El expresidente catalán Carles Puigdemont ha decidido reasignar roles en la dirección de Junts per Catalunya, situando a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, mientras que Mònica Sales lo relevará como presidenta del grupo en el Parlamento de Cataluña.

Diputado en el Parlament desde 2012 y considerado próximo a Puigdemont, Batet pasará a ser orgánicamente la mano derecha del presidente de la formación, con el objetivo de "reforzar la interlocución" con el tejido empresarial, los sectores productivos, las patronales, los sindicatos y el conjunto de agentes económicos, según ha indicado la formación independentista en un comunicado.

Batet se encargará también de "hacer de enlace de la Presidencia con el órgano de coordinación de la acción institucional" y de "gestionar todos los aspectos políticos y de relaciones institucionales que el president Puigdemont considere oportuno".

Ya antes de verse catapultado a la presidencia de la Generalitat en 2016, Puigdemont -entonces alcalde de Girona- mantenía una excelente relación con Batet, exalcalde de Valls (Tarragona).

Hacía tiempo, según señalan fuentes de JxCat a EFE, que Puigdemont sugería aplicar el cambio confirmado este lunes: que Batet dejara la presidencia del grupo parlamentario para dar una oportunidad a una cara emergente y asumiera una nueva función en el partido, tal y como ha decidido la dirección permanente de JxCat, reunida este lunes en Waterloo (Bélgica).

Batet, que presidía el grupo desde septiembre de 2019 y que continuará como diputado en la cámara catalana, será el director de campaña para las próximas elecciones a las Cortes y al Parlament, por lo que fuentes del partido lo describen como nuevo "hombre fuerte".

La nueva distribución de funciones sitúa a Batet en una posición de relieve en la cúpula de un partido que, junto a Puigdemont, hasta ahora comandaba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que según las fuentes consultadas se seguirá encargando del "día a día" de la formación, además de preparar las elecciones municipales.

El movimiento de piezas implica que el puesto de portavoz parlamentaria que deja vacante Mònica Sales lo asuma Salvador Vergés, que se incorporará a la dirección permanente de JxCat junto a Jeannine Abella, que continuará ejerciendo de portavoz adjunta en la cámara catalana.

La incertidumbre en torno a la legislatura española y el posible retorno de Puigdemont tras el informe de la semana pasada del abogado general de la Unión Europea ha propiciado esta "reorganización de responsabilidades para reforzar el proyecto político del partido", ha argumentado JxCat en un comunicado.

Por su parte, Sales pasará ahora a ser la máxima responsable de Junts en el Parlamento de Cataluña, donde ha ejercido como portavoz desde junio de 2021.

Considerada como uno de los valores de futuro dentro del partido, Sales (Tortosa, 1983), fue la cabeza de lista de JxCat por Tarragona en las últimas elecciones al Parlament, formación a la que entró a militar procedente del PDeCAT cuando se fundó.

En un mensaje en X tras conocerse su nombramiento, Sales ha agradecido a Puigdemont, Turull y Batet la confianza para ocupar el nuevo cargo.

"Es un honor asumir la presidencia de JxCat en el Parlament. Afronto el reto con responsabilidad y plena voluntad de servicio al país. Trabajaremos por hacer el trabajo bien hecho y en equipo, como hasta ahora", ha agregado Sales en X.

Este domingo, el periódico La Vanguardia publicaba esta encuesta de Ipsos con intención de voto para elecciones autonómicas en Cataluña. Lo que venía gestándose hace años ha emergido en números: Junts se desangra en beneficio de Aliança Catalana y Vox ya pasa al Partido Popular. Entre los dos partidos de ultraderecha sumarían 35 escaños, uno menos que el PSC, que se mantiene en primera posición, pero a la baja, perdiendo tres puntos y 6 escaños.

Aliança Catalana sería primera fuerza en escaños en Girona y Lleida, antaño plazas fuertes de los convergentes, que pierden nada menos que 8 puntos y 14 diputados. Los ultracatalanistas reciben uno de cada 5 votos de los que obtuvo Junts en las pasadas elecciones, y cosechan apoyos de todas las edades, mientras que Vox lo hace, fundamentalmente, entre los jóvenes, que lo eligen como primera fuerza hasta los 34 años y gana apoyos en las franjas hasta 54. Podría decirse que la prueba de que el eje nacionalista sigue vivo en Cataluña es que a ambos lados han crecido partidos ultras: ultraespañolista y ultracatalanista.

El mapa de la encuesta de Ipsos deja una Cataluña ingobernable, pero no hay elecciones a la vista, el marco electoral aún no se ha activado y variaciones en uno u otro sentido podrían alumbrar alguna mayoría; siempre compleja y precaria por lo fragmentado del parlamento, pero alguna posibilidad. Por eso, más que mirar los números concretos y los escaños, hay que enfocar el fondo de la cuestión.

El Procés terminó, y el post-procés, sea lo que sea eso más allá de la normalización, no está consiguiendo poner en marcha un proyecto político que dé respuestas a los descontentos de hoy. En ese sentido, Cataluña ya se ha normalizado, ya vota como tantas otras democracias, con una peculiaridad: a las fuerzas de ultraderecha españolistas se unen fuerzas de ultraderecha catalanistas, que comparten más de lo que parece. En primer lugar, la inmigración como bandera. No en vano, según esta encuesta, la inmigración es el tercer problema para los catalanes, a sólo dos puntos de los dos primeros, que son “La política” y la vivienda. La preocupación por los migrantes se ha multiplicado por cuatro en el último año. En efecto, los ultras están ganando la batalla del marco. El segundo tema que comparten es la antipolítica, primera preocupación junto con la vivienda. El rechazo a la política institucional, a los políticos y a todo lo que suene a sistema instituido. ¿Los veremos votar juntos en el próximo Parlament?

Ya en 2017, Joan Coscubiela escribía esto en su libro Empantanados (Península): “En Cataluña, el conflicto ha hecho salir a la superficie los primeros indicios de creación de un espacio de opinión propio de la derecha ultranacionalista xenófoba…”

El PSC sigue siendo el partido que se percibe más capacitado para abordar los grandes problemas como la vivienda, la desigualdad, el crecimiento económico, la corrupción o la seguridad, pero el estado de ánimo no apunta a la gestión –la auténtica baza de Illa–, sino a la incertidumbre y la desconfianza en el futuro, un excelente caldo de cultivo para las opciones pretendidamente antisistema. Para combatir esto, no vale con el perfil bajo que ha ayudado a Illa y a los socialistas a normalizar la situación, hace falta algo más. Hace falta un proyecto que mire cara a cara al futuro.

Quien fuera el ministro que vivió lo peor de la pandemia ha conseguido en Cataluña lo que consiguió con la Covid: aplanar la curva, desinflamar, volver a la normalidad. El problema es que no ha ido más allá, no ha convencido de un proyecto para Cataluña que partiera de una lectura de lo vivido y fuera capaz de alumbrar un futuro ilusionante. Como apuntan estos números, la Cataluña post-procés está ya inmersa en la normalización, pero una normalidad que consiste, como en el resto de España y en buena parte de los países occidentales, en  cuestionamiento de la política, de la democracia y de los valores de convivencia. 

Por otro lado, y fijándonos en el bloque catalanista, quien en algún momento pensara que lo que fue Convergencia i Unió o después Junts –sí, ya sé que son distintos– albergaba matices más progresistas que conservadores, se equivocaba. Un error, por cierto, bastante común en la izquierda, que a fuerza de relacionar la derecha con el españolismo más centralista acaba situando cualquier pulsión federalista o nacionalista centrífuga en el lado progresista. Un análisis excesivamente simplista que acaba jugando malas pasadas.

Junto a esta mutación del gen convergente, la actitud de los jóvenes sigue siendo clave para entender este giro a la ultraderecha. Comprender lo que viven, cómo lo viven y cómo lo expresan, es fundamental. Y no, esto no va de batalla generacional ni de que los boomers se den La vida cañón, como titula la periodista Analía Plaza su polémico ensayo. Esto va de la zozobra y desesperanza con la que miran al futuro y que algunos, motosierra en mano, aprovechan para convencerles de que la culpa es de la pensión de sus padres. 

Lamentablemente la miopía de nuestra sociedad facilita la comisión de barbaridades institucionalizadas. En enero de 2019 publiqué un artículo sobre el maltrato institucional a menores que, desgraciadamente, no ha perdido vigencia a la luz de lo acontecido en relación con las presuntas irregularidades en prestaciones a extutelados por parte de fundaciones subcontratadas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y el caso de violaciones y prostitución de una menor de 12 años bajo guarda de la Generalitat. Hace 6 años me referí a sucesos como los de los niños tutelados por la Generalitat que fueron objeto de abusos sexuales por sus tutores (Castelldans 2013 y Tortosa 2016), los de los declarados en desamparo y que la Generalitat sustrae de la familia sin supervisión judicial, los tutelados por la Generalitat de manera inadecuada (según entonces indicó el Síndic unos 600 del total de 7.000 entonces), o los no acompañados que escapan a la tutela de la Generalitat incurriendo incluso en delincuencia de bajo perfil, para los cuales no existe política específica alguna.

Los recientes sucesos en relación con la DGAIA parece que han motivado que el Govern tome cartas en el asunto para refundarla, por un lado retirándole las competencias en materia de ayudas y contrataciones, y por otro, reforzando la prevención revisando los protocolos. Para ello se crea una nueva Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), que se redimensionará con 300 nuevos profesionales. Parece una buena noticia, pero para nada es suficiente. Sorprenden dos puntos. Primero, la tardanza de la propia Administración en abordar un maltrato institucional (físico, moral y económico) de tamaño calibre que ha acabado por cronificarse. Segundo, la desfachatez de los responsables y representantes políticos en todos estos años para defender una gestión a todas luces pésima.

En cuanto a lo primero, transformar la DGAIA sin atacar la raíz del problema es una maniobra decorativa que podría encubrir intereses inconfesables (como por ejemplo cambiar algo para que nada cambie). Y es que una de las raíces del problema es el incremento brutal de menores no acompañados a los que atender sin una estructura correctamente dimensionada que, por otra parte, deviene en negocio cuando la fórmula consiste en otorgar millones de euros a gestores privados de centros residenciales para que se hagan cargo de ellos. Según cifras publicadas serían alrededor de 788 millones de euros entre 2016 y 2020 cuya gestión está siendo examinada por la Sindicatura de Comptes y la Oficina Antifrau. Para que se hagan una idea: el presupuesto de Andorra para 2025 es de 634 millones de euros. La solución del problema pasa necesariamente, cuando sea posible, por dar una salida de gestión pública al problema de menores no acompañados haciendo responsables de estos a sus familias y Estados de origen. La solución no es regar de millones a un sinfín de fundaciones dedicadas a vivir del drama, sino seguir el rastro del dinero “atribuido” irregularmente a algunos elementos de esta red clientelar amparada por el concepto de “tercer sector”, y acabar con la precarización de los trabajadores del sector

En cuanto a lo segundo, hemos sido testigos de una vergonzosa maniobra de ocultación del problema por parte de responsables y partidos políticos hasta el punto de que PSC, ERC y Comuns votaron en el Parlament en contra de adoptar medidas correctoras atendiendo el informe 3/2024 de la Sindicatura de Comptes, que evidencia la mala gestión con todo detalle. Un ninguneo parlamentario en toda regla al organismo de control. Hemos sido testigos también de cómo ERC (el partido político que ha gestionado este organismo los 10 últimos años) ha ignorado el problema hasta el punto de escudarse en la pandemia, la responsabilidad del violador, o la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la crisis del procés, sin asumir ninguna responsabilidad, para, además, acusar en sede parlamentaria a la Sindicatura de hacer el juego a la extrema derecha. Parece que los escaños son un medio de vida, y no un servicio público como debieran.

Como en enero de 2019, insisto en que no es suficiente con transformar la DGAIA ni depurar las responsabilidades pertinentes: para cambiar las cosas hace falta pretenderlo de verdad, adoptando medidas urgentes más efectivas, como el despliegue efectivo de la figura del procurador del menor previsto en el artículo 118 de la Ley del Parlament de Catalunya 14/2010, el sometimiento a control judicial efectivo de la actividad administrativa, sobre todo la relativa a sustracción de la tutela familiar, y la aplicación de principios administrativos como el de transparencia y acceso a documentación con objeto de facilitar el acceso de los interesados a los informes de la Administración que les afectan. Todo ello sin perjuicio de que los afectados puedan reclamar a la Administración, tanto las responsabilidades civiles como penales en que los funcionarios o instituciones implicadas hubieran podido incurrir, como el resarcimiento de los presuntos perjuicios causados por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración, que prevé la indemnización a quienes hayan sufrido un perjuicio injustificado como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es jurista y analista.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años y medio de prisión a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borrás por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial y ha rechazado aplicarle la amnistía al tratarse de delitos de corrupción y sin relación con el procés. Según informa EFE, la condena también implica 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros, por adjudicar de forma irregular a un conocido, mediante 18 contratos menores, la elaboración del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ella dirigía entre 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros.

La Sala de lo Penal desestima íntegramente el recurso interpuesto por Borrás en el que, entre otros motivos, cuestionaba la proporcionalidad de la pena impuesta y reclamaba una condena inferior. En este sentido, el Supremo argumenta que los hechos probados se enmarcan en una conducta "inserta en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley, la desobedece y vulnera los principios que informan el actuar de la administración pública".

La sentencia, dictada por unanimidad y de la que ha sido ponente el presidente en funciones de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, concluye que el alegato de Borrás es "difícilmente atendible, dada la entidad del daño producido" y destaca que no sólo se ha producido un quebranto patrimonial, sino también "un daño a las normas de convivencia y de ordenación social".

En su sentencia, el Supremo rechaza también aplicar a Borrás la ley de Amnistía a pesar de que ella alegó que tiene un "perfil netamente independentista" y que desarrolló la dirección de la Institució de les Lletres Catalanes "en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista". Sin embargo, el Supremo contesta que "ni el perfil, ni el desarrollo de una acción de gobierno" en la parcela administrativa que dirigía Borrás permiten considerar que la conducta por la que ha sido condenada se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán. En este sentido, explica que el hecho por el que se la condena es por una contratación administrativa para facilitar una adjudicación directa a una persona "obviando la normativa".

Así, para el Supremo, en ninguno de los apartados de la Ley de Amnistía puede encuadrarse la conducta de Borrás, "a excepción de la consideración de la existencia de un perfil intensamente independentista, que remite a una consideración propia de un derecho penal de autor y no un derecho penal de actos, que es lo reflejado en el hecho probado, en el que se refiere una conducta que ha sido subsumida en un tipo penal". La Sala de lo Penal ha desestimado también la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Borràs fue condenada en marzo de 2023 a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de prevaricación y falsedad documental, en una sentencia que proponía su indulto parcial para que pudiera evitar el ingreso en prisión.

La sentencia del TSJC también condenó a otras dos personas, una de ellas a la que se le adjudicó el contrato y otra el administrador de una empresa informática, que fueron considerados cooperadores necesarios del delito continuado de falsedad en documento oficial y autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, con la atenuante de confesión. Se les impuso dos años de prisión y un año y dos meses respectivamente y ninguno de los dos recurrió su condena ante el Supremo. 

Los grupos parlamentarios de ERC, Comuns y CUP han pedido al presidente del Parlament, Josep Rull, que active los protocolos contra la violencia machista ante una denuncia pública por parte de la periodista Marta Roqueta en la que apunta al diputado de Junts Francesc de Dalmases por hacerle "maltrato psicológico", según informa EFE.

En un comunicado conjunto, las tres formaciones han instado asimismo a Junts a que ponga en marcha sus mecanismos internos para esclarecer los hechos, una demanda que también suscribe el PSC.

Esta petición llega después de que Roqueta acusara esta semana a Dalmases de "maltrato psicológico", aunque sin mencionar explícitamente su nombre, y a Junts de "encubrirlo": "Me propuso escribir en su revista. Luego me dijo que estaba enamoradísimo de mí, y a partir de entonces empezó el maltrato psicológico".

"Lo tenemos en el Parlament, es público que ha abucheado a periodistas y ha maltratado a compañeras de trabajo. Nadie mueve ningún dedo", indica en X la comunicadora, en alusión a Dalmases, que en 2022 ya fue amonestado por la Mesa del Parlament, que le impuso una multa de 600 euros por incumplir el código de conducta de la cámara, después de que intimidase a una periodista del programa FAQS de TV3.

ERC, Comuns y CUP se han solidarizado con las mujeres periodistas que esta semana han denunciado en redes sociales casos de acoso, abusos de poder y agresiones machistas en medios de comunicación.

"Queremos poner de relieve la especial indefensión que generan el acoso, los abusos de poder y las violencias sexuales en el marco de relaciones laborales o de dependencia económica por el chantaje con la posibilidad de perder el trabajo o ver dañada la carrera profesional", han indicado.

Asimismo, han reiterado la importancia de los protocolos ante el acoso "como herramientas internas preventivas y de gestión de denuncias concretas para garantizar que las formaciones políticas no se desresponsabilicen de las acciones cometidas por sus representantes".

También el PSC ha mostrado su solidaridad y apoyo a las comunicadoras que han denunciado estos casos y ha reclamado a Junts que dé explicaciones.

La entrada en el Parlament de Catalunya de Aliança Catalana, la formación de Sílvia Orriols, ha convertido a la cámara catalana en la única en España con dos partidos de extrema derecha. El discurso ultra ahora tiene dos micrófonos en sede parlamentaria y ha aumentado sus representantes, y eso ha hecho emerger otra vez un debate que se arrastra desde la anterior legislatura: cómo abordar el discurso de odio que sale de la tribuna del Parlament. Durante la anterior legislatura ERC y CUP ya propusieron una de reforma del reglamento para prohibir este tipo de discursos intolerantes que decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas, y desde hace semanas el presidente de la cámara, Josep Rull, y la Mesa del Parlament han iniciado reuniones con expertos y están estudiando la jurisprudencia europea y la de otras cámaras para buscar una solución.

“Hace años que el debate sincero y sin interrupciones no existe en esta sala” (...) “y sino que le pregunten al sr, Josep Rull, ¿ya tiene el reglamento encima de la mesa por si me tiene que interrumpir?”. La pregunta se la hizo la líder de extrema derecha catalana, Sílvia Orriols, al Presidente del parlamento catalán durante el pasado Debate de Política General. La realidad fue que a lo largo de más de 20 minutos, la líder de la formación ultra pudo hacer su discurso íntegro y sin interrupciones. Pese a ello, cinco minutos de su discurso estuvieron dedicados a criticar que sí se limita el debate político a su formación. “El primer punto del debate de política general debería ser poner fin a este eje totalitario. Cortar el micrófono no es justo ni democrático”, continuaba Orriols.

La Mesa del Parlament está aún en fase de prospección sobre cómo frenar el discurso de odio, pero fuentes parlamentarias explican que de momento “se prioriza la libertad de expresión”. Esta es “la forma más común en Europa”, explican las mismas fuentes, y ponen de ejemplo el reciente discurso antiinmigración de Víctor Orbán en el Parlamento Europeo que la presidenta de la cámara no interrumpió. La Mesa y la Presidencia del Parlament están en una fase de prueba y error para abordar el discurso de la extrema derecha y ahora Josep Rull está interrumpiendo “lo mínimo posible”. 

La líder de Aliança Catalana aprovechó el pasado Debate de Política General para lanzar uno de los discursos más duros de la legislatura. “Cuando se ven amenazadas las libertades y los derechos fundamentales, la islamofobia es un deber", arrojó en un momento del debate Sílvia Orriols. 

No obstante, a diferencia de lo sucedido durante el primer pleno del Parlament, en el que Josep Rull advirtió a la líder de extrema derecha al finalizar el discurso, en esa ocasión el presidente del Parlament no lo hizo. El Parlament está en fase de prueba y error para evitar al máximo imágenes como la que vivió la legislatura pasada, en la que la presidenta Anna Erra interrumpió a líder de Vox catalán por comparar Cataluña con la alemania nazi.

La profesora de Ciencia Política de la UOC, Ana Sofía Cardenal, explica el difícil equilibrio al que se expone la presidencia del Parlament a la hora de interrumpir o dejar continuar el debate parlamentario. Generar situaciones en las que la extrema derecha “pueda victimizarse” o “excluirlos del debate” puede llevar a “radicalizar a sus votantes”, pero el Parlament “debe poder distinguir los matices” y establecer límites. Uno de ellos “es incitar a la violencia y el odio hacia colectivos”.

Fuentes parlamentarias explican que la presidencia de Parlament se están basando en distintas sentencias europeas y que han recibido también la experiencia de la cámara alemana de Baden Wüttemberg. El parlamento alemán se encuentra con discursos de islamofobia y hacia refugiados ucranianos y creó una comisión adhoc para tratar a posteriori todos los discursos que se producen en la cámara. No obstante, fuentes parlamentarias explican que “está por ver” si una comisión similar se puede hacer en el Parlament o si se podría aprovechar la Comisión del Estatuto del Diputado, pero que “hay que hacer una medida consensuada por toda la Mesa del Parlament”. Las fuentes también confirman que a lo largo del primer trimestre del 2025 van a profundizar en estudiar lo que se está haciendo el parlamento del land alemán para encontrar una “solución propia”.

Mar Aguilera, profesora de la UB de Derecho Constitucional, ve con buenos ojos plantear revisiones a posteriori. “El parlamento es la cámara que tiene la legitimación directa de los ciudadanos”, expone Mar. Es por ello que los diputados tienen “inmunidad e inviolabilidad”, porque “si hay un sitio en el que debe haber un debate de las ideas contundente, rico y hasta ofensivo, debe ser el Parlament”. Karlos Castilla, investigador del Institut de Drets Humans de Catalunya incide en este aspecto. Para el doctor en derecho constitucional, la inmunidad está garantizada en la Constitución y los Estatutos, “pero se podría generar una responsabilidad después de haber ejercido la libertad de expresión”. Aunque el doctor también expone que los riesgos podrían ser la lentitud de la reacción y que la acumulación de los discursos de odio impida hacer una correcta contraargumentación ante la sociedad.

Recientemente, ERC también ha propuesto integrar el código de conducta en el reglamento de la cámara para que tenga rango de ley. Fuentes de ERC explican que esta es una vía complementaria con otras y que “dotaría de más herramientas a la institución” parlamentaria, para “regular el debate”. Todo ello, consideran, contribuye a la idea de explorar “todas las vías posibles” para contrarrestar los discursos de odio y su vez “no hacer de sus altavoces”. 

Según el reglamento del Parlament de Catalunya, ahora los diputados pueden ser llamados al orden si no evitan “causar perturbaciones u desórdenes, hacerse acusaciones o recriminaciones entre ellos, o pronunciar expresiones inconvenientes al decoro”. También pueden ser expulsados si se les llama al orden por “palabras ofensivas” hacia “instituciones públicas” o a “otro miembro del parlamento o a cualquier otra persona”. El reglamento, por lo tanto, deja bastante manga ancha a la presidencia del Parlament para interpretar si un discurso se debe interrumpir o hay que expulsar a algún miembro. Pero a su vez, el peso sobre esa decisión ahora recae únicamente sobre esta figura.

Los letrados del parlamento marcaron recientemente su postura sobre las sanciones al discurso de odio en la cámara tras la reforma del reglamento de ERC y la CUP que decayó debido a la convocatoria electoral anticipada. Entonces, consideraron "legítimo" y "justificable" interrumpir una intervención cuando "incita a la violencia" o "hace apología del terrorismo e incita al odio", amparándose en la jurisprudencia del TEDH. Fuentes parlamentarias explican que este informe también se está usando como referencia para tratar el discurso de odio y va en la línea de permitir una libertad de expresión ancha.

Aguilera desarrolla un poco más las casuísticas en las que se debería restringir ciertos discursos. “La libertad de expresión depende mucho del contexto”. Si declaraciones islamófobas se producen en un momento en el que “se producen ataques” hacia ese colectivo discriminado, “esto es muy grave”. En el caso de la islamofobia, parece que sí habría una traslación hacia el día a día social, ya que según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) el discurso de odio en las redes sociales aumentó en 2024 un 20%. Que la extrema derecha pueda enmarcar limitar los discursos de odio en una censura permite al otro “reafirmarse en un discurso victimista” y aumentar la difusión de su mensaje, explica Iago Moreno, experto en desinformación y extrema derecha por la Universidad de Cambridge.

Carles Puigdemont no quiere que el protagonismo recaiga este jueves en Salvador Illa, aunque sea el día de su investidura en el Parlament. El expresident de la Generalitat quiere tirar de heroicidad con su regreso a suelo español tras siete años en el extranjero, pese a que sobre él recae una orden de detención nacional emitida por el juez instructor del procés, Pablo Llarena, después de que el magistrado rechazara aplicarle la ley de amnistía al delito de malversación de caudales públicos que le atribuye. Se fue a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Desde Waterloo ha ejercido de líder moral de Junts y en las pasadas elecciones de mayo fue el candidato de la formación.

En esa campaña electoral prometió que estaría presente en el pleno de la investidura como reclamo para atraer al independentismo y este miércoles anunció que ya había "emprendido el viaje de retorno desde el exilio" con la intención de estar presente en la investidura de Illa, pese a que no hizo amago de volver ni para la de Quim Torra y tampoco la de Pere Aragonès. En todos estos años no ha cruzado la frontera para evitar ser llevado frente a la justicia española. Tras la aprobación de la ley de amnistía ha cambiado el relato, asegurando que su objetivo es "confrontar" el "desafío" de los jueces del Supremo que se resisten a aplicar la norma.

Lo que busca Puigdemont es dar un golpe de efecto en un momento clave de la política catalana tras el acuerdo de sus antiguos socios de Esquerra Republicana con el PSC para investir a un candidato socialista después de que el independentismo perdiera la mayoría absoluta tras décadas de dominio. Desde el pasado mayo Junts ha presionado a los republicanos para que apoyaran a Puigdemont frente a Illa pese a que la investidura del primero era ariméticamente imposible, incluso si se sumaba a la mayoría independentista a la formación xenófoba Aliança Catalana. Lo que sí logró Junts es hacerse con la presidencia del Parlament, de la mano de Josep Rull, que puede ser clave este jueves tanto si Puigdemont es detenido como si logra de algún modo entrar en el Parlament.

Si finalmente se le detiene, Rull ya ha anunciado que suspenderá el pleno de investidura del candidato socialista. El reglamento fija que suya es la prerrogativa para suspender o levantar la sesión en caso "de altercados o de desobediencia obstinada" de un diputado. Las formaciones que votarán ‘sí’ a la investidura de ella, PSC, ERC y Comuns, ya han asumido que es un escenario posible, pero prevén solicitar que la investidura se realice como tarde la próxima semana. Illa tiene hasta el 26 de agosto para ser investido antes de la convocatoria automática de elecciones pero ninguna de las tres formaciones quiere apurar tanto los plazos.

Junts aborda con secretismo el plan de regreso de su líder. El partido busca movilizar a todos los alcaldes independentistas, cerca de 700, para apoyar al expresidente con una concentración en el Passeig Lluís Companys de Barcelona, un enclave cercano al Parlament, programada para las 9am de este jueves, una hora antes de que dé comienzo el pleno de investidura. Con ese acto Junts busca que el independentismo cierre filas en torno a Puigdemont como parece que así ocurrirá, ya que además del partido de Puigdemont, la CUP y Esquerra Republicana, el acto contará con la presencia de la ANC, Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y el Consell per la República, la entidad privada que preside el propio Puigdemont.

Junts prevé que ese acto culmine con un discurso de Puigdemont que, si busca evitar su detención, deberá realizar de manera telemática. De lo contrario y con la orden de arresto vigente, cualquier cuerpo de seguridad de España tiene la obligación de detenerlo en el caso de detectar su presencia. La posible detención de Puigdemont volverán a convertir el caso del procés en una causa con preso, lo que significa que su tramitación deberá ser de nuevo preferente frente al resto. Si la detención ocurre, Llarena tendrá un plazo máximo de 72 horas para convocar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras la cual tendrá que decidir si lo envía a prisión provisional o lo deja en libertad con la obligación de comparecer en un juzgado periódicamente.

La mañana del jueves los Mossos d’Esquadra estarán más que presentes y blindarán el parque de la Ciutadella, en cuyo interior se encuentra la cámara legislativa catalana, para que el líder de Junts pueda acceder sin ser detenido. Los Mossos establecerán controles en todo el perímetro del parque, revisando una a una las acreditaciones de los diputados, trabajadores del Parlament y periodistas que acudan este jueves a la sesión de investidura. El secretario general de Junts, Jordi Turull, avanzó en TV3 que si el expresident catalán logra estar presente en el Parlament para la investidura, será un "día histórico" porque podría de manifiesto como Puigdemont logra sortear a las fuerzas de seguridad siete años después de su marcha en el maletero de un coche.

Si finalmente es detenido, Rull podría tomar la decisión de aplazar el pleno. Esto significaría que no llegaría a arrancar —de hecho, si el pleno se inicia el presidente del Parlament solo podría aplazarlo durante 24 horas— y que la convocatoria se mantendría, pero otro día. Así, Puigdemont conseguiría boicotear la investidura del socialista aunque de manera temporal. En ese supuesto, debería ser Rull el que indicara una nueva fecha aunque los grupos podrían forzar una reunión de la Diputación Permanente, en la que tienen mayoría el PSC, ERC y los comunes, para acordar nuevo día.

La posible vuelta de Puigdemont pone fin al procés, al menos tal y como lo conocemos.Tras la Declaración Unilateral de Independencia, el líder de Junts quiso convertir las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el expresidente Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en una respuesta ciudadana a la intervención del autogobierno catalán y al encarcelamiento de “un gobierno democráticamente elegido”. Junts, al igual que la CUP, acudió a aquellas elecciones con la promesa de restaurar a Puigdemont como president de Cataluña y desarrollar la república catalana en los términos establecidos por la ley de transitoriedad anulada por el Tribunal Constitucional. Esquerra, en cambio, se presentó asumiendo ya la estrategia de no volver a forzar la legalidad. 

Entonces Puigdemont le ganó la partida a Junqueras y consiguió retener el mando de la alianza soberanista. Puso al frente del Govern a Quim Torra, una persona de su absoluta confianza y, desde el Palau de la Generalitat —y el Parlament—, impulsó el enfrentamiento con el Gobierno, primero el de Mariano Rajoy y después el de Pedro Sánchez. La intención del expresident de la Generalitat siempre fue la consumar la independencia por la vía de los hechos desafiando el ordenamiento jurídico y provocando una situación que acabe forzando a la comunidad internacional a intervenir y obligar al Gobierno español a convocar el referéndum de independencia. Una política, la de buscar la ruptura, que Esquerra se resistió a secundar por todos los medios a su alcance, entre ellos la firma de un acuerdo con el PSOE para crear la mesa de diálogo sobre Cataluña, que el pasado año replicó Junts al pactar la amnistía a cambio de la investidura del socialista.

En las elecciones del pasado mayo se certificó la perdida de pujanza del independentismo en las urnas al no sumar mayoría absoluta, un hito histórico si se tiene en cuenta que el mínimo de escaños independentistas, lo obtuvieron en 1999 con 68 diputados. Con ese último movimiento, Puigdemont trata de ser el último protagonista de un procés que él mismo lideró pero que actualmente no cuenta con mayorías ni dentro ni fuera del Parlament para reclamar el ansiado reférendum que a día de hoy está lejos de las expectativas de todas las formaciones independentistas.

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha alertado de que si detienen al expresidente Carles Puigdemont —que ya ha confirmado que volverá para estar presente en el pleno de investidura de este jueves—, no puede "aceptar que el pleno se desarrolle con normalidad", por lo que, ha dicho, sería un planteamiento idóneo y adecuado aplazarlo.

En una entrevista en Vilaweb recogida por Europa Press, Rull ha señalado que hará "tanto como pueda" para impedir que un diputado pueda ser detenido en ejercicio de sus funciones, dado que la cámara del Parlament es, textualmente, democráticamente sagrada y no se puede limitar ningún derecho, en términos de privación de libertad, de ningún diputado, ha dicho.

Para ello, ha explicado hay argumentos jurídicos "sólidos", como el Estatut de Cataluña y dos protocolos aprobados y vigentes, entre otros.

El proceso de una actividad parlamentaria "no se puede interferir de ninguna de las maneras", por lo que ha afirmado que desde el momento que se convoca la investidura no se puede detener a nadie.

Al preguntarle sobre qué pasaría si las fuerzas policiales entrasen en el Parlament, ha detallado: "Si fuese así, miraría de situar al presidente Puigdemont en un lugar el máximo de seguro dentro del Parlament, que sería mi despacho. Lo tengo muy claro".

Rull ha explicado que un aplazamiento del pleno dependería de él, aunque tendría que "poder consolidar la decisión, pactarla, consensuarla con la mesa" y que hay antecedentes de plenos que se han aplazado por una situación absolutamente excepcional, como en enero de 2018, con la investidura de Puigdemont, ha dicho.

Al ser preguntado por si el aplazamiento sería indefinido, ha concretado que esto tendrá que determinarse con la mesa y con el conjunto de grupos parlamentarios: "Lo que no sería aceptable es que en una situación tan grave como la detención de un diputado no lo hiciésemos".

Sobre una posible suspensión de la sesión plenaria, ha señalado: "No quiero especular. Tendremos que ver en qué términos se produce (la posible detención de Puigdemont). Si es una detención y liberación, si es una detención con medida cautelar de prisión provisional..."

Según Rull, Puigemont, "tanto sí como no" votará la investidura, porque se aprobó una modificación del reglamento en la que hay la figura del voto delegado, ha afirmado.

Sobre si finalmente detienen a Puigdemont, ha dicho: "Es una constatación de que hay una parte del estado español que, en términos democráticos, es un estado fallido".

El expresidente catalán Carles Puigdemont podrá ser detenido si regresa a España porque el juez que instruye el procés en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, mantiene activa la orden nacional de captura tras haberse negado a amnistiar la malversación. Ese mismo magistrado decidirá si ordena o no el ingreso en prisión de Puigdemont, que podría eludir la cárcel si presenta antes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que pida suspender de forma cautelar dicha orden, ha informado Europa Press.

Fue el pasado sábado cuando Puigdemont reiteró a través de una carta abierta su deseo de volver para el pleno de investidura del Parlament —que se celebrará este jueves—, asegurando que su detención era "una posibilidad real en muy pocos días". Su letrado, Gonzalo Boye, aseguró a finales del pasado mes de julio que esa detención supondría el incumplimiento de la Ley de Amnistía.

Por el momento, tanto el regreso del que fuera presidente catalán como su estrategia ante los tribunales son una incógnita. Cabe recordar que Puigdemont todavía no ha presentado recurso alguno ante el TC contra el auto por el que el juez Pablo Llarena rechazó amnistiar la malversación y acordó mantener la orden nacional de detención.

El expresidente podría acudir al tribunal y solicitar como medida cautelar que se deje sin efecto dicha orden antes de abordar la negativa de Llarena a aplicar la amnistía, toda vez que aún no ha vencido el plazo para presentar recurso de amparo.

Si su defensa decide no actuar, Puigdemont podrá ser detenido una vez ponga un pie en España en virtud precisamente de esa orden, dictada en el marco de la causa del 'procés' por la que fueron condenados y posteriormente indultados la mayoría de dirigentes independentistas.

Una de las opciones de Puigdemont sería plantear un habeas corpus en caso de considerar esa detención ilegal. Una vez en poder de los agentes, el líder de Junts sería puesto a disposición judicial del juez Llarena, que le interrogaría y decidiría entonces si hay motivos para enviarle a prisión provisional. El riesgo de fuga es una de las causas para acordarla, y cabe recordar que Puigdemont ha estado huido durante casi siete años.

También juega en su contra la gravedad del delito por el que sigue procesado, la malversación, y que podría implicar una condena de hasta 12 años de cárcel. Con todo, para imponerle esa pena de prisión provisional alguna de las partes personadas debería pedírselo al magistrado. En esta causa Vox, entre otros, actúa como acusación popular y ya tiene anunciado que reclamará para el líder de Junts el ingreso inmediato en prisión.

Cabe destacar que el pasado 8 de julio Puigdemont presentó un recurso en el que pedía al juez Llarena que modificara su decisión de no amnistiar la malversación. El Ministerio Público ya se pronunció en contra de la decisión de la Sala de lo Penal de no amnistiar la malversación al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados. Al igual que hizo el expresidente, se amparó en el voto particular que emitió la magistrada discrepante del tribunal del procés, Ana Ferrer.

En este contexto, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por desobediencia y malversación. Aunque el Supremo rechazó amnistiar este último delito, aseguró que sí veía amnistiable la desobediencia, pero señaló que tenía dudas y planteó a las partes la posibilidad de consultar al Constitucional por este extremo.

La del procés no es la única causa judicial pendiente de Puigdemont. El juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha pedido al Tribunal Supremo —que todavía no se ha pronunciado— que investigue al expresidente por los supuestos contactos con Rusia para lograr apoyos para el independentismo catalán.

Puigdemont también fue imputado el pasado mes de febrero por un presunto delito de terrorismo en el marco de la causa en la que se investigaba a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic'. Sin embargo, el alto tribunal archivó la causa en julio después de que se declarase nulo todo lo actuado desde 2021 por un error de la Audiencia Nacional.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se ha reafirmado este sábado en su decisión de volver a Cataluña y de asistir al debate de investidura del Parlament: "Mi obligación es ir al Parlament si hay debate de investidura. Yo estaré allí, presidente. Estaré en el Parlament. Y sólo un golpe de estado me podrá impedir estar allí".

Lo ha asegurado ante unas 1.500 personas en Amélie-les-Bains-Palalda (Francia), en un acto organizado por Junts para apoyar su posible regreso a Cataluña y con motivo del cuarto aniversario de la fundación del partido, en el que también ha participado el secretario general de Junts, Jordi Turull; la presidenta, Laura Borràs; el exlíder de la formación al Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, y el ya exsenador Josep Lluís Cleries.

Según Puigdemont, se comprometió a volver a Cataluña y ha asegurado que es lo que hará, dejando claro que "nadie" se lo podrá impedir.

El Parlament ha aprobado este jueves la reforma parcial de su reglamento para ampliar la delegación de voto de los diputados y permitir el voto telemático, lo que posibilitará que puedan hacerlo los electos residentes en el extranjero: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exconseller Lluís Puig, informa Europa Press.

Lo ha hecho con el sí de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP (grupos impulsores de la iniciativa), el rechazo de PP y Vox y la abstención de Aliança Catalana (AC).

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) avaló la propuesta de reforma, salvo una frase relativa a la delegación de voto porque considera que vulnera el artículo 23.2 de la Constitución.

En la votación de las enmiendas al texto, Junts se ha quedado sola en su propuesta de eliminar el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé la suspensión inmediata de los diputados a los que se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción, que fue el que se aplicó hace dos años a la entonces presidenta de la Cámara, Laura Borràs, para suspenderla del cargo.

El texto aprobado también posibilitará que la CUP se pueda constituir como grupo parlamentario, con la cesión temporal de un diputado por parte de otro partido, evitando así que compartan grupo mixto con AC esta legislatura.

La iniciativa propone modificar 4 artículos del reglamento del Parlament y añadir otro y dos disposiciones transitorias, para ampliar supuestos de delegación de voto, regular el voto telemático, flexibilizar el procedimiento de adscripción de diputados a otros grupos y modificar la mayoría necesaria para aprobar declaraciones institucionales.

Respecto a la delegación de voto, hasta ahora existían los supuestos de maternidad, paternidad, hospitalización, enfermedad grave e incapacidad prolongada, al que la reforma añade el de "situaciones excepcionales debidamente justificadas a criterio de la Mesa en que, para impedir el desarrollo de la fundación parlamentaria y atendidas las especiales circunstancias, se consideren suficientemente justificado".

El texto también prevé que en esas circunstancias se pueda pedir el voto telemático, que podrían pedir también diputados con compromisos de representación institucional del Parlament o la Generalitat en el extranjero que les impida asistir a una votación.

Además, en una nueva disposición transitoria, la propuesta explicita que podrán delegar el voto "los diputados que se encuentren dentro de las causas incluidas en la Ley orgánica 1/2024, del 10 de junio, de amnistía" siempre y cuando haya cualquier procedimiento abierto sobre si se les aplica esa ley.

Sobre la adscripción de los diputados a grupos, la reforma contempla que, en los 5 primeros días de cada periodo de sesiones, un diputado pueda cambiar de adscripción incluso si los grupos ya están constituidos, con el visto bueno previo del portavoz del grupo al cual se quieren adscribir.

En otra disposición transitoria, la propuesta prevé que, si se aprueba la reforma parcial, se dispondrá de un "periodo excepcional de 10 días para realizar cambios en la adscripción de los diputados a otros grupos parlamentarios, así como la posibilidad de constituir nuevos grupos".

Finalmente, la propuesta modifica las mayorías necesarias para aprobar declaraciones institucionales en el Parlament: en vez de la unanimidad que hacía falta hasta ahora, pasaría a ser suficiente el voto favorable del presidente de la Cámara y una mayoría cualificada de dos tercios de la Junta de Portavoces.

"Todo es perfectamente constitucional", ha defendido el diputado del PSC-Units Ferran Pedret en su intervención dirigiéndose al PP, que llevó el texto al CGE, y ha asegurado que su formación está con la mayoría social que desea que las cosas vayan mejor en Catalunya.

Para la diputada de Junts Jeannine Abella, era un fracaso que diputados elegidos no puedan participar de decisiones parlamentarias, y ha defendido la enmienda de su grupo para eliminar el artículo 25.4 del reglamento: "Es un artículo más que mejorable. Aunque en un primer momento votamos a favor, tras haber visto el uso político que se hizo, ha surgido más la necesidad de modificarlo o eliminarlo".

Además de reivindicar la resolución del CGE, Marta Vilalta (ERC) ha manifestado que los cambios que introducen ya existen en otras cámara, ha aplaudido que la reforma salga adelante con una amplia mayoría y ha rechazado eliminar el artículo 25.4 porque siguen defendiendo que a un diputado al que se abra juicio oral por delitos vinculados a la corrupción se le debe "apartar y dar un paso al lado".

Desde los Comuns, Susanna Segovia ha elogiado la totalidad de la reforma, destacando que podrán hacer declaraciones institucionales "sin tener el veto de la ultraderecha", y ha criticado que Junts propusiera eliminar el 25.4.

La diputada de la CUP Laure Vega ha celebrado la reforma del reglamento porque "cuando una norma no es justa, cuando se vulnera un derecho, hay que cambiar las normas".

El diputado del PP Juan Fernández ha anunciado que, pese a la resolución del CGE, llevarán el texto al Tribunal Constitucional (TC) tras acusar a los independentistas de impulsar una reforma hecha "a medida" de sus intereses.

"No toca, es sectaria y totalmente partidista", ha opinado el diputado de Vox Joan Garriga sobre la reforma del reglamento, a la que habían presentado una enmienda a la totalidad.

La diputada de AC Sílvia Orriols ha defendido los cambios en el voto telemático para permitir que puedan hacerlo Puigdemont y Puig, pero no comparten las modificaciones que permiten "el transfuguismo provisional por razones económicas".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha propuesto subir "todavía más" el tramo local de la tasa turística a los cruceristas que pasan menos de 12 horas en la ciudad.

"El tramo local ya lo hemos subido al máximo, 4 euros, y ahora un crucerista de paso paga en total 7 euros. Queremos subir todavía más el tramo local de la tasa turística al crucerista que pasa menos de 12 horas en Barcelona", ha defendido en una entrevista publicada este domingo en 'El País' y recogida por Europa Press.

De esta manera, plantea incrementar "sustancialmente" la tasa a los cruceristas de escala, destopando el tramo local de la tasa turística, a través del Parlament de Catalunya.

En declaraciones posteriores, en la fiesta de reapertura del Port Olímpic, Collboni ha anunciado de que solicitarán al nuevo Govern de la Generalitat y Parlament que autoricen esta subida.

"Queremos que sean los propios visitantes los que sufraguen los costes que tienen para la ciudad ese uso intensivo del espacio público, de limpieza, de seguridad y de orden público", ha declarado en una atención a los medios.

Tras ser preguntado por la posible cuantía de esta tasa, ha admitido que aún no lo han valorado, aunque también ha asegurado, en la misma entrevista, que ya tienen estudios sobre el precio diario que tendrían que pagar este tipo de cruceristas "con la idea de que paguen lo que vale estar en la ciudad".

"Lo que no queremos es una manera de hacer turismo que entre en contradicción con vivir en la ciudad porque va en detrimento del derecho a la vivienda y que expulsa cada día a gente joven de clase media", ha añadido en la entrevista.

Sobre una reducción de número de cruceristas y de alguna terminal del Puerto de Barcelona, ha afirmado que hay que esperar al cambio de gobierno en Catalunya y al nombramiento de nuevos responsables del Puerto: "Vamos a esperar para abrir conversaciones."

Tras ser preguntado por la posibilidad de que el decreto de la Generalitat quede tumbado y no pueda anular las licencias de pisos turísticos, Collboni ha remarcado que "el plan es blindar jurídicamente desde la normativa urbanística" y no contempla que el Tribunal Constitucional tumbe dicho decreto.

Ha reiterado su determinación a "ir hasta el final" con la prohibición de los pisos turísticos en 2028, y ha reivindicado que la intención es anular todas las licencias en edificios enteros, oferta que también tienen algunos hoteleros.

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha anunciado este miércoles que ningún candidato a presidir la Generalitat tiene apoyos suficientes para ser investido, por lo que ha decidido convocar un pleno el 26 de junio en el que dictará una resolución para activar la cuenta atrás de dos meses para que haya una investidura y, si no la hay, se irá a repetición electoral, informa Europa Press.

Así se ha pronunciado este miércoles en una declaración institucional en la Cámara Catalana tras haberse reunido con representantes de todas las fuerzas políticas y constatar que los dos principales candidatos, Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts), quieren más tiempo para negociar posibles apoyos.

Ante este situación, Rull dictará una resolución el 26 de junio, que activará una cuenta atrás de 2 meses para que los candidatos traten de reunir los apoyos necesarios con fecha límite el 26 de agosto, y si ningún candidato logra la investidura se convocarán elecciones de forma automática.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado suspender de forma cautelar el acuerdo de la Mesa de Edad del Parlament catalán por el que se aceptó el voto delegado tanto del expresident Carles Puigdemont como del exconsejero Lluís Puig -diputados electos- para la elección de los órganos de la Cámara, el presidente y miembros de la Mesa.

Así lo avanzan fuentes del tribunal de garantías a Europa Press, que añaden que esta decisión se adopta con el voto en contra de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, y en el marco de la admisión a trámite el recurso de amparo parlamentario presentado por varios diputados del PP de Cataluña contra esa decisión de la Mesa del Parlament.

Cabe recordar que el tribunal en su último Pleno anuló el voto telemático de Puig al estimar un recurso de amparo de los diputados de Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Cataluña en la anterior legislatura. Los magistrados concluyeron que no podía ser tenida como "circunstancia constitucionalmente válida" para el voto telemático el hecho de que se encuentre "voluntariamente" fuera del país porque "ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española". Y recordaron, además, que sobre Puig "pesa una orden judicial de busca y captura".

El Constitucional, a su vez, apuntó que el acuerdo de la Mesa del Parlament en cuestión fue "instrumental con la finalidad exclusiva de intentar dar una apariencia de cobertura normativa a la habilitación del voto telemático al sr. Puig i Gordi para eludir pronunciamientos previos de este tribunal, pero sin una real vocación de generalidad".

El nuevo presidente del Parlament catalán, Josep Rull, ha dicho que no puede forzar a nadie a presentar su candidatura tras el rechazo del candidato socialista, Salvador Illa, a hacerlo el próximo 25 de junio, y ha recordado que ya contempla activar el "acto equivalente", el mecanismo que abre la cuenta atrás para la repetición electoral si no hay presidente de la Generalitat en dos meses.

En una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha asegurado que respetará la decisión del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y del diputado de Junts, Carles Puigdemont, en caso de no querer presentar aún candidatura, y ha recordado que en todo caso tienen de margen hasta finales de agosto.

"La cuenta atrás empieza la semana que viene y el plazo se acaba el 25 de agosto", ha apuntado Rull, que la tarde del miércoles comparecerá para explicar su propuesta final de investidura, después de que Illa anunciase el martes que necesita "más tiempo" para armar "una mayoría progresista" con ERC y los comunes que apoye su investidura.

Tras reivindicar la legitimidad y representatividad de la actual Mesa, ha defendido una modificación del reglamento del Parlament para buscar "el máximo nivel de cobertura jurídica" al voto de los diputados que residen en el extranjero.Así, ha pedido criterio a la secretaría general del Parlament ante una eventual modificación de dicho reglamento: "Lo priorizaré con todas las consecuencias".

Este jueves tiene previsto visitar a Puigdemont en Bruselas (Bélgica), el viernes se desplazará hasta Ginebra (Suiza) para reunirse con el diputado de ERC Ruben Wagensberg y el domingo en Prats de Molló (Francia) con el exconseller Lluís Puig.

También espera concretar el debate de las retribuciones de los diputados este julio, al esgrimir que el Parlament debe ser ejemplar en estas cuestiones, y ha avisado de que "no es aceptable" que el líder de Vox, Ignacio Garriga, cargara gastos personales a cuenta del grupo parlamentario, pese a no querer avanzar posibles consecuencias.

Además de avisar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "depende" de Junts en Madrid, le ha pedido que no ignore esta cuestión, negando que esto sea una amenaza de Puigdemont. En materia de financiación, ha asegurado que se necesitan consensos sólidos en esta cuestión y ha defendido un sistema que se parezca al concierto económico vasco: "Sacar a Cataluña de la Lofca, del 'café para todos', y buscar una relación bilateral".

El líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que va a pedir al presidente del Parlament de Catalunya "más tiempo para armar la única manera que pueda hacer viable esta legislatura", lo que, según él, es una mayoría progresista. Lo ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en la que ha señalado, textualmente, que un pacto entre PSC, ERC y los comuns es lo más conveniente para Cataluña y que su "olfato" le dice no va ha haber repetición electoral.

"Mi compromiso es de hacer todo lo posible para evitar que haya una repetición electoral", ha señalado Illa, quien ha aclarado que puede tener flexibilidad, aunque no va a entrar en incoherencias con su manera de entender la política.

Al preguntársele sobre la actual situación que atraviesan los republicanos, Illa ha revindicado: "¿Qué formación política que lleve, en fin, a las espaldas, unos cuantos años, no ha pasado por momentos complicados y convulsos?". "Te va bien un tiempo y luego te va mal. Esto es así en democracia y debe de ser así", ha subrayado.

Al ser preguntado sobre si la investidura está más en manos del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, que en las suyas, Illa ha defendido que está "muy tranquilo" y, sobre la financiación singular, ha dicho que él defiende un sistema que atienda a las necesidades de Cataluña.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se incorporará al gobierno municipal de Barcelona si sus bases ratifican este jueves el preacuerdo al que han llegado con el PSC del alcalde Jaume Collboni. Culminaría así un pacto que lleva fraguándose meses, pero que se vio interrumpido por el carrusel electoral de las catalanas anticipadas y las europeas. Solo tres días después de los comicios europeos, ambos partidos han acelerado para repartirse el consistorio municipal de la capital catalana, en una operación que podría tendrá impacto en las negociaciones para la investidura del socialista Salvador Illa como president de la Generalitat.

ERC todavía no ha detallado cuál será su participación en el gobierno, pero sí que han precisado en un comunicado que, si se ratifica el acuerdo, dirigirán las políticas sociales, de promoción de la lengua catalana, promoción económica y turismo, un tema que está produciendo crecientes protestas ante la saturación de visitantes que sufre la ciudad. ERC obtuvo en las municipales de mayo de 2023 solo cinco de los 41 concejales del consistorio barcelonés (la mitad que en la anterior legislatura), frente a los 10 que tiene el PSC de Collboni, por lo que la información publicada hasta ahora sugiere un acuerdo relativamente favorable para los republicanos. Influir directamente en las políticas municipales dará a ERC una visibilidad imposible de obtener como tercer partido de la oposición, Por su parte, el alcalde Collboni consigue más estabilidad, si bien seguirá sin tener la mayoría. 

El preacuerdo PSC-ERC es un golpe indirecto a los comunes de la exalcaldesa Ada Colau (nueve concejales), que hicieron alcalde a Collboni sin acordar la entrada en el gobierno para evitar el retorno a la alcaldía de Xavier Trias, que había ganado las elecciones con la promesa de revertir la obra de gobierno de Colau. Los ‘comunes’ pasaron meses reclamando a Collboni una negociación para formar un tripartito progresista, también con ERC, sin obtener mucho más que evasivas del nuevo alcalde.  La paciencia de los de Colau se acabó en marzo, cuando votaron en contra del proyecto de presupuesto de Collboni al no aceptar este la entrada de los comunes en el ejecutivo municipal a cambio del ‘sí’ a las cuentas. El alcalde se vio obligado a aprobar el presupuesto mediante una moción de confianza, un mecanismo que solo puede volver a utilizar otra vez durante la legislatura. Por lo tanto, en algún momento un futuro gobierno PSC-ERC tendría que mirar a los comunes o al grupo de Xavier Trias para aprobar normativas y presupuestos. 

La presidenta de ERC-Barcelona, Eva Baró, ha insistido en rueda de prensa en la “autonomía local” de su federación, intentando separar el entendimiento en la capital de las negociaciones en el Parlament, donde el socialista Salvador Illa intenta recabar el apoyo de ERC y Comuns-Sumar para ser investido president después de su victoria en las elecciones de hace un mes. 

El anuncio del preacuerdo en el Ayuntamiento llega un día después de la elección de Josep Rull, de Junts, como presidente de la mesa del Parlament con los votos de ERC y la CUP. Un movimiento difícilmente comprensible de ERC, que podría haber reclamado la presidencia de la mesa gracias al apoyo de los ‘comunes’. La elección de Rull produjo una efímera imagen de unidad independentista y permitirá a Junts manejar los tiempos de la investidura, pero su candidato, Carles Puigdemont, no cuenta con una mayoría parlamentaria viable para competir por la presidencia de la Generalitat. Por lo tanto, los escenarios siguen siendo dos: investidura de Illa o repetición electoral.

El previsible apretón de manos entre ERC y PSC en la capital catalana podría contribuir a decantar a las bases de ERC hacia el sí a Illa, al normalizar que dos formaciones en bandos distintos del conflicto nacional gobiernen juntas la segunda administración más importante de Cataluña. Si no fuera suficiente, Illa confía en el argumento electoral para convencer a los republicanos: si se repitiesen las elecciones, ERC se hundiría aún más, según una encuesta de NC Report para La Razón, mientras que los socialistas incrementarían sus apoyos. Por la misma razón, se da por descontado el voto de Comuns-Sumar al líder del PSC. El primer pleno de investidura está previsto el 25 de junio y Salvador Illa sueña con irse de vacaciones como president.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado anular el voto telemático en el Parlament de Cataluña del diputado y exconseller huido Lluís Puig al estimar un recurso de amparo que presentaron los diputados de Socialistes i Units per Avançar en el Parlament de Cataluña en la anterior legislatura contra los acuerdos de la Mesa de la Cámara que permitieron el voto telemático del político independentista.

La decisión del tribunal tiene lugar cinco días antes de que se constituya la Mesa del Parlament, votación en la que tendrán que participar el propio Puig y el expresidente catalán Carles Puigdemont, ambos procesados en rebeldía por el 'procés' en el Tribunal Supremo y huidos desde entonces en el extranjero.

Según ha informado este miércoles la corte de garantías, la Sala Primera ha aprobado por unanimidad la ponencia redactada por la magistrada María Luisa Segoviano, que proponía estimar el recurso de Units per Avançar.

En concreto, los diputados impugnaron los acuerdos de la Mesa del Parlament de 18 de abril de 2023, en el que se aprobó la regulación transitoria del voto telemático hasta que no se proceda a una reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña, y de 19 de abril de 2023, por el que se habilitó el procedimiento de votación telemático de Puig hasta el final de ese periodo de sesiones (31 de julio de 2023). También recurrieron el acuerdo de 19 de abril de 2023, por la que se desestimó la reconsideración de los anteriores.

Ahora, tras deliberar el asunto, el Constitucional ha declarado vulnerado el derecho de los diputados de Units per Avançar a ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes.

Así las cosas, ha anulado todos los acuerdos impugnados -la aprobación de la normativa transitoria sobre voto telemático y habilitación del voto telemático a Puig-, pero no la de aquellos actos que hubieran sido adoptados con el voto telemático de ese diputado durante el tiempo en que estuvo vigente dicha habilitación.Los magistrados estiman el recurso "en aplicación de la jurisprudencia constitucional" y sostienen que este caso "no permite excepcionar el principio de la presencialidad en el ejercicio del voto de las representantes políticos".

El tribunal insiste en que "no puede ser tenida como circunstancia constitucionalmente válida" para el voto telemático el hecho de que se encuentre "voluntariamente" fuera del país porque "ha decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española". Y recuerda, además, que sobre Puig "pesa una orden judicial de busca y captura".

El Constitucional, a su vez, apunta que el acuerdo de la Mesa del Parlament en cuestión fue "instrumental con la finalidad exclusiva de intentar dar una apariencia de cobertura normativa a la habilitación del voto telemático al sr. Puig i Gordi para eludir pronunciamientos previos de este tribunal, pero sin una real vocación de generalidad".

El exdiputado de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha defendido este miércoles investir al candidato del PSC, Salvador Illa, para evitar una repetición electoral que ha dicho textualmente que sería como para cortarse las venas, y ha pedido pasar a una fase de "colaboración" con los socialistas.

En una entrevista en de La 2 y Ràdio 4 recogida de Europa Press, Tardà ha valorado que tanto el PSC como ERC son las fuerzas políticas principales que representan a las "clases populares", y ha dicho que, en el nuevo escenario, ambos deben saber competir a la vez que colaboran en proyectos conjuntos.

"El partido socialista debe reconocer que no hay solución sin el independentismo, y el independentismo debe reconocer que no hay solución sin el PSC", ha subrayado Tardà, que ha defendido construir una solución conjunta para Cataluña del que nadie esté excluido y que pueda ser refrendada por los catalanes, asegura.

Ha pedido no bloquear una eventual investidura de Illa, y ha dicho que, si ERC y PSC compiten a la vez que colaboran, hay posibilidades de que vayan "construyendo un camino conjuntamente".

Tardà ha remarcado que un eventual ejecutivo del PSC se debería comprometer a mantener "las cosas buenas" que ha hecho el Govern de ERC en la última legislatura, y ha citado como ejemplos los aumentos de inversión en educación y sanidad, y el refuerzo del catalán en los medios de comunicación públicos.

Preguntado sobre un posible paso adelante del actual presidente de ERC, Oriol Junqueras, para liderar la nueva fase que pueda abrir el partido tras sus malos resultados en las elecciones catalanas, Tardà ha expresado que Junqueras, si quiere seguir, "tiene todo el derecho y se lo ha ganado".

Sin embargo, el exdiputado ha matizado que la decisión final debería hacerse a través de un congreso de ERC con una decisión que, en última instancia, debería ser refrendada por la militancia de la formación.

Tardà ha valorado que ERC debe "huir de posiciones nacionalistas, tanto españolas como catalanas", y ha reivindicado un proyecto que interpele también a las decenas de miles de personas que han inmigrado a Cataluña en los últimos años y que, dice, están comenzando a ser conscientes de que pisan una tierra catalana.

Ha reiterado que la Cataluña de las ocho millones de personas ofrece grandes retos a la catalanidad, asegura, aunque ha rechazado que los retos actuales se puedan atajar con "proyectos de la tribu para la tribu".

El exdiputado ha añadido que, actualmente, no existen las condiciones para repetir un movimiento independentista como el que hubo en 2017, en el pico del procés.

La número dos del PSC por Barcelona a las elecciones catalanas, Alícia Romero, ha negado "rotundamente" este martes que los socialistas se estén planteando ceder la presidencia del Parlament a cambio de un pacto para investir a su candidato, Salvador Illa, según ha recogido Europa Press.

En una entrevista de La 2 y Ràdio 4, Romero, que forma parte de la comisión negociadora que el PSC constituyó este lunes, ha afirmado que "todavía no hay ninguna conversación y, por lo tanto, es una opción que no está sobre la mesa". Preguntada por si a lo que aspiran es a tener la presidencia del órgano parlamentario, ha asegurado que su objetivo es que la Mesa "represente la pluralidad del Parlament".

Asimismo, sobre si considera que el PP debe formar parte de la Mesa, ha argumentado que es el cuarto grupo de la Cámara tras las elecciones, y ha añadido: Ya había estado en la Mesa cuando había tenido 15, 20 diputados. Veremos cómo se configuran las mayorías".

Romero ha advertido al candidato de Junts+, Carles Puigdemont, de que la política catalana "la decidirá el PSC, no la decidirá Madrid", y le ha indicado textualmente que si quiere alguna cosa, ya sabe a qué teléfono tiene que llamar. "Estas especies de cambios de cromos que se intuyen con lo que dice, con nosotros no van", ha sostenido, y ha asegurado que le sorprende que un partido independentista como Junts+ quiera ligar, en sus palabras, cosas de la política catalana con la política del Gobierno central.

También ha insistido en que el PSC no hará presidente de la Generalitat a Puigdemont, y ha asegurado que todos los partidos deberían tener la responsabilidad que, a su juicio, ha tenido el PSC desde la oposición: "El PSC ha dado muestras de responsabilidad absolutamente".

Asimismo, Romero ve "precipitado" hablar de una coalición con los Comuns o de un tripartito junto a ERC porque, ha dicho, todavía no han comenzado ni una sola conversación con ninguna formación.

Tras la decisión del presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, Romero ha afirmado que "ha dignificado la figura de la presidencia de la Generalitat".

"Por lo que respecta a su Govern: claroscuros, como todos los gobiernos. Es difícil", ha señalado Romero, que ha asegurado que el Ejecutivo no ha hecho muchas cosas bien y por eso desde el PSC han sido muy críticos, según ella, pero también ha destacado positivamente las políticas culturales y que Aragonès haya abierto, a su juicio, el diálogo en algunos temas.

En la misma línea, la portavoz del PSC, Núria Parlon, ha sostenido en una entrevista de este martes en Ser Cataluña recogida por Europa Press que la Mesa del Parlament "ha de representar la pluralidad que hay" en la Cámara catalana.

También ha afirmado que "lo natural" es que los socialistas aspiren a la presidencia del Parlament, y ha apuntado que la negociación es -textualmente- muy incipiente, ya que todavía han de iniciar las conversaciones con el resto de partidos, las cuales quiere que se lleven a cabo en un proceso de calma y con discreción.