Hace ahora dos décadas, en agosto de 2006, una devastadora ola de incendios arrasó Galicia, sobre todo las provincias atlánticas de A Coruña y Pontevedra. En menos de 15 días, entre el 3 y el 15 de ese mes, unos 2.000 fuegos —casi 40 de ellos de grandes proporciones— quemaron 77.000 hectáreas según los datos de la Xunta, una cifra que el Estado elevó a más de 86.000 y el CSIC a 92.000.

El fuego de aquellos días de agosto provocó la muerte de cuatro personas y el balance final de aquel 2006 acabaría con más de 95.000 hectáreas ardidas, convirtiéndose en el peor año desde el catastrófico 1989 y el de mayor impacto del siglo hasta la histórica ola del pasado año. Supuso, además, un primer aviso del fuego que venía: más peligroso, incontrolable y voraz, con grandes extensiones arrasadas en muy pocos días, tal y como ocurriría después tantas veces, especialmente en 2017 y 2025. Una ola, no obstante, con datos detallados y sin las restricciones que aplica ahora la Xunta, que impiden conocer cuánto, cuándo y dónde está ardiendo exactamente el monte.

La ola de hace 20 años se convirtió, también, en un campo de batalla política y partidaria en el que era el primer año del gobierno de coalición entre PSdeG y BNG al frente de la Xunta. “Con nosotros no moría gente y con ustedes ya van cuatro”, le espetó Núñez Feijóo al conselleiro de Medio Rural, entonces Alfredo Suárez Canal, semanas después del fuego, en una frase recordada al nivel de la polémica foto del entonces líder de la oposición en Galicia: en zapatos náuticos y con una manguera doméstica, simulando apagar las llamas en un monte ya arrasado.

Entre los argumentos de Feijóo para, por ejemplo, exigir destituir al “calcinado” conselleiro figuraba que no había ardido tanto desde 1989: “Le pido lo que yo haría si estuviese en su lugar; tendríamos que cesar al conselleiro directamente responsable del mayor desastre ecológico de los últimos 16 años”, había resumido quien después fue presidente de la Xunta durante 13 años.

En aquel año final de la década de los 80 habían ardido más de 198.000 hectáreas. El desastre forestal había golpeado los montes y también el Gobierno gallego de la época, el desbordado Ejecutivo tripartito liderado por el socialista Fernando González Laxe, que llegó a verse impotente mientras el fuego servía de argumento preelectoral en la carrera del exministro franquista Manuel Fraga para intentar lograr la Xunta en su primer intento en diciembre de aquel año.

Aquella cifra de casi 200.000 hectáreas ardidas en un año no fue aún superada teniendo en cuenta los registros oficiales, pero los incendios de 2006 —muchos en pocos días, cada vez más cercanos a núcleos de población o carreteras importantes, con consecuencias fatales y difundidos socialmente a través de diferentes medios— hicieron vislumbrar un nuevo tipo de fuego y aumentaron su impacto social.

Las llamas le habían servido a Feijóo, entonces líder de la oposición en Galicia, y a su equipo —liderado en el gabinete asesor por Mar Sánchez Sierra y en el organigrama del PP por Alfonso Rueda— para desplegar por primera vez su faceta más dura contra el gobierno de PSdeG y BNG. Incluso mencionando a los muertos, de los que culpó al ejecutivo de coalición.

Poco después de la vuelta del PP al poder en la Xunta en 2009, y con Feijóo como presidente, dos brigadistas fallecieron en los trabajos de extinción en Fornelos de Montes en agosto de 2010. Varios años después, el TSXG condenó al Gobierno gallego por aquellos fallecimientos, obligó a indemnizar a las familias y subrayó que en lo sucedido fue clave la excesiva tardanza del vehículo motobomba en llegar al lugar.

En 2017, una gran ola de fuego quemó casi 50.000 hectáreas en menos de tres días. En aquellos incendios, que cambiaron la forma de mirar el fuego y advirtieron de lo que llegaba, murieron cuatro personas. Los restos de un huracán, la sequía extrema y la acumulación de combustible vegetal facilitaron unas condiciones idóneas para unas llamas voraces y muy rápidas. A estas alturas, la justicia investiga el origen del gran incendio de Oímbra del pasado año, en el que la Fiscalía ve “errores evidentes” de Xunta y Concello.

A los pocos días, la Xunta gastó 77.000 euros en contratos menores para que una docena de periódicos impresos, a página completa, publicasen una declaración institucional de Alberto Núñez Feijóo sobre los incendios forestales y el llamado “terrorismo incendiario”. Un informe posterior de la Fiscalía descartó la tesis terrorista, al igual que los estudios impulsados por el Parlamento o informes de la policía autonómica.

Esa tesis había sido defendida por la derecha desde los 80, pero también por parte del gobierno bipartito cuando la ola de 2006. Aunque ni el presidente Touriño ni el conselleiro Suárez Canal se sumaron abiertamente a esta tesis —al ser cuestionados al respecto se limitaron a animar a investigar su eventual existencia—, cargos de sus formaciones sí dieron la “trama” como real y, días antes de la manifestación del PP, la plataforma Nunca Máis había recorrido las calles de Santiago clamando contra el “terrorismo incendiario”.

El informe de la Fiscalía de 2006 dejó en evidencia aquellas suposiciones, como sucedería en otras olas posteriormente: no hubo pruebas de tramas o de terrorismo incendiario ni se pudo comprobar que se pretendiese causar alarma social. Como se destacaba, el número de incendios fue semejante al de otros años, con la diferencia de que hubo “condiciones climatológicas extremas” que no se dieron en otros periodos, más allá de posibles errores en los dispositivos de extinción o en la prevención.

El impacto del cambio climático provoca que esas condiciones extremas se repitan cada vez con mayor frecuencia. Condiciones favorables que se mantienen “durante mucho tiempo”, como advierten los expertos. Así ocurrió en la ola de fuego de agosto, la peor que se recuerda en Galicia, con algunos de los mayores incendios de la historia. Aunque ahora bastan menos focos para quemar más.

Una devastadora ola que dejó tras de sí cifras nunca vistas: cuatro fuegos superiores a las 20.000 hectáreas, uno de ellos próximo a las 40.000, para un mes con 144.000 hectáreas perdidas en un balance anual de más de 148.000, según las mediciones de los satélites Sentinel 2 del programa europeo Copernicus, que la Xunta rebajó a unas 120.000.

Las cifras, que bailan, reflejan el impacto del fuego, que es evidente en los grandes incendios, con kilómetros de perímetro, pero que va más allá de lo que informa la Xunta, que no informa de aquellos focos de menos de 20 hectáreas a no ser que afecten a áreas protegidas. Un cambio que sí es evidente respecto a aquella ola de 2006 de la que ahora se cumplen dos décadas.

La actual política de restricciones informativas sobre los incendios forestales se aplica desde el año 2009. Cuando el PP regresó a la Xunta puso fin al modelo instaurado por la Consellería de Medio Rural del gobierno de coalición de PSdeG y BNG. En aquella etapa, bajo la dirección del exconselleiro Alfredo Suárez Canal, el departamento autonómico informaba a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general de todos los incendios forestales con partes diarios que detallaban el lugar exacto del foco y la superficie afectada, entre otros datos.

En plena ola de fuego forestal del verano de 2025, la conselleira de Medio Rural admitió en una entrevista que hasta ese momento, el 18 de agosto, el Gobierno gallego había registrado 492 incendios. Pero la Xunta solo había divulgado hasta ese momento información sobre 45.

Ante esas declaraciones, Praza.gal formuló una petición oficial al amparo de la Ley de Transparencia para conocer el detalle de todos los incendios hasta que, tras la negativa de la Xunta y un recurso, logró liberar los datos, con el detalle de los 447 incendios ocultados previamente por la Xunta en aquellos 18 días de agosto.

Una vez concluido el año 2025, y ante la falta de datos anuales y de detalles relevantes, en los primeros días de 2026 Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia para obtener el detalle de todos los incendios registrados en Galicia durante todo el año anterior. Datos que fueron ahora liberados.

Fueron, según el cómputo técnico de Medio Rural para 2025, un total de 1.475 incendios en los que ardieron 118.763 hectáreas, 111.000 de ellas en dieciocho grandes incendios forestales, consideración que alcanza formalmente un foco cuando supera las 500 hectáreas. Como venían señalando múltiples alertas expertas: muchos menos incendios que décadas atrás, pero mucho más destructivos.

Esa cifra de más de 1.500 incendios contrasta con que, durante 2025, la Xunta informase en comunicados oficiales o en sus redes sociales sobre apenas un centenar. Los ocultados, entonces, rondan los 1.300. Esa ocultación responde a la política informativa aplicada por el PP desde su retorno a la Xunta en 2009. La gran diferencia entre las olas sufridas en los últimos años y aquella de hace 20 años. La gravedad del fuego, sus consecuencias y el agravamiento por las condiciones climáticas se vislumbraban ya entonces. Se cumplieron, por desgracia. La transparencia informativa también fue a peor.

El 23 de agosto de 1976, hace 50 años, el BOE publicaba la autorización previa de la Dirección General de Energía del Gobierno de España a la asociación de empresas formada por FENOSA, Eléctrica del Cantábrico y Eléctrica de Viesgo para instalar una central nuclear en Regodola (Xove), decisión tomada el día 2 de aquel mismo mes. La central nuclear autorizada tendría una potencia nominal de 1.000 MW y un reactor de “agua ligera”. Vecindad de Xove presentó un recurso, pero fue rechazado nueve meses después.

La historia de la nunca construida central nuclear de Regodola comienza unos años antes, en diciembre de 1973, momento en el que se sometió a información pública la petición de autorización previa para la instalación de una central nuclear en el lugar por parte de la misma asociación de empresas. La iniciativa se enmarcaba en un contexto de impulso de la energía nuclear por parte de la dictadura franquista, que ya en los años 60 inició la construcción de las centrales de Zorita (Guadalajara), Garoña (Burgos) y Vandellós I (Tarragona), las centrales de primera generación.

En 1976, cuando se autoriza la central lucense, había tres reactores nucleares en marcha en España, otros tres en construcción y 15 más en proyecto. De hecho, la autorización previa de instalación de la central de Regodola se enmarcaba en el Plan Energético Nacional, que preveía que en 1985 habría 24 centrales nucleares en funcionamiento. Finalmente fueron solo diez, de las que únicamente siete siguen operativas.

En los años setenta se construyeron las centrales de segunda generación de Almaraz I y II (Cáceres), Ascó I y II (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Lemóniz I y II (Bizkaia), aunque la instalación vasca nunca llegó a entrar en servicio, debido a la fuerte oposición social en su contra y, finalmente, a la moratoria nuclear decidida por el gobierno de Felipe González en 1984. La oposición social también paralizó, ya en 1974, un proyecto en Águilas (Murcia), sobre el que existían grandes cautelas debido al riesgo sísmico que presenta la zona.

A una tercera generación pertenecen las centrales de Trillo (Guadalajara) y Vandellós II (Tarragona), cuyas obras comenzaron en 1979 y 1980, respectivamente, y cuyos proyectos fueron contemporáneos al de la central de Xove, que también se incluiría en esta tercera generación de proyectos nucleares. La moratoria nuclear de 1984 paralizó el proyecto de Lemóniz, pero también los de Sayago (Zamora) y Valdecaballeros (Badajoz), así como la prevista construcción de un segundo reactor en Trillo, además de la central de Xove.

Hay que decir que cuando en 1973 se sometió a información pública la petición para instalar una central nuclear en Xove, la oposición social en la zona fue pequeña. Por un lado, por supuesto, España era aún una dictadura y la movilización social estaba necesariamente limitada, lo mismo que el acceso a la información. Pero, además, la visión que en ese momento se tenía de la energía nuclear no era necesariamente negativa e ignoraba muchos de sus peligros. Además, se prometía la creación de dos mil puestos de trabajo en la zona, que finalmente fueron recortados a unos 200.

En aquel tiempo, con partidos políticos aún ilegales, la acción informativa de agrupaciones culturales como Sementeira, creada en Viveiro en 1972, fue fundamental en el progresivo proceso de concienciación de la población, lo mismo que la realizada por el Club Cultural Valle Inclán de Lugo. También lo fue la actividad de difusión realizada por expertos en energía nuclear como el ingeniero de Telecomunicaciones Pedro Costa Morata, que ya en 1974 participó en una mesa redonda en la Facultad de Económicas de la USC. O informaciones y detalles que poco a poco se iban conociendo sobre el proyecto, como el hecho de que la refrigeración de la central se iba a hacer en la propia agua de la ría, lo que despertó los temores sobre los efectos perjudiciales que esta podía tener para la pesca.

Otra figura particularmente importante —probablemente la que más— en el proceso de movilización de la ciudadanía contra la instalación de la central nuclear fue la compostelana Pencha Santasmarinas, técnica de extensión agraria y maestra de formación, que en ese momento trabajaba como agente de economía doméstica en la oficina de Extensión Agraria de Viveiro. Con poco más de treinta años lideró la concienciación y la movilización de toda una comarca ante el peligro nuclear, realizada en buena medida a través de los Comités de Axuda á Loita Labrega y de las Comisións Labregas, germen del Sindicato Labrego Galego, legalizado en la primavera de 1977.

Un momento trascendental en la lucha contra la central nuclear de Xove fue el debate abierto organizado en la antigua sala de fiestas de Verxeles, en Viveiro. Allí participaron representantes de Fenosa, impulsora de la central nuclear, y activistas contrarios a la misma, así como expertos en diferentes materias, que alertaron sobre los efectos perjudiciales de la central. El debate, al que asistieron cerca de dos mil personas, fue toda una victoria para el movimiento de oposición a la central.

Otro elemento que contribuyó a alimentar el rechazo fue el descubrimiento de una falla geológica en el terreno en el que se proyectaba construir la central y que incrementaba el riesgo sísmico en el lugar, especialmente peligroso para una instalación nuclear.

Con todo este creciente ambiente contrario, en los primeros meses del año 1977 las Comisións Labregas convocan una movilización contra la central de Xove. La manifestación no fue autorizada por el gobernador civil, así que los convocantes decidieron organizar una marcha que recorrería los 11 kilómetros que separaban Viveiro de Regodela. Así se hizo: el 10 de abril de 1977 más de cinco mil personas —ocho mil según la organización— participaron en la marcha, en muchos casos después de pasar la noche, como pudieron, en Viveiro, ante la previsión de que ese mismo 10 de abril las carreteras de acceso estuviesen cortadas o llenas de controles policiales.

La movilización más importante correspondió a la AN-PG, que congregó a militantes llegados desde toda Galicia, mayoritariamente jóvenes, con pancartas con lemas como “Galicia es nuestra y no de Fenosa” o “Xove Nuclear No”, el mismo texto que se podía leer en el icónico cartel diseñado por Pepe Barro. La marcha de Xove en abril, precedida de la lucha de As Encrobas en febrero, fue seguida en mayo por la gran manifestación en Carballo en favor de la recuperación de las marismas de Baldaio para el dominio público. Tres movilizaciones que contribuyeron a incrementar la masa social del nacionalismo y en las que se unían reivindicaciones ecologistas y por el territorio con la demanda de democratización.

La movilización en Xove fue un innegable éxito, pero la pelea política marcó el final de la marcha, con enfrentamientos verbales entre militantes nacionalistas, particularmente de la UPG, y del PCG, después de que no se les permitiese a estos últimos tomar la palabra. Desde el nacionalismo se acusaba a los dirigentes del Partido Comunista de buscar notoriedad en una movilización que en los años anteriores había sido liderada por la AN-PG y las Comisións Labregas. Parte del conflicto partía del hecho de que el día anterior —el 9 de abril de 1977— se había anunciado la legalización del PCE, mientras que otras muchas formaciones, comenzando por la UPG, permanecían en la ilegalidad.

Al final de la marcha tomaron la palabra varios representantes de las Comisións Labregas, como Emilio López Pérez —Milucho—, además de representantes de las Comisións Labregas de As Encrobas, que habían acudido en solidaridad, o el propio Moncho Valcárcel, que destacó que “vinimos a luchar contra el imperialismo y no queremos seguir siendo colonia de nadie”. Otro labrador destacó en su intervención que “esto es una muestra de que los labradores gallegos sabemos que unirnos contra los caciques, contra los que nos explotan, es imprescindible para nuestra victoria”.

La revista Teima, que había dedicado su número 3 a las movilizaciones contra la central nuclear de Xove, incluyó en su número 19 un editorial escrito por Xavier Navaza que bajo el título de Los nuevos mesías se mostraba muy crítico con el “arribismo electoralista” pero sobre todo con la “intemperancia e intransigencia” de la UPG. El texto reclamaba unidad de la izquierda “sin mesianismos, sin salvadores predestinados, sin boicots”. El editorial fue muy mal recibido en la UPG.

Dos años después, el 20 de mayo de 1979, la AN-PG organizó otra marcha igualmente multitudinaria contra la central, en la que se juntaron cerca de 10.000 personas, que recorrieron los diez kilómetros que separan Viveiro de la playa de Esteiro en Xove en una fila de unos dos kilómetros de largo. Al final de la marcha intervinieron representantes de la UPG —Bautista Álvarez—, AN-PG —Lois Diéguez—, Comisións Labregas —Bernardo Fernández Requeijo—, ING —Francisco García—, ERGA —un jovencísimo Néstor Rego, aún estudiante de bachillerato en Viveiro—, ADEGA —el biólogo Xosé Luís Fontenla— o del comité antinuclear.

La oposición social se unió a la del propio Concello de Xove, especialmente después de las primeras elecciones municipales, celebradas el 3 de abril de 1979. En esos comicios fue elegido Jesús López González, que se presentó en una lista independiente y que en realidad ya venía ejerciendo como alcalde desde el año 1975, nombrado por la dictadura. López González, nada sospechoso de ser un izquierdista —entre 1983 y 2007 gobernó bajo las siglas de Alianza Popular y el Partido Popular—, le denegó a Fenosa la licencia de obra en 1979, atendiendo al rechazo social mayoritario a la central nuclear y a las dudas que despertaba esta energía entre la población.

Poco a poco el proyecto de la central nuclear fue perdiendo su impulso debido a la constante presión social en su contra y a la creciente concienciación de la población contra esta energía, incrementada después del accidente en la central de Three Mile Island, en Pensilvania (Estados Unidos), el 28 de marzo de 1979, momento en que uno de sus reactores sufrió una fusión parcial de su núcleo, poniendo en riesgo de muerte a la población que vivía en el entorno.

El PSOE llegó al poder en 1982 llevando en su programa electoral la promesa de la limitación de la energía nuclear. Así lo hizo, con una moratoria nuclear en 1984 que paralizó la construcción de nuevas centrales —a cambio de una importante compensación económica a las eléctricas— y que se completó con una ley posterior en 1994 que hizo definitiva la moratoria. La de Xove, que aún estaba en proyecto, fue uno de los proyectos que nunca se convirtieron en realidad. Fue finalmente una decisión política, pero previamente la movilización popular había conseguido durante años aplazar y paralizar la central.

"Luchamos contra las grandes organizaciones de narcotransporte. Del mismo modo que ocurría en 2006 con David Pérez Lago, se ha hecho en 2025 con la organización de Pablo Lindner. Alijos en playa. Ahora son narcosubmarinos, pero la dinámica es la misma. No cambian sus medios de transporte. Cambian las comunicaciones, las formas de pago y la estructura propia de las organizaciones, más profesionales, más militarizadas, controladas desde el exterior. Pero introducen las mismas grandes partidas de siempre".

Así se expresaba Emilio Rodríguez, jefe del Greco Galicia de la Policía Nacional, en líneas de este periódico cuando hacía balance de las actuaciones contra el narcotráfico del año anterior. El responsable del equipo que llevó adelante la operación Saona señalaba así el mayor éxito policial del año, los casi 4.000 kilos de cocaína que llegaron a A Pobra do Caramiñal tras ser cargados en dos lanchas blancas desde un narcosubmarino que, a día de hoy, descansa en el lecho marino no lejos de la isla de Sálvora.

Ahora, en el resumen del año, esa cocaína no aparece en la estadística oficial del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) como intervenida en Pontevedra —cayó, efectivamente, en suelo de la provincia de A Coruña, en la cara norte de la ría de Arousa—. Sin embargo, como casi siempre, se puede atribuir a una organización pontevedresa, de O Salnés, cuyos responsables fueron detenidos horas después de lo sucedido.

Así, y aunque los datos apuntan a un gran crecimiento en los alijos de cocaína intervenidos en territorio gallego (más de nueve toneladas en 2025) esa cifra no es significativa, desde el punto de vista de que en 2023, por ejemplo, se intervinieron 13 toneladas. Esos vaivenes son típicos de escenarios coyunturales en los que la cocaína que se dirige a Galicia es incautada muy cerca del territorio o en tierra, como sucedió este año, o en altamar, como ocurrió, por ejemplo, en 2024, cuando la droga decomisada por las fuerzas de seguridad con base en Pontevedra fue muy superior a la que indicaron los datos del organismo dependiente del ministerio del Interior.

Así, lo más destacado en ese 2025 ha sido, policialmente, la caída del citado Lindner, considerado el jefe de un entramado que disponía de lanchas para la recogida de grandes alijos que llegaban en narcosubmarino, y que contaba con una empresa náutica legal que le servía como fachada, piensan los investigadores, con sedes en Sanxenxo y en Cambados.

Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central, iba un poco más allá haciendo balance de 2025 al asegurar que en Galicia "siguen mandando, y tienen mucho poder, grupos locales que llevan años y años traficando, que entran en prisión pero que han vuelto a salir, y esta presencia tan fuerte impide que otros grupos de fuera de Galicia se incorporen fácilmente. Hay dos o tres organizaciones muy potentes, una o dos especializadas en la recogida de droga de semisumergibles y mercantes y otra en pesqueros, pero están traficando mucho y dominando el narcotráfico gallego a día de hoy".

Así, en la provincia de Pontevedra, a pesar del excelente trabajo policial de la Brigada Central de Estupefacientes, del EDOA de la Comandancia de Pontevedra, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de las distintas Udyco locales, con especial actividad de la de la ciudad del Lérez, y el Servicio de Vigilancia Aduanera, las redes delictivas dedicadas al narcotráfico siguen muy fuertes. En el ejercicio objeto de análisis se registraron 297 detenidos por estos delitos -en la media de los últimos años-, una cifra que supone más del 40 por ciento de las personas arrestadas en toda Galicia.

Ese objetivo de atacar a la cabeza de las redes criminales ha seguido muy presente en los meses siguientes. Sin ir más lejos, este mismo verano ha caído alias Moncho Vilaboa y personas de su entorno más cercano, bajo la sospecha de participar en el recordado alijo del Nehir junto a, entre otros, Jonas Falk, el Pablo Escobar sueco, y especialmente con una investigación sobre sus actividades económicas, acusado por la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Esa misma investigación tiene en el punto de mira a dos grandes capos que hasta hace poco tiempo estaban establecidos en Dubái: Perikles Daremas, alias Spartan, y Alejandro Salgado, El Tigre.

Y es precisamente en ese punto donde se sitúa el foco de la nueva estrategia de las autoridades: el ataque a los bienes de los narcos y el intento de alcanzar la cabeza de las organizaciones. Los objetivos, ambos muy ambiciosos con los medios de los que se disponen, se afrontan sin olvidar la incautación de grandes alijos de droga.

"Los semisumergibles suponen un sistema muy seguro para ellos, porque todavía faltan medios en el mar para su detección e interceptación. La Inteligencia que se genera es complicada de corroborar por los sistemas técnicos que utilizan, pero se están haciendo muchas operaciones contra ellos", apuntaba Rodríguez.

Los datos que ofrecen los primeros meses de 2026 apuntan a un escenario en el que los precios de la cocaína, que habían bajado a mínimos históricos hasta principios de año, han subido de nuevo, y lo han hecho a causa de las dos grandes operaciones realizadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Atlántico: la del United S., que llegaba desde Brasil con casi 10.000 kilos de cocaína bajo toneladas de sal, y la posterior del Arconian, con 30.200 kilos, el mayor cargamento de droga decomisado en cualquier punto del planeta a lo largo de la historia.

Toda esa droga tenía como destino primario España, donde redes criminales de Galicia, Portugal y Andalucía se iban a quedar con una parte para hacer sus negocios y, claro, tales decomisos han generado una tenencia alcista en los precios que corrige en parte el escenario y dificulta los negocios a los criminales.

En 2026, la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera insisten en la idea de atacar el patrimonio y las cabezas de las organizaciones. El ejemplo más reciente, la orden de búsqueda y captura dictada contra José Luis Viñas Morgade, alias Manzanita, y Antonio Carballa Magdalena, ambos por su presunta relación con la más reciente descarga de cocaína detectada en A Costa da Morte.

El lunes 10 de agosto El País y El Mundo convirtieron en cuestión de ámbito estatal la decisión de SAIC de instalarse en Ferrol por un supuesto riesgo de espionaje chino sobre la Armada española. Ese mismo día, el líder del PP estatal, Alberto Núñez Feijóo, que suele pronunciarse sobre todo tipo de polémicas siempre para confrontar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un paseo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por el litoral de Cabanas. Pero el PP no convocó a la prensa al acto, sino que informó de él posteriormente, y nada se pudo saber de la opinión sobre SAIC de un Feijóo que tiene en su equipo voces contrarias a un proyecto que está concitando una significativa unanimidad en Galicia.

No fue ese un acto puntual de Feijóo en Galicia. Está de vacaciones en la zona desde hace días, con otros actos controlados en los que también viene evitando pronunciarse sobre SAIC u otros asuntos de interés para Galicia. Actos que sí tienen un denominador común: el elogio de la Transición y su supuesta concordia frente a un Sánchez al que Feijóo acusa de querer derogarla.

Tres días antes del paseo por Cabanas, el viernes 7, el expresidente de la Xunta se desplazó hasta Lugo para participar en un acto de declaración como hijo predilecto de esa ciudad del periodista Fernando Ónega, fallecido el pasado marzo. Allí, rodeado de su familia, Feijóo elogió como “constructor de la democracia” a quien fue uno de los hombres de confianza de Adolfo Suárez. Según dijo, “la democracia española no sería la misma si Fernando no hubiese puesto las palabras”, y lo contrapuso con los “tahúres” y “aprendices de brujo” de la “España de hoy”.

Este martes 18, esta vez en Ribadeo, Feijóo tiró nuevamente de un discurso similar para elogiar de nuevo la Transición y presentarse a sí mismo como la persona que recuperará su espíritu. En un homenaje por el centenario del nacimiento del sucesor de Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, fallecido en 2008 y visitante habitual de Ribadeo, donde está enterrado, Feijóo acusó a Sánchez de impulsar un “auténtico programa destituyente que nadie votó”.

Así, según su tesis, frente a la Transición y la Constitución, el actual presidente del Gobierno de España querría derribar instituciones establecidas como la monarquía, el poder judicial o las fuerzas de seguridad. “Padecemos un Gobierno que actúa contra la nación y contra el Estado”, dijo, para asegurar que Sánchez quiere sustituir el Estado de las autonomías actual por otro “plurinacional de carácter confederal” con una “mutación constitucional por la puerta de atrás”.

Frente a este diagnóstico, Feijóo dice querer recuperar la política de la Transición con un programa “fiel al espíritu y principios rectores del sistema de 1978” que atienda los problemas actuales.

En Ribadeo, como antes en Lugo, Feijóo dijo tomar la palabra no como líder del PP sino como “amigo” de las respectivas familias de los homenajeados, en dos actos de marcado carácter local, con intervenciones de los respectivos alcalde y alcaldesa del PP, pero sus proclamas políticas tuvieron un contenido claramente estatal, más allá de las figuras de las personas homenajeadas.

La Consellería de Política Social e Igualdad acaba de comunicar al Parlamento que 50.000 euros que inicialmente preveía destinar este año a “reformas en los centros de servicios sociales para mejorar el bienestar” fueron empleados en mayo para pagar “el incremento de gasto derivado de los viajes institucionales inicialmente no programados”.

El departamento que dirige Fabiola García, que a finales de abril y comienzos de mayo realizó un viaje institucional de cinco días por Argentina y Uruguay, rechaza concretar cuáles fueron los viajes no previstos pagados con ese dinero.

La Xunta da cuenta cada mes al Parlamento de las modificaciones que se ve obligada a realizar en sus presupuestos por diversos motivos. En el documento de mayo, Política Social consigna que 100.000 euros que inicialmente estaban previstos para “reformas en los centros de servicios sociales para mejorar el bienestar” fueron recolocados en otras dos partidas presupuestarias distintas: 50.000 fueron para pagar “viajes institucionales inicialmente no programados” y otros 50.000 fueron “para el pago de intereses de demora consecuencia del incremento de sentencias condenatorias en materia de carrera profesional”.

Ante estas modificaciones, Praza.gal preguntó a Política Social cuáles fueron los viajes, en plural, y cuál es su justificación si inicialmente no estaban programados. Su respuesta no aclara ninguna de las dos cuestiones y se limita a decir que “el crédito para viajes corresponde a los gastos de pernoctación, dietas y desplazamientos de toda la Consellería”, pese a que el documento oficial dice expresamente “viajes institucionales”, que son los que corresponden a altos cargos y no a los otros desplazamientos de funcionariado.

Política Social rebaja la relevancia de lo ahora comunicado oficialmente al Parlamento señalando que “los presupuestos son una estimación de gasto, por lo que son habituales las modificaciones durante el año”.

Este diario también preguntó qué reformas en centros de servicios sociales eran las previstas, qué se va a hacer ahora con ellas y a qué se debe el “incremento de sentencias condenatorias” reflejado en el documento oficial y a las que van destinados los otros 50.000 euros. La consellería rechazó igualmente responder de manera concreta a esas preguntas y solo dice que “las obras previstas se están realizando con total normalidad, porque el presupuesto de obras también es una estimación”.

Coincidiendo en el tiempo con esta modificación presupuestaria, entre finales de abril y comienzos de mayo la conselleira de Política Social, Fabiola García, realizó un “viaje institucional de cinco días por América Latina”, según divulgó la propia Xunta, en el que visitó Uruguay y Argentina y se reunió con diversos colectivos de emigrantes. Allí anunció que la Xunta extenderá el denominado Carné +65 con descuentos para personas mayores “a los gallegos del exterior para que puedan disfrutar de sus ventajas cuando viajen a Galicia”.

Hace hoy 84 años, en 1942, la Irmandade Galega de Buenos Aires instauraba el 17 de agosto como el Día da Galiza Mártir. Ese mismo día, pero de 1936, hace 90, a las 5:15 de la madrugada, Alexandre Bóveda se dirigía así a su hermano: “Quise hacer el bien, trabajé por Pontevedra, por Galicia y por la República, y el equivocado juicio de los hombres —que yo perdono y todos debéis perdonar— me condena”. Pocas horas después sería asesinado por los franquistas, que cuatro días antes habían escenificado su disposición a fusilarlo en lo que presentaron como un juicio por traición. La fecha del asesinato del político y economista galleguista es conmemorada cada año y sirve no solo para recordar la figura del político galleguista, sino la de todas las personas que sufrieron la represión franquista en Galicia.

Su asesinato fue de los que los fascistas consideraban ejemplares por no acabar solo con la vida de un hombre y extender el terror desde el primer día del golpe de Estado, sino por hacerlo con un líder intelectual del galleguismo y de las ideas republicanas. Un reconocido economista, primer director de la Caixa de Aforros de Pontevedra, número uno en las oposiciones a jefe de Hacienda en el Estado, miembro de la comisión redactora del Estatuto de Autonomía, motor del Partido Galeguista y candidato de la formación en el Frente Popular en las elecciones de 1936.

“Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente como puede amar un hijo a su madre. Jamás la traicionaría aunque se me concediesen siglos para vivir. La adoro hasta más allá de mi muerte. Si entiende este tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por mi tierra. Hice cuanto pude por Galicia y haría mucho más si pudiera. Si no puedo seguir trabajando más por ella, me gustaría morir por mi patria. Bajo su bandera deseo ser enterrado”, dijo Bóveda ante el tribunal que lo condenó en un juicio farsa, en unas palabras que se convirtieron en emblema del galleguismo. Las pronunció antes de una sentencia simulada, firmada por los golpistas el 13 de agosto para asesinarlo y que hace menos de dos años fue declarada “ilegal y nula” por el Gobierno de España.

Con la instauración de la fecha de su asesinato como el Día da Galiza Mártir se pretendió no solo recordar la figura del político galleguista, sino la de todas las personas que sufrieron la represión franquista en Galicia. Una ola de asesinatos y violencia que, solo en el primer impacto de la sublevación que acabaría con la II República, trajo consigo en el país casi 15.000 personas represaliadas, unas 4.000 de ellas asesinadas. Así lo acredita la base de datos resultado de la investigación del proyecto Nomes e Voces, el más completo al respecto en nuestro país y cuyos responsables, ahora desde el grupo de investigación Histagra de la Universidade de Santiago, siguen siendo claves en el estudio y recuperación de la memoria democrática, desde las pesquisas y exhumaciones hasta la elaboración del censo estatal de víctimas.

La fecha, pese a su cada vez mayor significación, sigue sin ser institucionalizada y oficializada por parte de la Xunta, pese a los intentos de, sobre todo, el BNG. Hace solo unas semanas, el pasado mes de junio, el Bloque llevó de nuevo a la Cámara una petición oficial para fijar y reconocer institucionalmente el día, una iniciativa que coincidió con la llegada a Pontevedra del cuadro A derradeira leición do mestre, de Castelao, símbolo de la represión franquista que el político e intelectual rianxeiro realizó en homenaje a su compañero y amigo Bóveda y a todas las víctimas de la represión franquista.

El PP rechazó la iniciativa acusando al BNG de usar la fecha “para confrontar” y apostando por “espacios de encuentro y no división”. El PSdeG, por su parte, criticó la actitud de los populares pero presentó una enmienda a la totalidad por considerar que la propuesta del Bloque partía de un “relato partidista”.

Solo una semana después, Amalia Bóveda, hija de Alexandre Bóveda, decidió no acudir, pese a la invitación, a la inauguración de la exposición dedicada al cuadro en el Museo de Pontevedra. Lo justificó, en un comunicado, por “motivos de dignidad y coherencia cívica y política”. Señaló que la cuestión no debería ser su “ausencia”, sino la presencia en la inauguración y en el Día da Galiza Mártir de quienes “niegan políticamente los derechos de las víctimas y sus familias”, poniendo el foco en la “incongruencia política” de participar en un acto así y, al mismo tiempo, negar la memoria democrática.

“Resulta de una profunda hipocresía institucional ir ante el cuadro más simbólico de nuestro exilio y represión y votar en contra de institucionalizar el 17 de agosto como el Día da Galiza Mártir”. Asimismo, considera “intolerable” el “blanqueamiento político de aquellos que hoy se autoproclaman galleguistas mientras defienden pactos y acuerdos con partidos de extrema derecha”, en referencia a los acuerdos del PP con Vox.

Aunque la institucionalización de la fecha sigue esperando, en los últimos años fue asumida por instituciones diversas, incluso algunas gobernadas por los populares, y con presencia de la propia Xunta en algún homenaje a Bóveda. Este año, como siempre, el epicentro de los actos será ante el monumento en A Caeira —Poio— que recuerda dónde fue asesinado el político galleguista, así como después en el cementerio de Santo Amaro, donde reposan sus restos.

Será un homenaje a Bóveda y a los miles de represaliados tras un golpe militar que acaba de cumplir 90 años. Solo en la primera semana desde el inicio de la sublevación contra la República, entre el 18 y el 25 de julio, Nomes e Voces pudo documentar más de un centenar de asesinatos en el país. La mayoría, víctimas de disparos en las calles de ciudades como A Coruña y Vigo, aunque también en villas de menor dimensión. En esos días, no obstante, también fueron documentadas víctimas de bombardeos en Marín o Vigo y los primeros asesinatos sistemáticos, las primeras ejecuciones “en aplicación del bando de guerra” en A Coruña o Pontedeume. También comenzaron enseguida los primeros paseos, los asesinatos de paramilitares afines a los golpistas previo secuestro de las víctimas en sus casas o lugares de trabajo.

Atendiendo solo a la documentación de Nomes e Voces, a finales de julio las personas asesinadas en Galicia ya superaban las 150. A finales de agosto, mes en el que se generalizaron los paseos, ya eran más de 700. En aquel mes también aumentaron las ejecuciones tras juicios simulados en los que las víctimas eran acusadas, precisamente, de los delitos que habían cometido los sublevados, tales como rebelión militar. Fue este el caso de Alexandre Bóveda —Alejandro Bóveda en la base de datos por ser una transcripción de los registros de la época—, asesinado aquel 17 de agosto tras el juicio escenificado para calificarlo como culpable de “traición”.

Cuando finalizó 1936, las personas asesinadas por los golpistas en Galicia entre ejecuciones, paseos y muertes formalmente por otras causas ya superaban las 2.000. Al terminar 1937 eran unas 700 más. Los últimos asesinatos documentados están datados una década después, en 1947, en un contexto en el que, no obstante, la represión fue mucho más extensa y tuvo muchas más formas que las de la muerte.

Nomes e Voces acreditó cómo las erigidas como nuevas autoridades encarcelaron solo en Galicia a más de 4.000 personas con diferentes pretextos tras los correspondientes procesos judiciales simulados, por los que pasaron otras 4.000 personas más. Más allá de los procedimientos judiciales, las investigaciones acreditaron más de medio millar de personas víctimas de sanciones de diverso tipo por razones políticas, desde la pérdida del empleo público, inhabilitaciones o destierros hasta cierres e incautaciones de negocios y bienes o importantes multas económicas.

Las diversas acciones a favor de la memoria democrática, tanto estatales como privadas, buscan precisamente seguir arrojando luz sobre aquellos sucesos que documentó de manera pionera Nomes e Voces. En esa estela se encuadrará también desde el próximo otoño un nuevo proyecto de la Fundación Praza Pública, editora de Praza.gal, inmersa ahora en la producción del podcast Falamos de memoria, una producción multimedia que, apoyada por el comisionado especial España en Libertad. 50 años, dependiente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, buscará acercar al público gallego, especialmente a las generaciones más jóvenes, a lugares cotidianos en los que sucedieron algunos de estos hechos de los que ahora se cumplen 90 años.

La Xunta ha abierto expediente al bar de Arteixo (A Coruña) conocido por su apología franquista y el uso de simbología fascista tanto en su fachada principal como en su interior. El establecimiento se enfrenta ahora a hasta 9.000 euros de multa tras la denuncia realizada por la plataforma vecinal Arteixo Futuro, que reclama la intervención del Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Fue Turismo de Galicia quien realizó una inspección a este establecimiento hostelero de Chamín, en la carretera que une Arteixo con Caión, después de que fuese denunciado por una supuesta vulneración de la prohibición del derecho de acceso. Fue la fórmula utilizada para la denuncia de un bar que luce en su entrada la consigna “Rojos abstenerse” o lemas franquistas como “Una, grande y libre”.

Turismo de Galicia, a preguntas de Praza.gal, aclara que acordó iniciar “diligencias previas que se tradujeron en la realización de una visita inspectora”. El resultado de la visita fue el levantamiento de un acta de infracción que dará lugar a la “apertura del correspondiente expediente sancionador por la supuesta comisión de una infracción turística grave, que, en su caso, podrá ser objeto de sanción con multa por importe de 901 a 9.000 euros”. Una sanción máxima que ya le había sido impuesta por motivos semejantes a un establecimiento en Mera.

Antes de la apertura del expediente, Turismo de Galicia había recordado que no era “competente” en lo que tiene que ver con las posibles manifestaciones contra la dignidad de las víctimas del franquismo y que debía ser “el Gobierno central quien dictamine si es contrario a normativas como la Ley de Memoria Democrática”. Turismo de Galicia se limitará a actuar si considera que los mensajes y procederes del bar suponen vulnerar el derecho de acceso: si niega, restringe o condiciona de forma injusta o discriminatoria la entrada. Por eso, desde la plataforma Arteixo Futuro hacen ahora un llamamiento a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a su titular, Fernando Martínez. En una carta abierta piden una intervención contra el establecimiento por “ensalzar el franquismo y el periodo dictatorial” y mostrar un “evidente negacionismo de sus crímenes”.

En una carta abierta al secretario de Estado, la entidad advierte de la “necesaria intervención para determinar” si el establecimiento “cumple con el marco jurídico actual y con el respeto por las víctimas y familiares” de las personas represaliadas por la dictadura.

La polémica rodea este establecimiento desde hace muchos años por su reiterada apología fascista, que también incluyó una antigua placa de una calle dedicada a José Antonio Primo de Rivera. Una reivindicación sin complejos del fascismo que provoca aún más indignación durante el verano, cuando aumenta la afluencia a la zona, ya que el local está situado en una concurrida carretera que conecta varias playas y zonas de baño, como Barrañán y Caión.

En el perfil de su cuenta de X, inactiva desde hace años, su dueño utiliza una foto en la que aparece haciendo el símbolo fascista en la puerta de su bar, ante el lema “Una, grande y libre”, del que presume en su único mensaje, empleado para contestar a las críticas sobre su decoración. En sus últimas declaraciones, después de conocerse la denuncia, insistió en su intención de mantener las banderas y lemas franquistas en el establecimiento.

La apología franquista de este establecimiento, desde que la iniciara durante la pandemia del covid, ha sido denunciada públicamente en numerosas ocasiones por vecinos y visitantes de la zona. Sin embargo, el propietario del establecimiento se ha negado siempre a retirar la simbología y ha asegurado que exhibe banderas fascistas porque esas son sus ideas.

Más de un siglo después, España ha vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse que ha ensombrecido el país hasta provocar un anochecer completo, anticipado y efímero en una amplia franja, un evento excepcional que ha unido a millones de personas mirando y escudriñando el cielo.

Más de un siglo después, España ha vuelto a ser testigo privilegiado de un eclipse que ha ensombrecido el país hasta provocar un anochecer completo, anticipado y efímero en una amplia franja, un evento excepcional que ha unido a millones de personas mirando y escudriñando el cielo.

Casi dos horas después (a las 19:30, hora peninsular) de que el evento astronómico comenzara en el Mar de Bering, la sombra de la Luna comenzó a "morder" al Sol y a proyectarse sobre el norte de Galicia y de Asturias, el primer 'balcón' desde el que miles de personas comenzaron a contemplar el evento, que alcanzó su fase de totalidad unos segundos después de las 20:26 y se prolongó durante menos de dos minutos.

La misma secuencia, con segundos de diferencia, siguió de oeste a este, hasta que el eclipse total se despidió por Baleares a las 20:33 y el Sol comenzó a recuperar todo su brillo, aunque en el archipiélago, como en muchos lugares del este peninsular, no pudieron volver a ver la estrella al completo porque la fase de parcialidad terminaron cuando el Sol ya se había puesto en el horizonte.

El evento se prolongó en España durante dos horas -apenas 100 segundos la fase de totalidad donde esta ha sido más prolongada- un tiempo que reunió a millones de personas en playas, miradores, parcelas, praderas, observatorios naturales, y hasta en aviones o embarcaciones.

Los movimientos y los desplazamientos para llegar al lugar desde el que contemplaron el eclipse habían comenzado por la mañana, y desde primeras horas de la tarde numerosas carreteras, sobre todo en las salidas desde Madrid y Barcelona, empezaron a registrar complicaciones y retenciones, en algunos casos kilométricas.

Los cientos de observatorios elegidos por ayuntamientos y gobiernos autonómicos, y los miles de escenarios que de forma improvisada eligieron millones de espectadores, brindaron un asombroso espectáculo natural, sobre todo en la parte donde la totalidad fue del cien por cien y la noche, aunque efímera, se apoderó del día.

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) eligieron Palencia como escenario principal, y lograron captar las esperadas imágenes de la corona solar durante los 104 segundos de totalidad en este punto, dentro del proyecto internacional NATE (North African Telescope Eclipse), impulsado por el IAC con la vista puesta en el eclipse total de 2027, cuando está previsto ampliar el dispositivo con observaciones simultáneas desde distintos puntos de Marruecos para seguir el desplazamiento de la sombra lunar y estudiar la corona durante un periodo más prolongado.

El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, cuyos dos radiotelescopios de referencia internacional dieron la señal oficial del eclipse, ha reunido a numerosos científicos, cuatro ministros y los astronautas de la ESA Pablo Álvarez y Sara García, y tras una jornada de actividades divulgativas.

"¡Que ya va, que ya va!", "¡atención!","¡qué bonito!", "oooooooh"... Con todas esas expresiones, con aplausos espontáneos y con lágrimas, así reaccionaron al eclipse las más de cien personas reunidas en el Observatorio de Yebes.

“Ha sido algo parecido a lo que los astronautas dicen que sienten al salir al espacio y ver desde allí la Tierra, la Luna y el Sol”, dijo a EFE el astronauta Pablo Álvarez.

"Estoy convencido que de este eclipse van a salir muchos astrónomos y astrofísicos españoles en el futuro, ha sido algo extraordinario para despertar vocaciones científicas", agregó Álvarez, quien a los 11 años ya anotó en el calendario esta fecha de 2026 para ver el eclipse.

El eclipse empezó a ser visible por Galicia, una comunidad que lo ha vivido entre el 'chasco' y la 'maravilla', incluso en las zonas en las que, finalmente, la presencia de las nubes impidió disfrutar de una experiencia completa, una nubosidad que empañó también la observación en muchos lugares de las comunidades del litoral cantábrico.

Lo que no consiguieron las nubes es apagar la emoción de numerosas personas ciegas que pudieron 'escuchar' el eclipse gracias a la tecnología que transformaron en tiempo real las variaciones de los cambios de luz en sonido.

El evento duró, desde que comenzó en el Mar de Bering a las 17:34 (hora peninsular) hasta que murió, tras atravesar Canarias, en el Océano Atlántico, un total de 264 minutos -casi cuatro horas y media-.

El de este miércoles ha sido el primero de un carrusel inédito que 'traerá' a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular, el 26 de enero de 2028.

Una operación conjunta de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ha desembocado en la desarticulación de una gran organización internacional de narcotraficantes con base en Galicia dedicada a introducir cocaína a gran escala empleando lanchas rápidas y narcosubmarinos. Se les atribuye la descarga de unos 4.000 kilos en el semisumergible que apareció a la deriva en A Costa da Morte en enero de 2025, y muchos de sus miembros fueron detenidos en la última madrugada mientras descargaban más de una tonelada de la misma droga en la playa de Arnela, uno de los arenales más típicos de los traficantes en esa misma zona del noroeste de España.

El despliegue de medios comenzó de madrugada, pues los efectivos de los tres cuerpos tenían constancia de la probable llegada de una embarcación con cocaína al entorno de A Costa da Morte. Seguían los pasos de una organización liderada por un histórico narcotraficante gallego que, según pensaban, llevaba tiempo alijando droga por distintos enclaves de esa zona de A Coruña aprovechando la menor vigilancia existente allí.

La acción culminó con la interceptación de una embarcación de alta velocidad, tipo narcolancha, que llegó a la playa de Arnela, en Muxía, con más de una tonelada de cocaína. Se desconoce si recogió la sustancia desde un mercante o desde un narcosubmarino. En ambos casos, lo más probable es que la droga formase parte de un alijo mayor aún por descubrir, en una operación que está completamente abierta a mediodía de este lunes 10 de agosto. Los GEAS del Instituto Armado inspeccionan el entorno marino del lugar de la descarga.

La intervención en la playa incluyó el uso de algún arma sin consecuencias, pues uno de los traficantes intentó escapar ante la llegada de los efectivos de la Guardia Civil, que se desplegaron en todos los accesos a la misma —difíciles, por otra parte— para evitar cualquier riesgo de fuga.

La información policial apunta a que esta organización es la misma que introdujo el narcosubmarino en enero de 2025 y que consiguió esquivar a las autoridades, que, eso sí, iniciaron la investigación en relación con lo ocurrido hasta el día de hoy. A primera hora de la tarde de este lunes ya se habían superado ampliamente las 20 detenciones, pero el operativo está plenamente abierto.

En estos momentos continúa el amplio despliegue policial, que partió de A Costa da Morte y que se extiende por distintos puntos de Galicia para completar una operación que supone un duro golpe a las redes del narcotráfico que siguen actuando en todo el oeste de la Península, con Portugal como punto clave en los últimos meses, pero con la provincia de Huelva y las dos provincias del Atlántico gallego como lugares especialmente sensibles.

En la tarde de este lunes, la actividad se trasladó a la comarca de O Salnés y, en concreto, a Vilanova de Arousa, lugar desde el que, según piensan los investigadores, se organizaba todo el entramado criminal que llevaba tiempo introduciendo grandes partidas de cocaína que llegaban en semisumergibles.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de hacer pública una resolución que sanciona a la Consellería de Medio Ambiente como responsable, por su baja seguridad informática, de la filtración de datos personales de unas 40.000 personas propietarias de animales de compañía. Además de datos como nombres, direcciones o teléfonos, la brecha de seguridad también facilitó el acceso a documentos escaneados como el DNI. Según Protección de Datos, la propia Xunta admitió que el acceso a esa documentación “podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad”.

En octubre de 2023 la Xunta informó a través del Diario Oficial de Galicia (DOG) de que un “incidente de seguridad informática” había afectado “a los datos personales de las personas titulares de animales de compañía inscritos en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía de Galicia (Rexiac)”, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Tras aquellos hechos, Protección de Datos abrió una investigación que ahora concluye con una resolución que establece la responsabilidad de la consellería.

Según la resolución, la brecha informática se inició el 8 de septiembre de 2023 y la consellería tuvo conocimiento de la misma a través de una alerta del Centro Criptológico Nacional los días 13 y 14. Pero la brecha no se dio por cerrada hasta el 22 de septiembre y la Xunta no informó a la ciudadanía a través del DOG hasta el 3 de octubre con la publicación de un anuncio que tenía fecha del 29 de septiembre.

El origen de la brecha fue “la usurpación de credenciales de acceso de 7 usuarios legítimos”, esto es, de las contraseñas de personas habilitadas para consultar el registro. Un registro que a su vez contaba con sistemas de consulta distintos para que los propietarios pudiesen conocer los datos de sus mascotas y para el acceso de otros usuarios no propietarios, como veterinarios, concellos o policía. Pero la consellería “carecía de un sistema de gestión y eliminación de perfiles inactivos” y tampoco contaba con doble factor de autenticación de los perfiles.

La Xunta alegó la “complejidad organizativa y heterogeneidad de usuarios”, pero Protección de Datos le respondió que eso “no elimina el deber jurídico de garantizar un nivel de seguridad adecuado”, sino que “al contrario, la existencia de distintos perfiles y entidades con acceso al nivel de usuario de la plataforma comprometida debían ser valoradas desde un inicio para asegurar la adopción de medidas técnicas y organizativas de todo tipo necesarias para asegurar un adecuado nivel de protección”.

Una vez producida la brecha, Protección de Datos también dice que “la ausencia de una monitorización avanzada dificultó la detección temprana de la brecha de datos personales, lo que revela una insuficiencia de las medidas técnicas y organizativas adecuadas y, por ende, el incumplimiento” del reglamento de protección de datos.

Protección de Datos recoge que la propia Xunta, como responsable de los datos, admitió que “se contabilizaron más de 40.000 consultas de información, por lo que se estima un número aproximado de 40.000 personas que podrían ver afectados sus datos personales”. Respecto de la documentación escaneada que también estaba disponible en el sistema, la consellería señaló que “dicha extracción podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad, o de campañas de phishing/spamming o sufrieran la pérdida de control sobre sus datos personales”.

La resolución señala que el Centro Criptológico Nacional “no tiene constancia del uso, publicación o venta en internet de los datos robados”, pero no indica con qué fecha hizo esa valoración ni descarta que los datos robados puedan ser empleados en el futuro.

Ante las alegaciones de la Xunta de que no constan daños, Protección de Datos concluye que “no puede sostenerse en este punto la ausencia de culpa de la consellería que sufrió una brecha de datos personales como consecuencia de una usurpación de credenciales que carecía de medidas de todo tipo, como el doble factor de autenticación o una política de modificación periódica de contraseñas, entre otros”. Por eso, Protección de Datos concluye imponiendo una sanción a Medio Ambiente que en la práctica no es más que un apercibimiento, la declaración de que la consellería “infringió lo dispuesto” en el reglamento de protección de datos, ya que las administraciones públicas no tienen que pagar multa económica. Esta, en el caso de dirigirse a una empresa, podría ser de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual.

La decisión de la Xunta de excluir los campamentos municipales del programa Bono Concilia Familia, ayudas a las familias para sufragar recursos para la conciliación y la atención de sus pequeños, provocó el rechazo de padres y madres y también de la oposición parlamentaria. BNG y PSdeG coinciden en calificar como “privatizadora” y “clasista” esta medida del Gobierno gallego, al que señalan por “perjudicar” a miles de familias, especialmente a las trabajadoras y con menos recursos.

Desde el BNG, su portavoz de Infancia y Familia en el Parlamento, Ariadna Fernández, asegura que el “afán privatizador y excluyente” de la Xunta “no es un secreto para nadie porque hay muchos ejemplos”, pero advierte de que el caso del Bono Concilia Familia “es más indignante” por afectar a “cientos y cientos de familias que van a quedar fuera de las ayudas o quedaron fuera porque no tuvieron la información necesaria”.

Así, la diputada nacionalista acusa al Gobierno gallego de “falta de transparencia y falta de responsabilidad con la conciliación de las familias”. “Que tantas queden fuera de esta ayuda y sean perjudicadas al optar por campamentos municipales dice mucho de la actitud y del plan que tiene Alfonso Rueda para nuestro país”, insiste quien califica la decisión como una nueva muestra del “menosprecio a los servicios públicos frente a lo privado”. “Ya no sorprende pero, en casos como este, aún se agrava”, añade.

Desde el PSdeG, su portavoz de Educación en el Parlamento, Aitor Bouza, manifestó que la decisión de la Consellería de Política Social demuestra “una vez más” que el modelo del PP apuesta “por subvencionar el ámbito privado en detrimento del público” a través de una política “clasista” que va “contra la clase trabajadora”.

Además, advirtió de que la decisión —anunciada por sorpresa y pese a que los campamentos municipales habían sido siempre incluidos en las ayudas— supone un “ataque frontal” a las familias que quedan sin ayudas. Ante ello, Bouza adelantó que la portavoz socialista de Política Social, Silvia Longueira, presentará próximamente iniciativas parlamentarias contra el “modelo privatizador” del Gobierno de Rueda. “Rueda apuesta por la 'Galicia Caridad' para que los gallegos y las gallegas tengan que pedir limosna en vez de tener derechos”, criticó en referencia al modo en el que el PP está gestionando ayudas de carácter social, a base de bonos.

También Sumar Galicia pidió a la Xunta que “rectifique” e “incluya los campamentos y las ludotecas públicas en el Bono Concilia”. “Si la Xunta continúa incentivando únicamente la oferta privada, muchas familias se verán obligadas a abandonar los servicios municipales”, advirtió su secretario general, Paulo Carlos López.

Fue el pasado miércoles cuando la Consellería de Política Social anunció que había decidido excluir los campamentos municipales de estas ayudas, detallando una de las novedades que tendrán las bases del programa, aún no publicadas, y cuyo plazo para solicitar el bono no se abrirá hasta los primeros días de septiembre.

Coincidió, además, en la semana en la que muchos de los campamentos municipales envían a las familias los justificantes de pago y asistencia de sus hijos e hijas durante los meses de junio y julio, documentación necesaria para poder optar al bono. Pero también con publicaciones de muchos concellos que advertían a su vecindad de la posibilidad de acceder a las ayudas para sufragar las actividades organizadas por ellos pero que, en realidad, ya no están incluidas en el programa.

La Consellería de Política Social justifica el cambio en su intento de evitar una doble financiación porque, aclara, “los campamentos municipales también son financiados a través del Plan Corresponsables de la Xunta de Galicia”. Se refiere al plan de subvenciones para iniciativas de conciliación, sufragado en un 75% con fondos del Estado y en un 25% con fondos autonómicos. Además, este plan se centra en los concellos pero abarca también las ANPA y entidades sociales, cuyas actividades sí pueden acogerse a los descuentos del Bono Concilia Familia.

La Xunta destina 2,6 millones de euros a este programa y la cuantía de las aportaciones a las familias, que puede llegar a cubrir el 75% del coste, “puede ser de hasta 500 euros para las que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación”. “Como campamentos o ludotecas, excluidos los financiados por administraciones públicas”, añade Política Social en un punto que es la clave.

Hasta ahora, tal y como se puede leer en la orden de las bases del programa Bono Concilia Familia del pasado año, la subvención cubría la “asistencia a campamentos u otros recursos de conciliación colectivos específicamente organizados por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, para la atención de los niños y niñas en los periodos de vacaciones escolares”. Y solo incluía una excepción: los campamentos de verano organizados por la Xunta, que abarcan juventud de entre 9 y 18 años con 12.000 plazas para actividades entre junio y septiembre.

La noticia llega, además, después de que las familias formalizasen ya hace muchas semanas la matriculación en estos campamentos de verano y muchos meses después de que contratasen los servicios de otras actividades municipales para la conciliación que también estaban incluidas hasta ahora en el Bono Concilia. Las destinadas a las vacaciones de Navidad, Semana Santa o a otros periodos sin actividad lectiva.

La Consellería, consultada por este diario sobre los plazos, se limita a recordar que “la fecha de la convocatoria para solicitar la ayuda del Bono Concilia Familia es la misma que el año pasado: septiembre”. Con la diferencia de que muchas familias que contaban con la posibilidad de la ayuda de otros años acaban de enterarse de que ya no la tendrán.

Porque con esta medida, el Gobierno gallego deja fuera de la subvención a miles de familias que optan por los campamentos municipales, que suelen ser mucho más económicos —e incluso en algún caso gratuitos— que los organizados por empresas, instituciones o colegios privados, pero que también pueden suponer un desembolso importante, especialmente en familias con varios hijos.

Basta el ejemplo de varias familias que suelen optar por las actividades que ofrecen sus concellos en una urbe gallega. Sumando los campamentos de Navidad y de verano, el coste por cada hijo o hija puede ascender a entre 130 y 200 euros dependiendo de las necesidades, a las que muchas veces hay que sumar otras alternativas para periodos lectivos sin actividades extraescolares, como el mes de septiembre.

El acceso a la ayuda permitía un ahorro a estos padres y madres de hasta un máximo de entre 97 y 150 euros en estos casos, una aportación con la que muchas contaban al optar por los campamentos municipales, bien por una mayor preferencia hacia estas actividades impulsadas desde lo público, bien por la imposibilidad de abonar de una vez cantidades que en otros campamentos son mucho mayores. De entre 75 euros y hasta 200 euros a la semana, tomando como ejemplo opciones en centros educativos concertados y entidades que ofrecen cursos de hípica o surf, todas ellas incluidas en el Bono Concilia Familia.

Así, como advierten varias familias, la concesión del bono permite que el coste de algunos campamentos para muchas familias pase de esos 75 o 200 euros semanales a algo menos de 20 o 50, cantidades menores que las de muchas opciones impulsadas por administraciones públicas.

La polémica, que se agudizó con esta nueva medida de la Xunta, viene de lejos. Ya el pasado mes de marzo, el PSdeG demandó un cambio en la adjudicación del Bono Concilia para “evitar las sospechas de fraude y de información privilegiada”. Silvia Longueira había denunciado que el programa de 2025 agotó los 2,6 millones de euros cinco días antes de que terminase el plazo de solicitud. “Funciona como un bingo de sobremesa, donde solo ganan los que llegan primero”, advertía.

Longueira defendió una proposición no de ley para reformular el sistema de concesión de estas ayudas instando a la Xunta a implantar, junto a los concellos, “un programa estable con baremos que garantice la concurrencia competitiva, frente al actual modelo donde el dinero se reparte por orden de llegada”.

El Tribunal Supremo acaba de pedir a la Comisión Europea el dictamen motivado que emitió hace un año en el que consideró que el Gobierno de Aznar había incumplido la normativa comunitaria al prorrogar la concesión de la AP-9 hasta 2048 sin concurso público para después privatizarla. La petición se produce en el marco del proceso judicial iniciado por la asociación de transportistas Apetamcor para que el Gobierno de España rectifique de oficio aquella prórroga y la anule, para lo que el Supremo considera que la valoración de la Comisión Europea puede ser relevante. Ahora será el propio Ejecutivo comunitario el que decida si entrega ese dictamen a la justicia española o si la normativa europea permite mantenerlo confidencial.

Hace un año la Comisión Europea hizo público que acababa de alcanzar un dictamen motivado —cuyo contenido concreto no reveló— en el que instaba a España a respetar la normativa comunitaria sobre concesiones tras considerar, en el marco de un procedimiento de infracción abierto desde 2021, que la prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar hasta 2048 sin concurso público había incumplido dicha normativa. Tras conocerse ese paso de la UE, la asociación Apetamcor pidió formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de dicha prórroga. Pero el Ejecutivo de Sánchez viene negándose tanto a iniciar el procedimiento para anular aquella prórroga como a rescatar la concesión y apuesta por mantener activo el pleito con la UE, que puede tardar años en ser resuelto por la justicia europea.

Tras la negativa del Consejo de Ministros a su petición de revisar la concesión, Apetamcor recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo. En ese pleito judicial Apetamcor pidió tener acceso al expediente de infracción de la UE y al dictamen motivado de la Comisión Europea.

En un primer auto del mes de mayo, el Supremo rechazó que Apetamcor pudiese pedir ese dictamen como una ampliación del expediente administrativo que elaboró el Gobierno de España sobre su petición de revisión de oficio de la prórroga. El Supremo admitía entonces la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen con el argumento de que no formaría parte del expediente de revisión propiamente dicho. Pero ahora el Supremo sí acepta otra vía empleada por Apetamcor para tratar de acceder al dictamen, ya no como ampliación del expediente que obre en poder del Ejecutivo español sino dentro del periodo de prueba que pueden abrir las partes antes de que el tribunal emita sentencia.

Para ese periodo de prueba Apetamcor pidió que se aportase no solo el expediente del Gobierno de España sobre su petición de revisión, sino también y al margen el dictamen de la Comisión Europea. El Estado y Audasa volvieron a oponerse insistiendo en que es confidencial hasta que termine el procedimiento de infracción de la UE, pero el Supremo tiene una visión distinta.

Si antes el tribunal no consideraba el dictamen parte del expediente del Gobierno de España sobre la petición de Apetamcor, ahora, según un auto del 22 de julio, sí considera que como prueba “no puede considerarse ni impertinente ni inútil”. Según dice, con esa “prueba” que solicita Apetamcor “pretende acreditar que la prórroga acordada” cuya revisión solicita “es contraria a la normativa europea, cuestión esta que no está desvinculada del objeto de este procedimiento”. El Supremo admite que el dictamen por sí mismo no anula la prórroga, pero “eso no implica que dicho dictamen no sea relevante, pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la Unión Europea que pueden determinar la nulidad de pleno derecho de las normas” cuya revisión de oficio solicitó Apetamcor.

Esto es, igual que en el ámbito comunitario el dictamen puede ser empleado por la Comisión Europea para iniciar un procedimiento contra España en el Tribunal de la UE, a nivel estatal el Supremo también puede tenerlo en cuenta para decidir si el Gobierno de España debe revisar de oficio la prórroga.

El Supremo considera pertinente la petición de Apetamcor del dictamen europeo como una prueba más a tener en cuenta en el proceso judicial, pero dice que las valoraciones sobre si el documento se debe mantener o no confidencial “corresponde realizarlas a la Comisión Europea y no a este Tribunal”. Así que su decisión es enviar un oficio a la Comisión Europea “para que valore si procede o no”, de acuerdo con la normativa comunitaria, “remitir el dictamen motivado que se solicita como medio de prueba”.

Un viajero de nacionalidad franco-argentina se encuentra actualmente aislado junto a su familia en su lugar de alojamiento en Galicia tras haber dado positivo por hantavirus (en su variante 'andes'). Según ha confirmado el Ministerio de Sanidad el contagio fue detectado a partir de una muestra recogida hace unos días en Francia. Pese al diagnóstico, las autoridades sanitarias han descartado su ingreso en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) dado que el paciente se encuentra completamente asintomático.

Las autoridades sanitarias francesas fueron quienes dieron el aviso este mismo jueves sobre el caso de este turista, que transitó por el país vecino durante la segunda mitad del mes de julio. Según detallan fuentes del Ministerio, el paciente acudió a los servicios médicos en Francia presentando un "cuadro respiratorio leve". Tras realizarle las pruebas pertinentes, Francia identificó que se trataba de hantavirus. Sin embargo, desde Sanidad subrayan que el turista viajó posteriormente a España cuando ya estaba asintomático, motivo por el cual recalcan que "ya no podía contagiar".

A pesar de que el paciente no presenta síntomas, el protocolo sanitario ya se ha activado. Tanto el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como los servicios de Salud Pública de la Xunta de Galicia están trabajando de manera conjunta. Actualmente se están llevando a cabo los estudios necesarios para determinar las acciones a seguir y se han puesto en marcha los procedimientos habituales para gestionar tanto el caso como a los posibles contactos que haya podido tener el turista.

Este caso aislado se detecta justo un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado un importante brote de esta misma variante ('andes'). Aquel episodio tuvo lugar en el crucero MV Hondius el pasado mes de abril y requirió de una compleja y delicada operación de evacuación en Tenerife, dejando un trágico balance de tres fallecidos. Durante aquel brote 14 ciudadanos españoles tuvieron que ser evacuados y permanecieron aislados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Dos de ellos terminaron dando positivo por hantavirus durante dicho periodo de cuarentena.

El hantavirus es una enfermedad de origen viral cuyos síntomas iniciales suelen ser similares a los de un cuadro gripal. Su principal vía de transmisión al ser humano es a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados. En cuanto a la variante 'andes' —la detectada en este turista franco-argentino—, se trata de un subtipo predominante en Chile y Argentina (con especial incidencia en la región de la Patagonia). Una de las particularidades de esta cepa es que permite el contagio de persona a persona, aunque se trata de una transmisión muy poco frecuente y que requiere de un contacto estrecho y prolongado con el infectado.

A finales del pasado año un juzgado de Ferrol condenó a la empresa Samaín Servizos á Comunidade, del grupo ACS, y a uno de sus trabajadores por el acoso laboral y sexual de este último contra una compañera, limpiadora en la sede administrativa de la Xunta en Ferrol. El hombre realizaba comentarios como “qué rico hueles, ¿sabes igual?” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”, y la empresa tardó meses en actuar y no lo hizo hasta que supo que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

La mujer acabó recibiendo una baja médica por ansiedad, pero esta fue calificada inicialmente como enfermedad común, por lo que tuvo que recurrir también por ello ante la justicia, que tanto en un juzgado de lo Social de Ferrol como ahora en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le da la razón en que lo suyo debe ser considerado accidente laboral.

Según la sentencia, revelada por Praza.gal en enero, que analizó el fondo de su caso, la mujer ya trabajaba como limpiadora del edificio de la Xunta en Ferrol cuando a finales de 2022 se incorporó también como limpiador un compañero que “comenzó a realizar comentarios” como “qué rico hueles, ¿sabes igual?”, “¿no te da vergüenza venir tan pintarrajeada a trabajar?”, “los hombres deben estar trabajando y las mujeres en casita” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”. Unos comentarios que el compañero lanzó “durante meses, incluso delante del superior jerárquico de ambos”, el responsable de limpieza del edificio, “y de forma reiterada”.

La mujer pidió a un segundo superior, jefe del servicio, primero que actuase la mutua de la empresa, “que aquel le negó”, y después, el 31 de mayo de 2023, la activación del protocolo de acoso laboral. Además, su jefe inmediato “puso en conocimiento” del jefe del servicio lo que él mismo había presenciado. Sin embargo, la empresa tardó meses en actuar y no realizó un despido disciplinario del acosador hasta octubre de 2023, tras saber que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

Al tiempo que la víctima pidió la activación del protocolo de acoso laboral, recibió una baja médica por “ansiedad generalizada”, pero la Seguridad Social decidió declararla “enfermedad común”. La mujer tuvo que recurrir a la Justicia y en mayo del pasado año un juzgado de lo Social de Ferrol le dio la razón y estableció que era “accidente de trabajo”. Pero Samaín recurrió ante el TSXG y este ahora reitera que lo sucedido debe ser calificado como accidente laboral.

Según la sentencia del TSXG, “antes de los episodios relacionados con la interacción del otro trabajador implicado, la situación de salud de la trabajadora era estable y permitía el desempeño del trabajo, resultando evidente que tras esa interacción se produce la alteración de salud que implica el impedimento para el trabajo constitutivo de la incapacidad temporal”.

La sentencia también dice que “la propia reacción de la empresa, activando el protocolo de acoso, que culminó en el despido del otro trabajador, ayuda a corroborar la trascendencia de dicho comportamiento en el empeoramiento del estado de salud de la trabajadora que motivó la baja por incapacidad temporal”. Un protocolo en el que la propia empresa admitió que “existen conductas verbales, constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo —tras hacer comentarios o bromas sexuales obscenas y comentarios impropios— en el ámbito del trabajo”.

Así que el TSXG concluye que lo sucedido debe ser considerado accidente de trabajo y Samaín Servizos á Comunidade debe asumir también las costas judiciales.

El pasado marzo una sentencia del Tribunal Supremo permitió culminar la prolongadísima lucha cívica, política y judicial por la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público. A las puertas del nonagésimo aniversario de su entrega a Francisco Franco, quedó acreditado de una vez que las Torres y los terrenos en los que se encuentran son propiedad del Estado.

El litigio y su resultado —en el que destaca la sombra de la indemnización a los herederos del dictador— acaban de concretarse en un paso más, tan simple como simbólico. En un mandamiento emitido el pasado jueves, la plaza 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de A Coruña acaba de ordenar inscribir el inmueble en el Registro de la Propiedad a nombre del Estado y, por lo tanto, constatar definitivamente que no es propiedad de la familia del militar golpista.

En el escrito, que adelantó la agencia Europa Press y al que tuvo acceso Praza.gal, el juzgado se dirige al Registro de la Propiedad de Betanzos para que “proceda a la inscripción a favor del Estado español de la finca conocida como Pazo y Torres de Meirás”, describiendo a continuación las referencias registrales de las parcelas. Ordena, al mismo tiempo, “la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias”, es decir, las de la familia de Franco.

Esta resolución —contra la que cabe recurso de reposición ante la propia letrada de la Administración de Justicia que la realiza— avanza en la firmeza de la sentencia dictada hace media década por la Audiencia Provincial de A Coruña. A su vez, había ratificado el histórico dictamen de este juzgado coruñés en 2020 en lo relativo a la propiedad.

El proceso judicial, iniciado por la Abogacía del Estado en 2019, contó con un amplio apoyo social también de los concellos de A Coruña y Sada y de la Diputación coruñesa. En el impulso por la recuperación fueron clave las entidades de recuperación de la memoria histórica del entorno, que en los últimos meses venían reiterando la necesidad de hacer efectivo el cambio en el Registro de la Propiedad. También de garantizar definitivamente el acceso público al recinto.

Ambas resoluciones judiciales anulaban la donación del Pazo en 1938, toda vez que la denominada Junta pro Pazo —que las élites locales habían constituido para agasajar al golpista— hizo la entrega a Franco en su condición de jefe del Estado y no a título personal. De la misma manera quedó sentenciada como “simulación” la compraventa de 1941, operación con la que el dictador logró la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad, que ahora decae.

Los puertos gallegos y un importante grupo de empresarios del país tuvieron una participación destacada en el tráfico de esclavos y esclavas africanas sobre todo en las seis primeras décadas del siglo XIX. Se trata de una parte de la historia de Galicia poco estudiada y difundida, una memoria incómoda que nos sitúa en el papel de verdugos de una de las mayores infamias de la historia humana. Un negocio —porque de eso se trataba— que enriqueció de manera muy importante a una serie de familias, algunas de nombres bien distinguidos y que en la actualidad siguen contando con estatuas o calles y plazas con sus nombres en las ciudades del país.

En el año 1800 tuvo lugar el primer viaje documentado de un barco gallego que traficaba con esclavos en dirección a América. En 1860 salió del puerto de A Coruña el último barco negrero con participación gallega. En esos 60 años se calcula que las embarcaciones propiedad de gallegos secuestraron y transportaron cerca de 23.000 personas desde África a América, especialmente a Cuba.

En los últimos años una serie de investigadores e investigadoras trabajan para sacar a la luz esta historia ocultada. Uno de los más destacados es Luís Alonso Álvarez, catedrático de Historia Económica en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña, que desde el año 2024 viene publicando una interesantísima serie de artículos sobre el tema en Praza.gal, textos muy documentados en los que saca a la luz la participación gallega en la trata de personas esclavizadas.

Del mismo modo, el pasado año Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino inauguraron en el Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de A Coruña (MUNCYT) la exposición A Coruña, Porto Negreiro, que forma parte del proyecto ‘A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidade’, una de las propuestas ganadoras del I Certame de Proxectos Singulares de la Deputación de A Coruña. Con ellas hablamos en esta entrevista.

Dialogamos aquí con Luís Álvarez sobre el origen y evolución de la participación gallega en la trata de personas esclavizadas, el papel de los puertos del país, los beneficios económicos obtenidos por las familias esclavistas y la necesidad de conocimiento de esta realidad y de reparación.

No te voy a pedir que repitas aquí todo lo que vienes desgranando en los muy completos artículos —cinco hasta ahora— que vienes publicando en Praza. Pero ¿qué conocemos en la actualidad sobre el papel y la responsabilidad de Galicia y de sus empresarios en el tráfico de personas esclavizadas en los siglos XVIII y XIX?

Dicho así, de manera muy simplificada, no existe una responsabilidad de Galicia como tal, sino de algunos gallegos, en concreto del grupo social que llamamos comúnmente empresariado. Conocemos mejor la implicación de los empresarios de A Coruña, donde estuvieron enriqueciéndose las élites locales con la captura y venta en América de personas esclavizadas procedentes de África y, en menor medida, las de Vigo, Ferrol y otras ciudades y villas. Se publicó recientemente un pequeño estudio en el que se confirma también la participación en la trata de modestos patrones de la Costa da Morte, lo cual nos indica que no fue un fenómeno solo urbano, sino también rural y socialmente transversal.

Este tráfico no solo fue inhumano e infame, sino que reportó notables beneficios a sus responsables, de modo que algunas de las fortunas más destacadas en Galicia —también en otros lugares— tienen su origen en esa actividad. Es decir, fue una actividad que tiene ramificaciones que llegan hasta el presente, ¿no?

Los beneficios que reportaba el tráfico de esclavizados fueron extraordinarios y están en la base de algunas de las grandes fortunas gallegas —como ocurrió en toda Europa y en Estados Unidos—, pero también de las no tan grandes. Sin embargo, los empresarios que impulsaron estos viajes a África arriesgaban solo una parte de su inversión. El resto acostumbraban a distribuirlo en pequeñas participaciones de 100 pesos —o dólares, que en la época valían lo mismo—, que adquirían personas que no eran precisamente empresarios, sino profesionales, funcionarios o pertenecientes a grupos sociales semejantes.

Piensa que si el navío que transportaba esclavizados no era apresado en África o en el Caribe por los vapores británicos de vigilancia —Inglaterra disponía de una especie de policía marítima que apresaba y juzgaba a los navíos propiedad de súbditos de países que habían firmado tratados de abolición—, los beneficios que se obtenían podían multiplicar la inversión hasta por seis. Y sí, efectivamente, podemos asegurar que esta actividad que ahora nos resulta repugnante estuvo relacionada con las inversiones que se hicieron más adelante en banca, industria, ferrocarriles y servicios portuarios en las principales ciudades gallegas, como también ocurrió en mayor medida en los países europeos, especialmente en el Reino Unido, donde financió lo que hemos dado en llamar la revolución industrial. Y en el presente, la huella del desprecio por los esclavizados tiene su correspondencia en el racismo y en la ideología que lo sustenta.

El tráfico de personas esclavizadas atravesó distintas etapas, como bien describes en los artículos, en función muchas veces de los propios obstáculos que se iban poniendo a esta actividad, que obligaban a cambios en el modus operandi de los traficantes, ¿no?

Cuando el Estado firmaba con Gran Bretaña un tratado en el que se decretaba la abolición del tráfico, que los ingleses ya tenían prohibido en su país y en sus colonias, de inmediato los negreros de la Península estudiaban con atención el modo de darle la vuelta al texto y trampear con artimañas la legalidad. Así ocurrió con el suscrito entre las dos potencias en 1817, que estuvo activo hasta 1835. Entre estas dos fechas, nuestros negreros esquivaron la legislación con matrículas y papeles falsos para sus barcos y tripulaciones que conseguían en tierras portuguesas, y pasaban de ese modo a convertirse en navíos portugueses, que en esos años aún podían legalmente dedicarse a la trata.

La legislación posterior, que se hizo más rigurosa, ya que contemplaba la existencia de indicios de la trata en los barcos —agua y alimentos en cantidades notables, tablas para construir nuevas cubiertas y otros semejantes—, por los que podían ser capturados y juzgados, la toreaban de mil maneras, incluso acudiendo a la matriculación de los navíos con bandera y papeles norteamericanos, que aún no tenían prohibido el tráfico en algunos estados.

Entre las razones por las que Galicia, sus puertos y una serie de empresarios acaban adquiriendo un papel central en la trata de personas esclavizadas están su geografía marítima, mirando hacia el Atlántico, su tradición armadora y marinera, pero también su relación privilegiada con Portugal, por proximidad geográfica y también lingüística, ¿no? ¿Esto les daba facilidades para acceder a ciertos mercados?

Para que nos demos cuenta de la importancia de este asunto, solo tenemos que constatar que el primer navío de la trata europea del que se tiene constancia, que data del año 1514, fue un navío portugués localizado en Vigo con 166 personas esclavizadas a bordo, traídas del río Congo para entregar en la ciudad olívica a su propietario, del que no tenemos más noticia. Esta escasa información y todos los factores que señalas nos hacen sospechar que la actividad no era solo portuguesa, sino que tenía también derivadas gallegas, especialmente entre armadores de las Rías Baixas.

Pero sin retroceder tanto en el tiempo, en el siglo XIX, a veces era trabajoso confirmar si un navío de la trata era o no un falso portugués con tripulación gallega que burlaba a los cruceros ingleses. Durante algún tiempo, los navíos portugueses podían disponer de sus colonias africanas para llevar esclavizados a Brasil, lo que hacía que determinados empresarios gallegos empleasen ese apaño. La semejanza en el habla es otro factor que permitía camuflar como portuguesas las tripulaciones de los navíos de armadores gallegos.

Una característica que es común a muchos de estos empresarios esclavistas es que en un momento dado intentan rehabilitar su posición social y blanquear su capital e imagen, dirigiéndose hacia actividades legales y también a la filantropía. ¿De qué modo lo hacen?

Cuando estaban enriquecidos, compraban generalmente títulos nobiliarios expedidos por el Vaticano o medallas y distinciones del Gobierno español. Son los casos del ferrolano Ramón Pla, distinguido con el título de marqués de Amboage, o del ourensano Urbano Feijóo, que llegó a ser diputado en las Cortes. Pero una parte de ellos quiso dejar también una huella significativa para la posteridad haciendo obras de caridad y filantropía. Es el caso de Eusebio da Guarda en A Coruña.

Da Guarda, que había pilotado al menos dos buques que portaban esclavizados, heredó el imperio del mayor esclavista que hubo en la ciudad, Juan Menéndez, al casarse con su viuda, la cubana Modesta Goicouría. Cuando las cosas se pusieron legalmente difíciles, blanqueó su fortuna. Otro caso es el del mencionado Ramón Pla, que también blanqueó la fortuna familiar con escandalosas inversiones en la banca madrileña y creó una institución benéfica para favorecer a los soldados nacidos en Ferrol.

En este sentido, ¿qué papel juega la Iglesia? En 1839 el papa Gregorio XVI publica una bula muy clara al respecto. ¿Siempre fue así?

Es muy probable que en el fondo de estas obras de filantropía esté la influencia de la Iglesia católica. Históricamente la Iglesia nunca había prohibido con claridad las actividades de los negreros. Tan solo había condenado esa situación semejante a la esclavitud a la que estaban sometidos los habitantes originarios de las colonias españolas de América. Pero esta circunstancia cambió más adelante. Como tú bien señalas, en 1839 el papa Gregorio XVI promulgó una carta apostólica en la que prohibía a los católicos la trata de esclavizados africanos.

También es cierto que si investigamos este cambio de conducta nos encontramos con una fuerte presión diplomática de los británicos en la que estos llegaron a lanzar ciertas amenazas al papado. En todo caso, la prohibición de la trata y la sanción de excomunión que llevaba aparejada para quien la practicase debió de influir en algunos casos y explicaría en cierto modo la filantropía de la que hicieron alarde los esclavistas jubilados.

Otra de las claves en la trata de esclavos realizada por españoles en el siglo XIX es Cuba, que se mantiene como colonia y se convierte en receptora de esta mano de obra e igualmente en el centro del negocio, donde se instalan una parte de los empresarios o abren delegaciones allí. ¿Qué papel juega?

A comienzos del siglo XIX comenzó el desmadejamiento del imperio colonial español. Quedó lo que se dio en llamar el imperio insular, es decir, las Antillas, especialmente Cuba y Puerto Rico, las Filipinas y archipiélagos menores en el Pacífico. Las economías cubana y portorriqueña se basaban en la mano de obra esclavizada para trabajar en la agricultura azucarera y cafetalera, por lo que las dos colonias, mayormente Cuba, absorbieron gran parte de los capitales invertidos en lo que había sido América española.

Eso exigió una gran cantidad de empleo que suministró la trata de esclavizados y convirtió a la isla de Cuba en uno de los grandes mercados de mano de obra junto con Brasil. Sobre estos principios se va a levantar una infraestructura empresarial con derivaciones en los principales puertos de la península y, entre los nuestros, los de A Coruña, Ferrol, Vigo y otros fondeaderos de las Rías Baixas.

¿Cómo termina esta infamia? ¿De qué modo acaba por desaparecer definitivamente el tráfico? ¿Quién reemplaza como mano de obra a los esclavos?

Terminó por la fortísima presión internacional a la que estaba sometido el Gobierno español, que incumplía los compromisos firmados, cuando todos los países, incluido Brasil, ya habían suprimido la trata. Y en especial, por la coerción de Gran Bretaña y la menos conocida de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, que comenzó a juzgar la trata como piratería, lo que comportaba pena de horca para sus responsables.

La trata fue sustituida por trabajadores chinos y peninsulares, muchos de ellos campesinos gallegos, llevados a la isla de Cuba a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud y, después, por emigrantes en condiciones normales. En Galicia tenemos a algunos personajes que se dedicaron al tráfico de sus paisanos. Uno de ellos fue Urbano Feijóo, que dejó escrito que “un gallego ha de hacer un trabajo de dos negros por el precio que cuesta un esclavo”. Pero también al transporte de chinos, entre otros los hermanos Pastor. Cabe subrayar que, en gran medida, los barcos que se habían dedicado a la trata, muchos de esos mismos barcos, fueron empleados más adelante en el transporte de emigrantes.

¿Estás de acuerdo en que el papel de los puertos gallegos y de un número amplio de empresarios en la trata de personas esclavizadas es una historia poco investigada y sobre todo poco difundida en Galicia?

En muchas universidades de fuera constituye una línea de investigación que lleva años de estudio —pienso en las investigaciones que abundan sobre los puertos de Liverpool o de Nantes—, como también ocurre en algunas de las universidades del Estado, especialmente en Cataluña. En Galicia se investigó poco y en eso estamos algunos. La cuestión de la difusión, de darla a conocer a un público amplio, resulta aún más problemática.

En general existe un gran desconocimiento en la sociedad sobre la participación en el tráfico de esclavos de muchos de estos empresarios que, en muchos casos, después también se hicieron un nombre en otras actividades legales, por las que hoy son recordados. Estoy pensando, por ejemplo, en el vigués Buenaventura Marcó del Pont, del que en la actualidad se destaca su actividad como comerciante y fomentador del pescado salado que distribuía por todo el levante español, pero que hizo fortuna transportando esclavos ya desde el año 1800.

Es, sobre todo, una historia negada, silenciada, que sigue encontrando grandes resistencias a muchos niveles? Sobre todo entre los descendientes de las familias más directamente implicadas, pero en general a nivel institucional, social... Pienso en las respuestas airadas que siempre surgen cuando se menciona, por ejemplo, el papel de Eusebio da Guarda.

Podemos calificarla como memoria incómoda, que enerva a cierto tipo de gente conservadora y, por lo mismo, se puede hablar también de una memoria silenciada por los incomodados y también negada. Hay muy pocos descendientes de las familias que tuvieron una mayor implicación en la trata de esclavizados en Galicia, pues en gran medida desaparecieron sin descendencia directa. Son los casos de Eusebio da Guarda, de Marcial del Adalid y de otros esclavistas del país.

¿Podemos decir que ese desconocimiento y esas resistencias se están empezando a romper? Por ejemplo con tus investigaciones —y su difusión— o exposiciones como la coordinada por Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino...

En alguna medida así es. A veces me comentan que la posibilidad de que ciertos empresarios gallegos estuviesen implicados en la trata de esclavizados les resulta un tema totalmente desconocido. Puedo acreditar, cuando me llaman para dar alguna charla, que existe un desconocimiento de todo esto, y se piensa que los implicados en el negocio eran de fuera. Por eso es tan importante que se multipliquen las experiencias de difusión como la exposición sobre la implicación coruñesa en el tráfico que dirigieron Cristina y Zinthia.

¿De qué modo debería afrontar Galicia —y sus ciudades más implicadas— la memoria de estos hechos para ejercer una adecuada memoria histórica y ser justos y consecuentes con lo sucedido? ¿Sería recomendable la retirada de honores públicos —nombres de calles y edificios, estatuas si existen...— de los responsables de la trata de esclavos? ¿Algún tipo de memorial que recuerde lo sucedido?

Lo primero que habría que hacer sería dar una mayor difusión a este tema. En este sentido, resultan sorprendentes acciones como la de escribir sobre la estatua de Eusebio da Guarda en A Coruña hace muy poco tiempo un adjetivo que tiene bien merecido. Nadie sabe quién fue el autor, pero ahí está. Algo parecido ocurrió en Ferrol con la estatua del marqués de Amboage.

En otros lugares llegaron a retirar las estatuas, como la de Antonio López en Barcelona o la de Edward Colston en Bristol, y se están organizando recorridos turísticos que tienen como lema aquello de “conozca usted la ciudad que nunca le mostraron”. Pero, insisto, si no hay una concienciación previa en la comunidad, no tiene sentido organizar acciones en favor de la memoria.

El pasado abril, en el debate anual sobre política general, el presidente Rueda puso en el punto de mira al personal de baja laboral. Desde entonces, la Xunta, la patronal y en las últimas semanas también el PP estatal de Feijóo vienen presentando como “absentismo” la demora con la que las personas asalariadas obtienen un tratamiento por parte del sistema de salud y, con ella, el alta laboral. En esta lucha de clases entre el capital y el trabajo, responsables políticos y empresariales suelen poner ejemplos de supuestos empleados de baja que realizan actividades presuntamente incompatibles con su curación.

Pero en el otro lado la justicia gallega también viene anulando despidos de personas de baja a las que se acusó de excederse a partir de informes de detectives privados y a las que las sentencias reconocen su derecho a hacer “vida cotidiana”, recordando incluso que también las empresas incumplen en ocasiones sus obligaciones.

Una sentencia del pasado mayo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el despido de un hombre con “lumbago con ciática” que fue despedido tras dos meses de baja amparándose la empresa en un informe de un detective privado. La empresa reprochó a su empleado que cortase el césped, levantase unas losas de 25 kilos, empujase una carretilla con leña o saliese de un establecimiento cargando seis botellas de agua de litro y medio.

La sentencia del TSXG comienza valorando que en este caso la dolencia no es simulada o fraudulenta, sino que “la realidad del lumbago con ciática no es discutida”. Pero también señala que la prescripción médica que tenía el trabajador era “la de no hacer esfuerzos, sin mayor concreción y sin que esté acreditada una indicación médica de reposo”. Y considera que “algunas de las conductas imputadas y acreditadas no tienen especial significación o relevancia”. Así, tras subrayar que habría que tener en cuenta la complexión del hombre para valorar el peso relativo de las cosas que levantó, la sentencia señala que cargó las losas antes de recibir la prescripción de no hacer esfuerzos o que no se tiene constancia del tipo de leña que llevaba en la carretilla.

Sí se pudo establecer el peso de las losas y de las botellas de agua, pero el tribunal señala que hay que tener en cuenta la “proporcionalidad, o no, de la decisión de despido”. “Estamos ante dos conductas puntuales y solo parcialmente objetivadas, y ello puesto que no se señalan en los hechos probados datos como, por ejemplo, la concreta distancia recorrida con las botellas”, dice la sentencia, que añade que “en este sentido conviene decir que tampoco otros incumplimientos de las personas trabajadoras o de las empresas, cuando son puntuales, constituyen una causa justificativa de la ruptura de la relación laboral”. Y pone como ejemplos “faltas de asistencia o de puntualidad de la persona trabajadora” o “retrasos en el abono de las nóminas o impagos por parte de la empresa”.

El TSXG valora también que el hombre tenía una antigüedad laboral de más de 30 años y nunca había sido sancionado, por lo que considera que “la sanción de despido no es proporcionada en atención a las circunstancias del caso concreto”. Así, la sentencia no solo anula el despido, sino que también indemniza al trabajador con 7.501 euros “por daños morales”.

También en las últimas semanas acaba de hacerse pública otra sentencia, en este caso de la sección de lo Social número 3 del Tribunal de Instancia de A Coruña, que anuló el despido de una mujer que había sufrido un ictus. Menos de cinco meses después fue despedida amparándose la empresa, igualmente, en un informe de un detective privado que la observó “llevando a cabo, con intensidad y de forma reiterada, actuaciones como permanecer sentada, caminar, pasear, subir y bajar escaleras y rampas, acudir a centros comerciales, ir de compras y portar bolsos o bolsas de tamaño generoso”. También mantenía “relaciones sociales con toda normalidad” y realizaba “trámites administrativos en oficinas públicas” o “actuaciones con su teléfono móvil”. Incluso se le reprochó que acompañaba a su hijo menor de edad hasta la parada del autobús.

Sin embargo, la sentencia hecha ahora pública considera que “las tareas que realiza la trabajadora no suponen ningún estrés, ni esfuerzo alguno, más allá de realizar funciones normales en la vida cotidiana de una madre”. “Son actividades que se pueden incluir dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, incluida la conducción de un vehículo, y que se trata de actividades que no se acreditó que sean incompatibles con su enfermedad, ni tampoco con la curación de la misma”, subraya la sentencia.

Así, igual que en el caso anterior, la sentencia anula el despido y obliga a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 5.000 euros por “daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales”.

La sentencia cita diversa jurisprudencia y recuerda que “cuando el trabajador está en situación de incapacidad temporal, la realización de actividades incompatibles con la recuperación o que evidencian simulación pueden suponer un despido disciplinario” por “transgresión de la buena fe contractual”. Sin embargo, para que el despido por esa transgresión de la buena fe sea procedente debe cumplir varias exigencias: que el incumplimiento sea grave; que sea culpable y la persona actúe de manera consciente y no sea un error o descuido; que exista proporcionalidad entre la conducta y la sanción teniendo en cuenta la antigüedad y trayectoria anterior del empleado; y que la empresa no “guarde” los hechos indefinidamente, sino que actúe en un plazo razonable desde su conocimiento.

Un juzgado de Santiago acaba de ratificar una sanción de ocho años de suspensión de funciones dictada por la Consellería de Sanidade contra una médica especialista en ginecología y obstetricia por trato vejatorio a pacientes y enfermeras del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). En la sentencia, el juez dice no tener “ni un mínimo de dudas” sobre la realidad de los hechos relatados en el expediente abierto por Sanidade, que cita 34 reclamaciones en dos años contra la médica y refleja insultos y vejaciones a enfermeras y pacientes, a las que la sancionada no permitía hablar.

Según la sentencia, los hechos analizados sucedieron entre comienzos de 2022 y comienzos de 2024. Sanidade resolvió sancionar a la médica en mayo de 2024 por tres faltas disciplinarias graves y una muy grave con un total de 8 años de suspensión de funciones. La mujer recurrió, pero ahora un juzgado de Santiago, en una sentencia del pasado 1 de junio hecha pública en las últimas semanas, avala la sanción en todos sus extremos.

La sentencia dice que “de forma reiterada y mantenida en el tiempo la encartada tuvo un trato desconsiderado y vejatorio con las pacientes, llegando algunas a desarrollar cuadros de ansiedad que motivaron acudir al servicio de Urgencias”. “Esa situación generó que desde marzo de 2022 a febrero de 2024 se presentasen un total de 34 reclamaciones, todas ellas incluidas y valoradas prudentemente en el expediente disciplinario”, del que el juez también concluye actitudes como “desobedecer a sus superiores y actuaciones no diligentes, imprudentes o no apropiadas en el marco de su servicio”.

El magistrado considera que la mujer “ocasionó una repercusión en todo el servicio de Ginecología al existir una desconfianza en sus valoraciones, diagnósticos y/o tratamientos pautados tanto por parte de sus compañeros como por parte de las pacientes, a las que no permite expresarse o explicarse sobre su estado de salud, lo que supone la imposibilidad por parte de estas de exponer debidamente su situación”. “Todo ello generó una sobrecarga asistencial para el resto de facultativos tanto a nivel asistencial (repetición de consultas, cambio de especialista que solicitan las pacientes en sus reclamaciones) como docente por su nula participación en actividades con los residentes”, añade la sentencia.

“Igualmente se infieren conductas por las que la encartada no cumplió con la normativa vigente ni en materia de documentación clínica, al entregar a las pacientes copia del curso clínico realizado por diferentes profesionales, ni en materia de cumplimentación de recetas, ni en materia de confidencialidad de los datos clínicos”, profundiza el juez, que dice que tras el juicio “si este juzgador pudiese tener un mínimo de dudas respecto de la minoración o modulación de la pena impuesta [...] tras la lectura del expediente administrativo aquella posibilidad fue descartada de plano”.

Un expediente administrativo que señala que, además de las 34 quejas formales de las pacientes, un informe de la jefatura de servicio reflejó en diciembre de 2023 que “son incontables las quejas/reclamaciones verbales recibidas sobre la doctora desde el personal de enfermería, matronas, residentes y ginecólogos del servicio”. Así, el expediente recoge declaraciones de varias auxiliares de enfermería ratificando quejas de pacientes sobre que la doctora no las dejaba explicar sus dolencias.

También cita el caso de una auxiliar que cuando se presentó a la doctora esta le respondió: “me importa una mierda cómo te llames”. Cuando la auxiliar le dijo que era la primera vez que estaba en ese servicio, la nueva respuesta fue que estaba “hasta las narices o hasta los cojones de novatas gilipollas de mierda” y que en una ocasión “le tiró todos los papeles al suelo y le mandó recogerlos”.

La supervisora de urgencias de Ginecología también expuso que ya en abril de 2022 “comunicó a la Dirección de Enfermería y a la Dirección Médica del CHUO, mediante oficio, una relación del personal que sufrió trato vejatorio por parte de la facultativa” y que “en relación con las pacientes, la supervisora declara que tuvo que acudir en varias ocasiones a tratar de calmarlas por ataques de ansiedad e indicarles dónde tienen que hacer una reclamación debido a la incredulidad que muestran con el trato recibido en la consulta”.

En cuanto a las pacientes, el expediente citado en la sentencia relata el caso de una mujer a la que la doctora “comenzó a gritar y humillar, preguntándole: ¿Usted está bien de la cabeza?”. Al decirle la paciente que iba a presentar una reclamación, la doctora “ni se inmutó y en vez de facilitarle sus datos personales le imprimió su curso clínico de ginecología completo y se lo entregó”. En otro caso la doctora llamó en la sala de espera a una paciente “por su nombre y apellidos y su enfermedad”, lo que supuso una “vulneración del derecho a la intimidad”.

El juez concluye que “los hechos imputables a la demandante fueron tan reprochables y las penas impuestas tan ajustadas y ponderadas que en modo alguno pueden minorarse”. La sentencia, en todo caso, es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En febrero de 2021, una potente narcolancha de color blanco dotada de dos potentes motores fueraborda salía de un aserradero de Outes, en A Coruña. Su destino era un punto concreto en aguas del Atlántico, enfrente de A Costa da Morte. Su objetivo, recoger unos 2.000 kilos de cocaína del buque Nehir, que llegaba a aguas próximas a Galicia desde Sudamérica. En aquel momento, los Greco Galicia de la Policía Nacional tenían el convencimiento de que dicha embarcación había sido fletada por la organización de Ramón Canto Nine, alias Moncho Vilaboa, uno de los grandes capos del siglo XXI, ligado históricamente a los clanes colombianos y con relación estrecha con Los Charlines. Entonces no pudieron acreditarlo. Ahora parece que sí podrán hacerlo.

La singladura del Nehir, que acabó abruptamente al norte de Ribadeo con una intervención policial plagada de riesgos –los narcos intentaron hundir el buque, que quedó boca abajo con parte del alijo en su interior– le conducía a las costas gallegas, si bien no fue hasta la desencriptación de las comunicaciones de los narcos y, en concreto, hasta el rastreo de los datos de la plataforma Sky-ECC, cuando la Policía pudo conocer los detalles.

Ese cargamento, compuesto por dos alijos de cerca de dos toneladas cada uno de ellos, tenía varios dueños, si bien las cabezas visibles eran Urfi Cetinaya, alias El Paralítico, otrora rey de la heroína y ya fallecido, Jonas Falk, alias el Pablo Escobar sueco, pendiente de condena por esta causa en un tribunal de su país, y Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, probablemente el mayor capo de la droga español del momento y que ya ostentaba tal condición en 2021, cuando sucedieron los hechos. Todo ello, según la hipótesis policial a través del análisis de los mensajes de Sky.

Junto a nombres de tamaño postín, algunos de los mayores capos de la droga a nivel mundial, trabajaba, sostiene la Policía, Moncho Vilaboa, en su especialidad: la recogida de la cocaína en altamar. Por ese alijo y, también, por el blanqueo de ingentes cantidades de dinero, fue detenido este miércoles en Cambados, una información que contaba en primicia este periódico. La lancha que salió de Outes y que apareció encallada en una zona rocosa de Corcubión le delata, piensan los investigadores. La lancha y los datos de la plataforma encriptada.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, a instancias de la Fiscalía Antidroga, interrogó este viernes en Madrid a Canto Nine (que contra el criterio de la Fiscalía fue puesto en libertad provisional con comparecencias quincenales). En próximas fechas irán pasando ante el juez otros investigados que han sido detenidos en diferentes puntos. Entre ellos destacan los miembros de la organización afincados en la capital de España y también una rama procedente de Laredo, en Cantabria, que hizo un último intento de salir al encuentro del Nehir antes de que fuese interceptado por la Policía.

Este último intento tuvo lugar después de que la organización de Moncho Vilaboa conociese a través de un chivatazo –que, según se investiga, tuvo que llegar desde dentro de las filas de las fuerzas del orden o de los juzgados investigadores– de que la Policía le seguía la pista. Fue eso lo que le llevó a renunciar a la descarga en A Costa da Morte en aquel febrero de 2021.

En cuanto al resto del operativo, coordinado a nivel internacional, tiene un alcance muy relevante, con hasta 30 objetivos policiales, incluidos los cinco de Cambados adelantados en estas líneas en exclusiva. Uno de los países a los que se le ha solicitado colaboración ha sido Dubái. Ya hemos contado que El Tigre, con un papel presuntamente clave en tramas como la del inspector jefe de los 20 millones de euros emparedados en su vivienda, también estaba –supuestamente– detrás de este barco. Y El Tigre, por esa época –ahora no se sabe con precisión– se ubicaba en Dubái, en la mesa de la que Gustavo Petro, presidente de Colombia, llama la Junta del Narcotráfico. Esa a la que pertenecen Jorge Vélez Garzón o Germán Sánchez Rey, aliados históricos de Moncho Vilaboa y a los que se sitúa en activo y en España.

Volviendo al Nehir, será recordado por varias cuestiones sombrías, una de ellas la más que posible pérdida de la droga en el puerto de Gijón. La Policía siempre sospechó que el segundo alijo –se intervinieron unos 1.800 kilos– seguía en sus bodegas con el buque boca abajo, pero la maniobra de reflote se retrasó varios meses, tiempo suficiente para que el poder de los narcos llegase al interior de la dársena asturiana para llevarse la cocaína. Una vez más, la lentitud de la justicia española operando a favor de la obra criminal.