El opio ya no sirve. Un pueblo movilizado necesitaba ser adormecido con la religión y otros elementos para que no amenazara el orden establecido. Ahora que vivimos en una sociedad fragmentada, individualista y pasiva, que confunde la relaciones con las conexiones y no distingue entre lo real y lo virtual, necesita ser agitada y estimulada para que pase a la acción en defensa de ese mismo orden. Por eso hoy lo que hace falta es “la cocaína del pueblo”, que no es otra cosa que el estímulo artificial necesario para agitar y excitar a una sociedad acomodada en la costumbre, situación que se ha hecho con tanta intensidad que ha llevado a una convivencia polarizada y enfrentada.

Y la cocaína del pueblo es la desinformación, es decir, una información capaz de adaptarse a cada persona para que reciba aquellos contenidos necesarios que la mantengan en las posiciones previamente definidas, y para que duden o directamente cuestionen los contenidos que no encajen en esas referencias, los cuales son presentados como un ataque a sus ideas.

El ejemplo de esta estrategia de polarización y guerra cultural lo vemos en el tratamiento informativo de los casos judiciales que afectan a diferentes personas del PSOE.

Y para explicarlo, nada mejor que comparar la situación de la información actual con la que se hacía sobre los casos de corrupción del PP.

No se trata de justificar lo referente a cada uno de los partidos con el “y tú más”, sino de entender el diferente contexto de cada uno de ellos para analizar su significado y consecuencias, y cómo lo que antes era una manifestación del debate y enfrentamiento político, ahora es parte de una estrategia de diseño en la que los hechos son algo secundario.

Y lo primero que hay que reconocer, pues es una gran diferencia, es que “el sistema ha mejorado”. Ahora, por ejemplo, nada más salir informaciones que de manera general se refieren a una persona como el “One” o el “Uno”, ya se sabe sin ninguna duda quién es esa persona, mientras que hace años el sistema fue incapaz de saber quién era “M. Rajoy” escrito sobre una contabilidad en B del PP. Parece que hemos avanzado.

Pero, ironías aparte, la gran diferencia en la actualidad no está en la crítica política y mediática a los hechos conocidos relacionados con el Partido Socialista, es más, si todo lo que se sabe respecto al PSOE se supiera sobre el PP, la actitud del Partido Socialista y de una parte de la sociedad criticando y exigiendo responsabilidades sería muy parecida. La diferencia está en que hoy todo forma parte de una estrategia que busca influir en un resultado con independencia de los procedimientos democráticos establecidos.

El objetivo está en la estrategia de comunicación para generar una realidad que dé significado a todo el planteamiento político, mediático y social que la acompaña. Y para ello se instrumentalizan determinados hechos o se crean con bulos y postverdades si no existen. La estrategia consta de cinco pasos:

Esa “información masticada” y dirigida es la que actúa como “cocaína del pueblo” para mantener a una parte de la sociedad agitada e hiperactiva.

La diferencia principal respecto a lo que ocurría en otras épocas está en que lo que antes se paraba con el Telediario, el informativo radiofónico o la última hoja del periódico, ahora se convierte en un 24/7 en las redes que satura el espacio informativo, aumenta la intensidad de manera progresiva y nubla la conciencia bajo los efectos tóxicos de esa “cocaína del pueblo”.

El objetivo en todo momento ha sido la estrategia de ataque y cuestionamiento, ahora, con los casos conocidos, puede parecer que se trata de la información sobre los mismos, pero recordemos que cuando se inició en el minuto uno de la legislatura y no se conocían estos casos, ya comenzó con lo del “Gobierno ilegítimo”, “Gobierno traidor”, “perro Sánchez”… Y cómo desde el principio situaron a “pseudoperiodistas” dentro del propio Parlamento para desarrollar el trabajo necesario que alimentara la estrategia.

Y con todo lo conseguido, ahora el PP tiene prisa, pero no solo porque quiere alcanzar el Gobierno cuanto antes, sino porque es consciente de que la estrategia de resistir y dejar pasar el tiempo funciona. Es lo que él hizo y lo que le permitió continuar en el Gobierno a pesar de todos los indicios de criminalidad y corrupción que había, hasta que se dictó una sentencia condenatoria. Y eso, consciente de la estrategia y de que mucho de lo que dan por sentado no lo será en un juicio, es lo que no quiere para el PSOE.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

El 30 de octubre de 2020 la Universidad Complutense, de acuerdo con sus Estatutos, adjudicó la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva a Begoña Gómez por un periodo de cuatro años. Todo transcurría con normalidad y sin incidencia alguna hasta que el 24 de abril de 2024, casi cuatro años después, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, recibe una querella del “prestigioso Gabinete jurídico Manos Limpias” y, sin valoración crítica alguna —como le impone la ley—, inicia unas Diligencias de Investigación interminables que están a punto de concluir. Es inexplicable que una cuestión de esta naturaleza haya estado salpicada de incidencias procesales sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. He escrito y hablado abundantemente sobre este asunto, por lo que solo haré alusión a aquellas decisiones más llamativas e insólitas, que incluso han tenido repercusión internacional.  

La entrada de un juez de instrucción en la sede del Poder Ejecutivo para preguntarle al presidente del Gobierno si es el esposo de la persona investigada, conculcando de manera deliberada las previsiones legales que le permiten declarar por escrito, es una demostración flagrante de su pérdida de imparcialidad o, lo que es peor, de su afán de crear una situación de confrontación política que alimente los ataques del partido de la oposición. Un juez debe conocer la realidad social y ser consciente de la repercusión mediática de una medida de esta naturaleza. Además, elige los tiempos en los que el impacto puede perjudicar los intereses de nuestro país en sus relaciones internacionales. No solo los medios internacionales más prestigiosos sino incluso otros más remotos, como el Indian Express, se hicieron eco de tan inusual como extraordinaria medida.  

Alentado por el entusiástico apoyo recibido de los medios de la derecha, decide repetir el numerito por segunda vez. En esta ocasión la escena cobra tintes de un sainete sin que ello disminuya la gravedad y la agresividad de la medida. Lo hace para tomar declaración al ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sin darle oportunidad de contestar por escrito o de requerirle para aclarar quién había nombrado a la asistente de Begoña Gómez. En esta ocasión, el desatino va precedido de unas declaraciones provocadoras. Pide un automóvil oficial porque la vez anterior había sido retenido para comprobar su identidad y además exige entrar por la puerta de entrada de los ministros.  

Lo que sucedió a continuación me recuerda a la conocida secuencia del camarote de los Hermanos Marx (Una noche en la ópera). El recinto donde se iba a desarrollar la escena estaba ocupado por las numerosas representaciones de las partes personadas. Sorpresivamente, y ante el asombro de todos, Peinado solicitó que se trajese una tarima para realizar el interrogatorio desde una posición de superioridad mayestática. Cundió el desconcierto porque tal artefacto no existía. Llamaron a unos carpinteros que manifestaron que necesitarían, como mínimo, una hora para construirla. Uno de los abogados presentes sugirió que se podía ir por un taburete a cafetería. Parece que no cuajó la idea y por fin los carpinteros concluyeron su trabajo. Fue portada a hombros por los esforzados artesanos que la depositaron para que pudiera comenzar el interrogatorio. El tono empleado por el juez rompió todas las normas de comportamiento que se exigen a un juez. Berlanga no hubiera mejorado la escena.  

Las decisiones estrambóticas podrían recogerse en un folleto de varias páginas. Pero vayamos al final de los acontecimientos. El guion da un giro copernicano y los miles de folios que se han gastado en vano pasan a tramitarse por la Ley del Jurado. En un auto de 11 de abril de 2026 realiza la trasmutación y deja un párrafo para la historia: “No podrá hallarse un supuesto de similares características pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este expuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por cierto ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)”.

Llegamos al estrambote final. Acogiéndose a la Ley del Jurado, convoca la audiencia preliminar prevista en el artículo 30 de la Ley del Jurado. En un Auto de 25 de mayo expone que: ”Los delitos antes citados (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación)… podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la Justicia, procede acordar que dichos acusados comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la Fuerza pública, al acto de la Audiencia Preliminar, a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia, con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado, de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados".

Pocas veces una resolución judicial muestra tan descarnadamente la ignorancia, la parcialidad e incluso la animadversión del juez que la dicta. La audiencia preliminar no se puede celebrar sin que antes la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. Podría darse la circunstancia de que las resoluciones coincidiesen con la fecha de su jubilación el próximo 27 de septiembre y ya no pudiera tomar medidas represivas y atentatorias contra el valor superior de la libertad.

En primer lugar, no es necesaria la presencia de las personas acusadas, ya que en dicho trámite se van a plantear cuestiones estrictamente jurídicas, como la proposición de pruebas, la procedencia de la apertura del juicio oral y la competencia del Tribunal del Jurado. El juez Peinado, de forma explícita, ya ha prejuzgado el caso sin oír a las partes y decidir sobre sus pretensiones. Él mismo ha puesto las bases para la nulidad del acto ya que de antemano ha vulnerado el principio de la tutela judicial efectiva.

Si decide la apertura del juicio oral, será el momento para convocar la vista necesaria para decidir sobre la procedencia de acordar la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar. No sé si entrará en sus previsiones, pero le recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de enero de 2002, en la que —remitiéndose a otras numerosas resoluciones— recuerda que estas decisiones que afectan a la libertad han de ser suficientemente razonadas, que no resulten arbitrarias y que respondan a un normal razonamiento lógico, debiendo verificarse que la decisión ha sido adoptada de forma fundada, razonada y completa.

Para rematar su desviada trayectoria decide, de forma innecesaria y vejatoria, que si no comparecen serán conducidas por la fuerza pública. Creo que si le queda un gramo de racionalidad estará convencido de que la esposa del presidente del Gobierno, una funcionaria y un empresario en delicado estado de salud no merecen este exabrupto judicial. Espero que el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales critiquen esta decisión. Nos va en ello el prestigio de la judicatura puesta en cuestión por un personaje al que afortunadamente le quedan unos meses para su jubilación.

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José Antonio Martín Pallín ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

En aproximadamente un mes tendrá lugar en Ankara una nueva cumbre de la OTAN. Una cita que llega en uno de los momentos más complejos de la historia reciente de la Alianza Atlántica. No porque exista una amenaza nueva —la agresión rusa contra Ucrania sigue siendo el principal desafío estratégico para la seguridad europea—, sino porque sigue sobre la mesa una pregunta incómoda y de muy difícil respuesta: ¿qué ocurre si Estados Unidos deja de estar dispuesto a asumir el liderazgo político, militar y financiero que ha sostenido la organización durante más de siete décadas?

La elección de Turquía como país anfitrión no es casual. Ankara aspira a convertir la reunión en una demostración de su creciente relevancia estratégica en un escenario internacional cada vez más fragmentado. Pero la cumbre también servirá para medir la capacidad de la OTAN para adaptarse a un mundo en el que la relación transatlántica atraviesa un momento de incertidumbre y donde los europeos siguen sin resolver el dilema de su autonomía estratégica. Aunque desde los países europeos ya suenan voces que cuestionan la validez de esta arquitectura de seguridad y defensa, lo cierto es que, en el medio plazo, nadie tiene una propuesta que permita avanzar en un marco diferente que sea netamente europeo.

El primer gran debate será, una vez más, el reparto de cargas. La exigencia estadounidense de que los europeos incrementen su esfuerzo en defensa no es nueva. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump la cuestión ha adquirido una dimensión diferente. Ya no se trata únicamente de aumentar presupuestos militares, sino de una crítica mucho más profunda al modelo de seguridad construido desde 1949. Washington cuestiona abiertamente una situación en la que Europa continúa dependiendo de las capacidades estratégicas estadounidenses mientras desarrolla políticas cada vez más autónomas en otros ámbitos. La presión para aumentar el gasto militar se debatió en La Haya, en Ankara la discusión se centrará sobre la mayor asunción de responsabilidades en la defensa convencional del continente. Diversas voces dentro de la Alianza consideran que Ankara debe servir para redefinir el equilibrio entre el pilar europeo y el liderazgo estadounidense.

Sin embargo, algo esencial y no menor será determinar quién define las prioridades estratégicas de la OTAN en un marco de deterioro de la relación transatlántica donde la desconfianza crece a cada minuto. La paradoja para los europeos es que la hipótesis de que el incremento del gasto militar hará ganar más autonomía política al bloque europeo sencillamente no es cierta. De hecho, el escenario más probable es el de un incremento de las inversiones europeas en defensa sin modificar una estructura de dependencia tecnológica, industrial y doctrinal que sigue girando en torno a Washington.

El segundo gran asunto será Ucrania. Aunque no figure formalmente como el único punto de la agenda, la guerra seguirá condicionando todas las conversaciones. Cinco años después del inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, la OTAN continúa enfrentándose al desafío de sostener el apoyo a Kiev sin provocar una escalada directa con Moscú. La cuestión ya no es únicamente cómo ayudar a Ucrania a resistir, sino cómo integrar la seguridad ucraniana dentro de una arquitectura europea de seguridad que continúa sin definirse claramente.

La paradoja es evidente. Mientras la guerra ha revitalizado a la OTAN, ha acelerado la inversión en defensa y ha reforzado la percepción de amenaza compartida entre los aliados, también ha puesto de manifiesto las enormes carencias europeas en materia de capacidades militares, producción industrial y coordinación estratégica. La dependencia de Estados Unidos sigue siendo determinante en inteligencia, defensa antimisiles, transporte estratégico y capacidades nucleares. Ucrania ha demostrado que los europeos pueden movilizar recursos económicos considerables, pero también que siguen sin poder garantizar por sí solos su propia seguridad. Aún no está claro cómo avanzar en la Europa de la defensa y ya se están viendo los primeros fracasos en el ámbito de la industria, como el del proyecto de caza europeo. La cooperación en materia industrial no está siendo uno de los fuertes en la apuesta por ganar autonomía estratégica.

En este contexto, Turquía emerge como uno de los actores más beneficiados por la nueva coyuntura geopolítica. Situada entre Europa, Oriente Medio, el Mar Negro y el Cáucaso, Ankara ha logrado consolidar una posición de intermediación que le permite dialogar simultáneamente con Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. La celebración de la cumbre constituye un reconocimiento implícito de ese papel. Además, el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan pretende proyectar la imagen de una potencia regional imprescindible para la estabilidad de la Alianza y especialmente relevante para la gestión de los desafíos procedentes del sur. Y precisamente el flanco sur será otro de los debates relevantes de Ankara. Desde la perspectiva de los países mediterráneos, las amenazas a la seguridad europea no se limitan a Rusia. La inestabilidad en el Sahel, los conflictos en Oriente Medio, o la seguridad energética son algunos de los temas que han quedado subordinados a las preocupaciones del flanco oriental.

España, Italia y otros países del sur llevan tiempo reclamando una visión más equilibrada de la seguridad euroatlántica. La pregunta es si la OTAN será capaz de incorporar estas prioridades sin diluir su foco principal sobre Rusia. Turquía, por su posición geográfica y estratégica, intentará situar precisamente estas cuestiones en el centro de las discusiones.

En todo caso, el verdadero tema de fondo será la relación transatlántica. La OTAN llega a Ankara inmersa en un debate existencial sobre su futuro. Las dudas sobre el compromiso estadounidense ya no pertenecen únicamente al terreno de las hipótesis académicas. Forman parte de los cálculos estratégicos de todas las capitales europeas. Incluso dentro de la propia Alianza se discute abiertamente la necesidad de prepararse para escenarios de menor implicación de Washington.

La cuestión fundamental es si Europa aprovechará esta situación para construir una verdadera capacidad estratégica propia o si continuará refugiándose bajo el paraguas estadounidense. Hasta ahora, las respuestas han sido ambiguas. La guerra de Ucrania ha impulsado el rearme europeo, pero no ha generado una verdadera autonomía política ni militar. La mayoría de los incrementos presupuestarios han terminado reforzando la dependencia de sistemas de armas estadounidenses. De este modo, el debate sobre la autonomía estratégica sigue enfrentándose a las reticencias de aquellos Estados miembros que consideran que cualquier fortalecimiento del pilar europeo podría debilitar el vínculo transatlántico.

Así, la cumbre de Ankara probablemente no cerrará este debate, aunque sí que ofrecerá una fotografía bastante precisa del momento que atraviesa la Alianza. Una OTAN reforzada por la amenaza rusa, pero tensionada por las incertidumbres sobre el compromiso estadounidense; una Europa que aumenta su gasto en defensa, pero que todavía no ha decidido si quiere convertirse en un actor estratégico autónomo; y una Turquía que aprovecha las fracturas del sistema internacional para consolidar su posición como potencia indispensable.

La pregunta que sobrevolará toda la cumbre será sencilla, aunque incómoda: ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una OTAN más europea o simplemente a una adaptación del viejo esquema de dependencia bajo nuevas condiciones? Por el momento, la respuesta sigue inclinándose hacia la segunda opción. Europa habla cada vez más de autonomía estratégica, pero continúa actuando como si la garantía última de su seguridad estuviera, inevitablemente, al otro lado del Atlántico. Quizás ha llegado el momento de empezar a cambiar los marcos cognitivos y avanzar hacia una diversificación de las alianzas estratégicas, quizás haya debatir y rebatir un marco fijo e incuestionable hasta ahora.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El diario El País ha señalado a 61 obispos y siete cardenales españoles acusados de encubrir la pederastia en la Iglesia católica (ver aquí). Entre los cardenales se cita a Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Durante su presidencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la gestión del cardenal Omella sobre las víctimas de abusos sexuales –niños, niñas, adolescentes y jóvenes en seminarios, noviciados, parroquias y otros espacios católicos– no fue precisamente ejemplar. En el discurso inaugural de la 120ª Asamblea Plenaria de la CEE, celebrada del 21 al 25 de noviembre de 2022, en un momento en el que se revelaban numerosos casos de pederastia en la iglesia católica, sin duda uno de los mayores escándalos que ha generado una pérdida de credibilidad en ella, no hizo referencia alguna a dichos casos. Perdía así la oportunidad para hacer autocrítica, expresar arrepentimiento, pedir perdón públicamente, hacer propósito de la enmienda y comprometerse a reparar a las víctimas.

Con este silencio se alejaba del mensaje de Jesús de Nazaret: “Compasión quiero, no sacrificio” (Mateo 9,13), volvía a humillar a las víctimas de tamaño “crimen”, como lo calificó el papa Francisco, y de tamaña “plaga” y “llaga todavía abierta”, como acaba de definirla el papa León XIV. Le faltó compasión como principio ético que nos lleva a solidarizarnos con las personas que sufren. Su silencio sobre la pederastia en aquel discurso chocaba con el mantra —repetido de nuevo en esa intervención— de la condena de las “ideologías de género”, a las que responsabilizó de generar irresponsabilidad familiar y crisis de identidad.

Tampoco hizo referencia a las diferentes formas de discriminación, injusticia y violencia de género, tan cerca como estaba el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Mujeres y las Niñas. Hasta la fecha del discurso, el feminicidio había terminado con la vida de 38 mujeres ese mismo año en España. ¿No merecían estos feminicidios un recuerdo, una denuncia, una condena? ¿No tendría que haber reconocido la responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en el mantenimiento del patriarcado tanto en la sociedad como en la iglesia, generador de la violencia de género?    

Pero la actitud negacionista del cardenal Omella se manifestó con toda contundencia ante el 'Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Una respuesta necesaria', presentado por el Defensor del Pueblo el 27 de octubre de 2023, cuyo objetivo era “dar respuesta a una situación de sufrimiento y soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”.

El Informe consideraba que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública” y que “la gravedad del problema deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la defraudación de las personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas y por una parte de la sociedad en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.

El 30 de octubre, tres días después de la presentación del Informe, el cardenal Omella convocó una Asamblea episcopal de urgencia para el estudio y la valoración de dicho Informe. En ella los obispos manifestaron su dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia a las víctimas de la pederastia, expresaron su petición de perdón y mostraron su deseo de trabajar conjuntamente en la reparación integral y de profundizar en los caminos para su protección y acompañamiento.

Muy distinto fue el tono del cardenal Omella el 20 de noviembre de 2023 en el discurso inaugural de la 121ª Asamblea Plenaria del episcopado español, en el que vertió acusaciones gruesas contra el Informe del Defensor del Pueblo, la encuesta de GAD3, las extrapolaciones de los datos y los medios de comunicación. La encuesta se realizó a una muestra de 8.013 personas, a quienes se preguntó por sus creencias o increencias religiosas con estos resultados: el 16% se declaró ateo; el 7% afirmó ser religiosamente indiferente; el resto se confesó creyente, un 23% practicante y un 39% no practicante. Las preguntas fueron 34: diez dirigidas a todas las personas encuestadas y solo 24 a quienes confesaron haber sido objeto de abusos sexuales siendo menores de edad. 

El cardenal Omella calificó los resultados de la encuesta de GAD3 de dudosa fiabilidad y de falta de veracidad, y la extrapolación de los datos de “infundada, errónea e intencionada” y de “disparate”, dejando la duda de que pudiera haberse hecho “de manera maliciosa”. Entonces me pareció injusto que una encuesta de las características indicadas recibiera las descalificaciones de todo un presidente de la CEE. Ahora sigue pareciéndolo con más razón.

El cardenal Omella, en su calidad de arzobispo de Barcelona, recibe estos días al papa León XIV, que durante su viaje a España ha condenado enérgicamente en varias ocasiones la pederastia clerical y la ha calificado de verdadera plaga y llaga todavía abierta. Conocida la existencia de varios miles de víctimas de la pederastia clerical y de sus violadores, sabedor de la situación de desamparo y discriminación en la que se encuentran y de la indignación de las asociaciones de víctimas por no haber sido recibidas ni escuchadas por el papa, salvo las seis víctimas seleccionadas por los obispos, ¿seguirá manteniendo el cardenal Omella la misma actitud de silenciamiento, de falta de compasión con las víctimas de la pederastia clerical y de cuestionamiento del Informe del Defensor del Pueblo, valorado muy positivamente por otros obispos españoles?

Cumplidos los 80 años y ya en tiempo de descuento como arzobispo de Barcelona, le sugiero que no adopte la actitud de “mantenella y no enmendalla”, sino que, ante los abusos sexuales, siga la llamada de León XIV en la reunión con los obispos españoles a “responder con la escucha, la verdad, la justicia y la reparación, un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado” y “cambios reales de sanación”. Es lo que pide el papa a la jerarquía y a toda la comunidad eclesial.

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Juan José Tamayo es teólogo y emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'Pederastia, ¿pecado sin penitencia?' (Erasmus, 2024).

Recuerdo enseñar las tetas y besarme con no sé quién cuando Benedicto XVI visitó Santiago de Compostela en 2010. Estudiaba Filosofía entonces y, de forma orgánica, como cuando Fraga vino a la facultad o el 15M ocupó el Obradoiro, hicimos lo propio. No eran gestos calculados para las redes sociales, sino simplemente lo que tocaba, una interpelación necesaria a una institución que llevaba décadas administrando el cuerpo de las mujeres, gestionando las agresiones sexuales a personas menores de edad y oponiéndose al aborto, al divorcio y a la homosexualidad mientras reclamaba su espacio público con la bendición del Estado.

Esta semana León XIV está en Madrid y Bad Bunny en el Metropolitano.

Señoras de izquierdas acuden, cumpliendo en silencio el protocolo de negro, a los actos del primero, mientras que otras mujeres de izquierdas son seleccionadas (o desean serlo) por el equipo del segundo para subir a La Casita, y no precisamente por ir vestidas de negro recatado. Escasean las protestas. Y las que asoman, se entierran bajo el paradigma de las necesarias contradicciones que la izquierda y el feminismo deben pagar hoy por la posibilidad de gobernar.

Ir tapada a rezar con el papa y perrear hasta el suelo enseñando las tetas en Instagram no son cosas que estén de ningún modo mal. Tampoco soy tan ingenua como para afirmar que apunten al mismo problema. No hay nostalgia ni voluntad de decirle a nadie lo que tiene que hacer aquí, pero sí mucha preocupación sobre la capacidad política que, como país, tenemos para ahogar o avivar las contradicciones, las normas y sus disidencias, ya que es en todo ello donde reside nuestra potencia de cambio.

Hubo un tiempo en el que teníamos gestos que nos permitían, a pesar de nuestras contradicciones, disfrutar y respetar los dos escenarios al mismo tiempo que señalábamos aquello que tenía que cambiar en la Iglesia o en la industria musical. ¿Qué ha cambiado en estos años?

Como mujer feminista, aunque entiendo lo liberador que puede resultar perrear hasta el suelo para un hombre (aunque, puestas a protestar contra el patriarcado, disfruto personalmente mucho más de perrear para una mujer), no me siento cómoda con la idea de que no protestemos contra el papa. Pero, como con La Casita, lo que me ronda la cabeza estos días no es si la izquierda o el feminismo es coherente, que es un debate que sirve sobre todo para paralizar(nos), sino qué ha pasado con nuestra disposición a incomodar que parecía tan constitutiva de nuestra posición ideológica.

Y es que lo que ha desaparecido no es exactamente la crítica, que todavía la hay en artículos, hilos o reels; la cosa es mucho peor, lo que ha desaparecido es el gesto radical, lo subversivo, el acto que ponía el cuerpo donde estaba el argumento. Seguimos haciendo izquierda, seguimos haciendo feminismo, pero de riesgo 0. Enseñar las tetas ante la Iglesia era una forma de decir que ese cuerpo no aceptaba su jurisdicción. Enseñarlas en TikTok ocurre en un contexto donde el destinatario ha cambiado hasta invertir el sentido completo del acto, no porque la protagonista produzca un contenido para la plataforma que controle (de hecho, no lo hace, pero este es otro debate), sino porque existe una diferencia que se puede medir en la recompensa recibida frente a la violencia sufrida en una y otra acción. Pasamos de hacerlo a pesar de y contra, a hacerlo por placer y a favor. No hay nada intrínsecamente distinto en el gesto. Lo que ha cambiado es hacia quién apunta y, en consecuencia, lo que consigue.

Cabalgar contradicciones se ha convertido en la postura por defecto de una izquierda que aprendió, por supervivencia y oportunidad, a gestionar las tensiones en lugar de sostenerlas. We have been PSOED es una forma de decirlo; otra, compatible, es hacerse cargo de lo terriblemente complejo que supone seguir manteniendo una posición dura en un ecosistema cultural, mediático y judicial que destroza toda discrepancia. Sabemos que Bad Bunny puede ser a la vez símbolo anticolonial y productor de espectáculos donde se selecciona a las mujeres por su aspecto, y seguimos comprando las entradas. Sabemos que la Iglesia puede traer un papa que habla de migrantes mientras su institución mantiene intacta su doctrina sobre el aborto y su historial de encubrimientos. El peligro no reside ahí sino en lo que Foucault llamaría normalización: conseguir que las normas parezcan deseos, que las jerarquías parezcan estilos, que la reproducción del orden parezca elección. La Iglesia de Benedicto disciplinaba sobre un cuerpo que sabía (o aún tenía) dónde plantarse para oponérsele. El algoritmo de 2026 normaliza sobre un cuerpo que, mientras cree resistir, está produciendo el contenido que lo regula. La izquierda se ahoga en esa contradicción.

Todo esto recuerda inevitablemente a lo que Mark Fisher llamó realismo capitalista: esa colonización capitalista de la posibilidad misma de imaginar una alternativa al sistema, que tan bien diagnosticó en la izquierda de su tiempo como un conservadurismo sombrío que repetía gestos de rebelión mientras enmascaraba en ellos una resignación de fondo. Dicho de otro modo, el problema no es este u otro gesto cultural, sino que nuestra capacidad de producir gestos culturales que rompan el sistema está tan mermada que incluso los que producimos son funcionales para el mismo sistema que queríamos cuestionar. Tanto, que resulta demasiado difícil pensar que no estamos sumándonos a esa ola conservadora.

Por eso lo más peligroso de este nuevo conservadurismo no llega con crucifijos ni con nostalgia de los años 50, sino cuando la crítica se da por necesidad algorítmica en redes sociales; es decir, cuando la resistencia se vuelve fundamentalmente una cuestión estética, cuando está mal visto exigir una posición moral y, sobre todo, cuando señalar una contradicción ocupa el lugar de confrontarla. Somos más conservadoras que quienes nos precedieron no porque hayamos abandonado las ideas, sino porque ni siquiera nos damos cuenta de que lo somos. Porque hemos perdido la capacidad de reconocer la forma que toma hoy el poder sobre nosotras mismas.

No sé si revertir esta situación pasa por volver a enseñar las tetas ante una catedral (cosa que haría sin dudar) o cualquier gesto equivalente, sea taparse, quedarse quieta, hablar mucho o poco, bailar todo o nada. Lo que sí sé es que echo de menos vivir en un tiempo en que esa pregunta era la que más sentido tenía hacerse, el tiempo en el que ser feminista era querer quemar la Conferencia Episcopal. Y a la vez, ¿cómo no alegrarme de las fortunas y hegemonías del feminismo? Have I been psoed too?

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Poco después de un año de su elección, el papa León XIV llega a España con una excelente carta de presentación en el plano internacional, nacional e intelectual. En el internacional se ha caracterizado por la confrontación directa con su compatriota el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la serena respuesta a sus insultos y descalificaciones, la firmeza en la crítica a su programa belicista, el rechazo a su amenaza de destruir la civilización persa y la condena de las intervenciones militares de Trump y Netanyahu. Tal modo de proceder le ha convertido en una autoridad moral internacional frente a la mayoría de dirigentes políticos que han guardado silencio o se han mostrado pusilánimes en la condena de tamañas agresiones contra el Derecho Internacional.  

En el plano nacional es de destacar la intervención de León XIV en las negociaciones con el Gobierno español para la reconfiguración de Cuelgamuros, tras la retirada de los restos mortales del dictador de la basílica del Valle de los Caídos, y el papel fundamental jugado para que la Conferencia Episcopal Española aceptara el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia dentro de la Iglesia católica.  

En el terreno intelectual, viene con la encíclica Magnifica humanitas debajo del brazo, valorada como una de las reflexiones más rigurosas y mejor fundadas interdisciplinarmente sobre la Inteligencia Artificial. La encíclica defiende la dignidad humana frente a los tecnócratas que someten a los seres humanos a su poder deshumanizador y los convierte en mercancía. Como respuesta al posthumanismo y al transhumanismo apuesta por un humanismo ecológico, relacional, descolonizador y solidario con las víctimas de las guerras y del poder tecnocrático.  

¿Irá en esa dirección la visita de León XIV a España o seguirá otros derroteros? Veámoslo. En calidad de jefe de Estado —la función menos acorde con el Evangelio y a la que, por ello, debería renunciar— que no es, precisamente, un Estado democrático de Derecho, mantendrá encuentros con los reyes, con el Gobierno, con el cuerpo diplomático, así como con parlamentarios y parlamentarias en el Congreso, donde será el primer papa que pronunciará un discurso. ¿No desmienten estos encuentros el carácter pastoral de la visita y nos devuelven a los tiempos de la Cristiandad? ¿No son, quizá, restos de nacionalcatolicismo? Celebrará actos multitudinarios: encuentros con el mundo de la cultura, la economía y el deporte, de oración con jóvenes, eucaristías en campos de futbol, plazas, espacios religiosos. 

Los encuentros que están más en sintonía con la ubicación de León XIV en el Sur global y con la propuesta de Francisco de ir a las periferias humanas, son los que mantendrá en las cárceles con personas privadas de libertad, en centros de acogida de personas sin hogar, en lugares de hospitalidad con inmigrantes. Visitará organizaciones de caridad y asistencia a personas y colectivos más vulnerables, donde podrá comprobar la discriminación social, cultural, política y étnica de las personas más vulnerables y el sufrimiento que conlleva, pero también la práctica de la compasión. Visitará el emblemático Puerto de Argineguin, donde podrá conocer in situ el drama de las personas migrantes, muchas de las cuales pierden la vida en su intento de llegar a nuestras costas.

Numerosos son los colectivos que no se encuentran en la agenda oficial del papa. Dos son los que más han llamado la atención y han provocado una indignación no pequeña: las víctimas de la pederastia y las asociaciones que las representan, por una parte, y los colectivos de mujeres cristianas feministas, especialmente la Revuelta de las Mujeres, presente en la mayoría de las diócesis españolas. Son colectivos que luchan contra el patriarcado religioso y trabajan por que “la igualdad sea costumbre en la Iglesia”. 

En una patriarquía perfecta como es la Iglesia católica, las mujeres están fuera de los espacios públicos, de las esferas de poder, de la presidencia de los actos litúrgicos, de los lugares donde se toman las decisiones más importantes, se elabora la “recta doctrina” y se prescribe la moral, con frecuencia represiva para las mujeres. Lo comprobaremos durante los días de la visita del papa en las celebraciones litúrgicas: ni una sola mujer en el altar, solo clérigos en sus diferentes grados —papa, obispos, sacerdotes—. Esta imagen patriarcal hará imposible todo intento de convertir la Iglesia en una comunidad de iguales, como lo fue el movimiento igualitario de Jesús de Nazaret. 

La ausencia de encuentros del papa con los colectivos feministas, cristianos o no, confirma una ley de la historia: la respuesta a la marginación de las mujeres puede esperar. Siempre hay otras situaciones a resolver que tienen prioridad. Mientras tanto, las mujeres seguirán siendo la mayoría silenciada, que no silenciosa, seguirán alzando la voz, pero no serán escuchadas. Coincido con la Carta abierta de la Revuelta de las Mujeres al Papa: “Si alzamos la mirada hacia la Iglesia, nos sentimos invisibles, ninguneadas, separadas, desanimadas”. 

Tampoco existe en la agenda papal del viaje a Madrid, Barcelona y Canarias encuentros con las víctimas de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, religiosos, religiosas, profesores, confesores, padres espirituales, etc. en seminarios, noviciados, campamentos, parroquias, colegios y otros espacios religiosos. Ante la protesta de las asociaciones de víctimas por no poder reunirse con el papa, se empieza a hablar de un encuentro privado con algunas de ellas, sin luz ni taquígrafos. ¿No sería vergonzante tal encuentro? 

Las actitudes de la jerarquía ante el crimen de la pederastia en la Iglesia han sido el negacionismo, el encubrimiento, la complicidad, la insensibilidad ante el sufrimiento de las víctimas, la negativa a colaborar con la justicia, la falta de sanciones adecuadas a los pederastas conforme a la gravedad del delito y la ausencia de compasión. Si no se produjera el encuentro con las víctimas o se hiciera de manera privada se las volvería a victimizar, humillar, invisibilizar. 

El papa se encontrará con la Conferencia Episcopal Española. Me parece una excelente oportunidad para que ponga sobre la mesa una serie de exigencias a los obispos españoles. Sin ánimo de ser exhaustivo, cito las siguientes: renunciar voluntariamente a los privilegios económicos, educativos, fiscales, jurídicos, culturales y jurídicos de los que disfruta; devolver los bienes inmatriculados a su nombre a sus verdaderos dueños: el pueblo y el Estado; aplicar la Ley de Memoria Democrática en sus instituciones, templos y otros lugares religiosos; renunciar a las asignación tributaria y comprometerse a autofinanciarse; eliminar la enseñanza de la religión confesional en la escuela y apoyar la creación de una asignatura de la historia de las religiones en el marco de la historia de la cultura; apoyar la creación de un Estatuto de laicidad en los ámbitos estatal, autonómico y municipal; pedir perdón por la pederastia e indemnizar a las víctimas; apoyar la revisión del artículo 16.3 de la Constitución española que sitúa a la iglesia católica en una situación de privilegio y a las otras religiones de discriminación; pedir perdón por el apoyo al golpe de Estado que terminó con la democracia republicana y a la legitimación de la dictadura franquista. 

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Juan José Tamayo es teólogo, emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus últimos libros son: Cristianismo radical (Trotta, 2026); Política y religión (Tirant, 2026).

Unos días más tarde otra persona muy cercana, de ochenta años, acabó una conversación entrañable con un osco: "el país va fatal y hay que asumirlo". Yo estaba intentando contarle la historia de S.G. para ilustrar mi teoría de que nos alimentan con miedo. Pero eso fue demasiado para ella: "Hay cosas que no se pueden negar". "Nunca estuvimos peor", dice una compañera de 35 años y Román casi me insulta cuando hablamos de este tema y me muestro optimista.

No dejo de pensar en cómo hacerle ver, a toda esa gente que quiero y admiro, que su convicción de que todo va fatal es solo una sensación que no se corresponde con la realidad. Porque es cierto que muchas cosas van mal. Pero otras muchas van muy bien.

Nos lamentamos de “lo mal que va todo” sin pensar si realmente va “tan mal”. La ultraderecha se empeña en hablarnos de ello constantemente. En explicarnos que nos vamos al traste. En eso coincidimos casi todas. La diferencia sustancial se encuentra en cómo vemos las soluciones.

La campaña de la derecha consiste en buscar culpables: el malo malísimo es Pedro Sánchez. Luego, de cerca, están las personas migrantes, más culpables cuanto más marcado sea su color de piel o su vulnerabilidad. La solución es sencilla: acabar con él y con ellas. La solución contra la pobreza, quitar los impuestos. La solución contra el cambio climático, no pensar en él. La solución contra la falta de vivienda, liberar el mercado. La solución contra la guerra, incrementar el gasto militar.

¿Y esto funcionaría? Pues no hay más que mirar a Estados Unidos, que está precisamente llevando estas medidas al extremo. La política fiscal del país ha conseguido que tengan una de las esperanzas de vida más bajas de la OCDE, 78,4 años en comparación con los 80,5 de la media. Incluso la clase alta de EE.UU. tiene menos esperanza de vida que nuestra debilitada clase media. La crisis de los opiáceos se está llevando por delante a 44.500 personas por sobredosis solo en 2025. La solución propuesta por Trump es invadir México. La solución propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum es que Estados Unidos trabaje para impedir el tráfico de fentanilo en su territorio e invierta en medidas de lucha contra la drogadicción. 2026 será el primer año en la historia de EE.UU. en que su población decrecerá. Los efectos de este fenómeno ya se dejan ver en algunas zonas. Uno de los casos más significativos está siendo Texas donde las políticas migratorias han dejado sin manos el campo, la construcción y los servicios técnicos. Lo mismo está pasando en otros países donde la ultraderecha gobierna. En Italia, con Meloni, los precios al consumo han subido un 17% en los últimos cinco años mientras los salarios solo crecieron un 9,6%, lo que equivale a perder un mes entero de sueldo. Cada año 100.000 jóvenes emigran a otros países y la población lleva una década encogiéndose. En Argentina, Milei prometió la motosierra como solución y lo que ha dejado es que, aun con la bajada oficial de la pobreza, los salarios reales han perdido un 5,5% bajo su gobierno y en diez años el poder adquisitivo ha caído entre un 24% y un 40% según el sector. 

El laboratorio existe. Los resultados están ahí.

Ninguna de las medidas que proponen la derecha y la ultraderecha solucionaría los problemas que preocupan a los españoles. En todo caso los empeorarían. A veces pienso que quizás debería ganar la ultraderecha para que quienes la votan vean las consecuencias devastadoras de tener a esa gente en el poder. Texas, por ejemplo —un estado que parecía roca sólida para la derecha republicana—, está mostrando grietas profundas por las políticas de Trump. En la elección especial del Distrito 9 del Senado, un escaño en manos conservadoras durante más de tres décadas, el demócrata Taylor Rehmet dio la vuelta al distrito por 14 puntos, revirtiendo de golpe una ventaja de 17 puntos que tenía Trump. Lo que impulsó un voto de castigo de las familias trabajadoras e hispanas —Trump consiguió el 55% de los votos de estas últimas en 2025—. Y en ese terreno crece el seminarista presbiteriano James Talarico, del ala de Bernie Sanders, que lidera las encuestas demócratas para el Senado combinando valores progresistas con fe cristiana. El modelo que muchos decían imposible está ocurriendo por prueba y error.

Suspiro y pienso… podría ser. Pero luego recuerdo el caso de Madrid. Veo cómo Ayuso y Almeida están destrozando la comunidad y la ciudad. La lista de horrores de la presidenta no tiene límites, pero a la vista de los resultados electorales parece que da igual. Para cuando la clase media se dé por aludida con la privatización de la sanidad, ya será demasiado tarde para recuperar el sistema público de salud. Cuando ya no queden más bancos para sentarnos, ni más sombra bajo la que cobijarnos, necesitaremos años para reponer lo que se ha quitado en meses. ¡Pero si uno de los problemas más graves de la capital es la vivienda y Ayuso no ha ejecutado la ley nacional que defiende a los más vulnerables y sigue culpando al gobierno central de algo cuyas competencias son autonómicas! Como hace con todo, por otra parte. Una dirigente que tiene en su haber la responsabilidad no asumida de la muerte de más de 7.000 ancianos en residencias públicas y no ha sido castigada electoralmente por ello. Lo imagino en el plano nacional y se me hiela la sangre. Así que no podemos dejar de luchar porque los gobiernos progresistas ganen.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las opciones de izquierdas es el pesimismo. Que todo el mundo esté de acuerdo en que todo va mal es un problema enorme. Y es un problema creado. Hay toda una maquinaria funcionando al servicio de ese fin. Tan efectiva es que se dedican millones de euros a analizar “lo mal que estamos”. Los medios de comunicación se ven arrastrados por ese flujo sin ser conscientes de que lo alimentan. Solo se habla de desgracias, de sucesos y de odio. Y las ciudadanas estamos a merced de esta narrativa destructiva. Tanto es el miedo a lo que ya está siendo que nos quedamos inmóviles, como animales deslumbrados.

Lo único que nos queda es recuperar la esperanza por un mundo mejor. La realidad es que no estamos tan mal. De hecho estamos mejor que nunca en muchos sentidos. La medicina está avanzadísima. El conocimiento en general es asombroso. La interconexión, histórica. Con las herramientas que tenemos, usadas de la forma adecuada, podríamos construir un futuro increíble, disminuyendo la desigualdad hasta límites insospechados. Solo necesitamos un horizonte hacia el que caminar y propuestas concretas para poder alcanzarlo paso a paso. Tenemos que despegarnos del presente que ya fue. Además, tenemos que mirar pequeño. Las noticias en su justa medida. Las informaciones seleccionadas. Saber “lo malo” es importante. Ponerlo en perspectiva es cuestión de vida o muerte. 

Últimamente dedico parte de mi tiempo a buscar noticias positivas. La mejor que he encontrado en estos días: Vivaan, Ariana y Avyana, tres jóvenes indios de 16 años, que han creado un método natural que elimina microplásticos del agua usando polvo de semillas de tamarindo. Me parece una noticia alucinante. El sistema, que se llama Plas-Stick, agrupa las partículas plásticas para retirarlas fácilmente con un imán, sin necesidad de electricidad ni filtros complejos.

Pero no es fácil encontrar cosas tan chulas. Y en realidad me he dado cuenta de que no necesito “noticias positivas”. Necesito fijarme en qué cosas vivo que son inspiradoras. Porque esa es mi realidad. Que mi familia esté sana es maravilloso. Que vivir sea una opción y no una obligación es increíble. Que Fernando haya dejado su taller a su ayudante en lugar de traspasarlo a una franquicia es flipante y puedo seguir saludando todas las mañanas a este mecánico entrañable que siempre me regala una sonrisa. Que el sindicato de inquilinas logre parar un desahucio me emociona. Que en la fundación Bocatas hayan formado a 30 chavales para ser cocineros y camareros este curso y estén trabajando mas de la mitad es un notición. Que en la concentración para evitar el desahucio de Mari Carmen hubiera muchas personas y cantaran Ismael Serrano y Rozalén me devuelve la esperanza en la humanidad. Mari Carmen en sí misma me parece un milagro, luchando por su vida mientras nos enseña a las demás que la vida de una es la vida de todas. Son pequeñas cosas que no son tan pequeñas.

Y mientras tanto, pico y pala construyendo. Saludando a mis vecinas, parando para escuchar y sonreír. Convencida de que el amor acabará triunfando. Porque vivir en lo bueno es vital. Es la forma más radical de resistencia que existe.

Make America Great Again. Así es como se presentó el magnate republicano Donald Trump a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero en su mismo eslogan ya se apuntaba a una declaración de intenciones que implicaba una serie de posicionamientos nacionales e internacionales.

La crisis del movimiento es, sencillamente, fruto de los cambios que su liderazgo ha propiciado de manera más que errática. El segundo mandato de Trump poco tiene que ver con el primero a pesar de que profundiza dinámicas importantes que inauguró en 2016 con perspectivas de futuro.

Pero lo más significativo es que el gobierno de Trump en 2026 también dista mucho del tono que tenía a principios de 2025. He ahí el golpe de timón.

La victoria tan fulgurante que se granjeó Donald Trump en las elecciones del año 2024 lo cambiaron todo. Quizá ganó demasiado fuertemente. ¿Pero es acaso posible eso?

La personalidad del empresario neoyorquino es propicia al envalentonamiento y a la potenciación del ego, como él mismo ha llegado a reconocer. Demasiados resortes del poder bajo su mando podían ser peligrosos para un proyecto que perdía contrapesos.

La idea de extralimitar sus medidas no parecía tan descabellada tras un mandato popular que podía ser interpretado como un cheque en blanco en Mar-a-Lago. La obtención de los compromisarios de todos los Estados clave, la primera victoria en voto popular de las tres elecciones donde se había presentado, el control de las dos cámaras, la mayoría republicana en la Corte Suprema y el auge entre electorado tradicionalmente demócrata. Todas estas claves supusieron el principio de la aventura desbocada.

Desde el principio el equipo más cercano de Trump creyó que el movimiento MAGA debía ser interpretado en estrictos términos aislacionistas o priorizadores, pero en ningún caso como un mandato republicano tradicional que buscase compartir valores y bienes globales a cambio de una hegemonía multilateral.

Había que centrarse en la situación interna. Reindustrializar Estados Unidos, limpiar étnicamente todo lo que se pueda el país, poner el foco en América ampliando la doctrina Monroe y luchar contra el narcotráfico y la migración. Todo ello implicaba profundizar las medidas que, como pasaba con la guerra comercial, se habían delineado durante el primer mandato y que Joe Biden no había revertido por completo.

Para ello Elon Musk se había ganado el oído de Donald Trump. Perfiles que querían romper con los compromisos tradicionales en Europa, el mundo liberal e incluso Oriente Medio emergían de manera rupturista. Segundas filas del Pentágono como Elbridge Colby o de la guerra arancelaria como Peter Navarro aparecerían discreta pero implacablemente.

JD Vance era el gran baluarte de esa corriente contraria a empantanar a Estados Unidos en aventuras militares por el mundo, partidaria de hacer la guerra contra los demócratas y limpiar el Estado profundo. El oligarca Elon Musk, el ex presentador de la Fox, Tucker Carlson, y su propio hijo, Donald Trump Jr, sirvieron como camarilla en Florida para evitar por todos los medios que figuras neoconservadoras pudieran llegar a la Administración Trump 2.0.

Entre los cordones sanitarios que aplicaron destacó la operación para excluir a Mike Pompeo, antiguo secretario de Estado de Trump. Perfiles como John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, se sumaron al espectro tradicional republicano y los halcones intervencionistas en su campaña de derribo contra Trump. Esta administración iba a cambiarlo todo a lomos de este MAGA reforzado.

Y así empezó ocurriendo. La historia de la Administración Trump en 2025 es conocida por todos. Hasta que Trump comenzó a retrasar la aplicación definitiva de los aranceles. Las expectativas y las capacidades eran tan altas gracias a la victoria completa de 2024 que aplicarlo todo implicaba riesgos muy serios en los mercados. La camarilla no veía con buenos ojos que Trump no se atreviese a romper con el corsé de la deuda, la balanza comercial desfavorable y el dominio del dólar como moneda de reserva global.

Trump prefirió usar sus amenazas arancelarias y bélicas como un órdago que pudiera retirar a cambio de concesiones por parte de socios y rivales. Y así fue hasta la subida de la apuesta por parte de China, que le aguantó el órdago económico y forzó a Trump a una negociación que no está pudiendo ganar de la forma abrumadora que esperaba.

Del mismo modo ocurrió con el ejército. Los recortes masivos que organizó Musk buscaban romper con gran parte del tejido supraestatal y la sobreextensión exterior, militar y humanitaria estadounidense. Cuando Trump aprobó su “ley bonita” en 2025 e incrementó notablemente el gasto en Defensa, MAGA comenzó a estallar por los aires.

Las aventuras bélicas volvían a exigir recursos. Venezuela e Irán fueron dos trampas mortales. Trump murió de éxito en Caracas y esto le envalentonó a confiar en las promesas israelíes sobre la República Islámica de Irán. Nada más lejos de la realidad. Estados Unidos comprometió millones en otro pozo sin fondo en Oriente Medio, justo lo que Trump quería evitar.

Ahora alabado por los halcones que le criticaban, el presidente se enrocó en su nueva posición. Y esto propició que Marco Rubio, un conservador intervencionista tradicional, elevase la suya. El perfil de Rubio, que parecía haberse trumpizado para encajar en el gobierno MAGA y pasar el corte de la camarilla de Musk, volvió a representar los anhelos de los halcones.

Rubio es en estos momentos el futuro de este sector. Y el objetivo está claro tras la caída de Carlson y Musk, la defensa del dólar y la intervención en Oriente Medio: minar la posición del último gran no alineado, JD Vance.

En la línea de ruptura con el orden liberal, Steve Witkoff se había granjeado en 2025 el ascenso a la posición principal de enviado exterior gracias a su sintonía con Rusia. En el nuevo trumpismo, Jared Kushner, el yerno de Trump, se le unió para restaurar entre los dos la primacía que Israel tenía en la Casa Blanca en el primer mandato. Y este es el motivo por el que Irán exigió que JD Vance fuera el negociador en Pakistán. Este nombre no es baladí.

Mientras Trump rompía con la base más radicalizada del movimiento MAGA, como la congresista Marjorie Taylor Greene, ha ido surgiendo toda una corriente neo-trumpista. Los expulsados de la coalición están buscando capitalizar el descontento de la base MAGA con el Trump más centrado en los intereses israelíes que en las promesas de volver a hacer Estados Unidos 'grande'. Una especie de America First vs MAGA 2.0.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Hubo una época en la que la proclamación del alto el fuego significaba, sin ninguna ambigüedad, el cese real de las hostilidades entre los contendientes. Un cese que, es obligado reconocerlo, en algunas ocasiones tan solo servía para reponer fuerzas con la intención de volver al combate; pero que, en otras, propiciaba el inicio de un proceso de negociaciones que desembocaba incluso en un acuerdo de paz que permitía pasar página. Según nos recuerda el Institute for Economics and Peace en su último Índice Global de Paz, esto último ocurre ya en muy pocos casos, dado que, si en la década de los 70 del pasado siglo un 23% de los conflictos se cerraban con un acuerdo de paz, en esta última década tan solo han sido el 4%.

Dentro del generalizado panorama actual de violencias —con 59 conflictos activos en diferentes rincones del planeta— Israel (mejor dicho, Benjamín Netanyahu) destaca como el actor menos creíble en lo que atañe al grado de cumplimiento con los compromisos anunciados en los diferentes frentes bélicos en los que está implicado.

Así ocurre, en primer lugar, con el acuerdo alcanzado el 27 de noviembre de 2024 con la milicia chií libanesa de Hizbulah, con el que se pretendía poner fin no solo a la violencia desatada tras los atentados de Hamás y la Jihad Islámica Palestina, en octubre de 2023, sino también a la operación Flechas del Norte iniciada por las fuerzas de defensa israelíes (FDI) el 1 de octubre de 2024. Las FDI no solo nunca se han retirado del territorio libanés, como estipulaba el acuerdo, sino que desde entonces han violado centenares de veces el alto el fuego, desarrollando acciones que han supuesto la ocupación de más territorio soberano de Líbano —violando, en consecuencia, la ley internacional—, el asesinato de varios miles de civiles y la destrucción sistemática de viviendas e infraestructuras de todo tipo, al tiempo que (sin autoridad legítima para ello) han ordenado la evacuación obligatoria de múltiples localidades, expulsando a cerca de un millón de libaneses de sus hogares.

Y por si aún quedara alguna duda sobre la convicción iluminada que embarga al gabinete ministerial liderado por Netanyahu —ahí está la afirmación del ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, declarando que “la ley internacional no se aplica a los judíos”, mientras que el responsable de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, afirma que las opiniones de la Corte Internacional de Justicia valen tanto como "un trozo de papel higiénico"— Netanyahu se ha encargado nuevamente de despejarla, ordenando una nueva ofensiva en Líbano. Una ofensiva que incluso pone en peligro los esfuerzos de un desesperado Donald Trump por lograr algún acuerdo con el régimen iraní, en la medida en que Teherán ha suspendido las negociaciones insistiendo en que no las reanudará hasta que las FDI no se detengan. De ese modo vuelve a quedar claro que Netanyahu no está dispuesto a subordinarse a las directrices de Washington, empeñado en aprovechar la ventana de oportunidad que se le ha abierto en estos últimos años para redibujar por la fuerza el mapa regional a su gusto.

Y lo mismo cabe decir del comportamiento del gobierno israelí en Gaza y Cisjordania. Desde que, el 8 de octubre de 2025, se anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, las FDI se han encargado de violarlo diariamente, impidiendo la entrada de ayuda humanitaria y la salida de enfermos necesitados de atención urgente fuera de la Franja, asesinando a más población civil (incluyendo cooperantes y periodistas) y destruyendo aún más viviendas e infraestructuras. De hecho, ni siquiera se han contentado con imponer su dictado militar en el territorio que quedaba limitado por la denominada Línea Amarilla, sino que el propio Netanyahu ha dado a conocer que ha ordenado a las FDI que amplíen su despliegue para llegar a controlar el 70% de Gaza. Es evidente desde hace mucho tiempo que Netanyahu y los suyos están centrados en impedir que nunca pueda haber un Estado palestino viable, aunque para ello tengan que saltarse todas las líneas rojas que definen cuál debe ser el comportamiento de un Estado democrático respetuoso con el marco institucional y normativo que define nuestros días.

Por todo eso, sin olvidar sus acciones ilegales tanto en Siria e Irán como en aguas internacionales del Mediterráneo contra civiles desarmados, tiene razón Trump cuando refiriéndose a Netanyahu, le insiste en que “estás jodidamente loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto”. Pero nada de eso exime al presidente estadounidense de su responsabilidad en respaldar diplomática, económica y militarmente a un Netanyahu que vive de la guerra, tanto para intentar escapar de la acción de la justicia como para buscar una nueva victoria electoral.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Cuando terminen de hacer todo lo que hagan las personas mandatadas por José María Aznar, no habrá nada, todo será como un páramo desolado. Porque lo que pide Aznar es que las acciones que realicen destruyan todo lo que puedan de lo hecho sobre el terreno de la sociedad bajo la arquitectura progresista y la dirección de obra de sus políticas.

Por eso, lo que en verdad significan las palabras de Aznar es que “el que pueda deshacer, que deshaga”, para, de ese modo, volver a un mundo en el que la violencia de género sea violencia doméstica, como cuando él era presidente; en el que las personas del mismo sexo no se puedan casar, como cuando él era presidente; en el que cuando EE.UU. quiera ir a una guerra España lo acompañe, como cuando él era presidente… y así con tantas otras cosas que la sociedad ha dejado atrás gracias a la transformación que acompaña a las políticas de izquierdas.

Esta propuesta contra el Gobierno es coherente con todo lo que se ha planteado desde que comenzó la legislatura. Empezaron con la ilegitimidad del Gobierno, pasaron a los ataques personales a la figura del presidente, que lo convirtieron en “perro Sánchez”, después continuaron con los insultos llamándolo “hijo de puta” desde posiciones institucionales como la presidencia de la Comunidad de Madrid, y presentando los hechos como si se tratara de una macedonia de frutas, y luego, dado que no obtenían todo el resultado que buscaban, hicieron una generalización para abarcar a todo el socialismo al presentarlo como “sanchismo” para ver si alguien lo abandonaba.

Y como todo ello no ha funcionado, pues han llegado a la conclusión de que hay que hacer algo más para deshacer lo levantado, y de ese modo volver a empezar para continuar, que es la verdadera estrategia de las posiciones conservadoras.

El problema es que el objetivo actual, aunque se presente con el argumento cortoplacista de adelantar unas elecciones, es otro muy diferente. No buscan tanto que vuelva el PP al Gobierno, eso ya lo dan por hecho de la mano de Vox, como que no pueda volver el PSOE ni la izquierda en muchos años. Y para ello no necesitan un programa de gobierno, sino un gobierno que desprograme todas las transformaciones que se han producido gracias a las políticas progresistas. El objetivo es tan claro que ya han creado en sus pactos con Vox las “consejerías de desregulación” en Extremadura y Aragón, para “acabar con las leyes ideológicas”, como si las suyas fueran de inspiración divina y sin ideología alguna.

El debate no está en los impuestos, ni en la sanidad, ni en lo laboral, ni en las infraestructuras, en cada campo habrá iniciativas y políticas muy diferentes al amparo de sus metas volantes, el debate está en lo cultural, en las referencias que nos definen como sociedad y como personas, de ahí su llamada a la guerra cultural. 

Y uno de los problemas que existen, a mi humilde entender, es que desde la izquierda no se está trabajando esa base social que ha llevado a titular en numerosas ocasiones y por diferentes medios progresistas, sobre la “derechización de España”, la “derechización de la juventud”, la “derechización de Andalucía”, como se ha escrito tras las últimas elecciones autonómicas… Y todo esto se presenta como si fuera la consecuencia de unas elecciones o situaciones puntuales, y no la causa que está llevando a ese resultado en cada uno de los escenarios, sean políticos, sociales o identitarios, pues al final todo obedece a la misma situación.

La conclusión es sencilla, si hoy se le preguntara a la gente, ¿qué prefiere, que arreglen la carretera de su pueblo o su ciudad o la “prioridad nacional”?, una mayoría antepondría la “prioridad nacional” a muchas cosas porque esta no es una decisión técnica, sino una idea construida sobre toda la estrategia de guerra cultural que la derecha y ultraderecha lleva años desarrollando con su “refundación del machismo”, es decir, con la recuperación del marco androcéntrico que da sentido a todas las iniciativas desde el punto de vista de la identidad nacional que hemos tenido históricamente, y que es la referencia que debemos mantener de cara al presente y al futuro.

El debate maniqueísta que presentan no es “esta política o la otra”, sino “ser lo que hemos sido con nuestros valores, tradiciones, ideas, creencias… o dejar de serlo”. Y ante esa falsa disyuntiva una gran parte de la sociedad está eligiendo ser sobre lo que somos, como si transformar la sociedad para ganar en justicia social y Derechos Humanos fuera renunciar a ser. 

Esta situación, además de mostrar su estrategia y la ausencia de la izquierda en el debate cultural, demuestra que defienden un modelo de sociedad jerarquizado y clasista que necesita de la desigualdad para seguir manteniendo la pirámide de poder concentrada en la cúspide de los más poderosos y ricos. Por de pronto, ya han dado un paso más en Canarias para prohibir en los colegios “charlas con ideología no neutral”, y lo justifican tanto para temas de ultraderecha como de izquierda, porque esa es la trampa, presentarlo todo como “neutral” cuando la política de la que parte la medida no es neutral, es de derechas, y cuando de lo que se habla en la sociedad y en otros gobiernos autonómicos es de “desregularizar las leyes ideológicas de izquierdas”, aquí sí las identifican claramente y ponen el ejemplo de las leyes contra la violencia de género.

Y esto no ha hecho nada más que empezar tras años de trabajo para hacer una sociedad de “influenciables” que responda a los mensajes lanzados desde las instituciones, las tertulias monocolor en programas televisivos de entretenimiento, los medios en general y las redes sociales. 

Todo está perfectamente articulado para que el que pueda deshacer, deshaga, y que la gente crea que en verdad se está construyendo algo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género

Cuando este artículo salga yo estaré de viaje lejos de España. Cuando lo entregue, puede que se haya quedado viejo, pero… he querido ordenar algunas impresiones básicas que creo que no caducarán tan rápido.  

1. El 15M identificó muy bien que las puertas giratorias son una forma de corrupción sistémica y las llamadas consultorías no le andan lejos. No debería ser normal que alguien que se ha dedicado a la política acabe siendo millonario. Sí, es legal, pero para muchas personas de izquierdas no es ético. Por eso supuso un pequeño escándalo el anuncio de Alberto Garzón de que iría a trabajar a la consultoría de Pepe Blanco. Lo cierto es que muchas de las consultorías donde terminan la mayoría de quienes han sido altos cargos de la Administración son un engendro capitalista que no aporta ningún valor real; son montajes que sirven para el enriquecimiento de algunos y para aumentar la capacidad de influencia de quienes les contratan. A ello se dedican la mayoría de los expresidentes y altos cargos. Lo que venden son sus contactos, su agenda; nadie lo ha cuestionado y mucho menos investigado. Hasta ahora, hasta Zapatero.

2. Zapatero se convirtió en un referente moral porque planteó una idea de España que rompía en parte con la que se sostenía desde la transición: una España verdaderamente plurinacional, que reconociera la memoria histórica y que avanzara en derechos sociales. 

Como activista feminista y LGTBI podría contar mis experiencias con los anteriores dirigentes del PSOE, capaces de hacer chistes homófobos y machistas en nuestra presencia. Sé muy bien que Zapatero se plegó a la Troika, que aumentó la edad de jubilación, que abrió la era de los recortes, que modificó la Constitución… Zapatero nos libró de la caspa, no del capitalismo. Allá quien pensara que en cuestiones económicas el PSOE era otra cosa que un partido social liberal dispuesto a hacer lo que fuera por salvar el capitalismo financiero. Por eso, hoy pueden ser un referente en lo que tiene que ver con Palestina, pero no puede abordar de ninguna manera el problema de la vivienda. Una cosa no quita valor a la otra. 

3. Pero… el mundo ha cambiado desde que gobernaba Zapatero y hoy hay una ofensiva muy diferente a otras que hemos vivido. Ya no se trata de hacer recortes y acabar con los restos de la socialdemocracia, sino con la propia democracia. Los tecnooligarcas no están dispuestos a permitir que nada pueda poner límite a su poder, ningún límite a la destrucción del planeta, a la privatización de todos los servicios públicos, a la implantación de las inteligencias de la vigilancia, etcétera. Utilizan la crueldad, la represión, la fuerza, el desprecio por la ley y el conocimiento etc. Es fascismo (llámalo X) y da miedo. 

4. Trump y el genocidio palestino han sacudido el tablero. En Palestina se juega el futuro ético de Europa y de la humanidad. Cualquiera que manifieste la más ligera oposición es un enemigo declarado. El papel de Sánchez en esta cuestión ha sido muy importante. No discuto si se han dejado de vender armas a Israel o no, puede que su oposición al genocidio haya sido simbólica pero lo simbólico es fundamental en un mundo que quiere negar que la matanza de palestinos se esté produciendo, que busca encarcelar y multar a quien pronuncie la palabra “genocidio”. Pronunciarse contra el genocidio y a favor de la legalidad internacional es ponerse en la diana de Israel, de EE. UU y de todos sus entramados de Inteligencia. A nadie se le escapa que EE. UU e Israel harán cualquier cosa para que España vuelva a ponerse incondicionalmente del lado de Israel. Esto no es ser conspiranoico, es política real. Quizá de todo lo que nos va a pasar si gana el PP/VOX esto sea lo que más me duele. 

5. Todo lo que sabemos del sumario contra Zapatero es que no hay una sola prueba del delito de tráfico de influencias y que, si este no está, tampoco están los otros dos delitos de los que se le acusa. El juez Calama se ha limitado a copiar el informe de la UDEF que está lleno de errores y de alguna mentira. Lo hace destrozando una de las razones de ser de los jueces de instrucción, que debería ser la de ejercer cierto control sobre las investigaciones policiales. A estas alturas tenemos ejemplos claros de que la UDEF ha hecho antes informes falsos (hay altos cargos de la UDEF y de la UCO imputados por delitos varios) Sabemos que con estos indicios ningún otro presidente hubiera sido imputado (ni ningún cargo del PP). También parece evidente que hay un ataque mediático coordinado (incluido, a estas alturas, PRISA) para acabar con Sánchez.

6- Cuando lo de Zapatero parecía lo peor que le podía pasar al PSOE, aparece otra trama vinculada a la interna en la que se supone que diversos personajes parece que buscaban influir en (“desestabilizar”) los procesos judiciales. Más allá de que estas personas (Leire Díaz, Santos Cerdán…) ya están imputadas e investigadas, y si han cometido un delito que a nadie le quepa duda de que les van a condenar, la capacidad del PSOE para influir en la marcha de estos procesos (véase Begoña Gomez o David Sánchez) es nula por la propia naturaleza de lo verdaderamente existente: una judicatura cooptada en gran parte por la derecha y que considera que su papel es corregir la anomalía de que pueda gobernar la izquierda. La trama montada en el PSOE parece cosa de unos cuantos, pero también parece algo de Mortadelo y Filemón y más bien da cuenta de su incapacidad real para abordar uno de los problemas de esta democracia: la corrupción judicial.  

7- En mi opinión, se equivocan quienes pretenden equiparar todos los comportamientos con apelaciones genéricas a la defensa de la democracia que no hacen sino abonar la idea de que todos son iguales. Repetir como un mantra que hay que confiar en la justicia no va a hacer que la justicia española sea más confiable. Cualquiera sabe a estas alturas que no se puede confiar en esta justicia. Llevamos muchos años comprobando que una parte de la justicia está corrupta, así como una parte de la policía. Negar esto es ridículo y es hacer el juego a los corruptos. Y esta es una de las grandes limitaciones del PSOE para poder salir vivo de esto. No está genéticamente preparado para convertirse en antisistema. Recordemos que el PP ya dio un golpe en la Comunidad de Madrid con el Tamayazo y que el PSOE se lo tragó. Ahora Esperanza Aguirre, que nunca fue imputada, se permite encabezar manifestaciones contra la corrupción. Recordemos también que cuando se ha perseguido judicialmente a otros partidos con informes evidentemente falsos, el PSOE no lo ha denunciado, sino que ha declarado esa confianza en la justicia; esa misma justicia que ahora se lo va a tragar. Y se lo va a tragar entre otras cosas porque pienso que una parte del PSOE estaría contenta de volver al bipartidismo y a la oposición, a sus escaños tranquilos en los que esperar a que cuando el PP y Vox se lo hayan cargado todo se les llame de nuevo a sus políticas moderadas, ya sin nadie a su izquierda. Hay una parte del PSOE que desea que acabe ya esta aventura. 

8. Pero también creo que la izquierda que está a la izquierda del PSOE hace mal en tratar de sacar rédito de la situación porque lo que está en juego es mucho más grande que las próximas elecciones. Que hace mal en acogerse a esa falsa confianza en una justicia en la que no creemos. Aunque ahora le toque al PSOE que quiso sepultarnos, ya es hora de denunciar abiertamente que todo esto es un absoluto escándalo y que está en juego la democracia. Es un escándalo la imputación de Begoña Gómez y el juicio de David Sánchez; es un escándalo que Rajoy y Cospedal no estén imputados. Es un escándalo que haya audios de Villarejo hablando de que tiene al juez Pedraz, y no se sepa nada del asunto; que tampoco sepamos nada de Montoro; que Zaplana, qué tenía una enfermedad terminal, esté cada día más moreno por sus paseos por la playa; que Ayuso, su novio, su hermano y su madre se hayan hecho millonarios ante nuestras narices y las de los jueces. Comienzo a creer que no hay gran cosa en el caso “mascarillas” contra Ábalos y Koldo. Es un escándalo que el Tribunal Supremo dé crédito a un corrupto mentiroso como Aldama, y que este esté libre y, al parecer, también millonario. Escandaloso es que esté pasando mediáticamente desapercibido el mayor escándalo de corrupción política de la democracia española que es la Kitchen, que se haya programado un ruido atronador que no permite escuchar las grabaciones que se están ofreciendo (a puerta cerrada) en el juicio. Es un escándalo mayúsculo la condena a Álvaro García Ortiz, la madre de todos los escándalos, y que no fue más que la demostración de hasta dónde están dispuestos a llegar. Tenemos razones de sobra para poder afirmar que no tenemos por qué creernos nada de lo que dicen o hacen determinados jueces; que todo es una trama para tapar la corrupción del PP, para que este partido vuelva al poder como sea y para que la izquierda no vuelva a gobernar en 20 años. Cualquiera que ahora siga diciendo que confía en la justicia me parece o cómplice de la situación o muy ingenuo. 

Recojo este párrafo en el que Siri Husvedt se refiere a lo que pensaría Paul Auster de la victoria de Donald Trump: “¿Y si las instituciones estuvieran hechas de jabón y no de granito? Entonces bastaría con abrir las mangueras y todo desaparecería”. Y eso es exactamente lo que está pasando ante nuestras narices, que el Estado de derecho está roto, es un desecho y lo están barriendo. A lo mejor es el momento de una contundente reacción ciudadana. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La democracia siempre vive asediada por fuerzas antidemocráticas. Hay una corriente de fondo que, ante la situación actual, interpreta que los problemas de la democracia se solventan reduciendo la democracia en lugar de ampliarla. La actual puesta en duda de la democracia es una tendencia global: Nick Fuentes, un influencer norteamericano de extrema derecha, afirma que muchos colectivos no deberían poder votar, empezando por las mujeres, a las que devuelve a la minoría de edad. A las mujeres les siguen todos aquellos que viven directamente del Estado, como los pensionistas y los funcionarios; después vienen quienes no pueden acreditar el conocimiento mínimo para ejercer el voto. De toda esta criba, los que quedan con capacidad de voto son los que saben, que suele coincidir con los que tienen, lo cual les capacita para gobernar y decidir.

Esta es una posición que no varía en la historia y siempre apela a los mismos valores: los pobres, los que no saben, están incapacitados para gobernar porque esa es una tarea que les corresponde a la gente de bien, a los ricos, a los que saben y pueden hacerlo. La crítica de Jenofonte a la Constitución de Atenas es clara: la democracia tiene lugar cuando los peores, la gente corriente, gobiernan sobre los mejores, los ricos; lo mejor se opone a la democracia. La oposición a la democracia es siempre una afirmación de que el talento, las capacidades, la riqueza y la desigualdad son el resultado de una distribución natural que lo justifica. Ya sea por criterio de nacimiento, de sexo, de raza, de clase o de mercado, siempre existe un modo de justificar que la realidad desigual, tal y como es, refleja la realidad tal y como debe ser. Alterar esa relación y poner en duda el orden de la desigualdad es siempre percibido como una ventana al caos, al descontrol y al destape de las pasiones más bajas del pueblo: las cosas funcionan correctamente cuando cada uno cumple con su función y no se mueve del papel que le ha sido asignado. Trabaja, obedece, calla y agradece.

¿Cuál es la condición fundamental de la política que unos disfrutan y otros no? El tiempo. Por eso, a Sócrates le siguen los hijos de los más pudientes, que son los que cuentan con más tiempo de ocio; por eso, quien no depende de otro para vivir, de tener que vender su tiempo a un tercero, como un heredero rentista, es más libre para participar políticamente; por eso, recuerda Aristóteles, la democracia es el tiempo libre de los pobres, porque se liberan de su dependencia al recibir una remuneración. Pericles introdujo la mistoforia, la retribución económica de las funciones públicas, permitiendo así que los más pobres pudiesen acceder a los cargos y hacer real la participación del demos en la vida política. Es lo que les permite consagrar su tiempo a la ciudad del mismo modo que podía hacerlo la gente de bien. Remunerar la asistencia a las asambleas o a los jurados populares era también una forma de impedir que los poderes privados comprasen favores con su riqueza.

Hablamos del siglo V a.C., pero todo esto sigue siendo muy actual porque los elementos nucleares antidemocráticos se mantienen: naturalizar la desigualdad, poderes privados que gobiernan a través de su riqueza y dominan políticamente a quienes no tienen nada más que su tiempo y capacidad para trabajar. Lo económico, lo social y lo político es indisociable: las mismas tendencias que quieren socavar los derechos sociales y laborales, que pretenden blindar la concentración de riqueza, son las mismas que buscan acabar con los derechos políticos para concentrar el poder.

La democracia, más que un régimen, es una tensión inagotable entre avanzar o retroceder, entre el deseo del pueblo de no ser dominado y el de los poderosos de querer someterlo; por eso, la democracia nunca puede ser plena, ya que, por su propia naturaleza, no puede constituirse del todo. Que las democracias actuales tienen problemas es algo indudable, pero son problemas que se explican por un déficit de democracia y por una tendencia oligárquica de las mismas, en ningún caso por un exceso de democracia. La democracia liberal es un límite a la democracia del mismo modo que el trabajo asalariado es un límite a la libertad. La solución a esos problemas no puede ser reducir aún más la democracia; al contrario, debe ampliarse: más tiempo libre para una mayor capacidad de decisión sobre el poder.

El fundamento de la democracia es empobrecer a los ricos y enriquecer a los pobres: buscar la libertad en la igualdad, porque libre significa vivir liberado de la necesidad y de la dominación para así poder desplegar tu propia singularidad. Democracia significa que todo avance, recurso, conocimiento y posibilidad se ponga a disposición del pueblo, esto es, a disposición de cualquiera. Pero también significa impedir que ninguno de sus miembros sea tan poderoso o tan rico como para someter a otro; así es como se protege colectivamente la libertad individual. El amor a la libertad común propio del vivere libero de Maquiavelo: hacer ricos a los pobres y pobres a los ricos. Una igualdad que enriquece la vida civil porque se deshace de los grandes que destruyen la autonomía de los demás y los someten a la dependencia. Ese es el horizonte republicano para el renacimiento democrático.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Todos los tratados internacionales y las Constituciones que reconocen la primacía de los derechos humanos y de las libertades cívicas (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos y nuestra propia Constitución) colocan la Justicia en el vértice de sus valores superiores. El texto constitucional, después de proclamar que la justicia emana del pueblo, encomienda administrarla a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, para lo que deben gozar de independencia e inamovilidad, recordándoles que pueden incurrir en responsabilidad si no se someten al imperio de la ley. Su potestad no es omnímoda, ya que, para legitimarse, a falta de la investidura popular, tienen la obligación de exponer y motivar, de manera clara y comprensible, las razones por las que se ha llegado a una determinada resolución. Como se puede observar, no se les exige la imparcialidad porque se supone que es consustancial a la función de juzgar.

La comunidad internacional integrada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado cuáles deben ser las normas éticas y deontológicas que deben observar los jueces y tribunales en el desempeño de sus funciones. En julio de 2006, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que reconoció que los Principios de Bangalore constituían un nuevo desarrollo de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura. España las asumió incorporándolas a nuestro acervo normativo. 

Solo algunas pinceladas de su amplio contenido: “Un juez se esforzará para ser consciente de y para entender la diversidad de la sociedad y las diferencias provenientes de varias fuentes, incluidas, sin ánimo de exhaustividad, la raza, el color, el sexo, la religión, el origen nacional, la casta, las minusvalías, la edad, el estado civil, la orientación sexual, el nivel social y económico y otras causas similares”. “Durante el desempeño de sus obligaciones judiciales, un juez no manifestará predisposición o prejuicios hacia ninguna persona o grupo”. “Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.

Pongámonos en la mente de un observador razonable, preferentemente extranjero, que tenga a su disposición una serie de datos estadísticos que ponen de relieve el sesgo de algunas resoluciones judiciales en materias relacionadas con actividades políticas o el ejercicio de derechos fundamentales. Lo más preocupante es que en algunas ha intervenido el Tribunal Supremo y que todas han sido apoyadas por las asociaciones judiciales notoriamente de derechas y en abierta rebeldía contra leyes aprobadas en el Parlamento.

En mi opinión, la ofensiva judicial contra los independentistas y partidos de izquierda comienza con el caso Atutxa, presidente del Parlamento Vasco, condenado, con una burda manipulación de la ley procesal, por haber aplicado el Reglamento de una Cámara legislativa. Cuando aparece en el panorama político, con notorio éxito, el partido político Podemos, se inicia una verdadera cruzada judicial contra sus dirigentes y militantes. Muchos jueces eran conscientes de su absoluta carencia de contenido penal, pero su tramitación se extendía en el tiempo con las inevitables consecuencias políticas. El observador razonable comprobará, estupefacto e inquieto, la clamorosa inacción judicial frente al acoso, durante más de un año, de la vivienda de Irene Montero y Pablo Iglesias. También el insólito Caso de la niñera, que pretendía convertir en delito el hecho de que una asesora de Irene Montero cogió en brazos a uno de sus hijos. Según el juez, podía ser un caso de malversación de caudales públicos, aunque terminó archivándolo por falta de pruebas. Me parece paradigmático el caso de Ada Colau. Tuvo que soportar una verdadera catarata de querellas, algunas propiciadas por la empresa Aguas de Barcelona, cuya municipalización propugnaba la alcaldesa.

Frustradas las legítimas aspiraciones del PP para alcanzar la presidencia del Gobierno, se inicia la cacería del investido presidente Pedro Sánchez. Participan, con gran estruendo, las terminales mediáticas y no tardan en incorporarse algunos jueces y tribunales con notoria manipulación de las normas procesales y penales. Las acusaciones mantenidas contra su esposa Begoña y su hermano (a punto de comenzar el juicio) vulneran los más elementales rudimentos del derecho. El caso del hermano, sucedido hace ocho años, es un conflicto —como otros muchos miles— de naturaleza administrativa sin contenido penal. Escribiendo estas líneas se acaba de conocer el contenido del informe de la UCO avalando la absoluta regularidad de la concesión de la Cátedra a Begoña Gómez, ajustándose estrictamente a los Estatutos de la Universidad Complutense.  

Es preocupante la intervención en esta guerra del Tribunal Supremo. La Sala Segunda de lo Penal ha tenido tres intervenciones, alguna de gran impacto institucional, como el inaudito registro de la sede de la Fiscalía General del Estado, como si se tratase de una cueva de narcotraficantes, para detectar una posible información que el fiscal general ordenó trasmitir a los medios de comunicación sobre la existencia de un delito contra la Hacienda pública, circunstancia que en absoluto es delictiva. Algunos partidos políticos que pretenden regir los destinos de nuestro país aplaudieron semejante salvajada procesal e institucional. La sentencia condenatoria —que cuenta con dos votos disidentes— pesará como una losa sobre los que la consumaron. No se puede condenar por sospechas alternativas de quien ha sido el autor ("el fiscal general o alguien de su entorno"). La comunidad jurídica está conmocionada ante tal agresión a los principios rectores del derecho penal.

Otro desaguisado se consumó con la condena por una posible patada a una policía atribuida hacía más de cinco años al parlamentario Alberto Rodríguez de Podemos. La inexistencia de prueba era tan clamorosa, que hubo dos votos particulares y el Tribunal Constitucional terminó anulándola. Pero el hito histórico que marca la politización extrema se manifiesta en la tramitación y condena de los componentes del Gobierno de la Generalitat y a la Presidenta del Parlament por un delito de sedición y malversación. Se acordó el ingreso en prisión preventiva de la mayoría de los implicados, decisión que fue considerada arbitraria por el Grupo de trabajo de Naciones Unidas. Finalmente, la sentencia reconoce que todo se abortó con la aplicación del articulo 155 de la CE que disolvió el Legislativo y convocó nuevas elecciones.

En el ámbito de la Sala tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se han producido resoluciones sin precedentes. Me refiero al cuestionamiento de los indultos o anulando nombramientos para órganos constitucionales (Fiscalía General del Estado y Consejo de estado). Recientemente ha legitimado a las personas con relación afectiva intensa para recurrir la decisión de la Comisión de garantías y evaluación autorizando la práctica de la eutanasia, lo que inevitablemente abrirá un periodo de tiempo que prolongará, sin justificación alguna, el sufrimiento de la persona que la ha solicitado.

Nos esperan decisiones relevantes (caso mascarillas y caso Zapatero) que nos servirán para seguir midiendo el nivel y la calidad democrática de nuestro sistema judicial.

(Abordo con detenimiento estos casos, junto con el del fiscal general del Estado, en mi reciente libro 'Visto para sentencia'·, páginas 215 y siguientes. Editorial Siglo XXI)

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José Antonio Martín Pallín ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

La doctrina social de la Iglesia suele avanzar con la lentitud de las instituciones centenarias, pero hay momentos en los que el Vaticano parece captar antes que muchos gobiernos el signo de los tiempos. Ocurrió a finales del siglo XIX con la encíclica Rerum Novarum de León XIII y vuelve a ocurrir ahora con la nueva encíclica social impulsada desde un papado que, lejos de encerrarse en los debates identitarios o morales, ha decidido intervenir en el corazón de la discusión contemporánea, que es desnudar quién gana y quién pierde en la transformación tecnológica del capitalismo global.

Cuando León XIII publicó Rerum Novarum en 1891, Europa estaba atravesada por las consecuencias de la revolución industrial. La mecanización de la producción había multiplicado la riqueza, pero también había consolidado nuevas formas de explotación, precariedad y desigualdad. Las ciudades industriales crecían al ritmo del hacinamiento obrero y la política parecía incapaz de responder a una pregunta fundamental: ¿qué ocurre con la dignidad humana cuando el trabajo se convierte únicamente en una pieza más del engranaje económico?

Aquella encíclica no fue revolucionaria en un sentido clásico. No cuestionaba la propiedad privada ni proponía una ruptura con el sistema económico emergente. Pero sí introducía un elemento decisivo y determinante que marcaba que la economía no podía organizarse al margen de la justicia social. El trabajo no era una mercancía y las personas no podían quedar subordinadas a la lógica absoluta del beneficio. La Iglesia asumía así que la cuestión social era el gran conflicto político de su tiempo.

Más de un siglo después, el paralelismo resulta inevitable con la Magnifica humanitas de León XIV. La revolución tecnológica actual —digitalización, inteligencia artificial, automatización, plataformas digitales— está transformando el empleo, las relaciones sociales y las estructuras de poder con una intensidad comparable a la de la industrialización decimonónica. Y, de nuevo, la pregunta esencial es la misma: ¿qué lugar ocupan las personas en este nuevo modelo económico?

Así, esta nueva encíclica recupera la tradición social de la Iglesia. No se trata únicamente de un texto doctrinal, va más allá y se articula como un dispositivo de articulación política y moral foucaultiano frente a un capitalismo tecnológico que tiende a deshumanizar las relaciones sociales. La lógica algorítmica promete eficiencia infinita, pero al mismo tiempo fragmenta el trabajo, individualiza los riesgos y debilita los vínculos colectivos que sostienen la cohesión social.

Las plataformas digitales son el ejemplo más evidente de todo ello. Bajo la retórica de la innovación y la flexibilidad, millones de trabajadores viven sometidos a sistemas de vigilancia permanente, evaluación automatizada y precariedad estructural. El algoritmo decide horarios, salarios y oportunidades sin transparencia ni responsabilidad democrática. La tecnología, presentada como neutral, termina reproduciendo y ampliando desigualdades ya existentes.

La encíclica pone el foco precisamente en esa dimensión ética de la transformación tecnológica. No basta con celebrar el progreso; hay que preguntarse quién controla ese progreso y con qué fines. La innovación no puede convertirse en una nueva religión secular donde todo sacrificio social quede legitimado en nombre de la competitividad o del crecimiento económico. En este sentido la Iglesia de Roma va mucho allá en su propuesta política que muchos gobiernos.

Y va mucho más allá porque ha tenido la valentía de la reivindicación humanista que pone a las personas en el centro de cualquier decisión política. Lo vemos en esta encíclica, y también en la manera de abordar las migraciones. Apuesta por el concepto de seguridad humana frente a una concepción clásica de la seguridad basada exclusivamente en fronteras, defensa o estabilidad estatal, y sitúa como eje de actuación la protección efectiva de las condiciones de vida de las personas: empleo digno, acceso a la vivienda, protección social, salud mental, sostenibilidad ambiental y capacidad real de participación democrática.

No es casual que esta perspectiva emerja en un contexto marcado por múltiples crisis simultáneas. La pandemia mostró hasta qué punto nuestras sociedades eran vulnerables pese a décadas de crecimiento económico. Las guerras, la emergencia climática y el aumento de las desigualdades han evidenciado también que la inseguridad ya no se limita a amenazas militares tradicionales. Hoy la exclusión social, la precarización o la destrucción ambiental generan tanta incertidumbre vital como los conflictos geopolíticos.

En ese sentido, el papado de León XIV está construyendo una crítica transversal al paradigma neoliberal dominante durante las últimas décadas. No desde categorías estrictamente ideológicas, sino desde una apelación constante a la dignidad humana y al bien común. La economía, insiste la encíclica, debe volver a ser un instrumento al servicio de la sociedad y no una estructura autónoma ajena a cualquier límite moral. Además, es especialmente significativo el momento en el que llega esta reflexión, en pleno debate global sobre la inteligencia artificial. La automatización promete aumentar la productividad de forma extraordinaria, pero también amenaza con profundizar la concentración de riqueza y poder en manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. El problema ya no es únicamente laboral; sino que es profundamente democrático. Y esto nos lo dicen desde Roma. Ver para creer.

Quien controla los datos controla la capacidad de influir sobre las conductas sociales, el consumo, la información e incluso las emociones colectivas. Las grandes plataformas digitales se han convertido en actores políticos globales con una capacidad de intervención superior, en ocasiones, a la de muchos Estados. Y, sin embargo, la regulación democrática avanza mucho más lentamente que la expansión tecnológica. En este sentido, la encíclica advierte de ese riesgo con claridad exponiendo que cuando la tecnología deja de estar subordinada a criterios sociales y democráticos, termina erosionando la propia idea de ciudadanía. El individuo pasa a convertirse en usuario, consumidor o dato estadístico. Es decir, en un sujeto fragmentado y gestionable, pero progresivamente desvinculado de cualquier proyecto colectivo.

Por eso el texto reivindica algo aparentemente sencillo pero profundamente disruptivo en el contexto actual: poner a las personas en el centro. Una frase repetida hasta el agotamiento en discursos institucionales, pero que aquí adquiere una dimensión concreta y material. Significa garantizar derechos laborales en la economía digital, proteger los servicios públicos, combatir la exclusión tecnológica y evitar que la innovación se traduzca en nuevas formas de descarte social.

Hay, además, una dimensión geopolítica relevante. El Sur Global vuelve a aparecer como el gran espacio sacrificado por las dinámicas económicas internacionales. La extracción de recursos, la dependencia tecnológica y la desigual distribución de los beneficios del progreso perpetúan una estructura global profundamente desigual. La doctrina social de la Iglesia retoma así una tradición crítica con las formas contemporáneas de colonialismo económico.

Todo ello configura un papado claramente más social que doctrinario. Un papado que entiende que la gran batalla política del siglo XXI no se librará únicamente en torno a identidades culturales o conflictos nacionales, sino sobre la capacidad de garantizar vidas dignas en sociedades atravesadas por la incertidumbre tecnológica y ecológica.

En el fondo, la pregunta que une a Rerum Novarum con Magnifica humanitas sigue siendo extraordinariamente actual: ¿puede existir progreso si deja atrás a la mayoría social? A finales del XIX la respuesta exigió reconocer derechos laborales y límites al capitalismo industrial. Hoy probablemente exige democratizar la tecnología, reconstruir los sistemas de protección social y redefinir el concepto mismo de desarrollo. Porque el verdadero desafío no es tecnológico. Es político y profundamente humano.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

En estos tiempos de posibles presidentes corruptos y mociones de censura, echo de menos a Pablo Iglesias, echo de menos esos días en los que en política por la mañana querías café y por la tarde ron. Lo hemos llamado siempre patear el tablero, pero la mayor parte de las veces lo que había debajo, además de muy buenos spin doctors, era una apuesta por estrategias políticas más arriesgadas ante las situaciones más complicadas. Iglesias siempre entendió esto avant la lettre en España, y por eso Podemos no nació para ganar dentro del marco izquierda-derecha, o el del bipartidismo, sino que se convirtió en una operación política para patear ese tablero donde hasta ahora todos sabían jugar y proponer uno nuevo en el que las piezas pudieran desplazarse con reglas completamente diferentes. Si se confirma lo de Zapatero, ¿a qué va a jugar la izquierda? ¿Sabremos volver a patear el tablero?  

Hoy es difícil creer que podamos construir un ajedrez alternativo, estamos más bien en etapa parchís. Y por ello siempre viene bien una revisión al más puro spinoziano de nuestras potencias. No hay entre los nuestros un nuevo Pedro Sánchez a su izquierda, tampoco parece que Zapatero vaya a ser Lula. ¿Qué nos queda? En ajedrez el peón es la pieza con más restricciones del tablero, la menos valiosa que avanza, nunca retrocede, captura en diagonal pero no se mueve en diagonal, y solo lo hace de uno en uno, siendo así la pieza que más limitada está por la dirección que le impone el tablero. Sin embargo, si un peón llega a la última fila, la del adversario, se corona y puede convertirse en cualquier pieza, haciendo que esa pieza que antes solo podía hacer una cosa sea ahora la que puede hacerlo todo. Tengo la sensación de que aunque hemos conseguido cruzar el tablero entero jugando con las piezas que tenían menos valor, ahora que hemos llegado al otro extremo y que podemos decidir qué pieza queremos ser, no tenemos ni idea. ¿Qué sucedería si el truco final no era una ruptura de las reglas sino la coronación, la posibilidad de elegir cómo jugar la siguiente pantalla? Y claro, hay que ser tonto para no querer ser la reina.

Pero no nos despistemos aún con eso. Lo que hoy sigue habiendo debajo del tablero del PSOE en el que jugamos, además de no tan buenos spin doctors como en la época de Pablo, es exactamente lo que ese marco que Podemos trajo a la política quería dejar al descubierto: una estructura de acceso al Estado que el viejo marco llamaba gestión y el nuevo llamaba corrupción. Nadie ha olvidado de dónde venimos y para qué estamos en política (creo), pero sin duda el problema de la izquierda ahora es que lleva dos años intentando ganar dentro del marco que el PSOE controla mejor que nadie, que no es otro que el de la gestión, el de la estabilidad, el del mal menor, el del “si nos vamos viene la derecha”. Ese es el tablero, y en él el PSOE siempre tiene ventaja porque es quien lo fabricó. Mientras tanto la reducción de jornada no sale, la regulación del alquiler tampoco, y la gente que vive al día en este país no sabe en qué punto está la tramitación de nada ni le importa. El marco de la estabilidad no ha producido estabilidad para quienes la necesitaban y las mayorías parlamentarias menguantes aseguran que la posibilidad de cambio es cada vez menos posible. Por ello tan importante es que pensemos en qué debemos hacer si lo que se confirma el 2 de junio en la Audiencia Nacional hace que este gobierno no sea sostenible, como qué pieza vamos a querer ser si se acaba la posibilidad de competir virtuosamente, se supone, por ver cuántos euros de más que el PSOE en no sé qué medida estamos dispuestos a apostar.

Es importante explicar que cuando se dice que si se confirma lo de Zapatero no estamos esperando una sentencia sino que estamos hablando de política. Las sentencias llegan en este país cuando y como menos importan, cuando el daño político está hecho, cuando quienes las reciben llevan años gobernando con ellas en el cajón, o cuando quien más justicia y reparación necesitaba simplemente ya no está. Lo que el 2 de junio puede confirmar es algo más sencillo y más grave: que el juez Calama, tras escuchar al expresidente, mantiene los indicios y no archiva, esto es, que el auto de 85 páginas que lo sitúa como núcleo decisor de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias tiene base suficiente para seguir adelante, que la carta enviada por Plus Ultra al vicepresidente del Santander con la fórmula “por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero” era exactamente lo que parece, o que el mensaje interno entre directivos “pues ahora es meterle chola al Zapa” describe una relación funcional, no una esperanza. Con eso basta para que las izquierdas políticas nos pongamos a trabajar en impugnar todo aquello que sostenga la posibilidad de seguir confundiendo el miedo al lobo o la gestión estable con corrupción.

Por eso este no es un momento constituyente. No estamos aún ante la oportunidad de fundar algo nuevo ni de imaginar una arquitectura política para el próximo ciclo largo. Eso vendrá después, si viene. Lo que tenemos ahora ante nosotros es un momento destituyente, cuyas declinaciones van desde la retirada del apoyo al PSOE, pasando por nombrar incómodamente lo que hay (tiene narices que nos rompa el corazón el señor del 135), hasta forzar el fin de algo que ya no se sostiene. Los momentos destituyentes tienen su propia gramática, sustraen, desalojan, retiran legitimidad sin necesidad de proclamar nada, y confundirlos con momentos constituyentes es el error que convierte la urgencia en parálisis política.

Es por todo ello que las izquierdas se enfrentan hoy a una disyuntiva que no admite gradualismos cómodos ni prudencias ni silencios ambiguos. O forzamos el escenario o el PSOE lo coloca como mejor le venga. Y que nadie olvide que el PSOE lleva tres legislaturas siendo muy bueno en exactamente eso, en decidir cuándo explota cada crisis, en qué términos, con qué relato, con qué ganadores y qué víctimas. Las tentaciones son múltiples, y se extienden desde la posibilidad de construir una bicefalia tensionando desde los partidos mientras se gestiona desde los ministerios hasta la posibilidad de coser un proyecto provincia a provincia, pero todas ellas tropiezan con una pregunta que nadie puede responder aún: ¿quién es la cara? En los partidos no existe hoy ese perfil, salvo que se acepte a Irene Montero o a Gabriel Rufián, que es la opción que más daño puede hacer al PSOE y también la que más fácilmente se convierte en argumento de inestabilidad territorial. Rufián lo sabe, por eso amenaza con liderar sin liderar todavía. Montero lo sabe, por eso aún no se corona como reina, si es que eso es a lo que Podemos aspira ahora.

En mi opinión ninguno de los dos sobra. Quizás en este momento destituyente lo que corresponde es la política del mapa, la que supere la etapa del comunicado conjunto con la foto en una sala de Madrid y acepte la posibilidad de que para desbancar y destituir de una vez por todas a los que hasta ahora han marcado el juego, hace falta estar dispuestos precisamente a ser otra cosa. ¿No es acaso mucho más potente frente al PSOE presentar un frente de las periferias, que no necesita resolver el problema de la cara precisamente porque su lógica es confederal y no la de una lista con una cabeza visible que borre las diferencias, sino la de un acuerdo de acción común sobre lo que es destituyente: retirar el apoyo, forzar el ciclo electoral, llegar a él con un relato compartido sobre la corrupción como sistema, no como accidente? BNG, Bildu, ERC, Podemos, Sumar, IU, Comunes, Compromís, Chunta, Adelante Andalucía y los que hagan falta son la geografía de una izquierda que funciona cuando actúa articulada y que se destruye cuando compite por el mismo milímetro de espacio simbólico, y sobre todo pueden abrir la posibilidad de articular más allá de lo territorial. Porque puestos a revisar nuestras potencias, conviene no olvidar que periferia no es solo un concepto cartográfico, sino también el lugar desde el que hablan quienes el poder central lleva décadas administrando sin representar, es decir, las mujeres, las personas racializadas, los cuerpos y las identidades que el Estado gestiona pero no escucha, quienes pagan el alquiler que este gobierno no ha sido capaz de regular. La política del mapa no es ni puede ser ya un mapa de provincias. El frente de las periferias para destituir al PSOE tiene que ser una suma que produzca multitud y mestizaje absoluto, hasta rozar lo irracional. La idea es un frente de los diferentes contra los de siempre.

La única pregunta que queda es quién se mueve primero, esta vez para salirse de la foto. Porque si la izquierda que debería plantearlo no lo hace, lo hará Sánchez con el timing y el relato que más daño hagan a la posibilidad de una candidatura a su izquierda, y cuando eso ocurra ya no habrá decisión que tomar. El 2 de junio es mucho más que una fecha judicial, es la fecha en que la izquierda tendrá que decidir si todavía sabe mover ficha.

Después de todo lo ocurrido en el entrenamiento y del significado que guarda, la respuesta del club ha sido destacar que el problema está en la filtración que ha permitido que se conozca lo ocurrido, y se ha señalado hacia quien lo ha hecho para intentar adoptar medidas contra él, una iniciativa que refleja muy bien cuál es el sistema impuesto por el modelo androcéntrico, y cómo su exigencia es mayor conforme el ambiente donde se presenta el conflicto es más masculino.

Un sistema de poder se sostiene sobre la injusticia, y para que pueda perpetuarse necesita de dos elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de someter para que todo se ajuste a lo establecido por las jerarquías, a sabiendas de que cada pieza tiene que realizar su función a cambio de la recompensa correspondiente, y por otro, el silencio para que no se descubran las dinámicas, elementos y relaciones que se llevan a cabo dentro de él como parte de la injusticia. No basta con que cada uno haga su parte, sino que además debe guardar silencio sobre todos los demás.

Gracias a ese mutismo el sistema de poder se mantiene sobre la injusticia, y nadie cuestiona nada por ese silencio que invisibiliza, y por esa complicidad que obliga para que el todo y las partes obtengan su recompensa.

De ese modo, entre el silencio y la ceguera resulta difícil conocer y tomar conciencia de nada.

La desigualdad y la sumisión de las mujeres a lo que el modelo androcéntrico ha establecido se basan en esa injusticia de tomar lo masculino como superior, y en el silencio para cuestionar lo que sucede como parte de sus dinámicas y relaciones. Esa idea hace que cualquier situación que se presente sea integrada dentro de la normalidad definida por el sistema, de ahí que la violencia de género se aceptada, como manifiesta el 22% de los jóvenes al afirmar que “si es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (CRS 2025).

Por lo tanto, no hay desigualdad ni injusticia en que las niñas no fueran a la escuela ni las mujeres a la universidad, tampoco en que no pudieran votar o trabajar sin el permiso del marido, ni en que cobren menos por el mismo trabajo, ni en que no tengan las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad ni de representación política, todo es parte de esa organización creada por la cultura androcéntrica y su normalidad.

El problema está en quien rompe el silencio, en el chivato que muestra la injusticia y denuncia los hechos. Y quienes han roto el silencio masculino han sido las mujeres y el feminismo, de ahí toba la violencia desatada contra ellas, contra las “chivatas”.

Y como ocurre en otras situaciones, cuanto más masculinizado sea el contexto, más necesario es el silencio para que la invisibilidad se mantenga. Y nada más masculino en su definición y configuración que las relaciones familiares y de pareja, tanto que el sistema todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sustenta en las labores domésticas que realizan las mujeres en todo el planeta. 

Por eso el silencio es esencial sobre lo que ocurre en casa, y por esa razón siempre se ha dicho que la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja es un tema privado en el que no se debe entrar, salvo que el resultado sea grave. Recuerdo cómo en los años 2000 se decía desde algunas posiciones jurídicas que desarrollar una ley contra la violencia de género era “criminalizar las relaciones de pareja”, algo que no es muy diferente a lo que hoy critican muchos cuando dicen que “ahora todo es violencia”, para cuestionar que muchas conductas que antes ejercían con impunidad ahora son denunciadas y condenadas. 

De manera que para el machismo el problema de la violencia de género son las “chivatas” que denuncian lo que pasa en casa y, como el Real Madrid o cualquier otra persona, entidad o empresa, lo que hay que hacer es actuar con quien rompe el silencio con independencia de que una vez conocido lo ocurrido se tenga que actuar sobre el responsable.

Esa imposición del silencio, una vez que la sociedad es lo suficientemente consciente del problema de la violencia de género, es lo que lleva a hablar de denuncias falsas para que se mantenga la normalidad impuesta que cada agresor establece en su casa y en su relación. Ya no pueden imponer el silencio a las mujeres, pero tratan de taparles la boca con sus críticas y amenazas, y presentando sus palabras como falsas. 

La realidad de la violencia de género es muy clara, como recoge la Macroencuesta del 2024. Más de 2,4 millones de mujeres maltratadas cada año, de ellas más de 141.000 mujeres violadas al año por sus parejas, y solo un 9% de denuncias. El silencio predomina, pero cada vez es menor y el eco del conocimiento mayor. Y eso para el machismo es inaceptable, de ahí su violencia en las redes y su guerra cultural, y su estrategia de cuestionar a las mujeres que sufren la violencia de los hombres, en lugar de criticar a los agresores. En definitiva, es la misma “estrategia del chivato” que se mantiene como parte de su modelo para conseguir dos objetivos: uno, criticar todo lo relacionado con la violencia de género, y el otro, desviar la mirada del problema real para situarlo en temas secundarios, con el objeto de que la gente se mantenga lejos de su realidad y acepte que todo es un “invento ideológico”, como tanto repiten.

No lo conseguirán porque hoy sabemos que quien actúa contra una violencia estructural, como es la violencia de género, está defendiendo los Derechos Humanos y la democracia, y ante eso nunca nos van a callar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

A estas alturas todos, o muchos, hemos leído ya el auto que abre la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, y en mi caso la sensación es de inquietud, que aparece cuando una intenta separar el enorme impacto político y mediático del procedimiento, de la verdadera consistencia técnico-penal de los indicios que sostienen el relato construido en el auto que aparece concebido como una gran explicación sistémica. No se limita a describir una eventual irregularidad relacionada con el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia, sino que intenta levantar la tesis de una estructura estable de intermediación política y económica basada en sociedades mercantiles, consultorías y relaciones internacionales. Dubái, Venezuela, sociedades interpuestas, mensajes interceptados, pagos cruzados y referencias a “Z” o “Zapa” aparecen integrados en una misma arquitectura narrativa donde Zapatero ocuparía una posición central en una hipótesis que se afirma desde las primeras de las muchas páginas que constituyen la resolución jurídica, lo que por cierto no es habitual en una investigación de este tipo.

La inquietud parte de que, para una jurista, una posición penal de tal nivel precisa algo más que una narración dotada de coherencia o de una atmósfera de sospecha intensa, precisa de la revelación de conductas concretas y personalmente protagonizadas, y cuanto más graves son las categorías penales utilizadas (“organización criminal”, “liderazgo”, “estructura jerarquizada”) más exigente debería ser también el nivel de precisión probatoria, o al menos claramente indiciaria.

Cuando una intenta identificar cuáles son realmente los indicios fehacientes que sostienen el auto, la conclusión es bastante menos contundente de lo que sugieren muchos titulares periodísticos. Básicamente aparecen cuatro grandes bloques. El primero son las conversaciones interceptadas entre terceros donde determinados empresarios o intermediarios hablan de Zapatero como alguien capaz de facilitar contactos o desbloquear operaciones. Hay referencias a “Z”, “Zapa” o “nuestro pana Zapatero” y menciones a posibles gestiones relacionadas con la SEPI o con operaciones internacionales vinculadas a Venezuela, lo que permite concluir que determinadas personas percibían al expresidente como alguien con capacidad de interlocución institucional. Jurídicamente, sin embargo, el valor de esas conversaciones es limitado si no se acompañan de actos posteriores que acrediten que la influencia efectivamente se ejerció. Y aquí aparece a mi juicio uno de los principales problemas técnicos del auto: las conversaciones muestran sobre todo lo que terceros dicen o creen sobre Zapatero, no necesariamente lo que Zapatero hizo realmente.

El segundo bloque de indicios afirmados como relevantes son los pagos y relaciones mercantiles investigadas. El auto analiza transferencias económicas y contratos de consultoría considerados sospechosos entre empresas vinculadas al entorno investigado. A partir de ahí se construye otra hipótesis confiada en que determinadas sociedades pudieron utilizarse para canalizar pagos relacionados con actividades de intermediación política. Pero otra vez surge una dificultad importante: para que esos pagos adquieran verdadera trascendencia penal no basta con que existan ni con que su importe nos resulte muy elevado para la mayoría social (tampoco un expresidente del Gobierno es un profesional al uso). Hay que demostrar que no respondían a actividad económica real y que constituían contraprestaciones por influencias ilícitas concretas. Y eso sigue lejos de aparecer acreditado con claridad, especialmente cuando el propio Zapatero ha afirmado previamente y con reiteración que desempeña tareas de consultoría.

Este punto resulta especialmente relevante respecto a Whathefav, la empresa propiedad de las hijas de Zapatero y convertida estos días casi en símbolo mediático del procedimiento. Lo publicado hasta ahora no permite sostener seriamente que se trate de una mera sociedad pantalla creada exclusivamente para canalizar fondos. La empresa desarrollaba actividad efectiva previa y paralela en ámbitos de comunicación digital, marketing y producción audiovisual. Existen datos mercantiles de facturación, empleados y actividad real anteriores al estallido de esta causa. Naturalmente, eso no impide que determinadas facturas concretas puedan investigarse o incluso considerarse ficticias si así se acreditara. Pero sí dificulta bastante una tesis maximalista según la cual toda la actividad societaria estaría vinculada exclusivamente a operaciones relacionadas con el entorno político del expresidente.

El tercer elemento utilizado como inferencias de peso son las coincidencias temporales entre determinados movimientos económicos y momentos relevantes del rescate de Plus Ultra. Ese tipo de conexiones temporales puede justificar diligencias de investigación, pero su fuerza probatoria es relativamente débil si no va acompañada de evidencia directa sobre la finalidad concreta de los pagos, mas aún cuando el rescate de la compañía ya ha sido declarado ajustado a derecho, en un momento de rescates y ayudas que salvaron miles de empresas y puestos de trabajo.

El cuarto gran bloque es el propio contexto político e internacional. Zapatero mantenía relaciones significativas con dirigentes venezolanos, capacidad de interlocución internacional y contactos institucionales de alto nivel. El auto convierte ese hecho relacional más que evidente por público y por derivar de su condición de expresidente del Gobierno en un elemento incriminatorio dentro de una supuesta estructura estable de influencia, que puede existir y de hecho existe en términos de arbitraje internacional, que puede distar mucho de ser no ya ilegal, sino ni tan siquiera reprobable. Esta es probablemente la cuestión central de todo el procedimiento: tener influencia política o capacidad de acceso institucional no es delito. De hecho, es casi inherente a la condición de expresidente del Gobierno. El delito comienza cuando esa capacidad se utiliza ilícitamente para alterar decisiones administrativas concretas a cambio de contraprestaciones económicas.

Y ahí es donde el auto presenta, a mi juicio, su principal debilidad técnica. Habla constantemente de tráfico de influencias, pero apenas concreta sobre qué autoridades se habría ejercido exactamente esa influencia. Puede parecer un matiz menor, pero jurídicamente es decisivo. En un delito de tráfico de influencias el núcleo típico consiste precisamente en el prevalimiento sobre una autoridad o funcionario concreto para modificar el sentido de una resolución administrativa. Sin embargo, el auto habla genéricamente de la SEPI y del rescate, pero no termina de individualizar qué responsables públicos fueron presionados, qué conversaciones existieron con ellos, qué instrucciones recibieron o cuál fue exactamente la actuación causal atribuible a Zapatero para obtener la resolución favorable.

Y hay además una cuestión previa difícil de ignorar. Antes de construir una tesis tan ambiciosa sobre una supuesta estructura estable de tráfico de influencias, parecería lógico haber identificado con claridad qué autoridades o funcionarios fueron objeto de esa presión y haber agotado primero esa línea de investigación. Sin embargo, el procedimiento ha avanzado ya hacia imputaciones de enorme gravedad política y hacia medidas cautelares patrimoniales muy invasivas sin que públicamente se conozca todavía una delimitación precisa de quién habría recibido concretamente esa influencia ilícita. Dicho de otra manera: el auto desarrolla con enorme amplitud el contexto de la sospecha, pero sigue dejando relativamente indeterminado el acto concreto de influencia que debería sostener penalmente toda la construcción posterior.

Todo ello no significa, naturalmente, que la investigación carezca de importancia o que deba minimizarse políticamente. El daño institucional para el PSOE y para el propio Gobierno ya es enorme y probablemente seguirá creciendo mientras continúe la instrucción que amenaza con prolongarse en el tiempo. El bloqueo cautelar de cuentas bancarias ha reforzado todavía más esa percepción de gravedad pública. Pero tampoco conviene confundir el impacto político del procedimiento con la fortaleza definitiva de la acusación penal, ni se pueden ignorar circunstancias tan alarmantes como posibles filtraciones al partido de la oposición y la utilidad evidente que obtienen con entusiasmo indisimulado de la misma.

Quizás esa sea la verdadera cuestión de fondo que deja este auto a la espera de conocer el conjunto de las actuaciones. No si debe investigarse o no la conducta de cualquier ciudadano, que por supuesto que sí, sino si la enorme ambición narrativa de la resolución terminará encontrando una correspondencia igual de sólida cuando llegue el momento decisivo del proceso. Entre tanto, los daños personales y políticos son evidentes, los intereses también.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Yo soy vasca. O eso me dicen algunas personas cuando explico que nací en Bilbao. Ya sé que mis apellidos no suenan vascos. Rodríguez-Alarcón Martín Gómez Vargas, no parece que haya mucha vasquidad en ellos. Eso es porque son los apellidos de mi padre y de mi madre, que se conocieron en Bilbao pero venían de fuera. Mi padre nació en Madrid, pero en realidad el Rodríguez-Alarcón es gallego. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Mi abuelo era de un pueblito que se llama Vilaxoán (Villa Juan), en la provincia de Pontevedra, donde mis bisabuelos criaron a una familia numerosa. La familia de Villa Juan tenía doble origen. El bisabuelo José era hijo y nieto de emigrantes gallegos retornados de Argentina y procedentes de Ribeira. La bisabuela Rosario era hija de Tiburcio Alarcón, procedente de Fuensalida, Toledo, pero que tras estudiar veterinaria se fue de catedrático a la Universidad de Santiago.

El Gómez es de mi abuela Pilarona, que nació en Segovia. Sus padres se enamoraron y tuvieron que fugarse para poder estar juntos. También vivieron en París cuando mi abuela era joven –allí vive ahora mi amiga Begoña desde que hace 30 años nos fuimos de Erasmus; yo me fui a Bolonia y volví después de un año, ella se fue a París y nunca volvió–. Mi abuela y su familia veraneaban en Galicia, en Vilanova de Arousa, al lado de donde vivía mi abuelo. Así se conocieron, se enamoraron y se casaron y se fueron a Barcelona. Y luego a Madrid.

Mi madre es de Santander. Sus padres son santanderinos también, aunque la familia de mi abuela era pasiega, concretamente de Luena. Martín Vargas suena muy cántabro. Mi abuelo Pepe era moreno moreno. Y muy alto. Y muy guapo. Mi abuela, rubia, con un pelo color ceniza y los ojos ámbar. Yo siempre pensé que ese moreno tan profundo que hemos heredado los descendientes de mi abuelo tenía que venir de África en alguna generación no demasiado lejana. Pero hace diez años me hice un test de ADN y me salió que soy 97% ibera. Es decir que la familia de mi abuelo lleva por lo menos 500 años siendo así de morocha. Lo del rubio de mi abuela Teresa nunca tuve dudas que venía de la parte vikinga de los norteños. Igual sucede con los ojos profundamente azules y el pelo caramelo de mi abuelo paterno, Justino. El 3% de mi ADN que no es íbero es muy exótico. Una chispa francesa, una chispa escandinava, una chispa islandesa. Esas chispas que se suman a las trazas vikingas que deben de estar ya integradas en ese paquete íbero, que incluye un poco de todo.

Lo de la prueba de ADN es la bomba. A mí me lo regalaron por mi cumpleaños. Me decepcionó un poco la escasa variedad de mis orígenes. Pero tampoco me sorprendió. Tengo un amigo que era el nieto del hijo del alemán. Su bisabuela vivía en un pueblo donde había una fábrica alemana de componentes industriales. Esa fábrica aseguraba un trasiego regular de trabajadores alemanes que venían de forma temporal. Un día la señora se quedó embarazada. No había novio con el que casarla. Y ella se negó a dar datos sobre el padre. Así, fue madre soltera de un niño rubio como el sol. El hijo del alemán. Cuando mi amigo se hizo la misma prueba que yo, le salió 98% íbero. Nunca hubo alemán, sino un gen recesivo de un íbero puro que se coló por ahí ofreciendo a una madre soltera una historia preciosa que contar. El test no siempre te da lo que esperas. A veces te da algo que nadie pidió. Tengo otra amiga que es croata. Hija y nieta de croatas. Pero en sus resultados a ella le salió un 25% de ADN ruso. Así descubrió un terrible secreto familiar: posiblemente una de sus dos abuelas había sido violada por un soldado ruso durante el fin de la Segunda Guerra Mundial. Muchas mujeres de lo que fue la URSS tuvieron hijos fruto de esas violaciones. La primera vez que oí hablar de esto fue en uno de los libros de la Trilogía del Siglo, de Ken Follett.

Con mi test de ADN también descubrí que tengo un montón de carga neandertal, más de la normal. Por lo visto está en mi pelo. Desde que lo sé me gusta más mi pelo. Me parece algo increíble tener esa mezcla en mí, ser portadora de esa carga genética única que proviene de dos especies humanas diferentes, la neandertal y la cromañona. Me gusta mucho pensar que las dos especies nos mezclamos.

Estos días, con toda esta movida de la "prioridad nacional" para arriba y para abajo, yo me pregunto qué pensarán los que andan por ahí agitando sobre qué características tiene que reunir alguien para ser "nacional". ¿Cuándo se es "nacional" para ser "prioritario"? Se me ocurren miles de casos que dan lugar a la confusión. Por ejemplo, ¿ser "nacional" se puede heredar? Si mi abuelo fue "nacional", ¿yo soy "nacional"? O, si he nacido en el sitio, ¿soy "nacional" aunque mis padres no lo sean? O, ¿mis hijos serán "nacionales" aunque yo no lo sea? En realidad, de estas tengo cientos de preguntas desde hace muchos años. Son las mismas que me he tenido que plantear toda mi vida sobre si soy o no soy vasca.

He de decir que, después de tantos años cuestionando mi identidad vasca, todo esto me parece una sandez. He vivido en Francia y en Italia mientras estudiaba. Tuve que irme a trabajar a Bélgica porque cuando acabé la carrera, en España no había trabajo. Después de siete años en Bruselas volví a Madrid. Nunca, jamás, he dejado de echar de menos el mar que me acompañó durante mi infancia. Aunque llevo 20 años viviendo en la capital sueño con acabar mis días en un lugar del norte con playa. Como buena bilbaína, salgo cuando llueve porque no me asusta mojarme. Pero durante los años que pasé en Bruselas, solo añoré las patatas bravas, las cañas bien tiradas y las servilletas de papel que acaban en el suelo del bar madrileño llenas de grasa formando un manto blanco de pelotitas.

Y con todo esto, ¿de dónde soy? Supongo que la respuesta vendrá en función de a quién preguntes. Ahora bien, sí sé qué siento. Me siento de todos lados y de ninguno. Me siento de mi barrio en el que llevo seis años. Me siento francesa, porque mi educación escolar lo es. Me siento vasca, aunque solo me sé tres canciones en euskera: el himno del Atleti, el Olentzero y Sarri Sarri de Kortatu. Me siento europea, a tope —recuerdo cuando entró el euro en España y empezamos a poder viajar entre países sin tener que cambiar de moneda, ¡qué pasada!—. Me siento española ahora que estoy volviendo del Foro Phileas que ha tenido lugar en Copenhague. No me siento nórdica, la verdad, pero dame tres o cuatro años en un país de esos y me hago.

Me pregunto si toda la gente que está arengando esta nueva moda de revivir estas doctrinas xenófobas de medio pelo es consciente de todas esas preguntas que yo me he hecho durante años que no sirven para nada. Me imagino viviendo en una distopía en la que para moverte, acceder a servicios públicos, optar a un trabajo, tienes que presentar la prueba de ADN. Una cosa parecida al mundo de Gattaca, la maravillosa película de Andrew Niccol protagonizada por Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. Porque, teniendo los tests de ADN, para qué queremos apellidos, digo yo. También confieso que me hacen gracia esas aspiraciones tontas de petit maître. Uno de mis pasatiempos favoritos es mirar vídeos sobre los planetas. Me encanta uno que muestra cómo se mueve el Sol en una órbita increíble en la galaxia con unos puntitos chiquitines orbitando tímidamente a su alrededor. La inmensidad a la que pertenecemos y lo paleto que es querer reducirnos a ser "nacional". ¿Nacional de qué? Del centro, porque de las afueras nunca. En serio.

Y tú, ¿de dónde eres?

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Donald Trump y Vladímir Putin han viajado a China en los últimos días. Y no se trata de noticias importantes solo por lo que puedan suponer a nivel de posicionamientos geoestratégicos sino también por la carrera global que existe de cara al futuro.

Obviando la evidencia del músculo que se presupone a una superpotencia económica, más en concreto Pekín se ha erigido como un actor esencial para prácticamente todo el globo a la hora de redibujar el orden internacional.

El rumbo del multilateralismo se decide hoy en China. Lo cual no deja de ser irónico porque las grandes capitales del mundo han visto tradicionalmente a Pekín como un actor no acoplado políticamente a pesar de las aperturas promovidas por Deng Xiaping y Jiang Zemin, ni económicamente hasta los años 2000. Washington, Bruselas y los suyos, Tokio, Nueva Delhi e incluso Moscú. Todos miraban desde lejos a Pekín.

Moscú mantenía cierta distancia de Pekín desde la época soviética, así como durante el acercamiento a Estados Unidos que China llevó a cabo en los años noventa. Los lazos sino-rusos han mejorado en la medida que los occidentales constataban su negativa a mantener relaciones normalizadas con una Rusia cada día más revisionista en torno a su menguante espacio de influencia inmediato. En el año 2022, a raíz de la ruptura definitiva entre Bruselas y Moscú, el Zhongnanhai halló una ventana de oportunidad en sus homólogos del Kremlin.

La relación ya no podía leerse solo en términos de conveniencia forzada. China y Rusia se propusieron forjar un nuevo modelo de gobernanza global no sujeto al provecho de los gobiernos occidentales, encarnados mayormente por el régimen liberal demócrata. Y con la revitalización y expansión de los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái llegaron grandes proyectos como la interconexión de sistemas de pagos internacionales para romper con el dominio occidental o el desvío de suministros energéticos rusos hacia el este.

Como se ha tratado en la reciente visita de Putin a Xi Jinping, cumpliéndose un cuarto de siglo de su tratado de buena vecindad y amistad, sigue sobre la mesa el Power of Siberia 2, un gasoducto que conectaría ambos países a través de Mongolia. Sin duda, Rusia y China siguen en la senda de romper con las imposiciones de un orden diseñado bajo otra óptica histórica.

Moscú ya demostró no estar dispuesta a tolerar la supremacía de la OTAN en lo que considera su área de influencia pero Pekín ha salido de su tradicional perfil bajo para ofrecer un reto al mundo dominado por Estados Unidos a través de su poderío económico.

En primer lugar, Trump llegaba a China con un panorama aciago: su popularidad está por los suelos ante unas elecciones clave en noviembre, la visita sufrió retrasos por una guerra en Irán que no logra cerrar de manera satisfactoria para sus intereses, su guerra comercial se encuentra en una pausa forzada entre los tribunales y la respuesta firme del Gobierno chino.

De hecho se podría decir que Pekín ha sido la única gran capital en responder con firmeza ante los órdagos de Trump. El poderío de China en áreas clave como el mercado de las tierras raras hace que plantee sin estridencias imposiciones de carácter político como el “principio de una sola China” en relación con Taiwán. Pero las alabanzas de Trump a Xi tras su paso por la Plaza de Tiananmen, el Gran Salón del Pueblo y el Templo del Cielo se entienden en una óptica más empresarial.

A Donald Trump le gustan los líderes fuertes, no los líderes avasallados. Incluso aunque estos últimos estén dispuestos a aliarse contigo y los primeros no. La lógica complaciente de los europeos, aprobando el acuerdo comercial que Trump exigía a pesar de las constantes amenazas, demuestra que el republicano preferiría por mucho un acuerdo con sus homólogos ruso y chino porque, aunque rivales, le podrían ofrecer una cuota de poder en el mundo que Bruselas no está en disposición de darle.

Y es en ese marco en el que Trump y Putin acuden a China, sabedores del momento crucial que vivimos a la hora de redibujar el tan manido mundo basado en normas. Para empezar Xi es uno de los líderes más importantes de la historia del gigante asiático, con su pensamiento al nivel del de Mao Zedong en la Constitución, por lo que sabe perfectamente en qué situación se encuentra.

El llamado Sur Global y los países no alineados con Estados Unidos ofrecen a China una oportunidad de liderar el nuevo modelo multipolar global donde le correspondería un buen pedazo desde su respectivo polo. Pero hay gobiernos occidentales –como el español, que no se encuentra cómodo en el nuevo panorama global– que ante el rupturismo de Trump para adaptarse al declive de su imperio ven en China un irónico salvavidas al multilateralismo.

Xi Jinping sabe que con Rusia y socios menores puede construir algo nuevo. La crisis de Ormuz le perjudica, pero China aún cuenta con grandes apoyos energéticos como Rusia y Malasia. Sin embargo cada error que cometa Washington en Oriente Medio le alejaría un día más de confrontar las aspiraciones chinas. Xi mira a la Casa Blanca y entiende que la visita iba de marcar líneas en Taiwán y en la guerra comercial.

La ofensiva está aquí. Pekín ha aplicado por primera vez en su historia un mecanismo que reta todo el sistema de sanciones estadounidense. Considerando que la aplicación de leyes extranjeras de manera extraterritorial puede estar injustificado, China plantea hacer elegir al mundo sobre si comerciará con ellos o con Estados Unidos. Y ha empezado a hacerlo en el marco de las refinerías que operan con Irán. La guerra de Oriente Medio es el gran monstruo invisible en las reuniones de Xi, Trump y Putin. Una carrera por el futuro.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Si no fuera por su insistencia en dejar claro que América “pertenece” a Estados Unidos, hasta podría sonar rancio un titular como el que figura más arriba. Pero es el propio Donald Trump, tanto con su reciente Estrategia Nacional de Seguridad (ENS, diciembre de 2025) como en su actuación en Venezuela y sus frecuentes declaraciones sobre Canadá, Groenlandia, Nicaragua, México y Cuba, el que más hace por actualizar el término imperialista, sin olvidar que Vladmir Putin hace lo propio en relación con Ucrania y Xi Jinping con Taiwán.

Cuba parece ahora el próximo objetivo trumpista en línea con lo que determina la citada ENS: reservarse el control de todo el continente americano, eliminando la presencia de actores externos que puedan cuestionar el dominio estadounidense (es decir, China y Rusia) y echar abajo a aquellos actores locales que puedan servir como instrumentos de actores externos. Un plan que en algunos casos echa mano de la ayuda económica (sirva como ejemplo la oferta de 40.000 millones de dólares a Argentina si los votantes respaldaban a Javier Milei en las elecciones legislativas del pasado octubre), mientras que en otros emplea la imposición de aranceles (como hizo con Brasil para castigar a Lula da Silva por la persecución judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro), llegando al empleo de la fuerza cuando lo considera necesario (como ocurrió en Venezuela con el secuestro de su presidente a principios de enero).

En el caso de Cuba la estrategia de ahogo ya ha logrado que el propio régimen cubano reconozca que ha agotado sus reservas energéticas de combustible, sin las cuales, obviamente, el país está abocado a una parálisis completa. A ese punto se ha llegado tanto por las propias deficiencias de un sistema que hace tiempo está inmerso en una profunda crisis sistémica, incapaz de cubrir sus propias necesidades, como por la decisión estadounidense de cerrar la vía del suministro procedente de Venezuela y de México. La presión de Trump también ha dejado al descubierto la falta de voluntad de Moscú por responder adecuadamente a las desesperadas llamadas de La Habana, buscando alguna ayuda para resistir el acoso y derribo desarrollado por Washington.

A partir de ahí, con un régimen sin alternativas realistas a mano, ante una población harta de sufrir tantas carencias durante un periodo tan prolongado, se abre un proceso que apunta en varias direcciones. Por una parte, resulta muy improbable que EEUU opte por hacer valer su fuerza militar para provocar la caída del régimen. A pesar de la abrumadora superioridad en ese terreno, la experiencia acumulada por Washington en sus recientes aventuras militaristas hace poco recomendable implicarse en un nuevo conflicto en el que se puede ver nuevamente empantanado. Es evidente que Cuba no tiene capacidad para resistir una embestida en toda regla, pero también lo es que cualquier invasión que implique el uso de tropas terrestres puede llevar a escenarios en los que el prurito nacionalista contra el invasor puede acabar arruinando lo que aparentemente parece un “paseo militar”.

De ahí que lo más probable es que Trump busque algún tipo de acuerdo negociado. Una vez que ha colocado al régimen en una situación insostenible, en la que no puede contentar mínimamente a su población y no puede esperar que nadie se la vaya a jugar por Cuba, tan solo le queda pactar algún arreglo, tratando de aparentar que no se trata de una capitulación en toda regla. En esa dirección apunta tanto la sucesión de noticias que señalan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, como el interlocutor principal con Washington, como el publicitado encuentro en la capital cubana del director de la CIA, John Ratcliffe, con el ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de los servicios de inteligencia.

La sensación dominante es que Washington busca entenderse con los principales representantes de la familia Castro, más que con el presidente Miguel Díaz-Canel, y con los pesos pesados del conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas (GAESA), que es quien controla los principales activos nacionales. Parecería que, a semejanza de lo ocurrido en Venezuela, no se busca tanto un cambio de régimen como un simple cambio de caras, con nuevos interlocutores que acepten la subordinación a Washington, al tiempo que logran mantener los privilegios de los que han gozado hasta ahora en un país tan castigado tanto por el embargo estadounidense, como por sus propios errores. Y si el precio a pagar es el abandono de la retórica revolucionaria e incluso la entrega de personajes como el propio Raúl Castro, todo da a entender que quienes ahora se muestran dispuestos a entenderse con Trump y los suyos están preparados para dar el paso.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).