El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) ha anunciado que su quinto pleno, previsto para octubre de 2026, se dedicará al estudio de los principales asuntos relacionados con el avance interno de la “autogobernanza plena y rigurosa”. La formulación oficial insiste en elevar los estándares de disciplina, fortalecer la capacidad de liderazgo y perfeccionar los mecanismos que garanticen su autotransformación y su vínculo con la sociedad. Más que una agenda estrictamente disciplinaria, el pleno parece orientarse a la institucionalización de una nueva etapa en la que la construcción del Partido pasa a constituir el principal instrumento estratégico de la modernización china.

La decisión resulta especialmente significativa porque rompe una pauta consolidada durante las últimas décadas. Desde la reforma y apertura, los quintos plenos habían estado dedicados casi sistemáticamente a preparar el siguiente Plan Quinquenal. Sin embargo, el XV Plan (2026-2030) fue aprobado ya en 2025 y se integra, además, en una planificación estratégica de más largo alcance que proyecta los objetivos nacionales hasta 2035 y 2049. Ello ha desacoplado el calendario de planificación del ciclo tradicional de los plenos, abriendo espacio para que el V Pleno se concentre en cuestiones de naturaleza política e institucional.

Este cambio responde a una evolución observable durante la etapa de Xi Jinping. La “construcción del Partido” ha dejado de concebirse como una cuestión meramente organizativa para convertirse en un elemento central de la seguridad política y de la capacidad de gobernanza del sistema. La premisa es que la realización de los objetivos de la modernización depende, en última instancia, de la fortaleza institucional del PCCh y de su capacidad para ejercer un liderazgo eficaz en un entorno nacional e internacional cada vez más complejo.

La orientación del pleno también resulta coherente con las profundas reformas institucionales emprendidas desde el XX Congreso (2022). La reorganización del aparato partidario, el fortalecimiento de las comisiones centrales y la ampliación de la dirección política sobre ámbitos estratégicos como la ciencia y la tecnología, las finanzas, el trabajo social o los asuntos de Hong Kong y Macao o Taiwán configuran un proceso que ahora podría adquirir una formulación doctrinal más sistemática. En este contexto, el inicio de la ejecución del XV Plan desplaza el énfasis desde la definición de los objetivos hacia la cuestión de quién y cómo debe hacerlos realidad, una pregunta que remite directamente a la capacidad organizativa del Partido.

La propia noción de autogobernanza refleja esta evolución. Aunque durante la primera década del liderazgo de Xi estuvo estrechamente vinculada a la lucha contra la corrupción y al reforzamiento disciplinario, su significado se ha ampliado progresivamente hasta abarcar la selección y formación de cuadros, la educación ideológica, la supervisión interna, la prevención de riesgos y el perfeccionamiento de los mecanismos de dirección política. La autogobernanza deja así de ser un instrumento correctivo para convertirse en un principio estructural del funcionamiento del Partido.

Desde esta perspectiva, el V Pleno puede interpretarse como un nuevo desplazamiento del centro de gravedad del ciclo político inaugurado por Xi Jinping. Si en las décadas precedentes la cuestión fundamental era qué reformas económicas debían emprenderse, ahora el interrogante parece ser qué tipo de Partido necesita China para dirigir la siguiente fase de la modernización socialista. El sujeto prioritario de la modernización ya no es tanto el Estado como el propio Partido, concebido como la principal ventaja política del sistema y garante último de la continuidad del proyecto modernizador.

No puede descartarse, por ello, que el pleno apruebe un documento de referencia destinado a sistematizar la teoría de la construcción del Partido en la nueva etapa, de forma comparable, en su ámbito específico, a otros textos doctrinales que marcaron hitos recientes, como la decisión sobre la modernización del sistema y de la capacidad de gobernanza (2019) o la resolución histórica de 2021 con motivo del centenario de la fundación del PCCh. Más que introducir nuevas medidas disciplinarias, su principal aportación podría consistir en definir el marco organizativo e institucional con el que pretende afrontar los objetivos fijados para 2035 y 2049.

Si esta interpretación se confirma, el V Pleno de 2026 marcaría un cambio de énfasis dentro del desarrollo del xiísmo, evolucionando de una lógica centrada en la modernización mediante las reformas a otra basada en la modernización mediante la capacidad organizativa del Partido. La cuestión decisiva dejaría de ser únicamente qué políticas adoptar para pasar a ser cómo garantizar que un Partido de más de cien millones de militantes conserve la cohesión, la disciplina, la capacidad de innovación y la eficacia necesarias para sostener el proyecto de modernización durante las próximas décadas.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

En la Comunidad de Madrid existen solo tres empresas de distribución de gas natural, que se reparten todo el territorio autonómico. Estas compañías no son las comercializadoras que facturan el gas consumido, con las que solemos tratar los clientes, y que podemos escoger libremente, sino las que explotan la red de tuberías que lleva el gas hasta cada domicilio o industria.

Dos de ellas, Madrileña Red de Gas (MRG) y Redexis, tienen importantes lazos mercantiles con el Estado chino, a través de su banco central y su Consejo de Estado. Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España.

Los expertos consultados coinciden en que, a pesar de tratarse de compañías relativamente desconocidas para el gran público, la presencia china en ellas reviste gran relevancia por tratarse de un sector clave como la energía. También señalan la "asimetría" de un modelo en el que Pekín invierte con normalidad en infraestructuras europeas mientras mantiene cerrado a la inversión extranjera su propio sector energético, considerado estratégico dentro de sus fronteras.

La propia UE está preocupada por la inversión china y estudia la posibilidad de limitarla en sectores como este porque, según advierte la Comisión Europea, las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos. 

Entre Madrileña Red de Gas y Redexis sirven a más de 1,6 millones de puntos de suministro en nuestro país, un 19,6% de la red nacional, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mayoría se encuentran en la Comunidad de Madrid, pero no únicamente. Redexis distribuye también en otras comunidades autónomas, como Aragón o Baleares, y MRG centra sus operaciones en Madrid, pero también sirve a algunos municipios de Castilla-La Mancha.

Los volúmenes económicos también muestran la importancia de ambas compañías. En 2025, MRG declaró una cifra neta de negocios de 139 millones de euros, que le reportó unos ingresos antes de impuestos de 109 millones. En el caso de Redexis, el volumen de negocios fue de 243 millones de euros y los ingresos antes de impuestos, de 161 millones. El músculo económico de estas energéticas lo evidencia el hecho de que ambas tienen una filial en Países Bajos destinada específicamente a la operativa financiera de la compañía.

La participación del Estado chino en MRG y Redexis se da a través de la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), un organismo que opera bajo el paraguas del Banco Popular de China, que es el banco central del país. En el caso de Redexis también interviene el propio Consejo de Estado.

El caso de las dos distribuidoras de gas en Madrid no es una excepción. Los tentáculos de China en Europa se están extendiendo gracias a las inversiones de SAFE, que controla bienes en al menos ocho países europeos, tal y como ha revelado OpenLux. En varios de ellos se trata de activos que los expertos valoran como estratégicos, como edificios que se utilizan como sede de instituciones europeas o instalaciones energéticas, como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas. 

La estrategia para hacerse con esos activos, o con parte de ellos, pasa por tejer entramados societarios que van desde el país europeo donde está el activo a China, tras una o varias paradas en jurisdicciones como Luxemburgo, Reino Unido o las Islas Vírgenes Británicas con varias empresas intermediarias. Es decir, la participación en las sociedades o en los activos inmobiliarios no es de SAFE u otra institución china de forma directa, sino que se canaliza a través de complejas y opacas cadenas de propiedad. 

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones", explica Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. "Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco".

Lo mismo sucede en el caso de MRG y Redexis. Ambas parten de una compañía en España que pertenece a otras empresas y pasa por varias jurisdicciones hasta llegar a la participación china. De hecho, ni Madrileña Red de Gas SA ni Redexis Energía SA revelan de forma directa en sus documentos financieros públicos su conexión con el régimen de Pekín, a pesar de que un tercio de la primera está controlado por SAFE y un tercio de la segunda por SAFE y el Consejo de Estado chino.

Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, explica a infoLibre que "el Banco Popular de China gestiona sus reservas internacionales de forma diversificada invirtiendo en activos estables en Europa" si bien matiza que, técnicamente, invertir en activos energéticos en España "no es el papel de un banco central", y señala que China, por su parte, no abre su propio sector energético a la inversión extranjera. 

Madrileña Red de Gas nació en 2010 después de que la extinta Comisión Nacional de la Competencia —predecesora de la actual CNMC— obligara a Gas Natural Fenosa —resultante de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, y más tarde renombrada como Naturgy— a desprenderse de varios de sus activos para cumplir con los requisitos exigidos para la fusión. La decisión del regulador la aprovechó entonces la firma estadounidense Morgan Stanley, que compró la recién creada distribuidora para ponerla en marcha, aumentar sus puntos de suministro y venderla cinco años después al mejor postor.

Ahí, en 2015, entró en el accionariado el fondo chino Gingko Tree Investment. Esta firma, cuyo "propietario último" es el organismo SAFE, según declara en sus cuentas anuales de 2024 en el Reino Unido, es una de las identificadas en esta investigación como parte del brazo inversor del banco central chino, y controla otros activos en Europa como el ferry que une la isla de Wight con la ciudad inglesa de Portsmouth. La propia Madrileña Red de Gas detalla en sus informes de sostenibilidad que Gingko Tree es su última compañía matriz, y la CNMC, en su informe sobre el sector gasista publicado en 2024, la identifica como dueña de un 33,75% al cierre de 2022.

Sin embargo, existe otro rastro documental que también apunta en dirección a Pekín pero lo hace por un camino distinto. Las cuentas anuales de MRG señalan a otra sociedad española, Elisandra Spain V, como propietaria de la compañía. Y es aquí donde el rastro de propiedad se bifurca según el registro que se consulte. 

Las cuentas anuales del grupo en 2024 identifican como propietaria de Elisandra Spain V a otra sociedad llamada Elisandra Spain IV, y como titular del 33,75% de las acciones de esta última, a una sociedad luxemburguesa —JCSS Mike Sàrl— que la CNMC no menciona pero que los informes de sostenibilidad de MRG asocian con Gingko Tree. Sin embargo, cuando ese rastro se sigue en el registro mercantil de Luxemburgo, la respuesta cambia. A través de otras dos mercantiles luxemburguesas, el socio único de la matriz española no es Gingko Tree, sino Okra Gee Investment Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. A pesar de ello, Okra Gee, que también controla activos energéticos en el Reino Unido, no aparece mencionada en ninguna documentación pública de Madrileña Red de Gas. 

Por otro lado, el registro caribeño no obliga a las sociedades participadas por administraciones estatales a declarar su titular real, y cuando el consorcio OpenLux solicitó formalmente esa información sobre Okra Gee y otras once sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

En todo caso, la conexión de Okra Gee con Pekín no es una inferencia: Wind UK Invest Limited, una sociedad participada por Okra Gee que opera tres parques eólicos en el Reino Unido, declara oficialmente en el registro mercantil británico que su "persona con control significativo" es la propia SAFE. Es decir, el mismo brazo inversor del banco central chino que MRG identifica públicamente como matriz de Gingko Tree aparece también, por otra vía documental independiente, en la cúspide del entramado que llega hasta Okra Gee.

Preguntada por infoLibre y OCCRP sobre cuál de las dos identidades corresponde realmente a la matriz última de ese 33,75% —dada la divergencia entre lo que declara en sus propios informes de sostenibilidad y lo que consta en el registro de Luxemburgo—, Madrileña Red de Gas no ha respondido. En ambas rutas, el destino es el mismo: el 33,75% de la distribuidora de gas pertenece, con varias pantallas intermedias, al brazo inversor del Banco Popular de China.

La relación entre MRG y su matriz Elisandra ya había sido objeto de un pronunciamiento del regulador español antes de esta investigación. En marzo de 2023, la CNMC obligó a Madrileña Red de Gas a recuperar 101,2 millones de euros que había transferido a Elisandra Spain V, su siguiente escalón en la cadena de propiedad. La operativa venía funcionando desde 2019 bajo la fórmula de un préstamo: MRG concedía formalmente crédito a su matriz —con un tope de mil millones de euros—, Elisandra V retiraba el dinero periódicamente y con esos fondos se pagaban los dividendos a los accionistas últimos del grupo, incluido el fondo del banco central chino. 

En la práctica, el mecanismo permitía extraer caja de la sociedad regulada española sin que en su balance figurase como reparto de beneficios. La forma de actuar de MRG incumplía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entró en vigor en 2021, y cerró esa vía al prohibir a las gasistas reguladas conceder préstamos, garantías o avales a otras sociedades de su grupo, con el fin de proteger la solidez financiera del sistema. 

Al frente del consejo de administración de Madrileña Red de Gas, con el cargo de presidenta independiente desde noviembre de 2024, se sienta Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. Su trayectoria previa la sitúa en el epicentro regulatorio y energético español: subdirectora de Mercados de Petróleo en la extinta Comisión Nacional de la Energía, directora general de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), y directiva en Enagás, Repsol, Unión Fenosa y BP Oil España.

En abril de 2012 fue nombrada consejera independiente de Red Eléctrica de España, —actual Redeia— la sociedad semipública que opera el sistema eléctrico nacional y que está considerada infraestructura estratégica del Estado. Desde 2013 fue además coordinadora del consejo y en enero de 2020, tras la dimisión de Jordi Sevilla como presidente, asumió transitoriamente las funciones de presidenta hasta el nombramiento de Beatriz Corredor. Su relación con Redeia terminó el 4 de junio de 2024 tras agotar el plazo máximo legal de doce años como consejera independiente. Cinco meses después, Gómez de Barreda asumió la presidencia de MRG. 

Las ramificaciones de Elisandra IV, la matriz de MRG, se extienden más allá del gas natural. Otra de sus filiales, la consultora energética Aliara Energía, participa al 33% en la joint venture Madrid Inspira Hidrógeno Verde junto con FRV —empresa española de energía solar perteneciente a un grupo saudí —y Grupo Ruiz— holding familiar dedicado al transporte por carretera—. El proyecto, que consiste en generación de energía renovable mediante hidrógeno, fue presentado en 2023 como "la palanca definitiva de descarbonización de la movilidad en la Comunidad de Madrid" y obtuvo en 2024 una subvención de 7,4 millones de euros del programa CEF AFIF, dependiente de la Comisión Europea. La ayuda europea cubría la construcción de una planta de hidrógeno en Villanueva del Pardillo y cinco estaciones de repostaje en la Comunidad de Madrid.

Desde el anuncio de la subvención han transcurrido más de dos años. Las estaciones estaban previstas para 2025. En la fecha de esta publicación no consta inicio de obras de la planta, ni comunicación pública de las ubicaciones de las estaciones, ni cronograma actualizado del proyecto. Según el último informe de sostenibilidad de MRG, publicado el pasado junio, el proyecto ha sufrido "dificultades administrativas y operativas" y ha recibido una prórroga de la Unión Europea para extender el calendario. Consultados los tres socios del consorcio y el Ministerio de Transportes —este último hasta en cinco ocasiones entre mayo y julio—, infoLibre no ha recibido ninguna respuesta sobre el estado del proyecto ni la ejecución de los fondos.

Si todos los caminos societarios de MRG llevan a Pekín, la situación de Redexis no es muy distinta. Este grupo se presenta a sí mismo como "líder en el desarrollo de infraestructuras energéticas" en España. Se trata de una compañía especializada en infraestructuras de gas natural, "al tiempo que avanza en su consolidación como operador de referencia en el ámbito de los gases renovables", como el hidrógeno verde, al igual que sucede con MRG.

Redexis cuenta con un 8,2% de cuota de mercado por puntos de suministro de gas natural en España, una cifra algo inferior a la de Madrileña Red de Gas. Eso sí, su implantación en el territorio es más variada. Mientras MRG está centrada en la Comunidad de Madrid, Redexis, según sus propios números, tiene presencia en 929 municipios de 39 provincias distintas y suma un total de 772.906 puntos de suministro y 10.498 kilómetros de redes de distribución. De hecho, Redexis solo es distribuidora de gas natural en cinco municipios de Madrid —datos muy inferiores a los de MRG y Nedgia, la tercera distribuidora de la región—. Tiene más presencia en otras comunidades, como Aragón o Baleares. Presume de contar con 250 empleados directos en España y en los últimos años ha emprendido una apuesta por impulsar plantas de biometano, instalaciones que transforman residuos orgánicos en gas 100% renovable.

La compañía ha recibido cuantiosos préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el órgano financiero más importante de la UE. En 2015, obtuvo un crédito de 160 millones de euros —en condiciones ventajosas, según describió la empresa en su informe de resultados— y en 2018, otro de 125 millones. Ambos fueron concedidos antes de producirse la entrada de capital chino en la empresa, pero siguen vigentes. A día de hoy, según la información financiera de la compañía, Redexis debe al BEI más de 210 millones de euros, a pagar en tres tandas en 2036, 2039 y 2040. 

Redexis Energía SA, la actual empresa matriz del grupo, y, por tanto, el grupo Redexis al completo, pertenece a tres propietarios distintos a partes iguales: el fondo de pensiones danés Arbejdsmarkedets Tillægspension, Chase Gas Investments —una filial de Universities Superannuation Scheme (USS), el fondo de pensiones privado más grande del Reino Unido— y Guotong Romeo Holdings Limited. Los fondos danés y británico tenían un 49,9% de Redexis hasta 2018; el otro 50,1% era de Goldman Sachs a través de su fondo de inversión GSIP.

De hecho, Goldman Sachs, que había creado Redexis en 2010 tras comprar 800 millones de activos de Endesa, era quien controlaba el grupo. Cuando decide vender la empresa, su valoración ascendía a unos 3.000 millones de euros. En ese momento, Redexis pasa de estar dirigido por Goldman Sachs en solitario —aunque hubiera otros accionistas— a estar controlado a partes iguales por los dos fondos de pensiones y Guotong Romeo Holdings Limited, que se convierte en nuevo accionista con un tercio de Redexis.

En este último accionista está la clave. Guotong Romeo Holdings Limited es una "sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited", según explica Redexis. Lo que no menciona es que, una vez eliminadas todas las capas societarias, ambos fondos son propiedad del Gobierno y el sector público chino. 

Encontrar el corazón de la cebolla bajo todas las capas es una tarea intrincada: Guotong Romeo Holdings Limited es una sociedad constituida en Reino Unido que tiene como propietaria y empresa matriz a GXGT (Zhejiang) Investment Fund LLP, según consta en las cuentas anuales de ambas empresas. Por su parte, GXGT es propiedad al 49% de Carren Holdings Corporation Limited y al 51% de GXGT UK Holdings Corporation Limited. 

Carren Holdings está registrada en Hong Kong y pertenece a otra compañía del mismo país: CNIC Corporation Limited. Esta es propiedad al 90% de otra compañía hongkonesa —Compass Investment Company Limited— que, a su vez, pertenece a otra sociedad en este país —Pagoda Tree Investment Company Limited— que pertenece al 100% a SAFE. Así, tras toda la cadena de propiedad, el 90% de CNIC Corporation Limited resulta ser propiedad del Estado chino a través de SAFE. Pero tampoco se escapa el otro 10%. Esa décima parte de CNIC es propiedad de una compañía china llamada China Reform Holdings Corporation Ltd que pertenece directamente al Consejo de Estado de China, según una lista oficial de empresas propiedad del mismo. 

De nuevo, el camino acaba en el Gobierno de Pekín y, así, la parte de Guotong Romeo Holdings Limited perteneciente a CNIC Corporation Limited está totalmente controlada por el Estado chino. 

Pero no nos olvidemos del otro socio: el fondo Guoxin Guotong Fund LLT. A este le corresponde el 51% de GXGT LLP —dueña de Guotong Romeo Holdings Limited— a través de GXGT UK Holdings Corporation Limited. Esta compañía pertenece en un 99,99% a Guoxin Guotong Fund LLP, la que, a su vez, es propiedad de China Reform Holdings Corporation Limited, según la web de esta última. Y China Reform Holdings es propiedad directamente, de nuevo, del Consejo de Estado chino, que conocido también como Gobierno Popular Central, es, precisamente, el máximo órgano del poder ejecutivo del país.

La red societaria tras Redexis no es sencilla. Pero, como en el caso de MRG, un tercio de la empresa energética está en manos del Estado chino. Y no solo no se recoge en su documentación pública. Tampoco reparó en ello la CNMC en su informe del sector de 2024, en el que desentrañó el accionariado hasta llegar a Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, los socios de Guotong Romeo Holdings Limited que reconoce Redexis. Pero no fue más allá. En cambio, sobre el tercio de Chase Gas Investments Limited el regulador sí suele destacar que está controlado de forma indirecta por el megafondo de pensiones británico USS.

Redexis y Guotong Romeo tampoco avisaron a la CNMC cuando tuvieron oportunidad en 2018. Ese año se dio la operación de salida de Goldman Sachs y la entrada del dinero chino, así que el organismo regulador evaluó que el movimiento no supusiera un problema para la concentración en el sector. El organismo estudió el caso y aprobó la operación. De hecho, aseguró que el cambio de socios no suponía "una amenaza para la competencia efectiva en los mercados afectados".

Pero lo hizo en base a la información que tenía, aportada por la propia empresa: "Guoxin Guotong Fund LLP, constituido en Hangzhou, China, en el año 2016, es una sociedad comanditaria por acciones (limited partnership) que tiene como fin la inversión en infraestructuras y energías renovables, fabricación avanzada y/o tecnologías, industrias relacionadas con el sector sanitario y productos de consumo". El organismo encargado de preservar la transparencia y el buen funcionamiento de los mercados españoles también recogió que la sociedad, según había notificado, "no está controlada por ninguna entidad". La empresa no mencionó nada sobre cómo el rastro de sus sociedades acaba en manos del Estado chino.

Lo que sí reconocieron desde Guoxin Guotong es que por aquel entonces tenían una participación minoritaria en Urbaser SA, una empresa española que se encarga de la limpieza y gestión de residuos urbanos en municipios de todo el país. Ya no mantienen esa inversión, pero para llegar a la misma también había que recorrer todo un entramado de sociedades, desde la sociedad española hasta llegar a una compañía de Guoxin Guotong en China, pasando por jurisdicciones como Hong Kong. 

infoLibre ha preguntado a Redexis por la composición de su accionariado y sus vínculos con SAFE y el Consejo de Estado chino. La empresa ha respondido asegurando que cumple con todas sus obligaciones legales y que "actualmente Guotong Romeo Holdings Limited, sociedad participada por los fondos de inversión Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, ostenta el 33,33%" de la misma. Pero, de nuevo, omite cualquier mención a la propiedad del Estado chino tras Guoxin Guotong Fund LLT y CNIC Corporation Limited, a pesar de las preguntas directas de este medio a ese respecto. infoLibre ha hecho llegar el mismo tipo de consulta a Madrileña Red de Gas, pero esta directamente no ha contestado.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre "esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso", una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10% impuesto por Washington.

Los nuevos aranceles, anunciados por la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pretenden sustituir el arancel global temporal del 10% impuesto por Trump, que expira este viernes en la mañana, y representa una nueva fase en la guerra comercial impuesta por Trump desde abril de 2025.

Trump impuso un arancel temporal en febrero del 10%, después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de sus aranceles globales, con el parapeto lega de la llamada sección 301.

Los nuevos gravámenes establecen un arancel adicional del 10% para las importaciones procedentes de 17 economías y del 12,5% para otras, mientras que para algunos socios comerciales las tasas varían según el producto.

En América Latina, la medida afecta a Guatemala, Honduras y El Salvador, que afrontarán un arancel adicional del 10%. El texto también incluye México, aunque el Gobierno mexicano ha matizado que el 85% de sus exportaciones quedarán amparadas bajo el T-MEC, así que el impuesto se aplicará solo en las 15 % restantes.

A las 27 economías de la Unión Europea, la Administración Trump les impone un arancel conjunto del 10%. También figuran entre las economías afectadas India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Canadá, Reino Unido, aunque las tasas aplicables varían en algunos casos según el origen y el tipo de producto importado. En cambio, China, con aranceles superiores y específicos, no aparece en la nueva lista.

La medida deriva de investigaciones iniciadas por la oficina de Greer en marzo, bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense para determinar si las políticas y prácticas de esos países relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudican a trabajadores y empresas estadounidenses.

Tras las investigaciones y consultas con los Gobiernos afectados, la oficina de Greer determinó que las prácticas identificadas justifican la adopción de medidas comerciales.

La política arancelaria de Trump, uno de los ejes de su agenda económica desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, ha estado marcada por una disputa legal sobre el alcance de las facultades presidenciales para imponer gravámenes al comercio exterior.

Después de que el Tribunal Supremo anulara la mayor parte de sus aranceles globales, la Administración ha recurrido a otras herramientas legales, como la Sección 301, para mantener su estrategia comercial y aplicar nuevos gravámenes a las importaciones.

En el corazón de Bruselas, a pocas manzanas del barrio europeo, se levanta un moderno edificio de oficinas de casi 100 metros de altura —Covent Garden Building—que alberga numerosos servicios de la Comisión Europea. Otro enorme y vanguardista edificio de cristal, a diez minutos a pie de distancia, hace las veces de sede operativa de la Policía Federal belga. Ninguno de los inmuebles da ninguna pista a viandantes o trabajadores de que pertenecen en parte —en ambos casos, al 50%— a sociedades controladas por el banco central de la República Popular China.

El caso de Bruselas, el corazón de una Unión Europea (UE) cada vez más preocupada por su soberanía, es paradigmático pero está lejos de ser una anomalía. La Administración Estatal de Divisas de China (SAFE, por sus siglas en inglés), que opera como un organismo bajo el paraguas del banco central del propio país oriental, controla o participa en activos en al menos ocho Estados europeos. 

Así lo revela la investigación transnacional OpenLux, liderada por el consorcio de investigación periodística OCCRP —y realizada por decenas de medios internacionales, entre los que está infoLibre como medio en exclusiva en España—. Además de los dos edificios institucionales en Bruselas, la lista incluye varios activos de valor estratégico como tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un servicio de ferry entre la isla de Wight y la costa inglesa, una operadora de fibra óptica y centros de datos en Francia o centros logísticos en Polonia. 

Las participaciones del organismo público chino varían mucho dependiendo de la inversión concreta, desde un porcentaje minoritario del 1% hasta la propiedad al completo. En cualquier caso, en ciertos sectores, como el energético, la propia UE está preocupada por la inversión china y está estudiando la posibilidad de limitarla. 

"Estas inversiones están siendo analizadas por la Unión Europea porque se considera que la presencia china en sectores estratégicos puede resultar excesiva. China, por su parte, no abre su sector energético a la inversión extranjera al considerarlo estratégico, ya que es importante evitar dependencias excesivas, como demostró el caso de Alemania con el gas ruso", explica Alicia García-Herrero, investigadora sénior del centro de estudios económico Bruegel y profesora adjunta en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, a infoLibre.

SAFE no solo está optando por el sector energético. También cuenta con activos en España o incluso con inversiones inmobiliarias en otros países europeos. La institución china tiene parte de la propiedad, por ejemplo, del histórico Grand Hotel Krasnapolsky en Ámsterdam —usado con frecuencia por la Corona neerlandesa para recepciones de Estado—, varios inmuebles residenciales en el barrio rojo de la misma ciudad, oficinas y centros comerciales en el Reino Unido o residencias universitarias en varias ciudades británicas. 

Detrás de cada uno de esos activos hay una arquitectura societaria de tres o cuatro capas registradas en Luxemburgo. Todas esas cadenas —28 sociedades en total en Luxemburgo— culminan a su vez en empresas ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas, una jurisdicción cuyo registro mercantil impide conocer al titular real en estos casos.

Son doce las sociedades identificadas en el territorio caribeño; cada una controlando una porción del conjunto, y todas ellas actuando como agentes del brazo inversor del Banco Popular de China. Esa arquitectura es la que ha permitido a Pekín adquirir infraestructuras, inmuebles y participaciones en compañías europeas sin que su nombre aparezca públicamente asociado a las inversiones.

A diferencia de otros bancos centrales, que operan con cierta autonomía respecto a sus gobiernos, el Banco Popular de China opera bajo la dirección directa del Consejo de Estado y del Partido Comunista Chino. SAFE es la agencia responsable de gestionar los 3,4 billones (millones de millones) de dólares en reservas de divisas que acumula el Estado chino —las mayores del mundo— y convertirlos en activos internacionales: deuda soberana, acciones cotizadas, inmuebles e infraestructura.

"SAFE ha dedicado en los últimos tiempos esfuerzos considerables a enmascarar el tamaño de sus inversiones. Es evidente que la agencia quiere permanecer fuera del foco", afirma Brad Setser, investigador del think tank Council on Foreign Relations y ex subsecretario adjunto del Tesoro estadounidense. En total, infoLibre y los socios de OCCRP han identificado 28 sociedades luxemburguesas utilizadas por SAFE durante los últimos 14 años para adquirir participaciones en un abanico heterogéneo de activos europeos. La mayoría de esas sociedades no habían sido públicamente vinculadas al banco central chino hasta ahora.

Junto a los dos edificios institucionales de Bruselas, los activos con mayor peso estratégico identificados por el consorcio se concentran en el sector energético, los transportes y las telecomunicaciones.

En el capítulo energético, SAFE controla el 49% de tres grandes parques eólicos en Gales y las tierras altas escocesas, un porcentaje que la convierte en la mayor accionista del conjunto y le otorga capacidad de influencia relevante sobre la operación de esa capacidad de generación renovable en territorio británico.

En transporte, una de las sociedades caribeñas del entramado, Okra Gee Investment, posee, entre otros activos, el 10,63% del servicio de ferry que conecta la isla de Wight con la costa inglesa. Se trata de una participación minoritaria, pero simbólicamente reveladora del alcance del ecosistema inversor de SAFE: una conexión marítima cotidiana entre una isla británica de 140.000 habitantes y el puerto de Portsmouth —que linda con una de las principales bases navales del Reino Unido— figura, indirectamente, en el balance de activos del banco central chino.

En telecomunicaciones, el brazo inversor de Pekín mantiene, a través de un fondo de inversión luxemburgués, alrededor del 0,8% del capital de Vauban Infra Fibre, operadora francesa que despliega redes de banda ancha en zonas rurales y ha comenzado a operar centros de datos urbanos. Es una participación pequeña en términos porcentuales, pero se traduce en presencia en un sector de infraestructuras críticas.

El capítulo logístico se concentra en Polonia: nueve sociedades polacas utilizadas como vehículos de inversión por SAFE, a través de Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, figuran como titulares en más de 71 asientos del registro de la propiedad polaco. Cada uno de esos asientos cubre múltiples parcelas repartidas por el país, en las que se levantan centros logísticos y almacenes explotados por gigantes como Amazon y DPD. Ocho de las nueve sociedades comparten oficina en Varsovia.

En el sector inmobiliario, además del Krasnapolsky y de los inmuebles residenciales en el barrio rojo de Ámsterdam —canalizados a través de una sociedad denominada Limba Luxco 2 Sàrl, que posee el 50% del grupo hotelero—, SAFE mantiene participaciones en un edificio corporativo de doce plantas en el oeste de Londres, en los centros comerciales Cabot Circus de Bristol y Fosse Shopping Park de Leicester, y en residencias universitarias de varias ciudades británicas.

El primer hilo del que tirar vino de una investigación previa del diario belga De Tijd, socio de la investigación OpenLux, sobre la propiedad del edificio que alberga la sede de la Policía Federal belga. Aquel trabajo desveló que una sociedad registrada en Luxemburgo y controlada, a su vez, desde las Islas Vírgenes Británicas había hecho inversiones para SAFE, incluida la adquisición de esa sede. A partir de ahí, los periodistas de OCCRP, De Tijd, Le Monde, Follow the Money, FRONTSTORY.PL/VSquare e infoLibre replicaron el ejercicio: identificaron a los accionistas y administradores de aquella sociedad y descubrieron que las mismas personas ocupaban idénticas posiciones en al menos otras 27 sociedades luxemburguesas, la mayoría con la misma dirección postal en la capital del ducado, y todas propiedad última de sociedades caribeñas.

El siguiente paso consistió en cruzar los informes anuales presentados en Luxemburgo y en el Reino Unido, donde aparecieron menciones expresas a las sociedades caribeñas como agentes fiduciarios de SAFE. Los registros mercantiles y de la propiedad de los distintos países europeos permitieron después identificar los activos concretos adquiridos por esas sociedades interpuestas. En algunos casos hubo que deshacer cadenas societarias de múltiples capas.

Aunque las Islas Vírgenes Británicas han puesto en marcha recientemente un registro de beneficiarios reales, las sociedades participadas por entidades estatales o filiales del Estado quedan exentas de aportar esa información. Cuando OCCRP y los medios socios solicitaron formalmente los datos de titularidad de doce sociedades caribeñas identificadas en la trama, el sistema devolvió un mensaje de error en todos los casos.

El Parlamento Europeo y las agencias de inteligencia comunitarias han expresado en los últimos años inquietud por los riesgos de dependencia económica, espionaje y sabotaje asociados a la presencia china en infraestructuras críticas y sectores estratégicos del club comunitario.

"Está claro que las estructuras de propiedad ambiguas u ocultas, especialmente en sectores económicos o infraestructuras estratégicas, pueden suponer un riesgo enorme", advierte Engin Eroğlu, eurodiputado alemán del partido centrista Freie Wähler. "Ya sabemos por Estados Unidos que empresas chinas, algunas de ellas de propiedad estatal, adquieren específicamente terrenos junto a instalaciones militares. Un problema similar podría surgir en Europa si no obtenemos una visión clara de este enfoque no transparente".

Mario Esteban, profesor de estudios sobre Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, matiza que esas preocupaciones deben ser sopesadas con la necesidad de inversión china: "Tenemos que caminar por la línea fina que separa evitar la sobredependencia y demonizar toda inversión china; algunos de estos proyectos aportan valor real al país". Esteban advierte también de una tendencia general hacia la opacidad en la titularidad empresarial: "No es exclusivo de China. Hay una tendencia cada vez más generalizada hacia la opacidad por parte de los grandes inversores".

Mientras los grandes inversores procuran cubrir sus huellas, destaparlas resulta cada vez más difícil por la falta de coordinación entre los registros mercantiles europeos y el coste de acceder a la información. Una sentencia dictada en 2022 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que restringió el acceso público a los registros de titularidad real de las sociedades con el argumento de proteger la privacidad individual, ha agravado el problema, sostiene Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network: "Debemos temer al anonimato. Es mejor para todos saber quién es propietario de los inmuebles o de las infraestructuras críticas".

La preocupación se produce además en plena rivalidad entre Estados Unidos y China, con tensiones por Taiwán, el control de los semiconductores, las tierras raras, las tecnologías verdes, las telecomunicaciones y las rutas comerciales. La propia Comisión Europea advierte de que las potencias están utilizando cada vez más los aranceles, las dependencias económicas y otros instrumentos comerciales para alcanzar objetivos geopolíticos.

Si durante décadas Europa trató las inversiones y el comercio principalmente como cuestiones económicas, la guerra de Ucrania y la dependencia alemana del gas ruso mostraron que una relación comercial puede convertirse rápidamente en una vulnerabilidad estratégica. De ahí que la UE haya adoptado la idea de "reducir riesgos" —concepto conocido como de-risking, en inglés—. En la práctica: no romper sus vínculos con China, pero sí evitar dependencias excesivas en sectores imprescindibles.

Wang Huning es una figura clave de la política china desde hace décadas. Nacido en Shanghái en 1955, se formó como jurista y politólogo en la Universidad de Fudan, donde llegó a ser uno de los profesores más destacados de ciencia política de China durante la década de 1980. Sus investigaciones sobre el Estado, la modernización, la cultura política y la gobernanza llamaron la atención de la dirección del Partido Comunista (PCCh) en pleno proceso de reforma y apertura. En 1995 fue incorporado al Comité Central como asesor de política e investigación, iniciando una singular trayectoria como principal arquitecto teórico de tres generaciones del liderazgo: Jiang Zemin (1989-2002), Hu Jintao (2002-2012) y Xi Jinping (desde 2012).

A Wang se le atribuye, por ejemplo, una influencia decisiva en la elaboración de conceptos como la "triple representatividad", la "concepción científica del desarrollo" o, más recientemente, buena parte de la formulación doctrinal del "Pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era". Por tanto, ha desempeñado un papel central en la gestación intelectual del PCCh desde los años 80. Desde 2023 ocupa la presidencia de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, reafirmándose a la vez como el principal ideólogo del partido.

Wang Huning es un caso excepcional dentro de la élite china. Personifica el paso directo del mundo universitario al núcleo del poder sin haber desarrollado una carrera previa como responsable provincial o ministerial. Más que un formulador o gestor de políticas concretas, su función ha consistido en dotar de coherencia teórica a las grandes estrategias del partido, integrando tradición marxista, pensamiento político occidental y elementos de la civilización china.

Desde sus primeros escritos sostiene que la modernización requiere instituciones fuertes, estabilidad política, continuidad cultural y capacidad estatal, rechazando la idea de que modernización y occidentalización sean procesos equivalentes. Esa tesis constituye uno de los pilares fundamentales de la actual orientación estratégica china.

El año próximo, con motivo del XXI Congreso del PCCh previsto para otoño, con 72 años cumplidos, podría poner fin a su carrera política.

Li Shulei es, probablemente, el dirigente que más se aproxima a la condición de "sucesor" de Wang Huning como principal responsable del trabajo ideológico, si bien no desempeña exactamente el mismo papel ni posee, al menos por ahora, la misma autoridad intelectual. Si Wang es el indiscutible gran teórico del PCCh, Li es el principal muñidor de la política ideológica. La formación de ambos varía: en el caso de Wang es ciencia política, mientras que Li es literatura y teoría marxista. Se diría que Wang es el arquitecto doctrinal, mientras Li desarrolla e implementa ese ideario, enfatizando de forma destacada la relevancia de la educación ideológica.

Li Shulei nació en 1964, pertenece a una generación posterior. Se graduó en la Universidad de Pekín, donde destacó por sus estudios de literatura china clásica y teoría política. Muy joven ingresó en la Escuela Central del Partido, convirtiéndose en uno de los académicos más brillantes del sistema. A diferencia de Wang, nunca desarrolló una carrera universitaria "independiente". Toda su trayectoria ha transcurrido dentro de las instituciones del Partido.

Su promoción ha sido muy rápida, pasando, sucesivamente, de investigador de la Escuela Central a profesor, vicepresidente, vicepresidente ejecutivo (número dos), miembro del Comité Central, responsable provincial en Fujian, miembro del Buró Político desde 2022, y director del Departamento Central de Publicidad. Este último cargo es uno de los puestos ideológicos más importantes del partido.

Durante años, ambos, Wang y Li, trabajaron muy estrechamente hasta el punto de que a Li se le considera, en cierto modo, un discípulo político de Wang. Los dos comparten varias ideas nucleares que vertebran el pensamiento chino contemporáneo, desde la importancia de la cultura a la confianza en un Estado fuerte, el énfasis en la continuidad histórica, la centralidad del partido o la crítica del universalismo liberal.

Pero también existen diferencias. Wang es un politólogo y, probablemente, el mayor teórico político surgido en el PCCh desde los años 80. Li, por el contrario, es, ante todo, un hombre de cultura. Sus trabajos se centran más en el marxismo, la tradición cultural china, la educación, literatura, ética o los problemas relacionados con la construcción cultural. Wang representa la respuesta a la pregunta de cómo debe gobernarse una China moderna. Por su parte, Li parece representar otra distinta, la de cómo debe sostenerse una China ya modernizada y qué papel debe jugar la cultura como variable legitimadora. Sin renuncias al marxismo.

Li ocupa ya buena parte del espacio que Wang dejó libre cuando éste pasó a ejercer responsabilidades de mayor rango. Esta circunstancia podría afirmarle como el heredero natural. Por otra parte, tiene un reto realmente difícil de encarar si intentara igualar a Wang tras casi 30 años ejerciendo como el principal arquitecto conceptual de tres generaciones de dirigentes. Esa continuidad histórica es muy difícil de emular. Pero cuando China entra en un nuevo tiempo, la pertinencia de Li no ofrece muchas dudas. En este sentido, su promoción podría entenderse como un desplazamiento del protagonismo de la ciencia política hacia la civilización y la cultura.

Es un cambio sutil, pero importante. De hecho, en sus trayectorias, mientras Wang elaboró una original teoría sobre la relación entre Estado, modernización y legitimidad, Li ha puesto mucho más énfasis en la confianza cultural, la transmisión de los valores socialistas y la integración de la tradición china en la narrativa política contemporánea, en línea con el concepto de “segunda combinación” que promueve Xi Jinping. Son tópicos que irradian cada vez más la literatura del partido y que otorgan a Li un papel destacado en el desarrollo del componente ideológico de la nueva etapa sustentado en esa elevación de la dimensión cultural.

En cualquier caso, aunque Wang Huning, en el momento del XXI Congreso del PCCh (2027), tendrá 72 años, no se descarte que pueda continuar un segundo mandato al frente de la Conferencia Consultiva. Según la regla no escrita conocida como "67 asciende, 68 se retira", habría debido abandonar el Comité Permanente del Buró Político ya en 2022, cuando tenía 67 años, pero esa norma quedó claramente flexibilizada durante el XX Congreso (2022). De hecho, Xi Jinping mantuvo o promovió a dirigentes atendiendo más a criterios políticos que a esa convención del denguismo.

El año próximo, por tanto, cabría la posibilidad de una jubilación completa de Wang con el abandono del Comité Permanente y de la presidencia de la Conferencia Consultiva Política en marzo de 2028. Alternativamente, un segundo mandato le llevaría hasta 2032. Solo ocurriría si Xi estimara que Wang sigue siendo imprescindible como principal arquitecto doctrinal. Hay precedentes de dirigentes que permanecieron más tiempo del habitual por decisión política, aunque son excepcionales.

Sea como fuere, Wang Huning no es un dirigente "corriente". Su influencia no procede principalmente del cargo que ostenta, sino de su condición de muy respetado teórico. Es difícil encontrar otro dirigente con un nivel de continuidad comparable. En cualquier caso, su influencia doctrinal seguiría presente en buena parte de los conceptos que estructuran la política china contemporánea.

Pero si Wang se retirara en 2027 (del partido) y 2028 (de la presidencia de la Conferencia Consultiva), Li sería uno de los candidatos más naturales para asumir un mayor protagonismo en el trabajo ideológico, aunque probablemente con un perfil distinto, más centrado en el desarrollo de los parámetros establecidos por su predecesor y con un énfasis acrecentado en la educación ideológica y en la reinvención cultural y civilizacional de China como eje prioritario de legitimidad.

A mayores, su relevo simbolizaría también que el partido considera que su arquitectura teórica está ya no solo definida sino también consolidada, un dato no menor que marcará la evolución del liderazgo chino en los próximos años.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

Donald Trump volvió a utilizar este jueves la autoridad de la Casa Blanca para cuestionar la fiabilidad del sistema electoral estadounidense. En un discurso televisado de 25 minutos, el presidente denunció una supuesta interferencia china, alertó sobre las máquinas de votación y aseguró que cientos de miles de personas sin ciudadanía estadounidense figuran en los registros electorales.

Trump afirmó que su intención no era "debilitar la confianza" en los comicios, sino corregir rápidamente sus vulnerabilidades. Sin embargo, volvió a alimentar las sospechas sobre las elecciones de 2020, cuya derrota frente a Joe Biden continúa calificando de fraudulenta pese a que los tribunales, los recuentos y las auditorías no encontraron irregularidades capaces de cambiar el resultado.

El mandatario sostuvo que China había obtenido ilícitamente los datos de unos 220 millones de electores y que responsables de los servicios de inteligencia ocultaron la magnitud de la operación. La evaluación oficial elaborada en 2021 concluyó, en cambio, que ningún actor extranjero había alterado las inscripciones, las papeletas, el recuento o los resultados.

Trump aseguró que los sistemas electrónicos se encuentran en "mal estado" en numerosos territorios y anunció que el Departamento de Seguridad Nacional ofrecerá una comparecencia sobre las supuestas vulnerabilidades detectadas. También volvió a señalar a los estados demócratas y, especialmente, a California, cuyo recuento electoral describió como peor que el de cualquier país del "tercer mundo".

El presidente vinculó la lentitud del escrutinio californiano con el voto por correo, aunque no presentó pruebas de fraude. Entre el 80% y el 90% de los electores del estado utiliza esa modalidad y las papeletas enviadas dentro de plazo pueden recibirse durante los días posteriores a la votación. California certificó el 10 de julio sus primarias de junio, pero los vencedores de las principales contiendas se conocieron antes.

Trump ya había reforzado este discurso después de regresar a la Casa Blanca. En agosto de 2025 anunció que lideraría un movimiento para "acabar con las papeletas por correo" y con las máquinas de votación, que calificó de "inexactas, caras y controvertidas". También sostuvo que los estados eran meros "agentes" del Gobierno federal y debían cumplir las instrucciones del presidente en el recuento, pese a que la Constitución atribuye a los estados y al Congreso las principales competencias electorales. 

Trump recurrió además a documentos de la CIA sobre Venezuela para defender que las máquinas electorales pueden utilizarse para modificar digitalmente los resultados. El informe recopilaba información entre 2004 y 2020 y concluía que el Gobierno venezolano disponía de cierta capacidad para manipular sus propios sistemas de votación.

El documento, sin embargo, no demuestra que esas técnicas se utilizaran en Estados Unidos ni que Venezuela o la empresa Smartmatic alterasen las presidenciales de 2020. La propia información desclasificada señalaba que manipular los sistemas de tabulación a una escala suficiente para cambiar una elección resultaría difícil.

Trump ya había recuperado esta teoría tras las elecciones de 2024. En noviembre de 2025 difundió en su red social un contenido que atribuía a Venezuela una intervención en las presidenciales de 2020. Además, encargó a uno de sus asesores, el abogado Kurt Olsen, buscar pruebas de que las máquinas de Dominion habían sido infectadas con un código malicioso controlado desde Venezuela.

La Administración también examinó en 2025 máquinas de votación puertorriqueñas ante las sospechas de una posible interferencia venezolana. La investigación no halló pruebas claras de la participación de Caracas, aunque la Oficina de la directora nacional de Inteligencia afirmó haber detectado deficiencias técnicas y de ciberseguridad en los equipos.

El objetivo político más inmediato del discurso fue reclamar al Senado la aprobación de la denominada SAVE America Act. La iniciativa exigiría acreditar documentalmente la ciudadanía para inscribirse, imponer una identificación con fotografía para votar y restringir significativamente el sufragio por correo.

La norma ha superado varias veces la Cámara de Representantes gracias a la mayoría republicana, pero no reúne los 60 votos necesarios para vencer el bloqueo demócrata en el Senado. Sus detractores advierten de que la exigencia documental podría dificultar el voto de ciudadanos que carecen de pasaporte, no tienen acceso inmediato a su certificado de nacimiento o han cambiado legalmente de apellido.

Trump lleva meses presionando para ampliar el control federal sobre las elecciones. En febrero llegó a pedir a los republicanos que "nacionalizaran" y asumieran la gestión de la votación en al menos 15 lugares, una propuesta que recibió críticas también dentro de su partido por invadir las competencias de los estados.

Trump aseguró que una revisión del Departamento de Seguridad Nacional había localizado a unos 278.000 no ciudadanos inscritos para votar en cuatro estados. El presidente no explicó cuántas de esas personas habían depositado efectivamente una papeleta ni detalló el procedimiento empleado para identificar los casos.

El voto de personas sin ciudadanía ya está prohibido en las elecciones federales y los estudios disponibles indican que es excepcional. Además, los sistemas utilizados para revisar los censos han identificado erróneamente en ocasiones como extranjeros a ciudadanos naturalizados. Un análisis de Bipartisan Policy Center situó en apenas el 0,04% los registros considerados de no ciudadanos durante las revisiones estatales.

La asociación entre inmigración y fraude ya ocupó un lugar destacado en la campaña presidencial de 2024. En un mitin celebrado en Mason City, Iowa, poco antes de las primarias republicanas, Trump afirmó sin pruebas que los demócratas estaban facilitando la entrada de migrantes porque querían "inscribir a esta gente para votar". Durante los meses siguientes repitió este argumento y acusó a sus adversarios de permitir la inmigración irregular para ampliar su base electoral. 

Los grandes pasos marítimos del petróleo ya no se dividen entre importantes y secundarios, sino entre los que están bajo asedio, los que tienen dueño, los que están naciendo y los que sostienen todo el sistema.

Cuando los mercados temen un cierre en el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo se dispara en cuestión de horas. Lo hemos visto muy de cerca en todo 2026 La razón es bien conocida: por ese angosto paso del golfo Pérsico transita cerca del 20 % del crudo y el 25 % del gas natural licuado (GNL) que consume el mundo, según la Agencia Internacional de Energía. Pero fijarse sólo en Ormuz es leer solo una página del atlas y creer que se ha entendido el mundo.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) estima que el 76 % del petróleo mundial viaja por mar. Ese océano de crudo y gas no fluye libremente: se estrangula en una docena de pasos que concentran los flujos en espacios de pocos kilómetros, a veces de pocos cientos de metros. Lo interesante no es catalogarlos, sino entender que se dividen en cuatro familias con lógicas de riesgo muy distintas: los pasos clásicos que están bajo asedio, los que tienen dueño con nombre y apellidos, los que están naciendo ante nuestros ojos y los que sostienen silenciosamente todo el edificio.

Durante medio siglo, la seguridad de los cuatro grandes pasos del petróleo –el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el Índico; el canal de Suez, que sirve de paso entre el Mediterráneo y el mar Rojo; el de Bab el-Mandeb, entre el mar Rojo y el Índico, y el paso de Malaca, que conecta el Índico con el Pacífico– descansó sobre una premisa simple: ningún actor racional se atrevería a desafiar a la marina estadounidense. Esa premisa ha muerto entre 2023 y 2026, y su certificado de defunción se firmó en el mar Rojo.

En 2023, los hutíes atacaron desde la costa yemení los buques comerciales estadounidenses y británicos en tránsito por Bab el-Mandeb, como una declaración de apoyo a Hamás en la guerra contra Israel. Entonces, las milicias demostraron que un arsenal de drones y misiles baratos bastan para desviar el comercio mundial. No necesitaron hundir ninguna flota: la mera amenaza disparó los seguros marítimos y obligó a las navieras a rodear África, elevando los fletes entre un 200 y un 300 %, y alargando cada viaje entre 10 y 15 días.

Tras los ataques, el canal de Suez –con apenas 313 metros de ancho en sus tramos críticos y por el que transitan unos 12 millones de barriles diarios– vio evaporarse buena parte de su tráfico sin que nadie lo bloqueara físicamente. Las flotillas navales multinacionales desplegadas en la zona, analizadas en detalle por la propia EIA, no lograron restaurar la confianza: la disuasión clásica no funciona contra quien no tiene nada que perder.

La misma lección se proyecta sobre los dos gigantes asiáticos del mapa. Ormuz mueve unos 20 millones de barriles diarios pero Malaca lo supera: 23,2 millones de barriles diarios en el primer semestre de 2025, el 29 % de todo el comercio marítimo mundial de petróleo, apretados en un pasaje de 2,5 kilómetros entre Malasia e Indonesia.

China importa por esa vía cerca del 80 % de su crudo y esa enorme dependencia genera el llamado “dilema de Malaca”.

Otro tipo de riesgo está en los pasos controlados por un Estado concreto que puede –legalmente o de facto– condicionar el tránsito de terceros. Esta presión es menos espectacular que un ataque con drones, pero sus efectos pueden ser igual de profundos.

Un caso de manual son los estrechos turcos. La convención de Montreux de 1936 dio a Turquía las llaves del Bósforo y los Dardanelos, únicos accesos al mar Negro, por donde sale el crudo kazajo y ruso hacia el Mediterráneo.

Tras la invasión de Ucrania, Ankara aplicó Montreux con un doble rasero: cerró el paso a los buques de guerra pero lo mantuvo abierto a los petroleros rusos con crudo barato. El estrecho se convirtió en moneda de cambio de la política exterior turca y Europa descubrió que una de sus arterias de importación dependía de la buena voluntad de un socio indispensable e imprevisible.

Menos conocidos son los estrechos daneses –Gran Belt, Pequeño Belt y Øresund–, única salida del Báltico al Atlántico. Por ellos salía alrededor de un tercio de las exportaciones marítimas rusas de crudo, antes de las sanciones económicas a Rusia por la guerra de Ucrania. Aquí no hay Montreux: Dinamarca no puede negar el paso inocente que estipula el derecho marítimo, por el que los barcos de todos los Estados pueden navegar por el mar territorial de otro, siempre que se trate de un paso rápido y sin detenciones. Pero la geografía impone su propio peaje: el Øresund apenas alcanza 8 metros de calado en algunos puntos, lo que veta a los superpetroleros y obliga a Rusia a usar buques más pequeños y costosos.

A esta familia también pertenecen Gibraltar, 14 kilómetros entre Europa y África, y puerta del GNL atlántico hacia el Mediterráneo, y el canal de Panamá, que conecta las costas atlánticas y pacíficas del continente americano y da salida al GNL texano hacia Asia. Panamá añade una vuelta de tuerca: el clima se está convirtiendo en su dueño efectivo. La sequía de 2023-24 en la cuenca del lago Gatún redujo el calado, impuso colas de semanas y demostró que la infraestructura más sofisticada puede ser rehén del ciclo hidrológico. La retórica de la administración Trump sobre “recuperar el canal” hizo el resto: hasta los pasos más institucionalizados vuelven a estar en el mercado de la geopolítica.

La tercera familia no aparece en los manuales clásicos de seguridad energética porque está naciendo ahora mismo. Son los corredores que el cambio climático, la transición energética y la rivalidad entre China y EE. UU. están dibujando sobre el mapa.

El más literal es el Ártico. El deshielo está convirtiendo la Ruta del Mar del Norte, a lo largo de la costa siberiana, en una autopista estacional que podría operar todo el año hacia mediados de siglo, recortando 7 000 kilómetros entre Rotterdam y Shanghai. Rusia lleva una década preparándose con rompehielos nucleares, nuevos puertos y bases militares en la zona, mientras que en su flanco occidental está Groenlandia, con sus tierras raras y su posición dominante, lo que explica el insistente interés de Washington por la isla.Justo debajo, el GIUK Gap (el pasillo entre Groenlandia, Islandia y Reino Unido), que fue la línea antisubmarina de la Guerra Fría, se prepara para una segunda vida como corredor logístico vigilado.

En el otro extremo térmico del planeta, el canal de Mozambique se perfila como la arteria del gas africano: los yacimientos de Mozambique y Tanzania, entre los diez mayores del mundo, empezarán a exportar GNL a gran escala en la segunda mitad de la década, y sus metaneros tendrán que pasar entre la costa africana y Madagascar.

El corredor emergente más inestable no es nuevo en el mapa, sino en su significado: el estrecho de Taiwán. Por sus aguas transitan los petroleros y metaneros que abastecen a Japón, Corea del Sur y el norte de China. Pero también los semiconductores que alimentan la industria mundial y los cables submarinos que sostienen internet. Un conflicto en Taiwán no sería solo un shock energético sino también industrial y digital simultáneo, sin precedente histórico con el que compararlo. Es el único paso del mapa cuyo cierre no admite ruta alternativa que valga.

Queda una última familia, la menos visible: las piezas que no mueven barriles pero hacen posible que los demás los muevan. Son el seguro del sistema, y como todo seguro, sólo se aprecia cuando hay siniestro:

Leído así, el mapa de los cuellos de botella (chokepoints) es un mapa de poder. Para los importadores netos de combustibles fósiles, la lección es que diversificar fuentes sin diversificar rutas es hacer la mitad del trabajo: depender de un único corredor equivale a firmar un pagaré geopolítico con vencimiento impreciso.

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Enrique Parra Iglesias. Profesor Titular de la Universidad de Alcalá. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Vivimos un peligro que quizá no sentimos más que los que conocimos de cerca el fascismo, pero este peligro existe con una batalla emprendida sin rubor contra Pedro Sánchez. Su único pecado, según ellos, es querer hacer de España un país real, con catalanes, vascos, homosexuales e inmigrantes, porque para emigrantes ya tuvimos dos millones creados por ellos. Y para colmo crea una amnistía en contra de aquellos cuya religión le dicta el amor al prójimo, pero ellos solo odian a casi todo.

Y creo que no hay que tomar a broma lo que está pasando, que empezó con un juez, Baltasar Garzón, se persiguió a su actual esposa Dolores Delgado con altos poderes judiciales y se eliminó a Ruz y muchos otros que eran un estorbo para un plan de togas muy preconcebido. No sé si quizá por Aznar en su fase primaria, pero desarrollado en el tiempo con una ayuda actual definitiva en Trump que quiere eliminar Europa y sus valores, siendo aquí el trampolín para ello, ya que Madrid es el centro del fascismo europeo. Aquel fascismo que celebró la batalla en Leningrado con aquella Séptima sinfonía de Shostakovich, interpretada por una orquesta diezmada y hambrienta en la lucha. Luego llegó aquella Novena de Beethoven en la Puerta de Brandeburgo con Barenboim a la cabeza, por cierto, judío y amigo de palestinos con su orquesta del Diván, que celebraba el fin del comunismo leninista con el muro de Berlín destrozado. Estos son los símbolos que le duelen al fascismo actual renovado, pero capaces de todo a través de una lucha primaria en Madrid contra un presidente que además es líder, y lo saben. 

Es el momento de que Europa se defina, que se acuerden de aquella decisión de Merkel de separar a la derecha real del fascismo y que se prepare para esta nueva batalla, de momento sin tanques. Pero hay que acordarse de que hoy Putin no representa a la otra cara del poder como en su día fue Rusia. Putin está hoy dispuesto a ser íntimo de Trump con beneficio propio en un tiempo en que el dinero ha barrido las ideologías y China esperando que pase la ola. Porque los que mandan de verdad son Elon Musk y sus amigos. Por eso, quizá a la derecha le da igual tener a un líder que es una pena, porque puede que ya tengan preparado a su sucesor o sucesora para el futuro gobierno. Y quizá no sea ni Ayuso, que es como Feijóo en inteligencia, pero es triste pensar un gobierno con Aldama de ministro de algo. ¿Y si volviera Aznar y hasta Felipe…?

Y mientras aquí aguantando que en la izquierda se insulten entre ellos, como hace Belarra, porque todos quieren ser Pedro, pero actuando así yo solo pensaría en un Pedro presidente con varios ministros actuales con Rufián y Delgado incluidos. Acabo porque quizá yo también esté escribiendo tonterías…

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Cesar Moya Villasante es socio de infoLibre.

Si Donald Trump pretendía llegar a la cumbre con Xi Jinping exhibiendo la derrota estratégica de Irán y el debilitamiento de uno de los principales socios de China en Oriente Medio, difícilmente podría haberle salido peor la jugada. El desenlace del conflicto no solo ha preservado al régimen iraní, sino que ha puesto de relieve algunas de las fortalezas que distinguen la aproximación china a la región.

Irán constituye una pieza esencial de la presencia china en Oriente Medio. Más allá de su importancia energética, forma parte de una red de relaciones que Beijing ha ido tejiendo pacientemente durante años sobre la base de la cooperación económica, la conectividad y la no injerencia. Esa estrategia, aparentemente limitada al terreno comercial, ha terminado generando una influencia política nada desdeñable.

La paz alcanzada tiene un origen inmediato en la mediación pakistaní, pero resulta difícil desvincularla de la iniciativa de cinco puntos presentada conjuntamente por China y Pakistán el pasado 31 de marzo, basada en el alto el fuego, la apertura de negociaciones, la protección de las infraestructuras civiles y la restauración de la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz. Aunque Beijing evitó situarse en primera línea, su peso diplomático estuvo presente en todo el proceso.

La guerra también ha dejado una enseñanza incómoda para los países del Golfo. Durante décadas, la presencia militar estadounidense fue presentada como la principal garantía de estabilidad regional. Sin embargo, el conflicto mostró el reverso de esa lógica pues las bases norteamericanas se convirtieron en potenciales objetivos de represalia y la interrupción del tráfico en el Estrecho de Ormuz puso en riesgo los intereses económicos de todos los Estados de la zona.

La consecuencia más importante puede ser política. La imagen de Estados Unidos ha sufrido un desgaste apreciable mientras que China emerge asociada a los esfuerzos de mediación y a la búsqueda de una salida negociada. Para las monarquías del Golfo, cada vez resulta más evidente que la seguridad regional no puede descansar exclusivamente en la protección militar estadounidense y que conviene diversificar alianzas y equilibrios.

Paradójicamente, Washington pudo haber contribuido a resolver uno de los problemas estratégicos que afrontaba Beijing. Desde el inicio de la guerra de Gaza, China había quedado en una posición delicada. Su apoyo histórico a la causa palestina contrastaba con su limitada capacidad para influir sobre los acontecimientos, mientras Israel parecía ampliar su margen de actuación sin encontrar contrapesos efectivos. El conflicto con Irán alteró esa dinámica y devolvió protagonismo a las iniciativas diplomáticas impulsadas desde Asia.

En realidad, detrás de la ofensiva estadounidense e israelí subyacía también el propósito de contener la creciente influencia china en Oriente Medio. No debe olvidarse que Beijing había logrado algunos éxitos diplomáticos significativos en los últimos años, desde la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán hasta los intentos de aproximación entre las distintas facciones palestinas. La consolidación de China como actor político regional comenzaba a desafiar un espacio tradicionalmente dominado por Washington.

Lo ocurrido refuerza, además, una narrativa que Beijing lleva años promoviendo al insistir en que los problemas de Oriente Medio no tienen solución militar duradera. La guerra ha demostrado, una vez más, que la fuerza puede alterar temporalmente los equilibrios, pero difícilmente resuelve las causas profundas de los conflictos. La negociación, el desarrollo económico y la construcción de consensos siguen siendo las herramientas más eficaces para alcanzar una estabilidad sostenible. Es el contraste entre la “paz mediante la fuerza” de Trump y la “paz mediante el desarrollo” que reivindica Beijing.

Si el objetivo era debilitar la influencia china en Oriente Medio, el resultado parece haber sido el contrario. La guerra ha vuelto a demostrar que Washington sigue siendo indispensable para desencadenar conflictos, pero cada vez menos para resolverlos. Y es precisamente en ese espacio, el de la reconstrucción diplomática posterior, donde China encuentra hoy las mejores oportunidades para ampliar su influencia.

Washington sigue siendo la potencia indispensable para hacer la guerra; Beijing aspira a convertirse en la potencia indispensable para gestionar la paz. La verdadera disputa estratégica en Oriente Medio ya no gira únicamente en torno al poder militar, sino alrededor de quién ofrece un orden regional más viable para el futuro.

Desde esa perspectiva, China sale fortalecida. No porque haya sustituido a Estados Unidos como potencia dominante en la región, algo que aún está lejos de suceder, sino porque su fórmula de "paz y desarrollo" aparece hoy más alineada con las necesidades y preocupaciones de unos actores regionales cansados de guerras interminables y cada vez más interesados en la estabilidad como condición indispensable para su prosperidad.

China no ha ganado necesariamente poder directo, pero sí algo quizá más importante a largo plazo: legitimidad como actor diplomático. Y en Oriente Medio, donde la influencia suele medirse tanto por la capacidad de mediar como por la de proyectar fuerza, ese puede ser un activo estratégico de enorme valor.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

Quizá tenga un imán que no sé explicarme. Intento alejarme de ellas, pero me vuelven a los ojos. Quizá, también, tiene que ver algo una nostalgia equivocada por ese siglo XX ya extinto en que muchos nacimos. Un intento por entenderlo desde algún lugar de todos sus lugares posibles. Su violencia, su eco persistente, sus dictaduras, el sustrato del que partió hacia la Historia rompiéndola en dos.

Hace un mes, al bajar de un taxi en Coyoacán, Ciudad de México, nos dimos cuenta de que estábamos frente a la que había sido la casa de Trotski. Por qué no entrar. En esa casa de la calle Viena, de ventanas tapiadas por seguridad entonces, garitas de vigilancia en sus muros, con los agujeros en la pared por los disparos de un intento anterior, fue asesinado Liev Davidovich, Trotski, por el español Ramón Mercader, en agosto de 1940. Mercader se metió en su despacho y le clavó un piolet en el cráneo. Así terminaba la vida del dirigente político, escritor y filósofo ruso, figura clave de las revoluciones de 1905 y de octubre de 1917, lejos de la URSS, en México, donde vivía en el exilio gracias a la invitación que propiciaron Frida Kahlo y Diego Rivera, tras ser desterrado a Siberia primero, expatriado después, por oponerse a la dictadura de Stalin.

Laura Ramos, escritora y periodista argentina, ha escrito un libro que se titula Mi niñera de la KGB (Lumen, 2026) y donde recuerda la vida de África de las Heras, una de las mejores agentes internacionales que tuvo la KGB. Lo presentamos hace unos días en Madrid. África, María Luisa, Yvonne, Maya, Patricia, la camarada Patria, había nacido en Ceuta en 1909 en una familia de militares y murió en la URSS en 1988, condecorada por los soviéticos y con rango de coronel. Había dedicado su vida a ser espía. Fue en Montevideo, en los años sesenta, cuando la escritora conoció a esta mujer, cuya tapadera era ser modista y niñera en Uruguay. Donde se casó con el escritor Felisberto Hernández, donde envenenó a su segundo marido, otro espía, y desde donde conseguía documentación para los agentes rusos. Y fue hace menos de diez años cuando Laura descubrió su verdadera identidad y emprendió la búsqueda de sus pasos por todo ese siglo pasado que ella ve, me dice, en blanco y negro. Dicen que “nuestra María Luisa”, como ella la llama, participó en el asesinato de Trotski. Que formó parte del secretariado del ruso y trazó los planos de la casa para que Mercader culminara los planes de Stalin.

No sé ya por qué quería leer El hombre que amaba a los perros. A veces, da igual de qué vayan las novelas, su trama, importa cómo nos las cuentan, y este libro está escrito en estado de gracia absoluto, debe ser un clásico contemporáneo. Pero da la casualidad de que habla de ellos: de Mercader, de Trotski, de un periodista en La Habana, incluso aparece en sus páginas María Luisa, la niñera de Laura. Cuenta Padura que se le ocurrió esta novela visitando la casa de Coyoacán. No sé si se cerrará mi círculo con esta historia que se ha colado en los últimos días de mi primavera. Supongo que no, que seguirá llegando a mis manos sin planearlo, poniendo orden o verdad en unas biografías perdidas.

Llueve hoy en Beijing. Cae una lluvia floja que se suspende en el aire y cuesta respirar. Cae el agua sobre la estatua de Mao, sobre las avenidas infinitas y una niebla densa difumina el final de los edificios altos de la ciudad. Arrastro un jet lag en sentido inverso a mi experiencia y no sé cómo manejarlo. Solo quiero volver al hotel, encerrarme a terminar esa novela de Padura y emprender otra que me ayude a transitar por esta galaxia nueva para mí, la China del siglo XXI. Será el mejor de los tiempos, será el peor de los tiempos. No lo sabemos. Pero alguien nos lo contará.

No habrá sanciones a los productos procedentes de los asentamientos israelís ilegales ni tampoco un nuevo régimen de herramientas de coerción comercial contra China. Los 27 se dividen en bandos sobre la política migratoria y a Antonio Costa, presidente del Consejo, le llueven críticas de varios líderes por abrir canales de comunicación con el Kremlin.

La última Cumbre Europea antes del parón de vacaciones estivales evidenció los intereses contrapuestos, las distintas percepciones políticas y las varias velocidades existentes entre los Estados miembros de la Unión. Una Cumbre destinada a discutir los retos económicos, geopolíticos y el futuro presupuesto de la UE donde saltaron chispas dentro de la sala y fuera de ella.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, echaron un jarro de agua fría al contacto diplomático del gabinete de Costa con representantes de Vladimir Putin para abrir una vía de diálogo para cuando termine la guerra en Ucrania. Criticaron el movimiento porque el político portugués no puede actuar entre Kiev y Moscú como un mediador pese a su cargo y privilegiaron las recientes conversaciones de sus Gobiernos junto al del Reino Unido con el Kremlin. Polonia e Italia criticaron ser excluidas mientras otros líderes, como el irlandés o el belga, sí validaban el movimiento de Costa.

Para España, según las fuentes consultadas, se trata de “una toma de contacto inicial que no plantea ningún problema” y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cercano a Costa, también se posicionó a favor asegurando tras la Cumbre que “es abrir un canal diplomático, simplemente, no negociaciones, un matiz importante” al tiempo que calificaba como “necesario” lo hecho por el equipo del presidente del Consejo. Mientras, otros, como el primer ministro estonio, Kristen Michael, se enfadaban. El líder de Estonia llegó a afirmar que “sugerir que canales alternativos o la diplomacia por la puerta de atrás son necesarios es equivocado”. La división europea quedó expuesta públicamente para ser escrutada por el Kremlin, Washington o Pekín.

Dos puntos clave centraban la agenda del jueves y el viernes: la situación en Oriente Medio y el reto de la competencia de China. Hubo una discusión sobre “los esfuerzos puestos en marcha para fortalecer la competitividad y la autonomía estratégica de la UE” dentro de un “debate estratégico sobre la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos”.

Cada vez son más los países que piden un endurecimiento de la posición de Bruselas ante los desequilibrios que genera la relación comercial con China. Entre las medidas que se discuten figura la posibilidad de imponer tarifas a determinados productos importados desde ese país para corregir un déficit comercial que alcanzó los 360.000 millones de euros el año pasado y que rozó los 100.000 millones solo en el primer trimestre de este ejercicio. Un problema que ya afecta a todos los Estados miembros, incluida Alemania. “Con todos nuestros grandes socios el diálogo debe ofrecer resultados y cuando no los producen debemos mirar a nuestros instrumentos, ahí es donde está ahora la discusión”, reconoce una fuente europea. 

El debate no está maduro, no hay unanimidad entre los 27 sobre cómo atajar los desequilibrios que produce China en la economía europea, por mucho que Francia presione en favor de una guerra comercial y arrastre a parte de los socios en un bando ya calificado como “beligerante”. Aunque el propio presidente Antonio Costa habló al finalizar la Cumbre de la necesidad de “desarrollar y eventualmente complementar los instrumentos en el área de la defensa comercial y de la política industrial” y “reducir los riesgos de sus relaciones económicas”, la realidad es que no se pactó un llamamiento a la Comisión para que trabaje en futuras medidas que condujesen a sanciones o tarifas.

España es uno de los países que más apuesta por el diálogo con China y no la confrontación. Lo explica una fuente diplomática, que no ve urgente o prioritario avanzar en nuevos instrumentos de coerción ante China. Y lo dijo en público el presidente Pedro Sánchez con un elocuente “necesitamos amigos, necesitamos relaciones equilibradas, necesitamos ser pragmáticos y tender puentes”. España es uno de los países que frenó la confrontación gala dentro de la reunión.

Un freno semejante al que impone un grupo de unos siete socios liderados por Alemania, donde también están Austria o Hungría, pese al cambio de Gobierno, para endurecer la posición de la UE contra Israel. De la Cumbre no salieron nuevas sanciones a los ministros que están incitando a la violencia contra la población palestina o a la ocupación del sur del Líbano. Tampoco la prohibición de que a territorio comunitario lleguen los productos procedentes de los asentamientos ilegales, o una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel.

Durante la Cumbre saltó la polémica sobre un supuesto enfrentamiento entre la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente Sánchez, a cuenta de la política migratoria. La italiana reprochó al español la reciente regularización decretada por el Gobierno asegurando que “afecta a los vecinos”. La caracterización aparecida en cierta prensa bruselense y posteriormente en la italiana fue desmentida por fuentes diplomáticas españolas.

Una fuente diplomática ajena a ambos países y conocedora del debate interno dentro de la sala del Consejo, desmiente para infoLibre que hubiese una fuerte discusión, pero sí reconoce un debate sobre líderes que son verdaderos políticos. Desde Moncloa también hablan de un debate con diferentes posiciones pero sin llegar al enfrentamiento personal.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, celebró la reciente aprobación de las normas de deportaciones en la Eurocámara y demandó –confirma la fuente diplomática– la celebración entre los líderes de los 27 de un debate estratégico sobre la política migratoria de la UE. Ahí fue donde Pedro Sánchez tomó la palabra para rechazar de nuevo los centros de expulsión y poner en valor la reducción de las llegadas irregulares gracias a acuerdos de colaboración con los países de origen o tránsito, rechazando la importancia de una reunión centrada en cuestiones migratorias. Meloni argumentó que sí es necesaria ante las implicaciones que para el resto de socios pueden tener decisiones como la reciente regularización española.

En la discusión, según pudo saber este medio, también participaron líderes como el canciller alemán o el nuevo primer ministro húngaro. Sin embargo, Friedrich Merz, a diferencia de Peter Magyar, no está entre los 19 dirigentes que durante la Cumbre firmaron una carta dirigida a las presidencias de la Comisión y del Consejo exigiendo “mostrar resultados concretos que ofrezcan una diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países lo antes posible”. España, Francia, Portugal, Irlanda o Luxemburgo se desmarcan de este endurecimiento migratorio del que se vanaglorian Dinamarca e Italia por haber “redefinido la conversación europea sobre migración”.

La importancia de esta cuestión es creciente en el debate europeo. No sólo quedó reflejada esta pasada semana con la aprobación definitiva del Reglamento de Retornos en el Parlamento Europeo. De la Cumbre sale una petición formal para que los 27 “mantengan una discusión estratégica sobre migración en su reunión de octubre”, demanda que no estaba inicialmente en los borradores de conclusiones como pudo comprobar infoLibre. La UE partidaria del endurecimiento migratorio es cada vez más visible.

La cumbre del G7 que se celebra estos días en Évian, Francia, vuelve a poner de manifiesto una contradicción cada vez más evidente en la gobernanza global contemporánea. El grupo reúne a algunas de las economías más desarrolladas del planeta y continúa ejerciendo una influencia notable en ámbitos financieros, tecnológicos y estratégicos. Sin embargo, representa hoy menos del 10% de la población mundial y su peso relativo en la economía global disminuye año tras año.

Hace apenas una década, los miembros del G7 concentraban en torno al 55% del PIB mundial nominal. En la actualidad, esa cuota se sitúa alrededor del 40-45% y sigue descendiendo conforme ganan protagonismo las economías emergentes, especialmente en Asia. Si se toma el PIB en paridad de poder adquisitivo (PPA), la caída es aún más pronunciada: de alrededor del 40% hace una década a menos del 30% en la actualidad. El PIB de China supera ya al de la mayoría de países del G7.

No se trata de un colapso ni de una pérdida súbita de relevancia, sino de una transformación estructural del equilibrio internacional que cuestiona la capacidad de cualquier bloque reducido para presentarse como directorio natural de los asuntos mundiales.

La relación con China constituye probablemente la mejor expresión de esa realidad. Pekín nunca ha formado parte del grupo y sus contactos con este han sido limitados y circunstanciales. La única participación de un líder chino en una cumbre de este formato tuvo lugar en 2009, cuando Hu Jintao asistió a la reunión de L'Aquila, en Italia, y se vio obligado a abandonarla anticipadamente debido a la grave crisis desatada en Xinjiang. Desde entonces, las relaciones han transitado por una senda cada vez más compleja, marcada por la competencia estratégica y la creciente desconfianza mutua.

La videoconferencia prevista durante esta cumbre con dirigentes chinos difícilmente alterará esa dinámica. Las diferencias son demasiado profundas. Para los países del G7, China sigue siendo el principal desafío económico y tecnológico del momento. De ahí que en la agenda vuelvan a ocupar un lugar destacado cuestiones como los denominados desequilibrios comerciales, el exceso de capacidad industrial, la seguridad de las cadenas de suministro, las alianzas sobre minerales críticos o las estrategias de reducción de riesgos.

Visto desde Pekín, sin embargo, esas preocupaciones reflejan la recurrente tendencia a convertir a China en el denominador común de las discrepancias internas del bloque liberal occidental. Cuando las diferencias entre los propios miembros dificultan la elaboración de consensos sólidos, la crítica a China aparece con frecuencia como el terreno más cómodo para proyectar una imagen de unidad política.

La percepción china del G7 es igualmente crítica. Las autoridades y numerosos analistas del país consideran que el grupo padece una creciente desconexión respecto a la realidad internacional. A su juicio, persisten las fricciones entre sus miembros, la confianza europea en el liderazgo estadounidense atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas y las dificultades para alcanzar posiciones comunes son cada vez más visibles. El resultado sería una organización que conserva influencia, pero cuya capacidad para marcar la agenda global se encuentra muy lejos de la que tuvo en otros tiempos.

Desde esta perspectiva, el G7 estaría atrapado en una cierta ilusión de liderazgo. Sigue siendo un actor importante, pero ya no el centro indiscutible del sistema internacional. Sus decisiones continúan siendo observadas, aunque con una capacidad de atracción y de impacto considerablemente menor que en el pasado. El mundo que vio nacer al grupo en la década de 1970 ha desaparecido, sustituido por una realidad mucho más compleja, diversificada y competitiva.

La cuestión de fondo trasciende, en realidad, las relaciones entre China y el G7. Los desafíos contemporáneos —desde el cambio climático hasta la transición energética, desde la gobernanza de la inteligencia artificial hasta la estabilidad financiera internacional— han superado ampliamente la capacidad de cualquier mecanismo de círculo reducido. Ningún grupo que represente una fracción minoritaria de la humanidad puede aspirar por sí solo a proporcionar respuestas eficaces a problemas de naturaleza global.

Por ello, el verdadero debate no gira en torno a la supervivencia del G7, sino a su adaptación. La clave es la insuficiencia de un foro nacido en otro contexto histórico para abarcar la complejidad del mundo actual. En ese nuevo escenario, la influencia dependerá menos de la capacidad para reunir a los países más ricos y más de la habilidad para incorporar a los actores emergentes a mecanismos de gobernanza verdaderamente representativos. La multipolaridad ya no constituye una hipótesis de futuro, sino una realidad en construcción. La pregunta es si el G7 está dispuesto a asumir esa transición o si seguirá actuando como si el mundo continuara siendo el de hace medio siglo.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

La petición formal de la empresa china SAIC Motor de instalarse en Ferrol y As Pontes para crear un gran polo logístico de montaje y distribución de sus coches en Europa, y la declaración de la iniciativa como proyecto industrial estratégico (PIA) por parte de la Xunta, abre nuevas expectativas industriales en Ferrolterra y en todo el norte gallego, castigado desde hace años por la desindustrialización, unas comunicaciones precarias, el abandono o una importante crisis demográfica.

La apuesta del gigante asiático de la automoción consolida el camino de la recuperación que emprendió el naval tras los duros efectos de la crisis de 2008 y la frustración por el fracaso de Pemex, y abre otra vía para la comarca vecina del Eume, donde el inexorable fin del carbón vació de empleo y actividad las antiguas instalaciones de la central térmica de Endesa.

La llegada del gigante asiático a Galicia profundiza en la apuesta por la diversificación, la economía verde, la menor dependencia de combustibles fósiles y la movilidad sostenible que impulsa la UE. Una fábrica de coches eléctricos con base principal en el puerto exterior de Ferrol que podría abastecerse en parte con la instalación solar fotovoltaica para autoconsumo prevista, a la que la Xunta acaba de dar su visto bueno ambiental.

Será en el mismo lugar donde hasta hace poco Endesa recibía, a través de enormes buques, miles de toneladas de carbón que se almacenaban en el muelle para luego ser quemadas en la central térmica de As Pontes. Una instalación que fue la industria de mayor impacto climático de Galicia, la más contaminante del Estado durante años y una de las que más contribuyó al calentamiento global en Europa. Uno de los mayores focos emisores de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero.

El cierre de la térmica levantó un abanico de ideas, promesas y proyectos. Algunos de ellos, como la bioplanta de fibra reciclada que lidera Ence, tiene previsto comenzar a operar el próximo año, mientras que Endesa propuso también la instalación de varios nuevos parques eólicos o de instalaciones fotovoltaicas. La idea es que As Pontes sea ahora también base del centro industrial y logístico de SAIC y punto clave de la infraestructura del gigante chino en Galicia, una iniciativa que parece encarrilada salvo sorpresa.

El otro, el principal, estará en Ferrol, donde MG —una de las principales marcas del grupo de automoción— prevé una planta “que integrará investigación y desarrollo de vehículos, fabricación avanzada, suministro de componentes clave y operaciones logísticas inteligentes, configurando un ecosistema industrial totalmente conectado de principio a fin”.

La ciudad departamental y su entorno —y por extensión todo el norte gallego— reciben así un nuevo impulso después de que los astilleros de Navantia se recuperasen de la crisis que trajo la sufrida en 2008. Los nuevos y abundantes encargos llegaron por la vía de la especialización en buques militares de alta tecnología, con importante carga de trabajo por la construcción de las nuevas fragatas F-110 y otros buques, tanto del Estado como de otros países.

La buena salud en los astilleros contrasta con la situación de crisis que vivían cuando en 2012 la Xunta anunciaba y apadrinaba la firma de los contratos con la petrolera mexicana Pemex para la construcción de dos floteles: uno con Navantia y otro con Barreras. Unos contratos que la empresa mexicana acabaría negando para luego reconocer un acuerdo con el Gobierno gallego que, según el entonces presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, supondrían la salvación del naval gallego.

A aquellos floteles les seguirían, según la Xunta, la construcción en Galicia de quimiqueros, tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca, entre otros proyectos.

Las más de veinte embarcaciones de la cuenta quedaron en la polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la compra por parte de la petrolera mexicana de Barreras, histórico astillero que acabó quebrado.

Para el flotel construido en Navantia, entregado en febrero de 2017, Feijóo habló de “3.000 empleos para dos años” y el astillero rebajó a unos 2.000, una previsión que luego quedaría en 900. Finalmente, fueron unos 500 operarios.

Casi una década después, Navantia rebosa trabajo. Además, la planta de Fene continúa manteniendo una ingente fabricación de estructuras para la eólica marina, además de la reparación y modernización de diferentes tipologías de buques.

Precisamente, y en el mismo ámbito, el proyecto conjunto de los puertos de A Coruña y Ferrol (Golfo Ártabro-Offshore Wind) recibirá casi 100 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica para la habilitación de punta Langosteira y Caneliñas con el objetivo de ser referencia en fabricación y montaje de aerogeneradores marinos.

Con la esperanza de la iniciativa de SAIC encima de la mesa, el alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, celebró este lunes que la ciudad esté “en el mapa de las grandes decisiones”. “Este proyecto es una oportunidad para la diversificación de la que llevábamos hablando tantos años”, dijo en redes sociales sobre lo que la empresa china califica de “hito histórico”.

La planta, según MG, “traerá a Europa tecnologías líderes a nivel mundial mediante la fabricación localizada y la I+D, apoyando la transición hacia un futuro de movilidad más sostenible en línea con los objetivos de cero emisiones de la UE para 2035”, añade la empresa, que recuerda su estrategia “en Europa, para Europa”, que esconde también la importancia de evitar el pago de aranceles que supone la exportación desde Asia de sus productos.

Cuando, en 2012, Xi Jinping fue elegido secretario general del PCCh, dos figuras emergían a diez años vista como relevo “natural” en virtud del proceso informal de la sucesión denguista: Sun Zhengcai y Hu Chunhua. Sin embargo, esa línea de sucesión naufragó abruptamente.

La caída de Sun Zhengcai (1963) constituyó uno de los episodios políticos más significativos de la China de Xi Jinping en la antesala del XIX Congreso del PCCh (2017). Considerado durante años como una de las figuras más prometedoras de la llamada “sexta generación” de dirigentes, Sun había desarrollado una carrera meteórica: ministro de Agricultura, secretario provincial en Jilin y, posteriormente, máximo dirigente del Partido en Chongqing, un puesto de enorme visibilidad política tras el caso de Bo Xilai. Su relativa juventud, perfil tecnocrático y rápida promoción alimentaron durante años las especulaciones sobre una eventual incorporación al núcleo dirigente supremo.

Sin embargo, en julio de 2017 fue abruptamente destituido y sometido a investigación disciplinaria. Meses después sería expulsado del Partido y condenado por corrupción, acusado de aceptar sobornos millonarios. Formalmente, su caída se presentó como una nueva demostración de la campaña anticorrupción impulsada por Xi Jinping. No obstante, resultó difícil desvincular el caso de la lógica de la lucha política interna. Sun no era únicamente un dirigente corrupto sino también un cuadro asociado a redes clientelares vinculadas a etapas anteriores y potencialmente situado fuera del círculo de confianza de Xi.

La corrupción funcionó así no sólo como causa jurídica sino también como instrumento de disciplinamiento político y recentralización del poder. Y con su caso, Xi avisaba a navegantes: ningún liderazgo alternativo, ni siquiera potencial, quedaría al margen de la reconfiguración del sistema político. Su caída marcó además el final de las expectativas asociadas a una sucesión más o menos institucionalizada y confirmó la progresiva concentración del poder personal en torno al actual liderazgo chino.

Hu Chunhua (1963), sin embargo, siguió adelante con su carrera, considerándosele el representante más visible de la corriente asociada a la Liga de la Juventud Comunista (Tuanpai), vinculada políticamente a Hu Jintao y también al primer ministro Li Keqiang a quien, en cierto modo, estaba llamado a sustituir. Su trayectoria siguió el itinerario clásico de los cuadros jóvenes promovidos desde la Liga: comenzó en Hebei, desarrolló buena parte de su carrera en el Tíbet —donde llegó a ser el dirigente más joven de una región autónoma china— y posteriormente fue transferido a Mongolia Interior como secretario del Partido. Más tarde asumiría la dirección de Guangdong, una de las provincias económicamente más estratégicas del país.

Su gestión en Guangdong consolidó su reputación como dirigente eficaz y pragmático. Allí combinó crecimiento económico, gestión relativamente estable de conflictos sociales y adaptación a las prioridades centrales de modernización. Su desempeño impresionó a las autoridades centrales e incluso fue públicamente elogiado por Xi Jinping. Entre 2012 y 2022 fue miembro del Buró Político y, en 2018, fue nombrado viceprimer ministro en el gobierno de Li Keqiang, ocupándose especialmente de la reducción de la pobreza, la modernización agrícola y proyectos ligados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Durante años, Hu Chunhua fue considerado un posible heredero político, en buena medida por las similitudes de su carrera con las de Hu Jintao y Li Keqiang, con origen en la Liga Juvenil, ascenso provincial, perfil tecnocrático y relativa juventud. Hubo fuertes especulaciones sobre su incorporación al Comité Permanente del Buró Político tanto en 2017 como en 2022. Sin embargo, ninguna de ellas se materializó.

El XX Congreso del PCCh, celebrado en octubre de 2022, marcó el final de esas expectativas. Aunque con apenas 59 años seguía siendo uno de los dirigentes más jóvenes y con mejor perfil administrativo de la élite china, fue apartado sin miramientos y relegado a posiciones institucionales secundarias en la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Su desplazamiento coincidió además con la simbólica salida a trompicones de Hu Jintao del plenario final del Congreso, una imagen que ha quedado para la historia. A diferencia de otros dirigentes marginados, Hu Chunhua no fue acusado de corrupción ni sometido a campañas disciplinarias. Su exclusión respondió más bien a la progresiva concentración de poder en torno a Xi Jinping y al debilitamiento sistemático de las redes políticas alternativas, especialmente las asociadas a la Liga de la Juventud Comunista.

El caso de Hu Chunhua ilustra además un cambio importante en la lógica de promoción política de la China contemporánea. Durante décadas, el sistema chino proyectó hacia dentro y hacia fuera una cierta imagen meritocrática, alabando la experiencia provincial, capacidad de gestión, resultados económicos y trayectoria administrativa como los principales criterios de ascenso. Hu Chunhua reunía prácticamente todos esos atributos, con formación tecnocrática, experiencia en regiones complejas como el Tíbet y Mongolia Interior, gestión exitosa en Guangdong y una carrera ascendente sostenida dentro del aparato.

Sin embargo, su estancamiento político mostró que, en la China de Xi Jinping, la meritocracia por sí sola ya no resulta suficiente. El alineamiento político, la lealtad personal y la pertenencia al círculo de confianza del liderazgo se han convertido en activos decisivos para acceder a las posiciones superiores del poder. Más que premiar únicamente la competencia administrativa o los resultados de gestión, el sistema prioriza cada vez más la fiabilidad política y la adhesión al núcleo dirigente.

En este sentido, la marginación de Hu Chunhua tuvo un fuerte valor simbólico al evidenciar que incluso un dirigente joven, competente y con una trayectoria aparentemente ejemplar podía quedar excluido del núcleo del poder si no formaba parte del entramado político de confianza construido en torno a Xi Jinping.

La hipótesis de un Hu Chunhua convertido en primer ministro ha alimentado numerosas especulaciones sobre la posibilidad de una orientación más tecnocrática, pragmática o incluso relativamente aperturista en la gestión económica china. Su perfil administrativo, su experiencia territorial y su vinculación a la tradición de la Liga de la Juventud Comunista parecían situarlo en una línea distinta a la representada por Li Qiang, mucho más identificado con la lógica de proximidad política a Xi Jinping.

Sin embargo, es probable que las diferencias reales hubieran sido menores de lo que a menudo se supone. La evolución del sistema político chino bajo Xi ha reducido considerablemente los márgenes de autonomía del primer ministro y del Consejo de Estado frente al núcleo dirigente del Partido. La experiencia de Li Keqiang resulta particularmente reveladora en este sentido. Aunque inicialmente se le asoció a enfoques más favorables a la liberalización económica y a la agenda reformista reflejada en el proyecto “China 2030”, elaborado junto al Banco Mundial, durante sus dos mandatos acabó desempeñando un papel cada vez más subordinado, sin capacidad efectiva para orientar estratégicamente la política económica del país.

El caso de Hu Chunhua probablemente habría seguido una lógica similar. Incluso ocupando la jefatura del gobierno, difícilmente habría alterado las grandes prioridades definidas por Xi Jinping, ya nos refiramos a la centralización política, primacía de la seguridad nacional, fortalecimiento del control del Partido y subordinación de la racionalidad económica a objetivos estratégicos más amplios. Más que una “otra China”, su eventual nombramiento quizá habría ofrecido matices de estilo o gestión, pero no una modificación sustancial del rumbo político general.

Aunque Hu Chunhua conserva todavía su condición de miembro del Comité Central, no parece previsible una recuperación significativa de su figura en el XXI Congreso del PCCh previsto para 2027. Más bien al contrario, la evolución reciente del sistema político chino apunta en una dirección poco favorable a la rehabilitación de dirigentes asociados a equilibrios internos anteriores o a culturas políticas más próximas al consenso y a la dirección colectiva.

La lógica dominante en la China de Xi Jinping prioriza cada vez más el alineamiento absoluto con el núcleo dirigente, la disciplina política y la cohesión ideológica de las élites. En este contexto, perfiles como el de Hu Chunhua —aunque técnicamente competentes y políticamente prudentes— han perdido centralidad frente a cuadros definidos ante todo por su proximidad personal y política a Xi.

Ello se acentúa además en un momento en que China considera que afronta una etapa decisiva de aceleración de su modernización bajo fuertes presiones externas y crecientes desafíos estratégicos. Desde esa perspectiva, el liderazgo entiende que la consecución de objetivos tecnológicos, económicos y geopolíticos exige no sólo eficacia administrativa sino también un blindaje político sin fisuras en la cúspide del sistema. La pluralidad limitada, los equilibrios entre facciones o la coexistencia de sensibilidades internas distintas —rasgos que en cierta medida caracterizaron etapas anteriores— tienden así a ceder espacio ante una concepción mucho más centralizada y cohesionada del poder.

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Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China.

Desde finales del siglo pasado, nuestras sociedades han sufrido enormes cambios internos. La globalización permitió la información en tiempo real, al tiempo que desaparecía una referencia clara de autoridad en la misma. Igualmente hizo posible una estandarización y un control mayor de la calidad en la producción de bienes y servicios. Si bien, sometiendo a estos últimos a los rigores del beneficio y la privatización. Los errores en la fabricación de productos disminuyeron drásticamente con la emergencia de sistemas protocolizados de producción, pero no sucedió lo mismo en los “servicios” de Educación o Salud.

A finales del siglo pasado estos sistemas fabriles se exportaron a los servicios y a cualquier organización que aspirara a cierto nivel de calidad. Las agencias y los organismos de estandarización, evaluación y certificación cubrieron campos antes ocupados por la administración de los Estados. A esta nueva maquetación de la organicidad social no escaparon las administraciones públicas. 

En Educación, por ejemplo, la introducción de la “cultura de la calidad” (TQM) con sus parámetros y exigencias burocráticas, informes, protocolos, procesos evaluadores, etc., añadió un sobretrabajo a los profesionales en detrimento de su labor fundamental, la de educar y enseñar. La experticia que acompaña a estos sistemas de evaluación y certificación (sin debates públicos y con evidentes consecuencias en la vida interna de las organizaciones, administración incluida), ha orientado la capacidad de decisión hacia una dinámica de pasar el filtro de la evaluación (formal), cuyos parámetros fueron importados del control fabril a los servicios (sanidad, educación ,etc.) a comienzos de siglo mediante las guías de aplicación de la Norma ISO. 

Algunos de sus efectos (burocratización y trampeo para pasar la evaluación) se unen otros causados por la atomización, la desafección política, el individualismo y la competitividad que sufren más intensamente los jóvenes. Todo ello se refleja en los centros dedicados a educar, formar y preparar científicamente y humanamente a los jóvenes; pérdida de cohesión social, relativización de valores fundamentales para la convivencia, indiferencia ante problemas sociopolíticos, etc. En realidad, la casuística normativa y protocolaria (por el modo en que se ha elaborado e implantado) más que beneficiar, ha incrementado estos problemas y mermando autonomía a gestores, a funcionarios y profesionales de la Educación, la Sanidad, etc. Tal vez porque las relaciones humanas implicadas en los “servicios” (profesor-a/alumno-a; médico/paciente, etc.) no puedan reducirse a meras variables estadísticas ni a patrones científicos de interrelación: ni los profesores son meros transmisores de conocimientos, ni los médicos simples instrumentos para la cura del cuerpo y sus órganos. Su autoridad y responsabilidad no sólo cumplen la función manifiesta (educar, curar) también permite el desarrollo de la sensibilidad social, la educación ética y moral, y cierta disposición ante los problemas que surgen en la vida. 

En ambos casos, no se trata de perfilar la rosca de una tuerca milimétricamente, sino de conceder cierta libertad al profesional para que ejerza su profesión y fluyan valores acordes con la vida y el respeto a los derechos humanos.

Si todo esto antes estaba en manos de las políticas educativas y sanitarias de los Estados europeos, desde principios de siglo se ha venido transfiriendo en gran medida a las Agencias del ramo, cuya intervención se pliega más a dictámenes expertos que a decisiones políticas de Estado (en el sentido más noble del término). Ahora bien, con los nuevos cambios que estamos experimentando actualmente, aún se da un paso más hacia la desestructuración de estas funciones incluidas en el sector “servicios”. Pues con este modelo de globalización, avanza la privatización a una escala antes desconocida. Si consideramos que Educación y Sanidad son los ejes de una sociedad del bienestar, y que un sistema judicial que respete la libertad individual, pero también el derecho al trabajo y una vivienda dignos, a una información veraz y a un entorno y medio ambiente sanos, son las bases de un Estado social de derecho, entonces tendremos que considerar estos “servicios” como asuntos estratégicos ligados a la supervivencia de las instituciones que gestionan lo público, y no tanto al beneficio y la propiedad privada.  

Por desgracia parece que marchamos en dirección contraria. La política de la primera potencia mundial, desde hace algún tiempo y aun de manera más pronunciada desde la pandemia, parece estar al servicio de la conjunción de las grandes tecnológicas, industria armamentística (conectadas a las Big Techs por la digitalización y la tecnología) y finanzas (grandes fondos inversores). Esta conjunción de intereses particulares está condicionando el desarrollo de los “servicios” no sólo en EEUU. En Europa, dada la dependencia de conectividad y de tecnología estadounidense, también acusamos el golpe. 

La proliferación de servicios online en detrimento de servicios presenciales de profesionales (con la merma de relación humana que conllevan), la opacidad en los mecanismos internos al servicio y en los sesgos de sus contenidos, la relativización del fundamento de los derechos humanos y la ausencia de control legislativo a nivel global, hacen de la educación y de la sanidad un apetecible pastel para el capital global, y suponen un peligro para su estatus de servicio público orientado al bien común. 

Las grandes corporaciones y empresas tecnológicas no parecen estar por la labor de poner límites. Al contrario, quieren barrer la única legislación europea que existe sobre internet. Su marco ideal es el de una “liberalización” que acabe con cualquier barrera económica, jurídica o ética relativa a los derechos fundamentales. Negocio es negocio, nada de caridad, dicen algunos en su argumentario político. El dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, dicen los mismos seguidores intentando barrer todo el sistema de redistribución de la riqueza (impuestos). Incluso los comités de ética (de carácter corporativo), creados al amparo de fórmulas organizativas promovidas por las agencias, son ya un estorbo. Los EEUU de Trump han ido abandonando los organismos internacionales, entre ellos también los de estandarización y evaluación. ¿Para qué tanta regulación?

China ha ocupado esos espacios abandonados, por ejemplo, en ISO, aunque tiene su propio sistema, colabora en la elaboración de la Norma y es el único Estado que conserva aún un control sobre sus grandes empresas tecnológicas y sobre los sistemas de “información” que promocionan sus redes sociales. Se trata de un régimen dictatorial, sí. Pero, a diferencia de otros regímenes totalitarios, o incluso de las casi extinguidas democracias liberales, aún posee un motor público estatal capaz de invertir y controlar las inversiones en educación, en sanidad, o en sacar a millones de personas de la pobreza e igualar el desarrollo históricamente abismal entre el oeste y el este del país. 

No es una democracia y los centros de poder ―de un país con 1.400 millones de personas― están ordenados en estricta jerarquía y, naturalmente, poseen pros y contras. Por un lado, las decisiones se toman en la cúspide: Comité Central del PCCh, Politburó y Comité Permanente del Politburó, aunque haya mecanismos de información local para la toma de decisiones. Y la dinámica interna favorece la actuación por miedo a las represalias del escalón superior, lo que no pocas veces deriva en ocultamiento y engaño. Por otra parte, lo dispuesto y ordenado se cumple con una rapidez inusitada y al milímetro en todo el país.

La represión política sobre las líneas rojas marcadas por el PCCh (críticas a los símbolos del Estado, independencia de Taiwan, minoría étnicas de Xinjiang, corrupción y tráfico de drogas) es inexorable, sin embargo hay cierta libertad en el quehacer profesional y un desarrollo económico descomunal. Además, no se puede negar un compromiso político en la resolución de los grandes problemas que afectan no sólo a China, sino a la humanidad: pobreza y desarrollo desigual, proliferación de conflictos, cambio climático, energía, límites a internet y a la IA. Aunque con la limitación que impone el nacionalismo Chino, una suerte de “China first” bajo una ideologización blanda, es decir no vandálica.

De hecho, se están abordando los problemas de medio ambiente con mayor eficacia que en América o en Europa (España es una de las excepciones positivas), igual se puede decir del abordaje de las desigualdades sociales y económicas, o del problema de las energías limpias, etc. Quizá no sea un modelo a imitar, pero sí a tener en cuenta. Pues los problemas nos son comunes en gran parte y también las soluciones. Pongamos ejemplos: la organicidad social, la redistribución de la riqueza, los límites a la libertad propia para no dañar la ajena, etc., temas que tanto ellos como nosotros habremos de revisar e intercambiar conocimiento para generar sociedades más justas y equitativas. 

¿Ha comenzado la cooperación más allá del beneficio económico? No. En relación con lo que podríamos calificar de “primer encuentro global”, apuntar que del lado de la primera potencia, Trump estuvo acompañado por los CEOS de las Big Tech y algún miembro de su familia (tampoco los demócratas habrían hecho algo distinto). Por parte de China, asistieron los representantes más importantes del Estado: Wan Yi, principal responsable de la diplomacia y política exterior, He Lifeng, artífice de la actual economía de Xi, Cai Qi, responsable de agenda de Xi Jinping y de coordinación política y, aunque no estuviera en la reunión sí participa siempre en cuestiones de calado económico, Li Qiang y, naturalmente, el propio Xi Jinping y los responsables de las grandes empresas. Empresas implicadas en producción de semiconductores, IA, automoción eléctrica, energía, banca estatal y tierras raras y nuevos materiales.

Esta disimetría tiene que ver con el dominio del interés privado frente al interés público. Por tanto, hay pocas esperanzas de sintonía. Las grandes empresas de aquí y de allí intentarán medrar por sus intereses, otra cosa es la capacidad de contención de ambos Estados. En EEUU las empresas lo tienen fácil y el interés privado, también. Por cierto, a este encuentro entre las dos potencias (creo que no comparable a otros históricos) precede otro anterior. El China-California Business Forum celebrado el martes 12 de mayo en Los Ángeles con los dirigentes de Silicon Valley, en donde el embajador chino en Estados Unidos, Xie Feng, en un discurso por video, pidió a California que contribuya a encontrar el camino correcto de respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación de ganancia compartida para China y Estados Unidos de la nueva era. 

Europa pierde de nuevo la comba. Creía contentar al emperador Trump con su indecisión y su postura camaleónica (sólo unos pocos líderes mundiales hicieron frente al genocidio de Gaza y al disparate de Irán), y Trump lanzando una furibunda contra China primero y jugando al despiste a diario, después, ha dejado a la vieja Europa colgada de la brocha. Esperemos que reaccione y se abra camino en la colaboración de instituciones y estados, y no caiga en el juego sucio, opaco y privado, que pretende sembrar la ultraderecha con Trump a la cabeza.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

Llegó a China montado en el dólar, con un séquito de tecnoplutócratas cuya riqueza empresarial representa 16 billones de dólares. Querían impresionar al país que los recibe.

Descubrieron que aquel país provenía de culturas de más de seis mil años y ya era imperio cuando Estados Unidos ni existía, pues este país fue producto de las invasiones europeas y de quienes se radicaron allí: ingleses, franceses y españoles que terminaron con los nativos de aquella manera. A Trump no se le ocurrió ninguna “ayusada” respecto a los orígenes del país asiático.

Con el tiempo comprobaremos cómo ha vuelto el distinguido americano. Usó sus técnicas habituales y ese lenguaje melifluo, pero parece que no caló. Imaginamos que entre sus nacionales sí, cuando presume de la amistad con Xi Jinping, quien le miraba hierático y no entró a ese juego remilgado, ni tampoco a esas acciones de gañán con apretones de manos y forcejeos; suponemos que alguien le informaría de que a los chinos  les repugna el contacto corporal con personas ajenas.

Se ocupó Xi Jinping de advertirle que EEUU midiera su actividad en el área del Pacífico. Si tenía la ocurrencia de rebautizar el estrecho de Taiwán, el americano tiene claro que no se toca. Ha comprobado in situ que la posibilidad de que China los pueda desplazar como potencia no es una entelequia.

Debería haber aprendido que el cerebro de los orientales y, por supuesto, de los chinos, funciona de otra manera. Siempre fue insondable al análisis occidental, sobre todo al EEUU, que marcaba las pautas.

El mejor valor que los estadounidenses tienen —o tenían—, y podían exhibir es el sistema de convivencia, la democracia, pero la están dilapidando. Podrían haber impresionado al pueblo chino, pero la tienen tan destrozada y raída que, a ojos del mundo, ambos sátrapas están al mismo nivel.

El Partido Comunista impone una disciplina rigurosa, lo que les permitió actuar de manera que el mandatario americano babease ante la recepción ofrecida; igual creía que se lo dedicaban, y lo único cierto es que sabían cómo agasajar a un tipo débil poseído por el hybris.

Sitúo al estadounidense a la altura de aquellos textos de la enciclopedia Álvarez que estudiábamos hace decenios. Tema: Santificación de las fiestas; comentario: “Los habitantes de China, que es de las pocas naciones que no observan este descanso, son fisiológica y espiritualmente inferiores a los hombres de las demás naciones” (sic)

Los americanos no heredaron la flema inglesa para ir por esos mundos, solo la prepotencia del imperio y las formas de saqueo. Cuando Trump trató de vacilar a su antiguo subyugador, tuvo que encajar las ironías del rey inglés Carlos; ignoramos si las entendió.

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Mariano De la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

Donald Trump y Vladímir Putin han viajado a China en los últimos días. Y no se trata de noticias importantes solo por lo que puedan suponer a nivel de posicionamientos geoestratégicos sino también por la carrera global que existe de cara al futuro.

Obviando la evidencia del músculo que se presupone a una superpotencia económica, más en concreto Pekín se ha erigido como un actor esencial para prácticamente todo el globo a la hora de redibujar el orden internacional.

El rumbo del multilateralismo se decide hoy en China. Lo cual no deja de ser irónico porque las grandes capitales del mundo han visto tradicionalmente a Pekín como un actor no acoplado políticamente a pesar de las aperturas promovidas por Deng Xiaping y Jiang Zemin, ni económicamente hasta los años 2000. Washington, Bruselas y los suyos, Tokio, Nueva Delhi e incluso Moscú. Todos miraban desde lejos a Pekín.

Moscú mantenía cierta distancia de Pekín desde la época soviética, así como durante el acercamiento a Estados Unidos que China llevó a cabo en los años noventa. Los lazos sino-rusos han mejorado en la medida que los occidentales constataban su negativa a mantener relaciones normalizadas con una Rusia cada día más revisionista en torno a su menguante espacio de influencia inmediato. En el año 2022, a raíz de la ruptura definitiva entre Bruselas y Moscú, el Zhongnanhai halló una ventana de oportunidad en sus homólogos del Kremlin.

La relación ya no podía leerse solo en términos de conveniencia forzada. China y Rusia se propusieron forjar un nuevo modelo de gobernanza global no sujeto al provecho de los gobiernos occidentales, encarnados mayormente por el régimen liberal demócrata. Y con la revitalización y expansión de los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái llegaron grandes proyectos como la interconexión de sistemas de pagos internacionales para romper con el dominio occidental o el desvío de suministros energéticos rusos hacia el este.

Como se ha tratado en la reciente visita de Putin a Xi Jinping, cumpliéndose un cuarto de siglo de su tratado de buena vecindad y amistad, sigue sobre la mesa el Power of Siberia 2, un gasoducto que conectaría ambos países a través de Mongolia. Sin duda, Rusia y China siguen en la senda de romper con las imposiciones de un orden diseñado bajo otra óptica histórica.

Moscú ya demostró no estar dispuesta a tolerar la supremacía de la OTAN en lo que considera su área de influencia pero Pekín ha salido de su tradicional perfil bajo para ofrecer un reto al mundo dominado por Estados Unidos a través de su poderío económico.

En primer lugar, Trump llegaba a China con un panorama aciago: su popularidad está por los suelos ante unas elecciones clave en noviembre, la visita sufrió retrasos por una guerra en Irán que no logra cerrar de manera satisfactoria para sus intereses, su guerra comercial se encuentra en una pausa forzada entre los tribunales y la respuesta firme del Gobierno chino.

De hecho se podría decir que Pekín ha sido la única gran capital en responder con firmeza ante los órdagos de Trump. El poderío de China en áreas clave como el mercado de las tierras raras hace que plantee sin estridencias imposiciones de carácter político como el “principio de una sola China” en relación con Taiwán. Pero las alabanzas de Trump a Xi tras su paso por la Plaza de Tiananmen, el Gran Salón del Pueblo y el Templo del Cielo se entienden en una óptica más empresarial.

A Donald Trump le gustan los líderes fuertes, no los líderes avasallados. Incluso aunque estos últimos estén dispuestos a aliarse contigo y los primeros no. La lógica complaciente de los europeos, aprobando el acuerdo comercial que Trump exigía a pesar de las constantes amenazas, demuestra que el republicano preferiría por mucho un acuerdo con sus homólogos ruso y chino porque, aunque rivales, le podrían ofrecer una cuota de poder en el mundo que Bruselas no está en disposición de darle.

Y es en ese marco en el que Trump y Putin acuden a China, sabedores del momento crucial que vivimos a la hora de redibujar el tan manido mundo basado en normas. Para empezar Xi es uno de los líderes más importantes de la historia del gigante asiático, con su pensamiento al nivel del de Mao Zedong en la Constitución, por lo que sabe perfectamente en qué situación se encuentra.

El llamado Sur Global y los países no alineados con Estados Unidos ofrecen a China una oportunidad de liderar el nuevo modelo multipolar global donde le correspondería un buen pedazo desde su respectivo polo. Pero hay gobiernos occidentales –como el español, que no se encuentra cómodo en el nuevo panorama global– que ante el rupturismo de Trump para adaptarse al declive de su imperio ven en China un irónico salvavidas al multilateralismo.

Xi Jinping sabe que con Rusia y socios menores puede construir algo nuevo. La crisis de Ormuz le perjudica, pero China aún cuenta con grandes apoyos energéticos como Rusia y Malasia. Sin embargo cada error que cometa Washington en Oriente Medio le alejaría un día más de confrontar las aspiraciones chinas. Xi mira a la Casa Blanca y entiende que la visita iba de marcar líneas en Taiwán y en la guerra comercial.

La ofensiva está aquí. Pekín ha aplicado por primera vez en su historia un mecanismo que reta todo el sistema de sanciones estadounidense. Considerando que la aplicación de leyes extranjeras de manera extraterritorial puede estar injustificado, China plantea hacer elegir al mundo sobre si comerciará con ellos o con Estados Unidos. Y ha empezado a hacerlo en el marco de las refinerías que operan con Irán. La guerra de Oriente Medio es el gran monstruo invisible en las reuniones de Xi, Trump y Putin. Una carrera por el futuro.

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Alejandro López Canorea dirige el medio Descifrando la Guerra. Antropólogo, profesor, escritor y analista de política internacional en prensa, radio y televisión.

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación tras la extensión del Tratado Bilateral de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa —que cumple 25 años— y ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético "fiable" para China. Ambos líderes defendieron también "el desarrollo de un orden internacional justo", con la mira puesta en Taiwán y Ucrania.

La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año.

Xi recibió a Putin con honores en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, en un encuentro que se produce una semana después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, una secuencia que la prensa oficial china ha presentado como señal de que la capital china se consolida como "epicentro de la diplomacia mundial".

El mandatario chino señaló que el escenario internacional atraviesa una situación de "cambios y turbulencias entrelazados" y lamentó las "tendencias adversas de hegemonismo unilateral", aunque sostuvo que la paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo la "corriente principal".

"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico", afirmó Xi, quien pidió promover un sistema de gobernanza global "más justo y razonable", según Xinhua.

Putin, por su parte, aseguró que las relaciones entre Rusia y China han alcanzado un nivel "sin precedentes" y son un ejemplo de "verdadera asociación estratégica", según la versión difundida por medios rusos.

En el plano energético, Putin afirmó que Rusia sigue desempeñando un papel de proveedor "fiable y estable", en un momento en que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Estados Unidos ha puesto bajo presión las rutas marítimas de suministro hacia Asia y ha elevado el peso estratégico de los gasoductos terrestres.

Por Ormuz transitan aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de petróleo y gas y las autoridades del gigante asiático han tenido que intervenir en las últimas semanas para contener la subida de precios de los combustibles.

Xi también se refirió a la coyuntura en el golfo Pérsico, que describió como situada en un momento "crítico" entre la guerra y la paz, y afirmó que "el cese total de las hostilidades es imperativo".

El mandatario chino sostuvo que insistir en la negociación resulta "especialmente importante" y que una pronta desescalada ayudaría a reducir las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, las cadenas industriales y de suministro, y el orden comercial internacional.    

Putin confirmó asimismo su disposición a asistir en noviembre a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen (sureste).

El viaje coincide con el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica.

Ambos mandatarios aprobaron una declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas relaciones de nuevo tipo, como la cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio o transporte ferroviario, entre otros.

Por el momento, no han trascendido comentarios ni de Xi ni de Putin acerca de la guerra en Ucrania, respecto a la cual China ha mantenido una posición ambigua desde su inicio: ha pedido respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países y, al mismo tiempo, ha insistido en atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites", una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de sus vínculos políticos, comerciales y energéticos.

“China is going to eat our lunch? Come on, man… They’re not competition for us.” (Joe Biden).

“Trade wars are good, and easy to win. Under my administration, we will never lose our manufacturing and technology leadership to China.”  (Donald Trump, 2018).

En 2019, Joe Biden ironizaba: “¿China se va a comer nuestro almuerzo? Vamos, hombre… no son competencia para nosotros”. Un año antes, Donald Trump afirmaba, bravuconamente: “Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”. Y complementaba: “Bajo mi administración, nunca perderemos nuestro liderazgo en fabricación y tecnología ante China”.

Apenas unos años después, China concentra cerca de la mitad de las patentes mundiales, domina el refino de minerales críticos, pulveriza récords en robótica y lidera de forma aplastante las cadenas industriales de la transición energética.

Al calor de la cumbre EEUU-China, conviene revisar con perspectiva dónde está cada potencia. Y hasta qué punto el declive estadounidense y la consolidación de la emergencia china sugieren que el mundo, tal y como lo narran desde la hegemonía estadounidense, es ya pasado, y que el presente y el futuro apuntan a una incontestable hegemonía china, ante la que la UE y España —que está buscando acertadamente su canal privilegiado de relación con China— tienen que resituarse. Pero hagamos un repaso a las cifras.

Entre 2005 y 2024, el PIB de China pasó de 2,3 billones de dólares a 18,7 billones: un crecimiento acumulado del 707%. En el mismo período, el de Estados Unidos creció un 120%, y el de la Unión Europea, un 63%. China representaba en 2005 el 5% de la economía mundial. Hoy roza el 17%. La Unión Europea, que pesaba un 25%, ha caído al 17,6%.

Pero el PIB es solo la superficie. Lo que está ocurriendo en las capas más profundas de la economía -las que determinan quién tiene poder real en las próximas décadas- es aún más revelador.

En 2005, China representaba el 10,3% de las patentes mundiales. En 2024, esa cifra alcanza el 48,6%. Estados Unidos ha retrocedido del 23,5% al 16,2%. La Unión Europea, del 25% al 15,7%. En el Índice Global de Innovación, China ha escalado del puesto 29 en 2007 hasta superar ya a Alemania, Japón y Francia.

En producción manufacturera, China controla hoy el 27,7% del total mundial, frente al 17,3% de Estados Unidos y apenas el 15% de la UE. Y en robótica industrial, mientras el mundo multiplicaba por cuatro su parque de robots entre 2005 y 2024, China lo multiplicaba por 175: de 11.557 unidades a más de dos millones, acaparando el 43,5% del stock mundial.

En las dos últimas décadas, China ha construido una apabullante acumulación de capacidad industrial, tecnológica y científica.

China ha pasado de ser un actor refractario a la lucha contra el cambio climático a dominar, de inicio a fin, la cadena de las energías renovables. De los diez mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo, siete son chinos, con una cuota conjunta que supera el 62% de la producción global.

Comparativamente, las cifras son elocuentes. Siemens Gamesa –empresa hispano-alemana– ocupa el octavo puesto, con un 5,3% del mercado. GE Vernova, el gigante estadounidense, el décimo, con un 4,1%.

En baterías para automoción eléctrica, los datos son todavía más contundentes: CATL y BYD, ambas chinas, controlan juntas el 55,6% del mercado mundial. Las tres primeras empresas no chinas del ranking apenas suman un 9%.

En electrolizadores para hidrógeno verde –tecnología clave para la descarbonización industrial–, China concentra el 60% de la capacidad manufacturera mundial y el 65% de la capacidad instalada. No hay alternativa occidental a corto ni a medio plazo.

La transición energética, la inteligencia artificial, los semiconductores y la industria de defensa tienen un denominador común: dependen de un conjunto de minerales críticos cuya producción y, sobre todo, cuyo refino están extraordinariamente concentrados.

China controla el 98,8% de la producción mundial de galio –esencial para semiconductores y electrónica de defensa–, el 78,3% del grafito natural –base de los ánodos de baterías–, el 69,2% de las tierras raras –indispensables para imanes permanentes, eólica y vehículos eléctricos– y alrededor del 50% de la capacidad mundial de refino de cobre. En litio, aunque la extracción es más diversificada, China concentra el 70% del refino global. En cobalto, cuya extracción se localiza mayoritariamente en la República Democrática del Congo, China refina el 89% de la producción mundial.

Es cierto que China tiene importantes retos y dificultades que afrontar: su crisis demográfica, su –a pesar de todo– dependencia energética, los problemas de su mercado interior (crisis inmobiliaria, etc.), sus dificultades y restricciones tecnológicas en chips avanzados o su no desacoplamiento financiero de la economía global dolarizada.

Y es cierto también que, a día de hoy, EEUU mantiene la hegemonía en el campo de la inteligencia artificial y el software de frontera –las siete mayores empresas de IA del mundo por valoración (Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, OpenAI y Anthropic) son estadounidenses–, en el terreno de la financiación e internacionalización del dólar –el dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, lo que otorga a Washington una capacidad de sanción financiera, de financiación del déficit y de presión económica sin equivalente– y en capacidad militar –EEUU gasta en defensa más que los diez países siguientes juntos–.

Pero China ocupa ya posiciones de dominio en todos los sectores que van a definir la economía y el poder global durante las próximas décadas: transición energética, tecnologías, manufactura avanzada, minerales críticos y semiconductores.

Ese es el mundo que asoma tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump. El “Reino del Centro”, China, tiene el dominio de las cartas de navegación del siglo XXI. China ya está en el futuro. Mientras, Donald Trump se empeña, cual emperador en decadencia, en golpear a socios y enemigos en una sobreactuación que no demuestra más que fragilidad.

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Antón Gómez-Reino fue diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas entre 2015 y 2023 y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la OSCE.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cerró este viernes una visita histórica a Pekín en la que pasó de puntillas por el contencioso de Taiwán y centró sus conversaciones en obtener intercambios económicos que levantan suspicacias en su propio círculo. “China va a invertir cientos de miles de millones con las personas que estaban en la sala. A eso vinimos”, resumió Trump en una entrevista con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

Trump, que fue acompañado por más de una quincena de consejeros delegados de las mayores empresas financieras, tecnológicas o de ingeniería de Estados Unidos, no quiso airear el contenido de temas de índole diplomática, en defensa o ciberseguridad.

Tim Cook, consejero delegado de Apple, Elon Musk (Tesla) y Jensen Huang (Nvidia) tuvieron un papel equivalente al del secretario de Estado, Marco Rubio; el del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“No sé si las cosas cambiarán tras este viaje, pero lo dudo”, explica a EFE un ejecutivo chino de una empresa tecnológica, que recuerda un chiste que se cuenta en los corrillos: “Nvidia es la única empresa que lidia con sanciones de los dos países”.

En el banquete de gala de anoche, los líderes empresariales estadounidenses acumulaban una capitalización bursátil equivalente a la tercera economía mundial, sin contar con la que habrían añadido los más altos ejecutivos de empresas chinas como ByteDance, Lenovo, Xiaomi o Hisense, también presentes.

Incluso el punto de la agenda referido al conflicto con Irán, transitó, a ojos de los estadounidenses, por esos derroteros. La Casa Blanca y posteriormente Trump destacaron que Xi se ha comprometido a comprar petróleo estadounidense para reducir la dependencia del crudo de Oriente Medio.

Laura Ingraham, líder de opinión del movimiento MAGA, dijo que permitir inversión china en EEUU es una “trampa masiva” y no son pocos los legisladores republicanos que temen que este acercamiento a China acabe siendo un caballo de Troya en sectores en el que los asiáticos son dominantes, como automoción eléctrica o energía renovable.

Trump quiso quitar importancia a puntos que Xi muy hábilmente deslizó en sus discursos, como el hecho de que China es un poder emergente y Estados Unidos uno en declive.

Según Trump, esa reflexión se refería a su predecesor Joe Biden y no a su mandato.

En cuanto al robo de propiedad intelectual y la ciberseguridad, Trump, que no ha llevado teléfono móvil en todo el viaje por motivos de seguridad, dijo que China les espía, pero ellos también y “ellos roban esto y nosotros robamos lo otro”.

La ofensiva del encanto de Xi, que agasajó a Trump con una recepción de honor militar e hizo de guía del estadounidense durante casi dos días enteros, encantó a Trump, que llamó “amigo” a Xi en varias ocasiones.

Al final, el estadounidense despegó sin que se hicieran concretas las promesas de milmillonarias compras chinas y sin que el chiste de Nvidia se haga algo menos cierto: el levantamiento de controles a la exportación de chips avanzados para el desarrollo de inteligencia artificial para tecnológicas chinas sigue en el aire.

Xi dijo que ambos países deben evitar la confrontación y cooperar, y le aseguró a Trump que su visión para hacer EEUU grande de nuevo y sus planes de renacimiento de la nación china son similares.

En septiembre, cuando Xi, visite la Casa Blanca, ambos podrán volver a escenificar la amistad de estos días. Todo dependerá de si la relación no se rompe entre tanto.