El Cuerpo de Letrados de las Cortes acaba de recibir dos fichajes inesperados. Se trata de los históricos diputados Ignacio Astarloa (PP) y Diego López Garrido (PSOE), que han vuelto a sus puestos de funcionarios ganados por oposición después de haber estado en excedencia durante 15 y 25 años, respectivamente, porque en su día dieron el salto a la política. La decisión ha llamado la atención a una parte de los letrados de las Cortes, ya que en el Cuerpo se daba por hecho que ambos habían renunciado hace tiempo a volver a ejercer su profesión dadas sus dilatadas trayectorias políticas.

Ignacio Astarloa llevaba en excedencia desde el año 2000, cuando José María Aznar lo llamó para ser primero subsecretario de Justicia y después secretario de Estado de Seguridad. A partir de 2004 empezó a concurrir a las elecciones generales en las listas del PP, consiguiendo ser diputado en tres legislaturas consecutivas y trabajando también en la Fundación FAES, el think tank del PP, hasta que el Gobierno de Ignacio González lo fichó para ser el presidente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Un puesto que había estado desempeñando desde finales de 2014 hasta diciembre del año pasado, cuando dicho organismo fue suprimido. Como letrado, fue secretario general del Congreso –y letrado mayor de las Cortes–, el puesto más alto que se puede alcanzar en esta profesión, entre 1988 y 1996.

López Garrido, por su parte, se cogió la excedencia en 1990 porque decidió incorporarse como independiente a Izquierda Unida, partido con el que consiguió ser diputado por primera vez en 1993. Desde IU fundó la formación Nueva Izquierda, que posteriormente se escindió de su partido original para más tarde fusionarse con el PSOE. López Garrido, con la excepción del periodo comprendido entre 1996 y 1999, había sido diputado de forma ininterrumpida hasta las últimas elecciones generales, comicios a los que no concurrió. Fue secretario de Estado para la Unión Europea en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011) y en la anterior legislatura era el portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso.

El 'color' de los letrados

Los casos de Astarloa y López Garrido, que han preferido no hacer declaraciones a infoLibre, para nada son una excepción dentro de este cuerpo de funcionarios de élite, no al menos en lo que se refiere a letrados que deciden acogerse a la situación de servicios especiales para dar el salto a la política, ya sea para hacer un trabajo puntual o de forma prolongada.

Quizá el caso más conocido fue el del exministro franquista y fundador de Alianza Popular –actual PP–, Manuel Fraga; aunque hay otros muchos. De hecho, en la actualidad, hay cuatro letrados ocupando cargos en el Gobierno en funciones. Se trata del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo –que ha sido eurodiputado durante dos décadas con el PP y ahora acaba de salir elegido diputado en el Congreso por Palencia–, así como del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez; el director de Relaciones con las Cortes, Ignacio Carbajal; y la delegada para Violencia de Género, Blanca Hernández. El salto a la política en este cuerpo es, por tanto, muy habitual. Algo que los letrados ven lógico teniendo en cuenta los lazos personales y profesionales que se crean en el trabajo diario con los parlamentarios.

En estos casos, los letrados mayores del Congreso y del Senado suelen asignar comisiones de relevancia menor a los letrados con un marcado color político para intentar preservar el carácter independiente del Cuerpo y evitar que haya parlamentarios que puedan mostrar dudas sobre la objetividad de sus informes y observaciones jurídicas. Este también ha sido el caso de Astarloa y López Garrido. Al primero se le ha asignado la Comisión de Cultura en el Congreso; y al segundo, las comisiones de Medio Ambiente y de Asuntos Iberoamericanos en el Senado.

En el Cuerpo de Letrados hay cierto debate sobre si se debería prohibir que un miembro en activo pueda estar afiliado a un partido político. Todos coinciden en que seguramente sería anticonstitucional; pero al mismo tiempo hay algunas voces que consideran que, por cuestión de imagen, un letrado no debería estar afiliado a ningún partido. Otros, sin embargo, defienden la situación actual con el argumento de que, fuera de las Cortes, tienen derecho a significarse políticamente como cualquier otro ciudadano.

Sueldo de 70.000 euros

Los letrados de las Cortes son un pequeño cuerpo de funcionarios de élite que está fuera de la Administración del Estado, ya que pertenecen al Congreso y al Senado. Su trabajo tiene una doble vertiente. Por un lado, ejercen labores administrativas como la gestión presupuestaria de las Cortes Generales o la contratación de personal, todo ello con el visto bueno de las respectivas Mesas. Y, por otro, actúan de asesores de diputados y senadores, sin entrar en valoraciones sobre contenidos políticos sino solo sobre cuestiones jurídicas, dando cuenta a los parlamentarios de posibles defectos de forma en proyectos y proposiciones de ley, así como de si estos pueden chocar con normas ya vigentes o de rango superior. Su trabajo en este sentido era muy relevante hasta los años ochenta, aunque ahora perdido importancia dado que desde entonces los partidos empezaron a contratar a un importante número de asesores de su confianza.

El Cuerpo cuenta en la actualidad con alrededor de 60 funcionarios en activo. A él se accede a través de una oposición que está considerada una de las más duras de España –se la suele comparar con la de abogado del Estado–. Según fuentes de la administración parlamentaria, un letrado raso, es decir, que solo trabaje en comisiones y que no tenga ninguna dirección a su cargo, cobra unos 70.000 euros brutos al año.

El diputado del PP Ignacio Astarloa deja su escaño para incorporarse el Gobierno de la Comunidad de Madrid como presidente del Consejo Consultivo. Llevaba distanciado de la dirección nacional del partido desde los meses previos al congreso nacional de 2008 tras posicionarse junto a María San Gil. 

El anuncio de su fichaje por el Gobierno de Ignacio González fue hecho este jueves tras la reunión de los consejeros de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad diputado por Madrid, Ignacio Astarloa ocupó también escaño en la Cámara Baja por Vizcaya en pasadas legislaturas. Su relación con la actual dirección nacional del PP se quebró en los meses previos al XVI Congreso Nacional celebrado en Valencia en 2008. En un comunicado difundido a los medios en pleno cónclave, el por entonces secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del partido anunció su dimisión de este cargo y de la portavocía de Justicia en el Congreso de los Diputados.

En los días previos, Astarloa había manifestado su desacuerdo con la marcha de María San Gil y con la estrategia diseñada por Mariano Rajoy para el PP.

Desde 2012 es director de Constitución e Instituciones de FAES, la fundación que preside José María Aznar.

Misión y funciones

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid es el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración autonómica, así como de las corporaciones locales y de las universidades y demás entidades de derecho público de la región. Goza de autonomía orgánica y funcional y los asuntos que conoce el Consejo no pueden ser sometidos al informe posterior de ningún otro órgano o institución. Dichos asuntos tratan, entre otros, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, contratación administrativa, revisión de oficio de actos administrativos o proyectos de reglamentos. Emite sus opiniones a través de dictámenes.

El fichaje de políticos de la órbita de María San Gil y Jaime Mayor Oreja no es poco frecuente en la Comunidad de Madrid. Bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, se fichó a Nerea Alzola para dirigir la empresa pública Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente). Alzola fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Sondika (Vizcaya). El ahora integrante de Vox Santiago Abascal también tuvo dos cargos vinculados a la Comunidad. Primero fue presidente de la Agencia de Protección de Datos. Después fue el máximo responsable de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales. Este órgano está actualmente en fase de disolución.