*En memoria de mi madre.

"Noticias falsas, calumnias, que calientan al pueblo y piden justicia. Es un linchamiento, un verdadero linchamiento. Y así, lo llevan al juez, para que el juez le dé forma legal, pero en realidad ya ha sido juzgado. El juez debe ser muy valiente para ir contra un juicio hecho así, popular, hecho a propósito, preparado… es un modo de hacer jurisprudencia" (Papa Francisco. Homilía de Santa María, 28/4/20).

Hay condenas que dictan los tribunales y otras que emite la opinión pública mucho antes de que un juez pronuncie una sola palabra. Las primeras pertenecen al Derecho; las segundas responden a la política, la comunicación y la necesidad de transformar la sospecha en certeza. En esa tensión se mueve hoy buena parte del debate sobre la presunción de inocencia en España, un derecho que la Constitución reconoce de forma expresa y que se ve cada vez más expuesto a una erosión práctica, difícil de corregir.

La garantía del artículo 24.2 de la Constitución nunca tuvo un respaldo jurídico tan sólido ni una fragilidad social tan visible. No porque los tribunales hayan renunciado a protegerla, sino porque el proceso penal ya no transcurre solo en los juzgados: convive con un proceso paralelo, inmediato y emocional —filtraciones, declaraciones políticas, titulares, redes sociales— que no conoce reglas de prueba ni respeta la contradicción, y que, sin embargo, influye de manera creciente en la percepción pública de cualquier procedimiento.

No se trata de cuestionar la libertad de información ni la crítica política, esenciales en democracia. El problema aparece cuando esas lógicas invaden el proceso penal, cuya única finalidad legítima es determinar, con pruebas valoradas con todas las garantías, si una persona ha cometido o no un delito. Confundir esos planos desnaturaliza el único que puede restringir legítimamente la libertad de un ciudadano.

La investigación seguida contra el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ilustra esa tensión. No porque permita anticipar ninguna conclusión sobre el fondo —algo incompatible con el respeto a la función jurisdiccional—, sino porque muestra cómo una causa penal puede convertirse desde sus primeras fases en un espacio de confrontación política y mediática que termina proyectándose sobre las propias garantías procesales. Lo significativo no ha sido solo la intensidad del debate, sino la reacción ante una decisión perfectamente legítima: que el investigado decidiera declarar primero ante el juez y reservar allí sus explicaciones, opción que forma parte del núcleo del derecho de defensa y que algunos han leído como opacidad o indicio de culpabilidad. Ahí está una de las claves del problema.

En un Estado de derecho, la primera obligación de quien debe defenderse en un proceso penal no es satisfacer la curiosidad pública ni el debate político, sino defenderse eficazmente dentro del proceso. Guardar silencio, no autoincriminarse, no revelar anticipadamente la estrategia de defensa y comparecer solo ante el órgano jurisdiccional no son concesiones graciosas ni privilegios: son garantías estructurales del modelo acusatorio, conquistadas durante siglos para impedir que el poder sustituya la prueba por la sospecha.

El problema es que el ejercicio de esos derechos ha comenzado a interpretarse como motivo de desconfianza: comparecer ante los medios se lee como intento de construir un relato; guardar silencio, como ocultamiento; declarar solo ante el juez, como falta de transparencia. Casi ninguna conducta queda a salvo, porque cualquier decisión procesal termina absorbida por una narrativa previa de culpabilidad. La consecuencia es seria: la presunción de inocencia no se vacía únicamente con una sentencia condenatoria, sino que puede erosionarse mucho antes, cuando el ejercicio del derecho de defensa se interpreta como indicio incriminatorio. Jurídicamente sigue existiendo la garantía; socialmente empieza a imponerse la presunción de culpabilidad.

Se ha escrito mucho sobre juicios paralelos y filtraciones, pero menos sobre algo más profundo: la contaminación estructural del proceso penal. No se trata solo de que existan opiniones externas sobre una investigación, sino de que el ecosistema político y mediático altere las condiciones en las que las garantías procesales deben desplegar su eficacia. Esas garantías se concibieron para controlar el poder estatal dentro del proceso —cómo debe practicarse una prueba, cómo incorporar datos o documentos, cuándo autorizar una intervención telefónica, cómo practicar un registro—, no para neutralizar una filtración interesada o una campaña sostenida durante meses. Ningún recurso judicial repara por completo una reputación dañada por una acusación convertida en espectáculo antes de llegar a juicio.

Cuando la lógica del enfrentamiento político sustituye a la lógica probatoria del Derecho, la verdad deja de construirse mediante pruebas y se edifica sobre percepciones y mayorías coyunturales. El proceso penal se transforma en un instrumento narrativo: cada diligencia se presenta como confirmación, cada filtración como prueba. Deja de ser un mecanismo para descubrir la verdad y pasa a ser una maquinaria para consolidar un relato previo.

De ahí uno de los efectos más inquietantes: la inversión silenciosa de la carga de la prueba. El proceso penal exige que sea la acusación quien destruya la presunción de inocencia con prueba de cargo suficiente; sin embargo, el debate público termina imponiendo al investigado la obligación de demostrar públicamente que no cometió los hechos. El uso del lenguaje, aquí, como en otras ocasiones, no es inocente.

Ningún tribunal modifica formalmente las reglas, pero en el plano de la percepción social el investigado pasa a ser tratado como culpable mientras no convenza a la opinión pública. Esa exigencia es especialmente injusta porque obliga a probar un hecho negativo: la probatio diabolica que el Derecho romano ya reconocía como pretensión imposible. Ningún sistema serio puede imponer a una persona la carga de acreditar que un hecho nunca ocurrió; por eso el proceso penal moderno descansa sobre un principio básico: quien afirma la existencia del delito debe probarlo.

Esto es especialmente claro en delitos como el tráfico de influencias, donde el tipo penal exige acreditar una influencia concreta, ejercida sobre una autoridad determinada, con finalidad y relación causal suficientes con el acto adoptado. Lo que no alcance ese nivel pertenece a la sospecha, no a la prueba, aunque el debate público suela exigir al investigado que demuestre precisamente lo contrario, invirtiendo una carga que corresponde a quien acusa.

La diferencia entre sospecha y prueba también se aprecia en el uso de indicios y declaraciones incriminatorias. La prueba indiciaria solo destruye la presunción de inocencia cuando parte de hechos plenamente acreditados que, en conjunto, conducen mediante un razonamiento lógico a una única conclusión incriminatoria; no basta acumular sospechas ni unir piezas inconexas. En fase de instrucción esos requisitos rara vez están completos, porque los hechos siguen investigándose y las diligencias buscan precisamente confirmar o descartar posibilidades, pero nunca convertir aquella en una prospección a la "caza" de delitos a los que acomodar los hechos. Anticipar un valor incriminatorio pleno a elementos todavía provisionales equivale a sustituir la función investigadora por una conclusión que corresponde al tribunal tras el juicio oral.

Algo semejante ocurre con las declaraciones de coimputados o los denominados “pentiti”: pueden orientar una investigación, pero no sustituir la prueba. Su credibilidad no depende de su impacto mediático, sino de que existan elementos externos que la verifiquen objetivamente. La jurisprudencia constitucional es constante en este punto: la declaración incriminatoria de un coimputado solo tiene eficacia probatoria si aparece corroborada por datos objetivos independientes, no por la repetición de otro relato semejante. Y cuando la obtención de ciertos elementos probatorios suscita dudas sobre su licitud inicial, reforzarlos mediante declaraciones derivadas de aquellos no elimina la objeción, sino que puede extenderla. Las garantías no son formalidades vacías: son las condiciones para que la verdad judicial sea también una verdad constitucionalmente legítima.

El proceso penal y el debate público funcionan con reglas profundamente distintas. El primero exige contradicción, corroboración y prueba válida; el segundo suele conformarse con la coherencia aparente de un relato. Por eso la acumulación de titulares puede crear una certeza social aparente contraria a la solidez jurídica de la acusación precisa. La novedad no es que existan críticas políticas o cobertura informativa intensa —algo que siempre ha acompañado a las democracias—, sino la velocidad con la que una investigación penal puede convertirse en una verdad social definitivamente cerrada.

Ahí emerge uno de los conceptos más inquietantes de la cultura jurídica contemporánea: la muerte civil. Antes describía la pérdida de capacidad jurídica asociada a ciertas condenas; hoy adquiere otro sentido, porque la exposición mediática de un procedimiento puede convertir al investigado en objeto de una condena social irreversible. Incluso una absolución posterior rara vez restituye del todo el daño reputacional, profesional y personal sufrido durante años.

No se trata de pedir impunidad ni de apartar a la justicia del escrutinio público: todo poder democrático debe ser criticado. Tampoco de ofrecer trato especial a quienes ejercieron responsabilidades políticas; la igualdad ante la ley implica que respondan ante los tribunales como cualquier otro ciudadano. Pero esa misma igualdad exige que disfruten exactamente de las mismas garantías procesales. Por eso la cuestión de fondo no es solo el caso concreto, sino la reacción que provoca el ejercicio de derechos procesales legítimos: cuando esa reacción se generaliza, el problema deja de ser individual y se convierte en institucional.

La presunción de inocencia no pertenece al investigado; pertenece al Estado de derecho. El derecho a guardar silencio o a no declararse culpable protege no solo a quien finalmente resulte inocente, sino también a quien pueda ser culpable, porque los derechos fundamentales existen no para premiar conductas ejemplares, sino para impedir que el poder castigue sin haber demostrado antes la responsabilidad conforme a las reglas del proceso. Cesare Beccaria escribió que es preferible absolver a un culpable antes que condenar a un inocente, porque el error del primer caso es excepcional y el del segundo destruye la confianza en la justicia. Hoy esa advertencia adquiere una dimensión nueva: el riesgo no reside solo en una condena judicial errónea, sino también en aceptar que la sospecha sustituya gradualmente a la prueba y que el proceso penal sirva para confirmar una culpabilidad ya construida en el espacio público.

Quizá haya llegado el momento de ampliar el debate sobre la presunción de inocencia. Durante años nos hemos preguntado cómo protegerla frente a decisiones arbitrarias del poder público; hoy la pregunta es distinta: cómo preservarla cuando el proceso penal sigue siendo formalmente correcto, pero el entorno político y mediático vacía de contenido sus efectos prácticos. La Constitución protege al ciudadano frente al poder del Estado, pero hoy el mayor poder para destruir la presunción de inocencia no siempre procede del Estado, sino de la capacidad de construir una verdad pública antes de que exista una verdad judicial. Ninguna garantía procesal fue diseñada para neutralizar por sí sola ese fenómeno. Por eso el problema decisivo ya no es si un procedimiento acabará en condena o absolución, sino si aceptamos que un ciudadano deba defender primero su reputación ante los medios para conservar después sus derechos ante los jueces. Si se invierte ese orden, se invierte también el sentido del proceso penal: cuando la sospecha sustituye definitivamente a la prueba, la víctima deja de ser un investigado concreto y pasa a ser el propio Estado de derecho.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

El otro día escuché a un senador norteamericano decir que si los demócratas no recuperan el control de la Cámara de Representantes en noviembre perderán mucho más que unas elecciones, perderán el país por mucho tiempo y quién sabe si la posibilidad de volver a votar con unas mínimas garantías democráticas. Aseguraba que estas de noviembre eran, seguramente, las elecciones más importantes en la vida de quienes le estaban escuchando. Era un demócrata liberal de esos a los que, en condiciones normales, no se puede votar. En esta ocasión pensé que quizá –a falta de un candidato mejor– le votaría. Tengo una sensación parecida a la de este senador con las próximas elecciones generales cuando por fin se celebren, la de que nos jugamos mucho más que cuatro años de un gobierno de derechas.

Si pienso en lo que ocurrirá si gana la derecha iliberal que nos amenaza, lo primero en lo que pienso es en Palestina. Palestina, hoy, es el asunto central de cualquier posicionamiento político y moral sobre el mundo. Todo pasa por Palestina: el derecho internacional, un mundo sometido a reglas, la justicia, el rechazo de la crueldad, de la ley del más fuerte. Palestina es el genocidio de nuestro tiempo televisado en directo y ante el que nadie ha hecho nada. No soy ingenua y sé que el Gobierno de Sánchez no hace todo lo que podría, y hay que exigir más, pero quien niegue la importancia de la posición internacional de España es un hipócrita que no ha visto cómo reconocen esta posición los palestinos y el resto del mundo. La nuestra, con todo, es una postura muy minoritaria en el contexto mundial; es una grieta de resistencia ante el horror. Con el PP-Vox, España se alineará con Trump y esta pequeña luz se apagará.

Hoy, sábado, cuando escribo esto, en Madrid no se puede respirar. La sierra de Madrid y el valle del Tiétar, nuestro pulmón, están desapareciendo bajo las llamas. Llueve ceniza. En El Bierzo, donde tengo una casa para cuando me jubile, hay otro incendio, y ya hubo uno terrible el año pasado. El negacionismo y la inacción climática deberían ser un crimen. El pacto de Estado contra el cambio climático es inexcusable como lo es tomar de una vez medidas duras y eficaces, pero la derecha ya ha dejado claro que está dispuesta a permitir que se desate el infierno antes que ponerle algún límite al capitalismo, antes que reconocer que es necesario apostar por lo público y defender lo común. Si ganan, las exiguas políticas medioambientales que se han ido levantado, caerán. Y en un país ya martirizado por décadas de desinterés, el destrozo que se hará de las costas, del paisaje, de los bosques, del territorio, puede ser irreversible. Van por todo y con todo.

Que este Gobierno se vaya sin derogar la ley mordaza es una traición a quienes les votamos. Si ya hemos comprobado cómo están la policía y los jueces, podemos imaginar cómo va a ser cuando no se trate ya únicamente de impunidad, sino de afán de venganza y prisa por hacer contrarreformas. Tenemos raperos encarcelados, detienen a cómicos y multan a manifestantes pacíficos. Tengo amigas en los tribunales y con petición de cárcel por ir a una manifestación; tengo amigas condenadas a pagar multas enormes por acudir a concentraciones de apoyo a derechos básicos. Es sólo un aperitivo de lo que viene. Tienen la policía y los jueces; pueden juzgar a cualquiera por cualquier cosa, lo hemos comprobado. La represión no hace falta que sea violenta para ser muy efectiva, pero la represión violenta es cada vez mayor, en todo el mundo. El fascismo de Trump ha organizado una cumbre mundial que pone los pelos de punta. De estar PP-Vox en el Gobierno no sólo hubieran vuelto de allí con ETA en plena forma, sino hablando de reprimir el terrorismo de la izquierda, ese que es inexistente pero que servirá para organizar la represión a escala mundial.

El proyecto contra las mujeres, armado y preparado desde hace décadas, se pondrá en práctica. No es como antes, cuando existía cierto consenso, no es parecido a lo que pueda hacer una comunidad autónoma. Con todo el poder, con Vox haciéndose cargo de las competencias de Igualdad, se producirá la asfixia de las asociaciones de mujeres y se desmantelará toda la arquitectura levantada desde hace años para luchar por la igualdad y contra la violencia. Podemos encontrarnos con una ley, como la que se pretende aprobar en Argentina, que no sólo dificulte las denuncias por violencia machista, sino que las penalice. O sea, vamos a decirlo claramente, que se pueda perseguir a una mujer que denuncia a su maltratador. Retrocesos en todos los derechos civiles, también LGTBI, aumento de la violencia, la vuelta a los armarios, y el miedo.

Y los retrocesos en derechos laborales, sociales y económicos, en los servicios públicos, van a ser brutales. Feijóo ya lo ha anunciado. La sanidad y la educación pública están en los huesos, irán a peor. Recortes en pensiones, desempleo, bajas por enfermedad, aumento del tiempo de trabajo etc. El PP/Vox, como está haciendo la derecha reaccionaria en todo el mundo, atacará gravemente la cultura, la universidad, el periodismo libre; nos inundará de bulos y de noticias basura. Todo será como Telemadrid, y hay que ver Telemadrid un rato para entenderlo. Odian la cultura y la inteligencia, y ya no disimulan.

Y no es que no sea consciente de lo que debería haberse hecho y no se ha hecho: desmantelar el bloque reaccionario, depurar los sectores que quedaron intactos del régimen del 78, democratizar el Estado, todo lo que no se hizo en su momento; todo eso de lo que en esta legislatura hemos sido dolorosamente conscientes. Y políticas de izquierdas que hubieran blindado los servicios públicos, que hubieran impedido su venta a novios, hijos, amigos, empresas varias… No es que no sea consciente de las políticas timoratas, turnistas, social-liberales que ha aplicado tantas veces el PSOE y que, al igual que ha pasado con todos los partidos socialdemócratas europeos, nos han traído hasta aquí. Pero lo que viene no es el PP de siempre. Conformarse no es una opción, y me da miedo que haya tanta gente que no sea consciente de lo diferente de este momento. Seguro que mi edad influye en esta sensación de urgencia. No quiero vivir esta etapa de mi vida viendo cómo se desmantelan todos los derechos por los que he luchado, con tanta gente. Creo que aún estamos a tiempo, pero hay que hacerlo ya.

Sin embargo, mi urgencia no parece ser la de los partidos políticos de izquierdas, que siguen a los suyo. Leo a líderes y a militantes y veo mucho de lo de siempre: gente mirándose el propio ombligo, es decir el propio partido. Los partidos son artefactos diseñados para reproducirse, para reproducir la propia estructura. Funcionan agrandando las diferencias y fortificándose ante aquellos con los que tienen fronteras comunes. Lo sé, he estado dentro. Y comprendo muy bien todas las pasiones que laten en los pequeños y grandes odios que nos separan, que muchas veces he compartido y que en más de una ocasión pueden ser legítimos. Tengo y tenemos muchas heridas, algunas siguen sangrando cuando leo o veo algunas cosas. Podría hablar de gente con la que he compartido una parte del camino y a la que conozco bien. Y, aunque todo el mundo puede cambiar, he conocido a mujeres que se burlaban del feminismo y que hoy son las más feministas, así como a hombres que hacían chistes muy machistas.

Hoy todo el mundo habla de los cuidados, pero en los espacios que he conocido el maltrato era más que habitual. Puedo hablar de ambiciones personales desmedidas y de traiciones. Puedo hablar de lo que me hicieron y de lo que nos hicieron. Puedo hablar de cómo las cloacas destruyen los proyectos y a las personas, de la falta de solidaridad de quienes ahora están en la misma posición, de su cobardía cuando pudieron frenarlo o cambiarlo. Puedo hablar de los errores internos, de la falta de democracia real, de cómo casi siempre se prefiere el control al crecimiento, de la desconfianza enfermiza, de las paranoias, de todas las miserias que he visto en mi partido y, en la misma medida, en los otros. Pero a estas alturas reconozco que ya no me importa quién dijo qué, ni quién hizo qué cosa. No me importa nada lo que me hicieron, lo que vi hacer o lo que hicimos; no me interesa quién tuvo la culpa o quién traicionó a quién.

No me importa nada de eso. No me importan los errores, ni las miserias propias o ajenas, quiero altura de miras, generosidad y voluntad de ganar este futuro, quiero esperanza. Sé que el miedo al fascismo no hace ganar elecciones, ya lo sé, pero sin duda lo que hace que las elecciones no se ganen es no comparecer con todo a las mismas. No se trata de unir unas siglas, ni siquiera un programa, sino de unir una voluntad, un deseo real de que no gane la derecha. Eso que se llamó unidad en otras ocasiones, eso conseguido en el último minuto, con el colmillo afilado y las espadas en alto para descargarlas el día después, eso ahora ya no vale de nada. Tengo la esperanza de que por detrás de lo que nos llega esté habiendo movimientos serios para construir un bloque democrático, como quiera que se articule, como quiera que se llame, que sea generoso y que no excluya a nadie.

Siempre me ha molestado el desprecio con el que algunos llaman a otros malmenoristas. El llamado malmenorismo depende de cuál sea el mal mayor. Todos somos malmenoristas en según qué situaciones. Y las elecciones que vienen no van a ser cómo otras. Ni por el contexto mundial, ni por lo que nos jugamos. Los ciclos en política son cada vez más cortos. Trump es un payaso fascista que puede caer en cualquier momento o fortalecerse aún más, ya veremos. Sí, aunque algunos se ofendan mucho, estamos en modo resistencia y necesitamos cuatro años más para resistir o para armar lo que sea que se pueda; para demostrar que se pueden hacer otras políticas y que el capitalismo no es el oxígeno que respiramos obligatoriamente, sino un mal que sufrimos y que puede ser combatido. No soy nada optimista, no lo soy de naturaleza; pero nada está escrito.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La carta remitida el lunes por el investigado en el conocido como caso zapatero Julio Martínez Martínez, en oportuna coordinación con el expresidente de la compañía aérea Plus Ultra y otro directivo de la misma, no son casos espontáneos, obedecen a un camino señalado recientemente por el Tribunal Supremo en el caso Ábalos que forma parte de una determinada concepción del derecho penal y en concreto de cómo se conforma la acusación y cómo se valora la prueba: la idea de que una vez que se configura una determinada hipótesis sobre la ejecución de un delito, el verdadero objetivo ha de ser encontrar la 'pieza mayor', el culpable más codiciado por las razones que sea, bien por razones político-criminales de encuentro de los máximos responsables, bien por alcanzar a los más vistosos o más trascendentes públicamente. Y todo ello, aunque para conseguirlo sea necesario construir una cadena de inferencias que enlace personas, reuniones y contactos hasta alcanzar al destinatario de la investigación, y aunque no existan pruebas periféricas o complementarias que con certeza lo avalen.

Naturalmente, para obtener esta suerte de delaciones determinantes es preciso premiar con excelsa generosidad a quienes las protagonicen, hasta el punto de obviar las condenas que pudieran corresponder al delator, cuya recompensa puede ir acompañada incluso del reconocimiento o aplauso social unido al olvido público (véase Aldama). No han inventado ni la fiscalía ni el Supremo patrio esta fórmula, obra con profusión en países como Estados Unidos, que incorpora fuertes incentivos para incriminar a terceros, o en Italia, que la empleó especialmente en asuntos como la mafia o el terrorismo, lo que derivó en ambos países a una fuerte reflexión al respecto una vez cosechadas falsas acusaciones e importantes abusos a la hora de concluir procesos, llevando a concluir la necesidad de obtener corroboraciones ajenas a la delación suficientemente fundamentadas para concluir la acusación.

En España no hemos sido ajenos a estas fórmulas de investigación, pero en teoría nuestro sistema ha sido mucho más garantista, reiterando el Tribunal Supremo que la declaración de un coimputado o de un partícipe no constituye una prueba privilegiada, sino que exige datos objetivos externos para fundamentar la condena, lo que ha quebrado en mi opinión el tan conocido y tan mediático juicio Ábalos, con las consecuencias que podemos empezar pronto a ver como apunta la investigación en el caso Zapatero.

La forma de razonar que parece subyacer tras la carta remitida por el Sr. Martínez y los otros dos investigados es clara, y consiste en proyectar responsabilidades sobre terceros, en este caso el expresidente del Gobierno, aunque en el caso al que se refieren no existan elementos objetivos equivalentes y ni siquiera sepan señalar qué actividades constituyeron la actividad delictiva. Es decir, si hubo tráfico de influencias: ¿ante qué autoridad pública se produjo?, ¿qué decisión administrativa concreta consiguió alterar?, ¿qué funcionario público recibió la influencia? Sin responder a estas preguntas (y al menos el señor Martínez no lo hizo en su declaración ante el juez al día siguiente) no existe reconstrucción típica del delito, sino una sucesión de sospechas.

No saber identificar al menos ante quién habría desplegado el Sr. Zapatero su actividad de influencia decisiva no es un detalle menor, es la pieza central del proceso penal y sobre ello hay que insistir. ¿Cómo podría el socio esencial del expresidente, su gran amigo, el transmisor y el eje de comunicación con la empresa pagadora de las supuestas mordidas no saber siquiera cuál era el objetivo de la influencia? Descartado que lo pueda conocer y no lo cuente ante la tan tentadora posibilidad de aumentar sus beneficios penales, tiende una a pensar en el riesgo de que estemos premiando ideaciones dirigidas a salvar los riesgos propios.

Y voy una vez más a terminar intentando elevar el análisis del caso concreto para señalar los riesgos colectivos, entendiendo por colectivo la propia pervivencia del Estado de derecho, y esta pervivencia quiebra si rebajamos los estándares de la prueba, si los investigados no son todos iguales: con todos los beneficios de la presunción de inocencia y toda la carga necesaria para destruirla; si la posición en el mundo desde un punto de vista político, social o económico de los presuntos partícipes de la acción delictiva constituye un objetivo o un desincentivo para la investigación penal, porque la tentación en este caso pasa de operar solo sobre los delatores y puede hacerlo también sobre el propio sistema buscando atajos o persiguiendo objetivos ajenos al propio fin de la justicia.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

La península arábiga alberga un conflicto bélico oculto tras los grandes titulares que copan otras regiones desde hace más de una década. Pero más allá de eso, Yemen es una pieza clave en Oriente Medio y en el devenir de la gran guerra regional que ha vivido en 2026.

La relación de los bandos de aquel contencioso inconcluso con diferentes potencias regionales ha marcado el paso de los últimos años y ha colocado al país árabe en la primera línea de los escenarios incendiarios para mediados de año. Irán, Arabia Saudí, Israel, Emiratos Árabes, Estados Unidos. Todos están pendientes del pequeño país.

A pesar de lo escandaloso mediáticamente de otros conflictos como Ucrania, Palestina o Irán, la guerra de Yemen abrirá este 2026 su decimotercer año. En el estadio más reciente nos encontramos con un tablero dominado por dos facciones.

Los hutíes, socios de Irán, controlan la capital y la región occidental del país desde su éxito en el levantamiento armado tras la Primavera Árabe. El gobierno internacionalmente reconocido, elegido tras acuerdos entre líderes árabes, controla sobre todo el sur y el este pero ha ido cambiando el peso de sus socios, inclinándose hacia Arabia Saudí de manera clara.

Aunque durante muchos años los independentistas sureños, apoyados por Emiratos Árabes, han controlado la ciudad de Adén, que sirve de capital temporal del gobierno internacionalmente reconocido, la disputa entre Arabia Saudí y Emiratos Árabes ha hecho que dicha convivencia punteada se rompa.

No es la primera vez que ocurre. A lo largo de la guerra, el sector pro-saudí y el pro-emiratí se han enfrentado en numerosas ocasiones. Pero tras un intento de avanzar hacia la independencia y la expulsión de los pro-saudíes en enero, el sector independentista sureño sufrió una severa derrota. La contienda volvió a centrarse en la dinámica regional entre Riad y Teherán. Y Tel Aviv.

Con la reconciliación saudí-iraní de 2023 patrocinada por China parecía que se abría la puerta a una eventual paz definitiva que diese recorrido al alto el fuego donde los hutíes exigían varias cosas pero se centraban en el desbloqueo de sus puertos y aeropuertos.

Arabia Saudí llevaba mucho tiempo buscando una salida del conflicto porque la respuesta de los hutíes a su intervención armada se trasladó a su propio territorio. Bases militares, aeropuertos e infraestructura petrolera saudí sufrieron las represalias por los ataques en suelo yemení. La estrategia funcionó.

Con la invasión de Gaza primero, la de Líbano y Siria después y la guerra contra Irán por último, Israel se situó en el foco de los hutíes. El gobierno de Saná, controlado por el grupo chií, aplicó represalias sobre Israel en la forma de proyectiles de impacto limitado y con un bloqueo del mar Rojo a los buques vinculados con el sureño puerto israelí de Eilat.

Israel llegó a asesinar a buena parte del gobierno yemení hutí pero no logró descabezarlo por completo. Estados Unidos y otros socios, incluyendo europeos y árabes, se lanzaron en 2025 a una coalición para atacar Yemen por el papel de los hutíes en dicho bloqueo a la libertad de navegación. Pero la operación terminó en la irrelevancia y el coste antieconómico.

En 2026 llegó el turno de Irán. Con la expansión de la guerra hacia Arabia Saudí y otros países del Golfo Pérsico, la sintonía entre Teherán y Riad se rompió. Irán empezó a apuntar contra el puerto de Yambu, en la costa saudí del mar Rojo. Pero también se vieron refuerzos en Yemen por parte de ambas facciones de cara a una posible reactivación de los frentes que llevaban años congelados.

Israel, por su parte, se apresuró a ser el primer país del mundo que reconocía a Somalilandia como Estado independiente, ya que este territorio africano se encontraba en frente de las costas de Yemen. Somalilandia ofrecía a cambio una posición privilegiada para combatir a los hutíes y consolidar los intereses israelíes en el mar Rojo. Pero el daño que llevó a la práctica quiebra al puerto de Eilat amenazaba también con dejar muy debilitadas las economías de Egipto y Arabia Saudí.

Tras el éxito que los hutíes vieron en las crisis del mar Rojo previas, las represalias contra Israel y la escalada horizontal que Irán impuso en el Golfo Pérsico, el siguiente paso parecía el cierre del Estrecho de Bab el Mandeb, la puerta sur del mar Rojo. Esta decisión sería un nuevo y duro golpe a la economía, el comercio y el mercado de la energía globales.

La hostilidad entre Irán y los socios estadounidenses se ha mantenido contenida a ataques centrados en Kuwait y Baréin durante el periodo posterior a la firma del memorándum de entendimiento con Trump. Pero ha habido episodios donde Jordania e incluso Arabia Saudí han visto su territorio amenazado.

Al regresar del funeral del Líder Supremo, una delegación hutí trató de aterrizar en Saná rompiendo el bloqueo que el gobierno pro-saudí había impuesto de su aeropuerto. Si a estas alturas no se había producido el definitivo y esperado desbloqueo, los hutíes prometían una respuesta en medio de la creciente tensión.

El aeropuerto de Saná fue atacado y los hutíes aterrizaron en la ciudad costera de Hodeidah. Ante este incidente, los hutíes comenzaron a responder con ataques sobre Arabia Saudí recordando a las importantes oleadas de hace años. La crisis regional se está expandiendo en Yemen de manera más intensa y veloz que en los últimos años.

El último episodio de gran relevancia pasa por el ataque a dos buques saudíes y la subsiguiente intervención de Trump en el asunto. La amenaza responde a la misma ecuación que pretende imponer a Irán. Si Teherán o Saná atacan nuevamente un buque, será equivalente a un ataque estadounidense contra ellos. Justo cuando Estados Unidos trataba de reposicionar a Arabia Saudí junto a Israel gracias a un acuerdo de desarrollo nuclear civil conjunto.

Pero las muertes de militares que Washington ha sufrido en Jordania, el control de Ormuz que Irán sigue insistiendo en asentar y el renovado pico de tensión en Bab el Mandeb son elementos que dejan a Trump a unos días de devolver el fuego a toda la región. Porque la ecuación que planteó Irán, y recogen ahora los hutíes, es ya conocida: la respuesta se sentirá en los países del Golfo. Y por ende, en todo el mundo.

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*Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

La derecha política está estos días como el meme ese de la cara amargada y llorando con la careta sonriente. Celebra la victoria de la selección, llegando incluso a tratar de apropiarse, por boca de Feijóo, a España, pero por debajo se ha sentido realmente incómoda. Vale recordar el tuit de Vito Quiles renegando de la selección porque había dos no blancos; el impresentable artículo de Rajoy, que hablaba de Francia, pero se dirigía a España; las respuestas iracundas en redes por cómo celebró Lamine Yamal un gol; algunas respuestas ante el empate contra Cabo Verde, donde algunas voces decían que eso no era España, sino el Barça; o cómo, antes de la semifinal contra Francia, varios medios decidieron que era el mejor momento para cuestionar a la selección. A esto tenemos que sumarle la asociación que se ha hecho con Palestina contra Israel, el momento geopolítico en el que Trump echa pestes de España y sus sucursales locales le aplauden o que, simplemente, deseaban que perdiese para poder llamar gafe a Pedro Sánchez.

La derecha tiene un problema con España: no le gusta, no la soporta. No soporta a los jubilados, a los que llama privilegiados; no soporta a la juventud, a la que llama generación de cristal; no soporta a las mujeres, a las que considera unas histéricas; no soporta a los homosexuales, a los que llama pedófilos; no soporta a los trabajadores, a los que llama vagos; y, por supuesto, no soporta a los trabajadores inmigrantes, a los que llama parásitos. Y es que, por no gustar, no le gusta ni la selección española porque hay un moro, un negro, mucho vasco y catalán. La caverna tiene un problema con España porque le molesta la España real, concreta y diversa, y necesita imponer a la realidad su idea estrecha de lo que tiene que ser España.

Pero, ¿cómo puede tener apoyo si desprecia a la inmensa mayoría? Porque la política tiene mucho de articulación, de activar unas pasiones en contra de otras y, en este caso, se busca generar un resentimiento y rechazo cruzado entre las distintas partes de la sociedad: enfrentar a jóvenes contra mayores, a mujeres contra hombres, a trabajadores de aquí con trabajadores de allá, y una idea de familia opuesta a otras ideas de familia. Se da a entender que la libertad de unos va en detrimento de la libertad de otros, que el reconocimiento de unos va en detrimento del de otros, que la diversidad nacional, lingüística, social y cultural es una amenaza.

Los jubilados le chupan la sangre a la juventud; la juventud, en palabras de la CEOE, son unos “memos” que desconocen el valor del esfuerzo; los inmigrantes, que como casi no curran, vienen a colapsar la sanidad y a quitarle la vivienda a la juventud española. Los trabajadores españoles, en cuanto pueden, cometen fraude y perjudican a sus compañeros; los funcionarios viven demasiado bien y habría que igualarlos a la baja. Esto último, igualar a la baja, es el veneno del resentimiento que inocula la derecha en la sociedad: la envidia, empeorar a los demás, culpar al otro, no buscar la propia mejora ni afirmarse uno mismo.

Se ha visto perfectamente en la polémica de las bajas por enfermedad por boca de Lorenzo Amor o Díaz Ayuso, que comparaban la disparidad del índice de bajas entre los asalariados y los autónomos. Y es cierto: a mayor seguridad y menor exposición a la necesidad, mayor libertad para rechazar ir a trabajar enfermo. Eso es algo bueno. Por eso, quien tiene un contrato indefinido tiene más margen para decidir no trabajar enfermo que quien tiene un trabajo temporal; por eso, un asalariado suele tener más margen que un autónomo.

¿Qué proponen? Igualar a la baja. En ningún momento se les ocurre que sea un problema que España, después de Grecia, tuviera el mayor crecimiento de autónomos tras la crisis de 2008; que los países con un tejido productivo más desarrollado tengan menos peso de autónomos sobre el total; o que el porcentaje de autónomos por obligación en España sea de los más elevados de Europa. El razonamiento de Ayuso, Amor y la derecha pasa por acabar con los contratos indefinidos y con la seguridad laboral, en lugar de incrementarla, e igualar a la baja, tomando como medida a quienes peor lo pasan. En lugar de igualar hacia arriba y mejorar la vida de unos, buscan empeorar la vida de otros. Ese es su proyecto para España: enfrentar, generar resentimiento, adular a los ricos, servir.

Todos son criticables y puestos en duda. ¿Todos? No. Hay una minoría que solo recibe halagos y piropos: rentistas y explotadores son siempre ahorradores y generadores de riqueza. Son españoles de bien, presentados como víctimas, trabajadores, emprendedores y aventureros que, para sacar adelante una familia y un país, se enfrentan a vagos, morosos, rojos, feministas, inmigrantes y a Hacienda.

Ahora toca celebrar el Mundial y también celebrar una España nueva: real y concreta.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Un cambio en la composición del Gobierno, bien por la vía de una moción de censura o por la vía electoral, supone siempre una variación de la organización del Gobierno precedente, bien de forma estructural (número de ministerios) o un cambio de algunas normas jurídicas, siempre que no afecten a derechos fundamentales consolidados por el refrendo del Tribunal Constitucional apoyado además por acuerdos o tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España.

La tensión política que estamos viviendo, desde que el 23 de julio de 2023 se vieron frustradas las expectativas que algunas encuestas y una gran parte de la opinión publicada otorgaban al Partido Popular como vencedor indiscutible e inquilino del Palacio de la Moncloa, se ha incrementado hasta llegar a límites asfixiantes que ponen en peligro la supervivencia del propio sistema democrático. La derecha política y otros centros de poder empresarial y mediático e incluso la salida de tono del presidente de la Conferencia episcopal se han unido a los ataques y a la presión sobre el Gobierno de coalición centrados en la persona de su presidente, acudiendo a excesos dialécticos rayanos en el puro delirio. La colaboración para alimentar este clima se ha visto reforzada por la actuación selectiva de algunos sectores de la judicatura que aisladamente o en bloque bastante numeroso se han posicionado en abierta rebelión contra las normas de procedimiento.

No se trata de un simple cambio de Gobierno. Feijóo en su momento habló, ante el asombro de los constitucionalistas, de la celebración de una “moción de censura instrumental” con el objetivo de hacer una “limpieza” y convocar elecciones. Ya estaba en su mente la creación de una empresa de “Reformas y limpiezas” con unos objetivos que alcanzan, en estos momentos, a unas cien leyes. Como es lógico tiene prioridades que ha trasladado a la opinión pública, lo que siempre es de agradecer.

Su secretario general Miguel Tellado ha dado algunas pistas en una reciente entrevista concedida a Esperanza Aguirre en el diario digital The Objective: “Hace falta un cambio de gobierno en España (...) y hay que derogar el sanchismo en su totalidad. Eso supone tocar cerca de 100 leyes”. El catálogo es amplio: reducir prestaciones por desempleo, limitar la representación sindical de los trabajadores, volver a considerar enfermas a las personas trans, limitar el acceso a prestaciones como el ingreso mínimo vital o acabar con las ayudas a víctimas del franquismo y personas migrantes. Por supuesto la derogación de las leyes de Memoria Democrática y la de Amnistía.

Espero que las urnas eviten que puedan acceder al poder, pero los presagios que nos proporcionan las encuestas son reiterados y por tanto habrá que estar preparados para cualquier eventualidad. La única ventaja radica en que el PP se ha despojado de sus veladuras y se ha fundido con la extrema derecha de VOX con la que ya gobierna en varias Comunidades Autónomas, luego el elector no puede llamarse a engaño.

Si desgraciadamente se confirman los malos augurios, alguien debería entregar al futuro Consejo de Ministros un manual de instrucciones. Con el desparpajo que les caracteriza, Feijóo y Tellado han afirmado rotundamente que la primera decisión que adoptarán será la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Para su ilustración les recuerdo que el artículo 2º. 2 del título preliminar del Código Civil establece que las leyes sólo se derogan por otras posteriores.

Si insisten en llevarla a afecto, saben que tanto el Relator de Naciones Unidas como otros organismos internacionales ponen en cuestión su compatibilidad con los textos internacionales de derechos humanos y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. En todo caso, el Preámbulo debe incluir la referencia histórica a que el golpe militar contra la democracia encarnada en la Constitución republicana comenzó con los Bandos de guerra (Mola y Queipo de Llano 18 de julio de 1936) en los que se ordenaba “pasar por las armas sin necesidad de juicio a todos los componentes del Frente Popular y a las personas que les ayudasen”. Como puede comprobarse, un “buen comienzo para una reconciliación”.

Feijóo, en su afán por las reformas, se apunta a la ley de la Comunidad de Madrid y anuncia que: “Si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. Si se trata de ayudar a la mujer, sin exclusiones, y a las familias, en principio nada habría que objetar jurídicamente y salvo que se derogue el artículo 29 del Código Civil en el que ya está previsto que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Mantiene, como impone la biología, que solamente el nacimiento determina la personalidad y por tanto la titularidad de derechos. Todo lo que precede son expectativas e incluso ficciones. De momento ha manifestado que no tiene intención de reformar la vigente ley del aborto.

Cercenar derechos o reducirlos no es gobernar. Es más bien una tarea de iconoclastas y no de políticos. A nadie deben extrañar los excesos oratorios de los líderes políticos. Mientras se mantenga la permanencia de España en la Unión Europea deben tener en cuenta la supremacía de las normas emanadas de sus órganos y las decisiones del Tribunal de Justicia como máximo intérprete de la normativa europea.

En su frenesí derogatorio pretenden eliminar la Ley de Amnistía, misión imposible, por ser radicalmente inconstitucional. Por más que lo intento no consigo ensamblar el rechazo de la amnistía con el propósito de pasar página sobre la ilegal condena a los líderes independentistas. Por favor, lean con ojos limpios y mente lúcida las resoluciones del Tribunal de Justicia. Les recuerdo un pasaje: “En conclusión esta ley busca proporcionar seguridad jurídica, el respeto por el principio de legalidad y un marco legal para la protección de los derechos fundamentales”.

Sr. Feijóo, como jefe de una empresa de reformas, le recuerdo que hay columnas y muros que no se pueden derribar sin que se venga abajo el edificio.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Si último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).

La estrategia parecía sencilla. Romper la tregua, intensificar los bombardeos sobre instalaciones militares iraníes, degradar sus capacidades de respuesta y obligar a Teherán a volver a la mesa de negociación en una posición de debilidad. Dos semanas después, los hechos apuntan en otra dirección. Estados Unidos ha demostrado una vez más su superioridad militar, pero no consigue modificar el cálculo estratégico de la República Islámica. Y esa es la cuestión que empieza a perfilar el verdadero alcance de esta guerra.

Durante décadas, Washington ha abordado Oriente Medio desde una premisa que rara vez ha resistido la prueba de los hechos: la idea de que la presión militar puede crear las condiciones para una solución política favorable. Ocurrió en Irak, ocurrió en Afganistán y, en menor medida, también en Siria. La capacidad para destruir infraestructuras, eliminar dirigentes o paralizar temporalmente la capacidad militar del adversario nunca ha sido suficiente para alterar su voluntad política. Irán parece dispuesto a confirmar de nuevo esa vieja lección.

Los últimos bombardeos estadounidenses han afectado a bases militares, sistemas de defensa aérea e infraestructuras estratégicas. Sin embargo, Teherán continúa conservando aquello que realmente importa en una guerra de estas características: capacidad de respuesta. Los ataques contra instalaciones estadounidenses en el Golfo, la presión permanente sobre el estrecho de Ormuz y la posibilidad de activar, de forma más o menos coordinada, a sus aliados regionales siguen formando parte de su arsenal estratégico. La cuestión, por tanto, no es si Estados Unidos puede seguir golpeando a Irán. La cuestión es cuánto tiempo puede hacerlo sin obtener un resultado político tangible.

Donald Trump afronta un dilema que trasciende el terreno militar. A diferencia de otras guerras, el tiempo no juega necesariamente a favor de quien dispone de mayor capacidad de fuego. Cada semana de operaciones incrementa el coste económico de proteger las rutas marítimas, mantiene la incertidumbre sobre los mercados energéticos y aumenta el riesgo de un incidente que obligue a una escalada todavía mayor. Lo que comenzó como una operación destinada a restaurar la disuasión amenaza con convertirse en una guerra de desgaste que la propia Administración había prometido evitar.

El error consiste en seguir interpretando este conflicto como una confrontación convencional. Irán no pretende derrotar militarmente a Estados Unidos. Sabe perfectamente que no puede hacerlo. Su objetivo es otro: convencer a Washington de que el coste de mantener la presión terminará siendo superior a los beneficios que pueda obtener. Es una lógica que ya conocimos en Irak o Afganistán, aunque con instrumentos diferentes. No se trata de conquistar territorio ni de obtener grandes victorias militares. Se trata de prolongar el conflicto hasta erosionar la voluntad política del adversario.

Teherán dispone para ello de varias ventajas que suelen pasar desapercibidas. La primera es su capacidad para combinar medios convencionales y no convencionales. Misiles, drones, operaciones navales, ciberataques o sabotajes permiten mantener una presión constante sin necesidad de entrar en una guerra abierta de grandes dimensiones. La segunda es su posición geográfica. El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales cuellos de botella del comercio energético mundial. No hace falta bloquearlo completamente para generar incertidumbre. Basta con mantener la amenaza creíble de que puede hacerse.

La tercera ventaja es política. El régimen iraní atraviesa dificultades económicas evidentes y un creciente desgaste interno, pero la presión exterior refuerza el discurso de la resistencia nacional. La historia demuestra que los ataques extranjeros suelen fortalecer, al menos temporalmente, a los gobiernos que los sufren. Apostar a que los bombardeos desencadenarán un colapso político en Teherán constituye, cuando menos, una hipótesis arriesgada.

Mientras tanto, la diplomacia intenta abrirse paso en un contexto cada vez más adverso. Catar, Omán y otros mediadores mantienen contactos discretos para recuperar algún tipo de alto el fuego que permita retomar las negociaciones. El simple hecho de que esas conversaciones continúen revela que ninguna de las partes considera posible una victoria decisiva. Pero también pone de manifiesto otro problema: nadie quiere aparecer como el primero en ceder.

Israel observa esta situación desde una lógica distinta. Para el Gobierno de Benjamín Netanyahu, el debilitamiento de Irán constituye una oportunidad estratégica que difícilmente volverá a repetirse. La erosión de Hezbolá, la pérdida de influencia iraní en Siria y la implicación militar estadounidense alimentan la idea de que ha llegado el momento de alterar definitivamente el equilibrio regional. Sin embargo, esa percepción puede conducir a una peligrosa ilusión. Debilitar a Irán no equivale necesariamente a estabilizar Oriente Medio. De hecho, puede producir el efecto contrario si empuja a Teherán a convertir la confrontación permanente en el eje de su política exterior.

En este momento está por ver si Washington dispone realmente de una estrategia para convertir sus éxitos militares en un acuerdo político. Hasta ahora, los bombardeos han demostrado que Estados Unidos puede destruir capacidades. No ha demostrado que pueda construir una salida.

Quizá esa sea la principal enseñanza de este nuevo episodio en Oriente Medio. La superioridad militar sigue siendo una condición necesaria para proyectar poder, pero ha dejado de ser suficiente para ordenar políticamente una región. Estados Unidos puede seguir castigando a Irán. Irán puede seguir resistiendo. Israel puede seguir debilitando a sus adversarios. Pero ninguno parece capaz de definir un horizonte político que vaya más allá de la siguiente operación militar. Por el momento Israel gana y una nueva normalidad se instala en Oriente Medio.

Y esa es precisamente la señal más preocupante. Cuando una guerra deja de responder a un objetivo político reconocible y comienza a sostenerse por su propia dinámica, el riesgo no es únicamente que se prolongue. El riesgo es que termine convirtiéndose en la nueva normalidad de Oriente Medio.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Buenas. He dejado aparcado todo lo que estaba haciendo para escribir esta tribuna, que considero, llegados a este punto, urgente. Para el título me he inspirado en el título de una canción de Luis Brea (“Baso” es con “v”). La oportunidad me la ha brindado el magnífico logro de nuestra selección española de futbol masculino, que celebro y que me alegra mucho, por todo lo que significa y une. La urgencia la trae consigo el nombre del autor del gol determinante de la épica victoria de España: Ferran Torres. 

Mi hijo se llama Ferran. Acabo de superar un tormento administrativo para conseguir quitarle la tilde en la "a" que se coló, siempre he querido pensar que por desconocimiento y despiste, en la emisión de su primer DNI. 

“Hay que quitarle el acento al chiquillo” ha sido una larga cantinela en casa, pero como el día a día es como es, y durante muchos años ese error tenía bajo impacto, no había momento bueno para hacerlo. Aunque tampoco era inocuo su impacto: durante toda la etapa escolar del chaval, especialmente en primaria, lo de la tilde fue una faena porque sus profes, al ser una palabra aguda terminada en -an, añadían la tilde en el nombre que él escribía sin tilde porque yo le explicaba que su nombre, que es valenciano, no la lleva. Pero claro, en su DNI sí la llevaba. Pobret.

Cuando comenzó el curso escolar 2025-26 nos impusimos un plazo perentorio para tener el asunto resuelto, que debía ser antes de que finalizara el curso, crucial de fin de etapa y de correspondiente titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

“Antes de que se nos vaya de las manos” era mi obsesión. No era un temor infundado. Recordaba cuando mi padre reunió fuerzas para hacerle a mi madre un regalazo de cuarenta cumpleaños: corregir el desaguisado de nombre que quien la inscribió en el Registro Civil tuvo a mal estampar pluralizándolo. Un regalo que no tiene precio, pero que costó una barbaridad porque además de no existir la administración digital en aquél entonces, supuso cambiar el nombre de una persona adulta, trabajadora, con titulación universitaria y una cantidad indeterminada pero numerosa de documentos oficiales imprescindibles para la vida diaria ya emitidos y, por tanto, afectados, incluidos los DNI de sus hijas, una de las cuales era yo. Tuvieron que testificar compañeros de trabajo para confirmar el nombre por el que respondía mi madre, y aportar comunicaciones formales con el nombre correcto (el deseado, más bien, en el momento del registro y el utilizado toda su vida). Un sinfín de trámites con final feliz.

Consultada mi web oficial de cabecera para los cambios de nombre y apellidos (ver aquí), nos pusimos a la faena hace unos meses. Revisamos todos los DNI emitidos, que como cuando los menores son pequeños se han de renovar con bastante frecuencia, eran unos cuantos, y nos dimos cuenta entonces de que en el primero de ellos ya estaba la tilde en la "a". Horror. 

En la copia simple de la partida literal de nacimiento que el trámite requería acreditar comprobamos que el nombre ha estado siempre registrado de forma correcta, sin tilde. Se me despertó entonces, por cierto, un recuerdo del hospital, con Ferran recién nacido y su padre saliendo por la puerta raudo al Registro Civil mientras yo le exhortaba hecha un guiñapo en la cama: "¡¡¡Que no le pongan el acento!!!"

Solicitamos, como decían las instrucciones, un certificado a la Academia Valencia de la Llengua para acreditar nuestro reclamo, que emitió rapidísimo y que lee (no traduzco porque se entiende perfectamente y existe el traductor SALT): "Que el nom valencià Ferran, d’acord amb l’ortografia aprovada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en la seua Gramàtica normativa valenciana, no ha de dur accent gràfic en la vocal a, per tractar-se d'una paraula aguda acabada en -an".

Llegados al último paso, ya en comisaría para corregir el nombre en el DNI, resultó que aunque todo lo anterior estaba bien, quitar el acento mal puesto en el DNI seguía siendo un cambio de nombre, lo que supuso un par de gestiones adicionales allí mismo, y un par de semanas de espera adicionales, antes de conseguirlo. A tiempo de que la consejería de educación pudiera emitir el título oficial de la ESO sin tilde en el nombre. 

Pues todo esto os cuento para confesaros que me sudan los ojos cuando veo Ferran escrito con tilde. Y desde hace unos días, lo veo así escrito en todas partes. 

Mi predicción es que las poco más de 13.000 personas que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) respondían en España en 2025 al nombre de Ferran (que tienen una edad media de 33 años) serán más de 50.000 en 2030. Como hoy son 50.000 los Iker (con una edad media de 19 años todos ellos) o los Alex (17 años). Muchos niños que nazcan a partir del 19 de julio de 2026 en España y más allá, se van a llamar Ferrán, con tilde, como no haya alguien que lo pare. Y yo quiero pararlo antes de que nazcan los futuros Ferran llamados así por Ferran Torres, que es sin tilde. Ferran con tilde no existe porque Ferran en castellano es Fernando.

A todo esto, al interesado del trámite, mi hijo, el asunto le ha dado siempre bastante igual, he de confesar, hasta que su nombre, poco comprendido fuera del territorio de origen, lo ha petado.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La vida que llevaron las mujeres de las que esta serie va a hablar no fue una cuestión de suerte, sino más bien todo lo contrario. Con la segunda República, en nuestro país se había empezado a reconocer a las mujeres como ciudadanas, con voto, divorcio y escuela mixta, pero la dictadura hizo de devolverlas al hogar un programa de Estado. Esta serie de verano cuenta las vidas que esa marcha atrás dejó sin cumplir. La primera jugaba al fútbol.

Estamos en los días del aniversario del golpe, y este domingo España ganó el Mundial de fútbol masculino. Un tal Ferran Torres marcó en la prórroga y se lo agradeció a dios, que había querido escribir así la historia, dándole las cosas a quien más se las merece. Y claro, aunque resulta que desde el domingo España tiene a la vez los dos mundiales, porque el de las mujeres se ganó en 2023, de aquella final muchas no recordamos el gol de Olga Carmona sino al presidente de la Federación besando en la boca a Jenni Hermoso sin su permiso, por lo que un tribunal lo condenó después por agresión sexual. No es que las mujeres no nos merezcamos ganar, no tiene nada que ver con la suerte. Hay un orden de las cosas que hace que Ferran no haya sido el primer hombre español en marcar el gol que nos dio un mundial y, sin embargo, de Carmona, la primera mujer, no se acuerde ni dios. 

De todo esto me acuerdo estos días por otra Carmona que jugó al fútbol mucho antes y a la que no dejaron llegar a ninguna final. Se llamaba Ana, la llamaban Nita y la apodaron Veleta, vete tú a saber si por la rapidez con la que podía ser hombre o mujer, una pionera de lo queer si me preguntan. Nació en el barrio malagueño de Capuchinos en 1908, hija de un estibador del puerto y un ama de casa, y aprendió a jugar mirando a los marineros ingleses en las explanadas. Como a las niñas no se les permitía, se vendaba el pecho y se recogía el pelo bajo la gorra para colarse en el Sporting de Málaga como un hombre más. Cuando la descubrieron le raparon la cabeza y la tuvieron en arresto por alterar el orden, que se ve que era aquello contra lo que atentaba entonces una mujer que corriera detrás de un balón por pura diversión. Se marchó a Vélez a seguir jugando. Murió en 1940, a los treinta y dos años, de tifus, y la enterraron, como había pedido, con la camiseta del Sporting.

Todo eso ocurrió. Lo que voy a contar a partir de aquí, no, y lo cuento igual, que para eso el archivo dejó su vida a oscuras y algún hueco habrá que llenar, aunque sea a mano.

En la Nita que pudo ser, el tifus de 1940 no llega. Aquella epidemia se alimentaba de guerra, de hambre y de gente hacinada en la derrota, y en la España que gana la guerra que perdió no hay bastante de eso para criarla. Así que Nita cumple los treinta y tres, y los cuarenta, y sigue jugando cuando llega el tiempo, que en esa España sí llega, en que las mujeres pueden hacerlo sin esconderse. El fútbol femenino, que apenas asomaba en los años de la República, crece en vez de morir de un tiro. Finalmente termina habiendo una gran liga de mujeres en la que Ana Carmona puede jugar, con su pelazo y sin vendaje ninguno.  

Una tarde de primavera de 1943, en un Metropolitano lleno, la selección española de mujeres juega su primer partido contra Portugal con el escudo cosido en la camiseta, vaya orgullo patrio la selección de chavalas. La capitana es una malagueña de treinta y cinco años a la que de joven le raparon la cabeza justamente por jugar. Marca ella el primer gol de aquel equipo, de cabeza, con su pelazo, en un córner. En la grada está su padre, el estibador que años atrás la sacaba a rastras de los descampados, absolutamente emocionado, nunca pensó él que en los años cuarenta fuera su hija la que le iba a dar semejante alegría en una portería. Después Nita juega unos años más, entrena a niñas, ve pasar por sus manos a tres generaciones de crías de Capuchinos y de Vélez. Muere mayor, en su cama, en 1996, a los ochenta y ocho años, con la camiseta del Sporting doblada esperando en el cajón, con su nombre bordado, que es el mismo que lleva el campo donde hasta hace bien poco seguía entrenando a todas las malagueñas que se apasionaron por el balón como ella, La veleta, un templo en el que cualquier persona que se dedique al fútbol profesional querría jugar. 

Nada de eso pasó. En la vida verdadera, la selección española femenina no jugó su primer partido hasta el 21 de febrero de 1971, treinta y un años después de la muerte de Nita. Fue en Murcia, contra Portugal, ante tres mil quinientas personas, y a las jugadoras no se les permitió llevar el escudo de España en la camiseta. Al árbitro lo obligaron a dirigir en chándal porque no le dejaron vestir de árbitro. Durante esos mismos años, el fútbol de los hombres fue escaparate del régimen, que llenaba de banderas los estadios y celebraba sus victorias como si fueran las suyas. Las mujeres no ganaron un Mundial hasta 2023, y ya se ha visto cómo se lo agradecieron.

A Nita la enterraron a los treinta y dos años con una camiseta que solo había podido llevar a escondidas. No marcó ningún gol para España porque no la dejaron intentarlo, y el que le he dado yo, el de cabeza en el Metropolitano lleno, con su padre en la grada, es de mentira. Lo sabe cualquiera que haya leído hasta aquí. Pero es el único que va a marcar, así que lo dejo escrito, para que al menos viva en la memoria de todas esa vida que no fue.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Las guerras no caen sobre los pueblos como un manto. Esto no es realismo mágico. Las guerras son evitables, interesadas e injustas; una decadencia que se multiplica especialmente cuando hablamos de la Guerra Civil española.

Desde el 18 de julio de 1936 han transcurrido exactamente 90 años. El paso del tiempo es ineludible. Son ya muy pocas las personas que pueden rememorar aquellos años desde la experiencia vivida —y recordada—. Pero aún así, nosotras seguimos leyendo, haciendo vídeos, comentando, escribiendo artículos y debatiendo sobre el tema. No serán pocas las personas que a la llegada de estas líneas se lamenten: "¿Otra vez?", "¿Pero acaso quedan todavía cosas que decir sobre la Guerra Civil?". Otras, atrapadas en la falacia del falso dilema, insistirán en que debemos dejar de mirar atrás y centrarnos en el futuro (como si proyectar lo venidero no implicara necesariamente revisitar el pasado).

El caso es que sí. 90 años después seguimos hablando de la Guerra Civil. Como apuntaba Nicolás Sesma en ¿Hasta cuándo seguiremos hablando de la Guerra Civil?, lo excepcional sería que no lo hiciéramos. ¿Por qué deberíamos renunciar a su relectura? ¿Cómo vamos a dejar de mirar una de las experiencias más cruentas y trágicas del pasado reciente de nuestro país? ¿Cómo someter al ostracismo un episodio que fue alterado, enaltecido y convenientemente silenciado durante décadas?

Lo justo es, para nuestra memoria común e incluso, nuestra calidad democrática, que lo recordemos. No con rabia, no con nostalgia, sino con pedagogía, para plantearnos "qué no queremos ser". Pero no creáis que su venida al presente como lectores y espectadores debe ser sencilla, unívoca y poco problemática. A la vista está que todo lo contrario. Si bien la Historia ya es poliédrica, compleja y ambivalente; cuando se trata de recientes episodios traumáticos las opiniones se disparan y sus aristas se vuelven mucho más puntiagudas; la memoria acucia. No en vano a inicios de este año saltaba a la palestra nuevamente el debate sobre responsabilidades, narrativas y omisiones en el marco del polémico foro 1936: La guerra que todos perdimos, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra.

A pesar de que la memoria colectiva tiene mucho de individual, a pesar de que el relato histórico nunca cae de un solo pie, cuando hablamos de la Guerra Civil sería importante llegar a ciertos consensos que nos brinda la propia historiografía. Porque lo que ocurrió en este, nuestro país, no fue una tragedia inevitable, fue un capricho de golpistas.

El 17 de julio de 1936 un grupo de oficiales se sublevó en Melilla. Pero su intentona fracasó, el golpe no triunfó en todo el país, el pueblo se defendió y desencadenó una cruenta guerra que se extendería durante casi tres años. Pero este sector del Ejército no representaba a la mayoría, se levantaron contra un régimen democráticamente elegido en las urnas, atentaron contra la soberanía popular. Así, frente a la violencia, la ciudadanía defendió los derechos y libertades que tanto esfuerzo y sacrificio colectivo habían costado. Por eso, lo que estalló a partir del 18 de julio de 1936 —pero que venía granjeándose desde antes— no fue un destino trágico del pueblo español sino un capricho injusto de unos pocos. Tal vez esta sea la primera premisa de la que debamos partir: que lo que llegó con esperanza y celebración en las calles, se marchó con sangre, armas y la ayuda internacional del fascismo europeo. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.

"Pero luego llegó la paz", o lo que es lo mismo, la institucionalización de la represión y la violencia. El 1 de abril de 1939 España anocheció con vencedores y vencidos. Y los vencedores llenaron las calles y las plazas. Y los vencidos llenaron las cárceles y las cunetas. Por eso, la guerra no la perdieron todos; porque algunos la ganaron; y obtuvieron honores y recompensas. Pero quienes la perdieron, perdieron sus vidas, su país, sus libertades, sus derechos, sus conquistas durante cuatro décadas. Después vino la omisión, la "reconciliación", el "consenso". Librarnos de la herencia de la "memoria de Franco" está siendo uno de los mayores retos para la memoria democrática.

Así que sí, a grandes rasgos, la memoria es plural, diversa, incluso se puede encontrar dividida. En la experiencia cotidiana —e histórica— conviven multitud de narraciones y vivencias. Por eso, no es un ejercicio sencillo el de memorar la Guerra Civil. Probablemente no traerá consigo el consenso unánime; pero sí traerá la praxis democrática siempre que sea el rigor, el respeto y la justicia lo que motive nuestro debate. El pasado no deja de apelarnos; nosotras elegimos cómo escucharlo.

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Josefa Mesa es graduada en Historia y divulgadora en redes sociales (@josefinetable).

El golpe militar iniciado en Melilla en la tarde del 17 de julio de 1936 no pudo lograr de entrada la conquista del poder. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares sublevados fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. La sublevación, al ocasionar una división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha armada, de rebelión militar y de revolución popular allí donde los militares no pudieron conseguir sus objetivos. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de casi tres años.

Al conocerse la noticia del inicio de la sublevación militar en Marruecos, el jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartiesen armas entre las organizaciones obreras. Y además quitó importancia a lo que estaba sucediendo.

Casares Quiroga, incapaz de hacer frente a los acontecimientos, dimitió el 18 de julio por la noche. En la mañana siguiente aceptó la difícil tarea de formar gobierno José Giral, otro amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. Giral dio el paso decisivo de autorizar el reparto de armas entre los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados, allí donde la fidelidad de algunos mandos militares y de las fuerzas de orden, o la indecisión de otros, lo permitió.

La sublevación fracasó en Madrid y Barcelona, las dos ciudades principales de España, pero tuvo éxito en otras ciudades muy importantes estratégicamente, como Sevilla o Zaragoza, desde donde se podían controlar vastas extensiones de territorio. Es muy importante subrayar, para comprender por qué se inició una guerra civil, que no fue el ejército “en bloque” el que se sublevó contra la República y tampoco fue una “rebelión de generales”, como divulgó posteriormente la propaganda. De los dieciocho generales que controlaban las unidades de intervención más importantes, sólo se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo de Llano, Goded y Franco. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros y quienes lo intentaron, lo pagaron, empezando por varios jefes y oficiales pasados por las armas sin dilación ni juicio en el Marruecos español.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales. Los sublevados contaron inicialmente con unos 120.000 hombres armados, de los 254.000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo las fuerzas de orden público. Pero, sobre todo, dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de unos 1.600 jefes y oficiales y de los 40.000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por José Millán Astray y Francisco Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

Para los jefes militares sublevados, existía una larga lista de agravios causados por la República que había que vengar. Algunos de ellos se habían visto afectados por la revisión de los ascensos concedidos por méritos de guerra por la dictadura de Primo de Rivera y anulados por el Gobierno de Manuel Azaña por un decreto de enero de 1933.

La revisión de los ascensos, la Ley de Reforma Militar de Azaña y las destituciones de algunos de los jefes más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera estimularon la hostilidad de muchos militares contra la República. Los motivos por los que decían sublevarse, en julio de 1936, si hacemos caso a los bandos en los que proclamaban el estado de guerra, eran la “ausencia total de Poder Público” y la necesidad de mantener el orden y la unidad de la Patria. Pero aunque no constaban de forma explícita, ocupaban también un lugar destacado los agravios acumulados frente a los políticos a los que despreciaban y odiaban como lacayos del izquierdismo y del bolchevismo.

Al general Sanjurjo le habían nombrado sus compañeros golpistas jefe de la sublevación, pero murió el 20 de julio al intentar despegar con la avioneta que tenía que trasladarle a España desde su exilio en Portugal. Lo fue a recoger, enviado por el general Mola, el aviador falangista Juan Antonio Ansaldo. El avión, un frágil Puss Moth de dos plazas, se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. Ansaldo salió ileso del accidente.

Ese accidente mortal de Sanjurjo obligó a los sublevados a reorganizar sus planes. Cuatro días después, a propuesta de Mola, crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas. Fue el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada e iba a durar el resto del verano, hasta que el general Franco fue investido por sus compañeros de armas el 1 de octubre como único jefe político y militar.

Porque, muerto Sanjurjo, Franco, desde su privilegiada posición de mando de la guarnición de Marruecos, comenzó a labrar su ascenso al poder supremo. El problema que se le planteaba a Franco era cómo pasar esas tropas de África a la Península, dado que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por las tripulaciones de la escuadra republicana que se habían amotinado contra los oficiales sublevados.

Franco pidió entonces ayuda a Adolf Hitler y Benito Mussolini. Para llegar hasta el líder de la Alemania nazi, utilizó a un ejecutivo alemán residente en el Marruecos español, Joahnnes Bernhardt, quien se entrevistó con el Führer el 25 de julio y le informó de los acontecimientos en España y del carácter derechista y antibolchevique de la sublevación. Hitler decidió apoyar inicialmente esa causa con el envío de 20 aviones de transporte Junkers Ju 52, 6 cazas Heintel 51, 20 cañones antiaéreos, municiones y personal de vuelo y de tierra, que comenzaron a llegar al Marruecos español el 29 de julio, apenas diez días después del inicio de la rebelión militar contra la República.

Mussolini decidió hacer lo mismo, tras recibir reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia SA-81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C.R.32. El uso de esos aviones permitió a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas desde África a Andalucía y comenzar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, Franco estaba ya instalado en Sevilla. En unas semanas, más de 13.000 soldados habían cruzado el estrecho de Gibraltar. De esa forma, el golpe de Estado se convirtió en una sangrienta y larga guerra civil.

A finales de julio, el éxito o fracaso de la sublevación militar había partido a España en dos. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Huelva. En la zona republicana habían quedado las principales ciudades, los grandes focos industriales y mineros, Cataluña, el País Vasco y Asturias, y las sedes de las principales empresas y entidades financieras. La ventaja financiera de la República era al principio muy clara. Contaba con el Banco de España y su reserva de oro, unas 700 toneladas, y su territorio controlaba aproximadamente el 70 por cien del presupuesto estatal.

La sublevación militar no logró su principal objetivo, hacerse con el poder y echar abajo a la República, pero el Gobierno tampoco pudo dominar la rebelión. La ayuda ítalo-germana permitió a los militares rebeldes continuar en su empeño y el Gobierno buscó también de forma urgente el auxilio internacional. Ante el acoso nazi y fascista, la solución estaba en las democracias. O eso pensaban las autoridades republicanas que tenían que hacer frente al golpe de Estado.

Según contó el socialista Léon Blum, presidente del Gobierno de Francia, el 19 de julio, José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la República, le envió un telegrama: “Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrarnos armas y aviones”.

La reacción inicial del Gobierno francés fue, en palabras de Blum, “poner en marcha un plan de ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, para proporcionar material a la República española”. Pero no fue posible. Un agregado militar en la embajada española en París, agente de los sublevados, filtró la información sobre esa decisión del Gobierno francés al diario derechista Echo de Paris, que inició “una campaña fortísima revelando al público todas las decisiones tomadas de la forma más precisa y generando una conmoción considerable, particularmente en los medios parlamentarios”.

La opinión pública se dividió, como iba a pasar también en Gran Bretaña, entre quienes mostraban simpatía a la causa republicana, representados por la izquierda, y la derecha política, amplios sectores católicos y de la Administración, que rechazó ese plan de ayuda. El miedo a la revolución, a que el conflicto de España se extendiera a Francia, muy presente en la prensa derechista y en las fuerzas armadas, convenció también a los dos principales ministros del Partido Radical, Édouard Daladier, de la Guerra, e Ybon Delbos, de Asuntos Exteriores, de echar marcha atrás.

Las noticias que los representantes diplomáticos de Gran Bretaña en España transmitían a su gobierno tampoco iban a ayudar a la República. Desde el primer momento describieron a los que defendían la causa republicana como comunistas al servicio del bolchevismo. Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, le pidió a Léon Blum el 24 de julio que fuera “prudente”. Y Stanley Baldwin, el primer ministro conservador, le transmitió a Eden, dos días después, que “de ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos”. Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en España obstaculizase su política de apaciguamiento con la Alemania de Hitler. El Gobierno francés siguió los consejos de su principal aliado en Europa y el 25 de julio anunció la decisión de “no intervención de ninguna manera en el conflicto interno de España”.

Ese fue el punto de partida de la política de No Intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades francesas, con Blum a la cabeza, creían que eso era la mejor forma de calmar y controlar la división interna del país, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la guerra civil española. Aunque esa propuesta fue inmediatamente asumida por el Gobierno británico, la extensión del conflicto español al escenario internacional no pudo evitarse porque Hitler y Mussolini ya habían comenzado a enviar ayuda militar a Franco y además la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de No Intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda, hasta que la Unión Soviética comenzó a intervenir en el otoño de 1936. Los militares rebeldes, por el contrario, carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra provocada por ellos.

Mientras todo eso ocurría, el Estado republicano se tambaleaba, el orden quebraba y una revolución radical y destructora se extendía como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos. En apenas dos meses, las ansias de purificación revolucionaria y contrarrevolucionaria se habían llevado a mejor vida a decenas de miles de ciudadanos.

La guerra civil comenzó cuando una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.

Muy pronto quedó claro que ese camino que llevaba de la sublevación a la guerra, de las tensiones sociales al exterminio del contrario, iba a tener repercusiones de largo alcance.

Los grupos de poder tradicionales habían minado la República, pero fueron incapaces de imponerse a ella por medios políticos y necesitaron de Franco y de los militares, en un pacto de sangre establecido en una cruel guerra civil, para destruir lo que tanto aborrecían. Así comenzó la historia de Franco dictador, que durante años corrió paralela a la de Mussolini, Stalin y Hitler, los tres dictadores que cambiaron el destino de Europa durante el siglo xx.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).

El miércoles pasado la selección española ganaba 2-0 a Francia. El comentador de RTVE cerraba la retransmisión con esta frase que repite mucho últimamente en las coberturas del Mundial: "Unidos en la diferencia somos imparables". Me parece una gran frase, claro, pero ¿a qué diferencias se refiere? ¿Habla de las capacidades físicas, de las cualidades técnicas, del equipo del que vienen? ¿Se aplica a la selección de España o a todas las personas que vivimos en este país? Seguro que Rajoy tiene mucho que decir al respecto. No creo que todas entendamos el tema de la diferencia de la misma manera. Y se trata de un asunto clave en estos momentos en los que, en varias comunidades autónomas, una serie de personas están intentando imponer una definición sesgada de lo que es la “prioridad nacional”.

Y es que el tema de la diferencia o la pertenencia está siendo uno de los ejes del debate público global en el Mundial. Empezamos el campeonato teniendo que aguantar una diferenciación del trato de los participantes en los distintos puntos fronterizos del territorio donde se ha desarrollado. La segregación y las vejaciones que sufrieron algunos equipos y trabajadores del Mundial fueron portada los primeros días. Fue sonado el rechazo en frontera del árbitro somalí Omar Artan, que con 34 años iba a hacer historia como el primer colegiado de su país en pitar en una Copa del Mundo. Pero le obligaron a volverse sin poder participar en el campeonato. Solo este incidente debería haber generado una respuesta internacional contundente y sin fisuras. Pero produjo únicamente una leve indignación parcial. Ciudadanos originarios de naciones africanas y de Oriente Medio sufrieron demoras sistemáticas, cancelaciones de acreditaciones de última hora y revisiones exhaustivas en las aduanas estadounidenses; y la respuesta fue igual, nada de nada.

El epítome de esto fue la anulación de la sanción de una tarjeta roja impuesta al equipo de Estados Unidos. El presidente Trump realizó tres llamadas telefónicas consecutivas a su amigo personal Gianni Infantino para presionar y conseguir que Folarin Balogun pudiera jugar contra Bélgica. Menos mal que esta última paleó 4-1 a los estadounidenses. Pero el “tarjetazo” constituye sin duda el precedente histórico más peligroso de injerencia política en el arbitraje de un mundial. No se me ocurre un tongo mayor que este. Y me dirán que tongo siempre hubo. Y seguro que así es. Pero esto es como el chiste del marqués al que no dejan entrar en la piscina. Y cuando pregunta a qué se debe el rechazo y le explican que es porque se hace pis en la piscina, responde airado: "¡Pero si todo el mundo se hace pis en la piscina!". "Sí, pero usted es el único que lo hace desde el trampolín". Y eso es lo que nos está pasando: Trump se saca la cho**a y arrasa con el sistema de derechos a todos los niveles, pero le seguimos dejando entrar en la piscina y nos bañamos a su lado.

Dos días antes del partido España-Francia, el ICE se cobraba su novena víctima reconocida desde que este señor llegara a la presidencia de su país. Johan Sebastián Durán Guerrero era un chaval de origen colombiano que vivía en Maine, donde trabajaba y residía. Tenía 26 años, estaba casado y era padre de una niña de tres años que, según testigos, presenció el asesinato. Lo mataron por error, lo confundieron con un "alien", según aparece citado en fuentes oficiales —en serio, ¿cómo se puede llamar a una persona “alien”?—. Lo acribillaron, destrozando decenas de vidas y sin que tenga consecuencia alguna para sus asesinos y los que los amparan. Todo comienza con narrativas y simbolismos que luego se convierten en acciones. Por eso es tan importante que España gane el Mundial. Ya no solo para regocijo de millones de españoles que vivirán el triunfo como propio. También por el simbolismo político que implica.

No hay más que mirar el caso de Noruega. El Viking row se ha convertido en la acción más viral del Mundial. Eso de ver a toda la afición remando, y a los jugadores y hasta al primer ministro uniéndose, ha generado muchísima simpatía. Y en paralelo, tras no conseguir la suspensión de Israel por crímenes de guerra, la Federación Noruega de Fútbol (NFF), liderada por su presidenta Lise Klaveness, anunció la donación de la totalidad de las ganancias por la venta de entradas de su partido de clasificación mundialista contra Israel a organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, destinadas a la emergencia en Gaza. Así los vikingos llenaron su participación de un simbolismo que nos calienta el corazón a aquellas personas que creemos en los derechos, en la igualdad y en la fraternidad. Los eliminaron, y también a los irlandeses, pero todavía queda España de la troika que en mayo de 2024, en plena escalada del conflicto en la Franja de Gaza, dio el paso histórico de reconocer formalmente el Estado de Palestina.

Así que, si ganamos el Mundial, también lo ganará el simbolismo que acompaña internacionalmente a nuestro país en estos momentos. Esa narrativa es muy diferente de la que se nos regala dentro de nuestras fronteras. En el ámbito exterior, España es el país de la regularización extraordinaria frente a los crímenes del ICE, el del no al uso de las bases militares frente a la invasión de Irán, el del amor frente al odio, el de la justicia para Gaza. Es el país del Balón de Plata 2025 para Lamine Yamal, que con 19 años recién cumplidos define preciosamente eso de la diferencia: "Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos".

Lo más gracioso de todo es que, cuando Lamine dice que cada uno es de un sitio, se refiere a un sitio de España, que ya de por sí implica un nivel de diversidad altísimo. Pero no se puede hablar de origen migrante porque nuestra selección apenas tiene tres jugadores de segunda generación. Alemania, Reino Unido o Francia tienen plantillas donde la mayoría son hijos de migrantes y, por ejemplo, el Congo tiene un equipo donde más de la mitad han nacido fuera. Esto lo sé gracias al proyecto de Artur Scartazzini, Diego Vieira y Felipe Líbano que, bajo el título El factor Inmigrante, analizan la composición de los equipos desde esa perspectiva. Es fascinante. Quizás sacó de ahí Rajoy sus desastrosas conclusiones. Es posible que para el PP, que ya bucea en el oscuro abismo de la "prioridad nacional", una persona que ha nacido y crecido en España no sea digna de ser española. Y aquí volvemos a la famosa cuestión de qué variable nos van a medir para saber si podemos formar parte de esa “prioridad nacional”.

Sea como fuere, somos diferentes todas las personas que habitamos este planeta. Si nos ponemos, podemos segregar hasta límites insospechados. Desde el color de la piel, que tiene miles de pantones –como lo muestra la obra Humanae ,de Angelica Dass–, hasta el tamaño de la nariz. No hay nadie igual, ni siquiera los gemelos. Y, por otro lado, somos todas muy similares. Nuestro diseño, lo que viene de fábrica y nos hace humanos, es un fino entramado de características neurológicas, hísticas y espirituales que nos definen como iguales. Todas las personas buscamos lo mismo: vivir una vida satisfactoria y plena. En lo que diferimos es en los caminos que creemos que debemos tomar para conseguirla. Ojalá fuéramos capaces de entender esto de forma orgánica y absoluta, y de respetar a las demás personas con sencillez y empatía. Porque, al final, es cierto que, se refiera a quien se refiera —selección, país o mundo—, unidas en la diferencia somos imparables.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Donald Trump ha vuelto a las andadas. Sus amenazas contra Irán se están materializando en una disrupción total del recién firmado acuerdo marco para la paz. La diferencia de interpretaciones ha sido tal que no se ha llegado a completar ni la primera fase de lo firmado, dando por hecho que, como viene siendo habitual en Oriente Medio, nunca se llega a las segundas fases y a la paz definitiva.

Pero estas crisis no suceden en el vacío. Israel y Estados Unidos han negado cualquier posible arreglo político en Líbano, en Gaza y ahora en Irán. A pesar de lo que han declarado diferentes autoridades israelíes, ha sido finalmente el propio Donald Trump el que ha hecho estallar el acuerdo con Teherán.

Desde que se firmó el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de forma telemática, Ormuz ha seguido en el punto de mira. Por un lado Washington levantó el bloqueo naval sobre las costas iraníes, contribuyendo a descongestionar, junto con las partidas económicas, la maltrecha situación interna iraní.

Para Estados Unidos todo esto sucedía a cambio de un pasaje libre y abierto por el estrecho de Ormuz. No se cobrarían peajes durante un mes y después se gestionaría el tránsito a través de la vía natural desde los países ribereños, con Irán a la cabeza y Omán de colaborador necesario.

Por su parte Irán asumía que todo ello implicaba la capitulación estadounidense ante la nueva soberanía que Teherán había logrado imponer sobre el cuello de botella del Golfo. Fue la propia Irán la que invitó a Omán a sumarse a su mecanismo para gestionar Ormuz.

Y aunque no se pudiera usar la palabra peaje, Irán pretendía que ambos países cobrasen por servicios que garantizasen la seguridad del tránsito, los seguros o incluso una tasa medioambiental. Estos términos son equivalentes a un peaje aunque se empezaba a anunciar que no todos los países pagarían lo mismo, en función de su relación con Irán.

Dadas estas interpretaciones, Irán había comenzado a desminar el estrecho pero seguía considerando únicamente válida la ruta que coordinaba desde su costa. Los intentos de Estados Unidos de establecer un corredor paralelo a través de Omán se toparon con ataques de Irán, que consideraba que se estaba violando lo acordado.

Y de este modo, Trump no dudó en retomar los ataques aéreos sobre Irán. Se solicitó un perfil bajo a Israel para no volver a un estadio de guerra regional descontrolado, así que el propio presidente estadounidense se volvió a meter en la trampa de la que tanto había penado para salir en estos meses.

Si bien Trump deseaba un acuerdo como agua de mayo, que le permitiera sobrevivir en su amplio control político en noviembre, meterse por segunda vez en la guerra de Irán podía suponer una trampa que él mismo se había tendido.

Los ataques cruzados de Irán sobre los buques que violaban sus términos y de Estados Unidos sobre Irán solo sirvieron para continuar como antes de la firma. Mientras Washington y Teherán decían que el proceso negociador seguiría a pesar de ocurrir bajo el fuego, por la cuenta que les traía a ambos, los países del Golfo Pérsico se sumaban al fuego.

Irán mantuvo la ecuación que estableció durante la fase más activa de la guerra. Es decir, Kuwait y Baréin primero, con Jordania después, se convertían en objetivo de los ataques iraníes. Al apuntar sobre estos países Irán estaba mandando varios y poderosos mensajes.

No habrá paz para nadie sin asumir las demandas iraníes. Porque no van a volver a tolerar marcos que sirvan para retrasar la agresión sobre Irán unos meses o años. Irán quiere apagar el fuego de manera definitiva, asentando su poder y evitando que Israel pueda imponer su hegemonía o que otros actores traten de derrocar su régimen político.

Otro mensaje importante es que Irán mantiene el arsenal y la voluntad para incendiar la región pero le dará una oportunidad, la enésima, a una diplomacia en la que consideran que no hay buena fe por parte de Estados Unidos. La prueba está en que Teherán no ha dudado en apuntar contra tres países clave en la arquitectura de defensa de Estados Unidos e Israel en la región y que albergan importantes bases norteamericanas.

Sin embargo, el foco sobre estos países sorprende al dejar fuera a Arabia Saudí, Emiratos Árabes o las sensibles infraestructuras energéticas de Catar. El mensaje, de nuevo, es claro. Si la escalada sigue, el precio de la energía volverá a elevarse hasta el cielo. Por lo tanto Irán responde con firmeza bajo su ecuación pero se guarda bazas para forzar a que Trump retorne a la mesa de negociación.

Pero la parte que más ha complicado toda pretensión de reforzar sus manos negociadoras bajo el fuego llegó en la cumbre de la OTAN de Ankara. Trump anunció allí los ataques en represalia por lo que consideraba violaciones iraníes de la libertad de navegación. Y dudó del propio memorándum de entendimiento.

Finalmente parece que Irán es el que lo ha dado por muerto. Sea quien sea el que lo certifique, sin ese marco el mundo retrocede un mes y se ve ante el precipicio de la escalada que se evitó. El recuerdo de Trump amenazando con borrar a toda una civilización de la faz de la tierra sigue presente.

En el terreno lo que se ve es una escalada progresiva que está quedando opacada mediáticamente por la repetición de dinámicas, pero que de seguir así deberá volver a la primera plana ante una audiencia confusa. Pero las señales están aquí. Trump ha amenazado con retomar dos de sus amenazas estrella: destruir infraestructura civil clave como centrales eléctricas y puentes e invadir la isla de Kharg.

De hecho Trump ya retomó el bloqueo naval e Irán volvió a reforzar el cierre de Ormuz y el minado de otras rutas. Si nadie lo evita, la escalada que promete Trump abre la puerta a que Irán apunte sobre lo que quizá ya se ha olvidado pero señaló de forma transparente en aquel momento. Irán destruiría las refinerías de petróleo y las plantas gasísticas del Golfo, incluyendo potenciales retornos de la guerra a Catar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí.

El mundo no está tan lejos de este escenario. Si no se frena la escalada y se queda en órdagos para reforzar sus posiciones bajo el fuego, habrá nueva confrontación regional amplia. En Irán no se fían de las negociaciones y por eso puede ser mucho más difícil traerles de vuelta a la mesa sin concesiones aún más potentes o sin que decidan ir hasta el final en su defensa posicional.

De hecho, en ese camino hacia la negación de la diplomacia que Trump ha forzado, ya se está reabriendo el parlamento con voces duras con el memorándum y que desean no comprometerse en torno a la joya de la corona: el programa nuclear. Cuidado con dónde se puede meter Donald Trump por no entregar Ormuz.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Es antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Hay sentencias que resuelven un proceso penal concreto y hay sentencias que terminan definiendo el estándar de enjuiciamiento que podemos sufrir todos mañana. La condena a David Sánchez tras un juicio que nunca debió llevarse a cabo pertenece a esta segunda categoría, pero lo verdaderamente relevante (más allá del evidente y lamentable daño personal) no es quién ocupó el banquillo, sino qué exigencia probatoria acepta un tribunal para destruir la presunción de inocencia y fundamentar una condena penal en un asunto de enorme trascendencia política.

Habrá que repetir, nuevamente, que el derecho penal no está concebido para confirmar sospechas ni para sancionar intuiciones, ni inferencias, ni deseos de explicar una realidad concreta o ideada. Su legitimidad descansa precisamente en lo contrario: en la obligación de acreditar, mediante pruebas suficientes y una motivación especialmente rigurosa, todos y cada uno de los elementos del delito y sobre todo de la autoría del mismo. Ese es el significado profundo del artículo 24 de la Constitución y de la presunción de inocencia: la muy especial exigencia probatoria sin asomo de dudas razonables, hasta el punto que de existir estas no es posible ejercer el reproche.

Por eso, por afectar a principios tan básicos no solo de nuestro ordenamiento jurídico sino de los principios más elementales que lo sostienen, es por lo que me parece tan preocupante la resolución que hemos conocido. Así, el tribunal sostiene que existió un plan preconcebido para crear y adaptar determinadas plazas públicas a personas concretas y considera que la sucesión de actos administrativos respondió a una finalidad arbitraria. Esa conclusión se construye a partir de una valoración indiciaria que será, previsiblemente, el eje de los recursos. Nuestro sistema admite la prueba por indicios, pero únicamente cuando los hechos-base están plenamente acreditados y la inferencia aparece como la explicación racional que excluye las alternativas compatibles con la inocencia. No basta con que una hipótesis resulte verosímil; debe ser jurídicamente concluyente.

No es este, en mi opinión, el procedimiento sostenido en la sentencia, en los varios cientos de páginas que bien podrían haberlo reflejado y que parecen más dirigidas a sostener una hipótesis que se aleja radicalmente de lo que hemos podido ver en el juicio. La necesaria y lógica concatenación entre hechos probados y conclusiones derivadas de los mismos se transforma más bien en una impugnación generalizada de la práctica de una prueba que todos tuvimos la ocasión de ver cómo exculpaba a los encausados. Todo ello, en un procedimiento que debiera haber sido especialmente riguroso en la motivación y explicación, habida cuenta del evidente impulso político que dio lugar a la causa y que desde el principio ha sido explotado hasta la náusea en la arena pública. La identidad del acusado convirtió cada diligencia en un acontecimiento nacional; él fue tratado desde el principio como culpable. 

Todo ello exigía una responsabilidad adicional en términos de argumentación y motivación que no se encuentran en una sentencia que deja abiertas cuestiones que merecen un debate jurídico en profundidad. La propia Fiscalía interesó la absolución al considerar que no concurría prueba suficiente para destruir la presunción de inocencia. El tribunal, legítimamente, podía discrepar. Pero esa discrepancia exigía una explicación de una intensidad proporcional a la trascendencia institucional de la resolución. El verdadero problema no es que el tribunal haya acudido a la prueba indiciaria únicamente, sino que es imprescindible que los hechos que basan la inferencia estén acreditados, y que el enlace lógico entre dichos hechos y la conclusión incriminatoria sea sólido, racional y excluya de manera razonable hipótesis alternativas compatibles con la inocencia. En un delito como la prevaricación administrativa, además no basta con apreciar irregularidades o decisiones discutibles (que aquí ni siquiera existen), sino que debe acreditarse una resolución objetivamente arbitraria dictada con plena conciencia de su injusticia. Si la condena se construye sobre un supuesto plan preconcebido, cuesta preservar la confianza en la imparcialidad judicial.

No se trata de sostener que los jueces no puedan condenar a un familiar del presidente del Gobierno por las posibles consecuencias políticas que de ello puedan derivarse. Todo lo contrario. La igualdad ante la ley exige que puedan hacerlo cuando la prueba lo justifique. Lo preocupante sería aceptar que, precisamente porque el acusado es el hermano del presidente, el estándar de exigencia probatoria pueda relajarse o que la motivación no alcance el nivel de rigor que un asunto así demanda. No basta con ser imparcial: también debe parecerlo. No basta con dictar una sentencia: debe ofrecer una motivación capaz de disipar la percepción de que el contexto político ha podido influir, siquiera indirectamente, en el modo de valorar la prueba.

La fortaleza de una democracia no se mide por la facilidad con la que condena a quienes ocupan posiciones de relevancia pública. Se mide por su capacidad para mantener intactas las garantías precisamente en esos casos como faro y señal de que sucederá en todos. El garantismo no protege a los poderosos; protege a la ciudadanía frente a la tentación de rebajar las exigencias del Derecho cuando la presión política o mediática empuja en sentido contrario.

Por eso esta sentencia trasciende a David Sánchez. Si los grandes procesos políticos empiezan a ser percibidos –como las encuestas indican que así sucede– como escenarios donde la confrontación democrática continúa por otras vías, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a afectar al propio prestigio del Poder Judicial, tan imprescindible para el mantenimiento del sistema.

Volvamos a lo básico: en democracia, los gobiernos deben ganarse y perderse en las urnas. Los tribunales están llamados a controlar la legalidad, no a convertirse en el lugar donde se reescriben los resultados políticos cuando no gustan. Cuando una parte creciente de la sociedad llega a pensar que determinadas batallas se libran con más intensidad en los juzgados que en el Parlamento, todos perdemos: pierde la política, pierde la Justicia y pierde, muy especialmente, la tan deseada confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando la legitimidad de las sentencias empieza a discutirse no por su fundamentación, sino por el contexto político en el que se dictan, quizá algunos crean haber conseguido en los tribunales lo que no logran en las urnas. Si ese día llega, la mayor derrota no será la de un Gobierno ni la de un partido. Será la del Estado de derecho.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Sirven para rellenar los titulares de los medios de comunicación. Provocan vaivenes llamativos en las bolsas y en los precios de los hidrocarburos. Se saldan, desgraciadamente, con muerte y destrucción. Pero, desde el punto de vista estratégico, los golpes que se están propinando recíprocamente Irán y Estados Unidos desde la firma del llamado Memorándum de Versalles, el pasado 17 de junio, no llevan a ninguna parte. Por lo menos no a una situación que permita vislumbrar un verdadero acuerdo de paz.

Fiel a su lema “paz mediante la fuerza”, Donald Trump sigue creyendo ilusoriamente que solo se trata de golpear aún más fuerte. Sin reconocer el error de haberse metido en un conflicto en el que no estaba en juego ningún interés vital para EEUU, de la mano de un Benjamin Netanyahu que le hizo creer que bastaba un golpe contundente para derribar el régimen de los ayatolas, quiere imponer “su” paz a toda costa. Por eso mantiene en la zona el mismo despliegue militar que activó en febrero, con la orden de realizar nuevos ataques, e insinúa que contempla incluso acciones terrestres contra la isla de Kharg. Por supuesto, Washington tiene la capacidad militar suficiente para seguir golpeando indefinidamente, pero imaginar que lo que no ha conseguido tras batir miles de objetivos —con tan reiteradas como falsas proclamaciones de victoria— lo va a lograr con unos cuantos centenares más es, sencillamente, una ensoñación sin base alguna.

Y es que, aunque Irán es inequívocamente inferior en medios militares y en infraestructura industrial para sostener un conflicto prolongado, ha demostrado sobradamente su capacidad para absorber el castigo y para contragolpear. En definitiva, desde su posición de inferioridad, le basta con responder a cada acción enemiga con una andanada de misiles y drones contra las bases estadounidenses en la región o contra alguno de los escasos buques que se atreven a desafiar su control del estrecho de Ormuz. No necesita derrotar en el campo de batalla a Washington ni a Tel Aviv, ni tampoco ser muy efectivo en sus ataques. Frenar o dañar parcialmente un barco le sirve para atemorizar a aseguradoras y armadores, provocando una inestabilidad global que acaba teniendo impacto directo en la economía regional y mundial. Lograr que un solo misil balístico penetre los sistemas de defensa antiaérea —sea en Israel, Jordania, Kuwait o Arabia Saudí— demuestra no solo que los ataques recibidos no han conseguido eliminar sus arsenales y su capacidad para fabricar más artefactos de ataque, sino para hacer ver a los países vecinos que el contar con bases estadounidenses en su propio territorio no les garantiza su seguridad.

Esa sensación de creciente impotencia militar es lo que explica en buena medida el cúmulo e incoherencias en las que Trump está inmerso. Así, un día dice defender la libertad del tráfico marítimo en las aguas de Ormuz, para imponer a continuación un bloqueo que pretende contrarrestar el impuesto por Teherán, para anunciar ahora que Estados Unidos será el gendarme del estrecho, arrogándose el derecho a cobrar un peaje —en contradicción con su propio argumento de que Irán no puede cobrarlo—. En cada uno de esos pretendidos diktat se ha visibilizado el nivel de impotencia que aqueja a Washington cuando pretende imponer su dictado en Oriente Medio.

Con tanta parafernalia Trump trata de ocultar a propios y extraños que no ha logrado ni uno solo de los objetivos reales que se había fijado en el inicio de las operaciones contra Irán, empezando por el derribo del régimen y siguiendo por poner fin al programa nuclear, al arsenal de misiles balísticos, al apoyo a los peones regionales (Hizbulah, Hamás…) y al control del estrecho de Ormuz. A Trump le apura encontrar una narrativa de victoria cuando se acercan las elecciones de medio término, y no encuentra ninguna base real en la que poder apoyarse para evitar aparecer como un perdedor.

Por el contrario, Mujtaba Jamenei no tiene ahora mismo ninguna urgencia que le lleve a tener que cambiar de rumbo. De la mano de los pasdarán está demostrando, por una parte, que mantiene el control de una población agotada por años de represión y carencias, pero aún más enrabietada por la agresión de EEUU e Israel. Por otro, conserva el apoyo de Rusia y China, no para poder dar vuelta a la situación actual, pero suficiente para contar con alguna vía de supervivencia frente a las sanciones internacionales. Igualmente, dispone de medios militares para desafiar a sus enemigos y mantener frenados a sus vecinos.

En esas condiciones, lo más previsible es que se repitan nuevamente los vaivenes ya registrados en estas últimas semanas. Eso implica que, por una parte, seguirán adelante las negociaciones que arrancaron tras la firma del citado Memorándum, puesto que a ambos actores les debe interesar llegar a algún tipo de acuerdo. Pero, por otra, también cabe contar con la continuación de los ataques recíprocos, aunque solo sea porque ninguno de los contendientes sabe cómo salir de esta dinámica. Todo ello sin olvidar a Israel, interesado en reventar cualquier posible acuerdo entre Washington y Teherán.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. Feijóo dice que implantará esa misma ley en todo el Estado. Miguel Ángel Rodríguez puso su consabido tuit para molestar y para señalar por dónde va la cosa, por si a alguien se le había escapado: según los reaccionarios, esa célula que es el propio cuerpo de la mujer no es ella, sino una persona con derechos que la habita, incluso si es en contra de ella.

Al día siguiente aparecen todas las explicaciones sobre el tuit, sobre el significado de la ley y, finalmente, sobre el derecho al aborto en sí. Proliferan los artículos que afirman que más valía que se ocuparan de los niños nacidos que de los no nacidos, etc. Es decir, se insiste en aplicar racionalidad a determinadas políticas, en este caso, antifeministas. Se supone que, si desvelas la realidad, la gente lo entenderá, se dará cuenta de que los niños y las niñas que ya están en el mundo son más importantes que aquellos que no han nacido.

Lo malo es que no funciona así. Estoy convencida de que, en realidad, ni ellos mismos se creen que un óvulo fecundado sea una persona con derechos o, de lo contrario, tendrían que, por ejemplo, cerrar las clínicas de fecundación, donde hay miles de embriones fecundados sin derecho alguno, obviamente. Y podríamos meternos en discusiones bizarras acerca de qué hacer con los embriones abortados naturalmente y que se caen por el váter sin ninguna ceremonia; sin nombre, sin oración, sin culpa —a mí me pasó, que conste—.

Y, por supuesto, está la cuestión de que es metafísicamente imposible que a políticos que han demostrado con creces que no les importan los niños en absoluto —Madrid es una comunidad con más de 250.000 niños y niñas en riesgo de pobreza— les importen en realidad los no nacidos. Finalmente, si hay alguna persona inocente por ahí que se haya tragado verdaderamente eso del derecho a la vida, bla, bla, bla, a esa no la vamos a convencer con ningún argumento.

Esto no va de argumentos. Esta discusión es una cuestión ideológica irreductible a cualquier razonamiento, como casi todo hoy en día: las personas trans, el cambio climático, las vacunas, el feminismo, tomar el sol, la maldad de Pedro Sánchez o, según nos vaya, los catalanes. Detrás de todo esto hay una lógica reaccionaria que manipula emociones y no razones, que manipula la ira, el descontento o el miedo; que busca culpables y los encuentra.

En el caso del aborto, además, esta es una discusión antigua que ha ido evolucionando y transformando sus argumentos según se hacía necesario. A más derechos de las mujeres, más presión sobre su autodeterminación. Hasta el siglo XIX, nada menos que hasta el XIX, la Iglesia consideraba que el feto masculino no era “persona” —que abortarlo no tenía importancia— hasta la sexta semana de embarazo. El femenino, en cambio, no era persona hasta la decimoprimera, fecha en que abortar ya era pecado. Las mujeres somos más lentas en la personificación, al parecer de la Iglesia.

No es el aborto, aunque no deje de serlo. Ahora mismo, la cuestión del aborto es la clave de bóveda de todos los derechos de las mujeres. Sin ese derecho, todos están en riesgo. Si una mujer no tiene derecho a decidir si quiere o no quiere continuar con un embarazo, entonces es que no es una ciudadana capaz de tomar decisiones sobre su propia vida.

Si no tiene derecho a tomar esa decisión, entonces es que su cuerpo —por tanto, su vida, ella misma— no le pertenece enteramente, sino que pertenece al Estado, a una ideología, a su marido, a Dios o a quien sea, pero no a ella misma. Y eso es equivalente a la expulsión del ámbito público, a la subordinación completa. Por lo mismo que para nosotras el aborto es importante, lo es para la ultraderecha, cuyo proyecto de sociedad pasa por volver a una sociedad indiscutiblemente patriarcal donde los hombres sean los cabezas de familia y las mujeres, las reproductoras sometidas.

En el año 2017 me reuní, en mi calidad de diputada de la Asamblea de Madrid, con representantes de EPF —European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights—, el lobby encargado de luchar por los derechos reproductivos de las mujeres en Europa. Se trata de un conglomerado de asociaciones organizadas en torno al objetivo de trabajar políticamente en las instituciones europeas para que no se produzcan retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Estuvimos hablando de la emergencia de la extrema derecha en todo el mundo y del riesgo que eso podría suponer para el derecho al aborto, que es, desde hace décadas, el objetivo a batir por las derechas. Lo que aquella tarde de 2017 me trasladaron las personas del lobby europeo por los derechos reproductivos fue que el aborto iba a dejar de ser el centro de la estrategia de la extrema derecha. El centro de su estrategia, pero no su objetivo final.

La razón que me dieron entonces es que la extrema derecha había podido comprobar que el derecho al aborto ha arraigado fuertemente en la mayoría de las democracias europeas, hasta el punto de que ya no son únicamente los votantes progresistas los que lo defienden, sino que lo hacen incluso votantes conservadores, especialmente las mujeres, pero no solo ellas.

En definitiva, que se ha impuesto un sentido común que ya no pone el derecho al aborto en cuestión. La práctica en sí se ha desideologizado, ha dejado de estar relacionada con el feminismo y se ha normalizado socialmente. Ahora, en lugar del derecho al aborto, estos grupos de extrema derecha recomendaban centrarse en otras cosas —fundamentalmente, las leyes LGTB y trans— y, en todo caso, embarrar, dividir, crear un medio ambiente hostil al feminismo.

Por eso, ya no se dice que hay que prohibir el aborto. Simplemente, van a ir presentando al embrión como una persona con derechos. La estrategia se llama fetal personhood, o personalidad jurídica fetal. Si presentamos al embrión, a ese conjunto de células, como destinatario de políticas públicas, terminaremos entendiéndolo como un ser humano completo.

Da exactamente igual que, en realidad, no le demos ningún derecho porque legalmente, en el caso de España, no se pueda; da igual que sea impracticable, da igual que sea ridículo. Varios años hablando de personitas pequeñas con derechos y llegará el día en que una mujer que aborta sea una asesina. Antes hablábamos de un embrión, ahora decimos “concebido no nacido” y ahí ya han ganado, porque concebido parece algo que tiene vida propia.

Un embrión es un término médico, no tiene más vida que la de la mujer embarazada y es una célula o un conjunto de ellas. La palabra “concebido”, además, tiene importantes resonancias bíblicas y sagradas.

En varios estados de EE. UU. los embriones ya tienen personalidad jurídica plena y la policía puede entrar en una casa para ver si hay pruebas de que una mujer ha pretendido abortar, si ha comprado un medicamento abortivo; pueden controlar cuándo visita una embarazada al médico, lo que este le dice, pueden seguir el embarazo con ánimo de control, represión y castigo de cualquier intento de abortar.

También se restringe el derecho a la anticoncepción y cada vez hay más voces —y hay un movimiento— que claman por restringir el voto de las mujeres. No hace falta recordar Afganistán para entender lo rápido que puede ir esto. En Argentina, un proyecto de ley pretende castigar con cárcel las “denuncias falsas”, es decir, que impedirá denunciar la violencia machista. De ser uno de los países más feministas del mundo a meter en la cárcel a las mujeres que denuncian. Y en todo el mundo los derechos de las mujeres retroceden.

Si por un momento piensas que esto no puede pasar aquí, es que no has visto actuar a los líderes europeos delante de un bebé gigante, medio loco, francamente estúpido, violador y pedófilo, como es Trump. Sonrisas, buenas palabras, no se vaya a enfadar, sumisión, indignidad. ¿Estas son las personas que van a defender los derechos de las mujeres europeas?

¿Quién va a defender entonces los derechos de las mujeres? Nosotras, como siempre. Pero ahora, me temo, no estamos igual que cuando Gallardón quiso recortar el derecho al aborto y el rugido del feminismo lo escuchó hasta Rajoy, que tuvo que dar marcha atrás. Ahora sería difícil que hubiera unidad de acción ni siquiera en un asunto en el que estamos todas de acuerdo.

El caballo de Troya es el “concebido no nacido”, pero antes de eso el caballo de Troya ha sido conseguir un medio ambiente feminista que nos impide mirarnos, escucharnos, solidarizarnos unas con otras cuando es necesario, entender los verdaderos peligros y resistirnos a las agresiones externas; que nos impide poner lo fundamental de lo que nos une por delante de lo que nos separa.

El lobby antiaborto es el que quiere acabar con los derechos de las mujeres, está muy bien financiado, tiene muchos medios de comunicación a su disposición, tiene universidades, tiene un objetivo claro, aliados importantísimos… Lo tienen todo. ¿Y nosotras? Nosotras estamos solas y puede que ahora ni siquiera nos tengamos a nosotras mismas.

No creo que haya nada más importante para el feminismo, para nosotras ahora, que ser capaces de parar cualquier retroceso en el derecho al aborto. Margaret Thatcher dijo que el objetivo de sus políticas no era solo cambiar la economía, sino “cambiar el corazón y el alma de la gente”; y a veces creo que el alma ya nos la han cambiado. Ojalá estemos a tiempo de recuperarla.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Mariano Rajoy escribió el viernes en El Debate, con esa suficiencia que confunde la sorna con la inteligencia, que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. Siete palabras. Siete palabras que no son un desliz, no son sarcasmo, no son un piropo mal redactado a La Roja. Son la expresión más desnuda de una ideología que lleva décadas instalada en una parte de la derecha española y que, cuando baja la guardia, aflora sin filtros.

El texto de Rajoy es, ante todo, un error de hecho. De los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps, 23 nacieron en Francia. Solo tres nacieron fuera del territorio nacional: Michael Olise, en Londres; Marcus Thuram, en Parma, mientras su padre jugaba allí; y Brice Samba, en la República Democrática del Congo. Todos son franceses. No “casi franceses”, no “franceses de papel”, no “franceses con asterisco”. Franceses.

La propia embajada de Francia en Madrid tuvo que tomarse la molestia de recordar los hechos con una precisión pasmosa: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. Una embajada explicando el diccionario a un expresidente de Gobierno. Difícilmente podría describirse mejor el nivel al que ha caído este debate.

Pero el error de hecho es solo la superficie. Lo que late debajo es algo más grave: la convicción de que la nacionalidad no es un vínculo jurídico y político —como establece cualquier ordenamiento democrático moderno, incluido el español—, sino un atributo racial, étnico o cultural que se porta en el cuerpo y se hereda en el apellido.

Cuando Rajoy escribe “sin franceses” mirando a un equipo de ciudadanos franceses cuya melanina o cuyos abuelos no cuadran con su imagen mental de lo que debe ser un “verdadero” francés, está reproduciendo exactamente el núcleo de la doctrina de la prioridad nacional: la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda según su origen, su color o su genealogía. No es una ocurrencia. Es una ideología con nombre, con genealogía y con consecuencias.

Esa ideología tiene una genealogía precisa. El concepto de préférence nationale —prioridad nacional— fue acuñado en Francia en la década de 1980 por el ideólogo del Frente Nacional François Duprat y sistematizado jurídicamente por Jean‑Yves Le Gallou, para ser convertido luego en columna vertebral del programa de Marine Le Pen.

La idea es simple: los ciudadanos no son iguales ante la ley en función de lo que hacen o aportan, sino en función de lo que son —de dónde vienen, cómo se llaman, qué aspecto tienen—. Aplicada al deporte, esa lógica conduce exactamente adonde llegó Rajoy: a negar la condición de “verdaderos” franceses a ciudadanos franceses porque sus padres emigraron desde África.

Este debate no es nuevo en Francia. Estalló con fuerza tras el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo multicolor representara a la “verdadera” Francia. Se repitió en 2018. Y resurge, con una puntualidad casi perfecta, cada vez que los Bleus ganan y en el campo hay jugadores cuya presencia incomoda a quienes confunden nación con raza.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez lo ha dicho con claridad: Francia es “una República de diversidad” en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar. Varios miembros del Gobierno de Emmanuel Macron han calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” y han recordado que cuestionar el origen de los seleccionados no refleja lo que es Francia ni sus valores republicanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido igual de nítido: las declaraciones de Rajoy son “xenófobas” y “avergüenzan” a España. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, escribió, ligando de forma directa el marcador deportivo con un combate mucho más profundo: el que libra la democracia frente a los discursos de odio que describo en La democracia amenazada.

El ministro de Exteriores francés, Jean‑Noël Barrot, fue lapidario: las palabras de Rajoy son “una estupidez, racismo, o una combinación de ambas cosas”. No hay mucho más que añadir, salvo señalar que esas tres categorías —la estupidez, el racismo y su combinación— no se excluyen entre sí. Pueden darse juntas, y en este caso se dan.

La reacción del Partido Popular ante este escándalo es, en sí misma, un documento político de primer orden. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó las palabras de Rajoy de “sarcásticas”, dijo que “van sin mala intención” y que son “comentarios a favor de España”. Con los micrófonos apagados, fuentes del Comité de Dirección del PP consideran que la polémica fue “promovida desde el Gobierno” y aspiran a que se diluya “por sí sola”.

Hay que detenerse aquí. El PP no ha condenado las palabras de Rajoy. No las ha desautorizado. No ha pedido disculpas. Ha dicho que son sarcásticas. El sarcasmo, que es un recurso retórico legítimo, consiste en decir lo contrario de lo que se piensa para ridiculizar algo. Pero requiere que el interlocutor lo entienda como tal.

Cuando el ministro de Exteriores de Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, la ministra de Deportes, la ministra de Igualdad, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la derecha republicana francesa responden con indignación —no porque sean incapaces de entender el humor español, sino porque lo que leen es racismo—, apelar al sarcasmo no es una defensa: es una coartada.

Pero la banalización que practica Sémper —como tantas veces antes— no es solo políticamente torpe: es activamente peligrosa. Banalizar estas afirmaciones equivale a normalizarlas, y normalizarlas equivale a potenciarlas.

Las palabras de Rajoy no son meramente “desafortunadas”: son la expresión de una visión de superioridad racial y colonial que arrebata a ciudadanos plenos la condición de tales en función de su origen o su apariencia. Una visión que no solo es moralmente inaceptable, sino que contradice frontalmente los principios básicos del Estado de derecho y el ordenamiento constitucional español, así como los valores fundacionales de la Unión Europea.

No estamos ante una opinión discutible en el espacio público democrático. Estamos ante una afirmación que, presentada como provocación o como broma, introduce en la corriente principal del debate político un principio de jerarquía racial incompatible con cualquier noción seria de ciudadanía.

Y hay un daño colateral que merece señalarse con igual firmeza: la apropiación del campo deportivo para proyectar esa confrontación. El deporte —y el fútbol en particular— se rige por principios exactamente opuestos a los que encarnan estas palabras: esfuerzo individual y colectivo, igualdad de condiciones de partida, mérito medido sobre el terreno de juego sin que importe el apellido ni el color de la piel.

Introducir la lógica racista en la previa de una semifinal envenena un espacio que debería encarnar encuentro y dignidad compartida. Es una auténtica profanación de lo que el deporte representa.

Cada vez que alguien convierte un partido en instrumento de confrontación identitaria basada en el origen étnico, envenena algo que debería estar por encima de esas mezquindades. Y cuando ese alguien no es un ultra anónimo en la grada, sino quien ha presidido el Gobierno, el mensaje que se emite a la sociedad es devastador: se legitima desde lo alto lo que luego se grita desde abajo.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy —que es, conviene recordarlo, militante activo del PP y expresidente del Gobierno de ese partido. Feijóo no lo ha hecho.

El PP, en cambio, ha optado por blindar a Rajoy, minimizar el daño y esperar a que el partido de fútbol lo tape todo. Esa decisión no es inocua. Es una posición política. Significa que el PP, como partido, no considera que llamar “sin franceses” a 26 ciudadanos franceses sea un problema que merezca corrección pública.

No desautorizar no es una postura neutral: en este terreno, la ambigüedad no es centrismo, es complicidad. Quienes hemos estudiado la progresión histórica del discurso de odio sabemos bien cómo funciona: lo que no se condena se normaliza. Lo que se normaliza se amplía. Lo que se amplía se institucionaliza. La tolerancia con el racismo de baja intensidad —el del chiste, el del “era sarcasmo”, el del “no hay mala intención”— es el sustrato en el que crecen formas más violentas y estructurales de discriminación.

España tiene un artículo 14 en su Constitución que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición. Tiene un artículo 510 del Código Penal que tipifica la incitación al odio. Esas normas no existen por capricho. Existen porque la historia enseñó, a golpe de catástrofes, lo que ocurre cuando el discurso de deshumanización del otro no encuentra diques jurídicos ni políticos.

La doctrina de la prioridad nacional no ha quedado en los márgenes de la extrema derecha europea. Ha colonizado gobiernos, ha inspirado leyes, ha guiado redadas. Lo hemos visto en Italia con Meloni, en Hungría con Orbán, en los debates sobre inmigración en Francia, en la política de Trump en Estados Unidos. La pregunta que debería hacerse el PP es si quiere ser parte de esa corriente o si quiere trazar una frontera nítida con ella.

Rajoy no es ajeno a este contexto. Sus palabras no son un chascarrillo aislado: son coherentes con una determinada concepción de la identidad nacional que ha guiado políticas concretas y que hoy alimenta acuerdos como los de PP y Vox, donde se habla de “prioridad nacional” con una ligereza incompatible con la Constitución. Ya he dicho y repito: esa prioridad nacional “no es legal”, es “una barbaridad y un planteamiento absolutamente xenófobo y racista” que merece una línea roja clara por parte de la Justicia y del Tribunal Constitucional.

Conviene no aislar este episodio como si fuera un accidente. Las palabras de Rajoy no son ajenas a una determinada concepción de la identidad nacional que contempla la integración como asimilación y mira con sospecha al ciudadano de origen foráneo aunque haya nacido aquí, estudiado aquí, pagado sus impuestos aquí, amado a alguien aquí. Esa visión es incompatible con un Estado de derecho que se tome en serio la igualdad ante la ley y con una política exterior que pretenda presentarse como socio confiable de sus vecinos europeos.

No es casual que la polémica sobre Rajoy coincida con el bloqueo del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia. El patrón es coherente: se cuestiona la composición de la selección francesa, se alimenta un conflicto diplomático innecesario y se frena, en paralelo, un instrumento de cooperación política con ese mismo país.

Lo que resulta profundamente incoherente es pretender gobernar España con esa orientación y, al mismo tiempo, reclamar respeto para sus instituciones.

Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno durante dos mandatos conoce perfectamente el peso de las palabras. Rajoy sabe —o debe saber— que un comentario racista, revestido de chanza, no es una travesura verbal, sino una señal dirigida a quienes comparten esa mirada excluyente. Por eso su conducta no es solo reprochable; es incompatible con la altura ética e institucional que se exige, incluso años después de abandonar el cargo, a quien ha representado al conjunto de la ciudadanía. Hay licencias que un ciudadano puede permitirse en un bar; un expresidente del Gobierno, sencillamente, no.

Como jurista que ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos, sé que el racismo nunca es un fenómeno aislado ni inocuo: cuando se tolera en el lenguaje, se abre camino en las normas y en las prácticas cotidianas. Por eso resulta especialmente grave que un expresidente del Gobierno contribuya a legitimar, siquiera bajo la coartada del humor, una visión de la nacionalidad en clave étnica, que degrada a ciudadanos plenos a la categoría de “otros” a los que siempre se les podrá discutir si son “de verdad” lo que son.

En el deporte, ese discurso tiene un efecto devastador: convierte lo que debería ser un espacio de igualdad y reconocimiento en un escaparate de exclusión, y envía a millones de niñas y niños racializados el mensaje de que, hagan lo que hagan, siempre habrá quien les niegue pertenecer del todo.

Por todo ello, asumir la responsabilidad que corresponde implica rechazar sin matices estas palabras y la ideología que las sostiene, y defender con la misma claridad un principio elemental: todo ciudadano francés es francés y todo ciudadano español es español, con independencia de su origen, del color de su piel o de los apellidos de sus abuelos.

No se trata de una cuestión de corrección política, sino de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y, sobre todo, a la dignidad humana. En un momento en que los discursos de odio avanzan disfrazados de chanza o de sentido común, la política —y muy en particular quienes han ostentado las más altas responsabilidades— tiene el deber de marcar una línea nítida: en democracia, el racismo no se banaliza, se combate.

La selección francesa jugó el sábado y marcó. Sus jugadores son franceses. Lo eran antes del partido y lo serán después. Nadie necesita el certificado de ningún expresidente de ningún Gobierno para acreditar lo que una ley, una constitución y un pasaporte ya certifican.

Lo que sí necesitamos, en cambio, es que las fuerzas políticas de este país entiendan que blanquear el racismo, aunque sea con el envoltorio del sarcasmo, mirando para otro lado o esperando que la polémica “se diluya por sí sola”, tiene consecuencias reales para personas reales. Para los hijos de inmigrantes que leen que no son “de verdad” lo que son. Para los ciudadanos naturalizados que ven cuestionada su pertenencia. Para todos aquellos a quienes se les recuerda, con cada broma de estas, que hay quienes no los considerarán nunca suficientemente de aquí.

El PP tiene una decisión que tomar. Puede seguir protegiendo a Rajoy bajo el paraguas del sarcasmo. O puede decir, con claridad, que un ciudadano francés es francés, que un ciudadano español es español, y que la identidad nacional no se mide por el color de la piel ni por el origen del apellido.

No parece una decisión difícil. Que no la tomen dice mucho de quiénes son.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

Como es sabido, somos una parte significativa del nacimiento del surrealismo. Quizá ello pueda explicar que el candidato a presidir el Gobierno en las próximas elecciones, Alberto Núñez Feijóo, que durante varios años fue presidente de la Sociedad estatal de Correos y Telégrafos, haya puesto en cuestión la fiabilidad de esta modalidad de votación que existe en nuestra Ley Orgánica General Electoral (LOREG) desde su promulgación el 19 de junio de 1985. Hace ahora un año manifestó que el voto por correo “no está completamente blindado” si se usa “de forma torticera”. Por supuesto si se usa de forma ilegal es delito, según explican en las Facultades de Derecho.

Vivimos tiempos convulsos para la democracia y soplan vientos huracanados que amenazan con derribar sus principios básicos. La, en otros tiempos, primera democracia del mundo ha desmontado sus pilares encomendando la misión a un personaje grotesco como Donald Trump que actúa como un simple millonario al servicio de los multimillonarios que se han apoderado de los mandos y no los sueltan.  

Solo puede subsistir una democracia si la soberanía reside en el pueblo y si este puede expresar su voluntad a través del voto libre e igualitario sin discriminación alguna. No se entiende muy bien que el partido mayoritario del Parlamento, que figura en todas las encuestas como favorito y que proclama a los cuatro vientos que es lo que quiere prácticamente toda España, ponga en duda, cuando se vislumbra la cercanía de una convocatoria electoral, la fiabilidad de nuestro sistema electoral que ningún experto, sea cual sea su ideología, ha puesto en duda con argumentos sólidos.      

Utilizando sus calificativos: de una forma torticera, alocada, carente de datos contrastados y con una ignorancia supina de las normas legales, ha lanzado un mensaje temerario que puede justificar la insurrección frente a un resultado electoral adverso. En síntesis, o gano o rompo la democracia. ¿Cuáles son los pasos que tiene en mente para impugnar unas elecciones? Aficionado a meterse en todos los charcos, nos debe aclarar cuáles son sus previsiones. Podemos pensar, según el saber popular, que ha lanzado la piedra y escondido la mano. Sin necesidad de realizar parangones con lo sucedido en el asalto al Capitolio, puede originar un delito contra el orden público previsto en nuestro Código Penal.

Antes de arremeter contra los molinos de viento debió solicitar un asesoramiento legal. Según la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, derechos entre los que figura el de sufragio comprendido en el artículo 23 de la Constitución.

Maneja las cifras con el mismo desparpajo que la prensa y propaganda de la dictadura. Dos millones por aquí y otro millón y pico por el otro lado. No ha cuantificado el número de personas que se pueden acoger a la llamada ‘ley de nietos’, pero tengo la sensación de que asume las teorías del Dr. Vallejo-Nájera (recientemente despojado de sus condecoraciones) y sostiene que todos están condicionados por el “nefasto” gen rojo.

Como debe saber, el voto no es obligatorio y para los que están en el extranjero antes tienen que inscribirse en el Censo de residentes ausentes (CERA). No contento con cuestionar la profesionalidad e integridad de los funcionarios de Correos, ahora amenaza a las personas que trabajan en las oficinas consulares con la aplicación del Código Penal, confiando, como vaticinan en el propio Parlamento, que habrá jueces que recojan esa basura jurídica o que las acusaciones populares estarán prestas a colaborar en la tarea.

Como presidente de la Sociedad estatal de Correos y Telégrafos, tuvo tiempo para erradicar las “anomalías” del sistema, pero al parecer tenía otras preferencias. Como alto representante del Estado en la Xunta de Galicia, pudo dedicar su tiempo a perseguir penalmente una arraigada práctica electoral fraudulenta que se produce en las residencias de mayores regentadas por las antiguas “Hermanitas de los Pobres”. En ellas se practica el “voto subrogado por la gracia de Dios”. Como es sabido, las reverendas meten la papeleta del PP en el sobre y la entregan a cada uno de los residentes para que la entreguen en la mesa electoral. Que Dios las perdone porque es pecado, pero además es delito. He aquí un campo inexplorado por Abogados Cristianos.

No voy a torturar al lector con el repaso de los numerosos trámites que contempla la Ley General Electoral para ejercer el derecho al voto por correo. Puedo asegurar que es imposible el fraude, aunque por defectos de forma el voto puede ser nulo. Cuando todo se ha cumplido, el elector remite el sobre con su votación por correo certificado a la oficina de Correos. El Servicio de Correos conservará hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a las Mesas Electorales y la trasladará a dichas Mesas a las 09:00 horas del día previsto para las elecciones. Asimismo, seguirá dando traslado de las que pueda recibirse en dicho día, hasta las 20:00 horas, hora de cierre de los Colegios Electorales. Como se puede comprobar, el cartero siempre llama dos veces a la puerta del Colegio Electoral.

Todo lo que estamos viviendo me recuerda a una reflexión de Jorge Luis Borges, traductor de un cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, en el que se hace referencia a lo que supone de “ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo por venir”.

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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Si último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la justicia española’ (Siglo XXI Editores).

Durante meses la política francesa ha vivido atrapada en una paradoja incómoda. La principal favorita para disputar el Elíseo en 2027 no veía amenazada su carrera política por las urnas, sino por los tribunales. La condena en primera instancia contra Marine Le Pen por la malversación de fondos destinados a asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo abrió un escenario extraordinariamente delicado para cualquier democracia liberal donde la principal dirigente de la oposición podría haber quedado apartada de la competición electoral por decisión judicial antes de que los ciudadanos pudieran pronunciarse sobre ella.

La sentencia dictada ahora por el Tribunal de Apelación modifica sustancialmente ese escenario. Mantiene la condena por malversación —es decir, confirma la existencia del delito—, pero rebaja las consecuencias políticas inmediatas. La pena pasa a ser de tres años de prisión, dos de ellos suspendidos, y uno mediante vigilancia electrónica con brazalete, mientras que la inhabilitación queda reducida hasta un punto que ya no impide su participación en las elecciones presidenciales de 2027. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el fallo supone una cierta moderación respecto a la sentencia inicial. Desde el punto de vista político, sin embargo, representa algo mucho más importante y es que devuelve la decisión al terreno de lo estrictamente político. Esta sentencia no implica ningún cuestionamiento de la independencia judicial ni minimizar la gravedad de los hechos. La Justicia francesa ha confirmado que existió un sistema de utilización irregular de recursos del Parlamento Europeo para financiar actividades del entonces Frente Nacional. La responsabilidad penal permanece intacta. Lo que cambia es la proporcionalidad entre la sanción penal y sus efectos sobre la competencia democrática.

En una época en que la extrema derecha ha convertido la denuncia del supuesto "gobierno de los jueces" en uno de sus principales instrumentos de movilización política, impedir que Marine Le Pen concurriera a las presidenciales habría alimentado inevitablemente el relato victimista que lleva años construyendo. No porque dicho relato fuera cierto, sino porque habría encontrado un terreno extraordinariamente fértil para prosperar. A pesar de todo, ella, a buen seguro, intentará la vía de la victimización.

La democracia liberal siempre afronta un dilema complejo cuando debe sancionar penalmente a dirigentes políticos de primer nivel. Debe demostrar que nadie está por encima de la ley sin ofrecer, al mismo tiempo, la impresión de que es el poder judicial quien termina configurando la oferta electoral. Esa frontera es extremadamente delicada. En este sentido, la resolución del Tribunal de Apelación parece haber buscado precisamente ese difícil equilibrio. Le Pen continúa siendo una política condenada por corrupción, pero deja de ser una candidata excluida por decisión judicial. La responsabilidad política vuelve así a recaer sobre los ciudadanos franceses.

Sin embargo, el problema político no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de naturaleza. Ahora la incógnita deja de ser si Marine Le Pen puede presentarse. La legislación francesa se lo permite. Le Pen también ha decidido que, a pesar del brazalete, se presentará a las presidenciales. La decisión supone asumir un elevado coste simbólico, pero también transmite un mensaje político claro, el de que no está dispuesta a que una condena penal determine el final de su trayectoria ni a ceder el liderazgo electoral del Reagrupamiento Nacional. Y todo ello a pesar de que durante los últimos días la propia dirigente del Reagrupamiento Nacional había reiterado que no contemplaba realizar una campaña electoral llevando un brazalete electrónico. En todo caso, va a resultar complicado construir una imagen presidencial mientras se cumple una condena penal visible para toda la opinión pública. En este sentido, el propio sistema francés contempla reducciones de condena que podrían acortar considerablemente el tiempo efectivo de utilización del brazalete, incluso hasta seis meses en determinadas circunstancias. Quizás sea aquí, y en su ambición personal, donde sustenta su decisión de seguir adelante.

En este contexto, Jordan Bardella seguirá siendo una pieza esencial de la estrategia del Reagrupamiento Nacional, pero la decisión de Le Pen retrasa el relevo generacional que muchos daban por inminente. El partido mantiene así la fórmula que mejores resultados le ha proporcionado en la última década: Marine Le Pen como candidata presidencial y Bardella como dirigente encargado de ampliar la implantación electoral y reforzar la normalización del partido entre los votantes más jóvenes. Se aplaza de este modo el relevo en el liderazgo de RN, y todo ello a pesar de que Bardella parece ya maduro y una figura política con identidad propia. Tanto es así que algunos sondeos ya sugerían que su liderazgo podría ampliar el espacio electoral del partido entre determinados segmentos moderados que todavía mantienen reservas hacia Marine Le Pen.

Algo, sin duda, ha cambiado en el que, a día de hoy, es el principal partido del sistema político francés. Esto es que Reagrupamiento Nacional ha dejado de ser un partido construido alrededor de una familia para convertirse en una organización plenamente institucionalizada. La estrategia de "desdiabolización" iniciada hace más de una década ya no depende exclusivamente de su líder histórica. El partido ha logrado construir cuadros, estructura territorial y una marca política suficientemente sólida como para sobrevivir a la familia Le Pen. Este es probablemente el dato más relevante a día de hoy.

Durante años buena parte del sistema político francés descansó sobre la idea de que Marine Le Pen constituía una anomalía personal más que una expresión estructural de la sociedad francesa. Hoy esa interpretación resulta claramente insuficiente. Hoy el voto al Reagrupamiento Nacional responde a transformaciones y clivajes mucho más profundos  que incluyen la desindustrialización de amplias regiones, el deterioro de la cohesión territorial, la crisis del ascensor social, el debilitamiento de los partidos tradicionales, el desgaste del proyecto macronista y una creciente percepción de inseguridad económica y cultural.

La sentencia ha evitado que sean los tribunales quienes decidan quién puede competir por la Presidencia de la República. Esa responsabilidad vuelve a recaer sobre los ciudadanos franceses. Pero el hecho de que Marine Le Pen pueda presentarse no resuelve el problema político de fondo. Las encuestas continúan situando al Reagrupamiento Nacional en una posición extraordinariamente competitiva de cara a 2027 y muestran que la extrema derecha mantiene opciones reales de alcanzar el Elíseo. La cuestión ya no es si Le Pen tiene derecho a ser candidata. La cuestión es por qué, después de una condena por malversación de fondos públicos, sigue siendo una de las principales aspirantes a gobernar Francia. Esa pregunta interpela mucho más a la política francesa que a sus tribunales En otras palabras, la extrema derecha francesa está más cerca que nunca del Elíseo. Y precisamente por eso la sentencia conocida esta semana tiene una importancia que trasciende el caso Le Pen. No elimina el problema político francés. Lo hace visible.

Ya no será posible atribuir un eventual triunfo del Reagrupamiento Nacional a una supuesta persecución judicial ni a una conspiración institucional. Si la extrema derecha alcanza la Presidencia de la República será porque una mayoría suficiente de ciudadanos franceses así lo habrá decidido democráticamente. Ese es, precisamente, el verdadero desafío para las fuerzas republicanas.

Las democracias no derrotan a los populismos mediante sentencias. Los derrotan reconstruyendo proyectos de país capaces de ofrecer seguridad, prosperidad y horizonte de futuro. Francia acaba de evitar que fueran los tribunales quienes decidieran quién podía aspirar al Elíseo. Ahora corresponde a la política demostrar que todavía es capaz de convencer a los franceses de quién merece realmente ocuparlo. Tomen nota y observen.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

La Ley de Memoria Democrática configura la ciudadanía como un instrumento de reparación histórica. Se concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados y a las víctimas del franquismo como una forma de reconocer el daño político que se les ocasionó con la violencia y el exilio. Un proceso de reconocimiento con el que, además, se pretende restituir un vínculo roto y dar continuidad de pertenencia a esa comunidad política que llamamos España. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido hacer patriotismo convirtiendo esa “ley de nietos”, que está vigente desde 2022, en un fraude electoral sobrevenido y anticipatorio.

Isabel Díaz Ayuso ha asociado la regularización extraordinaria de personas migrantes y la nacionalización de nietos con un “Gobierno mafioso” y con la intención de “nacionalizar socialistas”, presentando a unos y a otros como sujetos electoralmente sospechosos, cuyos votos pueden comprarse fácilmente; esto es, como ciudadanos de papel al servicio del sanchismo. La recurrente cantinela del “voto comprado” se predica siempre de los más vulnerables, como si los ricos y poderosos fueran incorruptibles y no se movieran jamás en función de sus propios intereses.

El relato de la supuesta “ingeniería electoral” y la hipótesis del “pucherazo masivo” no es más que una fabulación con la que el Partido Popular pretende minar la confianza en el mismo proceso electoral que lo legitima y que será la base con la que, eventualmente, logrará llegar al gobierno. Una fabulación suicida que no se sostiene ni con los datos disponibles, ni con las evidencias jurídicas, ni con la propia trayectoria del partido en materia de nacionalidad y voto exterior.

El PP viene mezclando, a conciencia, las cifras de solicitudes de nacionalidad y las de la regularización migratoria como si los dos movimientos implicaran automáticamente nuevos votantes, cuando los regularizados no podrán votar en las elecciones de 2027 y la mayoría de los expedientes que acoge la Ley de Memoria Democrática no podrá resolverse a lo largo de esta década. Feijóo ha llegado a hablar, incluso, de “ocho millones” o “2,7 millones” de nuevos votantes, obviando que las concesiones efectivas son muy inferiores y que, cuando se conceden nacionalidades, el paso al censo electoral es una auténtica odisea. Requiere inscripción en el Registro Civil, residencia o adscripción consular, y superar no pocas garantías y dificultades prácticas. La participación exterior sigue dependiendo hoy de muchas mejoras en la logística consular, la información electoral, el voto electrónico o la delegación de voto.

Por lo demás, no acaban de entenderse la hiperventilación y el escándalo, porque en España es evidente que el voto exterior ha tenido siempre un impacto estructural muy limitado, aunque haya sido decisivo en contadas provincias muy ajustadas o en elecciones concretas. De hecho, los populares lo han explotado en las ocasiones en las que les ha venido bien, especialmente en territorios como Galicia.

Con la supresión del voto rogado (reforma de 2022), el censo exterior subió a unos 2,3 millones y la participación en las generales de 2023 alcanzó el 10%, unos 233.000 votos, pero esto supuso una fracción todavía muy pequeña en relación con los más de 24 millones de votos emitidos en territorio nacional. En las generales de 2023, el escrutinio CERA solo modificó un escaño (del PSOE al PP, en Madrid), pese a la gran expectación sobre posibles cambios en hasta nueve provincias. En unas elecciones estatales, lo normal es que ese voto no altere más que uno o dos escaños en un arco de 350. Su impacto político depende tanto del censo CERA de cada provincia como de la competición multinivel, dado que no es lo mismo una autonómica gallega que unas generales con circunscripciones amplias.

El acceso a la nacionalidad es una forma de compensar las injusticias del pasado, aunque los beneficiarios no sean necesariamente quienes sufrieron el daño en sus propias carnes, ni quienes toman la iniciativa sean los responsables originales.

La política de la memoria consiste en asumir que los abusos históricos nos han otorgado una posición de privilegio que tenemos que compensar y han generado desigualdades estructurales que debemos corregir. La idea que le da sustento es que no solo somos responsables de lo que hacemos o consentimos personalmente aquí y ahora, sino que también tenemos obligaciones derivadas de pertenencias que no elegimos. Una de ellas es, sin duda, la de ser miembros de una nación que se construyó sobre la violencia, la tortura y la exclusión.

Hacer justicia exige razonar sobre nuestras responsabilidades colectivas, sobre el bien común, sobre lo que hemos sido, somos y queremos ser con una actitud autocrítica. Pero esto es algo que no puede defenderse ni desde la mitificación de las banderas, ni desde el individualismo y el onanismo irresponsable que profesan las derechas.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.