En las últimas semanas, las acusaciones de “ingeniería electoral” lanzadas por el PP contra el Gobierno de España por la concesión de la nacionalidad a descendientes de personas exiliadas —contemplada desde hace un cuatrienio en la Ley de Memoria Democrática— devolvieron el foco sobre el mal llamado voto emigrante. Esto es, sobre el Censo de Residentes Ausentes (CERA), cuyo apoyo electoral los populares siempre procuraron con intensidad, muy especialmente en Galicia, donde ya supera el medio millón de inscripciones.

Mientras, en su calidad de actual líder estatal del PP, el expresidente Alberto Núñez Feijóo alimenta esa controversia, su sucesor en la Xunta daba el visto bueno definitivo a una significativa operación en el núcleo central de ese CERA para Galicia, en Argentina (casi 180.000 inscripciones correspondientes a las circunscripciones gallegas a 1 de junio de 2026), en cuya capital el Gobierno gallego va a estrenar nueva sede. Lo hará tras comprar un céntrico local por casi un millón y medio de euros.

El Consello de la Xunta del pasado 15 de junio trató el informe de una compra que dotó de fondos ya el pasado mayo. Fue entonces cuando transfirió 1,42 millones desde el programa de imprevistos de los Presupuestos Generales de 2026 a la Consellería de Emprego e Emigración “para hacer frente a los gastos de adquisición y adecuación” de un local situado en el número 990 de la avenida Belgrano de Buenos Aires, donde hasta finales de 2024 funcionó una sucursal del Banco Galicia.

Con una superficie de 730 metros cuadrados distribuidos en tres niveles —subsuelo, bajo y primera planta—, el Ejecutivo gallego dice comprarlo con la intención de “ampliar la capacidad de servicio a la ciudadanía” y “reforzar la visibilidad institucional”. Incluso antes del inicio de las reformas, la Xunta instaló ya un gran letrero corporativo en el exterior de un espacio para el que contempla funciones administrativas y también la celebración de eventos culturales, “encuentros institucionales y reuniones empresariales”, así como finalidades de promoción turística.

Indica la Consellería que las nuevas instalaciones prevén contener, asimismo, una “oficina de retorno y atracción de talento” al amparo de la Estrategia Galicia Retorna. Todo, bajo el principio político general del “compromiso de la Xunta con la comunidad gallega en el exterior, con especial atención a Argentina” y a Buenos Aires, que ensalza con la “tradicional” consideración de “quinta provincia gallega”.

En este contexto, la Secretaría Xeral da Emigración acaba de organizar una presentación de la nueva sede para “representantes de los centros gallegos y miembros de la colectividad gallega”, acto presidido por su titular, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro. Ambos cargos fueron integrados en 2022 por Feijóo en la dirección estatal del PP como “secretario en el exterior” y “representante en Iberoamérica”, respectivamente.

Indica Emigración que en ese encuentro “se explicaron las características de la nueva sede”, que “nace con la vocación de convertirse en la casa de todos los gallegos en Argentina y en un escaparate permanente de la Galicia actual”. “Será mucho más que una oficina administrativa”, aseguran.

Altri, no. O, en palabras de la conselleira de Economía, un proyecto que “no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna”. El propio Gobierno gallego se ha visto abocado a convertir en definitivo el archivo del expediente iniciado el pasado febrero. El motivo central fue que la subestación que debía dar servicio a la factoría quedó fuera de la planificación de las redes eléctricas del Gobierno de España hasta 2030.

Greenfiber, la empresa con la que Altri impulsó su proyecto de la mano de la Xunta —a través de la ahora disuelta sociedad Impulsa Galicia— y de la gallega Greenalia, presentó alegaciones contra ese archivo el pasado mayo, al límite del plazo de cuatro meses que tenía para hacerlo. Sostuvo, esencialmente, que la conexión eléctrica que inicialmente había presentado como “imprescindible” en realidad no era “esencial”. Pero el argumento no superó el filtro.

Según la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, las alegaciones de Altri no fueron “consideradas suficientes para continuar con el expediente” y, por eso, “acabamos de resolver de manera definitiva y firme el archivo”. Esta decisión cierra la vía administrativa y a la empresa solo le quedaría la posibilidad de intentar revertir la decisión mediante un recurso de reposición o, posteriormente, a través de un proceso judicial por la vía contencioso-administrativa.

Preguntada por la posibilidad de que Altri valore iniciar un nuevo proyecto desde cero, Lorenzana asegura no tener “conocimiento de eso”. Hasta ahora, señala, “pretende continuar con el procedimiento iniciado”, que tenía “una solución técnica muy concreta”: la citada subestación eléctrica de Palas de Rei, que “no está en el borrador de la planificación eléctrica” del Gobierno de España, un documento que está “ya muy avanzado”.

De esta manera, sostiene Lorenzana, “el proyecto actual es inviable por no tener conexión eléctrica”. Más aún si se tiene en cuenta que la Declaración de Impacto Ambiental —el primer permiso para la fábrica, que la Xunta sí otorgó— tiene una vigencia de cuatro años y ya ha transcurrido casi año y medio desde su aprobación. “No tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna”, sintetiza.

Como es sabido, la exclusión de la planificación eléctrica estatal supuso el revés definitivo para un proyecto que, aun así, ya había encontrado otros obstáculos: desde una enorme movilización social hasta la falta de acceso a los fondos europeos a los que aspiraba, entre ellos los destinados a la descarbonización industrial. Altri solicitó 30 millones de euros del PERTE de descarbonización pese a saber que incumplía los plazos. Ese motivo de exclusión se sumó a la previsión de utilizar combustibles fósiles en la fábrica.

Pese al cierre de todas estas vías, la movilización no cesó. Buena muestra de ello fue la manifestación celebrada el pasado mes de junio en A Illa de Arousa, en la que se reclamó precisamente el descarte administrativo definitivo de un proyecto cuyo germen fue un pacto entre el Gobierno gallego presidido por Alberto Núñez Feijóo y la propia Altri, articulado a través de Impulsa Galicia. La Xunta continúa negándose a divulgar el contenido íntegro de ese acuerdo.

La Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo concedió en 2018 un préstamo de dinero público de 2,5 millones de euros a la empresa editora del diario El Correo Gallego, en un momento en que el propio consejo de administración del periódico reconocía por escrito una situación financiera de quiebra. Lo recoge un auto judicial dictado el pasado 20 de mayo por un juzgado de Santiago y al que ha tenido acceso infoLibre.

El crédito fue concedido a través de Xesgalicia (Xestión de Capital Risco de Galicia), la sociedad pública de capital riesgo de la Xunta, y el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), el organismo autonómico de fomento económico. Ambos dependen del Gobierno a través de la Consellería de Economía, en ese momento dirigida por Francisco Conde, mano derecha y amigo personal de Feijóo, hasta el punto de formar parte del selecto grupo de dirigentes del partido que le han acompañado desde Galicia en su etapa en Madrid. 

En teoría, el dinero se concedió dentro de una reestructuración financiera que Editorial Compostela, la sociedad propietaria de la cabecera, negoció ese año con sus acreedores. Abanca, el principal de todos ellos, perdonó entonces al periódico más de 5,5 millones de euros de deuda.

Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno de Feijóo no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del medio.

En esas mismas actas, citadas en el auto pero que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. El periódico dejó de pertenecer a Rey Novoa y su entorno en noviembre de 2022. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña adjudicó entonces Editorial Compostela, dentro del concurso de acreedores, al grupo Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll, que ya edita en Galicia Faro de Vigo y La Opinión A Coruña. La operación se cerró por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones. Prensa Ibérica asumió entonces 32 de los 46 contratos laborales que quedaban en la plantilla.

El auto que ha sacado a la luz un posible caso de tráfico de influencias para conseguir un crédito de 2,5 millones está firmado por la magistrada Ana López-Suevos. Se dirige contra los anteriores responsables del periódico y ordena continuar el procedimiento penal contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal.

El alzamiento de bienes consiste en ocultar o sacar patrimonio de una empresa para impedir que los acreedores puedan cobrar sus deudas. La resolución añade un cargo de apropiación indebida, del artículo 253 del Código Penal, contra Rey Novoa y contra Ángel María Remesar Zabaleta, histórico directivo del diario. 

La causa se inició por la denuncia de varios antiguos empleados de El Correo Gallego que pasaron meses sin cobrar sus salarios, aunque a ella se sumaron el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Ministerio Fiscal. Ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado en los juzgados para tratar de recuperar el dinero público prestado y que el periódico nunca devolvió.

El juicio oral no tendrá lugar hasta 2027, cinco años después de la presentación de la primera denuncia, según las previsiones de Francisco Méndez, el abogado que lleva la acusación en nombre de nueve extrabajadores del diario. Pero las primeras reclamaciones por impagos se remontan a 2018.

El Correo Gallego arrastraba problemas financieros desde antes de la pandemia, algo que ya aparecía en sus cuentas anuales. La crisis del covid-19 aceleró un deterioro que el consejo de administración admitía por escrito en 2018, según consta en el auto de la jueza.

Fue en ese contexto cuando Rey Novoa negoció el préstamo de Xesgalicia e Igape. El auto cita también campañas publicitarias de la Xunta y convenios institucionales como fórmulas a corto plazo con las que el máximo responsable del periódico, con la ayuda indispensable de la administración dirigida por Feijóo, trataba de mantener el diario en marcha.

Gracias al dinero del préstamo, Editorial Compostela saldó deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Eso garantizó, a su vez, según recoge el auto, el cobro de convenios como el firmado con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), otra de las vías habituales a través de las cuales la Xunta ha financiado durante décadas a los diarios gallegos para asegurarse líneas editoriales complacientes.

Pese a ese alivio contable, la deuda con la plantilla siguió creciendo. En octubre de 2020 alcanzaba ya los 4,7 millones de euros, según los cálculos incorporados a la causa.

En febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña admitió a trámite el preconcurso de Editorial Compostela. La empresa terminó solicitando el concurso voluntario, declarado el 22 de junio de ese mismo año.

El grueso del auto se apoya en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ratificado por un inspector del grupo en su declaración del 9 de abril de 2025 ante el juzgado.

Según ese informe, Editorial Compostela, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Think First y la Agrupación Deportiva El Correo Gallego funcionaban como un único grupo empresarial con “unidad de caja”. Los ingresos de unas se usaban para pagar gastos de otras, de modo que el dinero no se acumulaba en las cuentas embargables de la editora para así eludir los compromisos con los acreedores, entre ellos los trabajadores.

El informe detalla movimientos concretos. De los más de 11,1 millones de euros ingresados en una sola cuenta de Editorial Compostela, 8,94 millones acabaron en la Agrupación Deportiva El Correo Gallego, una asociación sin apenas actividad real más allá de organizar una carrera popular, según reconoció el propio Remesar Zabaleta ante los investigadores.

La Inspección de Trabajo llegó a conclusiones similares en un informe propio. Detectó que la publicidad del periódico se facturaba indistintamente desde varias de esas sociedades y que unas avalaban las pólizas de crédito de las otras.

Junto al préstamo autonómico, el auto documenta decenas de préstamos privados que entraron en las cuentas del grupo a lo largo de los años, buena parte de ellos sin que conste su devolución. Entre los prestamistas aparecen empresas y particulares gallegos, así como sociedades vinculadas a personas con antecedentes por estafa.

La resolución judicial recoge también operaciones de vaciamiento patrimonial. En junio de 2021, Rey Novoa vendió sus acciones de Editorial Compostela, valoradas en más de 1,19 millones de euros, y su participación en Think First por un precio simbólico de 1 euro a Open Knowledge Consulting, sociedad de Arsenio Olmo Chaos.

La operación se revirtió meses después mediante un pacto de retroventa, también por 1 euro. El auto señala que Olmo Chaos y su socio Romualdo Soriano Medina acumulan varias causas judiciales por presuntas estafas a empresarios que buscaban financiación.

Entre las vías de ingreso del grupo figuran también contratos con la CRTVG, una compañía controlada también por la Xunta de Feijóo. Código Televisión ofreció como garantía a favor de la financiera privada Visualiza Business el derecho de cobro de dos producciones para la televisión pública gallega, SoanCampás y 48 horas para o sí, por las que la CRTVG llegó a pagar 494.000 y 400.000 euros respectivamente.

De ese segundo contrato, según el auto, solo 48.400 euros llegaron a Visualiza Business pese al importe total pactado. Think First dio en garantía de forma similar el cobro de otro contrato con la CRTVG, por 1,1 millones de euros, a favor de la sociedad CTV.

Mientras el grupo empresarial garantizaba el pago a la Seguridad Social y a Hacienda, las nóminas se abonaban de forma irregular, según constata el auto. Varios extrabajadores obtuvieron sentencias favorables en la jurisdicción social que no pudieron ejecutar por la insolvencia declarada de las empresas.

El Fogasa tuvo que abonar 1.839.069,70 euros a los extrabajadores dentro del concurso de acreedores. De esa cantidad, la administración concursal solo ha devuelto al fondo 138.231,36 euros, por lo que restan pendientes 1.700.838,34 euros.

Los trabajadores personados en la causa reclaman además una responsabilidad civil que suma, entre los distintos grupos representados por sus procuradores, más de 1,02 millones de euros.

El abogado de los trabajadores, que está a punto de conseguir sentar en el banquillo a Rey Novoa, recuerda ejemplos sangrantes para los empleados. Entre las prácticas irregulares del hombre que controlaba el periódico y que muestran hasta dónde desviaba el dinero que recibía, en su mayor parte de una Xunta en la que, según sus propias palabras, tenía gran influencia, destaca la compra de un piso de 400.000 euros a nombre de su mujer. O el pago de un salario mensual a su hija cuando vivía en Miami (Estados Unidos), ajena al periódico, mientras los empleados estaban sin cobrar.

infoLibre ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de la dirección de comunicación del partido, por qué Xesgalicia, presidida por Francisco Conde y empresa de la Xunta, concedió 2,5 millones a El Correo Gallego cuando ya estaba en quiebra. También si ejerció algún tipo de influencia José Manuel Rey Novoa para conseguir que la Xunta le concediese ese préstamo, como él mismo afirmó ante su consejo de administración, echando mano de sus contactos con Conde o con él mismo. Y también por qué ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado para tratar de recuperar judicialmente el dinero público prestado, que nunca fue reintegrado.

Feijóo, a través de su servicio de prensa, ha declinado responder estas preguntas y ha señalado que las cuestiones debían dirigirse al actual Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda. La respuesta del Ejecutivo autonómico, después de calificar este asunto, que se está ventilando ahora en los tribunales, de “tema antiguo”, ha sido de defensa de la concesión del crédito.

“Las líneas de financiación que se le concedieron a esta empresa, como todas las que proceden de fondos públicos, cuentan con la necesaria justificación económica y jurídica”. Las decisiones que se adoptaron, añade la respuesta oficial del actual Gobierno gallego, “tenían el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto empresarial y el mantenimiento del empleo”. “Ni las decisiones adoptadas por la empresa ni las declaraciones de sus entonces responsables competen a la Xunta”. El Ejecutivo de Rueda no aclara en su respuesta si Rey Novoa intentó ejercer influencia para obtener el crédito o el motivo por el que la Xunta no reclamó judicialmente por vía penal la devolución del dinero.

El alboroto volvió a tener, como de costumbre, el mismo epicentro. La aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley para “otorgar al concebido no nacido la condición de miembro de la unidad familiar” para supuestos como la “concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta” o expedir títulos de familias numerosas, en la línea de lo que el PP madrileño había prometido hace siete años, desencadenó el debate sobre un posible giro de los populares más a la derecha o su seguimiento de medidas en boga en territorios como los EE UU. Incluso una promesa de Alberto Núñez Feijóo de extender tal medida a todo el Estado si llega al Gobierno de España.

Una parte relevante del alboroto obvia que la esencia de estas medidas y promesas puede tener muchas implicaciones, pero ninguna de ellas es una completa novedad. No en vano, se trata de una política que cumple estos días quince años, los que ya han transcurrido desde la aprobación por el PP gallego en el Parlamento de la ley de apoyo a la familia y a la convivencia, que junto a diversos aspectos de la política social estableció “asimilar a descendiente el hijo o hija concebido o concebida” para obtener la consideración de familia numerosa o monoparental en el acceso a ayudas públicas.

Para acogerse a esa ley es necesario obtener el llamado “certificado de niño/a concebido no nacido” a través de la Consellería de Política Social. En 2019, el departamento que dirige Fabiola García explicó, a preguntas de Praza.gal, que ya llevaba expedidos “algo más de 400 certificados” para que los “concebidos no nacidos” fuesen “asimilados a la categoría de descendientes”. Este diario trasladó a la Consellería la misma pregunta respecto a los datos acumulados hasta este 2026. En el momento de la publicación de esta información aún no había obtenido respuesta.

En la actualidad, Política Social sigue destacando en su información pública al respecto que “Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en permitir a la familia con hijos concebidos, pero aún no nacidos, beneficiarse de lo que les corresponderá tan pronto nazcan”. Este reconocimiento, no obstante, no es admisible en todos los ámbitos de la propia Consellería, caso por ejemplo de la reserva de plazas en escuelas infantiles, tal y como acaba de acreditar una reciente recomendación de la Valedora do Pobo que este departamento del Ejecutivo gallego decidió no admitir. Las órdenes de matrícula prohíben expresamente tramitar la solicitud de plaza mientras el menor no nace.

[Sin escuela infantil por nacer a mitad de año: la Xunta rechaza la petición de la Valedora de “evitar la discriminación”]

Aquella ley de 2011 encabezaba su capítulo de “políticas públicas de apoyo a la maternidad” fijando como uno de sus “principios rectores” la “protección institucional del derecho a la vida”. Y señalaba como uno de sus ámbitos de actuación la “promoción” de “campañas de sensibilización” destinadas, entre otros aspectos, “a la protección del derecho a la vida en formación”.

Estas líneas de actuación seguían un camino político asumido por el PPdeG apenas dos años antes, en 2009. Fue entonces cuando, tras obtener la mayoría absoluta que les permitió retornar a la Xunta con Feijóo al frente, aceleraron en el Parlamento la aprobación de la “ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”. Fue la traducción normativa de una iniciativa legislativa popular promovida desde la llamada Red Madre, una organización impulsada desde el antiabortista Foro Español de la Familia que consiguió así introducir en la legislación gallega la protección del “derecho a la vida en formación desde la concepción” y el cómputo de “miembros adicionales” de la familia para acceder a ayudas “desde el momento de la fecundación”.

Sobre estas bases, los gobiernos presididos por Feijóo aprobaron otras normas y planes. Fue el caso del Plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014. En desarrollo de la ley de la Red Madre, contemplaba la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de las ayudas previstas en materia social, familia y vivienda”.

En una línea prácticamente idéntica, el VII Plan Estratégico de Galicia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2020 anexó a las medidas para “potenciar los recursos de atención y apoyo para garantizar una asistencia integral a las mujeres embarazadas” la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas y otros recursos públicos”.

La siguiente edición del plan de igualdad, vigente desde 2022 y hasta el próximo 2027, no incluye esa mención. En cualquier caso, el cómputo de hijas o hijos “concebidos y no nacidos” como miembros de la unidad familiar sigue figurando en órdenes de ayudas y otras medidas, caso por ejemplo de los nuevos umbrales de renta para el acceso a viviendas protegidas, aprobados por el Consello de la Xunta el pasado mayo, o de las subvenciones para hacer obras de “habitabilidad” en “infraviviendas”, convocadas a principios de año.

Aunque con matices, este pasado lunes el propio Feijóo se refería a estas medidas de sus propios gobiernos al afirmar, durante una entrevista en Antena 3, que si logra “responsabilidad de Gobierno” en el Estado, “haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. “Lo hice en el año 2011 en Galicia” y ahora “la presidenta de la Comunidad de Madrid lo reiteró y lo amplió”, especificó.

Preguntado al respecto, el actual presidente de la Xunta evidenciaba este lunes que lo que señala como “ventajas importantes” para “muchas mujeres, incluso antes del nacimiento” ya “existen en Galicia desde hace muchos años”. “Todas estas medidas vienen del anterior presidente de la Xunta y nosotros, por supuesto, las mantuvimos”, señala Alfonso Rueda, quien matiza que se le “escapa” si existen “condicionantes que a nivel estatal pueden llevar a hacerlo por ley”, como sugiere ahora Feijóo.

El Tribunal Militar de A Coruña acaba de hacer pública una sentencia que condena, con la conformidad del acusado, a un cabo primero del Ejército de Tierra destinado en el cuartel de Atocha de esa ciudad como autor de un delito de abuso de autoridad en la modalidad de maltrato de obra contra un soldado. El condenado, “en evidente estado de embriaguez”, lo agarró por el cuello, lo empujó y le ofreció unas “hostias” al subordinado, por lo que fue condenado a indemnizarlo con 2.000 euros.

Según el relato que hace la sentencia, emitida por conformidad de las partes, el día de los hechos el cabo primero entró en el acuartelamiento de Atocha a las 3.30 horas y accedió al centro de control y seguridad del mismo “en evidente estado de embriaguez y olor a alcohol”. Cuando uno de los soldados que estaban de guardia en ese centro de control fue al aseo, el cabo primero le gritó “a dónde cojones vas” y lo siguió. Y en el aseo, tras cerrar la puerta, situó los puños a la altura de la cara del soldado, le dijo que “ahora estamos tú y yo solos” y le gritó “si lo estaba vacilando, repitiendo varias veces que le iba a dar unas ‘hostias’”.

Siempre según el relato de los hechos probados de la sentencia, cuando el soldado intentó salir del aseo el cabo primero “se lo impidió, agarrándolo del cuello con una mano y después sujetándole las solapas con ambas manos, empujándolo contra la pared varias veces”. El soldado le dijo que “si le daba un puñetazo se iba a meter en un lío, a lo que el cabo primero respondió que si no se lo daba ese día lo buscaría en la calle para dárselo”.

La sentencia dice que “los hechos que se declararon expresamente probados constituyen un delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de maltrato de obra”, que no solo atenta contra la integridad física y moral de la víctima sino también “contra la propia disciplina, como elemento estructural de cohesión que resulta indispensable para que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar las misiones constitucionales”.

“En este caso, resulta meridiano que el acusado conocía su condición de superior, desde el punto de vista jerárquico, respecto al soldado”, dice la sentencia, que añade que llevó a cabo “los hechos de forma voluntaria siendo plenamente consciente del acto que perpetraba”.

Como autor de los hechos probados, el cabo primero fue condenado, con su conformidad, a una multa de tres meses con cuota diaria de dos euros (180 euros) y a indemnizar al soldado por daños morales con 2.000 euros, cuantía que ya había sido consignada previamente, lo que le permitió aplicar la atenuante de reparación del daño.

¿Cuatro mil viviendas son muchas o pocas? Como prácticamente toda cifra: depende. En cifras redondas son las que continúan en manos de los bancos y otras entidades financieras y están vacías en Galicia, según los datos del censo oficial de la Xunta a los que Praza.gal pudo acceder al amparo de la Ley de Transparencia tras evitar el Gobierno gallego entregarlos al Parlamento. Y supone un volumen prácticamente idéntico al de pisos de promoción pública que la Xunta asegura estar en condiciones de construir en esta legislatura.

Concretamente, las cifras del censo indican un total de 4.081 viviendas vacías propiedad de bancos en 130 ayuntamientos. Y la Consellería de Vivenda asegura que las promociones de pisos públicos que ya tiene “en ejecución” —término que engloba desde los trámites previos hasta la construcción propiamente dicha— son ya algo “más de 4.000”. Con las obvias diferencias en cuanto a las localidades en que se encuentran unas y otras.

Como muestra el gráfico interactivo sobre estas líneas, más de la mitad de esas 4.081 viviendas vacías en manos de la banca son titularidad de la Sareb, el banco malo constituido por el Gobierno de España en colaboración con el sector financiero durante la gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, 5.000 millones en bienes procedentes de Caixa Galicia y Caixanova—. Por tanto, a priori, serían susceptibles, por las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública y favorecer promociones de alquiler protegido.

Por detrás de la Sareb destaca como segundo gran banco propietario de viviendas vacías en Galicia el Santander, con 600. El resto se distribuyen en volúmenes muy inferiores entre más de una treintena de empresas, de bancos a fondos de inversión inmobiliaria. La presencia de Abanca entre ellos es residual (24 viviendas a nombre de Abanca Corporación Bancaria y 49 en manos de su división inmobiliaria) precisamente porque el grueso de los activos tóxicos pasaron a la Sareb antes de la compra de Novagalicia Banco por el venezolano Banesco.

Pero, de vuelta a la pregunta inicial: ¿son muchas o pocas? En comparación con las viviendas protegidas en general —y de promoción pública en particular— en las últimas legislaturas, son un volumen muy considerable. Así, por ejemplo, en la pasada legislatura gallega —la de la dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente— quedaron terminadas en Galicia apenas 281 viviendas. En la anterior (la salida de las elecciones de 2016) habían sido pocas más, 337. Y en la previa, la iniciada con los comicios de 2012, quedaron en 622.

Hay que remontarse a la primera legislatura con Feijóo en la Xunta para encontrar una cifra de viviendas protegidas más abultada. Fundamentalmente por proyectos heredados del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, en aquel período de 2009 a 2012 se finalizaron algo más de 6.000 pisos protegidos. En el mandato de socialistas y nacionalistas, entre proyectos propios y provenientes del fraguismo, fueron más de 12.000. Durante todas las legislaturas de los años 90, con Fraga en la Xunta, también se superaron las 10.000 por mandato.

El grueso de las viviendas protegidas levantadas a lo largo de la autonomía irá perdiendo paulatinamente esa condición, dado que —en función de la normativa vigente en cada momento— van quedando sin restricciones para ser compradas y vendidas sin precio tasado ni tener que dirigirse a población inscrita en el Registro de Demandantes de la Xunta. Como informó Praza.gal a partir de una amplia investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia va a perder algo más de 35.000 viviendas protegidas, por lo que tanto las vacías en manos de los bancos como las de promoción pública proyectadas por la Xunta no compensarían, ni de lejos, esa pérdida.

Cuatro mil viviendas tampoco son muchas en comparación con otro indicador clave: la demanda de vivienda protegida. Alimentado por los anuncios de esas cuatro mil viviendas de promoción pública —y del desarrollo de suelo residencial en diversas localidades para otras 20.000 protegidas—, el Registro de Demandantes viene batiendo sucesivos récords y, en el momento de la redacción de esta información, el 2 de julio de 2026, ya tenía inscritas casi 34.400 peticiones.

Hace apenas un año eran poco más de 22.000, lo que sitúa por encima del 50% el crecimiento interanual de una demanda que 4.000 viviendas apenas cubrirían. No en vano, 4.000 viviendas equivalen a apenas el 12% de las inscripciones en el registro de demandantes de vivienda protegida.

Las olas de calor y los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes y su intensidad es cada vez mayor a causa del cambio climático. También en Galicia. En mayo y junio sufrimos ya varias semanas con récords de temperatura en muchas localidades. El fenómeno se repetirá este fin de semana en la mayor parte del país, anticipando un verano y un futuro inmediato en el que el calor (y sus consecuencias para la salud) serán noticia y exigirán actuaciones a las administraciones. Por ejemplo, con la creación de refugios climáticos, de momento inexistentes en Galicia. El pasado mes de enero se anunció la creación en Ourense del primer espacio de este tipo.

Los refugios climáticos son espacios en edificios públicos (bibliotecas, centros culturales, escuelas, centros cívicos, iglesias...) o en el exterior (parques, jardines...) que ofrecen confort térmico durante los períodos de altas temperaturas, bien porque están climatizados o porque permiten estar a una temperatura inferior gracias a contener árboles o espacios de sombra. Están pensados sobre todo para la infancia y para las personas de mayor edad, que son quienes más sufren los efectos de las temperaturas elevadas.

Greenpeace ha publicado el informe Ciudades al rojo vivo, en el que analiza la existencia de estos espacios en las 50 capitales de provincia del Estado. En el documento destaca la carencia de refugios climáticos públicos en las cuatro capitales provinciales gallegas, en contraste con lo que sucede en otras comunidades autónomas. Los refugios climáticos son más habituales en ciudades de territorios meridionales o mediterráneos que sufren altas temperaturas, como Barcelona, Murcia, Málaga o Lleida. Pero, ojo, también son numerosos en zonas del norte, como el País Vasco (cerca de 300 en sus tres capitales provinciales) o La Rioja.

La organización ecologista destaca que solo 1 de cada 3 capitales de provincia en el Estado cuenta en la actualidad con esta medida, con redes más numerosas en Euskadi y Catalunya y su total ausencia en Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, alerta Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace, que señala que “los refugios climáticos son una medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo”.

Sin embargo, estos son aún muy escasos, su número no ha crecido lo suficiente en el último año y, además, en algunas ciudades “existen refugios aislados o en número insuficiente, que no se consideran en el análisis al no constituir una red que permita a la población tener acceso a protección de forma equitativa”.

El documento destaca que “el norte ya no es un destino para escapar del calor”, pues “durante los momentos de altas temperaturas de mayo y la ola de calor de junio, sus ciudades destacaron por las constantes alertas rojas sanitarias” y, a pesar de ello, “Oviedo, Santander, Lugo y Santiago no cuentan con ningún refugio climático”.

Greenpeace destaca que “horarios, espacios inadecuados y no tener en cuenta a la ciudadanía son las tres principales barreras que lastran la efectividad de los refugios climáticos”. La organización subraya que estos espacios deben abrir todos los días de la semana y durante todo el día (especialmente durante el mediodía y las tardes).

En el caso de los espacios, critica la existencia de refugios sin zonas de descanso, agua o, en el caso de exteriores, sombra suficiente. También existen espacios cuya catalogación como refugios “resulta cuestionable”, como sucede con las estaciones de transporte, o sin gratuidad clara como mercados, museos y espacios comerciales.

En cuanto a los ejemplos positivos, destacan, sobre todo en Cataluña, los microrrefugios, espacios donde el pequeño comercio de barrio participa en la protección de la ciudadanía de forma gratuita. Otra buena práctica es la apertura de patios escolares a la comunidad para su uso como refugios, una medida que, a pesar de las limitaciones de horario, “refuerza la necesidad de adaptar los centros educativos para transformarlos en verdaderos refugios climáticos por su potencial de proteger a todo un barrio más allá de las horas lectivas”.

“Nunca hubo 382.568 españoles, 114.625 de ellos gallegos, que participasen en unas generales desde el extranjero. (...) Lo que sí ocurrió (...) es que llegaron del exterior 382.568 votos, 114.625 de ellos gallegos, emitidos en nombre de otros tantos electores residentes más allá de las fronteras. En una parte significativa, imposible de cuantificar, esas cifras reflejan el irregular trabajo de las maquinarias de PSOE y PP en la diáspora, especialmente en el Río de la Plata. Abarcaba el tráfico de sacas, recogidas masivas y pagadas de papeletas, intervenciones ilegítimas de gobiernos ajenos, participación de personas ya fallecidas y, en general, un descontrol descomunal gestionado por empresas de correos extranjeras”.

En julio de 2018 Anxo Lugilde, uno de los periodistas con mayor conocimiento del sistema de voto exterior, autor de uno de los libros de referencia al respecto —El voto emigrante. Viaje por la zona oscura de la democracia española (Galaxia, 2007) y doctor en Historia Contemporánea con una tesis sobre la participación política de la emigración gallega— contextualizaba de este modo en una crónica para Praza.gal la necesidad de una “urgente” reforma del mal llamado voto emigrante, el de las personas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El mismo que durante décadas, desde tiempos de Fraga, el PP trató con especial cariño y que el heredero del fraguismo, Alberto Núñez Feijóo, simula redescubrir estos días para lanzarlo contra Pedro Sánchez.

La cuestión sobre la que el PP contribuyó a traer el voto CERA a la actualidad es la apodada como ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que, al estilo de lo ocurrido con la Ley de Memoria Histórica hace una década, extiende el acceso a la nacionalidad española a la descendencia de personas que tuvieron que exiliarse por motivos políticos. La extrema derecha de Vox se aferró a esa disposición para, en sintonía con la internacional reaccionaria de la que la formación de Santiago Abascal es miembro orgulloso, envolverla como un intento de fraude por parte del PSOE en general y de Pedro Sánchez en particular para las próximas elecciones generales. Un “pucherazo” por la vía de incrementar el censo exterior, acusaban.

Feijóo también sintonizó. En varias declaraciones públicas, especialmente en una en respuesta al locutor radiofónico Federico Jiménez Losantos, atribuyó la concesión de la nacionalidad por esta vía a un ejercicio de “ingeniería electoral”. A la voluntad de “fabricar dos millones y medio de votantes”, porque “las encuestas le dicen [a Sánchez] que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente”, sostuvo en otra entrevista en una televisión murciana entre críticas al procedimiento para “ampliar el número de personas que tienen derecho a pasaporte”.

Entre un creciente alboroto, otros portavoces y dirigentes del PP —entre ellos, el presidente Alfonso Rueda— optaron por relativizar unas críticas que, en cualquier caso, pusieron el foco en el voto exterior. Una cuestión especialmente espinosa en el caso gallego, por ser las circunscripciones de Galicia las que más inscripciones en el CERA acumulan en todo el Estado. A principios del pasado mayo eran ya más de medio millón, unas 34.000 más que en las elecciones gallegas de 2024, antes de las cuales el PP de Feijóo había prometido, precisamente, facilitar el acceso a la nacionalidad a la generación de las nietas y nietos de emigrantes.

El cariño político con el que el PP en general y el PPdeG en particular trataron el voto exterior varió escasamente en toda la historia de la formación. Pero sí fue cambiando su exigencia de garantías democráticas al respecto. Apenas existió durante el fraguismo, tiempos en los que abundaron los rumores sobre fraudes como los resaltados por Anxo Lugilde, concretados también en informaciones periodísticas que probaron, por ejemplo, la emisión de votos para las circunscripciones gallegas en nombre de personas emigradas que ya habían fallecido o la facilidad para que una sola persona votase en nombre de otras muchas sin mayor control.

A casos como esos había aludido el PP al final del fraguismo, cuando lo ajustado del escenario político le hacía temer la pérdida de la Xunta —lo que finalmente sucedió tras el recuento, precisamente, de un sufragio exterior que no movió diputados—. Y también lo había hecho Feijóo desde la oposición en Galicia, prometiendo voto en urna con garantías semejantes a las de la Galicia interior si vencía en unos comicios gallegos, los de 2009, para los que el voto CERA contó por primera vez con una mínima garantía de seguridad: anexar una fotocopia del DNI al sufragio para, cuando menos, acreditar que la persona que votaba seguía viva.

La introducción de esa mínima garantía implicó un primer descenso de la participación electoral del CERA, caída que sería aún más abrupta a partir de 2011, cuando PP y PSOE pactaron una reforma electoral para introducir el voto rogado, esto es, que las personas inscritas en el censo exterior tuviesen que solicitar expresamente participar en cada proceso electoral. El cambio, concebido para ahuyentar el fraude, insertó plazos muy ajustados y tratamientos idénticos para situaciones muy dispares (por ejemplo, emigración reciente con descendientes y sistemas postales diferentes entre sí).

Fue en este contexto en el que populares y socialistas, y especialmente también Feijóo, reclamaron como urgente suprimir el sistema de sufragio rogado, lo cual acabó sucediendo en 2022 a partir de una proposición de ley del PSOE con Unidas Podemos. La nueva norma suprimió el voto rogado, pero introdujo un plan para depurar el censo —una de las demandas históricas para, entre otros aspectos, eliminar a personas fallecidas— y nuevos procedimientos, como recibir los sobres de votación sin solicitud previa y poder descargar las papeletas de internet para votar en urna en embajadas o instalaciones consulares o bien por correo, con el voto enviado a la embajada o consulado llevando anexas copias del carné, del certificado de nacionalidad o de la inscripción consular.

Este nuevo sistema se estrenó en las elecciones generales de 2023. En el caso gallego la participación aumentó, pero quedó muy lejos de las cifras espectaculares del fraguismo y los resultados fueron victorias aplastantes del PP. En el conjunto del Estado los más votados también fueron los populares y la única repercusión de los sufragios llegados del extranjero fue que los socialistas perdieron un escaño por la provincia de Madrid en beneficio de los de Feijóo, un solo asiento en el Congreso que aun así tuvo relevancia política al obligar a Pedro Sánchez a conseguir el “sí” de Junts a su investidura, sin que fuese suficiente con una abstención.

Al año siguiente, en 2024, las primeras elecciones gallegas tras el fin del voto rogado registraron una participación semejante a la de las generales entre los miembros del CERA, apenas un 6%, e implicaron también una amplia victoria del PP que no movió escaño alguno. Cuatro años antes, en 2020, sí se había movido un diputado (a favor del PP y en perjuicio del PSOE).

Hace una década, después de que el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo permitiese empezar a dejar atrás la gran recesión, la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, anunció un giro social. Tras perder el PP importantes cuotas de poder en las elecciones municipales de 2015, las de la emergencia de las mareas, el Gobierno gallego había lanzado promesas como ayudas para paliar los efectos de los desahucios o un mayor control sobre las viviendas que seguían en manos de los bancos —procedentes del rescate de las cajas o de los propios desalojos, por ejemplo—, mientras sectores de la población buscaban techo.

Fue así como la Xunta lanzó su censo de viviendas vacías para "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Existía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable", justificó en el decreto que lo reguló, que hizo obligatorio para los bancos inscribir todas sus viviendas vacías en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Como informó Praza.gal, la pasada primavera la Xunta se negó a dar al Parlamento los datos de este censo justificando que la normativa que lo regula no obliga a publicarlos. Este diario los reclamó al amparo de la Ley de Transparencia y acaba de obtenerlos: según la información manejada por la Xunta a junio de 2026, los bancos y otras entidades financieras conservan en Galicia 4.081 viviendas vacías en 130 ayuntamientos.

Los datos obtenidos por Praza.gal y ahora liberados muestran que el Gobierno gallego dispone de información incluso más allá de la estrictamente requerida por el censo, toda vez que los ayuntamientos que superan los 10.000 habitantes son poco más de medio centenar. Como muestra el mapa sobre estas líneas, el municipio que cuenta con un mayor número de estas viviendas vacías en manos de la banca es la ciudad de A Coruña, con 307. La siguen Vigo, con 227, y Narón, con 209. También superan las 150 los ayuntamientos de Lalín, Cee, O Porriño y Ferrol.

En un contexto en el que, en respuesta al requerimiento de Praza.gal, el Instituto Galego da Vivenda e Solo especifica que "estos datos están en fase de revisión", ya que el organismo dependiente de la Consellería de Vivenda "requirió a las entidades su actualización a fecha real", la foto fija de las cifras obtenidas permite extraer más conclusiones, además de la distribución por ayuntamientos. Entre ellas, que un número muy relevante de estas viviendas estarían en disposición de salir al mercado de alquiler accesible bajo control estatal.

La razón de esta posibilidad es que la entidad financiera con más pisos y casas inscritas en el registro de viviendas vacías de la Xunta es la Sareb, esto es, el banco malo constituido en plena crisis financiera para quedarse con los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, unos 5.000 millones en propiedades de Novacaixagalicia—. Son algo más de 2.000 pisos que, en virtud de las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, estarían en condiciones de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública. En los últimos años, además, la Xunta compró algunas de las viviendas de la Sareb.

Como refleja el gráfico interactivo sobre estas líneas, la Sareb es la gran protagonista de las viviendas vacías inscritas en los ayuntamientos con mayor concentración de estos pisos, con más de un centenar en A Coruña y Vigo y también en villas como Cee, Narón, Ares, Ribeira o Lalín, siempre según los datos del censo de la Xunta obtenidos por Praza.gal. Por detrás del banco malo son también significativas las cifras del Banco Santander, con 600 viviendas inscritas a su propio nombre y casi 200 más a través de sus filiales Luri 6 y Altamira —esta última es su antigua inmobiliaria y sigue manejando partes relevantes de su cartera, pese a no ser ya propiedad suya—.

Frente a estos nombres principales y otros de fondos de inversión como Global Pantelaria resulta significativa, en comparación, la escasa cifra de viviendas vacías inscritas en el registro por Abanca, ya sea a nombre de Abanca Corporación Bancaria, con un total de 24, o de su división inmobiliaria, que tiene inscritas 49 en el censo. La razón es que el grueso de los activos inmobiliarios tóxicos —por ejemplo, promociones inmobiliarias fracasadas tras el estallido de la burbuja o procedentes de hipotecas impagadas— de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova ya no estaban en la entidad resultante de su fusión y rescate, Novagalicia Banco, cuando fue adjudicada al venezolano Banesco, subasta de la que nació Abanca.

En lo que atañe a las principales ciudades, foco de la pregunta que la Xunta se negó a responder al Parlamento, las viviendas vacías propiedad de entidades financieras inscritas en el registro oficial son algo menos de un millar. Son 909, de las que más de la mitad se distribuyen entre Vigo y A Coruña, en ambos casos con la Sareb y el Banco Santander como principales propietarias.

Más allá de las dos ciudades más pobladas, Ferrol es la tercera entre las siete principales urbes con más pisos vacíos en manos de los bancos. La suma es de 160, según el censo de la Xunta.

A mayor distancia están las cifras de Lugo, con 69. En Ourense y Pontevedra también superan el medio centenar, y en ninguna de las dos la Sareb es la principal propietaria: en la capital ourensana es la inmobiliaria Altamira y en la ciudad del Lérez, el Banco Santander. Santiago cierra el registro entre las ciudades, con solo 23 pisos vacíos propiedad de entidades financieras.

El Ministerio de Educación presentó la pasada semana a los sindicatos más representativos del sector —entre ellos, la CIG-Ensino, mayoritario entre el personal docente público gallego— su propuesta para la bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. En el caso gallego, implicaría una notabilísima reducción con respecto a la normativa vigente, un decreto aprobado hace más de veinte años, en los días finales del fraguismo.

La iniciativa del Gobierno de España consiste en que en las aulas de 0 a 1 años cada docente tendría que estar a cargo de un máximo de cuatro bebés, cuando en Galicia actualmente son más. En las de 1 a 2 años el límite estaría en 8 frente a los 13 menores actuales y en las de 2 a 3 años, actualmente con hasta 20 niñas y niños por docente, la relación no podría pasar de 8 plazas de alumnado por cada plaza de personal educador.

Frente a la buena acogida entre las centrales sindicales, la Xunta recibió la iniciativa estatal con abierta hostilidad. La conselleira de Política Social, Fabiola García, lo interpretó como “un intento del Gobierno central de boicotear” el “modelo de gratuidad pionero puesto en marcha por Galicia”, esto es, la extensión de la escolarización de 0 a 3 años sin pago directo por parte de las familias mediante subvenciones a escuelas privadas y no con la ampliación de las plazas públicas.

“No aportó ni un euro”, censuraba García la pasada semana en una reunión con representantes de empresas del sector. “El presidente Sánchez dijo que iba a implicarse en la financiación de las escuelas infantiles, en la gratuidad, pasaron tres años y no hizo nada”, ahondaba en la misma línea este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ambas consideraciones obvian que el Gobierno de España llegó a remitir al Ejecutivo gallego 34,9 millones de euros para crear hasta 3.417 nuevas plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, de los cuales la Xunta devolvió la mayoría: 22 millones de euros.

Como informó Praza.gal, a finales de 2024 el departamento que dirige Fabiola García tramitó ante el Estado la devolución de 22,3 millones de fondos europeos de recuperación al Ministerio de Educación. Lo hizo cuando aún quedaba un año para gastarlos en la creación de las citadas más de tres mil nuevas plazas de educación infantil.

Política Social justificó el retorno del dinero en que los fondos “habían sido diseñados para aumentar la tasa neta de escolarización” en 0-3 años y Galicia ya lideraba este indicador. Pero también —y sobre todo— lamentó que el Gobierno de España “no permitiese utilizarlos para financiar el programa de gratuidad que tiene Galicia”.

Esta segunda razón fue la clave del conflicto. La Xunta reclamaba poder destinar los fondos indistintamente tanto a crear plazas públicas como a financiarlas en centros privados y el Estado los enfocó únicamente a la red pública. De esta manera, en Galicia se gastaron 12,54 millones —fundamentalmente, en transferencias a ayuntamientos para escuelas infantiles municipales— y los otros 22 se devolvieron.

Más de un año después de esa devolución, Rueda esgrime esa queja de falta de financiación estatal para advertir de que la bajada de ratios que promueve el Gobierno de España “compromete muy seriamente la gratuidad de las escuelas infantiles” porque sería una “obligación sin ningún tipo de financiación”. “Habría que doblar el número de plazas o bajar a la mitad el número de matriculados”, sostiene el presidente, en cuya opinión el sistema en Galicia “estaba funcionando”, hasta el punto de ser “modélico”.

Hace más de una década que la Xunta viene reconociendo derechos y prestaciones a bebés aún no nacidos. Pero no para obtener plaza en una escuela infantil. Para acceder al centro que más convenga a cada familia es mejor nacer antes de que se abra en primavera, entre marzo y abril, el plazo ordinario de solicitud, porque los que nacen después quedan condicionados a que quede alguna plaza libre aunque las necesidades de conciliación sean mayores que las de los nacidos antes. La Valedora do Pobo ha pedido a la Xunta "evitar la discriminación derivada del mes de nacimiento", que se mantiene incluso en cursos sucesivos, y ahora acaba de dejar constancia de que la Consellería de Política Social "no acepta" su recomendación.

La normativa de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles de la Xunta establece que para cada curso que comienza en septiembre las solicitudes deben realizarse en un período ordinario que se abre cada año en primavera, entre marzo y abril. Las peticiones formuladas en ese momento se bareman según distintos criterios, como si trabajan uno o dos progenitores, la renta familiar o si ya hay hermanos en el centro. Pero no se puede pedir plaza para un hijo aún no nacido, y el que nace después de ese plazo debe formular una petición extraordinaria condicionada a que aún queden plazas.

La Valedora do Pobo viene recibiendo diversas quejas sobre esta cuestión, y así lo reflejó en su último informe anual, en el que constató que "la consecuencia práctica es que la fecha de nacimiento es determinante en la posibilidad de obtener plaza de nuevo acceso, pasando a un segundo plano las necesidades reales de conciliación de los progenitores". Además, añadía, "penaliza a los niños nacidos fuera del período ordinario de solicitud en sus expectativas de acceso el siguiente curso, ya que en las aulas 1-2 [el segundo curso de las escuelas infantiles tras el 0-1] se da prioridad a las renovaciones de matrícula de los niños que ya están escolarizados y a sus hermanos".

Es decir, nacer en mayo no solo dificulta tener escuela infantil cuando comience el siguiente curso en el mes de septiembre, sino que también condiciona para obtener plaza en cursos posteriores, porque tendrán preferencia los niños que ya hayan entrado en esa escuela aunque las necesidades de conciliación fuesen menores. Además, como la edad mínima para comenzar en la escuela infantil es de 3 meses, quien naciendo después de primavera consigue plaza de forma extraordinaria se ve instado a ocuparla cuanto antes para no perderla, lo que lleva a tener que llevar al niño al centro siendo muy pequeño aunque los actuales permisos de paternidad duren más meses.

Tras recoger la preocupación de las familias en su último informe anual, ahora la Valedora do Pobo acaba de hacer pública una recomendación expresa que formuló a la Consellería de Política Social tras recibir quejas de varias familias sobre esa cuestión. Y deja constancia de que su recomendación fue "no aceptada".

La resolución de la Valedora detalla que, tras recibir las quejas, requirió información a la consellería, que explicó que "esta es una cuestión singular de esta etapa educativa no obligatoria, que no se produce en el resto del sistema educativo pero en la que no hay margen de previsión". Según la Xunta, "si se reservasen plazas para solicitudes de niños no nacidos se estaría perjudicando a otras familias que ya cumplen los requisitos, lo que sería una gestión inadecuada de un recurso público".

En cuanto al hecho de que el mes de nacimiento condicione también obtener plazas en siguientes cursos, la resolución de la Valedora recoge el argumento de la Xunta de que "en las aulas 1-2, lógicamente se da prioridad a las renovaciones de matrícula" y que "lo contrario supondría dejar fuera de una escuela infantil a una familia que ya está escolarizada en la misma".

Esas explicaciones de la Xunta no acabaron de convencer a la Valedora, que considera que "esta garantía de permanencia" de los niños que ya están en un centro para años posteriores, aunque queden fuera otros con más necesidades, "es específica de la educación en los niveles obligatorios pero debería revisarse su conveniencia en la normativa de las escuelas infantiles 0-3".

La Valedora recoge que "la justificación de no admitir las solicitudes de personas gestantes para los bebés no nacidos en el período ordinario radica en optimizar el recurso y conceder las plazas a las personas solicitantes que cumplen los requisitos". "Sin embargo", añade, "resulta preciso que la Administración adopte las medidas necesarias para evitar esta diferencia de trato en los casos de nuevo acceso en los que la fecha de nacimiento del bebé determina una exclusión" de los recursos de conciliación.

"Las posibilidades son varias y deben ser analizadas en el contexto del funcionamiento de las escuelas partiendo de la base de que el hecho de nacer en un determinado período del año no puede suponer ventajas o desventajas para acceder el segundo año a la escuela infantil en el nivel 1-2", concluye la resolución de la Valedora.

La recomendación final emitida tras todas las quejas recibidas fue que Política Social "adopte todas las medidas necesarias para evitar la discriminación de los niños en el acceso a las escuelas infantiles 0-3 derivada del mes de su nacimiento, eliminando cualquier circunstancia ajena a los aspectos que son tenidos en cuenta en la baremación para acceder a este recurso público" y "que se estudie eliminar la garantía de permanencia en esta etapa volviendo a baremar en la etapa 1-2 todas las solicitudes para garantizar el acceso preferente de los niños en las familias en que ambos progenitores trabajen". Tras esa resolución, ahora la Valedora deja constancia de que la Xunta "no acepta" su recomendación.

Una reformulación como la que pide la Valedora implicaría cambios complejos en el sistema público de escuelas infantiles cuando la política de la Xunta para ese ámbito es la de potenciar los centros concertados, con la gratuidad de los privados vía subvención. Una política de apuesta por las plazas privadas subvencionadas que se ratificó con la renuncia de la Xunta a 22 millones de euros del Estado para crear nuevas plazas públicas.

Frente a esta recomendación no aceptada, la Xunta sí aceptó, y ya aplica, otra recomendación de la Valedora referente a la baremación de familias con incapacidad de uno de los progenitores. Como las escuelas infantiles están pensadas para la conciliación, la Xunta puntúa más a las familias en las que los dos progenitores trabajan. Pero no tenía en cuenta que uno de los progenitores tuviese una discapacidad y, por lo tanto, no pudiese cuidar del menor. En ese caso lo que contaba era que uno de los dos, el discapacitado, no trabajaba, aunque no pudiese cuidar del niño, y la puntuación recibida era menor.

La Valedora recomendó a la Xunta que "se otorgue la misma puntuación que a los progenitores que estén trabajando a aquellas situaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, en todos los casos". Esa recomendación sí fue aceptada por la Xunta y ya fue aplicada en la convocatoria de plazas de este año.

El último día de 2024, al límite de un plazo prorrogado, la Xunta puso en servicio cinco centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto, impulsado por el Gobierno de España mediante fondos europeos transferidos a las autonomías, requería la apertura de, como mínimo, uno de estos centros por provincia. El Ejecutivo gallego optó por instalar cinco en otras tantas ciudades: Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol.

Más allá de la demora —que afectó a múltiples comunidades autónomas—, estos centros echaron a andar en nuestro país acompañados por varias controversias. Por la decisión de la Consellería de Política Social de encomendar su gestión a empresas privadas —los contratos los ganaron los gigantes multiservicios OHL y Eulen—, por el silencio impuesto sobre su funcionamiento en los primeros meses de andadura. Y por la exclusión de las ciudades de A Coruña y Pontevedra del servicio una vez decidido ir más allá del modelo estrictamente provincial.

Tras el primer año completo de funcionamiento de los centros, el PSdeG volvió a cuestionar al Gobierno gallego sobre la posibilidad de extender los centros de crisis a las dos ciudades que no disponen de ellos. Y Política Social, como ya hiciera meses atrás, vuelve a esquivar esta posibilidad.

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado abril por las diputadas Paloma Castro y Silvia Longueira y el diputado Julio Torrado, los socialistas resaltan que fue la propia Xunta la que, en su balance de los primeros doce meses de los centros, concluyó “que se trata de un recurso público imprescindible para dar una respuesta eficaz, integral y basada en los derechos de las víctimas de violencia sexual”. “Sin embargo, a pesar de la relevancia y de los resultados positivos, dos de las principales áreas urbanas de Galicia carecen de estos centros, lo que supone una desigualdad territorial en el acceso a un servicio fundamental”.

Por eso cuestionaron al Ejecutivo si, dado que “los califica como un recurso público imprescindible”, “tiene previsto proceder a la creación y puesta en funcionamiento de centros de crisis 24 horas en A Coruña y Pontevedra”. En su respuesta, registrada el pasado mayo, Política Social e Igualdad evita el compromiso.

Concretamente, el departamento que dirige Fabiola García centra la contestación en describir los centros que sí existen: “Tiene en funcionamiento cinco centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, uno más de los que exige la normativa: uno por provincia”, constata. “Están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y prestan atención presencial y telefónica las 24 horas del día, basta”.

“Como no podía ser de otra manera”, agrega, “el Gobierno gallego analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención”, dicen sin ofrecer más detalles. Las primeras cifras de uso de los centros aportadas al Parlamento indican que durante 2025 los cinco centros atendieron a 381 víctimas, algo más de una al día, y que el 57% llegó derivada de otros recursos como centros de información a la mujer o servicios sociales, mientras que el 40% fue por iniciativa propia o de familiares o personas cercanas.

En cuanto a la distribución territorial, la información facilitada al legislativo indica que el 31% de las mujeres atendidas lo fueron en el centro de Vigo. A continuación estuvieron los de Ferrol y Santiago, en el entorno del 20%, y los de Lugo y Ourense, alrededor del 15%.

Por razones obvias, no existen datos de A Coruña y Pontevedra —cuando menos, no en la información divulgada por Política Social—, ciudades en las que durante ese mismo año 2025 los delitos de agresión sexual con penetración fueron 24 y 5, respectivamente —en ambas urbes, con tendencia al alza—; y el resto de delitos contra la libertad sexual, 78 y 22 —incremento interanual en A Coruña, ligero descenso en Pontevedra—, según la información disponible en el Ministerio del Interior.

El curso académico que acaba de terminar fue el primero en el que rigió la orden de "neutralidad ideológica" con la que la Xunta de Galicia dijo querer garantizar que el profesorado transmita "los valores constitucionales", informe "objetivamente y de manera imparcial sobre el pluralismo social" y promueva "el pensamiento crítico y el respeto a las libertades individuales". Lo hizo apoyándose en un artículo de la ley educativa estatal de 1985 que, a su vez, señala ese concepto remitiéndose al punto del artículo de la Constitución sobre el derecho a la educación que trata la formación religiosa y moral.

La aplicación práctica de esa orden se tradujo en un incremento del control sobre las llamadas "actividades complementarias" en los centros educativos —"visitas didácticas o charlas", había concretado el conselleiro, Román Rodríguez— que ya se aplicó entre críticas políticas, sindicales y de personal docente. Tras la primera experiencia en el curso 25-26, el Gobierno gallego se dispone a aplicar la orden todavía con más rigidez en el 26-27, para lo que en la víspera de San Xoán acaba de ordenar más inspecciones y límites a estas mismas actividades.

Como hace un año, la concreción de esa "neutralidad ideológica" llega con la orden en la que la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dicta instrucciones para organizar el próximo curso. Tras la misma referencia legal y constitucional, Educación vuelve a obligar a incluir "todas las actividades complementarias" en la programación general anual de cada colegio e instituto y señala como "muy excepcional" la posibilidad de "realizar actividades complementarias sobrevenidas", "siempre y cuando sean aprobadas por el equipo directivo y se dé cuenta de ellas al consejo escolar y a la Inspección educativa". Pero va más allá.

Mientras que para el curso 25-26 la Consellería instaba genéricamente a "garantizar una programación y distribución racional de las actividades complementarias a lo largo del curso, que no interfieran con el desarrollo habitual de las clases, evitando la concentración excesiva en determinados períodos, grupos o cursos", esta vez fija nuevos límites, incluso numéricos. Y, al mismo tiempo, impone nuevos controles.

Así, por ejemplo, obliga a "evitar" la "concentración" de estas acciones "en determinados períodos" o "la participación reiterada de los mismos grupos o de determinados niveles educativos". Exige además que "charlas, talleres o intervenciones puntuales" se organicen "con la menor alteración posible del horario lectivo habitual" y que "no se programe más de una por semana para el mismo grupo".

En el caso de las actividades que impliquen salir del centro no deben "superar, con carácter general, tres salidas por grupo por trimestre" y, en el caso de las llamadas "actividades sobrevenidas", queda prohibido que sean "más de una por trimestre", según fija en dos puntos diferentes de la orden. "La Inspección —advierte la orden— velará por la adecuación pedagógica y organizativa de estas actividades complementarias".

Tras esa mención a la Inspección, la orden de la Consellería indica que colegios e institutos públicos "podrán colaborar, de forma habitual o de forma puntual, con diversas entidades, tanto públicas como privadas", siempre que "respeten los principios educativos, éticos y legales establecidos". "Las colaboraciones deben ser transparentes, objetivas y orientadas al beneficio educativo del alumnado y vinculadas al desarrollo curricular", dice.

En este contexto, la Xunta incluso activa prevenciones explícitas sobre la participación en "actividades sobrevenidas organizadas por ayuntamientos, diputaciones y/u otras entidades externas". "Siempre deberá responder a criterios de pertinencia pedagógica y estar vinculada al currículo y a la programación didáctica de las áreas, ámbitos o materias cursados por el alumnado participante", por lo que "no procederá la participación en actividades que carezcan de una justificación educativa suficiente", advierten.

En los últimos años se popularizó la regla 3-30-300 para ilustrar el acceso recomendable a espacios verdes para la población de las ciudades. La norma, ideada por el investigador neerlandés Cecil C. Konijnendijk, fue asumida por la OMS, que declaró que "cada habitante debería poder ver tres árboles desde su casa, el 30% de la superficie de cada barrio tendría que estar cubierta por copas de árboles y debería haber un parque de al menos una hectárea a menos de 300 metros de cada hogar".

Siguiendo este último criterio, el grupo ecologista Amigas da Terra y el Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid acaba de publicar los resultados de una investigación que analizó el acceso a zonas verdes por parte de la población de diez ciudades españolas, entre ellas Ourense y Santiago. Además, buscaron averiguar si había diferencias en función del nivel de renta.

El análisis emplea como referencia los espacios verdes que tengan una superficie de, al menos, una hectárea (10.000 metros cuadrados, cien por cien metros) y busca contabilizar a la población que vive en secciones censales situadas a menos de 300 metros en línea recta de alguno de estos parques o plazas. La investigación concluye que en el conjunto de las diez ciudades estudiadas el 60% de la población no tiene una de estas áreas verdes cerca de su casa.

Sin embargo, hay importantes diferencias entre unas y otras ciudades y también dentro de ellas, en buena medida en función de su renta media. Así, en Ourense el 78% de su población, unas 81.000 personas, carece de zonas verdes en su entorno, un porcentaje que sitúa a la ciudad entre las peores del estudio, junto a Valencia y Badajoz.

En cambio, otras, como Santiago, aparecen como ejemplo positivo, con muchas zonas verdes y muy accesibles para la mayor parte de la población. Y aunque su porcentaje de habitantes sin acceso (55%) es elevado, el informe explica que una parte importante corresponde a población del entorno exterior, próxima a zonas rurales y, por lo tanto, con acceso a espacios naturales.

El estudio detecta además una correlación entre mayor renta y mayor acceso a zonas verdes en algunas ciudades, como Ourense, Palma o Badajoz, de forma que cuanto mayor poder adquisitivo tiene un barrio, mayor disponibilidad de estos espacios tiene. Y, sobre todo, los barrios con menor renta son los que más lejos suelen estar de una zona verde.

Con todo, en algunas de las urbes esta tendencia no se da, sobre todo en los barrios ricos, también situados en zonas sin áreas verdes. Según el informe, alguno de estos casos se explica, por ejemplo, por la "gran cantidad de zona verde privada, situada en jardines de viviendas individuales" en los barrios ricos de Ibiza, lo que hace innecesaria la existencia de zonas verdes públicas. O, en Madrid, porque las zonas verdes de gran tamaño (por ejemplo, la Casa de Campo) están situadas más cerca de barrios con menor nivel de renta.

Amigas da Terra defiende lo que denomina "derecho a la naturaleza", señalando que "todas las personas tendríamos que tener el mismo acceso a los beneficios que producen el resto de especies con las que convivimos". En este sentido, la organización ecologista apunta que "no es posible hablar del derecho a la naturaleza sin mencionar el derecho a la vivienda" y alerta de que las poblaciones más afectadas por la falta de espacios verdes "son las de menor renta con vidas más precarizadas". "Mientras que los barrios más ricos suelen ser más amplios y verdes, las zonas obreras tienen menos espacios para lo común, y suelen tener un mantenimiento de menor calidad", subrayan.

La entidad apuesta por llevar a cabo "procesos de renaturalización" para incrementar la resistencia de la población ante los episodios y olas de calor, generando refugios climáticos y reduciendo la temperatura de los barrios, mejorando la calidad del aire y, en consecuencia, la salud de la población, contribuyendo además a crear espacios de encuentro y ocio colectivo. En todo caso, apunta que este incremento de las zonas verdes, que suele incrementar el valor de las viviendas de su entorno, puede suponer la expulsión de las personas más económicamente vulnerables de sus barrios si a la vez no se regulan los precios de la vivienda.

Las zonas verdes en Ourense, imprescindibles en una urbe que sufre temperaturas elevadísimas cada verano, se localizan en las riberas del río Miño, además de otras áreas de menor tamaño y dispersas: el corredor del Barbaña y escasos parques como el Jardín del Posío o la Alameda. El informe destaca que esto "conforma un sistema fragmentado y poco continuo" y que, aunque "la proximidad del monte y la interfaz forestal en los bordes de la ciudad genera una aparente disponibilidad de espacios naturales", con todo, esto "no resuelve la falta de acceso a zonas verdes en las áreas más densas del centro urbano".

Además de que casi el 80% de la población no tiene una zona verde cerca de su casa, tan solo el 9% del suelo residencial dispone de cobertura vegetal, lo que la convierte en la ciudad con menor cobertura de las analizadas.

El informe identifica cuatro áreas prioritarias en las que intervenir: los barrios de O Vinteún, A Carballeira, O Couto y San Francisco, zonas que se encuentran lejos de espacios verdes y que, en general, comparten también un bajo nivel de renta.

En O Vinteún, las actuaciones deberían orientarse "hacia la creación de corredores verdes que conecten el barrio con el entorno natural periférico, buscando una mayor permeabilidad, restauración potencial de ecosistemas forestales asociados e integración de los interiores de las manzanas en una red verde".

En los barrios más céntricos —A Carballeira, O Couto y San Francisco—, las propuestas irían más dirigidas a itinerarios verdes con conexiones, parques de mayor entidad, renaturalización de calles y plazas o incremento del arbolado viario".

Por el contrario, Santiago aparece en el informe como contrapunto positivo. El documento destaca que la capital de Galicia cuenta con una infraestructura verde nucleada en torno a los ríos Sar y Sarela que, además, conectan una amplia serie de "parques urbanos, jardines históricos y espacios naturales periurbanos", desde la Alameda y Belvís, pasando por el Parque Eugenio Granell o el área forestal del Monte Pedroso, lo que "garantiza una cobertura de zonas verdes de envergadura que alcanza prácticamente a la totalidad del núcleo principal del municipio".

El documento explica que, aunque el 55% de la población no dispone de espacios verdes suficientes cerca de sus casas, los principales déficits "se concentran en ámbitos periurbanos muy conectados con el entorno natural, tratándose de entornos de alta calidad ambiental". Además, estas áreas "no se concentran en zonas específicas grandes y con baja renta media por hogar".

Víctimas del accidente de Angrois ya han empezado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la absolución del cargo de Adif que había sido condenado inicialmente en 2024 por un juzgado de lo Penal de Santiago, pero exculpado el pasado enero por la Audiencia Provincial de A Coruña. Los recursos se sumarán al que también formuló ya ante el Constitucional el maquinista del Alvia contra su propia y única condena por el accidente a dos años y medio de prisión.

Además, el maquinista también pidió el indulto al Gobierno de España y la suspensión de la entrada en prisión mientras no se resuelvan esos dos procedimientos.

El juicio por el accidente de Angrois del 24 de julio de 2013, en el que murieron 79 personas y otras 144 resultaron heridas, se celebró entre 2022 y 2023. La primera sentencia, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso, condenó al mismo nivel al maquinista, Francisco José Garzón, por despistarse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliasen ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin modificar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ante esa decisión, el maquinista, como condenado, solo pudo recurrir ante el Constitucional pidiendo su absolución, lo que hizo argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales de presunción de inocencia, igualdad de trato y tutela judicial efectiva. Pero las víctimas pueden recurrir la absolución del cargo de Adif, lo que están empezando a hacer ahora. Ya lo hizo un maquinista que viajaba en el tren como pasajero y Praza.gal ha podido confirmar que también están ultimando sus recursos otras víctimas, entre ellas la Plataforma que agrupa a buena parte de ellas.

En su recurso de amparo, el segundo maquinista del Alvia que viajaba en él como pasajero y que, por tanto, también fue víctima subraya el voto discrepante de una de las tres magistradas de la Audiencia de A Coruña y cómo las otras dos absolvieron al cargo de Adif sin modificar en nada los hechos probados consignados por la jueza de primera instancia. Por eso, su motivo de recurso es la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a "obtener una resolución motivada, fundada en derecho, no incursa en arbitrariedad, irracionalidad/parcialidad o error fáctico patente", deficiencias que atribuye a la absolución de la Audiencia de A Coruña.

Según el recurso, tanto la primera jueza de instancia como la magistrada discrepante de la Audiencia formularon sus argumentaciones a favor de la condena del cargo de Adif "de forma congruente, detallada y motivada", algo que no hicieron las otras dos magistradas. Una absolución que sostuvieron "en los mismos hechos probados de la sentencia de instancia que determinan la responsabilidad penal como culpable del señor Cortabitarte, sin modificación de hechos, lo cual resulta incongruente, arbitrario, irracional e ilógico, lo que debe dar lugar a su nulidad de plano".

Por el contrario, añade, se absolvió a Cortabitarte basándose "en meras alegaciones que no se recogen como hechos probados en la sentencia", que a continuación detalla, como la responsabilidad que tenía como cargo al frente de la Seguridad en la Circulación o las decisiones concretas que tomó y que rebajaron la seguridad en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago.

El recurso también defiende la "especial trascendencia constitucional" del asunto para justificar su admisión a trámite por el Tribunal Constitucional. Así, señala que "nos encontramos ante el primer accidente catastrófico de la alta velocidad ferroviaria española", una "tragedia que dio lugar a un amplio debate institucional, nacional e internacional, sobre el cumplimiento de las normas de seguridad ferroviaria". Así, considera que la valoración que pueda hacer del caso el tribunal puede "proyectarse sobre futuros supuestos análogos", que "la controversia jurídica afecta directamente a la aplicación e interpretación de la normativa de la Unión Europea en materia de seguridad ferroviaria" o que la "exportación del riesgo" decidida por Cortabitarte en perjuicio del maquinista "podría proyectarse sobre otros ámbitos de actividad especialmente peligrosos".

Las comunidades del norte del país, que tradicionalmente han sido un refugio frente al calor del verano en España, son las que más riesgo presentan para la salud durante los episodios de temperaturas extremas como el que se espera este fin de semana. Aunque los termómetros allí no se disparen tanto como en Córdoba, Zaragoza o Cáceres, el mayor número de avisos del Ministerio de Sanidad por exceso de calor durante el verano pasado se registró en Asturias, contra todo pronóstico, y las comunidades con más muertes atribuibles al calor –en relación a su población– fueron Castilla y León y Galicia en los últimos dos años.

La tendencia este verano apunta en la misma línea, pero de manera incluso más exagerada. Según el Monitor de Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde el 15 de mayo hasta ahora se estiman 168 muertes atribuibles al calor en España, y 148 de ellas (el 83%) se concentran exclusivamente en Asturias, Galicia y País Vasco. En Andalucía, el epicentro del calor en España, solo se estiman cuatro fallecimientos. 

Los picos de temperatura de lugares tradicionalmente cálidos son los que reciben atención porque allí se registran las temperaturas más salvajes, pero los expertos subrayan que el riesgo para la salud radica en lo acostumbrada que esté la población a ese calor y en la adaptación de las casas y las ciudades a él, como recuerda Julio Díaz, investigador del  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad.

"La clave está en el umbral de mortalidad por temperaturas que tiene cada región porque no es lo mismo 37ºC en Sevilla que en A Coruña. En la primera puede ser duro, pero en la segunda es una barbaridad", opina Díaz. "En Sevilla es muy raro el que no tiene aire acondicionado o toldos, o los pueblos de Málaga tienen calles estrechas para que corra el aire y las casas son blancas para reflejar la luz. Eso no ocurre en Galicia", resume.

Este investigador fue precisamente uno de los ideólogos del mapa Meteosalud, del Ministerio de Sanidad, que se actualiza cada día con el riesgo sanitario por altas temperaturas en España en las 182 zonas meteorológicas en las que se divide el país. En él se cruzan la temperatura esperada para las siguientes tres jornadas y los datos históricos de mortalidad por calor, y evidencia las grandes diferencias que hay en el país.

Por ejemplo, en la costa de Cantabria la temperatura máxima a partir de la cual se considera riesgo de salud son 26,7 ºC, y 31,2ºC en la zona centro de esa Comunidad, mientras que en Badajoz las alarmas no saltan hasta los 39,9ºC.

El mapa de Meteosalud también envía alertas cada día en forma de tres colores (amarillo, naranja o rojo) cuando se prevé que una zona del país vaya a sufrir un episodio de riesgo sanitario. Esta cartografía es diferente al clásico mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), puesto que el primero se basa en índices sanitarios y el segundo simplemente compara los picos de calor con datos históricos de temperatura, sin tener en cuenta la capacidad de la población de adaptarse a la situación.

Un análisis de todos los avisos de Meteosalud publicados el verano pasado arroja que las provincias del norte del país son de lejos las más preocupantes. Sumando los emitidos en amarillo, naranja y rojo, Asturias es la número uno (259 avisos), seguida de Tarragona (203), Cantabria (162), Pontevedra (150) y Valencia (114). Esas cifras no equivalen a que en 2025 hubiesen temperaturas peligrosas durante 259 días, en el caso de Asturias, sino que la suma de las cuatro zonas meteorológicas de Asturias tuvieron en total ese número de avisos. 

Si se cuentan solo las advertencias de nivel rojo, durante las cuales el organismo está sometido a temperaturas realmente peligrosas, Tarragona es la primera (44 avisos), seguida de Asturias (38), Pontevedra (38), Cantabria (33) y Soria (30).

Como el resto de España, las comunidades autónomas tradicionalmente frescas en verano también están sufriendo un incremento de la temperatura media anual de los récords de temperatura máxima y de las temperaturas nocturnas.

Por ejemplo, en Cantabria, una de las regiones que ocupa los rankings de riesgo por calor, los datos de laAemet apuntan a un aumento de 0,3ºC por década en las temperaturas medias, el equivalente a alrededor de 1ºC más en lo que va de siglo. En cuanto a registros extremos, hasta 2022 nunca se había registrado una temperatura superior a 42ºC, pero desde entonces se ha medido en 22 ocasiones. En cuanto a las noches tropicales (una mínima superior a 20º), el promedio del periodo de referencia (1991-2020) es 3,5 días al año, y en los últimos cinco días se ha casi duplicado esa estadística, hasta 5,8 días.

Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria, explica que el debate sobre el calor empieza a ser cada vez más recurrente en la política y la sociedad cántabra a medida que la situación empeora. "Aquí nunca ha hecho falta aire acondicionado, pero en mayo llegamos a alcanzar los 37,1ºC, un récord para ese mes, y se abrió el debate sobre su necesidad en las aulas. La particularidad de este episodio es que fue más fuerte aquí que en el sur de España y llegamos a medir 10ºC más de lo que tocaba en esas fechas", afirma este doctor en ciencias físicas.

Este martes, 16 de junio, a las nueve y cuarto de la mañana, la Consellería de la Presidencia ha celebrado la segunda sesión de la mesa encargada del contrato para comprar 250 chalecos "antibalas, anticuchillo y antipunzón" para la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, la conocida como policía autonómica. Se trata de la reunión en la que los seis miembros de la mesa han comenzado a analizar las ofertas de las empresas que optan al contrato. Una de ellas es Guardian Homeland Security, el "representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar", en palabras de la propia compañía.

Apenas un año después de tener que dejar desierto el concurso por ausencia de ofertas, el departamento que dirige Diego Calvo reinició el procedimiento a mediados del pasado mayo por un importe prácticamente idéntico (227.498,15 euros, IVA incluido) y esta vez recibió tres candidaturas. Lo constató el pasado día 4, cuando abrió el apartado de documentación general de las ofertas, concedió tres días a una de ellas (la catalana Usis Guirao) para completar un formulario incompleto y admitió las otras dos sin necesidad de subsanaciones por cumplir todos los requisitos formales: Dotación y Equipamiento, S.L. y la citada Guardian Homeland Security.

En su portfolio empresarial, Guardian se promociona como "proveedor principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí". En sus presentaciones públicas subraya que fue "fundada por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel", cuyo Ministerio de Defensa le concedió licencia de exportación hace dos décadas. Está inscrita en el Ministerio de Defensa desde 2010, en la OTAN desde 2011 y habilitada por el Ministerio del Interior desde 2018. El presidente de su matriz, Guardian LTD Israel, es el teniente general retirado de las fuerzas armadas israelíes Yom Tov Samia, según consta en el catálogo 26-27.

Especializada en "productos militares y policiales", pero también en la "impartición de cursos de seguridad en Israel y en España" y en formación y servicios en materia de "seguridad e inteligencia", Guardian no oculta su alineamiento político con las acciones militares de las actuales autoridades israelíes en el asedio a Gaza, incluso difundiendo propaganda al respecto a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, sus vínculos con el Ejército israelí son también obvios por ser representante de IMI Systems, antigua empresa pública israelí comprada en 2018 por la privada Elbit, cuyos productos son "intensamente usados por el ejército y unidades militares israelíes", promocionan.

Más allá de las connotaciones políticas o incluso éticas de las relaciones comerciales con esta compañía en el actual contexto internacional, en el caso de que Guardian resultase ganadora del concurso abierto por la Xunta, el contrato rozaría el terreno acotado desde finales de 2025 por el Gobierno de España en el Real Decreto "de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". Como informó Civio, uno de los preceptos de esa norma prohíbe importar de Israel material de defensa que incluye chalecos y, según Guardian, sus "productos de protección balística" son "made in Israel". Cabrían matices, como aclarar si los materiales suministrados están almacenados en territorio español antes de la entrada en vigor de la norma.

La propia Guardian Homeland Security subraya también en sus materiales promocionales, además de esa fabricación israelí, que "en los últimos años" ha suministrado "miles de chalecos antibalas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército Español y policías locales y autonómicas", lo que la llevó a mantener "una línea exclusiva y adaptada a las necesidades del mercado español" de la marca Rabintex, cuyo uso por el ejército de Israel también explicita. Entre esas adjudicaciones hay al menos tres ayuntamientos gallegos: A Coruña (2021), Vigo (al menos, 2019 y 2023) y Ourense (2025).

Los chalecos de la Policía Local de Vigo son, precisamente, unos de los que la empresa emplea como muestra en su sitio web. En él también presenta media docena de empresas en Galicia (en A Coruña, Bergondo, Pontevedra, Redondela y Caldas de Reis) como parte de su amplia red de distribuidores.

Esos contratos municipales, que recibieron críticas de entidades defensoras del pueblo palestino, fueron anteriores al citado veto estatal. La medida fue aprobada por el Gobierno del PSOE y Sumar tras una amplia controversia pública por una millonaria contratación a IMI Systems para el suministro de munición al Ministerio del Interior, finalmente anulada.

Como recogió el Centre Delàs de Estudios por la Paz en un informe de 2019 recuperado en 2025 por El Periódico de Catalunya, durante años Guardian presentó como aval para sus productos contar entre su clientela con varios ministerios del Gobierno de España, la Agencia Tributaria, el Ejército o la Casa Real. También destacaba entonces a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías catalana, vasca y navarra, así como la Embajada de Israel en España.

Existe una "regla financiera" que recomienda no destinar al alquiler de la vivienda más de un 30% de los ingresos brutos para mantener así una "economía saludable". El umbral es empleado por analistas e instituciones para valorar la situación del mercado inmobiliario y la dificultad de la población para acceder a un inmueble digno. Estos datos señalan que en Galicia la media del esfuerzo para acceder a un alquiler se sitúa por debajo de esa cifra, incluso a pesar de la tendencia al alza de los últimos años.

El esfuerzo medio para el alquiler en Galicia es del 28,4%, resultado de la relación entre el precio medio de los nuevos contratos de alquiler firmados en el año 2025 —medido por el Observatorio da Vivenda a través de las fianzas presentadas— y el salario bruto medio de un trabajador. La población que busca una vivienda de alquiler debe estar dispuesta a destinar ese porcentaje de sus ingresos. En el conjunto del Estado, el valor sí supera claramente el 30%.

De igual modo, la exposición al riesgo financiero, es decir, el riesgo al que se somete una persona que alquila una vivienda, se sitúa en Galicia ya cerca del máximo recomendable (100% de riesgo), debido a la tendencia al alza de los últimos años. Aunque, de momento, el valor sigue por debajo e igualmente lejos de la media del Estado, que sí supera el 100% de riesgo.

Sin embargo, esos son los datos teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres en el conjunto de Galicia. En las ciudades, especialmente en algunas de ellas, los precios del alquiler han crecido tanto en los últimos años que la relación entre arrendamiento e ingresos supera ya el 30%. Es el caso de A Coruña (34,9%), Vigo (33,4%), Pontevedra (31,9%) y Santiago (31,3%). En Lugo (27,4%), Ourense (27%) y Ferrol (26,5%) el porcentaje es notablemente inferior.

Conviene destacar que el dato de A Coruña corresponde al año 2025, sin tener apenas en cuenta el efecto de la declaración de zona tensionada que limitó los precios del alquiler en la ciudad.

Los datos, como se observa en el segundo gráfico, llevan años en ascenso y ya en 2020 rondaban el 30% en A Coruña y Vigo. Al igual que el esfuerzo para acceder a un alquiler, la exposición al riesgo supera en A Coruña y Vigo el 100%, es decir, el máximo recomendable. En Pontevedra (95,8%) y Santiago (93,9%) el riesgo es también muy alto, mientras que en las restantes urbes presenta valores más reducidos, semejantes a la media gallega.

Este esfuerzo creciente para acceder a un alquiler y el riesgo financiero consecuencia de destinar al arrendamiento una proporción excesiva de los ingresos se unen al esfuerzo y riesgo ligados a la compra de un inmueble. El esfuerzo para comprar una vivienda en Galicia se mantiene en máximos de la última década, con valores muy próximos al máximo recomendable, de nuevo con la referencia del 30% de los ingresos.

Los gallegos y gallegas que quieran comprar una vivienda deben destinar a ella el 27,4% de sus ingresos a 20 años y el 32% si lo hacen a través de una hipoteca. Los valores llevan varios años cerca de este umbral del 30%, debido al incremento del precio de compra y al encarecimiento sufrido por las hipotecas desde el año 2022 a causa de la subida del euríbor. La subida de los tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo esta semana apunta a un nuevo aumento del esfuerzo para la adquisición de una vivienda en los próximos meses.

En todo caso, los valores de esfuerzo y exposición al riesgo que se registran en este momento siguen muy lejos de los alcanzados justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, en 2007 la población debía destinar casi la mitad de sus ingresos a 20 años, un 55% teniendo en cuenta los costes hipotecarios. La exposición media al riesgo en Galicia se sitúa en el 95%, lejos del 170% que llegó a alcanzar en 2007.

A la espera del nuevo y demorado Plan Eólico, comprometido en 2009 y que no estará terminado hasta 2028, el Gobierno viene rechazando proyectos por la “masificación” ya existente en algunos lugares, ahora entre Baleira y Castroverde.

La Consellería de Medio Ambiente publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la declaración de impacto ambiental desfavorable de un parque eólico de cuatro aerogeneradores que Enel Green Power quería instalar entre los ayuntamientos lucenses de Castroverde y Baralla. En esa zona, dice la Xunta, en las sierras de Vacariza y Punago, entre los ayuntamientos de Baleira y Castroverde, ya hay un “alto nivel de ocupación” y los nuevos aerogeneradores “formarían un denso conglomerado” y ensancharían la “barrera eólica”.

Con palabras similares, incluso hablando de “masificación” o de zonas que ya tienen “superada la capacidad de carga”, Medio Ambiente viene denegando nuevos proyectos, incluso de un único aerogenerador, en diversos lugares de Galicia. En al menos siete casos lo hizo señalando de manera explícita que la negativa no se debe a cuestiones técnicas corregibles de cada proyecto concreto, sino al exceso de aerogeneradores que supondría para esa zona. Mientras, el nuevo Plan Sectorial Eólico llamado a identificar las zonas en que se pueden seguir instalando parques, comprometido por Feijóo en 2009, no estará terminado hasta 2028.

Fue en enero de 2023, cuando Xunta y Estado autorizaron decenas de parques eólicos por toda Galicia, cuando la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puso nombre a las primeras zonas identificadas con exceso de aerogeneradores. Vázquez admitió entonces que “hay una masificación” de parques en varias zonas de Galicia e identificó expresamente “Vimianzo, la sierra de O Suído o la zona de O Barbanza”.

Ese mismo enero de 2023 la Xunta concretaba algo las palabras de la conselleira en declaraciones de impacto ambiental desfavorables de varios parques en las que decía que “ya existe una larga alineación de aerogeneradores, de más de 30 kilómetros, desde Vimianzo hasta la ría de Noia, formando una barrera que obliga a las aves a realizar grandes cambios de rutas”.

En esa misma zona de la Costa da Morte, en mayo de 2024 llegaba otra declaración de impacto desfavorable para un único aerogenerador entre Coristanco y Santa Comba en la que se indicaba que “el conjunto de aerogeneradores ya instalados puede estar generando un impacto significativo, particularmente sobre las rapaces”. El documento subrayaba que era un área “con un alto nivel de ocupación” con “19 parques eólicos y 116 aerogeneradores”.

Algo similar ocurrió unos meses después, en octubre de 2024, con otra de las zonas identificadas por la conselleira. Si ella hablaba en general de O Barbanza, otra declaración de impacto negativa rechazaba entonces un único aerogenerador nuevo en Porto do Son porque solo con él “el aumento de densidad de aerogeneradores generará probablemente un efecto sinérgico” que llevaba a Medio Ambiente a identificar un “impacto negativo que debe calificarse como crítico”.

Otro de los lugares identificados por la conselleira, la sierra de O Suído, entre Pontevedra y Ourense, ya había registrado varias declaraciones de impacto negativas por parte de la Xunta y el pasado febrero también el Estado denegó un parque por verlo incompatible “con la capacidad de carga del territorio”. En la zona, decía el documento estatal, que hacía suyas las consideraciones negativas trasladadas por la Xunta, hay ya “más de 500 aerogeneradores en un radio de 25 kilómetros”.

Más allá de las valoraciones generales de la conselleira ratificadas por declaraciones de impacto concretas, estos documentos vienen señalando problemas similares en otras zonas. En mayo de 2024 se rechazaba un nuevo parque entre Muras y Ourol porque ya “existe un alto nivel de ocupación y las especies están sometidas permanentemente a un elevado riesgo de colisión”. Y en agosto de 2024 se decía que el sur de la sierra de O Faro “ya tiene superada la capacidad de carga”. Esto es, no es que los nuevos parques propuestos y denegados fuesen a suponer un peligro, sino que los ya instalados están siendo un peligro.

Y ahora llega la declaración de impacto ambiental hecha pública este jueves que dice que entre Baleira y Castroverde, en las sierras de Punago y Vacariza, ya hay “un alto nivel de ocupación” con la “consiguiente acumulación de los riesgos de colisión” de aves “que se vería agravada con la instalación de este nuevo parque eólico”. “Entre todos estos aerogeneradores formarían un denso conglomerado que produciría efecto vacío y que contribuye al ensanche de la barrera eólica” ya existente.

Ante este agotamiento de varias de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) contempladas en el actual Plan Eólico de Galicia, de 2002, la Xunta está elaborando un nuevo plan. Una nueva planificación que ya aparecía comprometida en la ley eólica impulsada por Feijóo en 2009, pero que la Xunta aparcó hasta que Rueda decidió retomarla anunciando en octubre de 2024 que iniciaría su elaboración. Pero eso no ocurrió hasta año y medio más tarde, hace unas semanas, cuando comenzaron unos trabajos de estudio y redacción que no terminarán hasta 2028. Será en ese momento cuando se tenga más claro dónde caben más eólicos.

En el año 2015 el programa de compra de deuda pública aprobado por el Banco Central Europeo se convirtió en un hito para empezar a dejar atrás los años de la gran recesión. Aquel colapso económico general, en el caso español, tuvo entre sus múltiples vertientes el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria y la consiguiente crisis de vivienda, con las cifras de desahucios disparadas en un fenómeno más profundo que llega hasta nuestros días.

En la Galicia de hace una década estos acontecimientos llegaron marcados por la quiebra y rescate de las antiguas grandes cajas de ahorro. Y, en lo político, por la emergencia de las mareas municipales, formaciones que contribuyeron a situar en el primer plano del debate público la cuestión de la vivienda vinculada, precisamente, al papel de la banca.

Con este telón de fondo y entre temores del PP a la erosión electoral, la Xunta entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo anunció un giro social. Incluyó, entre otras, promesas de ayudas para paliar los efectos de los desalojos o un mayor control sobre las viviendas que seguían vacías y en manos de los bancos mientras capas de la población buscaban techo. Fue en este punto cuando lanzó un censo de viviendas vacías llamado a "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Una década después, ese censo sigue existiendo —cuando menos, sobre el papel—, pero el Gobierno gallego se resiste a divulgar sus datos incluso al Parlamento.

El censo de viviendas vacías fue regulado por un decreto que continúa en vigor. Reconocía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable" referida a los ayuntamientos de "más de 10.000 habitantes". Es decir, en las principales ciudades y villas, un total de 56 ayuntamientos según los datos del padrón a 1 de enero de 2025.

Se trataba de saber cuántos de esos pisos estaban "en situación de ser habitadas" para "de ser el caso, incentivar la incorporación al mercado inmobiliario" en los ayuntamientos con mayor demanda de vivienda. Más aún en unos años en los que las nuevas promociones de vivienda protegida en general y pública en particular habían menguado hasta casi desaparecer.

En virtud de esa norma, pasó a ser obligatorio inscribir en el censo "todas las viviendas vacías que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes" —según las cifras oficiales de cada año— "siempre que sean propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de dónde esté el domicilio social de sus titulares". El resto de viviendas vacías pueden inscribirse en el censo si las personas propietarias lo desean, pero no es obligatorio.

La Xunta responde al PSdeG que el decreto que regula el censo "no establece la publicación" de los datos "por ningún medio" para evitar aportarlos al Parlamento

Transcurridos ya diez años desde la aprobación del censo, el pasado abril el PSdeG dirigió una pregunta escrita al Gobierno gallego a través del Parlamento resaltando que "no existe una publicación transparente, sistemática y accesible de los datos que se obtienen a través de este censo ni se conoce su distribución territorial". "Esta falta de información pública impide evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas", consideran los socialistas, que preguntan a la Xunta si "tiene previsto remitir al Parlamento un informe anual completo sobre los resultados del censo de viviendas vacías y las medidas adoptadas para su movilización".

La Consellería de Vivenda respondió a la pregunta en los primeros días de junio ratificando que no tiene intención de revelar los datos. Lo justifica señalando que el decreto que creó el censo indica que su finalidad es "proporcionar al órgano competente en materia de vivienda", es decir, en este momento a la propia Consellería y a los entes que dependen de ella, "información adecuada sobre el estado de ocupación del parque residencial gallego" para "facilitar la planificación de las políticas públicas de vivienda".

"No se establece en ningún artículo la publicación del censo por ningún medio ni la elaboración de un informe anual con los datos recogidos", agrega el Gobierno para cerrar la puerta a divulgar los datos. Que el decreto no obligue a esa publicación no implica que esté prohibida; la divulgación de los datos depende únicamente de la voluntad política de la Xunta. Si fuese favorable, permitiría saber cuántos pisos vacíos están todavía en manos de la banca en las principales ciudades y, al tiempo, conocer el impacto de medidas como la compra de viviendas al banco malo o su traspaso a la nueva sociedad estatal Casa 47, entre otras.

Los datos más recientes sobre viviendas vacías proceden del censo del INE en 2021. Se basan en el consumo eléctrico y ofrecen una panorámica general, pero sin detalles sobre el estado de los pisos o su disponibilidad

Dada la negativa de la Xunta a divulgar los datos reales de los que dispone, las únicas cifras oficiales sobre el número de viviendas vacías en el país siguen siendo las derivadas del Censo actualizado por el INE en 2021. Entonces, a través del análisis de datos del consumo eléctrico, la oficina estadística estatal concluyó que en Galicia el número de viviendas vacías rondaba el medio millón. Una parte de ellas, previsiblemente pequeña —dadas las características generales del parque inmobiliario, como su antigüedad—, correspondería a las controladas por las entidades financieras.

Algo más de 231.000 de esas viviendas vacías se situaban en ayuntamientos que en la actualidad —según el padrón municipal de 2025— superan los diez mil habitantes y están afectados, por tanto, por el censo de viviendas vacías de la Xunta. No obstante, los datos del INE tienen múltiples limitaciones, desde el estado de las viviendas hasta su disponibilidad o titularidad. Obstáculos que, precisamente, estaban llamados a superarse con instrumentos como el censo de la Xunta.