El atentado contra Donald Trump en Washington no puede interpretarse como un episodio aislado ni como el resultado de una deriva individual. Es, más bien, la cristalización de una tendencia que se viene intensificando en Estados Unidos desde hace años y que, desde 2024, ha adquirido una nueva dimensión, que no es otra que el hecho de que la violencia política ha aumentado tanto en frecuencia como en intensidad, al tiempo que se ha ido normalizando en el imaginario colectivo.

Durante mucho tiempo, la narrativa dominante insistía en que la violencia política en Estados Unidos era marginal, una anomalía dentro de una democracia consolidada. Sin embargo, los datos más recientes obligan a revisar esa lectura. Informes del Armed Conflict Location & Event Data Project y del Bridging Divides Initiative muestran un aumento sostenido de los incidentes de violencia política desde 2021, con un repunte significativo a partir de 2024 tanto en el número de eventos como en su gravedad. A ello se suman análisis del Center for Strategic and International Studies que advierten de una intensificación de las amenazas y ataques contra actores políticos, instituciones y procesos electorales.

No solo hay más episodios sino que estos son más graves y están más directamente orientados a eliminar físicamente al adversario. Los tres intentos de asesinato contra Trump, junto con otros asesinatos de carácter político, ataques a residencias de gobernadores o agresiones a familiares de dirigentes, muestran con claridad un cambio cualitativo donde la violencia ha dejado de ser retórica para convertirse en acción directa.

Aún más preocupante es el cambio en la percepción social. En 2025, una encuesta del Public Religion Research Institute señalaba que en torno al 85% de los estadounidenses creía que la violencia política estaba en aumento. En la misma línea, estudios del Pew Research Center y del American Enterprise Institute apuntan a un crecimiento del porcentaje de ciudadanos que consideran justificable el uso de la violencia en determinados contextos políticos. Lo verdaderamente significativo no es solo la percepción de aumento, sino la creciente aceptación de la violencia como herramienta política. En un contexto de polarización extrema, cada vez más ciudadanos consideran legítimo su uso para defender sus posiciones. La consecuencia es clara, la violencia no solo crece, sino que se legitima.

Este proceso no surge de manera espontánea. Tiene raíces estructurales. La polarización extrema ha erosionado los espacios de consenso y ha transformado al adversario político en un enemigo existencial. La deshumanización del otro —un rasgo cada vez más presente en el discurso político— facilita la justificación de la violencia. Cuando el adversario deja de ser percibido como legítimo, su eliminación puede presentarse como una opción aceptable.

En este contexto, el papel del liderazgo político resulta determinante. La retórica incendiaria y conspirativa asociada a Trump y al trumpismo ha contribuido a radicalizar a sectores sociales, alimentando narrativas de agravio y amenaza. A ello se suma una ambigüedad calculada respecto al uso de la violencia en determinados contextos, que reduce los costes normativos de su empleo. El lenguaje no es neutro sino que configura percepciones, delimita marcos y, en última instancia, habilita comportamientos.

En este contexto, el ecosistema digital amplifica estas dinámicas. Las redes sociales y las plataformas digitales facilitan la difusión de teorías conspirativas y discursos extremistas, creando comunidades cerradas donde la radicalización se refuerza sin apenas contrapesos. La fragmentación informativa no solo polariza, sino que también legitima visiones del mundo en las que la violencia aparece como una respuesta coherente. Además, a todo ello hay que añadir un factor diferencial en el caso estadounidense que no es otro que la disponibilidad masiva de armas. En Estados Unidos, según estimaciones del Small Arms Survey, hay más armas que personas, lo que convierte cualquier proceso de radicalización en un riesgo potencialmente letal. De este modo, la combinación de acceso fácil a armamento, polarización extrema y normalización de la violencia genera un entorno particularmente volátil.

Lo que estamos observando, por tanto, no es una sucesión de incidentes desconectados, sino una transformación del propio marco en el que se desarrolla la política. La violencia ya no es una anomalía, sino un recurso que algunos actores consideran disponible. Y cuando eso ocurre, la calidad democrática, como se observa, se deteriora de manera profunda. Así, la cuestión de fondo no es únicamente cómo prevenir nuevos atentados, sino cómo revertir las condiciones que los hacen posibles. Sin una desescalada del discurso político, sin una responsabilidad clara por parte de los liderazgos y sin una reconstrucción de los consensos básicos que sostienen la competencia democrática, la violencia seguirá encontrando terreno fértil.

En este sentido, Estados Unidos se enfrenta así a un desafío que trasciende a sus propios actores políticos. Lo que está en juego no es solo la seguridad de figuras como Trump, sino la capacidad de su sistema político para seguir funcionando dentro de los márgenes de una democracia liberal. Porque cuando la violencia se normaliza, la democracia deja de ser un espacio de confrontación política para convertirse en un terreno de confrontación física. Y ese es un umbral que, una vez cruzado, resulta difícil de revertir.

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Tendemos a hacernos la pregunta equivocada cuando una nueva tecnología reorganiza el poder. Sucedió cuando Gutenberg democratizó con la imprenta la palabra escrita que la Iglesia de entonces, no tan diferente a la de ahora, respondió con el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos vigente hasta 1966 y que con el tiempo, solo podemos leer como un indicador del miedo que mueve a ciertos actores con poder cuando lo que está en juego es el monopolio sobre el conocimiento. La imprenta en sí misma nunca fue el problema, sino más bien la posibilidad de que cualquiera con dinero pudiera divulgar y leer ideas que resultaran incómodas. Hoy nos parecería absurda la propuesta de prohibir la lectura o la escritura pero, sin embargo, y con la misma contundencia, nadie parece sorprenderse cuando el resorte inquisitorio medieval nos propone de nuevo la prohibición frente a las infinitas posibilidades de las tecnologías. ¿Puede ser la IA algo que ayude a que la humanidad viva mejor? Humanamente, ¿es inteligente querer que la inteligencia no humana se extienda?

La cuestión está siendo respondida en dos direcciones no necesariamente opuestas aunque una venga de la derecha y otra de la izquierda. Por un lado, nos encontramos con aquellos que proponen explotar el uso la inteligencia artificial desde arriba, que no son otros que los mismos Estados que contratan a Palantir para construir plataformas de deportación masiva; y por otro, la de aquellos que prefieren mantenerse al margen del desarrollo de la inteligencia no humana bajo la lógica de que cualquier participación podría legitimar la lógica bélica o cualquier otro uso pernicioso que se está haciendo ya de la IA. Sobre el miedo creciente a esta tecnología y los motivos legítimos para ello, Marta Peirano en El País o Álvaro Soler y José Manuel Bobadilla en El Salto escribían recientemente centrándose en el catastrófico idilio entre el neofascismo y el capitalismo turbulento, cuya máxima expresión probablemente sea en el uso de Palantir para las guerras de nuestro tiempo. Pero, ¿podemos escapar a la idea de que IA es la herramienta tecnológica que realiza el macabro y ciberpunk planteamiento de que el siguiente lugar de colonización no es un país sino el propio género humano? Aunque el diagnóstico es correcto (el idilio está ya muy avanzado y da mucho miedo), la conclusión que se desprende—que la inteligencia artificial es el problema— no lo es, por más que resulte tentadora.

Hay un ejemplo histórico más que pertinente que no resulta cómodo pero sí preciso para analizar lo que ya hasta el propio Tolkien, creador de las palantir (unas piedras con las que el malo de El señor de los anillos controla todo) predijo. El problema, como sucedía con las piedras de la Tierra Media, no es la tecnología, sino en manos de quién está. IG Farben, el conglomerado químico que financió al partido nazi y fabricó el Zyklon B, estaba integrado por empresas que hoy producen medicamentos oncológicos y fertilizantes que alimentan a centenares de millones de personas. Esas empresas no atravesaron ninguna transformación química entre el Tercer Reich y la posguerra, pero sin duda lo que sí se transformó fue el entramado de regulaciones, presiones sindicales y marcos democráticos imperfectos pero existentes, que determinaron para qué se usaba esa capacidad industrial y a quién se le exigían cuentas cuando salía mal. La tecnología no se volvió ética por sí sola sino que las condiciones de su uso se volvieron, parcialmente, más disputables y por tanto, más democráticas. Dicho de otro modo, no se trata tanto de discutir qué tecnología, sino qué democracia. 

La inteligencia artificial (o la inteligencia no humana, como la denominan ya autoras como Jeanette Winterson) se encuentra hoy en un momento anterior a ese punto de inflexión, y hay alguien que lo ha formulado con una claridad incómoda precisamente porque es correcta aunque se haga desde el lado incorrecto de la historia. Alex Karp, consejero delegado de Palantir, escribe en el punto cinco de su Manifiesto que la cuestión no es si se construirán armas de inteligencia artificial, sino quién las construirá y con qué propósito. ¿Por qué no es éste el argumento que está articulando la izquierda y sí la industria de defensa? ¿Hemos abandonado toda posibilidad de disputar el uso de las herramientas tecnológicas para el bien común? Que lo esté usando Palantir para justificar, por ejemplo, Maven Smart System, el sistema letal casi automático capaz de emplearse tanto para bombardear Irán como para secuestrar presidentes, dice menos sobre la validez del razonamiento que sobre la velocidad con la que se ha abandonado el terreno a quienes tienen los contratos. Y contratos con Palantir parece que tenemos todas. También España, queridas. 

Heidegger advertía que el peligro de la técnica moderna no reside en ningún artefacto concreto, sino en la estructura que nos hace percibir el mundo entero como recurso disponible para ser optimizado, calculado, gestionado. Palantir resulta inquietante precisamente porque encarna esa lógica con una coherencia casi perfecta. Toda persona, toda frontera, toda decisión, todo cuerpo reducido a dato procesable al servicio de quien dispone del capital para costear la infraestructura. Disputar esa lógica exige algo más que regular los medios mientras los fines permanecen intocables, exige, como tan bien relata Ekaitz Cancela en Utopías Digitales, imaginar y construir la capacidad de decidir colectivamente para qué sirve la IA que ya tenemos y las que estamos por crear, con qué salvaguardas y bajo qué formas de rendición de cuentas. ¿O es que no somos capaces de imaginar que la tecnología que es tan poderosa para la muerte pueda servir con la misma potencia para la vida?

Lo que el Estado tiene en su mano, o mejor dicho, lo que nos jugamos toda la humanidad al respecto del futuro de la IA resulta bastante más concreto que regular abstracciones, probablemente más efectivo que la supuesta prohibición del uso de la tecnología y, desde luego, igual de trascendente que las terribles consecuencias de su uso para la Guerra. Una infraestructura pública de inteligencia artificial, financiada con fondos públicos, auditada por instituciones independientes, con canales para la participación ciudadana, incluso con posibilidad de que su propiedad fuera ciudadana, haría por el acceso democrático al conocimiento algo análogo a lo que hicieron en su momento las bibliotecas públicas o la televisión estatal cuando todavía se entendía que distribuir cultura era una función política, no un nicho de mercado. Bajo esta mirada, la de hackear la tecnología para un uso democrático, las tareas relevantes dejarían de ser retirar los dispositivos porque los niños se distraen o prohibir los algoritmos porque nos manipulan —que lo hacen—, sino si la ciudadanía del futuro va a entender la capa técnica sobre la que descansa su vida pública o va a relacionarse con ella como los usuarios medievales se relacionaban con el latín, sabiendo que existe algo poderoso ahí, sin acceso a lo que dice. Enseñar a programar no sería una concesión al mercado tecnológico, sino que sería la diferencia entre producir consumidores de sistemas opacos o educar personas capaces de entender quién los diseñó, para qué y a quién beneficia que no lo sepan. Prohibir la tecnología o condenar como malignos todos sus usos son posiciones útiles a quienes se benefician de que una buena parte de la ciudadanía no tenga ni idea de lo que se hace con sus datos. Un futuro imaginable para la humanidad no pasa por la desaparición de la tecnología, sino por la democratización de la misma. 

Por ello, democratizar la inteligencia artificial implica lo que siempre ha implicado democratizar una tecnología con consecuencias estructurales: acceso público a infraestructuras, modelos auditables, instituciones cuya investigación no dependa de contratos de defensa para financiarse, y ciudadanía con las herramientas conceptuales y las condiciones materiales para entender y decidir qué se hace en su nombre con sus datos. Y sobre todo, lo más relevante, podría implicar que los sistemas que hoy sirven para identificar personas migrantes en situación irregular puedan servir, bajo otras condiciones políticas, para detectar discriminación algorítmica en el acceso a la vivienda o para modelar políticas climáticas con la misma sofisticación con la que ahora se modelan objetivos militares. ¿Te imaginas una IA que sirva para luchar contra la escasez de agua, el cáncer o el problema en el acceso a la vivienda? ¿Sería posible una IA contra la corrupción?

La pregunta es, en definitiva, la misma que la humanidad ha tenido que responder con cada tecnología que ha reorganizado el poder, desde la imprenta hasta la fisión nuclear. Quién decide cómo se usa, quién puede acceder a ella y quién asume las consecuencias cuando falla. Hasta ahora, la respuesta ha sido consistentemente la misma, por lo que cambiar la respuesta exige disputar, con la misma seriedad y los mismos recursos, las condiciones bajo las que opera, no retirarse del debate y llamar a eso posición ética. Para luchar contra Palantir hay que hacer lo que Aragorn hizo con la palantir, lejos de destruirla o ignorarla, usarla para que el amo vea lo que nosotros queremos que vea. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

"El mal no prevalecerá. Construyamos puentes de paz sin miedo, porque Dios nos ama a todos incondicionalmente”.

(León XIV)

El mundo a la deriva: Apofis despierta

La sensación de naufragio inminente es la que prima en estos tiempos enrarecidos. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo resumió con una imagen que no admite réplica: es como si el mundo fuera un navío a la deriva, sin ninguna institución que oriente el comportamiento civilizatorio de las naciones. La fuerza de los tiranos parece imponerse a la voluntad de quienes defendemos los Derechos Humanos. Nos sentimos mayoría, pero una mayoría cohibida ante el acoso y el miedo a las consecuencias de la discrepancia.

En esta confrontación entre la barbarie y la cordura, quienes apostamos por la civilización nos encontramos huérfanos de la ONU, que Trump y Netanyahu pretenden dinamitar o anular; espectadores impotentes del genocidio de Gaza, de las masacres del Líbano, de una guerra ilegal en Irán. Rehenes de una dinámica de violencia y ruina económica que nos estrangula. Avanzando sin brújula, como zombis, a la espera de la siguiente locura de quienes se proclaman —con impunidad pasmosa— defensores de la libertad y la democracia.

Apenas nos da tiempo de sanar el daño antes de que llegue el siguiente. Somos testigos sobrecogidos de la matanza de inocentes por su raza, su lugar de nacimiento o su religión. Y no estallamos de indignación: aceptamos cobardemente la situación, o nos quedamos inermes ante la manipulación permanente de la inmigración por parte de la derecha y la ultraderecha, asumiendo propuestas claramente xenófobas y racistas —como la «prioridad nacional» para acceder a ayudas institucionales— más propias del fascismo que amenaza, de nuevo, nuestra convivencia.

Vivimos bajo el «síndrome del olvido inmediato»: nuestra memoria colectiva es sumamente débil y efímera. Las cifras hablan por sí solas. Según datos del propio Servicio de Inmigración y Aduanas de EE UU, el 8 de enero de 2026 había 68.990 migrantes retenidos entre el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, decenas de miles de seres humanos reducidos a estadística y silenciados por el siguiente titular. Europa no es ajena a esta deriva: el Abogado General de la UE ha avalado el traslado de migrantes a terceros países extracomunitarios para su internamiento en centros de reclusión, confiando en un respeto a sus derechos que todos sabemos que no será real.

Nuestra capacidad reflexiva se anula al ritmo que avanzan los algoritmos que construyen una inteligencia paralela a la que nos ha dado forma como seres humanos.

Hannah Arendt nos advirtió de que “la maldad nunca es radical; solo es extrema, y puede devastar el mundo entero precisamente porque se extiende como un hongo sobre la superficie”, sin profundidad ni dimensión demoníaca alguna. Es exactamente lo que describe este momento.

Detrás de todo ello están líderes concretos —Trump, Netanyahu, Putin— que ejercen el poder de forma autoritaria, a los que cabría sumar otros varios que en el mundo se han unido para dar forma a una recreación actual de Apofis, la gran serpiente de la mitología egipcia.

En el panteón del Antiguo Egipto, Apofis —también conocida como Apep— era la encarnación del caos primordial: una serpiente colosal que cada noche amenazaba con devorar la barca solar de Ra e impedir que el amanecer llegara al mundo. Representaba las fuerzas destructivas que combaten sin descanso el Ma'at, el principio egipcio de orden, verdad y justicia cósmica. Nunca podía ser destruida definitivamente; solo contenida, conjurada, repelida una y otra vez por la vigilancia y el esfuerzo colectivo de los dioses y los hombres. Es una metáfora de una exactitud perturbadora: el mal autoritario no muere, se transforma y regresa. Y solo la acción constante, la memoria viva y la voluntad de resistir pueden evitar que la oscuridad prevalezca.

Como señaló Umberto Eco, “nuestro deber es desenmascarar el fascismo eterno y señalar con el índice cada una de sus nuevas formas, cada día, en cada rincón del mundo”. Algo tendremos que hacer para superar esta inercia que nos oprime la garganta hasta dejarnos sin aliento.

El informe anual de Amnistía Internacional no deja margen a la duda. Netanyahu, Trump y Putin son señalados como «depredadores» de los derechos humanos —«saqueadores brutales a la caza de trofeos injustos»— y como líderes que desplegaron una ofensiva para lograr el dominio económico y político mediante la destrucción, la represión y la violencia a escala masiva. Y lo que es peor, según la ONG: las prácticas autoritarias se han intensificado en todo el mundo.

Los datos que acompañan ese diagnóstico son escalofriantes: casi el 70% de la población mundial vive hoy bajo regímenes autoritarios mientras las democracias se debilitan de forma acelerada. En ese contexto, EE UU ha ejecutado extrajudicialmente a más de 150 personas mediante el bombardeo de lanchas en el Caribe. Y no pasa nada. Nadie rinde cuentas. Nadie comparece ante ningún tribunal. Tenía razón Martin Luther King cuando advirtió desde su celda de Birmingham que, en el fin, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos.

Siguiendo el camino trazado por estos grandes líderes mundiales, sus acólitos nacionales de la derecha y la ultraderecha dan muestras de la misma falta de moral política. Actitudes que salpicaron de intolerancia la madrileña Puerta del Sol, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid acogió desde el balcón del antiguo edificio de la DGS franquista —símbolo no casual— a María Corina Machado, mientras una multitud dirigía insultos racistas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, coreados por el cantante Carlos Baute.

Esta parafernalia no fue casual. De acuerdo con el INE, la población procedente de Venezuela supera ya las 692.000 personas en España, de las que más de 268.000 tienen la nacionalidad española y por tanto derecho a voto en elecciones generales, locales y autonómicas. Solo en Madrid son 72.550 ciudadanos los que pueden acudir a las urnas. Con las cosas de comer, no se juega.

Como antítesis a estas acciones, la semana pasada vivimos un encuentro histórico en Barcelona. Convocados por Pedro Sánchez, presidentes, alcaldes y líderes progresistas de cuatro continentes reclamaron la prevalencia de la legalidad internacional y el respeto democrático: Lula da Silva, Zohran Mamdani —alcalde de Nueva York—, Elly Schlein —secretaria general del Partido Democrático italiano—, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, los mandatarios de Sudáfrica, Uruguay, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde y Barbados, y los vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana y Botsuana.

En palabras del presidente brasileño: "Nadie tiene que tener vergüenza de ser progresista o ser de izquierda. Elogié a Pedro porque tuvo la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EE UU salieran de aquí para bombardear Irán."

Tienen razón quienes han movido ficha para salir de la inercia inmovilista. Es el primer paso para luchar contra este posfascismo que, con el arma de la desinformación, la manipulación y el negacionismo, pretende acabar con décadas de conquistas democráticas. Recordemos cómo Gramsci advertía: “la crisis consiste precisamente en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer, y en ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Ese interregno es el que habitamos, ahora. Y por eso la acción no puede esperar.

Debemos sacudirnos la insensibilidad y hacer frente al ataque a los valores y los derechos humanos que desarrollan las fuerzas de la ultraderecha, a las que se suma una derecha inoperante, mimética e incapaz de ofrecer respuestas concretas a los problemas de la sociedad. Es muy cierto que las coaliciones estratégicas internacionales de extrema derecha suponen un gran riesgo para la democracia, porque traen nuevos modelos de populismo político y autoritarismo. Por eso es necesario rebelarnos y apostar por un capitalismo responsable y redistributivo que haga frente al capitalismo salvaje que nos quiere dominar.

La reflexión del filósofo Josep Ramoneda sintetiza bien el momento: ¿ha tocado fondo el delirio reaccionario? Colombia, México, Uruguay y Sudáfrica acompañan a Brasil y España en un encuentro que tiene el valor de una advertencia contra la ola creciente de impunidad antidemocrática. Se echaba en falta este impulso inicial y se ha producido. Ahora lo importante es desarrollarlo y extenderlo sin demora.

Porque la historia nos enseña que los derechos no se conceden: se conquistan. Y que cada generación tiene la obligación moral de defenderlos contra quienes, disfrazados de libertad, no hacen sino demolerla. Eduardo Galeano definió la utopía como el horizonte que retrocede cada vez que nos acercamos a él; y concluía: ¿para qué sirve la utopía? Para eso: para caminar. Pues bien, caminemos.

El tiempo marcará la evolución de los acontecimientos. Tras esta cumbre de Barcelona —histórica por sus participantes, impactante por sus contenidos—, lo que se dibuja en el ánimo de quienes peleamos por el futuro es la esperanza: la convicción de que esta solo puede ser una realidad favorable si nos empleamos a fondo en diseñarla a través del respeto a los derechos humanos conseguidos a lo largo de décadas. Esa esperanza activa, colectiva y sin miedo, es la única fuerza capaz de contener a Apofis —la gran serpiente del caos— y evitar que implante las tinieblas. Frente a la oscuridad, la única respuesta es continuar encendiendo la luz.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Ahora que la nave Artemis II ha regresado de la Luna y ha vuelto a demostrar que la Tierra es esférica, los “terraplanistas” han aprovechado para insistir en que la Tierra es plana y la Luna una galleta. Y como sus argumentos no están basados en elementos objetivos ni en estudios científicos, sino en lo que ellos deciden interpretar y en el refuerzo que se produce dentro de su grupo, pues siempre tienen razón.

Los “denunciafalsistas” actúan del mismo modo, es decir, en grupo, negando la mayor, o sea, la violencia de género, y a partir de ahí todas sus consecuencias, entre ellas las denuncias interpuestas por su causa. Pero como no es posible ocultar las más de 200.000 denuncias que se ponen al año, lo que hacen es decir que la mayoría son falsas, idea que consigue dos objetivos: incidir en la negación de la violencia y presentar a las mujeres como malas y manipuladoras, reforzando el mito de la Eva perversa.

Y como toda buena manipulación necesita de algún elemento que permita su enganche con la realidad, la clave está en utilizar elementos de esa realidad para darle un significado diferente. Y es en ese sentido en el que recurren a los datos oficiales sobre la violencia de género, para manipularlos y alcanzar la conclusión de que la mayoría de las denuncias son falsas.

La realidad es muy distinta, y la FGE y el CGPJ en diferentes Memorias y estudios indican que las denuncias falsas representan alrededor del 0,01%.

Para el machismo la conclusión es distinta, y afirma que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, concluyendo que estas representan el 70% de las denuncias, según sus cálculos.

Para poner de manifiesto la manipulación machista, vamos a tomar los datos del último informe del CGPJ, presentado el 31-3-2026, sobre las denuncias de 2025.

Las denuncias que se pusieron a lo largo de ese año fueron 204.342, y el número de mujeres víctimas ha sido 185.188.

El total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género fue de 60.942, de las cuales 50.190 terminaron con una condena para el hombre denunciado, es decir, el 82,36% de los casos juzgados. A partir de esta situación establecen la primera y gran trampa, y se ponen a jugar con los datos para darle verosimilitud y que su bulo sobre las denuncias falsas tenga acogida social.

El planteamiento es muy simple, si hay 204.342 denuncias y solo se juzgan 60.942 casos, quiere decir que 143.400 denuncias “se quedan en el camino” y no llegan a juicio, algo que directamente explican al decir que se debe a que son “denuncias falsas” por hechos incongruentes que conducen directamente a su archivo. Pero no es así.

Veamos que ocurre en realidad.

A las 204.342 denuncias hay que restarle los casos en los que las mujeres que han denunciado renuncian al procedimiento al acogerse a la dispensa de declarar por el artículo 416 de la LECrim, que son 20.977 casos que no pueden llegar a juicio por la renuncia de las víctimas, y que no siempre significa que es una la denuncia que se retira, porque algunas de estas mujeres han interpuesto varias denuncias que quedarían “anuladas” al desistir del procedimiento. Luego al total de denuncias que “se quedan por el camino” (143.400) hay que restarle estos casos, por lo que las denuncias “fuera de control” quedarían en 122.423 si solo correspondieran a una sola denuncia por caso, pero los estudios indican que son bastantes más, puesto que la renuncia se produce con frecuencia en mujeres revictimizadas sometidas a la presión y a las amenazas de los entornos y del propio agresor.

La diferencia entre los casos juzgados y el número de “denuncias sobrantes” tiene su clave en lo que acabamos de indicar, concretamente el número de casos en que un agresor maltrata más de una vez a la misma mujer, circunstancia habitual en violencia de género al tratarse de una conducta que se mantiene en el tiempo, no son hechos aislados, y que lleva a las víctimas a denunciar en varias ocasiones la violencia repetida que sufren.

Esta circunstancia forma parte de la revictimización, y dentro de ella está lo que se conoce como “multirreincidencia”, es decir, agresiones repetidas de un agresor sobre la misma víctima, y por otra parte está la “polirreincidencia” cuando un mismo agresor agrede a diferentes mujeres. Desde el punto de vista de las denuncias y sus consecuencias judiciales, en el caso de las agresiones cometidas por un agresor sobre la misma mujer, las distintas denuncias se verían en un solo juicio, mientras que en la “polirreincidencia” las denuncias se juzgarían en juicios separados.

Los estudios indican que cuando se trata de agresiones repetidas cometidas por un agresor sobre una mujer, el número de denuncias varía. Concretamente, en el trabajo titulado “Agresores plurivictimizadores en violencia de género: un estudio exploratorio”, de Marta Caballé-Pérez, realizado por varias universidades españolas y la SES del ministerio de Interior (febrero 2024), se indica que el número de denuncias interpuestas por una misma víctima en estas circunstancias puede llegar hasta 7. Si se tiene en cuenta, tal y como recoge la investigación, que entre el 33% y el 42% de los agresores son multirreincidentes, y que el 36,2% es denunciado más de una vez por la misma mujer, pudiendo llegar a ser este número de denuncias hasta 7, el número final de denuncias correspondientes a una misma mujer resulta muy elevado. Veámoslo de manera aproximada. Si hay 185.188 víctimas y el 35% (tomando una referencia entre 33-42%), son reincidentes sobre una sola mujer, significa que hay 64.816 maltratadores reincidentes, de los cuales el 36,2% (23.463) son denunciados de 2 a 7 veces por la misma mujer, es decir, que las denuncias en estas circunstancias podrían sumar entre 46.926 (si se ponen 2 denuncias) y 164.241 (si se pusieran 7 denuncias). 

Como se puede ver, la multirreincidencia y las denuncias que la acompañan justifican por sí solas el total de denuncias que se interponen cada año como parte de la violencia de género, sin que el resultado final se deba a “denuncias falsas”.

Y sobre todo ello hay que considerar también las otras formas de terminar el proceso que recoge el informe del CGPJ, entre ellas el sobreseimiento, pero representan porcentajes bajos y forman parte de una situación común a todo tipo de delitos, sin que signifique que se está ante denuncias falsas. Menos aún en violencia de género, una violencia que se produce en la privacidad del hogar, sin testigos presentes y que con frecuencia se denuncia tiempo después de los hechos, con lo cual las evidencias sobre la violencia se han modificado de manera significativa y dificultan demostrar su existencia. En este sentido la FGE, ya en su Memoria de 2012, fue clara y recogió que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivale a denuncia falsa. Estos datos sobre los archivos desmontan otro de los bulos del machismo cuando dice que los hombres “han perdido la presunción de inocencia”, y ponen de manifiesto que lo que realmente existe es una “presunción de culpabilidad” para las mujeres como autoras de un delito de denuncia falsa.

La manipulación del machismo es evidente y busca defender su modelo androcéntrico, y que la violencia que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres se mantenga dentro de la normalidad y la privacidad, y con ella todos los privilegios masculinos. Por eso, a toda la manipulación sobre las “denuncias falsas” unen que la mayoría de las condenas se deben a “conformidad”, es decir, a la aceptación de los hechos por parte del agresor, y presentan esta situación como consecuencia de la amenaza del sistema con mandarlo a la cárcel, cuando en realidad son casos evidentes que se conforman para rebajar la pena, algo de lo que he sido testigo como médico forense.

La manipulación es tan evidente que no tendría recorrido ni aceptación en ningún otro tema, pero la tiene en violencia de género demostrando que esta es una parte esencial del machismo y su cultura.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

En medio de todo el bloqueo de las negociaciones de paz se encuentra el otro bloqueo, el del Golfo pérsico. El alto el fuego sirvió para que Irán relajase ligeramente el paso que, a cuentagotas, abría bajo sus condiciones. Pero Donald Trump no puede permitirse que Irán juegue con una baza tan poderosa como es el Estrecho de Ormuz.

En ese punto aparece el bloqueo del bloqueo. Pero cabe matizar las palabras de Trump. Estados Unidos no buscaba simplemente taponar Ormuz como parecía según declaraba el presidente republicano en sus redes. El objetivo era presionar a Irán para que se rindiera.

No obstante, si Irán ganaba peso global a través del bloqueo de Ormuz, ¿cómo iba Estados Unidos a ganar ventaja reforzando la medida iraní? La respuesta la da el nivel operativo, menos imbuido por la retórica política del neoyorquino. El Comando Central de Estados Unidos señaló que el objetivo sería Irán en sí mismo, a través de un bloqueo de sus puertos.

Así que desde el mar Arábigo se puso en vigilancia la costa iraní y se dio un golpe sobre la mesa. Uno que pilló a Irán con el pie cambiado por primera vez en toda la guerra. Washington necesitaba parar las consecuencias que sus ataques propiciaban en las monarquías del Golfo y en la energía global, manteniendo al mismo tiempo la máxima presión sobre Irán para que cediese ante un acuerdo.

Haber aceptado el alto el fuego desde Teherán sin un acuerdo de paz de por medio conllevaba riesgos estratégicos. Estados Unidos podía imponer ese bloqueo para evitar por un lado la viabilidad del peaje que Irán había logrado establecer al tránsito y, por otro, la normalidad de las exportaciones persas hacia el Índico.

Y todo sin su anunciado ataque contra infraestructura civil esencial, sin la invasión de las islas del Golfo Pérsico, ni la entrada de buques a desbloquear Ormuz por la fuerza. Un golpe silencioso.

Sin embargo, un bloqueo es un acto de guerra. Si se lanza dicha acción durante un alto el fuego, especialmente cuando Irán parecía relajar el cierre de Ormuz, la parte afectada puede interpretar que no existe tal tregua. Porque en la práctica esta acción supone una escalada.

De hecho Estados Unidos le ha robado a Irán la carta de Ormuz. Es ahí donde se ve la verdadera naturaleza del alto el fuego, la prórroga que Trump anunció para dar aire a las conversaciones de Pakistán ha sido prolongada indefinidamente. Y esto también tiene explicación.

Las fechas impuestas por Trump para alcanzar un acuerdo, que era imposible sin concesiones, solo suponían un daño político autoinfligido. Por ese motivo el nuevo plazo no tiene un límite temporal conocido. Se trata de forzar que Irán sea el que rompa el alto el fuego o se niegue a negociar, dándole la vuelta al relato.

Pero el bloqueo es una parte inalienable de la dinámica negociadora. Irán no puede permitirse perder la carta de Ormuz, ya que le había situado en una posición más ventajosa a la que tenía al principio de la guerra. Por ese motivo Trump ha apostado por la prórroga definitiva de la tregua, para situar el tiempo de su lado.

Sin ataques iraníes sobre el Golfo pérsico, sin misiles contra las instalaciones estadounidenses y sin impactos en Israel pero con el daño prometido sobre la economía iraní en vigor. Así, Trump traslada la presión a Teherán para que acuda a Islamabad en peores condiciones.

A pesar de todo, Irán no parece proclive a renunciar a la política de firmeza con la que ha sorprendido a muchos en 2026. La negativa para acudir a Pakistán demuestra que el bloqueo es más serio de lo que se decía en un inicio.

Irán puede sentir más presión sobre sí pero aquí caben dos opciones destacadas. Que en Teherán valoren continuar con la estrategia de socialización de daños. Si Trump bloquea Irán, Ormuz podría quedar cerrado por completo y se trataría de ver quién puede sostener su bloqueo más tiempo. Tanto Teherán como Washington necesitan que su rival levante su respectivo bloqueo, así que pueden apostar por lanzar el órdago de mantenerlos sine die.

La segunda opción es que Irán finalmente interprete intolerable el bloqueo y retome la acción armada para reequilibrar los daños. Así se forzaría a Trump a volver a escalar y a situarse en la trampa donde se encontraba antes de la tregua. Pero en ese escenario Irán corre el riesgo de perder el relato, un coste potencialmente asumible para sus autoridades.

Lejos queda la opción de un acuerdo, que hoy sería menos favorable para Irán que hace unas semanas pero aún podría ser mejor que lo esperado al principio de la guerra. En ese tipo de equilibrios donde todos pueden vender victorias mientras se hallan compromisos es donde reside la ventana de oportunidad para la diplomacia. Pero para eso ambos tendrían que ceder notablemente. Y existe un disruptor. El gran disruptor regional y global: Israel.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Llevamos varios días hablando de la cocina del CIS. De nuevo los sondeos electorales interpretados con el método de Tezanos dan una clara mayoría al PSOE de Pedro Sánchez. En un país dividido en burbujas sociales, una parte de la opinión pública se congratula de que las medidas sociales de las últimas semanas estén siendo reconocidas por el electorado. Otra sigue cantando "Pedro Sánchez hijo de p***" en eventos públicos, segura de que la derecha está con un pie en la Moncloa. Pero sea como fuere, algo está pasando, aunque Tezanos rime con "inflar los resultados de sus hermanos".

Llevamos una semana de regularización extraordinaria. Quienes, como yo, han trabajado durante seis años para llegar aquí entenderán que para mí esto es un momento de júbilo, pese a todas las trabas, las colas interminables y los toques de confusión. No dejo de hablar con personas esperanzadas porque su vida va a cambiar para siempre. Amigas, vecinas, cuidadoras de alguno de los abuelitos que viven en mi bloque. Mi barrio tiene muchos bloques que se construyeron para una población obrera y de clase media baja entre los años 60 y 70. Quienes en aquella época tenían 30 años ahora tienen entre 80 y 90. Con la gentrificación y el encarecimiento del centro, en mi barrio coexisten familias con niños pequeños, ancianitos y personas que cuidan a unos y otros. Muchas de esas personas están ahora regularizándose. La gran mayoría son mujeres latinas. Algunas tienen historias tremendas que, cuando te las cuentan, te dan ganas de llorar o de estrujar una pelota antiestrés hasta romperla. Son historias que no representan el país que yo habito, la burbuja social que me acoge. 

Me preguntaban ayer en una entrevista qué pensaba yo que iba a cambiar con la regularización extraordinaria. Respondí que estamos haciendo historia, que hemos conseguido tener una sociedad unida, orgullosa de poner orden y legalidad, de reconocer derechos y responsabilidades a todas sus ciudadanas por igual. Y si hacer una regularización premia al progresismo, entonces quizás los progresistas vuelvan a serlo. Que llevamos años esperando que las políticas sociales sean la prioridad y defiendan los intereses de la mayoría y no los de una pequeña élite. Y si lo malo se pega, lo bueno también. Tenemos los ojos de millones de ciudadanos en todo el mundo pendientes de cómo saldrá esto. Y va a salir bien, y se va a convertir en el combustible que necesitan las propuestas progresistas de los países de la OCDE.

Pero por muy importante que sea para mí la regularización, hay que admitir que el punto de giro ha venido de la mano de la prórroga de los alquileres. Según el CIS, la vivienda es la mayor preocupación, con una decena de puntos sobre el resto. No sé tú, pero yo vivo rodeada de familias con niños pequeños y gente que comparte piso, todas atenazadas por la inseguridad habitacional. Yo tengo la suerte infinita de tener unos caseros que se han convertido casi en mi familia. Fuimos las primeras inquilinas de Pablo y Manuel tras la muerte repentina de sus padres. Esta es la casa donde nacieron y crecieron. Durante la primera visita, Pablo me confesó que un idealista le había escrito para advertirle que podía pedir 200 euros más por el alquiler. Qué asco de especulación, dijimos los dos. Aquí llevo siete años, protegida por la integridad y los valores de dos personas que, por desgracia, son excepcionales. Y por eso, porque al final esto es una lotería y no debería serlo, pago emocionada mi cuota al Sindicato de Inquilinas. Y si el Gobierno avanza lo suficiente en las medidas de vivienda, es posible que yo sea una de esas excepciones que ha identificado Tezanos y mi voto se tiña de rojo por primera vez en muchos, muchos años. Y de nuevo, todos los ojos del mundo atentos a lo que hará nuestro país para ver si merece la pena copiarlo o no. Por el momento, la encuesta encargada por el grupo europeo The Left y publicada el pasado 20 de abril aporta unos resultados absolutamente indiscutibles: el 73,6% de la población de nuestro país apoya la medida. Eso quiere decir que la mayoría de los votantes del PP y de Vox también están ahí. Y en efecto, el 65% de los votantes del PP y el 60% de los de Vox se declaran a favor de la prórroga, pero incluso un tercio de esos electores confiesa que este asunto podría llevarle a cambiar de voto.

Después de tanto miedo resulta que todo era más fácil de lo que parecía. Que la agenda puede ser progresista y ganar elecciones. Pues claro que sí. Esto ya lo predijo Piketty en el año 2013 cuando publicó El Capital. La distancia entre las grandes fortunas, que viven del rendimiento del capital, y el resto cada vez es mayor. La gran mayoría de las personas formamos parte de una clase media cada vez más empobrecida a la que el sistema machaca por defecto. Y hemos estado un poco confundidas con todos los cambios, tecnológicos y comunicativos, que nos obligan a correr y nos someten a una sobrecarga informativa que está siendo casi inasumible y no nos ha dejado pensar. Pero este ciclo de confusión puede estar llegando a su fin. Como anunció Piketty, parece razonable aplicar un impuesto progresivo global sobre la riqueza. El movimiento Tax the Rich está poco a poco más presente en países como el nuestro. Los Verdes de Reino Unido están subiendo vertiginosamente en las encuestas llevando esta propuesta como una de las principales de su campaña. Igualmente, Bernie Sanders y los demócratas socialistas en Estados Unidos, abanderados del Fair Share Act for Billionaires, un impuesto del 5% para los súper ricos, suben peldaños en las encuestas. Zohran Mamdani, uno de los representantes más mediáticos de este movimiento y alcalde de Nueva York, ya ha anunciado su apoyo al llamado Impuesto Pied-à-Terre para las segundas residencias de lujo de los más ricos, con el fin de financiar servicios públicos.

En el debate público aparece claro que la culpa de las miserias de la clase media no la tienen ni los migrantes, ni las personas trans, ni las personas musulmanas, como nos han intentado hacer creer. Igualmente, la solución a la violencia no es la securitización sino la comunidad y la inversión cultural, como en Medellín, o como en Nueva York, que iluminó las calles y vio cómo el crimen caía un 30%. Cada vez se habla más de amor y menos de odio. Estamos recuperando la esperanza de que se pueden cambiar las cosas. Es gratificante, después de tanto tiempo, volver a sentir que tenemos voz y que nuestro voto puede ser decisivo para que nuestra vida sea mejor. Así que a lo mejor esta vez Tezanos rima con "dale que nos vamos" y resulta que la burbuja de "queremos una sociedad inclusiva, equilibrada, con servicios públicos de calidad, donde se proteja a las personas más vulnerables, y quienes más tienen más aporten" gana las elecciones otra vez. Ya veremos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Hace unas semanas, la diputada del PP y senadora por Madrid, así como ex consejera de vivienda con Ayuso, Paloma Martín, se hacía eco de una noticia en la que se decía que el precio de la vivienda registra un nuevo récord histórico en el año 2025. Ella venía a culpar al Gobierno de España de esta situación. Sin yo querer restarle su parte de responsabilidad, en muchos aspectos, al Gobierno central en materia de vivienda, no deja de ser curioso que quienes ejercen las competencias en materia de vivienda en las comunidades donde gobiernan hablen con ese desparpajo.

Estamos demasiado acostumbrados a que, en los medios de comunicación, en las mesas y opiniones de los expertos, cuando se habla de vivienda, siempre se hable de Barcelona para criticar lo que llaman “intervencionismo”. ¿Por qué nunca se habla de Madrid? ¿Cómo es posible que, ante los desastrosos resultados de sus políticas de vivienda, respondan sin pudor que el suyo es un modelo de éxito? Es posible porque no se les cuestiona, al estar alineados con los intereses del lobby inmobiliario. Si en otro sitio suben los precios, es culpa del intervencionismo; si suben en Madrid, es porque es una región dinámica. Así funciona la ideología.

Lo cierto es que el modelo del PP en vivienda es un auténtico fracaso y sus gobernantes son incapaces de ofrecer un solo indicador que haya mejorado desde que Ayuso llegó al poder. Todo ha ido a peor. En la misma noticia que enlazaba la ex consejera aparecía que Madrid es la región donde más ha crecido el precio de la vivienda. Madrid es la segunda región, tras Baleares, con mayor sobrevaloración del precio de la vivienda, es decir, con mayor disparidad entre la renta de las familias y el precio de la vivienda: desde que Ayuso gobierna, se ha disparado el número de años que tiene que afrontar un hogar típico para la compra de una vivienda, especialmente en Madrid ciudad, algo que no ha ocurrido ni en Barcelona ni en Bilbao.

Madrid está a la cabeza de España en el precio del alquiler y en el esfuerzo que tienen que hacer los inquilinos para poder pagar todos los meses. En Madrid ha crecido un 43% la presencia de empresas que acumulan viviendas, al mismo tiempo que descienden las compras residenciales. Más gente tiene que marcharse fuera de la región coincidiendo con que el stock de vivienda nueva sin vender lleva creciendo desde el año 2018 y ya hay más de 62.000 viviendas nuevas que no se venden. En Madrid, el parque público está en cifras del año 2005 y sería todavía menos si la justicia no les llega a obligar a recuperar las 1.721 viviendas que vendieron de manera fraudulenta a un fondo buitre.

En vivienda hay que salir de falsos dilemas: no hay que elegir entre regular y aumentar la oferta, entre impedir la demanda especulativa e invertir en vivienda; hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios. Solemos centrarnos en la dimensión cuantitativa, pero lo fundamental está en la cualitativa. ¿Qué oferta, qué inversión, qué regulación?

El modelo de vivienda donde menos peso tiene la vivienda de mercado, el que mejor funciona, también es un modelo que aumenta la oferta acorde al aumento de los hogares. Esto ocurre en Viena, pero no en Madrid. El mercado busca una demanda solvente, busca una demanda que pueda pagar esos precios de mercado y no atiende a las necesidades de la gente. Necesitamos pensar la vivienda como algo parecido a la sanidad, que tenga vocación universal, que sea capaz de ofrecer respuestas a amplias capas de la población. No es un problema que haya vivienda protegida para rentas de 90.000 euros; el problema es que no la hay para rentas de 17.000.

Y, al contrario, la vivienda pública no puede quedar solo —en teoría— para “quienes más lo necesitan” y “se quedan fuera del mercado”; la vivienda pública debe ser un derecho de ciudadanía que, junto con la vivienda protegida promovida por la colaboración público-social, ofrezca opciones para que la sociedad pueda elegir cómo quiere vivir. Para que haya libertad de elección tiene que haber una diversificación en la oferta, porque no hay libertad cuando se obliga a la inmensa mayoría de la gente a tener que pasar por el embudo del mercado y elegir entre susto o muerte.

La democracia se fundamenta en empobrecer a los ricos y enriquecer a los pobres. ¿Para qué? Para igualar. ¿Igualar en qué? En libertad. La igualdad es democratizar el poder para ser libres. El acceso a una vivienda segura, de calidad y barata es una condición necesaria para ser libre, y algo tan importante para la libertad no se puede dejar en manos del mercado.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

En realidad, hace ya mucho tiempo que los Veintisiete deberían haber pasado de las palabras a los hechos ante las reiteradas violaciones israelíes de los derechos humanos de los palestinos y de las normas más básicas del derecho internacional en relación con sus vecinos. Se trata no solamente de ser coherentes con los principios y valores que dicen defender, sino también de que el violador sienta que su comportamiento tiene un coste, con la aspiración última de que eso le impulse a cambiar su pauta de comportamiento para ajustarse a lo que cabe esperar de quien, contra toda evidencia, insiste en autoproclamarse una democracia plena al frente del “ejército más moral del planeta”. En esa línea, el anuncio por parte del gobierno español de plantear en la Unión Europea la anulación del Acuerdo de Asociación con Israel, vigente desde el 1 de junio de 2000, cobra pleno sentido.

Además de ofrecerle un diálogo político regular, dicho acuerdo establece una zona de libre comercio que le permite a Israel introducir sus bienes y servicios en condiciones muy ventajosas –hasta el punto de que la UE es, desde hace tiempo, su primer socio comercial, por delante de EEUU y China–. Asimismo, le garantiza acceso a muy diversos programas comunitarios, como el Horizonte Europa (investigación tecnológica, incluyendo proyectos de doble uso civil y militar), el Programa Audiovisual Euro-Med y otros en el terreno de los intercambios juveniles, la cooperación cultural y científica y la promoción de startups. Sobradamente conocido es que, a pesar de que oficialmente esté expresamente prohibido, Israel también lleva años colocando en el mercado comunitario productos elaborados en los ilegales asentamientos de Cisjordania.

Hasta ahora, la UE –al margen de lo que ha hecho individualmente alguno de los países miembros– no ha sido capaz de ir más allá de los lamentos y las condenas meramente discursivas cada vez que el más extremista gobierno de la historia de Israel se ha saltado las reglas de juego. Es decir, nada más que palabras cuando el gobierno liderado por Benjamin Netanyahu está cometiendo un genocidio en Gaza, anexionándose definitivamente Cisjordania, ocupando por vía militar más territorio soberano de Siria y Líbano, agrediendo ilegalmente a Irán o aprobando una ley que establece la pena de muerte solo para los ciudadanos árabe-israelíes (en abierta contradicción con la idea misma de la democracia).

Esa permanente inacción se hace aún más insostenible desde junio del pasado año, cuando, venciendo resistencias de algunos gobiernos, la propia Unión Europea se atrevió a realizar un examen sobre el terreno para determinar si realmente Israel estaba violando sistemáticamente los derechos humanos de los gazatíes. Cabe recordar que el artículo 2 del citado Acuerdo de Asociación establece que el respeto de los derechos humanos se convierte en la vara para medir las relaciones entre ambos actores. La revisión efectuada por el Servicio de Acción Exterior de la UE no dejó duda alguna sobre la responsabilidad israelí en esa materia. Sin embargo, y hasta hoy, los Veintisiete no han sido capaces de traducir en hechos esa contundente conclusión, dejando a la propia UE desprestigiada como referencia moral y política, desamparados a los palestinos y aún más convencidos a los gobernantes israelíes (y a su población) de que, efectivamente, nada ni nadie los va a detener en su intento de imponer su dictado en la región, redibujando los mapas y las fronteras a su gusto.

Desgraciadamente, ya era conocido de antemano que la propuesta española no iba a prosperar. Y eso ha llevado a algunos a recurrir nuevamente a nuestro más famoso hidalgo, intentando ridiculizar una posición de la que cualquier demócrata y defensor de los derechos humanos debería enorgullecerse, al tiempo que otros (poco ocurrentes) han vuelto al consabido “brindis al sol”. La propuesta española –con el añadido de Irlanda y Eslovenia– es cualquier cosa menos un gesto inútil. Por un lado, es una exigencia ética para todo demócrata y es absolutamente coherente con la conclusión alcanzada por la misma UE. Por otro, sirve para retratar a cada uno, mostrando nuevamente la ceguera y el temor de quienes no quieren ver la realidad y se asustan ante las posibles consecuencias de defender la legalidad internacional. Y, por supuesto, el hecho de que esa postura pueda tener un determinado efecto en términos electorales para quien la presenta, ni la invalida ni la hace menos digna de apoyo.

Mucho más que excusarse por mostrar que el rey está desnudo (Netanyahu tiene una orden de busca y captura por crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de la Corte Penal Internacional y se enfrenta a tres causas judiciales en su propio país), son otros los que tendrán que tapar sus vergüenzas por no sumarse a una iniciativa tan elemental como esta.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

La frase del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, recogida en el acta de una reunión mantenida con Herri Batasuna en abril de 1990, en la que, refiriéndose a la independencia de los pueblos y al papel que ejercía ETA, dijo “unos sacuden el árbol para que caigan las nueces y otros las recogen”, fue muy polémica y debatida durante mucho tiempo por el significado que le daba a la banda terrorista. 

Cuando ETA asesinaba nadie decía que los terroristas habían actuado bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que tenían algún trastorno mental, ni que representaban el 0,00…1% de los vascos. Y cuando aumentaban los atentados todo el mundo sabía que lo hacían como parte del clima político y social en el que se movían. Nadie se preguntaba por qué habían aumentado sus acciones respecto al año anterior, y mucho menos se negaba que ETA existiera como banda terrorista, aunque algunos intentaran hacerla pasar como un movimiento de liberación que respondía a la violencia del Estado. La situación contraria a la banda era tan clara que llegó a ilegalizarse a los partidos que justificaban y minimizaban las consecuencias de ETA. El objetivo era claro, acabar con el terrorismo.

En violencia de género, a pesar de su constancia año tras año con 58 homicidios de media, siempre andamos preguntándonos “qué ha fallado”, “qué es lo que está pasando…”, “cómo es posible qué…” y lo hacemos ante casos individuales que terminan en el homicidio. Pero nadie mira cómo el árbol social es agitado para que luego los casos caigan y sean recogidos por quienes los utilizan para decir que son la demostración de que la violencia de género no existe, y que matan a las mujeres porque las medidas que se ponen no pueden ser eficaces, puesto que no es la construcción de género la que está detrás de esos homicidios. Las mismas posiciones que agitan el debate social que niega la violencia contra las mujeres son las que recogen los casos para continuar con sus críticas.

Estamos dejando que quienes niegan la violencia de género mantengan su relato y presenten las medidas como un ataque contra los hombres. Y se trata de posiciones que quieren vivir bajo las referencias de una cultura machista que entiende que la violencia de género es una parte de la normalidad, y que los hombres puedan corregir o castigar a sus mujeres cuando ellos entiendan que es necesario hacerlo.

Y al mismo tiempo estamos dejando que sus mensajes definan la realidad y alimenten a una sociedad que, insisto, no solo niega y justifica la violencia de género en gran parte, sino que ante ella con sus 58 homicidios cada año y las más de 6700 mujeres maltratadas cada día (Macroencuesta 2024), solo un 0,8% la considera como un “problema principal” (CIS 2025), mientras que los jóvenes la justifican de manera aún más manifiesta, hasta el punto que el 22% de los chicos afirma que “si es de poca intensidad no es un problema” (CRS/FAD 2025).

El caso de Tulia, la mujer asesinada el lunes 13 de abril en Córdoba tras haber denunciado a su asesino el viernes anterior, tres días antes, es muy gráfico sobre lo que significa vivir en una realidad en la que se cuestiona a la víctima, puesto que ese mensaje al mismo tiempo refuerza a los agresores.

Cuando una mujer denuncia por violencia de género ya está ante una situación de riesgo por romper con todos los obstáculos que hacen que el 92% de las mujeres no denuncien, tal y como indican los datos del CGPJ en relación con los de la Macroencuesta de 2024. Si además de la denuncia la valoración policial del riesgo arroja que presentan un “riesgo medio”, la gravedad de la situación se incrementa porque la mayoría de las mujeres presentan un riesgo bajo o inexistente. Este escenario debe conducir, debe hacerlo siempre, pero más en estas circunstancias, a la valoración forense urgente del riesgo en sede judicial a través del protocolo específico que existe para tal objetivo, que se trata de una valoración profesional y con elementos más científicos.

Al actuar de ese modo se pueden tomar las medidas más adecuadas para cada caso, y ver si una orden de alejamiento puede ser eficaz en ese contexto, puesto que, recordemos, la eficacia de una medida de alejamiento se deja en manos de quien ejerce la violencia que lleva a poner esa orden. Es el agresor quien decide si la cumple o no la cumple. Y en este caso el agresor decidió no cumplirla y acercarse a la mujer para matarla, algo que pudo hacer porque no iba acompañada por un policía a pesar de estar en una situación de riesgo medio. 

No se puede aceptar que no la acompañe un policía porque ella lo rechace, pues significa desconocer que la inmensa mayoría de las mujeres minimiza el riesgo que viven, no lo exageran y mienten como dicen desde el machismo. Además, el objetivo del acompañamiento no es que la mujer no esté sola, ni darle conversación, ni indicarle dónde están las dependencias para el juicio, sino que es garantizar su seguridad a partir de los elementos objetivos que llevan a entender que hace falta que un policía la acompañe. Y si esta responsabilidad de garantizar la seguridad de la mujer no se puede cumplir actuando sobre ella porque así lo decide, se debe hacer sobre el agresor por medio de su seguimiento. Hablamos de prevenir un delito público en el contexto de una situación de violencia de género que ha sido puesta de manifiesto en las actuaciones iniciales, hasta el punto de acordar una orden de alejamiento. Nunca debería haberse quedado sin medidas de protección en esas circunstancias.

Pensar que el clima social no tiene nada que ver con este incremento de la violencia de género y sus asesinatos, ni con las decisiones que se toman en ese escenario es desconocer la realidad de esta violencia, y eso también es responsabilidad, como la del médico o la médica que desconoce las características de la enfermedad que debe tratar.

Y ese clima social viene marcado por el negacionismo de la violencia de género por parte de la ultraderecha con el seguidismo de la derecha para poder pactar con ella, y con una intensificación de los ataques contra las mujeres y el feminismo, y de manera muy especial contra las medidas dirigidas a responder ante esta violencia.

Es terrible que toda esta situación esté contribuyendo a un clima social en el que el número de mujeres asesinadas ha aumentado respecto al mismo periodo del año pasado un 77,8%, y en el que la referencia del debate social sea, una vez más, las denuncias falsas con personas en programas de televisión y radio de máxima audiencia para propagar el mensaje. Si esto se hiciera con el terrorismo, el narcotráfico o cualquier otra violencia muchas de esas personas estarían encausadas como responsables del clima que facilita que esas violencias se ejerzan.

En violencia de género no ocurre, lo cual es inadmisible, pero al mismo tiempo demuestra cómo forma parte estructural de la construcción social androcéntrica que actúa de ese modo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Era imposible que no me ocupara del tuit de Santaolalla contra Vito Quiles porque este es un asunto del que he escrito mucho: el armario. Y porque estamos en la víspera del homenaje que el Gobierno va a ofrecerle a Dolores Vázquez, sobre cuyo caso escribí también un libro en el que sostenía precisamente que la causa de que la condenaran fue… el armario. No me ha sorprendido que haya personas heterosexuales que critiquen a la periodista por el tuit, no todo el mundo entiende que el armario es un mecanismo de opresión, pero sí que lo hagan asociaciones LGTB… gays… ¡a estas alturas!.

Sinceramente, me parece definitivamente bien que Sarah Santaolalla se defienda de un acoso intolerable del que la justicia no la ha defendido. Decir que Santaolalla es homófoba porque utiliza la homosexualidad para hacer daño a Vito Quiles es absurdo. Todos sabemos que no es homófoba, admito que quiere darle un puñetazo al individuo, mucha gente querría. En realidad, Santaolalla utiliza la homofobia de Quiles contra él mismo, no me parece mal. Estamos en una sociedad que no nos defiende de acosadores como este tipo, que permite que se insulte, se difame, se agreda. Los medios que tenemos para defendernos son escasos. Hay que poner dinero y hay que dar con un juez “normal” y no con un juez quintacolumnista de la derecha dura, que abundan. 

El mecanismo del armario tiene su historia. En un primer momento, cuando la homosexualidad era un delito y visibilizarse como LGTBI podía costar muy caro o era impensable, el derecho al armario, al secreto en definitiva, era un mecanismo de protección básico. Los estados homófobos de la guerra fría usaban ese secreto (fuera cierto o no) para chantajear, amenazar y acabar con la vida civil de quien molestara, ya fuera un gay o un comunista. El armario servía, precisamente, para amenazar con sacar del armario a cualquier disidente, a cualquier peligroso social. Las personas homosexuales invocaron en ese momento el derecho a la privacidad frente a un Estado y frente a una concepción de la sociedad que usaba la homosexualidad como mecanismo de castigo y advertencia para todas. Una sociedad homogénea en lo sexual (homogéneamente heterosexual) era moralmente superior, se suponía que era una sociedad más sana y fuerte que cualquier contraparte del otro lado del telón de acero. Cualquier disidencia sexual suponía debilitar la democracia frente al comunismo, la homosexualidad era un peligro social; era la época de MacCarthy. 

En un segundo momento, gracias a la lucha militante del movimiento LGTB y al fin de la guerra fría, la homosexualidad deja de ser un delito y la lucha cambia de sentido. Lo que el Estado quiere ahora no es sacar a la gente del armario, sino lo contrario, que nadie salga. El objetivo de esta maniobra es que las sexualidades no normativas no se visibilicen, aunque ya no sean delito. Se trata de mantener la ficción de que la ciudadanía es homogénea y está libre de taras. Ya no se quiere encarcelar o chantajear a las personas homosexuales, simplemente se pretende que desarrollen su existencia dentro de las paredes de su casa. El arma que se utiliza ahora ya no es la tortura o la cárcel, sino el estigma social, la burla, la injuria. El Estado ya no busca interferir en lo que se define como la intimidad de cada uno/a, sino impedir que uno/a mismo/a se autonombre desde la libertad; porque salir del armario políticamente significa afirmar el valor igual de la homosexualidad. El armario se refuerza y se convierte en una de las principales herramientas de la homofobia de los 90. A esta fase la llamamos el armario liberal. Es la base, entre otras, de la política de Clinton en el ejército, aquella de “no preguntes, no digas”. Se nos dice que si nos quedamos dentro podemos hacer lo que queramos, siempre en nuestra casa, en nuestra cama y mejor por la noche… pero ¡sorpresa!, no funciona así y, parafraseando a Audry Lorde, enseguida vamos a descubrir que el silencio no nos protege de nada, sino al contrario, nos vulnerabiliza. 

Lo descubrimos con el sida. Es el secreto, el armario, lo que impide luchar efectivamente contra la enfermedad y sus consecuencias, así como desarrollar políticas de prevención. El silencio no es que no nos proteja, es que nos mata (a partir de los 90 aparece el lema 'silencio=muerte'). Descubrimos que, por guardar el secreto, no hemos conquistado derechos ni hemos adquirido una ciudadanía equiparable a la de los ciudadanos/as heterosexuales. Descubrimos que si no nos visibilizamos no podemos denunciar ni combatir la homofobia y el odio, que el estigma es un arma que entregamos en manos de quien nos quiere invisibles. Entonces comprendemos que la existencia homosexual tiene que ser tan pública como lo es la heterosexualidad, que si aquella no se visibiliza esta siempre se presume, por defecto. El derecho a la privacidad no puede ya ser invocado en un contexto en el que lo que se pretende es, justamente, obligarnos a llevar vidas privadas (únicamente a las personas homosexuales; la heterosexualidad es necesariamente pública). El derecho a la privacidad, antaño invocado, ahora se convierte en la reclamación del derecho a la igualdad y a la libertad. Siguiendo la estela del movimiento feminista, lo personal se hace político.  

El Estado, defensor a ultranza del heterosexismo, pugna por devolvernos al armario (como ocurrió en el caso de Dolores Vázquez), pugna por dificultar en lo posible la expresión pública de la existencia homosexual (y de las disidencias sexuales en general). Más o menos lo que hoy siguen diciendo en Vox: “No tengo nada contra ellos pero…¿Por qué tienen que contarlo?” Nos quieren dentro, pero nosotras hemos comprendido que la visibilidad es el arma más potente que tenemos. Cuando nos dejamos encerrar en el armario todas nos hacemos más vulnerables. El mecanismo del armario pretende evitar, mediante la violencia real o simbólica, que nos visibilicemos, es decir, que nos politicemos. Hace difícil salir y, cuando se sale, presiona constantemente para devolverte al interior, incluso aunque la persona no lo desee. Nunca se acaba de salir, la lucha es constante y diaria. Cada vez que en el trabajo o en cualquier sitio me preguntan por un marido o un novio, me están obligando a tomar una decisión política, no siempre fácil, que no todo el mundo puede enfrentar con la misma seguridad. Esta presión sólo terminará cuando hayamos destruido todos los armarios, cuando toda la diversidad sexual sea tan visible y legítima como la heterosexualidad. A estas alturas, desde un punto de vista progresista, no podemos asumir que exista un supuesto derecho al armario. 

En estos días estamos recordando que lo que condenó a Dolores Vázquez no fue su lesbianismo, sino el manejo que los medios y el Estado hicieron del mecanismo del armario donde la sospecha se extendió como una falta monstruosa que nadie nombraba pero que, precisamente por eso, tuvo fácil conectar con miedos y prejuicios que sólo pueden combatirse desde la visibilidad. Si Dolores Vázquez hubiera podido posicionarse claramente fuera del armario en aquel momento (no tuvo la oportunidad), los prejuicios no hubieran prendido tan fácilmente; se la hubiera podido defender de aquello que no se nombraba y que contribuyó enormemente a condenarla.

No hay homofobia en decir que Vito Quiles es gay, decirlo no es algo que pueda criticarse porque lo contrario, defender que Vito Quiles tiene derecho a mantener ese secreto, sólo sirve para reforzar las paredes del armario que nos oprime a todos y todas y favorece el crecimiento de la homofobia. En general, no aparece la ocasión de mencionar que alguien es gay o deja de serlo, pero si dejamos de hacerlo por considerarlo un asunto privado estamos apelando a la tolerancia liberal y asumiendo un pacto reaccionario sobre la necesidad del secreto. 

Si sacar del armario a un fascista le hace daño es porque esta persona se sitúa a sí mismo en un contexto de defensa del machismo y de la homofobia. En lo que a mí respecta, bien por Sarah. 

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La integridad es una condición esencial para el bienestar y la prosperidad, tanto a nivel personal como colectivo, como sociedad desarrollada que somos y aspiramos a seguir siendo, yo al menos. Las instituciones públicas deben, por su responsabilidad en la preservación de la confianza en la democracia, cuidar celosamente su integridad y la de quienes las conforman y representan. Y el resto, debemos escrutarla y valorarla.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) define la integridad pública como la adopción y respeto de valores éticos comunes (no robarás), principios (buena administración, transparencia, eficacia, eficiencia) y normas (contratación pública, conflictos de interés, etc.) que protegen el interés público y general sobre los intereses privados y particulares, especialmente los depredadores. Ser un persona íntegra, física o jurídica, es sinónimo de ser honesta e incorruptible. 

Para dimensionar y medir este concepto tan abstracto como es el de la integridad pública, la OCDE ha reeditado en 2026 su “Perspectivas de Anticorrupción e Integridad” (ver aquí), la segunda edición de una serie de investigación que inauguró en 2024 y sobre la que ya escribí una tribuna (ver aquí).

Comparto un par de datos interesantes para ponernos en situación. Estima que la corrupción en la compra pública supone la pérdida de hasta el 25% de la inversión pública global, cada año, y que el impacto económico directo del fraude y del crimen organizado supera cada año el 5% del PIB mundial. 

El informe evalúa el desempeño de los 37 sistemas de integridad y anticorrupción de los 37 miembros de la OCDE y de los 25 países socios en siete áreas clave, que yo os presento en modo preguntas: (1) ¿tiene el país estrategia de anticorrupción e integridad?, (2) ¿trata a los lobbies como lo que son, grupos de presión de intereses particulares con capacidad de influir en la toma de decisiones de las autoridades públicas?, (3) ¿cómo previene los conflictos de interés?, (4) ¿vigila la financiación de partidos políticos?, (5) ¿cumple con el principio de transparencia de la información pública?, (6) ¿funciona el sistema disciplinario de funcionarios, si es que lo hay?, y (7) cuando ocurren delitos de corrupción, ¿cuán integro es el sistema judicial que ha de juzgarlos? 

Existen estándares internacionales –Naciones Unidas, Consejo de Europa– en materia de integridad pública contra los que comparar las respuestas a esas preguntas. Y sobre la mesa del Consejo Europeo está ahora mismo la propuesta de Directiva europea para actualizar y reforzar las normas de la UE de lucha contra la corrupción y contemplar así todos los delitos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) haciéndolos extensivos al sector privado. 

El informe aplaude que sean cada vez más los países que han adoptado su primera estrategia anticorrupción, entre los que está España desde agosto de 2025 con su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, materializado por el momento en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero, con 84 medidas y 18 modificaciones de leyes, seis de ellas orgánicas que requieren una mayoría absoluta en su trámite legislativo en las Cortes. 

La OCDE reitera, como ya hizo en su primera edición, que el principal desafío de los sistemas de integridad existentes es la brecha de implementación —la distancia entre la norma y la práctica–. En este sentido, España cumple (ver aquí) el 53% de los criterios de valoración de la solidez de su estrategia estatal (el Plan Estatal), frente al 38% del promedio de la OCDE, pero solo cumple con el 17% en la práctica (frente al 32%). Esa distancia en la aplicación se materializa sobre todo en la propia estrategia, en el nulo tratamiento de los lobbies que ni están regulados ni registrados, y en los sistemas disciplinarios para funcionarios. 

El Anteproyecto de Ley Orgánica prevé concentrar varias de las siete áreas clave para la OCDE bajo una nueva e independiente Agencia de Integridad Pública que integraría las competencias que hoy ejercen la Oficina de Conflictos de Intereses, la recientemente inaugurada (en septiembre 2025) Autoridad Independiente de Protección del Informante, y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude instalado en la Intervención General de la Administración del Estado, llamado a proteger los intereses financieros de la UE en su lucha contra el fraude. La transparencia seguiría siendo competencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la vigilancia de la financiación de los partidos políticos, del Tribunal de Cuentas.

Y todo esto solo a nivel estatal, insisto, que es lo que valora la OCDE, sin constatar lo que ocurre a nivel de Comunidad autónoma, que también han de garantizar su integridad y contar con la norma, la institucionalidad y los mecanismos necesarios para ello, que por eso son autónomas.

Constata el informe que los países que muestran mejores resultados se están alejando de enfoques de integridad basados en normas hacia enfoques basados en riesgos y orientados a resultados. España estaría teóricamente, o en fase de borrador hasta que la estrategia sea Ley, en ese grupo. 

Pero también reconoce el informe que la gestión por resultados, que busca medir, evaluar y valorar la implementación de las medidas, como es lógico, precisa tener acceso y usar datos de calidad, incorporar herramientas digitales, garantizar la interoperabilidad (que los sistemas se hablen entre sí) y fortalecer el buen gobierno de quien ejerce la función de supervisión. De hecho, solo uno de cada cuatro países miembros de la OCDE –y España no está entre ellos– cumplen hoy con estos requisitos mínimos de gestión. 

Que no se midan ni evalúen los resultados de los objetivos que uno se marca, por muy bien diseñados que estén y bienintencionados que sean, supone ir a ciegas. E impide demostrar, atribuir, comunicar y explicar que las mejoras que se consigan son, de existir, fruto de las estrategias, de los procedimientos y de las normas adoptadas; y que suponen ventajas concretas, materiales y cotidianas, en métricas que nuestro cerebro pueda entender y asimilar sin mucho esfuerzo. 

La realidad es la que es, y es necesario transformarla en evidencia para poder comprobarla. La evidencia se consigue con evaluación, datos e indicadores que informen de qué se ha hecho, en qué se han materializado las medidas adoptadas, cuánto de lo previsto se ha conseguido, por qué sí y por qué no, y qué habría que hacer diferente para mejorar lo mejorable y corregir lo erróneo. 

Proteger los fondos y las instituciones públicas es tarea de todos, aunque nos dé pereza. Pero es una tarea que no podemos hacer a ciegas ni mediante un acto de fe. Es lo que sugiere la OCDE en su informe, y de lo que me hago eco hoy aquí.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Estoy seguro de que muchos de los que decidan leer este artículo conocen la inmortal obra de J.D. Salinger El guardián entre el centeno. El protagonista se imagina que es una persona que agarra o sujeta a los niños que alocados caminan sin darse cuenta de que están al borde del precipicio. A mí los niños alocados me recuerdan a los negacionistas del cambio climático producido por los ataques suicidas al medioambiente. Actúan irracionalmente, como niños caprichosos que se niegan a reconocer una realidad irrefutable que solo pueden negar personas fanáticas o irracionales que desprecian las evidencias científicas. En el fondo, todos sabemos que no son niños jugando en un campo de centeno, sino guardianes, incluso violentos, de unas estructuras productivas que sacrifican todo al lucro y la avaricia. 

La inmensa mayoría de la humanidad ha tomado conciencia del grave riesgo que supone el desprecio a las advertencias de los científicos y de las personas que, como mi entrañable amigo y compañero Toni Vercher, lamentablemente fallecido hace unos días, han luchado desde su magisterio ejercido en la Fiscalía Especial del medioambiente y sus conocimientos científicos para crear una conciencia impulsada por los académicos, cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones políticas e incluso con la valiosa aportación de la Iglesia católica en la Carta Encíclica del Papa Francisco Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. No me resisto a reproducir un pasaje: "La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Nada de este mundo nos resulta indiferente".

El dominio del inglés permitió a Vercher transmitir sus conocimientos a la comunidad internacional y, a pesar de haberse jubilado recientemente, conservaba su condición de miembro del grupo de Fiscales europeos sobre medioambiente. He tenido la suerte de compartir con él numerosos encuentros y seminarios, y me consta que lo que más le satisfacía era inculcar su pasión por la naturaleza a los funcionarios de los organismos oficiales relacionados con la protección del medio ambiente. Sus enseñanzas fructificaron en la creación de una unidad de élite de la Guardia Civil (el SEPRONA) que ha servido de ejemplo a otros países. Hemos compartido muchas sesiones con los agentes y bomberos forestales, y en sus numerosas intervenciones públicas transmitía, con argumentos sólidos y convincentes, la necesidad de inculcar el respeto por la naturaleza y la obligatoriedad de incluirlo en los planes de enseñanza.

Nuestras vidas se cruzaron, por azares del destino, en torno a asuntos judiciales relacionados con el medioambiente. En un momento determinado de mi ejercicio como magistrado del Tribunal Supremo cayó en mis manos la que iba a ser la primera sentencia sobre un delito medioambiental. Se trataba de una emisión de lluvia ácida que arrasó hectáreas de bosque por la quema de carbón en una central generadora de energía eléctrica. Tuve el honor de ser el padrino de su toma de posesión como Fiscal del Tribunal Supremo. Charlábamos con frecuencia por teléfono o aprovechando los ratos libres para tomar café.

Su brillantísimo currículo académico (Cambridge, Harvard y otros muchos) y sus reconocimientos internacionales, como el nombramiento como presidente del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCPE) –creado en el marco del Consejo de Europa, un cargo que le permitió colaborar en el desarrollo de instrumentos políticos y judiciales comunes, relacionados con el funcionamiento y las actividades profesionales de los fiscales–, nunca le endiosaron ni le hicieron perder su cercanía y su amor a la Tierra. Pensaba dedicar parte del tiempo libre que le proporcionaba la jubilación a cultivar con sus manos un pequeño huerto cercano al pueblo valenciano que le vio nacer, Tavernes de la Valldigna. Por supuesto, nunca pensó en abandonar su gran pasión por la defensa de la Tierra, a la que vemos empequeñecida y en cierto modo indefensa desde las naves espaciales.

Escribió varios libros sobre la utilidad del derecho penal para frenar las agresiones al medio ambiente: Delincuencia urbanística y Tropiezos éticos y prácticos en la protección penal del medio ambiente, entre otros. En este último título pone de relieve una cuestión en la que coincidimos la mayoría de quienes nos hemos dedicado al estudio del derecho penal. Sus efectos disuasorios son escasos y paliativos. Es más eficaz el derecho administrativo sancionador aplicado a las industrias contaminantes y, por otro lado, la prohibición de realizar actividades industriales o urbanísticas sin el estudio previo del impacto ambiental. Es decir, no es suficiente un buen derecho penal, es necesario algo mejor que el derecho penal.

La vorágine extractiva que hiere, en el literal sentido, la Tierra Madre (la Pachamama, según el pueblo indígena de la Amazonia) la ejercen potentes y desalmadas corporaciones que solo buscan el enriquecimiento a costa del daño al ser humano y al medioambiente. Su prepotencia no las detiene ante los derechos de los demás. No dudan en asesinar a los defensores de la Tierra (Berta Cáceres) y por supuesto pueden influir en los legisladores para evitar los obstáculos reguladores o apartar a jueces y fiscales que pretenden poner coto a sus desmanes. Como dijo Mahatma Gandhi: "En la Tierra hay bienes suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no los suficientes para satisfacer la avaricia de algunos”.

Antonio Vercher, querido amigo, donde quiera que estés, ten la seguridad de que la Tierra te estará agradecida. Tus enseñanzas y tu ejemplo permanecen en tu obra. Luigi Ferrajoli, al que hemos propuesto para el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, y en menor medida mi persona estamos trabajando para que la humanidad reclame y respete una Constitución sobre la Tierra. No la oímos, pero la Madre Tierra nos está pidiendo a gritos que nos movilicemos antes de que sea tarde.

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José Antonio Martín Pallín ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo.

En la política contemporánea, el control del relato es tan decisivo como la gestión de los hechos. No se trata únicamente de gobernar, sino de dominar los marcos interpretativos a través de los cuales la ciudadanía percibe la realidad. En este contexto, la estrategia de “inundar la zona” —popularizada en el entorno de la derecha trumpista— se ha consolidado como una herramienta central de acción política. Consiste, en esencia, en saturar el espacio informativo con una avalancha constante de declaraciones, polémicas, gestos simbólicos y conflictos artificiales que dificultan la atención sostenida sobre cuestiones estructurales o errores estratégicos de gran calado.

Esta técnica no es nueva, pero en la era digital ha alcanzado una eficacia inédita. La sobreproducción de ruido informativo genera un entorno de fatiga cognitiva donde resulta cada vez más complicado distinguir lo relevante de lo accesorio. La agenda pública deja de organizarse en torno a prioridades políticas para convertirse en un flujo caótico de estímulos. En ese terreno, quien produce más ruido impone el ritmo.

Y en este marco, Donald Trump es el maestro que ha perfeccionado esta lógica hasta convertirla en el eje de su acción política. En los últimos días, hemos asistido a una nueva escalada de esta estrategia. Desde la publicación de mensajes en los que se equipara simbólicamente con la figura del papa —al tiempo que desacredita a la institución— hasta declaraciones incendiarias sobre cuestiones internas y externas, el objetivo es claro: ocupar todo el espacio mediático posible, aunque sea a costa de la coherencia o la credibilidad.

Este tipo de intervenciones no puede analizarse como excentricidades aisladas. Forman parte de una arquitectura deliberada de distracción que busca desplazar el foco de atención de un problema mucho más profundo y que no es otro que el error estratégico de haberse involucrado en un conflicto no provocado en el Golfo Pérsico. Nos encontramos ante un escenario de alta complejidad geopolítica, donde la capacidad de maniobra de Estados Unidos es, en estos momentos, notablemente limitada.

Irán, lejos de ser un actor marginal, dispone de un instrumento de presión fundamental que es el control del acceso al estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global. La implicación estadounidense en este conflicto no solo carece de legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional, sino que además se enfrenta a una realidad estratégica adversa. No existe una salida clara ni una narrativa convincente que permita justificar el coste político, económico y humano de la escalada. La administración Trump se encuentra atrapada en un callejón sin salida, donde cada movimiento incrementa la incertidumbre.

En este contexto, la ausencia de respuestas coherentes se traduce en una creciente ansiedad tanto en los mercados como en la opinión pública. Los inversores reaccionan con cautela ante la volatilidad geopolítica, mientras que la ciudadanía percibe una falta de dirección estratégica. Es precisamente en este punto donde la estrategia de “inundar la zona” adquiere toda su funcionalidad ya que si no se puede ofrecer una solución, se puede al menos diluir el problema en un mar de controversias paralelas.

El problema es que esta táctica, eficaz en el corto plazo, erosiona las bases mismas del sistema democrático. La saturación informativa no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que también debilita la capacidad crítica de la ciudadanía. Cuando todo es urgente, nada lo es realmente. La política se convierte en espectáculo, y el espectáculo sustituye a la deliberación.

Pero el contexto en el que se despliega esta estrategia es aún más preocupante. Estados Unidos atraviesa un proceso acelerado de pérdida de hegemonía global. Este fenómeno no responde únicamente a factores externos —como el ascenso de otras potencias—, sino también a dinámicas internas que han debilitado su capacidad de liderazgo. La polarización política, la erosión institucional y la incapacidad para articular consensos estratégicos son síntomas de un sistema en tensión.

La política exterior trumpista, lejos de compensar estas debilidades, las está amplificando y acelerando. La intervención en el Golfo Pérsico evidencia una desconexión entre los objetivos declarados y los medios disponibles. En lugar de fortalecer su posición internacional, Estados Unidos ya se ha expuesto a un desgaste adicional que reduce su margen de maniobra en otros escenarios.

Y a todo lo anterior tenemos que añadir un elemento no menor, las derrotas ideológicas que el trumpismo está experimentando en distintos contextos electorales. La más significativa hasta el momento ha sido la de Viktor Orbán en Hungría, un referente clave para las derechas iliberales. Este revés no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia que podría suponer un punto de inflexión en el modelo político trumpista sostenido sobre la confrontación permanente, el nacionalismo excluyente y la deslegitimación de las instituciones.

La derrota de Orbán tiene un valor simbólico que trasciende las fronteras húngaras. Representa el cuestionamiento de un proyecto político que había logrado consolidarse como alternativa al liberalismo democrático. En este sentido, el trumpismo no solo enfrenta dificultades en el ámbito geopolítico, sino también en el terreno ideológico.

La combinación de todos estos factores —error estratégico en política exterior, pérdida de hegemonía global y retrocesos ideológicos— configura un escenario de alta fragilidad y ante esto, la respuesta de la administración Trump ha sido intensificar las tácticas de distracción, apostando por el ruido como mecanismo de supervivencia política. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes.

La política no puede sostenerse indefinidamente sobre la base de la saturación informativa. Tarde o temprano, la realidad se impone. Los conflictos no resueltos, las tensiones acumuladas y las contradicciones internas acaban emergiendo, por mucho que se intenten ocultar bajo una avalancha de titulares.

“Inundar la zona” puede ganar tiempo, pero no resuelve los problemas de fondo. Y en el caso que nos ocupa, el tiempo no juega necesariamente a favor de quien lo utiliza como recurso táctico. La pregunta que queda abierta es cuánto margen le queda a esta estrategia antes de que sus efectos se vuelvan en contra de quienes la impulsan, ¿serán las elecciones de medio mandato?

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

Andalucía acaba de enseñarnos en tiempo real a qué se parece la unidad de las izquierdas cuando lo único que la sostiene es el acuerdo registrado. Un acuerdo, todo sea dicho, firmado en el último momento, con los propios firmantes compitiendo en comunicados siete minutos después, hablando de generosidad y responsabilidad, que es el lenguaje de quien ha cedido a regañadientes. Ya escribí aquí que la fragmentación de la izquierda es el mayor activo de sus adversarios. Lo sostengo. Añado ahora lo que aquel artículo dejaba pendiente, con una preocupación honesta por lo que se nos viene por delante. Saber que divididos es más fácil un peor resultado resuelve el problema de la papeleta, pero deja intacta la pregunta más difícil. ¿A quién hay que ir a buscar, dónde está, y qué mínimo exigible tiene que reconocer para volver a ser votante de un frente de izquierdas? Mi apuesta en este artículo tiene que ver con una reorientación del feminismo que permita articular posiciones que hasta ahora pueden parecer encontradas.

Rufián invocó en Barcelona el Frente Popular de 1936 como inspiración. La referencia histórica merece algo más que nostalgia, ya que los frentes populares antifascistas que funcionaron fueron lecturas compartidas de por qué la gente estaba como estaba y quién era responsable de ello, algo políticamente bien distinto a una coalición de partidos que se toleran mutuamente mientras el verdadero objetivo que esconden es poder recuperar su espacio propio. Esa lectura compartida es exactamente lo que sigue sin producirse. Y hay al menos tres versiones distintas de esa lectura dependiendo de a quién le preguntes, ninguna sencilla, porque las tres pasan por el feminismo de maneras que no siempre resulta cómodo articular juntas.

El primer mínimo exigible para la unidad de las izquierdas tiene que ver con movilizar lo que ya está. Vox lidera la intención de voto en la franja de 18 a 44 años y marca un 25% entre los menores de 24. Ese dato se repite como una letanía de derrota, pero oculta algo que las encuestas recogen con bastante claridad si una se molesta en leerlas con más cuidado. Lo que muestra la otra cara de la moneda es que las mujeres jóvenes destacan como el grupo demográfico políticamente más interesante, ya que se escoran cada vez más hacia la izquierda. Desde 2014, la distancia ideológica entre hombres y mujeres jóvenes ha crecido, sobre todo por el giro a la derecha de los hombres. La izquierda ya tiene a las mujeres jóvenes políticamente, pero lo que le falta es la capacidad de movilizarlas, ya que son el grupo que más se identifica con posiciones progresistas y en proporción el que menos las vota.

El mínimo exigible aquí tiene que ver con hablarles de sus vidas, que es distinto a pedirles que adopten una identidad para pasar el control de acceso de no se sabe muy bien a qué cielo. La tradición del feminismo materialista, la de la crítica al trabajo doméstico no remunerado y la economía del cuidado, lleva décadas argumentando que la opresión de las mujeres funciona como pieza estructural sin la cual la economía tal como la conocemos dejaría de funcionar. La precariedad laboral específica de las mujeres jóvenes suma a la precariedad general la brecha salarial y la carga del cuidado, que ya empieza a recaer sobre ellas antes incluso de tener hijos. Todo esto es lo que permite de forma sencilla que si eres mujer la violencia que sufras sea más estructural, cotidiana y salvaje. Un feminismo que recupere la estructura es necesario, porque sin estructura las identidades que reivindica parecen caprichos, y la derecha lleva años tratando de que lo parezcan. Un frente que separe la igualdad de esa realidad concreta tendrá serios problemas para movilizar a quienes llevan tiempo esperando que alguien les hable en lugar de pedirles que voten para defender las vidas de otros.

El segundo mínimo exigible tiene que ver con nombrar al enemigo correcto. Me atrevo a decir aquí que los hombres jóvenes que han migrado a Vox o que directamente no votan son el sector sobre el que más se ha escrito y peor se ha pensado, siendo que no es, como antes explicaba, el que más debe preocupar demoscópicamente. Lo que sin duda podemos identificar con claridad es una crisis de representación entre hombres jóvenes de izquierda. Aunque muchas son las causas reconocibles de esta crisis —más igualdad económica entre géneros, nuevas formas de desigualdad de clase, nuevas economías, nuevas fronteras, nuevas identidades—, son demasiadas las veces que esta crisis se ha equiparado con la percepción del feminismo institucional como un ataque directo a su estatus o una criminalización de su identidad. Ese diagnóstico hay que tomárselo en serio, pero tomárselo en serio significa entender que hay una operación política en curso cuya rentabilidad depende de que los hombres jóvenes precarios crean que sus problemas los ha causado el feminismo y no el mercado de la vivienda, la temporalidad laboral o la destrucción sistemática de los servicios públicos. Los jóvenes perciben que el Estado ya no les protege de los riesgos globales —guerra, clima, crisis, precariedad—, por lo que optan por la seguridad del discurso de soberanía y fronteras. Vox les ofrece un enemigo manejable —las feministas, los migrantes, la ideología de género— con la ventaja adicional de que ese enemigo nunca podrá desmentirles porque no es el responsable de nada de lo que les pasa.

El feminismo materialista sirve también aquí, aunque nadie lo llame así en un mitin (desgraciadamente en mi opinión, claro; las redes han conseguido que los discursos políticos sean cada vez más reelsiables y menos complejos). Cuando Federici explica que el trabajo reproductivo es el trabajo que hace posible todo el trabajo remunerado, está diciendo algo que un hombre joven que vive con su madre porque no puede pagar un alquiler puede entender sin necesidad de formación ni querencia feminista ninguna: hay una economía construida sobre trabajo que no se paga, que eso beneficia al mismo sistema que tampoco le paga bien a él, y que la disputa real transcurre entre quienes producen valor y quienes lo extraen. Un hombre joven que no puede pagar el alquiler tiene exactamente el mismo adversario que una mujer joven que cobra menos que él en el mismo puesto. El feminismo no le ha quitado nada. El mercado, en cambio, les ha quitado a los dos la posibilidad de imaginarse el futuro.

El tercer mínimo tiene que ver con no dar por hecha la lealtad de quien más ha perdido. Las mujeres del baby boom, aquellas que tienen entre 45 y 65 años, que crecieron en la Transición, que pelearon por el divorcio y por el aborto y por la ley de violencia de género, para quienes el feminismo fue durante décadas una herramienta de supervivencia antes que una identidad política, son el sostén electoral más sólido que tiene la izquierda en este momento y el que con más comodidad se da por descontado. En el voto femenino, el PSOE sube hasta el 32% mientras que Vox apenas alcanza el 17%. Ese es el suelo. Y ese suelo está en el PSOE, no a su izquierda, lo cual debería producir cierta incomodidad en quienes diseñan el frente desde la comodidad de asumir que estas mujeres no tienen adónde ir.

El mínimo exigible aquí tiene otra textura, que recubre la posibilidad de no perder por exceso de autocomplacencia lo que ya se tiene. Estas mujeres son el resultado de décadas de políticas feministas de Estado que les cambiaron la vida de manera concreta y medible, y lo que esperan de un frente amplio tiene bastante poco que ver con los debates sobre siglas o liderazgos, sino con demostrar que el feminismo como política pública —las casas de acogida, cerrar la brecha salarial, hacer de la corresponsabilidad un servicio público que funcione como la sanidad o la educación, que nuestros derechos, como sucedió con el divorcio o el aborto, se reconozcan también en la justicia— sigue siendo el eje y no el adorno del programa. El feminismo que ellas reconocen se mide en presupuestos y en leyes. El feminismo al que apunta esta generación y que permitió que existiera un Feministerio es un feminismo que sirve para la transformación de un Estado, no solo para ponerle un lazo morado al balcón de turno.

¿Puede un frente trasladar mínimos distintos a estos tres sectores sin romperse en el intento? La respuesta depende de si es capaz de construirlos desde el mismo núcleo, porque lo que une a las mujeres jóvenes que ya están en la izquierda, a los hombres jóvenes que se han ido a Vox por razones que tienen poco que ver con el antifeminismo aunque lo parezcan, y a las mujeres de cuarenta y cinco años que sostienen al PSOE con su voto, no es una identidad compartida ni un relato común de la historia sino un mismo adversario. Un modelo económico que hace imposible la vida independiente, que expulsa a los jóvenes del mercado de la vivienda, que precariza el empleo, desmantela los servicios públicos y después canaliza la rabia resultante hacia las mujeres, los migrantes y los débiles en lugar de hacia quienes han tomado las decisiones que han producido todo ese daño. Vox ha llegado donde ha llegado porque ese modelo necesita una cortina de humo, y ellos se han ofrecido a serla con mucho entusiasmo.

El feminismo materialista —el que nos permite preguntarnos quién accede o hace qué trabajos, quién los cobra y quién acumula el beneficio— tiene el instrumental para explicar por qué el mismo sistema que precariza a los hombres jóvenes también da palizas a las mujeres trans, mata a otras en sus casas, premia los cuerpos normativos y los expulsa del mercado laboral en cuanto tienen hijos y convierte el cuidado en trabajo invisible que sostiene todo lo demás. Planteaba en el anterior texto que cuando comunistas, fuerzas nacionalistas, izquierdas sociales y feminismos han concurrido de la mano, ha existido una España alternativa a la reacción ultra. Lo que añado ahora es que para que esa concurrencia produzca algo más que una papeleta compartida y un comunicado de responsabilidad firmado en Viernes Santo, hace falta saber a quién se le habla, con qué argumento y desde qué diagnóstico de por qué la vida de la gente es como es.

Los mínimos exigibles son pues tres: movilizar a quien ya está pero no vota, hablarle del enemigo correcto a quien se ha ido a buscarlo donde no está, y ganarse de nuevo la confianza de quien más tiene que perder. El frente que entienda eso puede construir algo que dure más que la campaña. El que elija entre esos sectores según quién le resulte más cómodo ya ha tomado una decisión, aunque todavía no lo sepa.

Lo demás son siglas.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Cuando el Gobierno anunció la regularización extraordinaria el pasado 26 de enero, las redes sociales se incendiaron, como era de esperar. Todo lo relativo a la migración genera debates. No es casual; es el resultado de más de diez años de trabajo minucioso de un grupo de intereses políticos y económicos, la denominada Franquicia antimigración, que utilizan este tema para desviar la atención de los debates realmente relevantes. Las preguntas son no sólo qué modelo de país necesitamos, sino cuál queremos y, por tanto, por cuál vale la pena luchar. En los próximos días se aprobará el Real Decreto que hará efectiva esa regularización, y hasta el 30 de junio cabe esperar que esa Franquicia movilice todos sus recursos para desestabilizar el debate público. Tienen dinero, organización y altavoces mediáticos. Nosotras tenemos la voluntad, los principios y algo que ellos nunca podrán comprar: el número. Somos más, aunque a veces nos cueste creerlo.

Soy ingeniera y me gusta analizar los números. Llevo años mirando los procesos electorales desde un prisma diferente, no desde los escaños sino desde los votos absolutos. No quiero entrar en el debate de si tendríamos que cambiar nuestro sistema con su Ley D'Hondt por otro de representación directa; eso es un melón complejo que necesitaría un artículo en sí mismo. Pero echarle un ojo a cómo vota la gente, en términos de número de votos, y su relación con un total de ciudadanos, proporciona informaciones interesantes para entender a la sociedad que está votando. Por ejemplo, este ejercicio aplicado a las elecciones de la alcaldía de Nueva York es brutal. Zohran Mamdani representa una de las victorias más sonadas del año pasado. Mirando los números de votos descubrimos que el exgobernador demócrata Andrew Cuomo, que concurrió como independiente contra Mamdani, consiguió unos 900.000 votos. Estos son unos 150.000 votos más que los que obtuvo en 2021 Eric Adams, el anterior alcalde de Nueva York, que también era demócrata. Entonces, ¿cómo pudo ganar Mamdani? Porque su batalla no fue realmente contra Cuomo, al que no podía superar en su marco, sino contra la abstención. En 2021 la participación en las elecciones a la alcaldía de Nueva York fue del 23%. En 2025 la campaña de Mamdani la subió al 43%. Mamdani consiguió que más de un millón de personas creyeran que el cambio era posible y fueran conscientes de que su voto era determinante. 

Si ahora miramos los resultados de nuestras últimas elecciones generales en número de votos, vemos que al PP lo votaron 8,1 millones, al PSOE 7,8 millones, a Sumar y a Vox tres millones, y se abstuvieron diez millones. Es decir, que en términos numéricos las elecciones las ganó la abstención. Las personas en España nos repartimos entre derecha e izquierda de una forma similar desde hace décadas. Las bases sociales del PSOE y del PP se mantienen y un grupo de indecisos cambia de bando en ciclos alternos. Esto se vio alterado por la pluralización de los partidos en los años posteriores a la crisis de 2008. Pero no hemos cambiado tanto como nos quieren hacer creer. Y la gran mayoría de las personas que vivimos en España queremos un país con paz, servicios públicos de calidad, vivienda asequible y un modelo laboral que nos permita vivir dignamente y, según las encuestas, también queremos un país que acoja con dignidad y justicia a las personas que vienen de fuera a trabajar y participar de todo ello. 

Entonces, ¿cómo es posible que no seamos capaces de frenar el odio y parar la polarización a la que nos someten los grupos antimigratorios de los que hablamos antes? Es un tema complejo, pero hay algunas claves que son importantes. Tenemos que enfrentarnos a todo lo que está sucediendo con la convicción de que somos más personas que ellas y de que, por lo tanto, tenemos la posibilidad de pararlas. El derrotismo que inunda los debates y las conversaciones es parte de su éxito. Tenemos que encontrar la forma de actuar identificando cuáles son las herramientas que tenemos en nuestras manos. Esto implica hacer el esfuerzo de salir a manifestarse, participar en una campaña de activismo digital o formar parte de grupos de acción ciudadana. Y debemos protegernos. Hay que elegir qué consumimos sin miedo al FOMO y evitando caer en las distracciones que los autoritarismos nos meten en la agenda. Como sugiere el lingüista George Lakoff en su guía para mantener viva la democracia en 2025 hay que premiar la información veraz y apoyar el periodismo de calidad y de largo aliento.

Las noticias falsas, el odio y los bulos se pueden desactivar. Solo tenemos que ser conscientes de nuestro poder. Estamos luchando por dominar un algoritmo. Pero finalmente esto es tan sencillo como darle al espacio de debate público el contenido que queremos que nos den. En lugar de odio, darle amor. En lugar de noticias falsas, darle noticias de calidad. Llenar esa red social que usas —Instagram, LinkedIn, WhatsApp o la que sea— con contenido positivo y constructivo cada día, como una gota malaya, para desarmar el trabajo de los bots. Se puede.

La regularización extraordinaria es indispensable. No existe elección. En un sistema ordenado y avanzado no se puede tener a más de medio millón de personas sin papeles, por razones que van desde las más éticas, como que todas tenemos que ser iguales en derechos, a las más prácticas, que los trabajos esenciales de nuestro país están en manos migrantes. Por desgracia, no podemos contar con el PP, que, en un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, está sometiendo a sus bases a una elección imposible, tensionando innecesariamente los espacios del conservadurismo moderado. De modo que tendremos que proteger el modelo de país que queremos desde la sociedad civil. Nos va a tocar volver a las redes y tapar el odio con contenidos de calidad. Tendremos que hablar de las necesidades de nuestra sociedad. Es una responsabilidad proteger con nuestro mensajes a las personas migrantes que serán el foco de las campañas y los odios. Y el 30 de junio, cuando todo haya pasado y más de medio millón de personas por fin tengan sus papeles, sentiremos que hemos participado en algo grande. Habremos vencido.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

Alto el fuego en Oriente Medio. La guerra regional no cesaba en su escalada tanto en intensidad de los ataques como en el rango geográfico de los mismos. Trump y Netanyahu por un lado amenazaban con llevar el infierno a Irán, mientras desde la República Islámica señalaban con precisión los objetivos de sus represalias.

Ambas estrategias iban encaminadas a disuadir a su rival y a lograr que se cediera en los objetivos de la guerra de manera más rápida y menos costosa, es decir, sin tener que llevar a término los ataques masivos.

No obstante, la dificultad para alcanzar este fin para ambas partes estaba en el tamaño de los órdagos que lanzaban. Si Estados Unidos quería propiciar un cambio de régimen real, extraer el uranio enriquecido y desbloquear el Estrecho de Ormuz por la fuerza, necesitaba destinar muchos más recursos.

Irán prometía volar en respuesta todas las grandes infraestructuras energéticas del Golfo si eso ocurría, con posibilidad de un cierre definitivo de Ormuz y de la extensión del bloqueo al mar Rojo.

El evidente atolladero que dicha escalada habría supuesto era un escenario por evitar. Pero la necesidad de vender éxitos era imprescindible para que la Administración Trump pudiera hallar una salida a la guerra.

Vistas las listas de exigencias de ambos gobiernos, no se iba a conseguir un acuerdo político. Estábamos encaminados hacia la escalada. Y esta debía alcanzar unas expectativas cada vez más peligrosas.

Por ese motivo, el único punto que han logrado acercar mediadores como Pakistán era el de ampliar el margen temporal que Trump se había autoimpuesto como límite para llevar a cabo el gran ataque prometido. La noche del famoso martes 7 de abril ya solo se hablaba de dar más margen a la diplomacia, no de negociar una solución política en sí misma.

Con la aceptación in extremis del nuevo rango temporal de dos semanas también se abrió la puerta a iniciar una negociación de verdad a través de Pakistán. Y Donald Trump no desaprovechó la oportunidad para vender la victoria asegurando que Irán había transigido.

Pero, como se veía venir, todas las partes clamaron victoria, incluso actores árabes claramente golpeados como Emiratos Árabes. En Israel, que había sido excluido de las negociaciones, es donde más se hizo notar el pesar por el alto el fuego.

A pesar de lo prometedor de que se haya evitado una escalada de inciertas dimensiones, el acuerdo de paz parece lejano aún. Irán no está dispuesto a aceptar un simple parón que permita a sus rivales reanudar la guerra como pasó tras el parón de 2025.

La lista de 15 puntos estadounidense y la de 10 puntos iraní se encuentran en posiciones difícilmente reconciliables por el momento. Pero Trump ha asumido que el listado iraní serviría de base para la negociación política y ha reposteado la declaración del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

Sin embargo, esto demuestra que no había un objetivo claro en la guerra por parte de Washington más allá de las promesas israelíes de que Irán colapsaría rápidamente. La evidencia está en que cualquiera de las condiciones planteadas por Irán, de llevarse a término, supondría una victoria iraní en distinto grado.

Y a pesar de que Trump venda una victoria, es difícilmente creíble que ese final fuera tan deseado en la Casa Blanca como para motivar el lanzamiento de la guerra en un primer momento.

Las propuestas de Estados Unidos no eran mucho más ambiciosas que la reapertura del Estrecho de Ormuz y la firma de un nuevo acuerdo nuclear que eliminase el enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio de un levantamiento de sanciones. Todo ello habría sido sencillo de lograr en las conversaciones de febrero sin necesidad de ir a la guerra.

Washington dejaría para más adelante, según fuentes israelíes, el control de la seguridad regional, el programa balístico iraní y exigiría el fin de las principales instalaciones nucleares del país.

Pero los 10 puntos planteados por Irán son ostensiblemente más ambiciosos. También se incluye la firma de un acuerdo nuclear que limitase los niveles de enriquecimiento de uranio pero Irán conservaría ese derecho, así como el levantamiento de todas las sanciones establecidas durante décadas.

La reapertura de Ormuz bajo los términos iraníes implicaría el cobro de peajes de hasta 2 millones de dólares por barco, por lo que si la paz se alcanzase solo con estas cláusulas ya supondría una notable mejora de la situación de Teherán con respecto al inicio de la guerra.

Pero además de estos asuntos compartidos de forma parcial, Irán exige reparaciones de guerra, garantías de seguridad para evitar ser el foco de nuevas guerras, el fin de las resoluciones internacionales en su contra, la retirada de las fuerzas estadounidenses y la extensión de la paz a sus socios regionales, con énfasis en la operación israelí en Líbano.

Si todos estos asuntos se cerrasen siguiendo la línea iraní, su victoria sería aplastante, propiciando una de las mayores derrotas estadounidenses desde Vietnam, si no la más pronunciada. Pero es difícil que Estados Unidos y, sobre todo, Israel, asuman estos términos. De hecho ni siquiera se ha logrado una implementación inicial del alto el fuego o la reapertura de Ormuz por las discrepancias en torno al recorrido político y a la situación de Líbano.

Así que la disyuntiva ahora se encuentra en saber cuántas cocesiones están dispuestas a asumir las partes para evitar una escalada que prometía mayores consecuencias aún para la región y para el mundo.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

La misión Artemis II de la NASA está recibiendo un tratamiento mediático que, para quienes tienen una cierta edad, puede parecer desproporcionado. Basta con recordar que llegó un momento en el que los vuelos del programa Apolo –24 en total entre 1969 y 1972, incluyendo 6 paseos por el suelo lunar a cargo de 12 astronautas– llegaron a ser casi una rutina. Nada quita que el sobrevuelo lunar de Artemis II suponga, sesenta años después, una nueva muestra de la más avanzada tecnología espacial estadounidense, empleando el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial; el más grande construido por EE UU) y llevando a cabo la primera misión tripulada de la nave espacial Orión. También lo es que haya llevado a sus cuatro tripulantes al punto más lejano de la Tierra y que haya orbitado por la cara oculta de la Luna.

Pero esos detalles no pueden ocultar una cierta sensación de déjà vu, cuando se recuerda que ya en 1966 la Unión Soviética posó la sonda Luna 9 en el suelo lunar, que China hizo lo propio en 2013 con su Chang'e 3, al igual que India en 2019 con la nave Chandrayaan-2 (con el añadido de un alunizaje de la Chandrayaan-3 en el polo sur lunar, en 2023) y Japón, en 2024, con la sonda Smart Lander. Más aun, China es el único país que ha logrado alunizar en la cara oculta de nuestro satélite y traer valiosas muestras de regreso.

En primera instancia ese monumental esfuerzo suele explicarse haciendo mención a la infinita curiosidad y al ansia humana por llegar más lejos y más alto, acompañado de argumentos que ponen el énfasis en el imparable desarrollo científico y tecnológico del que toda la humanidad puede beneficiarse. Y, siendo eso cierto, es necesario añadir inmediatamente que, desde su nacimiento, la carrera espacial tiene también un marcado componente geoestratégico y geoeconómico.

Ya en la Guerra Fría quedó claro que la competencia en el espacio exterior era uno más de los frentes abiertos por la hegemonía mundial entre Washington y Moscú, con el segundo sorprendiendo al mundo en 1957 con el lanzamiento del satélite Sputnik y el primero acelerando de inmediato para ser el primero en poner el pie en la Luna, en 1969. Actualmente, con Estados Unidos, China y Rusia por delante, resulta evidente que esa competencia sigue explicando en gran medida los esfuerzos para contar con los cohetes más potentes y las tecnologías necesarias no ya solo para colonizar nuestro satélite, sino para ir mucho más allá. A fin de cuentas, esos vehículos de lanzamiento son los mismos que pueden lanzar desde un satélite meteorológico hasta una constelación de sistemas de posicionamiento global o un misil balístico intercontinental.

Precisamente para evitar que el espacio exterior sea empleado para usos militares y que algún país se apropie de algún objeto celeste contamos, desde 1967, con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, ratificado por 118 países, con otra veintena que tan solo lo ha firmado. En todo caso, el desarrollo tecnológico de estas últimas décadas ha dejado prácticamente invalidado ese instrumento internacional y es muy visible el acelerado ritmo de movimientos –con el añadido de Israel, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos y Unión Europea, que ya han lanzado sondas y satélites, pero nunca han alunizado– para tomar posiciones de ventaja en una militarización espacial que parece imparable.

A eso se suma el estímulo crematístico. Por un lado, ahí están los megaempresarios de alta tecnología fabricando cohetes más y más potentes, tanto para cubrir el hueco que han dejado las agencias espaciales públicas, ofreciéndolos a gobiernos interesados en participar en la carrera espacial, como a quienes dispongan de los recursos económicos suficientes para convertirse en turistas espaciales. Por otro, en el marco de la creciente competencia por el control de recursos escasos, sobre todo minerales críticos y materias primas energéticas, se repite la misma pauta de comportamiento que en nuestro propio planeta, con una pugna abierta para acaparar (y, por tanto, negar a otros) el acceso de elementos que pueden determinar la hegemonía mundial en el inmediato futuro.

Y, por si esto no fuera suficiente, también hay que contar con el interés de buena parte de los llamados transhumanistas por contar con los medios necesarios para abandonar el planeta cuando la crisis climática, el uso de armas de destrucción masiva o cualquier otra circunstancia haga invivible la Tierra. De ese modo, lo que a algunos puede parecerles una pesadilla propia de iluminados o fanáticos, también hay que incluirlo entre los factores que explican la reactivación de los programas espaciales, aunque solo sea porque muchos de ellos son los mismos empresarios que pululan por Silicon Valley.

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Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Suele pasar que enmascarados tras los grandes problemas se nos pasen aquellos que puede que no parezcan grandes pero que en realidad lo son. A menudo dejamos que las mareas vayan corroyendo los pilares fundamentales de la democracia, mientras miramos entre indignadas y estupefactas las matanzas por la televisión. Protestamos por las matanzas y nos movilizamos con dificultad contra ellas. Pero las matanzas son producto, entre otras cosas, de una degeneración democrática que viene de muy lejos y que continúa royendo a esta como una termita. 

Israel aprueba una pena de muerte selectiva por motivos étnicos. Brutal. Pero el racismo cotidiano, el de nuestra escalera, es sin embargo algo que miramos de lejos y sin excesiva preocupación. Las redadas racistas existen en España, eso es un hecho indiscutible, aunque muchos medios no lo consideren ni preocupante y muchos políticos sigan empeñados en negarlo. Que el delegado del gobierno en Madrid, del PSOE, haya dicho que no existen, que Marlaska esté, como siempre, desaparecido, es insultante para quienes creemos que tiene que haber una reacción democrática contra la plaga del racismo sistémico. Las redadas racistas existen y muchas las hemos visto con nuestros ojos. En Lavapiés, en la estación de Atocha, cuando hay una operación “de comprobación” (¿de qué?) sólo detienen a negros. Pero desde que conozco a Serigne Mbayé, soy más consciente. Cada año le detienen unas cuantas veces, pero, además, como es un activista antirracista y algunos policías son nazis (no presuntos, que llevan la esvástica tatuada, que también lo he visto con mis ojos) ya no hace falta que se lo encuentren. Van a buscarle a su casa para detenerle, para asustarle, para humillarle, para sentirse ellos bien en sus comportamientos nazis. Esto es así, y al PSOE le da igual porque no es un partido que tenga voluntad de enfrentarse a los nazis que hay en la policía, que se lo digan a Marlaska. Esos que si ganan alguna vez irán a por Marlaska olvidando lo complaciente que fue con ellos. 

Que hubo una operación policial para acabar con Podemos no lo puede dudar nadie ya, pero a muchos les gusta olvidarlo porque total… ese peligro ya pasó. Se acabó con Podemos de la misma manera que ahora se está ya tratando de acabar con La Francia Insumisa. Rima Hassan, diputada del Parlamento Europeo por LFI, fue detenida el jueves 2 de abril por llevar una pequeña cantidad de droga encima y por “apología del terrorismo” en un tuit en el que expresaba una opinión política sobre la resistencia palestina; una opinión que compartimos mucha gente de izquierdas por aquí. Algunas de las cosas que yo misma he escrito sobre Israel (y millones de personas más) serían consideradas apología del terrorismo en Alemania, en Francia o en algunos otros países, cada vez más. Hassan ha sido denunciada por organizaciones que hacen ellas mismas apología del terrorismo de Estado que practica Israel y apología del genocidio contra el pueblo palestino. (Ya está, ya he hecho apología del terrorismo yo también). Según leyes existentes en algunos países de la UE, decir que Israel es un Estado terrorista y genocida y que la resistencia palestina es legítima, incluso con armas, es un delito. España es un país mayoritariamente propalestino pero en varios países de la UE se está persiguiendo y criminalizando a periodistas por atreverse a disentir del relato oficial sobre Palestina. 

En Francia han detenido a una parlamentaria por un delito de opinión. La opinión de una representante del pueblo en una democracia debería ser sagrada y por eso existe la inmunidad parlamentaria, pero ya vemos que si es de LFI no aplica. El delito de opinión introducido en Francia en 2014 no requiere siquiera un llamamiento explícito a la violencia, basta que un juez interprete que dicha opinión puede considerarse que defiende o alienta la violencia. La violencia de los que el poder determina que no tienen derecho a usarla, claro. No olvidemos que en España también hay gente en la cárcel por una opinión. Lo mismo que en el caso de la violencia, no todas las opiniones son igual de perseguibles porque esas que dicen “moros de mierda os vamos a colgar”, esas, escuchadas en los estadios o en disturbios racistas… esas nada. O las que conminan a colgar, fusilar, empalar o torturar a políticos de izquierdas… tampoco. A esa extrema derecha el Estado no la va a combatir, quitémonos esa idea de la cabeza, porque el Estado profundo siempre tiene un ramalazo por ese lado y porque los dueños del mundo tienen interés en combatir una y en fomentar a la otra. De seguir por este camino, llegará el día en que estar contra el capitalismo sea perseguido. Por cierto, soy muy consciente de que si las cosas no mejoran mundialmente, si algún día llega a gobernar la extrema derecha, todo esto que escribo, todo lo que he escrito a lo largo de mi vida, me puede pasar factura, nos pasará factura a muchos. 

Tengo multitud de artículos denunciando esto porque la cuestión de la degeneración paulatina de las democracias me preocupaba muchísimo. Las democracias degeneran porque comienzan a asumir postulados antidemócratas ante la aquiescencia general, y para eso no es siquiera necesaria la existencia de una pujante extrema derecha. Poco a poco me di cuenta de que es complicado que la opinión pública se mantenga firme en la defensa del derecho a la libertad de expresión porque no todo el mundo lo entiende ni lo practica. Cada vez veo a más gente, demócrata, de izquierdas, que se comporta –sin saberlo, y sin que tenga el mismo efecto– como el Estado cuando cercena la libertad de expresión de algunas activistas o políticas. 

Tengo amigas y compañeras que se pasan la vida dándose de baja de determinados medios porque se encuentran con un artículo que les indigna y entonces, según ellas, el articulista debería ser despedido. Incluso en ocasiones les ocurre que se encuentran con que un articulista con el que siempre están de acuerdo escribe algo que les indigna sobremanera. Inmediatamente, llega la desilusión y dicho señor o señora pasa a la lista de “enemigos” de los que ya no se puede creer nada, ni leer nada. Y eso impregna al medio y también a quienes defendemos el derecho de ese articulista a escribir lo que quiera o, peor aún, a quienes defendemos que no es tan importante estar de acuerdo siempre con un opinador para que leerlo pueda seguir valiendo la pena. 

Los medios tienen su línea editorial, eso es así de siempre, pero hay que decir que esta idea del enemigo en la opinión es cada vez más común, de manera que los medios son cada vez más uniformes en lo que publican porque, al final, si una opinión se sale un poco de la que se le supone oficial, el medio en cuestión recibe tantos mensajes de indignación y de rabia, se producen tantas bajas de socios, que no siempre les compensa defender al opinador. Además, no nos engañemos, este clima social nos permea a todos. Es una manera de entender la convivencia, una manera perversa y antidemocrática, pero es lo que hay. 

Al final, no es que los partidos no nos representen, que cada vez lo hacen menos. Es que nadie representa a nadie. El individualismo extremo está permeando toda la vida social de manera que si no encontramos una coincidencia total con quien se supone que nos tiene que representar en la política, en la opinión, en la organización, en la cultura, en el ocio, en cualquier ámbito… no somos capaces de aceptar esa diferencia en pro de un bien común que cada vez menos gente es capaz de imaginar; el bien común va siendo cada vez más pequeñito. Nadie puede representar a millones de individuos que están permanentemente llamando la atención sobre las diferencias y convirtiendo estas en abismos infranqueables. En fin. Es un asunto que primero me indignaba, luego me preocupaba mucho, después pasé a verlo desde lejos con cierto dolor y ahora ni eso. Me aburre. Me aburre la eterna queja de quienes no son capaces de aceptar la existencia de la diferencia con normalidad e incluso con curiosidad intelectual, de quienes no son capaces de verse reflejados en una humanidad común, en un bienestar mayoritario. Me aburren quienes se dejan llevar por sus odios particulares, tan mezquinos, tan pequeños, tan inútiles, y dejan que estos llenen lo que debería ser el campo de una voluntad y de una ilusión comunes. Hace poco leí el poema de Walt Whitman que contiene el verso “Soy grande, contengo multitudes” y pensé que ahora nadie contiene multitudes, sino cada uno/a a una personita pequeña que no se habla con el de al lado. Lo único grande ahora son las fortunas de unos pocos, los egos de muchos/as y el dolor de los desposeídos de todo. 

Bueno, perdón por el desahogo, será la edad, estoy ya de vuelta. Será eso.  

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

La tradición vale para un roto y para un descosido, porque quien la cose en cada momento y lugar es quien decide lo que es tradición y lo que no. Lo hemos visto recientemente en las cofradías de Sagunto y Aguilar de la Frontera (Córdoba), al rechazar la incorporación de las mujeres, pero también lo vemos cuando se defienden diferentes formas de maltrato animal en nombre de la tradición.

Y la tradición no es lo que consolida el tiempo, sino lo que impone la cultura, es decir, la construcción androcéntrica, o sea, el machismo, a partir de un determinado momento para que luego el tiempo le dé la razón ante la imposibilidad de incorporar cualquier alternativa no permitida por la cultura.

Lo que nunca explican los que defienden la tradición como valor absoluto es que cuando empezó “su tradición” lo hizo en contra de las tradiciones existentes en ese momento y, sin embargo, no dudaron en cambiarlas para imponer su idea. Así ocurrió en la Edad Media cuando llegaron las procesiones a Europa y se crearon las primeras cofradías, que rompieron con muchos elementos de la tradición que existía en ese momento, y con otras tradiciones no religiosas o paganas que sin ningún problema fueron canceladas, incluso perseguidas, transformadas en expresiones religiosas o directamente absorbidas y reinterpretadas. Así ocurrió con muchas fiestas alrededor de la fertilidad y la renovación que representaba la primavera, o con otros rituales, expresiones alrededor del fuego, y otras procesiones que fueron consideradas paganas y, por tanto, prohibidas.

En todas esas decisiones religiosas y en otras fiestas donde se maltrataba a los animales, no importó la tradición existente hasta ese momento, como, por ejemplo, el Toro de la Vega en Tordesillas, que, solo considerando nuestra era, cuenta con una tradición de 600-800 años, y una ausencia de tradición de 1200-1400 años.

La tradición solo es un argumento más para consolidar a través de la costumbre las imposiciones de los mandatos culturales. Ese es el juego, y el juego continúa hoy en otros temas.

La estrategia de refundación que sigue el machismo en la actualidad, y que lideran las posiciones ultraderecha y derecha en la política con un amplio apoyo social, se basan en el concepto de tradición para presentar sus ideas, valores y creencias como razón para definir el orden que debe caracterizar la realidad. Por eso hablan de batalla y guerra cultural, porque lo que defienden son los valores y referencias de una cultura que ha definido la forma de ser y organizarnos históricamente, y presentan cualquier transformación como un ataque.

Toda la estrategia mundial de la ultraderecha y derecha en su afán de refundar la cultura se basa en los elementos androcéntricos y, en consecuencia, en un ataque y cuestionamiento a las mujeres, a las personas extranjeras y a la diversidad, pues el reconocimiento de derechos y la corrección histórica que la desigualdad y la discriminación han impuesto sobre esos grupos de población, especialmente sobre las mujeres como núcleo y pilar de la construcción androcéntrica, se percibe como un ataque al orden (guerra cultural), y justifica la respuesta con todos los instrumentos y “armas” a su alcance, pues ya se sabe lo que dice la tradición al respecto, que “en el amor y en la guerra todo vale”. Y si la guerra es en relación al amor, como ocurre con la violencia de género, pues vale mucho más. Por eso necesitan negar la violencia contra las mujeres, para mantener su impunidad y la invisibilidad en nombre de la “normalidad” impuesta por la costumbre.

Pues esa es la clave, la cultura impone unos hechos que se vuelven costumbre, es decir, la manera habitual de comportarse, y luego la tradición, que es transmisión, la va pasando de unas personas a otras y de generación en generación para que se expanda y mantenga en el tiempo. Es lo que observamos cuando los jóvenes de 15-29 años dicen hoy que “si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la pareja”. Así lo afirma el 22% de los chicos y el 16% de las chicas, un porcentaje que va subiendo en cada estudio. (Barómetro CRS/FAD 2025).

La cultura se mantiene por la tradición, por eso no quieren tocar la segunda para que no afecte a la primera, es más, ahora lo que se pretende es reforzar la tradición para conseguir la refundación de la cultura.

La política hoy gira alrededor de ese objetivo, incluso presentando a los Gobiernos de izquierdas como ilegítimos, algo que no es de extrañar que funcione cuando los sistemas conservadores de gobierno han estado presentes miles de años, mientras que el primer Gobierno de izquierdas en España llegó con la II República en 1931, hace 95 años.

Por eso la izquierda debe ser consciente del factor cultural que hay detrás de toda la política actual, y no limitarse solo a la gestión de las consecuencias del modelo conservador-androcéntrico, eso siempre será insuficiente, y entrar a fondo en la transformación cultural.

Hoy no es el pasado lo que se reivindica desde la derecha y la ultraderecha, sino la tradición. Porque la tradición es la que hace posible adaptar el tiempo pasado al presente sin que parezca que hablamos de ayer. 

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Amantes del papel, la carpeta de cartón azul marino, el bolígrafo BIC, punta fina y punta normal, los sobres de lengua-pegada y el sello Tarifa A de 0,96, el Consejo de Estado ha decidido oponerse al registro digital de jornada.

En España, solo en 2025, 441.000 personas trabajaron gratis más de cinco horas semanales. Cinco horas invisibles, sin cotizar a la Seguridad Social, que no podrán contabilizarse a ningún efecto. Derechos laborales que quedan reducidos a un sinfín de tecnicismos y dos tesis recurrentes: “cargas para las pymes” y “complejidad técnica”.

El registro diario de jornada se introdujo en marzo de 2019. En ese mismo momento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió a los Estados miembros la implantación de un sistema de registro “objetivo, fiable y accesible”. Y el decreto planteaba su digitalización obligatoria y universal dado que era la única manera de garantizar algo semejante. Es evidente que los sistemas en papel son susceptibles de adulteración o doble registro.

Más allá de las cuestiones procedimentales, posibles problemas de adaptación, ámbito excesivamente generalista de aplicación o tiempos acelerados de implementación, en esencia, el Consejo de Estado considera que la exigencia de un soporte digital resulta muy costosa para las PYMES y que puede violar el derecho a la intimidad de los trabajadores.

La Agencia Española de Protección de Datos dice que la geolocalización solo debe usarse cuando sea imprescindible y que el consentimiento del trabajador no puede entenderse libremente prestado en una relación laboral. Y en el ámbito de la protección de datos se plantean, además, reservas al acceso remoto permanente a los sistemas informáticos privados o al de los representantes de los trabajadores a su registro completo. El Consejo de Estado admite que el TJUE (S. 30 de mayo de 2013) no se opone al acceso inmediato si resulta necesario y respeta el principio de proporcionalidad, pero entiende que esto requiere de cobertura legal y no debe abordarse por la vía reglamentaria.

La cuestión es que las jornadas especiales de trabajo llevan regulándose por Real Decreto desde hace más de treinta años y nadie se ha pronunciado hasta este momento. Lo único que ha cambiado es que ahora ya no se usará el papel. Así de sencillo. Repentinamente, esta radical transformación requiere de una tramitación parlamentaria que, con el actual mapa político, equivale a enterrar la reforma por siempre jamás.

La paradoja es que el Consejo de Estado avala el objetivo, reconoce el problema, acepta que el sistema actual es deficiente y manipulable, pero rechaza el único instrumento jurídico disponible para solucionar las cosas. Y el Ministerio de Economía ha encontrado en este informe la excusa perfecta para apuntarse al ralentí. Ya sabemos que lo ideal hubiera sido una ley de reducción de jornada, pero también sabemos que el Congreso la tumbó en septiembre del año pasado con los votos del PP, Junts y Vox… que ahí siguen.

Dicho esto, nadie duda del argumento de la protección de datos, pero solo tiene sentido si se utiliza para blindarse frente al poder empresarial o estatal, no para garantizar la opacidad de quienes incumplen sistemáticamente la ley. Y estamos hablando de eso, de fragilidad frente al abuso porque quien trabaja en condiciones de asimetría de poder tiene menos capacidad de documentar y reclamar su tiempo de trabajo. No se trata únicamente de eficiencia inspectora… de inspeccionar por inspeccionar. De hecho, por eso hay también brecha de género en el registro de jornada. Los datos de la EPA 2025 muestran que el 52,1% de las mujeres que realizan horas extraordinarias lo hacen sin remuneración, frente al 46,7% de los hombres.

Por lo demás, el recurso a la vulnerabilidad de las PYMES empieza a ser ya un clásico, como si las personas que trabajan en empresas pequeñas carecieran, por definición, de derechos laborales. Evidentemente, nadie pide que una pescadería con dos empleados implante un sistema de ciberseguridad militar en dos días, pero tampoco se puede dejar que la mayor parte de nuestro tejido empresarial funcione al margen de la ley. Las PYMES no pueden alimentarse de un tiempo robado como no pueden incumplir sus obligaciones con la Seguridad Social, la prevención de riesgos laborales o el pago de un salario mínimo. Se estima que el coste de implementar el sistema digital será de 291 euros anuales por empresa en años sucesivos al primero y no parece mucho frente a los 3.200 millones de euros que unos pierden y otros ganan, en horas no retribuidas.

El artículo 34.7 del Estatuto de los Trabajadores habilita expresamente al Gobierno a “establecer especialidades en las obligaciones de registro de jornada para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”. Si bien ningún sector profesional se libra de esta silenciosa transferencia del trabajo al capital, dado que sanidad y servicios sociales, industria manufacturera, comercio, educación, transporte, hostelería y construcción acumulan el 70% del total de horas extraordinarias semanales del país… ¿superaría todos los obstáculos un Decreto que circunscribiera el registro digital obligatorio a esos siete sectores? ¿Se podría reformular el proyecto circunscribiéndolo a los sectores con peculiaridades, diferenciando por sectores y territorios, incorporando las salvaguardas de protección de datos y ampliando los plazos de su entrada en vigor? Esto es lo que sugiere Cruz Villalón en un artículo reciente.

Sea como fuere, lo cierto es que el Consejo de Estado es un órgano consultivo, no vinculante, no elegido democráticamente, que está frenando, de facto, la aplicación de una obligación ya establecida en la ley, exigida por el derecho europeo y demandada por los sindicatos mayoritarios de nuestro país. Su dictamen allana el camino a los recursos contenciosos que las empresas decidan interponer y refuerza la posición de quienes no quieren un registro efectivo. El Gobierno debería encontrar una fórmula jurídica que permitiera aprobar un registro digital para acabar con las miles de horas de trabajo que nadie registra, nadie paga y nadie cuenta.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.