Un adjetivo significativo: "Determinante". Alberto Ruiz-Gallardón, cuando le tocaba entonar la preceptiva semblanza del nuevo presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, empleó un término que, en el mundo judicial, dice mucho, tal vez demasiado, de lo que será el VII mandato del órgano de gobierno de la Justicia (2013-2018). Lesmes, aseguró ayer lunes el ministro a la prensa, "por vocación, preparación y conocimiento, experiencia y voluntad", será "determinante" en todas las reformas que la Justicia aborde en el futuro. 

"Claro, va a ser una pieza más, la correa de transmisión del Gobierno en el CGPJ. Eso es lo que quiere decir el ministro, y para eso lo ha elegido. Y por eso conocíamos que era el favorito desde hace un año. Con una persona de la confianza del PP y un Consejo con menos funciones, no habrá ni independencia ni separación de poderes", opina con amargura Ángel Dolado, portavoz de Foro Judicial Independiente, una de las tres asociaciones judiciales que han combatido con dureza la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por Gallardón –y recurrida por el PSOE–, la misma elección de los 20 vocales del CGPJ y, por descontado, la designación de Lesmes, de quien esperan que actúe como una "sucursal" del Gobierno. La cuarta, la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que es cercano, aunque no está asociado, no le pone pegas y se declara "altamente satisfecha" con su nombramiento. 

La advertencia, de largo aliento, lanzada por buena parte de la carrera de que se inaugura una nueva era de un CGPJ aún más "politizado" que de costumbre, parece concentrarse en el nuevo presidente. Porque Carlos Lesmes Serrano (Madrid, 1958), aparte de conservador y ultrarreligioso, es el primer presidente del Consejo –y del TS, que ambos cargos van aparejados– que ha sido alto cargo del Gobierno central. Ninguno de los siete presidentes anteriores ha formado parte del Ejecutivo central. Ninguno. Sólo podría hacerse una pequeña salvedad: Gonzalo Moliner, el presidente saliente, fue durante un brevísimo periodo –febrero a julio de 1995– director general de Justicia de la Generalitat Valenciana, nombrado por el socialista Joan Lerma. 

En la comisión para la reforma de la ley

La pertenencia de Lesmes a los Gobiernos de José María Aznar ha sido recurrentemente citada en las últimas semanas, cuando su nombre ganaba fuerza como presidente del TS y del CGPJ, antes incluso de que los 20 vocales fueran formalmente elegidos por las Cortes Generales. Su trayectoria política, fuertemente ligada al PP, no puede considerarse una anécdota en su carrera: fue director general de Objeción de Conciencia en la primera legislatura primero (1996-2000) –encargado del programa de la prestación social sustitutoria en todo el Estado– y director general de Relaciones con la Administración de Justicia (2000-2004) después. En ambas ocasiones, encuadrado en el Ministerio de Justicia, con Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila. Ocho años en total, frente a los 11 que ha ejercido de forma activa como juez y magistrado. En esos años, Lesmes compatibilizó su condición de alto cargo con el puesto de consejero en las empresas públicas Remolques Marítimos (1996-2003) e Infoinvest (2003-2004) y en la compañía privada Aceites del Sur-Coosur (2000-2002), según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

Lesmes, tal y como consta en su currículum colgado en la web del CGPJ [ver aquí en PDF], ingresó en la carrera fiscal y judicial en 1984, pero prefirió ejercer la primera hasta 1993. En ese año, dejó el Ministerio Público –había estado destinado en la Audiencia Provincial de Alicante, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ante el Tribunal Constitucional–, tras superar las oposiciones a magistrado especialista de lo contencioso-administrativo. Desde entonces, pasó por diferentes tribunales: magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (1993-1996) y presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (2005-2010), presidente en funciones de la Audiencia (septiembre de 2008 a abril de 2009). En febrero de 2010, el CGPJ le promovió como magistrado de la Sala Tercera, la de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo. Desde este puesto salta al máximo escalafón del TS y del Consejo. 

Otro apunte biográfico le liga con el PP y con Gallardón directamente: el Ejecutivo de Mariano Rajoy le integró en la Comisión Institución para la elaboración de la reforma de la LOPJ y de la demarcación y planta judicial, en marzo de 2012. 

De los siete anteriores presidentes, ninguno tenía un perfil tan marcadamente político. El primero de la democracia, Federico Carlos Sainz de Robles Rodríguez (1980-1985), había ejercido de juez toda su vida, excepto tres años (1974-1977) en los que se dedicó a la abogacía. Antonio Hernández Gil (1985-1990), era un eminente jurista que en 1977 fue nombrado senador por designación real y presidente de las Cortes Constituyentes (1977-1978), y su labor fue elogiada por todos los grupos políticos. Felipe González lo eligió para presidir el Tribunal de Cuentas en 1982 y, de ahí emigró al CGPJ. El tercer presidente, Pascual Sala (1990-1996), era magistrado del TS y había sido consejero y presidente del Tribunal de Cuentas. Javier Delgado (1996-2001), el primer jefe del órgano de gobierno de los jueces promovido por Aznar, era magistrado del TS, igual que su sucesor, Francisco José Hernando Santiago (2001-2008), que falleció el pasado 28 de noviembre y dejó una vacante en el Tribunal Constitucional. Carlos Dívar (2008-2012), el primer presidente Supremo que dimitió de su cargo en 200 años de historia, llegó a la institución procedente de la Audiencia. Con Moliner, en cambio, se recuperó la tradición de designar a un magistrado del TS. 

Pilar Teso, posible vicepresidenta

La nueva LOPJ de Gallardón restringe las posibilidades de candidatos. Porque sólo podrán alcanzar la cúspide del gobierno de los jueces aquellos que sean magistrados del Supremo o juristas de prestigio con 25 años de experiencia. 

Lesmes fue elegido ayer lunes por el pleno del nuevo CGPJ por 16 votos. Su compañera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Pilar Teso Gamella, propuesta por el sector progresista, recabó cuatro votos. Ella se perfila como vicepresidenta del Supremo, un puesto de nueva creación. Teso trabajó como asesora en el Gabinete del exsecretario de Estado Luis López Guerra, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su elección dependerá en todo caso de Lesmes, que es quien debe postularla ante el pleno del Consejo. 

El nuevo jefe del TS aterriza en el cargo precedido por resoluciones polémicas y conocidas. Así, fue ponente de la sentencia que impidió que la formación abertzale Sortu se inscribiera en el Registro de Partidos. El fallo generó una de las mayores divisiones en el Supremo: nueve jueces de los 16 que componían la Sala Especial del 61 votaron a favor de la ilegalización –entre ellos, claro, Lesmes– y los otros siete, en contra. La decisión fue tumbada posteriormente por el Tribunal Constitucional. 

También fue ponente de la sentencia que anuló parcialmente el indulto al vicepresidente del Santander, Alfredo Sáenz –medida de gracia concedida por Zapatero–, y lo iba a ser de la resolución sobre el indulto al kamikaze de Valencia. Pero como él estaba a favor de la medida de gracia –y, por tanto, del lado del Gobierno, justo cuando su nombre figuraba como favorito en las quinielas al CGPJ–, y contaba con la oposición de sus compañeros, la ponencia pasó a Rafael Fernández Valverde, nuevo vocal y el encargado ayer, por cierto, de anunciar oficialmente la designación de Lesmes, como miembro de mayor edad. 

"Malísimo precedente" de futuro

Las asociaciones judiciales no se pronuncian sobre su actividad jurisdiccional, pero sí sobre su pasado político y sobre la composición del Consejo. Los tres colectivos minoritarios –Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y la progresista Jueces para la Democracia (JpD)– comparten la idea de que el nuevo CGPJ, y su presidente, nacen "muertos", lastrados por la "politización" y controlados directamente por Gallardón. Sólo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) aplaude el procedimiento. 

Para Marcelino Sexmero, portavoz de la moderada AJFV, con la elección de Lesmes se sienta un "malísimo precedente", con el que el ministro quiere hacer ver cómo concibe el órgano de gobierno de los jueces. Este magistrado recuerda que la nueva LOPJ desprovee a los 20 vocales de la dedicación exclusiva que siempre han tenido. A partir de ahora, quienes se volcarán por completo en la tarea de dirección del Poder Judicial será la Comisión Permanente, compuesta por el presidente y cinco vocales –tres del turno judicial y dos del cupo de juristas–. "Este será el Consejo más presidencialista de todos los que ha habido y para él se elige a una persona que ha sido alto cargo de los Gobiernos del PP", critica.

Ángel Dolado, de FJI, subraya que todo responde a una "estrategia programada por Gallardón" para hacerse con un Poder Judicial que pretende que sea dócil y no beligerante. "¿Qué reivindicaciones va a hacer? Lo van a tener muy difícil los jueces y los ciudadanos", tercia. Él es de los que define al Consejo como "delegación" o "sucursal obediente" del Ministerio de Justicia y de los que denuncia a las claras la "puerta giratoria", el tránsito de ida y vuelta de la política a la Justicia que sólo contribuye a mermar el prestigio de esta. Dolado se confiesa "desilusionado" por el hecho del PSOE, que impugnó la ley ante el Tribunal Constitucional, luego accediera al "reparto de cromos", al reparto de sillas del Poder Judicial. Y con el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba, que se hizo con siete de los 20 sillones, IU, CiU y PNV, cada una agraciado con un puesto. Este portavoz lo atribuye a los casos de corrupción, ya que ese pacto persigue que estos escándalos "mueran de inanición". 

Defensa de la APM

Joaquim Bosch, portavoz de JpD, no ve tantas "objeciones" al hecho de que un ex alto cargo pase a presidir el Supremo y el CGPJ. Pero el problema, advierte, es la combinación de varios factores más: el cambio de la ley, la forma de elección nada "autónoma" por parte de los vocales. Ahí está el fallo de raíz, conviene. Discrepa Pablo Llarena, el representante de la APM: "No tengo duda de que a Lesmes lo han elegido libremente los vocales del Consejo. Más allá de que su nombramiento pueda satisfacer a unos u a otros, no habría salido elegido si no hubieran estado de acuerdo la mayoría de los miembros del CGPJ". Lesmes necesitaba al menos el respaldo de 12 de los 20 vocales para salir designado en primera votación. Tuvo más: 16, lo que confirma que le votó parte del sector progresista.

Llarena cree que Lesmes reúne los "requisitos" imprescindibles para ser presidente. Los otros portavoces, más que censurar su corta carrera en el Supremo, le afean su trayectora más "política que jurídica" –en palabras de Sexmero– y deslizan que, en todo caso, había tal vez "otras personas con más capacidad" que él, y al que habrían de haberlo nominado los vocales del Consejo "sin interferencia política" (Bosch). 

El pasado como fiscal de Lesmes sirve a algunos para justificar una carencia histórica: este CGPJ no tiene entre sus miembros a ningún representante del Ministerio Público. La APM reconoce que habría sido de "agradecer" que los partidos hubieran "impulsado" el nombramiento de un fiscal de carrera. No obstante, el nuevo presidente, "seguro que tendrá presentes todas las necesidades de la Justicia en su conjunto". Para FJI, AJFV y JpD, no es así. "Lo importante es que sea fiscal en el momento de ser nombrado, no que lo fuera hace 20 años", dice Sexmero. Bosch argumenta que el "error" se debe al "reparto de cuotas" de los partidos, al procedimiento de elección de los vocales en el que no se tuvo en cuenta el perfil "conjunto de la institución". Dolado echa de menos que no haya ningún representante del colectivo de procuradores, también fundamentales en el mundo judicial. 

Lesmes, que ayer pasó por la sede del CGPJ para saludar a los compañeros que le habían aupado al cargo, tendrá que jurar o prometer su cargo este miércoles, 11 de diciembre, ante el rey en la Zarzuela, a las 16.30 horas. Será entonces cuando el reloj se ponga oficiamente en marcha. El nuevo CGPJ y su presidente comienzan así su mandato en el centro de la polémica. Sin una visión pacífica. La APM defiende que Lesmes responde a la "expectativa de un CGPJ comprometido con la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Justicia en España". Pero para el resto de la carrera, el Consejo y su jefe llevan la marca de la "politización" impresa a fuego, y cunde la sensación de que será un órgano más "teledirigido" por el Gobierno que nunca, con menos capacidad para convertirse en un "contrapoder" del Ejecutivo y alzar la voz de los jueces. Quedan cinco años por delante para saber si la profecía se cumple. 

La Mesa de la Cámara baja ha delegado la decisión en su presidente, Jesús Posada, que para fijar el nuevo plazo sólo está a la espera de recibir la petición de prórroga que deben presentar este lunes los cuatro grupos que negocian el acuerdo (PP, PSOE, CiU y PNV), según se informó Europa Press en fuentes parlamentarias.

El órgano de gobierno de los jueces, que está en funciones desde el 24 de septiembre, debe renovar sus 20 plazas más la presidencia que actualmente ocupa Gonzalo Moliner. El Congreso y el Senado tienen que elegir a 12 vocales de entre jueces y magistrados de carrera, seis por cada Cámara, así como a otros ocho vocales, cuatro y cuatro, de entre juristas de reconocida competencia.

Para las doce plazas reservadas a magistrados, las mesas de ambas Cámaras recibieron antes del verano la lista con los 54 candidatos promovidos por asociaciones y miembros de la carrera judicial. Los partidos deben proponer además ocho vocales y sus suplentes de entre juristas de reconocido prestigio, proceso que se abrió el pasado día 10 de septiembre y que ya se ha ampliado en cuatro ocasiones, y la de este martes será la quinta. Esta nueva prórroga ha sido promovida por el PSOE, alegando falta de acuerdo con los conservadores y una afección gripal del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Las conversaciones "van muy bien"

La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, ha justificado este nueva ampliación del plazo alegando que "razones técnicas" hacían necesario "unos días más" para cerrar el acuerdo, pero ha restado importancia a esta nueva prórroga y ha explicado que no hay previsión de que Rubalcaba se reúna con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estos días para sellar ese pacto. "Lo importante es que la Cámara y los grupos parlamentarios podamos trabajar para llegar a una elección conjunta por parte del Congreso y que el Congreso pueda cumplir con sus competencias y proceder a esta importante elección del CGPJ", ha apuntado.

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, mantiene que para su partido ese acuerdo es "tan importante" que habrá que dedicarle todo el tiempo que precise y por ello han aceptado la prórroga pedida por los socialistas. A su juicio las conversaciones "van muy bien" y el PP podría haber cerrado el acuerdo hace una o dos semanas y no tiene constancia de que haya problema con ningún nombre. "El camino del acuerdo va muy bien, pero si necesitan una semana más, pues no vamos a poner el plazo como condición", ha remarcado.

CiU urge a la renovación

Desde CiU, el secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Jordi Jané, ha dicho esperar que la renovación pueda cerrarse durante la nueva semana de plazo que se van a dar los grupos. "Lo deseable es que la Cortes cumplan los plazos y cumplir los plazos es renovar ya los vocales que han agotado su mandato de cinco años", ha urgido el diputado nacionalista.

Jané, ha apuntado que el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida se ha "implicado activamente" en las negociaciones, pero no ha querido hablar de nombres. Los nacionalistas catalanes van a proponer como candidata a vocal del CGPJ a la diputada convergente Mercè Pigem, según confirman fuentes de la federación, que dan por hecho un acuerdo con el PP. Aunque cada Cámara es autónoma para seguir este proceso de renovación, fuentes parlamentarias explicaron que Congreso y Senado van a procurar seguir los mismos criterios y que el proceso sea paralelo.

Sin embargo, la reforma de la ley del CGPJ impulsada por el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ha introducido un cambio y es que el Consejo se puede dar por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir sus diez vocales con como mínimo tres quintas partes de los votos. Esto es algo que el PP puede hacer unilateralmente en el Senado, donde cuenta con una amplísima mayoría, aunque no en el Congreso.

Del recurso a negociar un pacto

Ese cambio fue muy criticado por el PSOE, que incluso lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero ello no ha impedido abrir un proceso de negociación. Soraya Rodríguez ha insistido en que el PSOE mantiene vivo el recurso contra una norma que cree "claramente inconstitucional". "No nos cabe ninguna duda, rompe el consenso sobre el Pacto de la Justicia, rompe las normas de juego en relación a la elección del Consejo por parte de las dos Cámaras y rompiendo la mayoría necesaria en el Senado", ha indicado.

Pero, según ha defendido, "más allá de eso, mientras no sea declarada inconstitucional, está vigente" y, por eso el Grupo Socialista "cumple con la obligación que el corresponde" y negocia para poder proceder a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Con esta nueva prórroga, el calendario inicialmente previsto ha saltado por los aires. Según la previsión inicial, los nombres iban a darse a conocer este lunes para examinar a los candidatos esta semana en las respectivas comisiones consultivas de nombramientos y poder votarlos en sendas sesiones plenarias del Congreso y del Senado la próxima semana para que pudieran tomar posesión antes de que el rey se someta a la intervención quirúrgica. Alonso ha reconocido que ya no dará tiempo a rematar todos los trámites antes del día 21, con lo que la toma de posesión de los vocales tendrá que esperar a que el monarca se recupere, lo que puede tardar unas semanas. En consecuencia, también se pospone la elección del presidente del CGPJ, ya que debe ser votado por los 20 nuevos consejeros.

Ni "cómplice" ni "convidado de piedra"

IU, mientras, se siente molesta por no haber sido siquiera llamada por el Gobierno más que al principio de las conversaciones, hace dos meses. Así, el portavoz parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, ha acusado este lunes a PP y PSOE de resucitar el bipartidismo "más rancio" para pactar la renovación del CGPJ entre ellos y con los nacionalistas catalanes y vascos, "marginando" a la tercera fuerza política del país. En ese contexto, ha advertido de que la federación de izquierdas no irá en el "sidecar" de ese acuerdo ni será "convidada de piedra".

Centella ha tachado de "vergüenza" que conservadores y socialistas estén llevando a cabo una negociación "oscura" en torno al nuevo órgano de gobierno de los jueces con el único objetivo, a su juicio, de "aislar" a IU, como ya hicieron al inicio de la legislatura al dejarles sin sitio en el Mesa del Congreso. En todo caso, el número dos de IU ha avisado de que su partido no va a entrar "por la puerta falsa" ni va a ser "cómplice" ni "convidado de piedra" en la parte final de la negociación de los nuevos integrantes del CGPJ, cuyos nombres, según ha remarcado, deberían haberse discutido entre todos los grupos políticos para que no respondan a "una cuota partidaria".

"Eso no son métodos", ha enfatizado el portavoz parlamentario de la Izquierda Plural, quien ha dejado claro que si alguien tuviera la "tentación" en los últimos días de que IU formara parte de este "cambalache", que no cuente con ellos, ni tan siquiera si la oferta viene de la mano del PSOE. "Es el Gobierno quien tiene que negociar, no los intermediarios", ha zanjado.

En términos similares se ha expresado su compañero de grupo y diputado de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Coscubiela, quien considera una "barbaridad" el "reparto de cuotas" de los órganos constitucionales por parte de los partidos mayoritarios. En concreto, ha cargado contra el PSOE, al que ha afeado que 'vendiera' este fin de semana que "ha vuelto" y que lo haya hecho sólo "para hacer lo mismo".