El Tribunal Supremo acaba de rechazar el intento de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) de conocer el contenido del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa hasta 2048 para lograr así su anulación. El tribunal avala la negativa del Gobierno de España a facilitar esa documentación por tratarse de un procedimiento de infracción aún no finalizado y, en el proceso, Audasa se situó del lado del Estado, que viene rechazando anular o rescatar la concesión. Según la concesionaria, conocer los argumentos concretos de la UE sobre la ilegalidad de su prórroga “perjudicaría gravemente los intereses públicos”.

El pasado julio la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que instó a España a “respetar” la normativa comunitaria sobre concesiones tras considerar, en el marco de un procedimiento de infracción abierto desde 2021, que la prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar hasta 2048 sin concurso público incumplía dicha normativa.

Tras conocerse ese paso de la UE, la asociación Apetamcor pidió formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de dicha prórroga. Pero el Ejecutivo de Sánchez viene negándose tanto a iniciar el procedimiento para anular aquella prórroga como a rescatar la concesión y apuesta por mantener activo el pleito con la UE, que puede tardar años en ser resuelto por la justicia europea.

Tras la negativa del Consejo de Ministros a su petición de revisar la concesión, Apetamcor recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo. En ese pleito judicial Apetamcor pidió tener acceso al expediente de infracción de la UE y al dictamen motivado de la Comisión Europea, pero el Supremo lo rechaza.

En un auto con fecha del 12 de mayo, el alto tribunal asume la argumentación del Gobierno de España de que el pleito iniciado por Apetamcor versa sobre su negativa a revisar la concesión, mientras que el procedimiento de infracción y el dictamen de la UE constituyen otro proceso administrativo distinto.

Para tomar esa decisión el Supremo recibió alegaciones también de Audasa. En ellas la empresa aseguró que “la divulgación del Dictamen [de la UE] no solo resultaría contraria al ordenamiento de la Unión, sino que perjudicaría gravemente los intereses públicos cuya tutela tiene encomendada el Ministerio, puesto que se trata de un procedimiento de infracción aún en tramitación y las cuestiones tratadas en el mismo son estrictamente confidenciales”.

Esa confidencialidad de los procedimientos de infracción de la UE mientras no se finalizan fue también argumentada por el Gobierno, pero el Supremo no llega a pronunciarse sobre esa cuestión. El tribunal se limita a rechazar la petición de Apetamcor de ampliar su pleito con esa documentación diciendo que “dicho documento no forma parte del expediente y, por lo tanto, no procede acceder a la ampliación con independencia o no de su carácter confidencial”.

También la Xunta mantiene un pleito judicial con el Gobierno de España para tener acceso a la documentación del procedimiento de infracción europeo. Por su parte, también la Comisión Europea viene manteniendo, en este y en otros procedimientos de infracción, que su contenido, más allá de sus propias notas de prensa, es reservado mientras no concluya.

Ahora el Supremo deberá pronunciarse sobre la petición de fondo de Apetamcor de que el Gobierno revise la prórroga de la concesión sin conocer en detalle los argumentos que llevan a la UE a considerarla ilegal, según su propio resumen para los medios de comunicación, porque fue otorgada discrecionalmente sin convocar un concurso público.

Profesorado del IES de Melide sintetizó en un decálogo lo que, a su juicio, es el “impacto de los recortes que viene padeciendo el instituto” por parte de la Consellería de Educación. Lo difundió físicamente, mediante su impresión en las paredes del centro, pero también en la cuenta del IES en Instagram, de donde la Consellería de Educación ordenó borrarlo a través de la inspección educativa.

Para la CIG-Ensino, sindicato mayoritario entre el profesorado de la enseñanza pública, esta orden de eliminación del mensaje ratifica que la Consellería “sigue acosando y persiguiendo al profesorado gallego en lugar de poner los medios y recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros”. La central sindical se declara, asimismo, “sorprendida” por la retirada digital “de un material que está, en su formato físico”, visible en el propio instituto.

“La libertad de expresión es algo que especialmente le molesta” a la Consellería, consideran, en un contexto en el que creen que “conviene recordar” que “mantiene en el cargo tanto al subdirector general de la Inspección Educativa como al delegado territorial de A Coruña”, ambos “cuestionados por sus posicionamientos ultras”. De lo que se trata, consideran, es de “intentar callar al profesorado”, en este caso disconforme por la pérdida de un docente de inglés, la amortización de “tres vacantes de Latín, Lengua y Literatura Gallega y Geografía e Historia” de cara al próximo curso.

Preguntada al respecto por Praza.gal, la Consellería de Educación confirma la orden de retirada. La justifica señalando que “los canales de comunicación oficiales de los centros están acotados a un uso estrictamente de carácter educativo e informativo” y que “la publicación del IES de Melide en su cuenta de Instagram no responde a esos parámetros”. Por eso, ratifican, “la Inspección Educativa advirtió al centro de que no estaba haciendo un buen uso de sus cuentas oficiales”.

Sostiene el departamento que dirige Román Rodríguez que no está “cuestionando las opiniones que, desde la libertad de expresión, cualquier persona puede exponer en su ámbito personal a través de canales particulares y privados”. CIG-Ensino, por su parte, anima al personal docente “de este centro y de todos los centros a continuar visibilizando los efectos que tienen los recortes de personal en la calidad del sistema educativo”.

La jornada festiva vivida por el deportivismo en A Coruña este domingo ante un partido clave por el ascenso se vio deslucida por la actuación policial. Con la ciudad engalanada con banderas con publicidad del Deportivo y de Estrella Galicia, y con una Fan Zone impulsada por el club donde se servían cervezas, agentes llevaron a cabo controles de alcoholemia que impidieron la entrada de varios aficionados al estadio de Riazor.

Con niveles de alcohol en sangre de 0,03 mg/l, 0,16 mg/l o 0,08 mg/l –que permitirían conducir un vehículo–, los aficionados fueron expedientados con amenaza de sanción de hasta 30.000 euros y expulsados del campo. Amparándose en la Ley del Deporte, que permite llevar a cabo estas acciones sin umbral ninguno de alcoholemia para la multa, la policía llevó a cabo unos controles inéditos hasta este pasado domingo en el recinto coruñés.

Fue en una bancada, la de Marathon, y en una de sus puertas. En el resto del estadio no hubo controles y en los palcos y zonas VIP se sirvió comida y bebidas alcohólicas con total normalidad, una contradicción que levantó aún más quejas en muchos aficionados.

Solo unas horas antes, y a la llegada del bus del Deportivo al estadio, la actitud de la policía ya había sido criticada por muchos aficionados, que reprocharon su obstinada insistencia en alejar a la gente, la intromisión de los furgones en el camino o que varios de los agentes cargasen bolas de goma y sacasen las porras ante la proximidad de los aficionados, entre los que había muchos menores. Poco después, también incautaron dos bombos de animación en el fondo de Marathon.

Todas estas circunstancias, relatadas por multitud de aficionados indignados, no pasaron desapercibidas para el Concello. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, envió una carta al subdelegado del Gobierno de España, Julio Abalde, para "exigirle explicaciones" por el dispositivo de seguridad de un encuentro que, recuerda, "no fue declarado de alto riesgo por ninguna institución".

La alcaldesa asegura que ella misma pudo comprobar "con profunda tristeza y gran enfado, que se sobrepasaron ciertos límites que no atendían a ninguna necesidad real de garantizar la seguridad de las 30.000 personas que acudieron a Riazor".

"Acciones como las llevadas a cabo por la policía nacional durante el recibimiento pudieron incluso causar un problema real y muy desagradable", insiste Rey, que cree que "no están justificadas", al igual que "los registros y la incautación de material de animación dentro del estadio, o los controles aleatorios que se llevaron a cabo".

Por todo esto, Inés Rey pide a Abalde que "transmita" su "malestar a quien considere oportuno y que no se repitan hechos tan lamentables en lo que queda de temporada". "El comportamiento de la ciudadanía y del deportivismo fue ejemplar antes, durante y después del encuentro", dice la alcaldesa, que se ofreció al Ejecutivo central para "coordinar cualquier tipo de dispositivo que sea necesario poner en marcha con el fin de que cumplan el objetivo para el que son diseñados: garantizar la seguridad de todas las personas".

Francisco José Garzón, maquinista del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, presentó el pasado lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. La que en enero lo consideró único culpable del siniestro, absolviendo a un cargo de Adif que había sido condenado en primera instancia al mismo nivel.

El maquinista, que de forma paralela acaba de solicitar un indulto de la condena que recibió de dos años y medio de cárcel —con un perdón de medio año ya evitaría entrar en prisión—, alega diversas vulneraciones de derechos constitucionales durante el proceso judicial.

La primera sentencia sobre el accidente de Angrois, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso entre 2022 y 2023, condenó al mismo nivel al maquinista por distraerse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliaran ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin cambiar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ahora el abogado del maquinista argumenta ante el Tribunal Constitucional la vulneración en el proceso judicial de varios derechos constitucionales. Por una parte, considera que, frente a la presunción de inocencia, "existió una presunción de culpabilidad del recurrente desde el inicio del procedimiento, en base al resultado final de su error [distraerse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois], sin tener en cuenta, como recoge la sentencia de instancia, que el máximo garante de la seguridad en la explotación ferroviaria es Adif".

"Al recurrente se le condena como si las condiciones de seguridad de la instalación ferroviaria fueran impolutas, cuando las condiciones reales en las que tuvo que desarrollar su trabajo (sin análisis, sin evaluación de riesgos previa, sin sistema de protección, sin señalización en vía de reducción de velocidad) no garantizaban su seguridad, ni la de los viajeros", añade, y argumenta que no fue desvirtuada "la presunción de inocencia" que garantiza la Constitución.

El recurso también señala que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad de trato y a la tutela judicial efectiva al no tener en cuenta la sentencia diversas atenuantes como la dilación excesiva de la causa durante más de una década, que pidió perdón y las víctimas fueron reparadas económicamente, o que les prestó auxilio desde el primer momento.

El recurso argumenta, para que sea admitido a trámite por el Constitucional, que "el asunto suscitado trasciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social" de la que considera conveniente sentar jurisprudencia para otros posibles casos de "accidentes catastróficos de un medio de transporte masivo, como el ferroviario". "Hay que aclarar si para enervar la presunción de inocencia es aceptable o no exigir a un trabajador que tenga que suplir la carencia de medidas de seguridad en la infraestructura ferroviaria", concluye el recurso.

El escrito también pide como medida cautelar que se suspenda la entrada en prisión del maquinista mientras el Constitucional tramita el recurso de amparo "al ser irreparable el daño causado al recurrente en caso de que se estimara cualquiera de las vulneraciones de derechos constitucionales denunciadas, no suponer una perturbación grave para los intereses generales ni generar ningún daño a los derechos y libertades de terceros".

Unos días antes de presentar este recurso de amparo constitucional, y de forma paralela, el abogado del maquinista pidió también oficialmente al Gobierno de España el indulto para su defendido. Condenado a dos años y medio de cárcel, un indulto parcial de solo medio año, como ya se concedió en el pasado a otros maquinistas con condenas similares y como defienden maquinistas y parte de las víctimas, evitaría que entrara en prisión.

Por su parte, la Plataforma de Víctimas también prevé recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, disconforme con la absolución del cargo de Adif. Para ello, presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña, que acaba de ser inadmitido por ese tribunal y que supone un paso imprescindible para formular ahora un recurso ante el Constitucional.

A las 13:39 de este pasado martes, la ahora alcaldesa de Lugo por el PP, Elena Candia, firmó el decreto de organización del Gobierno municipal. Es un trámite habitual tras la toma de posesión en una alcaldía y consiste, en esencia, en el reparto de competencias entre la regidora y, en este caso, los restantes 11 miembros del grupo del PP en el Concello. Pero al minuto siguiente firmó otro documento, un inédito decreto de "delimitación de la función" de María Reigosa, la tránsfuga exsocialista que, con su firma y voto, permitió que la moción de censura del PP desbancase al Gobierno local de PSdeG y BNG.

El documento, de siete páginas, busca dar blindaje legal al anuncio realizado por los populares lucenses horas después de la censura, que Reigosa ostentará responsabilidades de "supervisión política y programática de infraestructuras". Es decir, que participará del Gobierno de la ciudad. Pero que lo hará, intentan evidenciar, sin transgredir el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local y las sentencias judiciales derivadas de ella que impiden dar a ediles no adscritos como la concejala tránsfuga de Lugo "derechos económicos y políticos superiores a los que les corresponderían si permaneciesen en el grupo de procedencia".

Con este telón de fondo, el decreto firmado por Candia dice buscar "hacer transparente y delimitar la participación de la concejala no adscrita en materia de infraestructuras, mediante una función de supervisión política y programática orientada al seguimiento, impulso, contraste y evaluación de los compromisos y actuaciones municipales en esta materia". Intenta, indica, "evitar" que su "participación política" pueda "ser interpretada como una delegación encubierta, una dirección material del área o un incremento de derechos económicos o políticos" respecto a los que tenía en el grupo de procedencia.

En ese grupo, el PSdeG, tuvo responsabilidad de gobierno hasta que renunció a ella para, acto seguido, pasar a ser no adscrita, condición desde la que se enroló en la operación de la censura. En ese momento, como es obvio, dejó de tener participación alguna en la acción del gobierno, la cual ahora le otorga el decreto de Candia, pero en términos de "supervisión".

El texto dedica la mayor parte de su extensión a especificar lo que, sobre el papel, Reigosa no hará. Por ejemplo, afirma que su "supervisión" no tiene "naturaleza técnica, administrativa, resolutoria, directiva ni jerárquica". Tampoco implica que sea concejala delegada de un área o teniente de alcaldía, ni "integración en el equipo de gobierno", ni "retribución, dedicación, asistencia, indemnización ni asignación de medios personales propios".

Quien "podrá ser denominada Supervisora de Infraestructuras" bajo la "dirección de la alcaldía", dice, va a hacer una "actividad de seguimiento, impulso político, contraste de prioridades, evaluación programática y traslado de propuestas o incidencias". Pero sus propuestas serán "no vinculantes" y acudirá a reuniones del gobierno "cuando sea convocada expresamente" por Candia. También "podrá participar en actos públicos, reuniones vecinales o comparecencias de carácter político o programático en materia de infraestructuras" pero "bajo dirección de la alcaldía" y sin "actuar como autoridad competente", dice en un contexto en el que viene a presentar que legalmente sus funciones serán como las de cualquier concejala rasa, caso en el cual no cumpliría decreto específico alguno.

Después de enumerar en un artículo hasta 14 tareas que "no podrá" ejercer y de reforzar en otros dos que no tendrá personal municipal a su cargo y que esta decisión no incumple el citado precepto legal, Candia dicta lo que parece el armazón para que Reigosa se siente junto al grupo del PP en el salón de plenos de ahora en adelante y que deje de hacerlo, como hasta ahora, al lado de PSdeG y BNG. Así, indica que "ocupará el asiento que determine la alcaldía [...] teniendo en cuenta las características físicas del salón y procurando facilitar la emisión y recuento del voto" y agrega que esa situación "tendrá carácter meramente organizativo y protocolario, sin efectos jurídicos sobre su estatuto de concejala no adscrita" ni "pertenencia al equipo de gobierno".

En esos plenos, en cualquier caso, el voto de la concejala tránsfuga será tan indispensable para el ahora gobierno del PP como lo era para el de PSdeG y BNG. No en vano, la suma de socialistas y nacionalistas, 12 ediles, es idéntica a la de la docena de concejales y concejalas oficialmente miembros del Grupo Popular, que al inicio del mandato tuvo que quedar en la oposición por sumar los grupos de la izquierda la mayoría absoluta ahora quebrada por el transfuguismo de Reigosa. El documento está editado en el formato oficial vigente en el Concello de Lugo, esto es, siguiendo el manual de imagen corporativa aprobado en 2008, cuya eliminación el PP limita por el momento a sus perfiles en las redes sociales, donde sustituyó el logotipo oficial por el escudo municipal.

El maquinista del tren Alvia que en 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, único condenado por el siniestro tras la absolución en enero de un cargo de Adif, pidió hace unos días formalmente su indulto al Gobierno de España. Condenado a dos años y medio de cárcel por homicidios y lesiones por imprudencia grave profesional, un indulto parcial de solo medio año, como el que ya recibieron en 2009 otros dos maquinistas por otro accidente con 18 muertes en Navarra en 1997, le permitiría evitar la entrada en prisión al carecer de antecedentes penales previos.

La medida de gracia es una potestad discrecional del Consejo de Ministros, que viene reduciendo progresivamente las que concede, con 13 en la última década en Galicia, fundamentalmente a condenados por lesiones o robos tras ser las drogas o insumisiones al servicio militar las protagonistas en décadas anteriores.

Los indultos se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indicando el tribunal que pronunció la condena que se perdona total o parcialmente, lo que permite conocer si esta tuvo origen en algún juzgado de las cuatro provincias gallegas. Una búsqueda directa en los indultos publicados, ratificada por un buscador que Civio mantiene desde hace unos años, permite comprobar que tanto en Galicia como en el resto del Estado las medidas de gracia cayeron notablemente en lo que va de siglo.

Los perdones de condenas por insumisión al servicio militar obligatorio que terminó en 2000 fueron seguidos en los primeros años de este siglo por numerosos indultos de casos menores de tráfico de drogas o de otros delitos vinculados con el consumo de las mismas, y en los últimos años por delitos de lesiones o robo. Pero en progresivo descenso. Si en lo que va de siglo se concedieron 335 indultos de penas emitidas por tribunales gallegos, el grueso, 253, se corresponden con la primera década, mientras que en los últimos diez años solo se concedieron 13 medidas de gracia.

El indulto de mayor relevancia de los concedidos en lo que va de siglo en Galicia fue en 2005 el de una mujer condenada a dos años y medio de cárcel por cada uno de los tres homicidios imprudentes de tres bebés de los que fue considerada culpable en el incendio de una escuela infantil en Vigo en 1997. Las penas le fueron conmutadas parcialmente por una única de dos años de cárcel.

En 2009 también fue indultado parcialmente un hombre condenado por tentativa de homicidio tras una discusión de tráfico. Sentenciado a dos años y medio, le fue igualmente rebajada la pena a dos años.

En la última década, con 13 indultos, seis fueron a personas condenadas por delitos de robo o hurto, uno de ellos con violencia e intimidación; cuatro por delitos de lesiones, uno de ellos con deformidad; dos por delitos contra los derechos de los trabajadores; y uno por deslealtad militar.

Las penas originales más altas eran en tres de esos casos de tres años de cárcel. En el caso de los dos indultos por delitos contra los derechos de los trabajadores, habían sido dos sindicalistas condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete en una huelga en 2008 que vieron en 2019 conmutada la pena de prisión por otra de multa. También a tres años había sido condenado en 2017 el autor de un delito de lesiones con deformidad que en 2021 fue indultado parcialmente rebajándole la pena a dos años a condición de que pagase la indemnización establecida. Lo que no se encuentra en Galicia en las últimas décadas son indultos por delitos relacionados con la corrupción o la libertad sexual.

Fuera de Galicia, los indultos con más renombre de los últimos años fueron los concedidos en 2021 a los nueve líderes independentistas catalanes encarcelados desde 2017, a los que se les perdonaron las penas que aún tenían pendientes de cumplir, en varios casos con condenas a más de diez años de cárcel.

Pero el indulto con más similitudes con el que ahora se solicita para el maquinista de Angrois fue el que concedió en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas condenados igualmente a dos años y medio de cárcel por 18 homicidios por imprudencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra. Los dos maquinistas de aquel siniestro de Uharte Arakil habían sido sentenciados por entrar con exceso de velocidad en esa estación según ellos porque una señal errónea así lo permitía, cuestión que la justicia no consideró acreditada. El Gobierno les perdonó en 2009 medio año de cárcel a cada uno "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años".

Ese matiz, el de que el delito por el que fue condenado el maquinista de Angrois no fue doloso o a propósito —se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva al recibir una llamada del interventor del tren—, es uno de los argumentos esgrimidos en su solicitud de indulto, junto con otros como el perdón reiterado que pidió a las víctimas, que está integrado y no es un peligro para la sociedad o que está enfermo y es el único cuidador de su madre de 93 años.

Ante la posibilidad de un indulto parcial al maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después de la condena de la Audiencia de A Coruña que esa sería una valoración que debería hacer una asamblea de las víctimas y no él como presidente. A título personal Domínguez decía que para él "no tiene ningún sentido que el maquinista entre en la cárcel", pero destacaba que la Plataforma analizaría la cuestión en una próxima reunión.

Esa reunión ya se produjo y el resultado del debate desarrollado en ella fue que la Plataforma como tal sigue considerando más culpable del accidente al cargo de Adif ahora absuelto, y en esa línea sigue actuando ante la justicia, pero que no tiene una postura respecto al indulto del maquinista sino que esa es una cuestión personal de cada persona afectada o familia. Praza.gal pudo constatar, hablando con una decena de personas heridas o familiares de fallecidas, que cada persona consultada ofrece argumentos distintos que van desde el apoyo al indulto hasta el rechazo pasando por la indiferencia.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer pública una sentencia que condena al hospital concertado Povisa, del grupo Ribera Salud, y al Sergas por tres errores consecutivos cometidos en la atención recibida por una mujer en el centro vigués. En una operación de útero la mujer sufrió una perforación del intestino que no fue detectada y, pese a sus síntomas, le dieron el alta de forma prematura. Volvió a Urgencias ese mismo día con síntomas ya compatibles con una sepsis y le administraron un opioide para el dolor, pero tardaron más de 17 horas en hacerle una ecografía, cuando lo adecuado era un TAC, que se le realizó después, demorando sucesivamente la intervención adecuada para la peritonitis.

Según los hechos probados recogidos en la sentencia, la mujer fue operada en Povisa de un mioma uterino en una cirugía por laparoscopia en la que se le causó una perforación de intestino que no fue detectada. Pese a su dolor y a analíticas con resultados desfavorables, la mujer recibió un “alta prematura” cuatro días después, a las 10:11 horas de la mañana. Esa misma noche, a las 21 horas, volvió por Urgencias con dolor abdominal intenso, taquicardia, temperatura de 35,5 grados indicativa de “hipotermia leve, compatible con sepsis” y nuevas analíticas de sangre indicativas de infección.

La sentencia refleja que a las doce y media de la noche “ante la persistencia del dolor a pesar de la analgesia convencional, se administra cloruro mórfico (opioide potente)” y “permanece en observación durante toda la noche, sin más pruebas diagnósticas”. No es hasta las 14:26 horas del día siguiente, más de 17 horas después de ingresar en Urgencias, cuando se le realiza una ecografía, con la que el radiólogo recomienda un TAC urgente que confirma la peritonitis.

La sentencia dice que el TAC debería haber sido la prueba a realizar directamente, ya que la ecografía no permitía confirmar el problema, y censura la demora en la realización de las pruebas, que llevó a no intervenir a la paciente hasta las 20:45 horas de ese día, 24 horas después de su entrada en Urgencias. Después aún vendrían varias intervenciones más por diversas secuelas.

Tras los problemas sufridos, la mujer presentó una reclamación y la Consellería de Sanidade admitió que tenía derecho a una indemnización de 12.000 euros, pero solo por un “déficit en el consentimiento informado” que firmó la paciente sobre las posibles complicaciones que podría tener su operación.

La mujer recurrió a la justicia ordinaria e inicialmente un juzgado de Vigo ratificó esa indemnización, pero ahora el TSXG corrige esa sentencia y eleva la cuantía a 92.000 euros tras considerar que hubo “hasta tres actuaciones antijurídicas”: “La perforación no advertida en el intraoperatorio; ese alta prematura; y el retraso diagnóstico y terapéutico que ocasiona unas secuelas reconocibles como reintervenciones médicas posteriores constantes que pueden incluso continuar en el futuro”.

Así, al margen del error médico en la primera intervención en la que se le perforó el intestino, el tribunal considera que “si se hubiese acudido a la cirugía urgente después de un diagnóstico más precoz, que era posible, el resultado sería menos gravoso para la paciente, a la que se mantuvo en Urgencias, en observación, con una peritonitis evolucionada, sin valoración y sin la realización de una serie de pruebas analíticas y de imagen que se revelaban como necesarias”.

La séptima mayoría absoluta consecutiva de las formaciones de izquierdas en el Ayuntamiento de Lugo, compuesta por los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2023, acaba de quedar definitivamente alterada por la concejala tránsfuga María Reigosa. La exsocialista, edil desde finales de 2025 tras correr la lista del PSdeG por la muerte del concejal Pablo Permuy, sumó este 7 de mayo su voto a los del grupo del PP para desbancar al gobierno municipal de PSdeG y BNG presidido por Miguel Fernández y entregar la alcaldía a Elena Candia.

El pleno estuvo precedido de una nueva manifestación de la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, que aclamó con aplausos al hasta ahora alcalde socialista, Miguel Fernández, y también a quien ahora deja de ser teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que agradecieron juntos el apoyo desde el balcón de la casa consistorial. Mientras la movilización se desarrollaba, cargos institucionales y orgánicos del PP —desde alcaldes al delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o la secretaria general del partido, Paula Prado— se habían acumulado en el acceso a la casa consistorial para ocupar los asientos del pleno reservados al público, cuyo acceso procuró facilitar la presidenta de la mesa de edad, la concejala del PP Flora Rubinos.

Un perceptible clima de movilización y tensión marcó el pleno en el que la exregidora de Mondoñedo obtuvo el bastón de mando —entrega de la que PSdeG y BNG se ausentaron— al que le habían impedido acceder los resultados electorales, que otorgaron al PP 12 votos en el pleno municipal, uno por debajo de la absoluta y uno menos de los 13 logrados por la suma de PSdeG (8) y BNG (5). Con el concurso imprescindible de la tránsfuga para todas las decisiones que impliquen votaciones en pleno, Candia dispondrá de doce meses en una alcaldía que los populares no ostentan gracias al sufragio vecinal desde el mandato iniciado en 1995 y rematado en 1999. La elección implica, por incompatibilidad sobrevenida, su marcha del Parlamento.

De este modo, hasta al menos la próxima cita con las urnas de mayo de 2027, María Reigosa —que renunció a su turno de intervención en el pleno— se convierte junto a Candia en coprotagonista de un gobierno del PP del que la ley y recientes sentencias le impiden ser miembro, pero que nunca existiría si no hubiese roto con la candidatura que le dio acceso al acta de concejala. Lo hizo apenas dos meses después de llegar a la corporación: primero renunciando a las competencias de Zona Rural que le asignara el alcalde —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle una dedicación exclusiva, alegó—, después dándose de baja en el PSdeG y a continuación abandonando el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Gracias a ella, Candia es la cuarta alcaldesa de un mandato marcado en el Ayuntamiento lucense por fatalidades ajenas a la política. No en vano, después de que el primer relevo en la alcaldía se produjese a comienzos de 2024, cuando Lara Méndez renunció para concurrir a las elecciones gallegas como número dos de José Ramón Gómez Besteiro en la lista provincial del PSdeG, el segundo llegó apenas un año después, por el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos.

Tras esos dos primeros corrimientos de lista, y ya con Miguel Fernández en la alcaldía, la muerte del también socialista Pablo Permuy en septiembre de 2025 dio lugar al tercero, el que abrió las puertas del Ayuntamiento a Reigosa. El luto aún regresó al gobierno local en otra ocasión, hace apenas un mes, con el fallecimiento de la concejala Olga López Racamonde, titular de Cohesión Social en el gobierno ahora desbancado.

En sus últimos minutos como alcalde, Fernández empleó el turno de intervención que la ley le concede para condenar lo que considera una “traición a la ciudadanía”, un “atentado a la voluntad popular” que, augura, será “el principio del fin político de quien la promueve y de quien lo apoya”. Lugo, considera el ya exregidor, “sabrá recordar” y “juzgar” en las urnas una operación “moralmente inaceptable” para la que el PP “vio en la tragedia” de las muertes de miembros del PSdeG “una oportunidad para alcanzar el poder que la ciudadanía no le concedió en las urnas” y hacerlo mediante el transfuguismo, “una práctica que distorsiona” el veredicto de las urnas.

“Lugo no merece esto”, razona Fernández, y “Lugo no olvida”, sostiene Arroxo, quien advierte de que “aquí una persona sin palabra siempre fue un don nadie” y “no hay nada peor en una persona que traicionar su palabra o mercadear con quien lo hace”. “Aquí eso siempre tuvo un nombre: trapalleiros”, afirma el nacionalista, para quien cabe calificar la alianza de Candia y Reigosa como “pacto de las trapalleiras”, responsables de un “clima de crispación e inestabilidad que jamás se dio en esta ciudad” y de “tirar por tierra el trabajo” del gobierno local “a cambio de ambición personal”.

Candia, por su parte, defendió la moción de censura aludiendo a lo que considera diversos incumplimientos y muestras de parálisis de la ciudad para concluir que Lugo “merece un gobierno distinto”. Entre menciones al funcionariado del Ayuntamiento, al que señala como una de las prioridades, la también líder provincial del PP se reivindicó como “constitucionalista convencida” para resaltar la legalidad de la moción de censura con la edil tránsfuga y aseguró que se dispone a que Lugo, bajo su mandato, “recupere el orgullo de la ciudad”.

Ya como alcaldesa esbozó, asimismo, las que señala como prioridades del gobierno del PP. Entre ellas, avanza, “modificar el Plan de Movilidad” recientemente aprobado, “eliminar tramos de carril bici infrautilizados” u otorgar más espacio para aparcar coches privados en la ciudad. También, asegura, dotará de más fondos a entidades sociales de la ciudad, va a conseguir “desbloquear” proyectos mediante el “entendimiento con otras administraciones”, en referencia a la Xunta, y va a celebrar “un San Froilán para todos”.

Todo esto, sostiene, lo hará desde “un enorme ejercicio de no rencor” porque ella, asegura, no es “rencorosa”. Y por eso va a “tender la mano” como, dice, ya hizo “desde la oposición”, etapa en la que afirma que los populares fueron “leales en todos y cada uno de los momentos difíciles”, reivindicó entre alusiones a la reciente inauguración de una escultura en honor de la fallecida alcaldesa Paula Alvarellos, impulsada por el gobierno ahora desbancado.

Más allá de las críticas de la plataforma ciudadana contraria al transfuguismo y de la obvia oposición de socialistas y nacionalistas, la operación culminada por el grupo de Candia de la mano de Reigosa contradice también claramente las normas internas del propio PP. No en vano, los estatutos del partido aprobados en 2025 por el congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como líder estatal, dejan claro que “cometen infracción muy grave quienes, perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido, utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”.

El mismo artículo de los estatutos vigentes del PP detalla las sanciones para la militancia que cometa estas infracciones. Consisten en la “suspensión de afiliación por un período de tiempo entre cuatro y seis años” o “inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de este por igual período de tiempo”, posibilidades ambas “no excluyentes entre sí”. También contempla la posibilidad de la “expulsión del partido”.

Esta es, aun así, la segunda ocasión en que Candia accede a un cargo de gobierno gracias al voto de un miembro de otro grupo que rompe con su propio partido. La primera fue en 2015, cuando el entonces alcalde socialista de Becerreá, Manuel Martínez, tradujo sus enfrentamientos internos en propiciar la elección de la entonces alcaldesa de Mondoñedo como presidenta de la Diputación —votándose en la investidura a sí mismo y después, en blanco—. El puesto le duró entonces apenas medio año, lo que tardó Martínez en llegar a un acuerdo para devolver el gobierno de la institución a la izquierda.

Hace unos días, Vox obligó al PP a incorporar en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón el principio de "prioridad nacional" en el acceso a "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas". Literalmente, en los dos documentos firmados por las dos formaciones de derecha y ultraderecha, se indica el compromiso de "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, inspirado en el principio de prioridad nacional, que busca la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen una conexión real, duradera y verificable con el territorio". 

Dado que discriminar a una persona por su lugar de origen es ilegal (el artículo 14 deja claro que "los españoles son iguales ante la ley, sin que se permita discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" ), ambas partes insisten en que, en la aplicación práctica de este principio, entraría en juego el "arraigo" de una persona en un territorio, sobre todo, medido por los años que lleva inscrita en ese lugar, además de otros factores como los "vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y formativos", el "historial de cotizaciones" o la "contribución al sistema".

Uno de los líderes emergentes de Vox, Carlos Hernández Quero, señaló como criterio de exclusión para acceder a estos beneficios el límite de 10 años de residencia ininterrumpida en una determinada zona (en un municipio, en una comunidad autónoma, en el Estado), un requisito que forma parte de la ideología xenófoba de esta formación y que puede marginar a una parte importante de la población.

Este miércoles, el INE publicó las variables actualizadas de residencia, educación y trabajo del Censo , con datos hasta 2025. Estos indicadores muestran cuántas personas han residido en una comunidad autónoma específica o municipio no específico durante menos de diez años. Esta cifra es cada vez mayor, dada la creciente movilidad por motivos personales, académicos o laborales —cada vez más personas residen fuera del municipio en el que nacieron— y alcanza sus mayores proporciones en las zonas urbanas.

En 2025, el 22,8% de la población empadronada en las siete ciudades gallegas más importantes llevaba residiendo allí menos de 10 años y, por lo tanto, quedaría excluida del acceso a determinados recursos públicos municipales, según el criterio de arraigo utilizado por Vox y PP. Esto representa a unas 228.562 personas de un total de algo más de un millón de habitantes que conforman esos siete municipios.

Estas cifras incluyen a muchas personas nacidas en el extranjero y también a muchas nacidas en España, pero que ahora viven en un municipio diferente al de su nacimiento y que, por lo tanto, carecen de esas raíces arraigadas. 

Los porcentajes más altos se encuentran en Santiago (26,5%), Ourense (26%) y A Coruña (25,1%), seguidos de Ferrol (23,3%), Pontevedra (22,5%) y Lugo (21,7%). Vigo (18,8%) es la ciudad con la menor proporción de población con menos de diez años de registro.

A nivel gallego, encontramos alrededor de 200.000 personas, el 7,28% de la población, que han residido en Galicia durante menos de diez años consecutivos y que, por lo tanto, quedarían excluidas de la asignación de recursos públicos de carácter autonómico (los más importantes). Obviamente, si el criterio temporal fuera otro (5 años de registro o 15 años...), las cifras serían diferentes.

El gráfico anterior muestra la gran movilidad que existe en la población de las zonas urbanas, donde apenas el 40% de sus habitantes nacieron en ese mismo lugar. Las cifras son más altas en Vigo (45%) y apenas superan el 30% en Ourense y A Coruña. En todas las ciudades, excepto Vigo, más de una cuarta parte de la población proviene de otro municipio de la misma provincia. 

Santiago es la ciudad que más población ha atraído procedente de otras provincias gallegas, mientras que A Coruña y Ferrol son las ciudades donde la población nacida en otras comunidades autónomas tiene mayor peso. La población nacida en el extranjero es más importante en A Coruña y Ourense, superando el 12%.

Los elevados precios de la vivienda —para su compra o alquiler— se han convertido en los últimos años en uno de los principales problemas para la ciudadanía. El encarecimiento de los inmuebles está dificultando el acceso a una vivienda digna para muchas personas e impide cambiar de casa a quienes desean hacerlo. El Instituto Nacional de Estadística publicó este lunes los datos de un módulo especial de la Encuesta de Condiciones de Vida centrado en las dificultades de acceso a la vivienda.

La encuesta revela que el 7,4% de la población gallega, unas 175.000 personas, buscó “activamente” vivienda durante el pasado año sin llegar a cambiar de residencia. El principal motivo (el 71%) fue su elevado precio, de modo que unas 125.000 personas que querían mudarse finalmente no lo hicieron por esta razón.

Los restantes motivos fueron determinantes en muchas menos ocasiones: alrededor del 4% de las personas que buscaban vivienda no se mudaron porque los inmuebles que encontraron no cumplían con los requisitos mínimos y un porcentaje similar no lo hizo por encontrar que ellas mismas no cumplían con las condiciones exigidas. Otro 21% alegó otras razones para no cambiar de casa.

En los datos publicados por el INE llama la atención que Galicia es la segunda comunidad en la que el precio elevado fue más determinante a la hora de impedir estos cambios de residencia, solo por detrás de Baleares (76%) y por delante de Madrid (70%) y por encima de la media española (67%).

Galicia no es uno de los territorios con la vivienda más cara, pero en esta estadística el indicador del precio gana peso al ser menos importantes otros motivos relacionados con las características de los inmuebles o con la falta de “condiciones necesarias” en las personas interesadas en ellos.

La mayor parte de los datos publicados por el INE no están segmentados por territorios, por lo que no es posible ofrecer información específica sobre Galicia. Sin embargo, los indicadores generales muestran que son las personas entre 30 y 44 años las que más buscan vivienda (el 14,9% intentó mudarse durante el pasado año), por delante de las más jóvenes de 16 a 29 años (9,6%) y de las que tienen entre 45 y 64 años (6%). Las y los mayores de 65 prácticamente no buscan vivienda (solo el 1% lo hizo el pasado año).

La dificultad en el acceso a la vivienda es más importante entre la juventud, que en muchos casos no tiene posibilidad de emanciparse y marcharse de la casa de sus padres y madres. La encuesta revela que en el conjunto del Estado el 67% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven aún en el hogar familiar: el 93% entre los 18 y los 25 y el 44% entre los 26 y los 34. Más los varones que las mujeres.

Entre los 26 y los 34 años el principal motivo (35%) es el precio, pues las personas de estas edades no se pueden permitir alquilar o comprar una vivienda propia.

El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.

A principios del mes de mayo, salvo sorpresa mayúscula el jueves 7 al mediodía, la ciudad de Lugo va a tener una alcaldesa del PP: Elena Candia, gracias a los 12 votos de su grupo sumados a los de la exsocialista y ahora tránsfuga María Reigosa, quien obtuvo acta de concejala a finales de 2025 por la muerte de un compañero del PSdeG. Será la primera militante del Partido Popular en 27 años que alce el bastón de mando de una ciudad que en las dos primeras décadas de restauración democrática en los ayuntamientos había sido monocultivo de las derechas bajo varias siglas.

Fue en 1995 cuando el PP obtuvo la hasta ahora última mayoría electoral que le permitió gobernar en Lugo, la absoluta lograda por Joaquín García Díez. Aquel alcalde, con buen predicamento y obras destacables, como el inicio de la gran peatonalización del centro histórico, no pudo repetir en el cartel electoral en 1999 por causa de los enfrentamientos internos del propio PP que dirigía el férreo Francisco Cacharro Pardo, cuya memoria los populares lucenses han vuelto a reivindicar recientemente tras lustros renegando de ella. Desde entonces, cuando Ramón Arias no consiguió la alcaldía, chocaron contra la muralla de la izquierda lucense con hasta media docena de candidatos.

A todos ellos los reunió Candia en vísperas de las elecciones municipales de 2023, las de su desembarco en la política de la ciudad de Lugo procedente de Mondoñedo, donde había sido alcaldesa de 2015 a 2020. La imagen, leída en algunos foros como una apuesta de la mindoniense por tejer lazos con una ciudad en la que en muchos ámbitos era recibida como ajena —por su desconexión con la urbe, no por su lugar de nacimiento—, fue interpretada en otros como un retrato de los sucesivos fracasos municipales de los conservadores. Algunos por estrechísimo margen y otros, especialmente sonoros.

La primera apuesta del PP por intentar volver a gobernar en Lugo fue de alto nivel. Aún con Manuel Fraga en la Xunta, el fundador del partido se desprendió de una de sus conselleiras estrella, Manuela López Besteiro, para lanzarla como candidata contra el socialista Xosé López Orozco, alcalde en una coalición de buena sintonía con el BNG que lideraba Branca Rodríguez Pazos.

Incluso con la Xunta de Fraga y la Diputación de Cacharro a favor —con episodios especialmente recordados como una visita y concierto de Julio Iglesias a pocos meses de los comicios—, la operación López Besteiro fracasó. El PP pasó de 12 a 9 ediles y Orozco consiguió una histórica mayoría absoluta para el PSdeG.

Cuatro años después, en 2007, el PP recuperó a quien había descartado. En el cartel de los populares volvió a aparecer Joaquín García Díez, alcalde de grato recuerdo. Pero su lugar ya había sido ocupado con amplitud por Orozco en amplias capas del electorado lucense, que observaba claras transformaciones evidentes en la ciudad. Algunas decisiones y maneras del regidor socialista le habían causado cierto desgaste del que el PP no pudo beneficiarse: perdieron la absoluta al perder un concejal que ganó el BNG.

En los siguientes comicios, los de 2011, el PP lucense estuvo más cerca de ganar la alcaldía. Volvieron a estrenar candidato, Jaime Castiñeira, y en un contexto de crisis económica y de abierto y profundo deterioro del Gobierno de España que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, se quedaron a apenas medio millar de votos del concejal número 13, el que da acceso a la absoluta. Una absoluta que, aun así, volvieron a sumar las fuerzas de la izquierda: 11 socialistas y 2 nacionalistas.

Aquel mandato iniciado en 2011 fue especialmente turbulento en Lugo. Por el desgaste general de la gran recesión y, sobre todo, por el estallido de la operación Pokémon que, combinado con el caso Campeón, trajo consigo un fortísimo impacto en el PSdeG local. Sobre todo, por las imputaciones judiciales que pesaron sobre Orozco —que no quedarían archivadas hasta 2021— y que le implicaron un importante lastre en la siguiente cita con las urnas, la de 2015. Pero el PP tampoco sacó provecho: repitió con Castiñeira, perdió tantos ediles como el PSdeG y además le surgió competencia por la derecha con Ciudadanos.

Las citadas imputaciones fueron la causa esgrimida por las demás fuerzas de la izquierda municipal, que habían pasado de una a tres por la irrupción de Lugonovo y ACE, para exigir la marcha de Orozco a cambio de un apoyo en la investidura a un PSdeG debilitado, con 8 ediles. Los socialistas accedieron dando paso a Lara Méndez, primera alcaldesa de la historia del ayuntamiento que, tras un mandato en minoría, repetiría resultado y sumaría coalición con mayoría absoluta junto al BNG en 2019, cuando el PP lo intentó con Ramón Carballo, actualmente presidente local del partido.

Fue así como llegó la cita de 2023, la del debut de Elena Candia en la ciudad de la Muralla. En un proceso inverso al de 2015, los populares consiguieron absorber prácticamente todo el voto de la derecha local, propiciaron la desaparición de Ciudadanos e incluso crecieron un poco más. Como Castiñeira en 2011, Candia se quedó a unos pocos votos de una absoluta que retuvieron PSdeG y BNG, la misma que van a perder en pocos días al pasar a la cuenta del PP uno de los escaños del pleno que los votos de la vecindad colocaron en el PSdeG.

Esa mayoría absoluta de socialistas y nacionalistas invistió alcaldesa por tercera vez a Lara Méndez y, pocos meses después, a Paula Alvarellos tras la renuncia de la primera regidora para concurrir a las elecciones gallegas. Alvarellos falleció un año después y el nuevo alcalde fue Miguel Fernández, bajo cuyo mandato murió otro miembro del grupo del PSdeG, Pablo Permuy, dando lugar al corrimiento de lista por el que la ahora tránsfuga María Reigosa accedió a la corporación.

Se aceleran las operaciones en marcha en Lugo para que el PP local sume el voto tránsfuga de la exsocialista María Reigosa y desbanquen así al Gobierno local de PSdeG y BNG mediante una posible moción de censura. Más allá de una actividad casi frenética de rumores y contactos más o menos discretos, la aceleración de los últimos días llegó a golpe de entrevistas en los periódicos más leídos de la ciudad.

La última, la publicada este lunes por La Voz de Galicia, en la que la edil que llegó a serlo por la muerte de un compañero de candidatura admite las negociaciones y brinda su voto para hacer alcaldesa a la líder del PP local, Elena Candia. No obstante, escasas horas después, en declaraciones a El Progreso, matiza su postura para volver a admitir que “está hablando” con los de Candia, “pero no sé si me voy a atrever”. Previamente, en el mismo diario lucense, el número dos del PP en la provincia y jefe territorial de la Consellería de Presidencia, Javier Vázquez Nodal, alentaba la conversión de la no adscrita en tránsfuga para una moción de censura “más que justificada”.

Han pasado ya 31 años desde la última ocasión en que el PP obtuvo en las urnas mayoría para gobernar Lugo. Fue en las municipales de 1995 con Joaquín García Díez, que no repitió como candidato en 1999 por los enfrentamientos internos de un PP controlado entonces en la provincia por Francisco Cacharro Pardo. Veintisiete años después del primer gobierno de coalición PSdeG-BNG, entonces con Xosé López Orozco al frente, Reigosa valora entregarles el bastón de mando alegando razones más personales que políticas. Y lo hace en un contexto marcado por la fatalidad en el PSdeG local.

La ahora edil no adscrita fue la número 11 del PSdeG en las elecciones municipales de 2023, cuando la candidatura socialista obtuvo 8 ediles que, sumados a los 5 del BNG, compusieron un nuevo gobierno de la izquierda con mayoría absoluta (13 ediles de candidaturas que sumaron 23.451 votos) frente a los 12 ediles del ascendente PP (21.459 votos). A principios de 2024 Lara Méndez renunció a la alcaldía para concurrir a las elecciones gallegas y dio lugar al primer corrimiento de la lista. En 2025 el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos y la posterior muerte del también concejal socialista Pablo Permuy propiciaron la entrada de Reigosa en una corporación a la que volvió el luto hace pocos días por el fallecimiento de otra concejala del PSdeG, Olga López Racamonde.

Quien ahora admite que valora la posibilidad del transfuguismo estuvo en el gobierno que dirige Miguel Fernández apenas dos meses tras los que renunció a las competencias de Zona Rural que le asignaran —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle dedicación exclusiva, alega—. Poco después se dio de baja en el PSdeG —lo hizo, asegura este lunes a La Voz, por la gestión de las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé— y, a continuación, abandonó el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Tras este último paso sostuvo durante semanas que su intención pasaba por defender los intereses de la vecindad con más libertad, pero sin apoyar una moción de censura que ahora adjetiva como “necesaria” porque la ciudad precisa “un cambio de ciclo”. Y, señala, existen diversos enfrentamientos entre los socialistas lucenses.

En el PSdeG, que este domingo hizo trascender una encuesta según la cual en un nuevo paso por las urnas el electorado reeditaría la mayoría de izquierdas, consideran que lo más probable es que la censura acabe saliendo adelante. “Mientras Lugo precisa soluciones, ellos solo buscan sillones”, criticaron este domingo en un mensaje a través de las redes sociales.

El posible indulto parcial que evitaría la entrada en prisión del maquinista condenado por el accidente de Angrois de 2013 está suscitando debate entre víctimas del siniestro. Con alrededor de 500 personas reconocidas judicialmente como tales (79 personas fallecidas, 144 heridas y cerca de 300 familiares con derecho a indemnización), no se puede hablar de las víctimas como una unidad, sino que cada una tiene su propia valoración de lo sucedido. Para intentar reflejar la variedad de sentimientos y reflexiones en torno al posible indulto, Praza.gal habló con diez personas heridas o familiares de fallecidas en el accidente, con opiniones que van desde el apoyo hasta el rechazo pasando por la indiferencia.

El maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, fue considerado en enero por la Audiencia de A Coruña como único responsable del accidente por despistarse al recibir una llamada del interventor del tren y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois. No había medidas de seguridad que evitasen o paliasen ese error humano previsible, pero la Audiencia no consideró que el cargo de Adif también condenado en 2024 en primera instancia fuese responsable.

Condenado a dos años y medio de prisión, Garzón cumplirá en pocas semanas 65 años y en reiteradas ocasiones pidió perdón a las víctimas, en público y en privado. Sin antecedentes penales, no entraría en prisión con una condena de solo dos años, por lo que un indulto parcial de solo medio año bastaría para evitarle la cárcel. Un indulto así, de medio año, fue el que otorgó en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas condenados igualmente a dos años y medio de prisión por 18 homicidios por imprudencia grave, el mismo delito que ahora, en un accidente ocurrido en 1997 en Uharte Arakil (Navarra).

Ante la posibilidad de un indulto parcial similar al maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya decía en entrevista con Praza.gal días después de la sentencia de la Audiencia de A Coruña que a título personal apoyaba el indulto, pero que esa sería una valoración que debería hacer una asamblea de las víctimas y no él como presidente.

Esa asamblea ya se celebró y lo que decidió fue que la Plataforma como tal no tiene una postura, sino que es una cuestión personal de cada persona afectada. La Plataforma no dará ningún paso jurídico, pero buena parte de los socios que asistieron a la asamblea coincidieron en que la entrada en prisión también puede suponer un aviso de futuro para que los maquinistas denuncien formalmente las irregularidades que detecten en su trabajo y rechacen circular en ausencia de medidas adecuadas de seguridad.

Pero la disparidad de opiniones y matices es tal que Praza.gal pudo comprobar cómo incluso en dos matrimonios afectados la postura es distinta en los dos miembros de las parejas. En uno de los casos el padre de un fallecido en el accidente se muestra a favor del indulto parcial del maquinista mientras que la madre está en contra. Y lo mismo sucede en otro matrimonio que resultó herido en el accidente, con el hombre a favor del indulto y la mujer en contra.

“No queremos seguir peleando más, pero que este hombre pague nos parece injusto comparado con la responsabilidad del cargo de Adif”, explica el padre que perdió a un hijo. Pero la madre matiza que “te queda esa sensación de que pueda no haber ningún culpable” y que “la prisión puede hacer que los maquinistas no dejen pasar situaciones así”. Similar discrepancia transmite el otro matrimonio de personas heridas en el siniestro. En cuanto supieron que el maquinista quedaría como único condenado, él se mostró favorable al indulto, mientras que ella lo rechaza. Pero él ahora añade el temor de “que se piense que apoyamos el indulto porque ya conseguimos el dinero”.

La visión de que alguien debe pagar como culpable tras tantos años de lucha es transmitida por varias de las víctimas consultadas. El padre de un fallecido en el Alvia admite que “el hombre era uno más como nosotros que se pudo confundir, pero tampoco puede marcharse de rositas”. “Igual es una contradicción lo que estoy diciendo”, señala, al tiempo que admite su “frustración”. Y añade que la condena del maquinista puede hacer que otros maquinistas presten mayor atención a su trabajo aunque Adif no les facilite todas las medidas de seguridad que debería. “Mi cabeza no da para perdonar porque no hubo justicia”, concluye.

Postura completamente contraria tiene el hermano de un fallecido. “La sensibilidad es de cada uno”, comienza matizando, pero él se dice “a favor del indulto, por coherencia, por dar contenido a toda nuestra lucha”. “Incluso defendí que en la Plataforma no debíamos pedir condena para el maquinista porque nuestra tesis era que el accidente iba a pasar antes o después con esa falta de seguridad”, argumenta, para añadir que el maquinista “no tomó ninguna decisión, ni consciente ni inconsciente, que llevase al descarrilamiento”.

Otra persona herida que tuvo a un ferroviario en su familia se muestra también a favor del indulto. “Él ya pasó su pena, tiene el remordimiento; que vaya a la cárcel no mejora nada, no solucionaría nada”, dice.

Varios de los consultados admiten que pasaron por muchas dudas hasta tener una postura respecto al indulto. El hijo de un fallecido considera que el maquinista “cometió una falta, pero no creo que tenga que entrar en prisión”. Esta víctima dice que “en un momento me hizo dudar el criterio de otra persona, que el maquinista cometió una falta y que hay que lanzar un aviso a los otros maquinistas, pero realmente creo que, al lado de las faltas tan graves que cometieron Adif y Renfe, es injusto; eso me quitó la duda que pude tener”.

También con dudas se muestra la hija de un fallecido en el accidente. “Con mis hermanos siempre fuimos conscientes de que este señor tuvo un accidente, y en tu trabajo tienes una responsabilidad, pero ¿culpable? No lo tengo claro. En todo caso, entrar en la cárcel es excesivo”, dice. Esta mujer también argumenta que supone que su padre pensaría lo mismo, y que eso es lo que guía su opinión.

Son varias también las víctimas consultadas que, con independencia de lo que piensan, señalan que lo del indulto es un debate que ya les queda lejos. Hay quien no está dispuesto a pedir o apoyar el indulto, “pero si lo indultan no será un drama”.

118.763,65 hectáreas quemadas en Galicia y al menos los dos mayores incendios forestales de la historia, los iniciados en Larouco y Oímbra. La Xunta acaba de hacer oficiales esos dos grandes datos del pasado año con la aprobación y publicación esta semana del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) para este 2026, que hace balance de lo ocurrido en 2025.

Un documento que constata que un tercio de la provincia de Ourense ardió a lo largo de la última década y que en ese mismo período resultó quemado entre el 32% y el 41% de la superficie protegida por distintas figuras de la Red Natura 2000 en toda Galicia.

El cálculo oficial de la Xunta de hectáreas quemadas (inferior a las 145.000 calculadas por satélite) sitúa el pasado año como el tercer peor de la serie histórica, apenas por debajo de las 119.633 hectáreas de 1978 y a distancia de las 198.998 hectáreas de 1989. En 2025 fueron unas 80.000 hectáreas de superficie rasa y unas 38.000 de superficie arbolada. Y el grueso de ellas, el 94%, unas 111.000, se concentraron en 18 grandes incendios forestales, que el plan define como aquellos que superan las 500 hectáreas.

Los grandes incendios del pasado año se cebaron especialmente con la provincia de Ourense y el sur de la de Lugo. Así, el documento refleja expresamente que "los incendios más grandes de la historia reciente se produjeron en 2025, el de Larouco que también afectó notablemente a la provincia de Lugo, y el de Oímbra".

El documento hace repaso también a lo sucedido en las últimas décadas y en el caso de la provincia de Ourense ofrece el dato de que entre 2016 y 2025 ardieron 196.308 hectáreas, lo que supone el 35% de las 727.000 hectáreas de superficie total de la provincia o el 27% de las 560.000 hectáreas de superficie forestal.

Tras los incendios del pasado año, Adega calculó que el fuego había afectado al 11% de la superficie protegida en toda Galicia bajo la Red Natura 2000. El Pladiga no hace el cálculo para el pasado año pero sí para toda la última década y señala que en ese período resultaron afectadas 120.000 hectáreas de zonas de especial conservación (ZEC), el 32% del total, y 41.000 hectáreas de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), el 40,7% del total. Parte de la superficie afectada sería coincidente, porque existen zonas de la Red Natura protegidas por ambos tipos de figuras.

El Pladiga también fija objetivos para este 2026 y, como en años anteriores, se calculan a partir de las medias de la última década. Esto hace que las cifras disparadas del pasado año eleven esas medias, de modo que algunos de los objetivos para este año son no superar las 21.000 hectáreas totales quemadas o reducir los incendios de más de media hectárea por debajo de los 282.

Desde el pasado 1 de abril, la Xunta permite de nuevo la pesca de la anguila en las rías de Arousa y Vigo pese al progresivo deterioro de esa especie en los ríos gallegos, al igual que ocurre con la lamprea o el salmón, que también deja capturar. Ese mismo día, el 1 de abril, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, firmaba una respuesta oficial en la que advertía de que “no hay indicios de recuperación de la anguila” y que “es necesaria una mayor ambición para hacer frente a la mortalidad debida al medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir adoptando medidas en materia de pesca”.

Sin embargo, el Gobierno gallego, pese a admitir su “declive”, viene rechazando elevar la protección de la especie. El año pasado se pescaron 37.000 kilos en Galicia.

Este año la anguila puede capturarse durante medio año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, en las rías de Arousa y Vigo, y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en la de Ferrol. Con todo, el comisario de Pesca, a preguntas del eurodiputado socialista César Luena, acaba de insistir, en una respuesta al Parlamento firmada ese mismo 1 de abril, en que la anguila está “en peligro crítico”. Así lo declaró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La respuesta del comisario señala que “la conservación y la gestión de la anguila europea, una especie en peligro crítico, deben basarse en consideraciones en materia de pesca y medio ambiente para abordar la mortalidad provocada por el ser humano”. Según dice, sin identificar zonas geográficas, los planes de gestión de la especie “no se cumplieron en su mayoría” y “no hay indicios de recuperación de la anguila”. Por eso pide a los Estados que mejoren la protección de la anguila y revisen sus planes de gestión.

El comisario europeo de Pesca añade que “algunos Estados miembros adoptaron medidas más estrictas mediante la inclusión de la anguila europea en la lista de especies estrictamente protegidas o la prohibición de la pesca de la anguila durante todo el año”.

Eso es lo que quiere hacer el Gobierno de España, pero varias comunidades, entre ellas Galicia, lo rechazan. Hace dos meses la Xunta se jactó de “frenar” la intención del Estado de prohibir la pesca de la anguila al tiempo que subrayaba que el año pasado se pescaron 37.371 kilos. Según el Gobierno gallego, supusieron un volumen de negocio “próximo a los 800.000 euros” para 93 barcos, de los que no detalla si pescan también otras especies ni el porcentaje de negocio que supuso la anguila en relación con otras capturas.

La respuesta del comisario no solo pone el foco en la pesca, sino también en el deterioro ambiental como causa del declive de la especie. Un “declive” que admite la Consellería do Mar, pero para decir que “no está vinculado al tipo de captura, sino a causas estructurales ampliamente documentadas por la comunidad científica”. Causas que no cita, pero que podrían ser los embalses, la contaminación o el cambio climático.

Sin embargo, cuando se le pregunta por sus actuaciones para frenar el deterioro en los ríos gallegos de especies migratorias como la anguila, la lamprea o el salmón, la Consellería de Medio Ambiente, en respuesta a Praza.gal, se limita a hablar de cuotas de captura decrecientes en lugar de otras iniciativas de mejora ambiental. Esto es, al tiempo que el departamento con competencias en pesca dice que la pesca no es la única causa del declive de la anguila sino también otros problemas ambientales, el departamento con competencias en medio ambiente pone el foco solo en la pesca justificando que las cuotas de capturas son cada vez menores.

Mientras, cocineros y entidades ecologistas piden más protección en los ríos gallegos no solo para la anguila —para la que Adega insiste en pedir una veda total y su catalogación como especie en peligro crítico de extinción—, sino también para la lamprea y el salmón.

El Sindicato Español de Maquinistas (Semaf) quiere el indulto de su compañero, condenado por el accidente de la curva de Angrois en 2013, en el que murieron 79 personas y 144 resultaron heridas. Condenado a dos años y medio de prisión como único responsable del accidente tras la anulación por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña de una sentencia similar impuesta a un oficial de Adif en enero, el maquinista de Alvia evitaría la cárcel con un indulto parcial de medio año, el mismo que recibieron dos maquinistas en 2009 por un accidente ocurrido en Navarra en 1997, en el que fallecieron 18 personas. Un indulto parcial que genera debate entre las víctimas, con algunos a favor, otros en contra y otros indiferentes.

En julio de 2024, la primera sentencia dictada por un Juzgado Penal de Santiago sobre el accidente de Angrois condenó al maquinista, Francisco José Garzón, a dos años y medio de prisión del mismo grado, y a Adif como responsable de 79 homicidios por negligencia profesional grave: el primero por perder el control y no frenar a tiempo antes de la curva, y el segundo por no haber implementado medidas de seguridad que hubieran evitado o mitigado ese error humano previsible. Sin embargo, el pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de A Coruña rectificó dicha sentencia y absolvió a Adif, dejando al maquinista como único condenado.

Tras la sentencia, el secretario general de Semaf, Diego Martín, declaró en una entrevista con Praza.gal que ya están trabajando para obtener el apoyo necesario para un "indulto parcial" para su compañero, una medida de gracia discrecional concedida por el Consejo de Ministros. "Trabajaremos para que nuestro compañero no sufra las consecuencias de la sentencia", afirmó el dirigente sindical, quien ratificó la opinión generalizada dentro de su grupo de que "el accidente de Angrois le podría haber ocurrido a cualquiera". Una opinión compartida por otros profesionales del sector ajenos a Semaf que también se muestran a favor del indulto para el conductor, que cumplirá 65 años en pocas semanas y que ha pedido disculpas a las víctimas en varias ocasiones, tanto en público como en privado.

El abogado del conductor es el mismo que el de Semaf y, al ser consultado sobre el indulto, indicó que está estudiando esa posibilidad, así como un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sin antecedentes penales, la persona condenada no iría a prisión con una pena de solo dos años, por lo que un indulto parcial de tan solo medio año sería suficiente para evitar la cárcel. Dicho indulto, de medio año, fue concedido en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas que también habían sido condenados a dos años y medio de prisión por 18 homicidios por negligencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra.

Los dos maquinistas implicados en el accidente de Uharte Arakil habían sido condenados por entrar en la estación a velocidad excesiva, según ellos, debido a una señal errónea que se lo permitió, un hecho que los tribunales no consideraron probado. En 2009, el Gobierno les concedió un indulto de medio año a cada uno "con la condición de que no cometieran otro delito intencional en un plazo de cuatro años".

Ante la posibilidad de un indulto parcial para el maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después del fallo del Tribunal de A Coruña que esta valoración debería corresponder a una asamblea de víctimas y no a él como presidente. A título personal, Domínguez afirmó que para él "no tiene sentido que el maquinista vaya a prisión", pero recalcó que la Plataforma analizaría el asunto en una futura reunión.

Dicha reunión ya tuvo lugar y el resultado del debate fue que la Plataforma, como tal, no tiene una postura sobre el indulto, sino que se trata de una cuestión personal para cada persona o familia afectada. Según lo que Praza.gal pudo averiguar a través de diversas fuentes presentes en la reunión, se manifestaron posturas a favor, en contra e indiferentes respecto al indulto. Se pueden encontrar valoraciones igualmente dispares entre las víctimas que no asistieron a la reunión de la Plataforma, de modo que cada persona o familia afectada consultada ofrece un argumento diferente a favor, en contra o indiferente al indulto.

En el accidente de Angrois, la justicia acabó reconociendo como víctimas a 79 personas fallecidas, 144 heridas y alrededor de 300 familiares con derecho a una indemnización individualizada.

A mediados de marzo, antes de Semana Santa, Narcodiario informaba de la caída de la organización criminal afincada en el entorno de Huelva que se había convertido en una de las mayores suministradoras de cocaína a nivel nacional, rivalizando con los clanes gallegos y con clientes fijos en Países Bajos. Los logos de la droga intervenida dejaron patente su relación con la oficina desmantelada pocas semanas antes en Madrid.

Ahora, la Policía Nacional da cuenta del global de un operativo histórico en el que se intervino el mayor alijo de droga colombiana jamás visto en esa provincia, 5.000 kilos de cocaína, introducido mediante embarcaciones de alta velocidad. Los sospechosos trasladaban la droga hasta dos 'guarderías' ubicadas en la provincia onubense y en Sevilla, donde los agentes localizaron cinco armas de guerra utilizadas para custodiar la mercancía, una pistola, vehículos, móviles y dinero. Tras su paso a disposición judicial, los diez detenidos, a saber, cinco españoles, tres serbios, un bosnio y un neerlandés, ingresaron en prisión.

El pasado 13 de marzo, varias personas introdujeron en territorio nacional un cargamento de aproximadamente cinco toneladas de cocaína a través de las costas de Huelva, empleando embarcaciones de alta velocidad. Posteriormente, la droga fue trasladada por carretera hasta la localidad de Gibraleón, donde se organizó su almacenamiento y distribución. Todo ello fue seguido muy de cerca por los especialistas antidroga de la Brigada Central de Estupefacientes.

A la mañana siguiente, los agentes detectaron el inicio del reparto de la droga y comenzaron a actuar. Una primera furgoneta trasladó parte del alijo hasta una vivienda en Utrera (Sevilla). Poco después, otra cargada con 35 fardos —más de una tonelada de cocaína— fue interceptada, procediendo a la detención de su conductor y de otros dos individuos que realizaban labores de contravigilancia desde un turismo para detectar cualquier presencia policial.

Para asegurar la mercancía portaban un arma larga de guerra, una pistola, abundante munición y un inhibidor de frecuencia, lo que evidenciaba un alto grado de organización y peligrosidad del entramado criminal.

Las actuaciones culminaron con la realización de dos entradas y registros en las viviendas utilizadas como guarderías para almacenar y custodiar el estupefaciente. En la de Gibraleón —Huelva—, los agentes intervinieron diversos fardos de cocaína con un peso de más de 3.500 kilogramos.

Además, se incautaron cuatro fusiles de asalto tipo Kalashnikov, dinero en efectivo y una furgoneta sustraída con placas dobladas. Durante el asalto, realizado por el Grupo Operativo Especial de Seguridad —GOES—, los encargados de custodiar la droga intentaron huir, siendo finalmente detenidas cinco personas, entre las que se encontraba el propietario del inmueble. En Utrera (Sevilla), se incautaron 400 kilogramos de cocaína y también dinero en efectivo, logrando el arresto de dos personas más vinculadas a la organización.

Finalmente, la operación se saldó con diez personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y robo de vehículo. Una vez que pasaron a disposición de la autoridad judicial esta decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

Durante la operación, la totalidad de lo intervenido, además de las cinco toneladas de cocaína, ascendió a cinco armas de guerra —cuatro Kalashnikov y un arma larga—, una pistola, cinco vehículos, 17 teléfonos y más de 5.000 euros en efectivo.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una red perfectamente estructurada, con funciones diferenciadas y capacidad logística para introducir grandes cantidades de droga en territorio nacional, almacenarla y distribuirla bajo fuertes medidas de seguridad para su posterior distribución a nivel internacional.

El operativo se une a otros recientes en los que, en ocasiones, los narcos gallegos se relacionan directamente con otros afincados en el entorno de Huelva, como se vio en la organización de Carlos Silla, ahora condenado, cuyos barcos empleaban esa zona para introducir parte de su mercancía. Relevante fue también en su momento la descarga a plena luz del día que captaron las cámaras pero que no pudo ser abortada en la que los narcos lucían AK—47 como los intervenidos en Gibraleón, y también importantes las acciones ejecutadas a lo largo del río Guadiana, otro de los canales de entrada de la droga en la Península por el suroeste.

La situación geográfica de la provincia, de cara al Océano Atlántico y muy cerca de África, la sitúa en el centro del escenario del narcotráfico. Tampoco hay que olvidar que esta zona está controlada por Sergio Mora Carrasco, alias El Yeyo, uno de los delincuentes más buscado de España y famoso por su pericia al volante de las lanchas rápidas, y vinculado recientemente con la trama del narcotúnel de Ceuta.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

A 6 de abril, Galicia ya había sufrido su primer Gran Incendio Forestal (GIF) del año, al superar el fuego iniciado en Ponteareas las 500 hectáreas, umbral a partir del cual se incluyen los focos en esta categoría. El año pasado, que fue el de los peores fuegos de la historia de Galicia, el primer GIF no llegó hasta inicios de agosto en Vilardevós. A partir de ahí, una veintena más de grandes incendios —varios de ellos uniéndose en un único frente—, cuatro por encima de las 24.000 hectáreas y un total de entre 120.000 y 144.000 arrasadas teniendo en cuenta los datos de la Xunta o los de las mediciones de los satélites Sentinel 2 del programa europeo Copernicus.

En lo que va de año, y solo en esta primavera, son más de 1.000 las hectáreas calcinadas en Galicia, más de 900 de ellas en unas pocas horas de este pasado lunes, en una jornada en la que coincidieron varias de las condiciones propicias para la expansión del fuego: altas temperaturas, viento fuerte y cálido y matorral denso y abundante favorecido por las elevadas precipitaciones del pasado invierno.

Los incendios en Ponteareas y en la zona de Carballo y A Laracha, en el primer día de temperaturas anormalmente altas del año en Galicia —rozando los 30 grados en muchas localidades y batiendo marcas para la época— suponen de nuevo un aviso del importante desafío que afronta Galicia con unos incendios cada vez más peligrosos, virulentos, incontrolables e imprevisibles por el impacto del cambio climático. Las lluvias ayudaron a apagar lo que antes habían contribuido a favorecer.

Porque en este caso, la crisis climática impacta de dos maneras: intensificando las lluvias torrenciales —tal y como confirmaron los primeros estudios científicos sobre este invierno— y, por lo tanto, facilitando el rápido crecimiento de combustible vegetal en primavera, y con un aumento de las temperaturas y de las épocas de sequía que provocan la situación más favorable para la extensión del fuego.

Este mismo martes, Meteogalicia hizo públicos los datos que indican que Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con una temperatura media nueve décimas por encima del valor habitual y un 65% menos de precipitaciones en comparación con lo habitual en este período. Fue el octavo mes de marzo más seco de la serie histórica. Lluvias intensas en invierno y calor y sequía justo en las semanas posteriores: la tormenta perfecta. Todo en un contexto en el que los últimos cuatro años fueron los más cálidos de siempre en Galicia.

Ya lo advertía un informe del Ministerio para la Transición Ecológica que sirve de base para las políticas de adaptación al calentamiento global. En él, alerta de que el “cambio de régimen de lluvias (mayor irregularidad) y el aumento de las temperaturas favorece las condiciones propicias para que los incendios forestales sean más virulentos y extensos”, pero también más difíciles de extinguir por “un mayor volumen de combustible expuesto a periodos de sequía cada vez más prolongados”. Y señala a Galicia por ser uno de los territorios más afectados y donde las temporadas de peligro por el fuego pasan a ser “más largas”.

El fuego, una vez más, confirmó las advertencias, esta vez muy pronto. En Ponteareas, como explican bomberos forestales de la zona, el incendio que calcinó más de 600 hectáreas y se extendió este pasado lunes a Mos y Pazos de Borbén “se desmandó” por las condiciones climáticas y puso en riesgo a varios brigadistas. En la misma zona donde las llamas ya habían arrasado cientos de hectáreas en agosto de 2005 y en octubre de 2017.

“Las abundantes lluvias del invierno hacen que ahora el matorral crezca mucho, pero los temporales provocaron también que haya mucho ramaje, ramas y árboles caídos que ahora se secan y son combustible para arder. Hay mucho ‘restroballo’ en muchos montes que en condiciones climáticas como las de este lunes suponen un peligro”, explica un brigadista del Baixo Miño, uno de los trabajadores del servicio contraincendios de la Xunta que empezó su trabajo durante nueve meses a principios del pasado marzo.

Pese a no ser la época de mayor riesgo, los meses de marzo y abril son históricamente un período con picos de mayor incidencia de fuego —tal y como se puede comprobar en los datos y en el gráfico que aporta el Pladiga 2025—, aunque atenuados en la última década y no comparables a los que se dan en verano. El millar de hectáreas ardidas en las últimas semanas pone a Galicia en alerta y vuelve a confirmar las advertencias, sobre todo de cara al próximo verano.

“Por desgracia, en Ourense buena parte del monte quedó arrasado y no queda mucho por arder; la franja atlántica es ahora la de mayor riesgo y el mayor o menor peligro dependerá de que las condiciones climáticas sean desfavorables y del tiempo que se mantengan”, explican bomberos forestales en conversación con Praza.gal, que advierten de servicios “a medio gas”, por las vacaciones o por procesos selectivos de estabilización pendientes estos días, y que echan en falta reuniones de evaluación que permitan “abordar y mejorar sobre los errores y los aciertos de la anterior campaña”.

En esta franja atlántica, pero especialmente en el sur de Galicia, el temor de los profesionales contra incendios es mayor por ser una zona más poblada, con una “pésima planificación urbanística y un gran desorden territorial” y plantaciones de pinos y eucaliptos “pegadas a muchas casas”. De nuevo, uno de los riesgos “clave” en Galicia sobre los que llevan años advirtiendo desde la ciencia.

El número de personas expuestas al fuego por su “proximidad a la interfaz urbano-forestal (IUF) y al tipo de urbanismo predominante” aumenta la peligrosidad, alerta el citado informe de Transición Ecológica. “En regiones como Galicia, donde existe una importante continuidad entre el bosque y los asentamientos urbanos, la IUF es extensa”, avisa. Una investigación de la Universidade de Santiago (USC) ya había alertado de que los incendios cada vez se inician más próximos a las viviendas.

Las consecuencias influyen también en la capacidad de extinción y control del fuego. “Cuando, lógicamente, la prioridad de los servicios de extinción es salvar vidas, hay que dejar incendios en el monte que acaban acelerándose y descontrolándose”, recuerdan brigadistas, que insisten en la dependencia de que las condiciones climatológicas que hicieron del verano de 2025 un infierno en Ourense no se repitan en otras zonas en riesgo en Galicia.

Porque todo cambió en 2017. Fueron los graves incendios de aquel año —los de junio en Portugal que provocaron la catástrofe de Pedrógão Grande y los de otoño que asolaron el país vecino y Galicia en un fin de semana— los que sirvieron de advertencia de lo que estaba por venir.

Los incendios más virulentos, incontrolables y peligrosos ya están asentados en Galicia, ayudados por el impacto de la crisis climática. Ante la llegada de esta tipología de fuego forestal, el informe técnico encargado por la Assembleia da República en Portugal sobre Pedrógão de 2017 concluyera que la política antiincendios debía ser modificada por el cambio climático. Y la propia Xunta reclamó lo mismo poco después en la comisión parlamentaria que analizó la oleada de fuego del mismo año en Galicia.

A la espera de que sea aprobado definitivamente, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) de 2026 prevé el incremento del 30% en la red de videovigilancia, la implantación de una aplicación para alertar sobre incendios, la incorporación de 42 nuevas brigadas o el aumento del presupuesto del convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, según anunció la Xunta.

En el Pladiga de 2025, un análisis completo apunta a diversos factores detrás del “complejo” problema de los incendios, desde políticas forestales perjudiciales hasta la estructura de la propiedad de la tierra en Galicia. Y, como antes otros documentos y estudios, ni siquiera menciona la tesis de las “tramas” o del supuesto “terrorismo” que se suelen resucitar en los argumentarios oficiales tras épocas más virulentas como la de este año.

Una aportación que completa el diagnóstico sobre un problema que afecta de lleno a Galicia, que ya está en el epicentro del área con mayor riesgo de incendio en Europa, como detalló un estudio de un equipo internacional liderado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, en el que participan otras entidades científicas como la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Una problemática que, además, llega cada vez más pronto.