El 13 de octubre de 2013 la Xunta celebró el acto simbólico de recibir al peregrino número 200.000. Por primera vez desde que había registros comparables, más de doscientas mil personas llegaban peregrinando a Santiago en el mismo año.

Este 20 de octubre de 2025 el presidente de la Xunta acudió a la Oficina del Peregrino para saludar a Jairo y Nicolás, padre e hijo llegados de Colombia, y entregarles la acreditación simbólica de que su llegada caminando a Compostela supuso cruzar el umbral de los 500.000 peregrinos del año. Por el camino, apenas una década de indicadores disparados incluso pese al freno coyuntural de la pandemia de la covid.

En los años siguientes a aquel hito de 2013 el peregrino o peregrina número 200.000 no hizo más que adelantarse. En 2014 llegó el 24 de septiembre, en 2015 el día 8 del mismo mes. En los cuatro años siguientes esa llegada ya se produjo en agosto y, de hecho, en 2019 el Gobierno gallego ya celebró el 1 de octubre la llegada ya no del peregrino 200.000, sino del número 300.000.

Las restricciones de la covid-19 llevaron los registros del Camino de Santiago a mínimos en 2020 (apenas 54.000 caminantes registrados) y también en 2021, Año Santo que el Vaticano accedió a extender 365 días más a causa de la pandemia. La decisión eclesiástica permitió al Gobierno gallego duplicar también el Xacobeo y el 28 de agosto de 2022 volvió a celebrar al peregrino 300.000 del año.

Aquel 2022 terminó como el primero documentado con más de 400.000 peregrinos y dio por cerrado el impacto de la covid en el Camino. Fueron, concretamente, 438.307, que aumentaron en 2023, con 446.035. Siguieron al alza en 2024, cuando a la Oficina del Peregrino apenas le faltaron 800 personas para llegar a documentar el cruce del umbral del medio millón.

Ese medio millón ya ha llegado cuando faltan más de dos meses para finalizar 2025 y la Xunta lo celebra como “consolidación” del “gran motor turístico, cultural y espiritual”, en palabras de Rueda. Si bien el presidente mantiene que “lo importante no es el número, sino la calidad de cada peregrinación”, el jefe del Ejecutivo hace hincapié en la cifra para, por ejemplo, aplaudir que lleguen “cada vez más peregrinos” fuera del verano.

El entusiasmo gubernamental por la cantidad de peregrinos contrasta con ciertos recelos en el seno de la Iglesia católica por la conversión de la peregrinación a Santiago en un fenómeno de masas. Así, por ejemplo, el arzobispo de Santiago insistía el pasado 2024 en “no perder de vista el sentido auténtico, original” de la peregrinación y reclamaba “mantener las esencias” de la ruta jacobea.

Francisco Prieto recogía de este modo las palabras pronunciadas poco antes por el papa Francisco. En una recepción a peregrinos jacobeos en Roma, el pontífice fallecido menos de medio año después se preguntó si “las personas que hacen el Camino de Santiago, hacen una verdadera peregrinación” o si ya es “otra cosa”.

La inquietud por la masificación y la turistificación masiva de las rutas a Compostela viene siendo manifestada también por diversas entidades y asociaciones ligadas a la peregrinación y a la protección del Camino. También por el Ayuntamiento de Santiago como meta de la peregrinación y por el Gobierno de España. E incluso quedó reflejada en el Plan Estratégico del Xacobeo 2021 de la propia Xunta.

Sea como fuere, lo cierto es que el Camino de Santiago en general y, más concretamente, los eventos vinculados a la promoción del próximo Xacobeo, el del año 2027, siguen siendo centrales en la política turística de la Xunta. Esta es un área gubernamental con dependencia orgánica directa del presidente que en 2026 contará con un 8% más de fondos propios del Gobierno gallego, aunque en total verá contraído su peso presupuestario un 14%, hasta los 122,75 millones de euros, por la reducción de los fondos europeos de recuperación.

Según las cuentas de la Axencia Turismo de Galicia para el año próximo, presentadas esta semana al Parlamento dentro del proyecto de Presupuestos Generales 2026, la entidad manejará 125,92 millones de euros. El grueso de este montante procede de transferencias de la Xunta que se complementan con otros tres millones de vías como el cobro de tasas y servicios. La parte fundamental son fondos propios del Gobierno gallego, 101,38 millones (un 8% más) que se unen a 14 millones de fondos europeos de recuperación, un 68% menos que en 2025.

El resultado de esta merma de fondos europeos de recuperación —parcialmente compensada, no obstante, por un incremento de los fondos FEDER de 3,5 a 7 millones— es, sobre todo, que Turismo de Galicia va a destinar sustancialmente menos a su “plan de desarrollo de un turismo sostenible en el ámbito local”. Se trata de un proyecto que en 2025 implicó presupuestar 12,8 millones para transferir a los ayuntamientos y que en 2026 queda en apenas dos millones.

Mientras, las aportaciones a empresas privadas del sector turístico apenas se resienten. Si en 2025 recibían 31,5 millones por dos vías, un “plan de choque para el refuerzo del sector turístico” (28,3 millones) y otro de “eficiencia energética de las infraestructuras turísticas” (3,2 millones), en 2026 contarán con 30,8 millones para “medidas de sostenibilidad y dinamización del sector turístico”.

Y, lejos de disminuir, incluso aumenta la aportación anual de la Axencia de Turismo a la Sociedad Anónima de Xestión do Xacobeo, la empresa pública que gestiona los albergues de la Xunta, un modelo cuya sostenibilidad económica acaba de ser abiertamente cuestionada por el Consello de Contas. En 2025 recibió 5,3 millones por esta vía y en 2026 serán 6,5 millones de euros.

Casi el 40% de los centros de enseñanza de Galicia reconocen que en las aulas se usa más castellano de lo que establece el decreto del plurilingüismo, un porcentaje que en el caso de los de ESO, Bachillerato y FP se eleva aún más. La mitad de los institutos asume que no se cumple con la lengua vehicular asignada y que el empleo de la lengua castellana es superior incluso a lo que marca la polémica norma.

Estos son algunos de los datos que se extraen del informe del Consello da Cultura Galega (CCG) que supone el primer análisis detallado de la labor de los Equipos de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) en los centros de enseñanza. El estudio parte de los datos obtenidos a partir de un cuestionario contestado por una elevada muestra representativa de 420 colegios e institutos de toda Galicia.

En el documento se analiza, entre otros aspectos, la percepción de las y los coordinadores de estos equipos sobre el cumplimiento de la lengua vehicular asignada en el Plan Lingüístico de Centro (PLC) o la contribución a la normalización del decreto del plurilingüismo, que comenzó a aplicarse hace ahora 15 años. Los resultados permiten arrojar luz sobre una realidad denunciada pero tantas veces escondida: en muchos centros de enseñanza ni siquiera se cumplen los mínimos para el gallego que marca el decreto y se imparten más horas en castellano de las que establece la norma.

Al inicio de aquel curso 2010-11, los centros de enseñanza no universitaria en Galicia comenzaron a aplicar el Decreto 79/2010, que regula desde entonces la distribución de los idiomas vehiculares en las aulas. La contestada normativa reducía la presencia del gallego, lo vetaba en varias materias de ciencias y derogaba el anterior decreto, que garantizaba un “mínimo” del 50% de la docencia en lengua gallega. Rompía así con lo estipulado por el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega, aprobado por unanimidad en 2004 en el Parlamento, y por la Ley de Normalización Lingüística.

Feijóo aludió a un “conflicto lingüístico sin precedentes” y a una supuesta “imposición” para aprobar desde la Xunta un decreto recibido con duras críticas, masivas manifestaciones y dictámenes judiciales en contra que le impidieron aplicar algunas de las medidas más controvertidas.

Porque por primera vez en la historia de la autonomía, el PP primero y el Gobierno gallego después enviaron el mensaje de que la normalización del gallego había ido demasiado lejos. Aquel discurso caló, sobre todo entre la gente joven, como acreditaron análisis detallados del Consello da Cultura o de la Real Academia Galega.

Los prejuicios contra el gallego acentuaron un retroceso que hace un año el IGE plasmó con crudeza al constatar que el castellano ya es el idioma predominante en Galicia o que el número de gallegohablantes entre la chavalería y la juventud cae a mínimos históricos, lo que llevó a la Academia a advertir de que el gallego está cerca del “umbral del colapso”.

La RAG y muchas otras entidades, instituciones o partidos señalan el decreto del plurilingüismo —y también los prejuicios fomentados para justificarlo— como una de las claves que explican el declive en el uso de la lengua propia. Pero también advirtieron durante años de que la ya recortada y mínima presencia del gallego en las aulas —un máximo de un tercio del total de horas de clase y/o siempre equilibrado con las horas en castellano— era aún menor de la que marcaba la norma. Un estudio de la Academia corroboró, por ejemplo, que la presencia del gallego era “residual” en los centros privados. Estaba basado en una muestra de 26 centros y casi 600 chicos y chicas de 4º de ESO en el curso 2018-19. El informe del CCG abarca los centros de enseñanza de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP y se basa en las respuestas obtenidas en 420 centros sobre un universo de unos 1.290 entre abril y mayo del pasado año.

Los datos recogidos señalan que un 37,6% de los EDLG indica que “se usa más la lengua castellana de lo que está establecido, lo que revela una desviación significativa con respecto al PLC”, y que solo un 3,6% de los consultados perciben que se utiliza más gallego de lo previsto en la planificación. Un 58,8% considera que sí se cumple con la lengua vehicular establecida en el Plan Lingüístico de Centro, documento pedagógico-administrativo donde los centros, además de otros datos, deben especificar la distribución lingüística curricular atendiendo siempre a los criterios que marca el decreto.

El análisis por provincias muestra, además, un mayor grado de cumplimiento en la de Lugo (73,2%) y en la de Ourense (69,2%), que en la de A Coruña (55,3%) y Pontevedra (54,9%), estas dos últimas por debajo de la media general (58,8%). En el caso del territorio pontevedrés, destaca por el mayor incumplimiento debido al uso excesivo del castellano (43,9%).

Como destaca el estudio, la presencia de centros que usan más gallego de lo establecido “es muy reducida en todas las provincias”, con cifras anecdóticas. Salvo en A Coruña (7,5%), “donde se registra el valor más elevado en este sentido”.

Pero las mayores diferencias, y “especialmente reveladoras”, dice el texto, se dan según el entorno donde estén situados los centros. En el ámbito rural, el 73,3% de los EDLG consultados asegura que se cumple lo previsto en el PLC, mientras que este porcentaje baja a un 57,4% en el semiurbano y a un 47,7% en el urbano. La tendencia inversa se observa en el uso excesivo del castellano: en los centros urbanos, el 51% señala que se emplea más castellano del establecido, frente al 38,2% en los semiurbanos y solo el 21,4% en los rurales. “El uso superior del gallego al previsto en el PLC es también más común en el rural (5,3%), pero sigue siendo una realidad minoritaria”, indica el análisis.

Así pues, más de la mitad de los centros de enseñanza de las ciudades reconocen que se emplea más castellano del establecido, frente a un 48% que dice que se cumple con el plan lingüístico y, por tanto, con el equilibrio entre lenguas que marca el decreto.

Por otra parte, los datos teniendo en cuenta el nivel educativo son también muy reveladores. Los centros de Infantil y Primaria presentan el mayor grado de cumplimiento (67,8%), seguidos por los centros mixtos (62%). Sin embargo, son los de Secundaria, Bachillerato y FP los que muestran “los peores resultados”: solo el 44,9% de los EDLG de estos centros asegura que se cumple con el plan lingüístico de centro y más de la mitad (el 50,3%) “indica un uso superior del castellano al previsto”.