un ocre intenso, con Mariano Maresca como tutor en una encarnizada lucha por saber más.

Todo era razón de equilibrio en La Tertulia porque todo equilibrio era razón de vida, un cuerpo que atisba el espacio del abismo pero que se agarra con firmeza a la amistad y al sueño de la literatura para seguir, sin miedo a las alturas, sin razón para el arrastre.

Aquel local fue cúspide porque fue universal; infinito porque nunca pensamos que acabara; poesía, porque era en esa verdad donde existíamos.

Quedará, si es que queda, un espacio para el recuerdo, un eslabón de la cadena de una Granada que lucha, que concibe el hecho cultural como un maremoto para tomar la costa, como una propuesta desde la utopía para regentar el espacio común del paraíso.

La Tertulia fue, para mí, todo eso. Y ahora cierra.

La educación literaria de muchos de nosotros se proyectó en el ambiente dulce de un local amparado por la creatividad. Pero fue mucho más: la búsqueda y el hallazgo de los felices, también de los atribulados, de las largas conversaciones y los proyectos a corto plazo, de la belleza y nuestra verdad.

Un tango suena allá a lo lejos, y he vuelto a recordarlo todo.

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Javier Lorenzo Candel es poeta.

Desde que tengo uso de razón, el Primero de Mayo ha sido para mí un día en el que mirar al futuro, para frecuentar Il sol dell'avvenire, por acordarme ahora de la deliciosa película de Nanni Moretti.

De la mano de mi padre, quien veía en cada Primero de Mayo la oportunidad de tomar aire e impulso para construir una sociedad más habitable para la gente corriente, para los que trabajan. Sus Primeros de Mayo eran los días con más trabajo del año, donde la reivindicación se mezclaba con los afectos y la camaradería, construyendo esa atmósfera única que se forma cuando la solidaridad se hace palpable en calles y plazas abarrotadas de trabajadoras y trabajadores.

Años después soy yo quien doy la mano a mi hija para recorrer las calles que ahora se convierten para mí en un recuerdo emocionado de Suso Díaz, el sindicalista de hierro, soldado, con la robustez con la que se unen los metales en Astano, a la memoria colectiva de la clase trabajadora de nuestro país.

El presente de este Primero de Mayo es muy diferente de cualquier otro. España ha completado la gran transformación del trabajo. No es solo que sea más, sino que es mejor. Tenemos la tasa de temporalidad más baja de nuestra historia, que por fin está en los parámetros europeos; más trabajo indefinido que nunca, que llega a las mujeres y a los jóvenes que antes quedaban fuera del empleo de calidad. Hemos desplegado normas ambiciosas y adelantadas a cualquier otro país para proteger a los y las trabajadoras del cambio climático. Fuimos pioneras en dar acceso a los representantes de los trabajadores al funcionamiento laboral de los algoritmos, porque no aceptamos que el trabajo del siglo XXI nos obligue a retroceder a las condiciones del s. XIX. Hemos hecho que los ERTE sean una alternativa real al despido. Hemos reconocido la ciudadanía laboral a las empleadas de hogar y a los artistas. La protección por desempleo ha mejorado sustancialmente y los trabajadores extranjeros que viven con nosotras podrán acceder a la integridad de sus derechos dejando atrás años de intolerables abusos y explotación.

Pero yo jamás vine a un Primero de Mayo a mirar para atrás, sino a conquistar el futuro, a pedir más y a reivindicar avances para quienes crean la riqueza en un país, que no son otros que los trabajadores y las trabajadoras.

El Primero de Mayo, como se recordará, fue instituido por Largo Caballero como fiesta nacional para “solemnizar” la conquista de la jornada de ocho horas.

No es posible que 95 años después de Largo Caballero las ocho horas de trabajo diario sigan constituyendo una referencia y, lo que es peor, que no se cumplan porque muchas empresas siguen basando su rentabilidad en la execrable práctica de no pagar horas extraordinarias y aumentar ilegalmente la jornada de sus trabajadores. Solo un registro digital y al que pueda acceder la Inspección de Trabajo puede resolverlo. Los que defraudan lo saben y por eso lo quieren evitar a toda costa. Nosotras también lo sabemos y no vamos a parar hasta que esté en el BOE.

Hoy es también un día profundamente democrático. La democracia se vive y se siente en la calle y por eso mismo se percibe todavía más su ausencia en las empresas. En los lugares donde pasamos un tercio de nuestras vidas no podemos decidir. Cuenta más un fondo buitre dedicado a desguazar una industria que la opinión de la plantilla que lleva media vida en la empresa. Tenemos derecho a decidir porque la democracia no se frena en seco en la puerta de la oficina o del supermercado y porque es un estándar europeo frente al que España es una anomalía. No estábamos condenados a ser el país con más temporalidad de la UE al igual que no estamos condenados a sufrir un sistema autoritario de relaciones laborales.

Y no olvidemos que son precisamente las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país quienes sufren en primera persona la dificultad de acceso a una vivienda digna, porque no tienen herencias, sino salarios con los que no cabe afrontar las exigencias de los especuladores.

Pero el Primero de Mayo es también un día para no olvidar la fragilidad de lo que tenemos.

Hasta que llegamos al Gobierno, el PP permitía despedir trabajadores enfermos. Que nadie dude de que lo volverán a hacer: Rueda propone perseguir trabajadores de baja y algunos dirigentes patronales se ríen de quienes no pueden ir a trabajar hablando de “bajaciones”. Y, mientras tanto, las CCAA gobernadas por la derecha privatizan la sanidad y privan a los trabajadores de un diagnóstico y una curación rápida.

Hoy el SMI es de 1.221 euros. Lo hemos subido año a año, alguno de ellos con mucho esfuerzo. El PP lo congeló en dos ocasiones. ¡Congeló un SMI de 641 euros! Hoy Feijóo nos dice sin ambages que las subidas del SMI son “indiscriminadas”… mañana ya sabemos qué nos espera.

Nuestras conquistas, las que ya hemos logrado y las que vamos a lograr, no son eternas. Cada gobierno autonómico que queda en manos de la ultraderecha bicéfala de PP y Vox las pone en peligro persiguiendo a los sindicatos, primer paso antes de criminalizar la huelga y la acción sindical, como cuando el PP se dedicó a meter huelguistas en la cárcel con el Código Penal en la mano, el Código Penal que afortunadamente nosotras hemos derogado.

Pero toda esta sinrazón que siempre se dirige frente a los mismos, frente a la clase trabajadora de nuestro país, no nos hace perder la esperanza porque sabemos de dónde venimos y sabemos dónde encontrarnos: en las calles, las plazas y las grandes avenidas para clamar que ¡Viva el Primero de Mayo!

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Yolanda Díaz es Vicepresidenta Segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

El Primero de Mayo no es una fecha más ni se ajusta a calendarios electorales: responde a algo más profundo, la defensa de los derechos como base de la democracia. Este año volvemos a las calles con una idea clara —derechos, no trincheras; salarios, vivienda y democracia— que es una guía de acción.

Conviene recordar lo conseguido. En los últimos años, el diálogo social y la negociación colectiva han permitido reducir la temporalidad, reforzar la estabilidad en el empleo y mejorar el salario mínimo, demostrando que el mercado de trabajo puede ordenarse con reglas más justas.

Pero, precisamente por eso, el debate se abre. La economía crece, pero no se reparte con la misma intensidad: el encarecimiento de la vivienda, la energía y los bienes básicos ha tensionado a las familias, mientras los beneficios empresariales han resistido. Esa brecha sitúa de nuevo los salarios en el centro. No como una demanda coyuntural, sino estructural: la subida del salario mínimo ha sido imprescindible, pero insuficiente si no se traslada a los convenios. La negociación colectiva debe permitir recuperar lo perdido y avanzar hacia salarios más justos, como base de una mayor cohesión social.

En paralelo, la vivienda ha dejado de ser solo un problema social para convertirse en un factor determinante de desigualdad. La dificultad de acceso a un hogar digno afecta ya a amplias capas de la población trabajadora. Cuando el trabajo no garantiza condiciones básicas de vida, el problema trasciende lo individual. Aplicar el principio constitucional de que la riqueza está al servicio del interés general exige intervenir también en este ámbito.

Al mismo tiempo, asistimos a intentos de reorientar el debate hacia marcos que fragmentan en lugar de resolver. La llamada “prioridad nacional” no es solo una simplificación: es una forma de discriminación. Discriminar en función del origen, establecer jerarquías entre personas, decidir quién merece derechos y quién no, es incompatible con la Constitución y con cualquier democracia digna de ese nombre.

No estamos ante un matiz ideológico, sino ante una quiebra del principio de igualdad. Porque cuando se legitima la discriminación, lo que se erosiona no es solo la situación de quienes la sufren directamente, sino el conjunto del sistema de derechos. Hoy se señala a unos; mañana pueden ser otros.

Además, esa lógica no es inocente. Enfrentar a trabajadores y trabajadoras entre sí, enfrentar generaciones o dividir a las personas por su procedencia responde a una estrategia muy concreta: debilitar la capacidad de defensa colectiva y permitir que la riqueza se concentre en pocas manos. Dividir a la clase trabajadora no solo empobrece; degrada la convivencia y abre la puerta a un deterioro progresivo de la democracia.

Por eso, reconocer derechos a quienes ya forman parte de nuestra realidad laboral —también mediante procesos de regularización— no es solo una exigencia ética: es una obligación democrática. Negarlos equivale a amparar la explotación, a tolerar relaciones laborales sin garantías y a consolidar una competencia a la baja que perjudica al conjunto de la clase trabajadora. Garantizarlos es, por el contrario, la única forma de ordenar el mercado de trabajo sobre bases justas y equilibradas.

A estas tensiones se suma el impacto de la transformación tecnológica. La inteligencia artificial puede abrir espacios de mejora en la productividad, pero también está siendo utilizada para justificar procesos de ajuste. La experiencia histórica aconseja cautela: sin mecanismos de redistribución, el progreso técnico tiende a ampliar las desigualdades. De lo que se trata no es de frenar la innovación, sino de orientarla.

El contexto internacional añade un grado adicional de complejidad. La erosión de las normas que regulan las relaciones entre Estados, los conflictos abiertos y la competencia por recursos estratégicos tienen consecuencias directas sobre las economías nacionales. No es un escenario externo: incide en los precios, en la estabilidad y en las condiciones de vida.

En ese marco, alinearse con dinámicas de confrontación impulsadas por intereses ajenos no es una decisión neutra. No solo implica asumir costes económicos en forma de inflación o inestabilidad. Supone también situarse en posiciones que, en demasiadas ocasiones, acaban siendo compatibles con vulneraciones graves de derechos humanos y con la destrucción de sociedades enteras. La experiencia reciente demuestra que esas decisiones terminan repercutiendo negativamente en el propio país.

Ante todo ello, el sindicalismo mantiene una función esencial. No como una estructura heredada, sino como un instrumento activo para ordenar el cambio. Los derechos laborales que hoy consideramos básicos no surgieron de forma espontánea; son el resultado de procesos sostenidos de organización y negociación.

El Primero de Mayo sigue cumpliendo esa función: recordar que el progreso no se mide solo en términos de crecimiento, sino en su capacidad para traducirse en bienestar compartido. Mantener esa exigencia es, probablemente, una de las tareas más relevantes del presente.

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Pepe Álvarez es secretario general de UGT.

Este Primero de Mayo la agenda más estrictamente sindical y la sociopolítica confluyen necesariamente. Porque pocas veces se percibe con tanta nitidez el vínculo entre las reivindicaciones ligadas a los salarios o el tiempo de trabajo y otras como la evolución de los precios de la vivienda, o las consecuencias del desorden que las extremas derechas traen al mundo en forma de guerras, inflación o inestabilidad.

Desde CCOO venimos advirtiendo del riesgo que supone que, en un país como España, en el que los datos macroeconómicos evolucionan mejor que en el resto de grandes economías europeas, tal situación no llegue al conjunto de los hogares. Y es que pese a tener el récord de personas trabajando, haber mejorado notablemente la estabilidad en la contratación, el desendeudamiento de las familias, o incluso los salarios nominales, la evolución de algunos precios estrangula las economías de millones de personas, cuyos sueldos son insuficientes para afrontar los costes de la vida. Si se presume de bonanza macroeconómica, pero esta no llega a los bolsillos de la gente, se produce descontento en crecientes segmentos de las clases populares, que perciben una desconexión entre su realidad cotidiana y los discursos oficiales. Y más si vivimos en medio de la constante tergiversación y confusión de datos, mensajes y marcos de referencia.

La negociación colectiva es una herramienta clave en la distribución económica, porque ahí se disputan los salarios de muchos millones de personas. CCOO no va a permanecer impasible ante la desidia patronal para abordar un Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva. En él hemos situado, junto a la UGT, una propuesta de incremento salarial de entre el 4 y el 7%, pensando en los sectores cuyos salarios están muy por debajo de la media del país, y que continúan estancados y perdiendo poder adquisitivo en un contexto de incremento de márgenes empresariales. Si no hay distribución salarial, habrá conflicto. La primera huelga de Glovo en España, tras la laboralización e incipiente sindicalización del sector, la convocada en las gasolineras, o la de Educación Infantil pueden empezar a ser una tónica general que el sindicato impulsará con medidas audaces.

Pero este Primero de Mayo pretende señalar también cuáles son los precios que ahogan a la clase trabajadora y por qué se disparan. Y obviamente hay que hablar del de la vivienda. Hoy es el problema que más fractura a la sociedad española y que requiere de un compromiso interinstitucional mucho más ambicioso que los planes hasta ahora conocidos. Son necesarias dos millones de viviendas a precios asequibles en la próxima década para que nadie tenga que emplear más del 30% de sus ingresos para acceder a una necesidad básica como es contar con un espacio en el que habitar. No hay soluciones únicas ni mágicas. Hay que hacer varias cosas, todas a la vez, durante un tiempo prolongado, y con una inversión del 1% del PIB. Construir sí, pero a precios asequibles con distintas fórmulas de promoción. Limitar precios de alquiler en zonas tensionadas, pero también movilizar vivienda vacía combinando precios que puedan pagar los inquilinos e inquilinas y programas públicos que garanticen el estado del inmueble o favorezcan la rehabilitación de fincas con criterios de sostenibilidad energética. Y, por supuesto, enfrentar los nuevos usos de las viviendas como infraestructuras turísticas o como un mero instrumento de especulación de grandes tenedores o fondos de inversión.

De igual manera, el deterioro de la calidad percibida en los servicios públicos básicos, como la educación y la sanidad, está incrementando los costes para las familias y es una inflación de la que nadie habla. Hoy la tardanza en muchas citas de atención primaria, especializada y pruebas diagnósticas, está fomentando la suscripción de seguros sanitarios privados. Las consecuencias de esta estrategia consciente de deterioro de los servicios esenciales son no solo una creciente desigualdad y segregación social, sino que una parte creciente de las nóminas de las clases trabajadoras terminan en las cuentas de resultados de entidades privadas que hacen negocio con la salud. Pero lógicas similares subyacen con la escasez de plazas en la Formación Profesional, o la proliferación de universidades privadas que se especializan –muchas veces sin la calidad necesaria– en títulos superiores y másteres, a los que acceder cuesta cada vez más. Es un proceso de ingeniería social, que legitima la trampa antiimpuestos, pues las familias agobiadas por el incremento de los costes de la vida, y por unos servicios públicos que no responden a sus necesidades, acaban avalando a quien les “regala” nimias reducciones fiscales en el IRPF, con las que hacer frente a los gastos derivados de la insuficiente inversión en esos servicios públicos. Se alimenta así el círculo vicioso vinculado al capitalismo de amiguetes, y el expolio de recursos públicos desde la gestión cautiva de servicios privatizados en sus partes lucrativas.

Todo este proceso, además, no se da en medio de una crisis de ingresos públicos, sino después de unos años en los que las transferencias de recursos desde la administración central a las comunidades autónomas han batido récords, y están sirviendo para financiar el deterioro gradual y parcial de nuestro Estado de bienestar. Mientras se renuncia a la condonación de la deuda autonómica y a renovar el modelo de financiación, se hace populismo fiscal desde numerosas CCAA, y se imputan responsabilidades al Gobierno central. La izquierda tiene que darle una pensada a este modelo, convertido en una trampa para osos…

Por todo ello, este Primero de Mayo la defensa de los servicios públicos y la financiación y fiscalidad justas continúa en primera línea. Junto con la subida de los salarios, son elementos centrales para hacer frente al incremento de los precios.

Y si de proteger rentas hablamos, las medidas adoptadas por el Gobierno de España ante la espiral inflacionaria tras la guerra abierta en Oriente Medio son parciales e insuficientes. Si las tensiones en torno al estrecho de Ormuz se mantienen o se agravan, no va a bastar con medidas fiscales para los sectores primeramente impactados por el incremento de precios de los carburantes o los fertilizantes. Serán necesarias medidas para apoyar a las familias cuya cesta de la compra básica supone un porcentaje enorme de sus ingresos. Una transferencia focalizada de 300 euros a 10 millones de rentas cuyos ingresos están por debajo de la media tendría un coste incluso inferior a lo que supusieron las subvenciones a los carburantes tras la invasión de Ucrania, que tuvo un efecto en la contención de precios, pero fue una medida regresiva y que benefició más a las rentas más altas.

Se suele hablar del riesgo de la extrema derecha para la garantía de la democracia o los derechos civiles y sociales. No hay tal riesgo. Es una realidad. Ya está aquí. Y su expresión es Trump gobernando la primera potencia militar del mundo. Las consecuencias empiezan a estar claras. Caos, desorden, incertidumbre, represión, jibarización del Estado de derecho, guerra y empobrecimiento.

Hoy la extrema derecha ya tiene apellidos. Son fertilizantes más caros, combustibles más caros, productos de alimentación básicos más caros. Estamos en medio de una guerra global, que a veces se convierte en convencional, con víctimas y muertos.

Los EEUU de Trump consideran que estaban perdiendo la posición como hegemón mundial respecto a China, en el contexto de la globalización de una economía-mundo que los propios EEUU impulsaron. Y han decidido romper el tablero. Hoy la globalización y el multilateralismo se repliegan. De las ventajas comparativas propias de aquella globalización neoliberal que suponía (o eso decían) el fin de la historia, a una fragmentación del mundo donde cada actor principal pretende mantener el control vertical sobre todos los puntos críticos de la nueva y vieja economía: energía, materias primas, minerales estratégicos, comercio, etc.

Y en esa fragmentación, crecientemente militarizada, la Administración Trump ha decidido que Europa sobra. Por tanto, hacer saltar por los aires la UE, con la colaboración de las quintas columnas serviles que hoy son las extremas derechas, es el objetivo para que cada país individualmente tomado se someta a un vasallaje del nuevo Nerón.

Hoy es fundamental repolitizar estratégicamente la cuestión europea, que no es una cuestión de burócratas. Es decidir si se apuesta por la subalternidad o por la autonomía estratégica. Si apostamos por modelos energéticos que reduzcan nuestra dependencia exterior o por modelos que fortalezcan nuestra soberanía industrial y permitan a España alcanzar el pleno empleo. Y ello conlleva debates incómodos pero necesarios sobre cómo fortalecer nuestra seguridad, en un contexto donde el eje atlántico se desvirtúa o incluso puede saltar por los aires.

No habrá una legitimidad social para la integración europea si no se consigue revitalizar una vieja correlación: Europa tiene que ser su modelo social. La democracia es tener una cita médica a tiempo, educación para todas en igualdad de condiciones, cubrir las contingencias de la vida de forma colectiva, y no desde la lógica de la ley de la selva o del bote salvavidas.

El sindicalismo europeo debe revitalizarse y España debe huir de actitudes pasivas de antaño y reforzar el protagonismo. La siguiente cita será en junio. De momento, este Primero de Mayo: Derechos, no trincheras.

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Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

Una soberanía digital europea requiere dar pasos adelante en la gobernanza de la interdependencia global, pero con los criterios que Europa defiende; ello conlleva el reforzamiento de la identidad normativa como un valor inherente a las instituciones que conforman la Unión Europea (UE), y por ello, son preocupantes algunas informaciones recientes sobre la forma en que la Comisión Europea plantea simplificar las normativas digitales, con el objetivo declarado de aligerar la legislación en lo referente a la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y la protección de datos.

En un intento de contrarrestar este peligroso debate en el que están instalados algunos grupos de presión, se presenta una muy buena oportunidad que va en la línea de apoyar tanto una Europa con identidad normativa y más autónoma como para avanzar en una cooperación mundial en los derechos humanos ante los avances tecnológicos: se trata del primer Encuentro Internacional por los Derechos Digitales que se celebrará los próximos 13 y 14 de mayo en Barcelona, que estará liderado por el Observatorio de los Derechos Digitales y por la Fundación Mobile World Capital, con la participación de instituciones, expertos y representantes de la sociedad civil.

Este evento puede ser un hito destacado dentro de la carta de navegación que significó la Carta de Derechos Digitales que se presentó por parte del Gobierno de España en julio de 2021, que, por cierto, es una de las primeras que se reconocieron a nivel internacional, junto a las de Portugal y de Chile; dando pie a la posterior “Declaración europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital”, publicada el 26 de enero de 2022.

En dicha carta se agruparon los derechos en las siguientes categorías principales: derechos de libertad, de igualdad, de participación y de conformación del espacio público, del entorno laboral y derechos digitales en entornos específicos. Es una valiosa guía que establece unas pautas de acción consensuadas y representa un compromiso político con la garantía de los derechos digitales. Pero, ya han pasado unos años y se requiere un marco jurídico aplicable y oponible por los ciudadanos en sus relaciones con las empresas y el poder público, más allá de los avances en la protección de los derechos que ya están incorporados tanto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales, como en el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo.

Hoy en día ya existe un mayor consenso en torno a los derechos que se han visto negativamente afectados por los avances tecnológicos, al no haber sabido, podido, o querido controlarlos los poderes públicos con el objetivo de un mayor progreso social.

Diversas organizaciones, en su calidad de representantes de la sociedad civil se han ocupado de efectuar un inventario de todo ello, así como de proponer soluciones. Es decir, ha habido y sigue habiendo un contrastado activismo social en pro de anclar los derechos digitales en el contexto de la anhelada soberanía digital europea.

Por ello, se deben dar los pasos necesarios para complementar lo anterior con un activismo gubernamental, para pasar de las palabras a los hechos y, en esa línea, es necesario que entre el Consejo Asesor Internacional de Inteligencia Artificial, los representantes de la sociedad civil y las organizaciones sindicales y empresariales se desarrolle un diálogo que permita abrir líneas de trabajo en lo que se refiere al despliegue de forma inclusiva de las tecnologías más avanzadas, así como para sentar las bases de un desarrollo ético que posicione a la UE en el contexto internacional. La Agencia Española de Supervisión de la IA creada por el Gobierno es una iniciativa que va en esta dirección.

También en este contexto cabe destacar el informe denominado EuroStack, elaborado por la sociedad civil por encargo de la Comisión Europea, que presenta una visión para una Europa digitalmente soberana, construida sobre capas interconectadas de tecnologías avanzadas. Como se recuerda en este informe, “actualmente más del 80% de la infraestructura y las tecnologías digitales son importadas, lo que genera vulnerabilidades sistémicas y limita la capacidad de innovación y autosuficiencia de la región. Sus propuestas tienen un enfoque que prioriza la sostenibilidad, la inclusión y la interoperabilidad, garantizando que el futuro digital de Europa se alinee con sus valores democráticos, objetivos de equidad social y aspiraciones económicas”.

Pero más allá de Europa y con el objetivo de avanzar hacia una gobernanza global y regional de las tecnologías más avanzadas, habrá que trabajar desde la UE en dar un impulso definitivo a mecanismos multilaterales de cooperación con América Latina (potencial ventaja competitiva de Europa), con África y Asia, para compartir buenas prácticas, estándares éticos y recursos tecnológicos, en línea con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y así también se podrían promover alianzas regionales y programas de cooperación para reducir las brechas de infraestructura, talento y capacidad institucional en los países de ingresos medios y bajos.

Debe, pues, adoptarse un enfoque multilateral en los esfuerzos para crear un mecanismo de gobernanza mundial de, por ejemplo, la IA, y ello implica la necesidad de diálogos políticos internacionales sobre estos temas para superar la excesiva fragmentación normativa; este objetivo también lo persiguen, entre otros, el Consejo de Europa y la UNESCO, en alineación con el cuarto punto del Plan de Acción para el continente de IA de la Comisión Europea.

Estas y otras propuestas se podrán estudiar en el encuentro internacional antes referido, y de ello se podrá dar cumplida cuenta en otro momento, dado que la importancia de este foro radica en la combinación del activismo social con el político y el gubernamental. Es una oportunidad que no se debe desaprovechar para pasar del debate a la acción, y para ello se requiere valentía y determinación.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

En estos días las acusaciones y las defensas han presentado los escritos de conclusiones ante la Audiencia Provincial por la investigación e instrucción que ha llevado a cabo el juez Peinado contra Begoña Gómez para la que propone que sea juzgada por un jurado por cuatro delitos. Los escritos de unas y otras están tan alejados como la petición de condena de 24 años que pide HazteOir con el archivo de la causa que solicitan el Fiscal y la defensa. La causa, pues, se encuentra en la recta final después de dos años de una tormentosa investigación e instrucción del juez Peinado. La rapidez con la que se suceden la actualidad política española, europea e internacional y ahora la judicial española, que sin duda influyen en esta causa, hace arriesgado escribir sobre este asunto sin que deje las palabras inmediatamente obsoletas. 

He leído que la premio Nobel de Literatura 2024, la surcoreana Han Kang, escribe primero el título de sus novelas en un folio en blanco y el final ya lo tiene pensado. Yo opté por el mismo método, aunque dudé después si poner una interrogación. Al final, lo he mantenido. Es la filósofa Victoria Camps quien ha escrito un libro que tituló Elogio de la duda como la mejor actitud ante los extremismos, los antagonismos y todos los “ismos” que puedan aducirse, como quijotismo, sanchismo, trumpismo y corporativismo. ¿Y por qué la contundencia del título? Porque impera la polarización, a pesar de que muchos la detestan. Yo, en cambio, me atrevo a hacer un encendido elogio del concepto si es razonado y no visceral. Si la polarización, bien entendida, ayuda a paliar la desigualdad, cada vez más creciente en todos los niveles y a la que está sometida gran parte de la humanidad y el futuro de  nuestro planeta.

La investigación e instrucción seguidas a Begoña Gómez tienen dos vertientes, la judicial y la política, tan relacionadas entre sí que es imposible disociarlas. En el caso de Begoña Gómez, la investigación e instrucción han seguido el mismo plan y han caminado por los mismos derroteros de irregularidades (denunciadas constantemente por las defensas) que siguieron en el caso del exfiscal general, García Ortiz. Y, por tanto, tendrán el mismo final.

El poder, amparado en la independencia judicial y la separación de poderes, está en manos de los jueces en este caso. A Begoña Gómez se la sentará en el banquillo, frente a tantas opiniones y razonamientos externos, jurídicos, y a la impugnación de los hechos por el fiscal y la defensa. Por mi parte, añado un motivo específico en favor de su inocencia. A Begoña Gómez se le ha lesionado un derecho fundamental que tenemos todos: el derecho al trabajo, el derecho a ejercer una profesión con dignidad y competencia, con los medios a su alcance, sin que con la utilización de los mismos haya malversado recursos públicos ni se haya enriquecido. Se le ha degradado su dignidad y su libertad.

Los jueces de la Audiencia Provincial decidirán su enjuiciamiento, porque son muchos los delitos que le atribuye Peinado como para que se los borren de un plumazo. El precedente es decisivo. La Audiencia Provincial es un órgano jerarquizado jurisdiccionalmente por debajo del Tribunal Supremo y los jueces del Supremo les han marcado el camino. Si al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hirieron políticamente con la condena a García Ortiz, ahora, además, pretenderán herirle emocionalmente. Las relaciones entre la política y la jurisdicción muy a menudo no se rigen por las leyes sustantivas y los procedimientos sino por las dinámicas discrecionales de poder, como observamos internacionalmente. Me referiré posteriormente a este asunto.

En el caso de Begoña Gómez, los jueces de la Audiencia Provincial han resuelto recursos contra las decisiones del juez Peinado en los que se han movido haciendo pinitos. Dando una de cal y otra de arena. Por una parte, han decidido recursos de las defensas sin olvidar su corporativismo —que tienen muy arraigado—, y por otra, con el pensamiento puesto en sus expectativas como funcionarios públicos, que no son menores, pensando en su futuro y sus ascensos. En la actualidad, la política judicial es eminentemente conservadora y los méritos se premian más en este servicio. El runrún mediático y de opinión que oyen los jueces, así como las actitudes y declaraciones de algunos, influyen en sus decisiones, que oponen a un Gobierno que creen muy progresista. 

Dice Carlos Pérez Vaquero en su blog que, entre las numerosas acepciones de “ley” que incluye el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (como puede fácilmente comprobarse), figura esta expresión coloquial: “la ley del encaje”, definiéndola como “dictamen o juicio que discrecionalmente forma el juez, sin atender a lo que las leyes disponen”. Ya antes, Miguel de Unamuno publicó en 1921 un artículo muy crítico titulado precisamente “La ley del encaje”, en el que se refería a esta arbitrariedad. Pero mucho antes, hemos de recordar la fuente de la literatura universal de la que hemos bebido: El Quijote. Cuando don Quijote nombra gobernador de la ínsula a su escudero Sancho, entre otros muchos, le dice: “nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida en los ignorantes que presumen de agudos”. No es aventurado pensar, pues, que los jueces, en el caso de Begoña, dicten sus resoluciones no por lo que las leyes y los procedimientos establecen o disponen, sino por lo que ellos piensan discrecionalmente.

Para no hacer de mis palabras un imperativo categórico e incondicional, dudo que los jueces de la Audiencia Provincial decidan que Begoña sea juzgada por un jurado, como Peinado ha establecido como indiscutible. Peinado busca el espectáculo mundial. Nada satisfaría más su ego que se viera a Begoña ante nueve miembros del pueblo pendientes de los delitos de los que le acusa. Y más aún, si decidieran sin piedad. Veremos.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

“El 29 de abril se celebra el Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones, instaurado en 2009 para promover el envejecimiento activo, la cohesión social y el entendimiento mutuo. Esta fecha fomenta el intercambio de experiencias y conocimientos entre mayores y jóvenes, derribando estereotipos de edad. Busca combatir estereotipos de edad, promover el envejecimiento activo y fortalecer la cohesión social mediante el intercambio de saberes. “

Este tipo de efemérides suelen pasar desapercibidas y no siempre cumplen con los objetivos planteados en su creación. Las razones por las cuales se produce esa invisibilidad no sólo provienen de la cantidad y calidad de la multitud de informaciones que recibimos día a día, sino de algunas orientaciones o de la relevancia que le otorguen las políticas públicas.

Por un lado, centrando las relaciones entre generaciones entre la vejez y la juventud, se reducen sus posibilidades en una sociedad cada vez más multigeneracional y multiétnica y, por otro, las generalizaciones del análisis generacional se distancian de las relaciones sociales de clase, en unas sociedades donde las desigualdades atentan contra el objetivo de la inclusión y la cohesión social. Con el agravante de dejar el intercambio en el seno de la familia, sin incluirlo en las políticas públicas, en algunos casos.

Derribar los estereotipos de edad es un objetivo relevante, pero si todo se basa en la relación entre generaciones y limitada a longevidad–juventud, se transforma en un ocultamiento de los orígenes de muchas desigualdades. La brecha de género tiene diferentes modalidades en las distintas generaciones y superarla implica combatir prejuicios o estereotipos culturales originados en las estructuras de poder patriarcal. Las mujeres pobres, sean jóvenes o mayores, sufren las consecuencias de la ausencia de independencia económica o la escasez de los recursos de los servicios sociales. Todas pasan por situaciones laborales discriminatorias que existen en todas las generaciones, aunque se haya conseguido mejorar con respecto a las barbaridades que soportaban en el pasado.

En nuestro país aparecen desigualdades en los niveles de estudios en función de las generaciones, pero no son sólo generacionales sino producidas por los orígenes de clase, que determinan el porcentaje de gente con estudios superiores en cada generación. Existe una progresiva elevación de los niveles educativos en la medida en que se desarrolla la escolarización universal, pero lo más habitual es que se mantengan las inmensas diferencias entre quienes se quedan con la enseñanza obligatoria y quienes van a la universidad y mucho más si estudian en prestigiosas instituciones internacionales.

La solidaridad y la cooperación entre generaciones es un objetivo fundamental para neutralizar políticas que fomentan el individualismo o el inventado conflicto intergeneracional con las pensiones. No sólo como defensa de nuestro sistema público solidario sino como una meta para los valores democráticos, los intereses colectivos y la batalla contra la ideología del sálvese quien pueda, la privatización y la bajada de impuestos a favor del desmantelamiento del Estado del Bienestar. Música dominante en Madrid: “No hay conflicto intergeneracional: los que más aportan para sostener las pensiones públicas son los que están más cerca de la jubilación”.

“De hecho, un análisis de la distribución de las aportaciones por tramos de edad revela que los menores de 30 años aportan el 14% del total de lo que ingresa la Seguridad Social por cotizaciones y que, por lo tanto, el 86% restante lo aportan los que tienen más de esa edad. Es un dato que no debería sorprender, ya que refleja el distinto peso que tienen las diferentes edades en el empleo. Lo que sí resulta más llamativo es que las personas mayores de 60 años aportan el doble en cotizaciones que los menores de 24 años.”

Siempre que se plantean acciones concretas de relaciones intergeneracionales, se basan en encuentros entre la infancia y la vejez o entre la juventud y las personas mayores de 65 años. En algunos temas, las distancias son inmensas por los cambios radicales que se han producido, si estamos en sociedades occidentales desarrolladas. No ocurre lo mismo en las culturas orientales, en las tribus africanas o las favelas brasileñas. No serán las mismas motivaciones ni las temáticas de intercambio que se proponen en las sociedades europeas, que, por otra parte, se piensan en clave muy poco multiétnica, marcando perfiles que no contemplan las diversidades culturales de nuestras sociedades.

En el Decálogo que plantea el CENIE en la Guía para la Intergeneracionalidad aparecen algunos señalamientos que vale la pena reseñar como orientaciones globales para las políticas públicas, en resumen:

1.- Por primera vez en la historia de la humanidad conviven no menos de cinco generaciones.

2.- Esas relaciones entre generaciones tienen que derivar en un verdadero ejercicio de aprendizaje.

3.- Los programas y proyectos intergeneracionales posibilitan experiencias de cooperación…vivencia conjunta y activa de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

4.- Una sociedad intergeneracional… se sustenta en la responsabilidad y el esfuerzo en común.

5 y 6.- La intergeneracionalidad pone a la ciudadanía en el núcleo de su acción… es el mejor antídoto contra el feroz individualismo que nos aísla… contra cualquier forma de discriminación.

7 y 8.- Sociedades basadas en la inclusión, la igualdad de derechos y deberes, … donde no se trata de uno que enseña y otros que reciben, sino en una mutualidad donde cada cual tiene obligaciones y se le reconocen sus logros.

En los dos últimos puntos se fijan unos ejes de las claves para las políticas públicas que están diseñadas con precisión en el 9:

“La intergeneracionalidad supone la puesta en marcha de una acción, prolongada y sostenible, fruto no sólo de la voluntad o el deseo, sino de una planificación rigurosa, de un proceso formativo e informativo constante, de una participación plena de todos sus participantes, incluido el imprescindible ejercicio de la medición y evaluación de los resultados. La intergeneracionalidad nunca es una labor individual y sí permanentemente compartida”.

Las actividades que suelen organizarse en algunas instituciones no cumplen ni por asomo estos requisitos. Aunque siempre resultan satisfactorias a sus participantes, no tienen los resultados esperados en las directivas europeas ni los objetivos de las entidades especializadas. Lo más relevante sería iniciar cualquier proyecto considerando la situación multigeneracional, multiétnica y con una perspectiva de clase. Siendo más efectivo tener en cuenta los principios de la justicia social y no sólo los intercambios superficiales para cubrir el expediente. 

Si pensamos en términos de justicia social, la gran preocupación serán las desigualdades sociales, sobre todo económicas (el poder adquisitivo de las clases populares, el empleo precario, la vivienda, etc.), la atención a las diversidades culturales para evitar discriminaciones (religiosas, sexuales, ideológicas, étnicas, etc.) y los problemas de representación y participación política. En todos los casos, predominan las diferencias de clase que se combinan con la brecha de género, el edadismo, la discriminación por el nivel de estudios o la orientación sexual. En ningún caso puede ser eficaz enfocar las acciones o las políticas públicas con una línea unilateral, que atiende solamente a uno de los factores. Tampoco basando todo en las relaciones generacionales, aunque sea relevante considerar las posibilidades de desarrollo que pueden brindar.

Bienvenida sea la preocupación y la propuesta de la Unión Europea por la solidaridad y la cooperación entre generaciones, mientras no sirva para crear falsas expectativas ni para justificar las exclusiones sociales. Es positivo plantear la superación del aislamiento social en la longevidad o la importancia del abandono del adanismo rampante, sobre todo en los liderazgos políticos. 

Lo más habitual es la referencia a la construcción de conocimiento por el intercambio multigeneracional en el mundo académico, en la investigación científica y la innovación. También en la vida familiar, aunque va mermando su influencia por el tipo de vida vigente. Resulta menos común llevar ese intercambio a otros ámbitos sociales donde debería convertirse en una herramienta de intervención permanente. 

El intercambio de saberes y experiencias, el reconocimiento mutuo y más aún la cooperación, son altamente productivos en cualquier circunstancia y en algunas temáticas más necesarios que nunca. No perdamos la esperanza de ver la comunicación multigeneracional funcionando para abordar las grandes dificultades a las que está sometida nuestra sociedad actual. Pero no la convirtamos en la receta mágica, que es la mejor forma de inducir el fracaso. 

El escritor y periodista Martín Caparrós expresa de forma clarísima la crítica a la moda del análisis generacional, en el artículo “De generaciones”: “Da vergüenza tener que sostener que sigue habiendo clases, pese a los intentos de simular que no existen” (…) “Es difícil creer que un obrero de la construcción nacido en Cali en 2001, inmigrado a Alcobendas, tiene mucho en común con una banquerita nacida en Santander en el mismo 2001, a punto de terminar su tercer máster en Harvard”.

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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.

La ley del más fuerte no es una ley sino su ausencia. Vivimos una época en la que algunos han pretendido decretar el fin de la ley internacional y los derechos humanos. En este escenario, parece imponerse la toma de decisiones y el inicio de conflictos bélicos sin el más mínimo respeto a las instituciones y tratados internacionales o, siquiera, a los derechos humanos. Está sucediendo en Ucrania, en Gaza, en el Líbano y en Irán como si fuera inevitable, solo justificado en la defensa de determinados intereses nacionales.

Así, la defensa y la seguridad se vacían de principios, olvidando que la historia nos enseña que el avance del derecho internacional humanitario se produjo, precisamente, para limitar los medios y métodos para hacer la guerra y proteger a los civiles. Y, si eso es así, más aún cuando hablamos de la actuación de las Fuerzas Armadas fuera de zonas de conflicto.

Y mientras en Ormuz las armadas de varios países pugnan por un bloqueo con consecuencias globales, en España el debate se ha colocado en el bloqueo naval de personas y no de mercancías. Afortunadamente, cuando hace unos meses hubo quienes exigieron que militarizáramos nuestras costas y que nuestra Armada se dedicara a blindar nuestras fronteras marítimas para impedir esa supuesta invasión de inmigrantes que trataban de llegar a Europa, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante general Antonio Piñeiro, fue contundente. La misión de la Armada es “ayudar y salvar” a los ocupantes de una embarcación que se encuentran en peligro y no impedirles el paso o devolverlos. 

Se trata de una posición respetuosa con los derechos humanos, con la más mínima empatía y respeto a la vida humana, pero también coherente con nuestra historia y tradición militar, como relata el investigador Alejandro Anca en su ensayo sobre la tradición humanitaria de la Armada. 

Por supuesto, nuestro país dispone de un sistema de Salvamento Marítimo y de la acción de las FCSE, así como el dispositivo europeo de FRONTEX para vigilar nuestras fronteras, luchar contra el tráfico ilegal de personas y la ayuda en el mar, pero también la Armada ha participado en misiones como la operación Sophia, en la que el jefe de la Armada relataba de forma estremecedora cómo se podían encontrar a 250 o 300 náufragos desesperados en el agua sin saber nadar y con una embarcación pequeña tenían que escoger a 10 o 20, sabiendo que, cuando volvieran, muchos ya no estarían esperando.

Ante tanto discurso de odio, ante tanta “prioridad nacional”, es reconfortante escuchar una visión humanitaria, la de nuestras Fuerzas Armadas y, desde luego, tener claro que nunca se puede elegir a quién ayudar o salvar en función del color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión que se profese o su pensamiento. Ni en tierra ni en el mar. Porque no hay nada más importante que la vida humana, porque la empatía ante el sufrimiento ajeno es lo que nos define como especie y porque la ley nos protege de la barbarie.

En el ensayo citado, el autor repasa precisamente cómo la humanidad pasó del “derecho de naufragio”, que justificaba el pillaje, a la protección de los náufragos. Desde el Senado romano en el año 81 A.C., al Digesto de Justiniano, el rey Fernando II de León, Sancho el Sabio de Navarra o los Reyes Católicos, dictaron normas para proteger a los náufragos. 

Posteriormente, las Reales Ordenanzas de la Armada de 1793 o la puesta en marcha de la primera ambulancia marítima del mundo en colaboración con la Cruz Roja Internacional, consolidaron los avances, documentándose numerosos rescates, incluso, de militares náufragos de otras potencias extranjeras.

Esto coloca algunas posiciones actuales, en términos históricos, en la Edad Media. Escasamente civilizados, podríamos decir. Por no hablar aquí de otro avance civilizatorio esencial en la historia de España y universal que algunos “patriotas” deberían conocer como fueron las Leyes de Burgos que, ya en 1512, proclamaron a los indígenas americanos como hombres libres, sujetos de derecho y se les protegió de tratos vejatorios. Pareciera que algunos quisieran derogarlas.

Recalquemos que el deber de proteger y salvar a quienes se encuentren en peligro en el mar proviene del derecho internacional, de la ley del mar, de la tradición militar, de los derechos humanos y, también, de una mínima exigencia ética.

El propio papa Francisco afirmó rotundamente que rechazar a los inmigrantes es un “pecado grave” y el papa León XIV, en su próxima visita a España organizará un encuentro con inmigrantes y sus “ángeles del océano” en referencia a aquellos que los salvan y los atienden cuando llegan cruzando el mar.

Hay, en este mundo nuevo, otra manera de entender la política internacional, la Defensa y el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, compatible con los derechos humanos y la legalidad internacional, sin odio al diferente y perfectamente alineada con nuestra historia y tradición.

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Luis Tudanca es senador socialista por Castilla y León.