Las disposiciones comerciales del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes en un comunicado, informa EFE. 

"La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", indicó el Ejecutivo comunitario.

Explicó que, con el envío de su "nota verbal" a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recordó la Comisión, que agregó los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

La Comisión Europea quiere posponer la aplicación de algunas partes de la ley de inteligencia artificial que entró el año pasado en vigor en la Unión Europea, entre ellas los requisitos para los modelos de alto riesgo o las obligaciones de transparencia para modelos como ChatGPT o Gemini.

Así se desprende de la revisión de las leyes digitales que el Ejecutivo comunitario presentará el próximo 19 de noviembre y a cuyo borrador, que aún podría sufrir cambios, ha tenido acceso EFE.

Tras su entrada en vigor en 2024, la normativa se irá aplicando progresivamente y, de hecho, desde el pasado mes de febrero las cámaras de identificación biométrica están prohibidas en la UE, pero Bruselas quiere retrasar ahora algunas obligaciones, con el pretexto de reducir la carga burocrática de las empresas.

Es el mismo argumento que ha utilizado para revisar otro tipo de leyes europeas como las relativas al medioambiente o al sector agrícola.

"A raíz de las primeras lecciones aprendidas por el despliegue (de la normativa), la Comisión ha llevado a cabo una serie de consultas, entre ellas una consulta pública para identificar los retos de implementación de la ley de inteligencia artificial", recuerda el documento.

"Estas consultas pusieron de manifiesto retos de implementación que podrían poner en peligro la efectiva entrada en vigor de las disposiciones fundamentales", continúa el borrador.

En este sentido, el texto recuerda que la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión Europea todavía no ha presentado los estándares técnicos para determinar si un modelo es de alto riesgo y si, por tanto, debería prohibirse por la posibilidad de causar daño a las personas o poner en peligro los derechos fundamentales.

Bruselas debería haberlos presentado el pasado mes de agosto, pero tras incumplir el plazo no ha comunicado aún una nueva fecha para saber si los modelos de inteligencia artificial que se usen en la sanidad o los que, por ejemplo, ayuden a las entidades financieras a calcular la probabilidad de morosidad al conceder un préstamos, pueden considerarse de alto riesgo.

Ante esta situación, la Comisión quiere "alinear los plazos de implementación para abordar la incertidumbre y los desafíos causados ​​por la demora en la disponibilidad de estándares".

El Ejecutivo comunitario también quiere introducir "un periodo de gracia" de un año en la imposición de posibles multas a los modelos de inteligencia artificial generativa como ChatGPT (de OpenAI) o Gemini (de Google) que incumplan los requisitos de transparencia que les exige la ley, como la obligación de aclarar a los usuarios si un contenido lo ha generado una máquina.

En concreto, quiere retrasar el plazo hasta el 2 de agosto de 2027, en vez del 2 de agosto de 2026 que se contempla actualmente.

"Por lo que respecta al potencial retraso de la implementación de partes específicas de la ley de IA, la Comisión aún lo está reflexionando", dijo a EFE el portavoz de política digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier.

Desde la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Washington está presionando a Bruselas para retirar las nuevas leyes digitales que tratan de regular el poder de las grandes tecnológicas, pero la Comisión "siempre respaldará la ley de inteligencia artificial y sus objetivos", afirmó Regnier.

El reglamento de la Unión Europea consiste es el acuerdo pionero en la limitación de los peligros de la Inteligencia Artificial (IA).

La norma ofrece un enfoque basado en el riesgo, que categoriza los niveles de riesgo y las restricciones que deben acompañar en función de la escala, lo que implica la prohibición en casos de riesgo "inasumible", como los sistemas de categorización biométrica, la extracción no dirigida de imágenes para crear bases de datos de reconocimiento facial, el reconocimiento de emociones, sistemas de puntuación social o sistemas que manipulan el comportamiento.

Con todo, se prevén una serie de estrictas excepciones que permitirán el uso de sistemas de vigilancia biométrica en espacios públicos, siempre que haya orden judicial previa y para una lista de delitos estrictamente definidos.

De este modo, la supervisión biométrica en tiempo real se limitará en tiempo y ubicación y ello sólo para la búsqueda selectiva de víctimas de secuestro, trata o explotación sexual, para evitar una amenaza terrorista específica y presente y para localizar o identificar a un sospechoso de haber cometido un delito de los recogidos en la norma.

Los sistemas de Inteligencia Artificial utilizados para influir en el resultado de las elecciones y el comportamiento de los votantes también se clasifican como de alto riesgo, y los ciudadanos tendrán derecho a presentar quejas y recibir explicaciones sobre las decisiones basadas en sistemas de IA de alto riesgo que afecten a sus derechos.

Otra de las claves ha sido cómo introducir reglas específicas para los modelos fundacionales, como las plataformas ChatGPT o DALL-E, que vieron la luz después de que la Comisión Europea presentara su primera propuesta de regulación por lo que este capítulo se ha ido desarrollando en el curso de la negociación.

La legislación pionera también propone sanciones para los incumplidores que irán desde los 35 millones de euros o el 7 por ciento del volumen de negocio global hasta los 7,5 millones, en función del tamaño de la compañía.

El Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa (CEDS) ha admitido a trámite una demanda del Foro Europeo de la Discapacidad por la discriminación que considera que sufren las personas a las que representan en el acceso a la vivienda, informa EFE.

En una decisión publicada este viernes, el CEDS indicó que en la sesión que se había celebrado la semana pasada consideró por unanimidad admisible esa demanda.

En su queja, esta organización considera que España presenta una serie de carencias legislativas, administrativas y financieras eficaces y coordinadas para garantizar ese acceso, en particular en los edificios residenciales sujetos a la Ley de Propiedad Horizontal, e incumple varios artículos de la Carta Europea de Derechos Humanos.

Según su lectura, España perpetúa un marco jurídico que genera discriminación indirecta contra las personas con discapacidad, las personas en situación de pobreza o exclusión y aquellas que están en riesgo de sufrirlas. Los expertos del CEDS deberían abordar esta demanda en los próximos meses para emitir un dictamen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedirá en el Consejo Europeo que comienza este jueves en Bruselas que los Veintisiete se vuelquen en buscar soluciones ante el problema del acceso a la vivienda.

Este asunto forma parte de la agenda de la reunión que protagonizan los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, y se ha incluido a propuesta de España.

Fuentes del Gobierno recuerdan que Sánchez viene subrayando que esta debe ser la legislatura de la vivienda, pero para solucionar este problema tiene que haber un compromiso de todas las administraciones, local, autonómica y nacional, pero también europea.

Es por ello por lo que España ha decidido llevar el debate al Consejo Europeo, para intercambiar puntos de vista sobre las medidas que se pueden adoptar en el ámbito comunitario ante un problema que afecta a todos los países e incide especialmente en la población más joven.

Considera el Gobierno que los ciudadanos deben constatar que las instituciones comunitarias se preocupan de sus problemas reales y que este un buen ejemplo de estar a la altura de lo que esperan de ellas.

En ese sentido abogan por que Europa dé respaldo con financiación de medidas y también impulsando regulaciones comunitarias para luchar contra la especulación de los pisos de alquiler que se destinan a uso turístico.

La situación en Gaza tras la firma del plan de paz será otra cuestión que estará presente en la cumbre de Bruselas, asunto ante el que el presidente del Gobierno ha reclamado que se cumpla el acuerdo de alto el fuego y que la ayuda humanitaria acceda sin limitaciones a La Franja.

Sánchez también abogará por seguir avanzando en la hoja de ruta de la UE para hacer frente al cambio climático sin dar ningún paso atrás, a pocas semanas de que se celebre en la localidad brasileña de Belém la cumbre del clima COP-30.

Además, hará hincapié en que competitividad y transición verde van de la mano

El mantenimiento sin fisuras del apoyo a Ucrania será otro de los planteamientos de Sánchez en esta reunión.

La cumbre de Bruselas se celebra tres días después de que el jefe del Gobierno propusiese a la UE acabar definitivamente con el cambio horario en Europa, pero las fuentes citadas desconocen si puede ser una cuestión que se debata en esta jornada.

Los líderes de los Veintisiete se reúnen esta jueves después de que todos ellos protagonizasen la pasada noche una cena de trabajo con el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, tras la primera cumbre celebrada entre este país y la Unión Europea.

La paciencia de la Comisión Europea empieza a agotarse con Donald Trump y su equipo económico. La tregua de 90 días para alcanzar un acuerdo en la guerra arancelaria y evitar la escalada masiva de tarifas sigue sin ofrecer resultados mientras los productos europeos tienen que pagar un 10% extra en las aduanas estadounidenses para acceder a ese mercado; el acero y aluminio siguen penalizados con un 25% adicional; y el sector automovilístico paga también ese importe.

Así que Bruselas acaba de amenazar a Washington con una subida arancelaria de 95.000 millones de euros a una cantidad enorme de sus bienes, más amplia y diferente que a los productos industriales o agrícolas apuntados hace un mes por la Comisión. Los aviones y los coches estadounidenses están ahora en el punto de mira de la UE.

Las tarifas del Liberation Day de la Casa Blanca vuelven a estar señaladas por la Unión Europea, aquellas que Donald Trump calificó tendenciosamente como “recíprocas” en una tabla de cálculos pueriles, y también las anunciadas a principios de marzo contra el sector europeo del motor. Pero en una muestra del hartazgo bruselense, la Comisión además estudia con las capitales comunitarias “posibles restricciones a ciertas exportaciones de la UE de fragmentos de acero y de productos químicos a Estados Unidos valoradas en 4.400 millones de euros”.

En paralelo, la Comisión Europea presentará una denuncia contra los Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio por “las llamadas tarifas recíprocas y las tarifas a los coches y componentes automovilísticos”. Una ofensiva en tres frentes ante los nulos avances en las negociaciones.

La nueva propuesta de represalias formulada por Bruselas sanciona con casi 13.000 millones de euros a los productos químicos y plásticos estadounidenses, con 10.500 millones a los aviones y componentes aeronáuticos, con el potencial de convertirse en una guerra abierta de la UE contra Boeing en beneficio de su gigante continental Airbus, se impondrían aranceles por 12.000 millones a la industria norteamericana del motor y sumarían otros 6.400 millones a los productos agroalimentarios.

Todos estos bienes ahora amenazados con nuevas tarifas son distintos a la primera tanda de represalias europeas. Más alimentos y productos agrícolas, como patatas, frutas procesadas, nueces y pescado, componentes industriales del sector automovilístico, motores o equipamiento eléctrico. Mientras que la restricción a la exportación de productos químicos buscaría, por ejemplo, golpear adicionalmente a la industria alimenticia estadounidense al sustraerle substancias empleadas como aditivos o edulcorantes.

Si Donald Trump y su equipo tuvieron que dar marcha atrás en los aranceles presentados el 2 de abril ante las fuertes caídas de los mercados, las presiones sobre la deuda estadounidense, las demandas de sectores empresariales o el empeoramiento de las previsiones económicas, este jueves la Comisión Europea subió la apuesta. Y jugando la carta de que Trump es el culpable único de esa peor coyuntura en su país, pero también a nivel mundial, la presidenta Úrsula von der Leyen aseguró que “las tarifas ya están teniendo un impacto negativo en las economías globales”.

La Comisión ha planteado esta amenaza milmillonaria en una consulta pública con los Estados Miembros para discutir lo que sería una nueva tanda de contramedidas “si nuestras negociaciones en marcha con los Estados Unidos no terminan en una retirada de las tarifas y en un resultado beneficioso mutuo”, explica una fuente comunitaria. Esta consulta tendrá un mes de duración, hasta el 10 de junio. Una vez finalizada, Bruselas le daría la pincelada final, a tiempo para la Cumbre Europea a finales de ese mes, donde habrá un debate largo y concreto sobre las relaciones con la Administración Trump, justo dos días después de que los líderes europeos se vean directamente con el mandatario estadounidense en la reunión de la OTAN en La Haya.

Las dos cumbres funcionarán como vasos comunicantes, un mal resultado en la OTAN sobre el aumento militar o un torrente de acusaciones e improperios por parte de Trump a uno o varios Gobiernos de la UE podría precipitar la respuesta posterior de los 27 en la capital comunitaria, un escenario que no se descarta en la UE ante la guerra comercial desatada desde Washington, rompiendo la tradicional alianza trasatlántica.

Por primera vez, la Comisión Europea plantea abiertamente un escenario en el que la tregua de 90 días fracase en evitar la guerra comercial. En respuesta, la UE daría un golpe tarifario de 95.000 millones de euros a una lista ampliada de productos estadounidenses, casi cinco veces más que los aranceles anunciados inicialmente. Prueba de ello es el lenguaje en privado que ya utilizan en la Comisión. 

“Previamente hemos utilizado el término represalia. Creo que ese término tradicionalmente se usó para describir un escenario en el que respondíamos, donde nuestro objetivo era poner presión y dar preferencia a la negociación”, explica la fuente comunitaria. “Pienso que ahora cada vez más hablamos sobre la posibilidad de reequilibrar, porque estamos pasando de la creencia de medidas a corto plazo para ayudarnos en la mesa negociadora a una situación en la que las tarifas ya se aplican, una perspectiva a largo plazo”.

Las negociaciones con la Administración Trump “son todavía nuestra prioridad”, asegura un segundo funcionario europeo, “la situación creada por las tarifas estadounidenses es una en la que estamos buscando una solución negociada, que sea justa y equilibrada”. Porque en la Comisión hace tiempo que echaron cuentas y denuncian que los aranceles estadounidenses afectan a 380.000 millones en bienes europeos, el 70% de las exportaciones de la UE a Estados Unidos.

Las tarifas del Liberation Day violan abiertamente las reglas fundamentales de la Organización Mundial del Comercio, dice abiertamente el comunicado de la Comisión Europea, acusando a los Estados Unidos de atentar unilateralmente contra el orden internacional acordado. 

En privado los equipos de la Comisión denuncian que la tregua anunciada por Trump es “una pausa muy parcial porque nuestros exportadores sufren una tarifa del 25% al acero, aluminio, a los automóviles y sus componentes y otros exportadores aún sufren el 10%”, reprocha esta segunda fuente. En términos económicos, el comercio entre ambas orillas del Atlántico está siendo asimétrico y esta es la importante crítica que sale de Bruselas, la que provoca ahora la amenaza de 95.000 millones a los Estados Unidos.

Una forma perfecta de ocultar las divisiones sobre la gestión interna y la falta de herramientas para cambiar los flujos migratorios, algo fuera del alcance de los líderes europeos, es obviarlo y centrarse en la dimensión exterior del fenómeno, incluso con soluciones inviables. Millones de personas entran cada año legalmente en la Unión Europea y apenas 300.000 entran de forma irregular, pero el debate político sobre el asunto hace muchos años que sacó los pies de la realidad.

La cumbre europea de la próxima semana incluirá en sus conclusiones una llamada a aumentar la tasa de deportación de inmigrantes irregulares y de aquellos solicitantes de asilo que ven rechazada su solicitud. Lo mismo que han pedido todas las cumbres que han hablado de inmigración en las últimas dos décadas, sin que la tasa de deportación cambie excesivamente de lo habitual. Aproximadamente un tercio de quienes reciben una orden de expulsión son realmente deportados. El resto se queda de forma irregular o termina yéndose por su cuenta.

El problema, si es que eso es un problema, es el mismo para España que para Italia, Francia, Alemania o cualquier otro país del bloque. Las deportaciones dependen de su voluntad de hacerlas, pero también de la voluntad de los países de origen de aceptar la devolución de sus nacionales. Ninguna política europea, ni la de los palos ni la de las zanahorias, ha logrado nunca cambiar eso. El Pacto Europeo de Migración y Asilo es en muchos de sus aspectos una cáscara vacía precisamente porque depende de la voluntad de terceros países para ser aplicado. Sólo ha conseguido endurecer las condiciones de asilo, pero con él apenas cambia la tasa real de deportaciones.

La retórica del documento de conclusiones de la cumbre, un texto supuestamente secreto hasta el final de las cumbres, pero de los que más se filtran en Bruselas, es similar a la de siempre. “El Consejo Europeo mantendrá una discusión estratégica en profundidad sobre migración en todas sus dimensiones”. El punto 25 de las conclusiones dice que “el Consejo Europeo pide (es decir, los gobiernos se piden a sí mismos) intensificar la cooperación con los países de origen y de tránsito, a través de partenariados mutuamente beneficiosos, para hacer frente a la raíz de las causas y para luchar contra el tráfico (de personas) con la idea de prevenir salidas irregulares y pérdidas de vidas”.

El ejemplo es el acuerdo que Von der Leyen, Meloni y Rutte firmaron el año pasado con Túnez. A cambio de dinero, el régimen dictatorial tunecino bloquea la salida de migrantes. Eso es lo que Meloni vende como un éxito de su política migratoria. Lo que hace en la práctica es desviar esos flujos a otras partes, como a Canarias. Europa se tapa la cabeza para destaparse los pies. Y Túnez aprendió el juego y ya ha pedido más dinero en dos ocasiones.

El punto 26 dice que “el Consejo Europeo pide acciones determinadas a todos los niveles (aunque las deportaciones son competencia exclusiva de los respectivos Ministerios de Interior) para incrementar y acelerar las devoluciones desde la Unión Europea. Invita a la Comisión Europa y al Consejo (a los ministros) a presentar un nuevo enfoque común de devoluciones”.

Las conclusiones son similares a las de otras ocasiones. La Presidencia húngara del Consejo de la UE quiere añadir un debate sobre los centros exteriores de procesamiento de solicitantes de asilo. El “modelo Ruanda” británico, que nunca se puso en marcha.

Italia ha firmado uno con Albania. Como explicaba este lunes una fuente diplomática, “es un debate sobre nada, porque ningún país tercero, excepto Ruanda, ha aceptado jamás solicitantes de asilo que ya estuvieran en Europa”. La misma fuente asegura que el acuerdo entre Italia y Albania apenas alterará los números totales de solicitantes de asilo en Italia y que le sorprendería “que algún país de los Balcanes aceptara un chantaje similar”. Si es que algún día llega a ponerse en marcha, porque sigue siendo únicamente un papel.

Los ministros de Interior estudiarán la idea este jueves en Luxemburgo, pero saben que llevarla a la práctica depende la voluntad de terceros países. Y, por supuesto, no se llamarán “campos de concentración de inmigrantes”, aunque sean cerrados y para inmigrantes, sino, en palabras de otro diplomático, “puntos de recogida antes del retorno al país de origen”. En 2018 los líderes aprobaron que la Comisión Europea presentara planes para la creación de “plataformas regionales de desembarco”.

El papel debe estar lleno de polvo en algún cajón del Berlaymont, sede central de la Comisión Europea. Esas ideas terminan chocando siempre con las leyes, porque el Derecho de la Unión Europea no es aplicable extraterritorialmente ni la Unión Europea tiene los medios de controlar lo que haga después el tercer país en cuestión con esos inmigrantes.

Incógnita resuelta. Ya conocemos los nombres que ocuparán los altos cargos de la Unión Europea la siguiente legislatura. Dos claves a tener en cuenta: la continuidad, no ha habido grandes sorpresas,  y la extrema derecha, que se ha quedado fuera del reparto. El grupo de Meloni ha quedado por delante de los liberales en el Parlamento. Pero, de poco le ha valido a ella y a Orbán enfadarse, porque los puestos se los han repartido las 3 familias tradicionales: conservadores, socialdemócratas y liberales. 

Veamos cómo es ese reparto. Von der Leyen repite. Siempre ha sido la favorita. Se involucró mucho en la campaña del 9J y a pesar de algunos errores y el apoyo de Macron a Draghi, seguirá como presidenta. 

Ahora, debe pasar por el filtro del Parlamento Europeo. Es ahí donde tendrá que lograr el apoyo de la mayoría de eurodiputados. En teoría solo con el apoyo de las 3 grandes familias le bastaría. Pero…. la votación es secreta y es casi imposible que los grupos voten en bloque. Así que no le queda otro remedio que buscar otro apoyo. Todo apunta a que serán los Verdes.

¿Y el Consejo Europeo? Estará presidido por el socialdemócrata Antonio Costa. En la mochila, una gran gestión en su país y su buena relación con otros líderes. Y de momento, ha salido indemne de los casos de corrupción que provocaron su dimisión. 

Como se esperaba, Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, será la sustituta de Borrell como Alto Representante para Relaciones Exteriores. La liberal ha sido desde el inicio una de las más duras con Rusia por la invasión de Ucrania. Tanto, que Putin la ha puesto en busca y captura. El mensaje que manda la UE con su elección es de apoyo a Zelenski y su apuesta por la defensa.

Giorgia Meloni todavía no sabe jugar al juego europeo. La jefa del Gobierno italiano quedó sola y aislada la noche del jueves en Bruselas cuando los dirigentes de los 27 se sentaron a certificar la renovación de las presidencias de las instituciones europeas. La italiana, que venía enfadada porque el pacto había cocinado entre las grandes familias políticas tradicionales (conservadores, liberales y socialistas), dejando fuera a la extrema derecha que ella quiere representar a la espera de saber qué pasa en Francia con Marine Le Pen, salió frustrada.

La cumbre cerró justo después de la medianoche con el anuncio de que la conservadora alemana Úrsula Von der Leyen seguirá cinco años más como presidenta de la Comisión Europea, el socialista portugués António Costa presidirá el Consejo Europeo en sustitución del liberal belga Charles Michel y la liberal estona Kaja Kallas tomará el relevo del hispano-argentino Josep Borrell como jefa de la diplomacia. Era lo previsto y lo traían pactado el alemán Olaf Scholz y Pedro Sánchez por los socialistas, el polaco Donald Tusk y el griego Kyriakos Mitsotakis por los conservadores y el francés Emmanuel Macron y el holandés Mark Rutte por los liberales.

La típica negociación bruselense había dado una mayoría suficiente para sacar adelante los nombramientos (Von der Leyen y Kallas necesitarán ratificación parlamentaria, no Costa) porque los países que mostraban rechazo o reticencias (Italia, Hungría, Eslovaquia y Chequia) no sumaban minoría de bloqueo. La cumbre debía servir, según el plan de Charles Michel, para sumar a todos los posibles (la Hungría de Orban estaba descartada) al acuerdo, sobre todo en el caso italiano. Pero no salió lo previsto. Mientras el primer ministro checo Fiala y el presidente eslovaco Pellegrini (en sustitución del convaleciente primer ministro Robert Fico) negociaban y terminaban por votar sí a los tres nombramientos, la italiana Meloni quedaba aislada.

Fuentes diplomáticas de varios países fueron contando durante la tarde cómo avanzaba la negociación y que la abstención de Meloni en los tres casos era el objetivo y estaba al alcance de la mano. La italiana quiere jugar a tantas bandas que no le dan las manos. Quiere ser parte de los grandes europeos, pero estos rechazan a su familia política de extrema derecha, en parte porque están amenazados por esos partidos en sus propios países. Pero a la vez quiere ser la líder de esa extrema derecha menos radical.

Cuando poco después de las 20 horas los líderes empezaron la cena y el debate a fondo sobre los nombramientos, checos y eslovacos ya estaban en el acuerdo. Chequia no ha comunicado aún quién será su próximo comisario o comisaria (ahora mismo tienen a Věra Jourová, una persona muy bien considerada en Bruselas) y Eslovaquia repite la apuesta de Maros Sefcovic, quien boxea por méritos propios por encima del peso del país. Es una elección inteligente, como su decisión de negociar anoche, para conseguir una cartera con peso. Orban no tenía intención de negociar nada y a la hora de la votación decidió votar contra Von der Leyen, abstenerse en el caso de Kallas y votar a favor de Costa.

Algunos dirigentes conservadores intentaron atraer a Meloni. El polaco Tusk, el austríaco Nehammer y el chipriota Christodoulides tuvieron buenas palabras y hablaron con ella. Tusk había llegado a decir al principio de la cumbre que no habría decisión sin Meloni. En vano.

No todos fueron tan amables. El liberal belga Alexander De Croo recordó que en el Parlamento Europeo "hay tres grupos listos para trabajar juntos (en referencia a conservadores, liberales y socialistas)" y que "así funciona la democracia, que no es sólo una cuestión de bloqueos".

Meloni quedó en fuera de juego. Sola, porque Orban no es compañía, abandonada por checos y eslovacos, la italiana decidió votar contra Kallas y Costa y no lo hizo contra Von der Leyen (se abstuvo) porque intentó no cortar todos los puentes para que quien sea el próximo comisario europeo enviado por Italia pueda aspirar a una cartera de peso. De conseguirla, aunque el reparto final no se hará hasta después de las vacaciones, será porque Von der Leyen entiende que el peso de Italia (tercera economía europea) lo merece, no porque Meloni lo haya logrado por sus habilidades negociadoras. La italiana quedó como la única que votó contra Costa (un hombre muy apreciado entre sus pares, también entre los conservadores) y contra Kallas (una figura que generó consenso desde que su nombre se puso sobre la mesa).

El aislamiento de Meloni es una muestra también de que las grandes familias políticas no están dispuestas a aceptar cualquier cosa para subir a la extrema derecha al barco, y menos a pocos días de unas legislativas francesas donde una extrema derecha más radical que la italiana amenaza con copar la Asamblea Nacional y forzar la mano del presidente Macron. Al final de la cumbre, Meloni escribió en X: "La propuesta formulada por conservadores, socialistas y liberales para los nuevos altos cargos es un error en el método y en el fondo". Sólo ella pensaba eso.

En conferencia de prensa, Von der Leyen quiso empezar a curar las heridas: "Meloni se abstuvo. Creo que es importante trabajar inteligentemente con la primera ministra italiana como con todos los otros Estados miembro. Es el principio que sigo siempre".

El Parlamento Europeo es, tras las elecciones del pasado 9 de junio, un poco más conservador, pero ese giro a la derecha no se verá en la renovación de los altos cargos del bloque, que debe hacerse teniendo en cuenta un complejo equilibrio político, geográfico y de género. Los seis negociadores, dos por cada una de las tres grandes familias políticas europeas excluyendo a las extremas derechas, cerraron este martes un acuerdo que debe ser refrendado por los otros 21 líderes en la cumbre de este jueves y viernes y que, en parte, debe ser ratificado por el Parlamento Europeo. Si no hay unanimidad en la cumbre de esta semana se procedería a una votación que deberá reunir al menos a 15 países y que estos sumen al menos el 65% de la población de la Unión Europea. Hace cinco años unos pocos líderes decidieron en petit comité, aprovechando un G7, colocar al holandés Frans Timmermans en la presidencia de la Comisión Europea. Los demás se rebelaron y Timmermans cayó. A altas horas de la madrugada Macron se sacó de la manga el nombre de la alemana Von der Leyen, entonces ministra de Defensa de Angela Merkel.

Los socialdemócratas Olaf Scholz y Pedro Sánchez, los conservadores Donald Tusk y Kyriakos Mitsotakis y los liberales Emmanuel Macron y Mark Rutte acordaron que la conservadora alemana Úrsula Von der Leyen seguirá al frente de la Comisión Europea para un segundo mandato de cinco años. Siempre fue la favorita porque no había nombres alternativos de peso más allá de la apuesta de Macron por el italiano Mario Draghi y a pesar de que en los últimos meses cometió errores de calado. Von der Leyen sigue casi para hacer bueno el refrán de mejor malo conocido que bueno por conocer. Su nombramiento queda a expensas de una votación en el Parlamento Europeo, probablemente el 16 ó 17 de julio, que tiene muy complicada porque tendrá que conseguir votos o de la extrema derecha menos radical o de los ecologistas, dos familias fuera de este pacto.

Si la Comisión Europea, brazo ejecutivo del bloque, no se renueva, sí lo hace el segundo alto cargo de la Unión Europea, la presidencia del Consejo Europeo, el órgano que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno y que tiene un papel de coordinador entre ellos. El liberal belga Charles Michel deja el cargo tras cinco años al socialdemócrata portugués Antonio Costa. Es un giro a la izquierda forzado porque los socialdemócratas llevan tres lustros pidiendo ese puesto, que no habían conseguido hasta ahora a pesar de ser desde hace dos décadas la segunda familia política del Parlamento Europeo.

Costa fue el favorito desde hace más de un año, pero en los últimos meses su nombramiento generaba dudas porque dimitió como primer ministro portugués al ver a personal político de su entorno mezclado en un caso de corrupción. Los gobiernos más conservadores lo veían con malos ojos porque consideran que es un “blando” en inmigración y preferían a la primera ministra danesa, la también socialdemócrata Mette Frederiksen. Pero los negociadores de la izquierda, Scholz y Sánchez, se negaron a cambiar de caballo a mitad de carrera. Costa es un hábil negociador, personalmente afable y que cae bien a la mayor parte de sus pares. Portugal, uno de los países medianos del bloque, vuelve a las alturas de las instituciones europeas después de haber tenido a José Manuel Durao Barroso como presidente de la Comisión Europea hasta hace tres mandatos. El nombramiento de Costa es directo y no necesita la ratificación del Parlamento Europeo.

La jefatura de la diplomacia europea (el cargo se llama oficialmente Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea) pasa del hispano-argentino Josep Borrell, un veterano de mil batallas que había sido con anterioridad presidente del Parlamento Europeo y ministro de Exteriores español, a la primera ministra estona, la liberal Kaja Kallas, uno de los perfiles más duros contra el Kremlin. Kallas lo es, en parte, porque como muchos de los ciudadanos bálticos, sufrió en sus carnes la represión soviética. Su familia fue deportada a Siberia con otros cientos de miles de estonios. No todos volvieron. Sí lo hicieron su abuela y su madre. Ella ya nació en Estonia.

Kallas no tiene más experiencia diplomática que la de los últimos años como primera ministra de uno de los países más pequeños de la Unión Europea, pero en Europa boxea por encima de su peso real porque ha sabido construirse un perfil político potente entre los liberales, sobre todo desde el ataque ruso contra Ucrania. Kallas, que teme que su país y sus vecinas Lituania y Letonia sean las siguientes víctimas del presidente ruso Vladimir Putin, tendrá el cargo más complejo, porque su puesto es el único que depende orgánicamente tanto de la presidenta de la Comisión Europea como de los ministros de Exteriores del bloque. Tiene mucha exposición mediática pero poco poder real y menos presupuesto. En el haber tiene que maneja un servicio diplomático que entre Bruselas y las embajadas de la Unión Europea por el mundo controla a más de 5.000 personas.

El reparto de cargos se cierra con la continuidad de la conservadora maltesa Roberta Metsola como presidenta del Parlamento Europeo, en principio para dos años y medio, cuando, si las fuerzas políticas respetan la tradición, deberá cederlo a alguien del grupo de socialistas y socialdemócratas, segunda fuerza de la Eurocámara.

La cena informal que celebraron los dirigentes de los 27 este lunes en Bruselas debía ser la que diera el pistoletazo de salida al proceso de renovación de las cúpulas de las instituciones europeas. Todo estaba listo. Entre las conversaciones de Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Giorgia Meloni en el pasado G7 de Italia y las celebradas durante la cumbre sobre Ucrania organizada en Berlín este pasado fin de semana, todo parecía claro. La conservadora alemana Úrsula Von der Leyen renovaría para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea. El socialista portugués Antonio Costa sería el nuevo presidente del Consejo Europeo en sustitución del liberal belga Charles Michel. La primera ministra liberal estona Kaja Kallas sucedería al socialista español Josep Borrell como jefa de la diplomacia del bloque. Y la popular maltesa Roberta Metsola seguiría dos años y medio más como presidenta del Parlamento Europeo, para dejar su puesto en enero de 2027 a alguien de los socialistas (un italiano o la española Iratxe García).

Todo parecía hecho cuando los populares sacaron de la chistera una propuesta que bloqueó la cumbre. El Partido Popular Europeo quiere que, por primera vez desde su creación, la presidencia del Consejo Europeo se reparta 2,5 años entre ellos y los socialistas, que asumirían este verano el cargo con Costa para entregarlo a un popular en enero de 2027. A partir de ahí, con ese reparto, los populares tendrían en sus manos tanto la Comisión Europea como el Consejo Europeo. Es una propuesta que se hace a sabiendas de que no iba a ser aceptada, porque constituiría una bajada de pantalones en toda regla para los socialistas, cuyo único alto cargo, Costa, sólo lo sería media legislatura cuando los socialistas estaban aceptando que la conservadora Von der Leyen presidiera la Comisión Europea dos legislaturas, una década.

La mayoría de los dirigentes dijo el lunes que la idea de aplazar una decisión que horas antes parecía hecha se debe a que se decidió escuchar los programas (más bien las ideas, porque a ninguno se le ha pedido un programa de gobierno o similar) de quienes han sido propuestas.

Fuentes cercanas al presidente del Consejo Europeo Charles Michel, de los liberales franceses y del grupo socialista europeo entienden que el Partido Popular Europeo no bloqueará durante meses los nombramientos con una línea roja recién sacada de la chistera y que en realidad lo que busca es ganar tiempo. Si los nombramientos salían -aún informalmente- anoche, el Parlamento Europeo debería votar la ratificación de Von der Leyen la primera semana de sesiones plenarias de los nuevos eurodiputados, la que irá del 15 al 18 de julio. Eso deja a la alemana con apenas un mes para intentar ganarse los votos que le faltan ahora mismo para completar una mayoría absoluta que debe alcanzar los 361 eurodiputados.

La elección de Von der Leyen no es precisamente la del entusiasmo. La alemana renovará en el cargo, si pasa ese complicado filtro en el Parlamento Europeo, casi porque nadie ha presentado una opción más atractiva que cuente con el respaldo del Partido Popular Europeo, que como primera fuerza política del Parlamento Europeo y con 12 jefes de Estado o de Gobierno entre los 27, debe ser quien ponga el nombre de la presidencia de la Comisión Europea.

Los dirigentes adelantaron también el debate de la segunda fila de nombramientos, porque no todos los comisarios tienen carteras del mismo peso. En la última Comisión había siete vicepresidencias, pero sólo tres reales, tres ejecutivas. Las discusiones de los últimos días hablan de crear cuatro vicepresidentes ejecutivos. Una de esas vicepresidencias ejecutivas seria para el francés Thierry Breton (mercado interior e industria militar) si Macron no decide a última hora enviar a Bruselas a su actual ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, quien podría asumir esa misma cartera o una económica. La segunda sería para Teresa Ribera con una vicepresidencia de Energía y Clima. La tercera, probablemente, para un italiano, que tendría contenido económico, pero que deberá ser alguien presentable, no un ultraderechista, porque de lo contrario no pasaría el filtro del Parlamento Europeo. Y la cuarta podría ser para Polonia, Suecia, Bélgica o Grecia.

Las urnas cerraron y el polvo se irá posando en las próximas semanas (más de 90 eurodiputados no están inscritos en ningún grupo político), pero ya podemos ver un poco más allá en el camino que tiene la alemana Úrsula Von der Leyen para repetir como presidenta de la Comisión Europea.

La primera cita llegará la noche del 17 de junio. Ese día los dirigentes nacionales tendrán una cena informal para analizar el resultado electoral y poner sobre la mesa los nombres de las personas a las que apoyarán y de aquellas a las que de ninguna manera querrán ver en altos cargos europeos. Von der Leyen es favorita porque los populares son la única fuerza europeísta que crece, porque son el mayor grupo del Parlamento Europeo, porque su mandato tiene más luces que sombras (acumuladas en el último año) y porque casi la mitad de los jefes de Estado o de Gobierno son populares.

Lo que salga de los postres de esa cena se recalentará para volver a servirse en una cumbre, esta ya formal y ordinaria, el 27 y 28 de junio. Ese día debería reconducirse a Von der Leyen o, descartada, buscar otro nombre. En los últimos días crecía el consenso en cuanto a la idea de dejar que pasara viva la casilla del Consejo Europeo y ver si era capaz de conseguir el apoyo de 361 eurodiputados. En 2019, cuando contaba sobre el papel con más de 440, le sobraron sólo nueve y había unos 40 ultraderechistas menos. Entonces perdió a buena parte de los ecologistas.

Ese es el escenario más probable, pero el adelanto electoral en Francia, con la primera vuelta de las legislativas dos días después de esa cumbre, pone en duda que el francés Emmanuel Macron vaya a respaldar a una supuesta opositora. El correctivo sufrido por los socialdemócratas alemanes, por otra parte, y la victoria de la CDU (partido de Von der Leyen), que crece hasta el 30% del voto, la refuerzan.

La cumbre sienta a 27 personas, pero no todas tienen la misma influencia ni el mismo poder. A la presidenta o presidente de la Comisión la propone el Consejo Europeo, si no hay consenso, por mayoría cualificada, no por unanimidad. Eso significa que se necesita el voto afirmativo de al menos el 55% de los Estados miembro y que estos representen al menos al 65% de los ciudadanos. Es muy probable que Von der Leyen alcance esos números, salvo que los grandes pacten otra cosa. Si se da ese pacto, Scholz, Macron, Meloni, Sánchez y Tusk serán las voces cantantes.

Ningún jefe de Gobierno se ha puesto ya abiertamente contra Von der Leyen, pero no es normal hacerlo en público. Si cae lo hará como su compatriota Manfred Weber, que se veía de presidente de la Comisión Europea en 2019 por ser el candidato del Partido Popular Europeo y a quien Macron vetó. Eso no impide que en la cumbre se saquen otros nombres y sin oponerse abiertamente a Von der Leyen, algunos decidan apoyar candidatos alternativos.

Tras la reconducción de la alemana o la búsqueda de un sustituto que proponer al Parlamento Europeo (Macron quiere a Mario Draghi, pero es una apuesta arriesgada para muchos porque puede ser difícil de controlar y porque les restará protagonismo), se decidirán los siguientes altos cargos. Una alemana y conservadora en la Comisión Europea debería significar un socialista y del sur en el Consejo Europeo. El gran candidato, que cuenta con el apoyo de su Gobierno conservador, es el socialista portugués António Costa, a quien también proponen socialistas y ecologistas en el Parlamento Europeo. Pero necesita que su nombre salga impoluto de la saga de corrupción en la que parecía mezclado. Muchos países, sobre todo los escandinavos, no aceptarían nunca a una persona con eventuales casos de corrupción sin aclarar a sus espaldas. Si Costa cae empieza a sonar con fuerza el nombre del italiano Enrico Letta, quien también cumple los requisitos de haber sido jefe de Gobierno, y ser del sur y socialdemócrata.

El tercer alto cargo a repartir es el del sucesor o sucesora de Josep Borrell como Alto Representante. Con el reparto ideológico sobre la mesa, debería ser un liberal, salvo que los populares se hayan echado en brazos de la italiana Giorgia Meloni. Si es un liberal, la gran favorita es la primera ministra estona Kaja Kallas. Tras ella aparecen los ministros de Exteriores de Polonia (Radek Sikorski) y Luxemburgo (Xavier Bettel) y desde ayer el recién dimitido (sigue en funciones) primer ministro belga Alexander de Croo. Kallas es favorita, como lo puede ser la primera ministra danesa Mette Frederiksen como alternativa a Costa, pero es poco creíble en Bruselas que un gobernante en ejercicio deje el cargo para saltar a las instituciones comunitarias.

Las negociaciones no se acaban ahí porque no todas las carteras tienen igual peso en la Comisión Europea. España aspira a obtener una vicepresidencia ejecutiva con competencias en Energía y Clima para Teresa Ribera y Francia quiere una potente cartera de Mercado Interior con competencias en industria y, sobre todo, industria militar, para Thierry Breton. No es lo mismo paquetes así, o carteras potentes como Competencia o Economía (a la que apuntan los italianos), a otras muy livianas como por ejemplo Innovación o la que gestiona la administración, recursos humanos y presupuestos para el funcionamiento de las instituciones comunitarias. Ampliación, que en esta última legislatura no pesó casi nada, será ahora de las potentes porque deberá llevar todo el dossier ucraniano. El polaco Radek Sikorski, si no es elegido Alto Representante, es uno de los principales candidatos a esa cartera.

Si fueran los favoritos quienes se hicieran con los cargos se podría hablar ya de un trío de Von der Leyen en la Comisión Europea, Antonio Costa en el Consejo Europeo y Kaja Kallas o Alexander De Croo en la diplomacia comunitaria. Tras ellos deberían obtener carteras potentes Francia, España y Polonia. E Italia si Meloni juega al juego de los partidos de centro. Los primeros dos años y medio de presidencia del Parlamento Europeo serían para la popular maltesa Roberta Metsola, que continuaría en la silla. Los segundos dos años y medio podrían ser para la española Iratxe Gaspar si se reedita el pacto que italianos y españoles hicieron en 2019, por el que Gaspar dirigía el grupo y el ahora fallecido David Sassoli presidió la Eurocámara los primeros dos años y medio.

Pero estas cumbres las carga el diablo. Si Charles Michel y Josep Borrell eran favoritos en 2019 en todas las quinielas, nadie esperaba a aquella ministra de Defensa alemana, Úrsula Von der Leyen. Cuando Macron levantó el teléfono para llamar a Jean-Claude Juncker, cuentan las malas lenguas, este respondió: “¿Úrsula Von der quoi?”

La disputa política alrededor de la Ley de Restauración de la Naturaleza parece no terminar nunca. Aunque la propuesta de la norma llegó en junio de 2022, no fue hasta primavera del año pasado cuando ganó notoriedad porque empezó a capitalizar la lucha política entre progresistas y conservadores en Bruselas. En noviembre, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión acordaron el texto que fue refutado después por los europarlamentarios, pero en el último momento Hungría se ha revuelto contra la ley para mandar una señal de apoyo al sector primario, y su voto es indispensable para que la norma salga adelante.

Hungría se había mantenido hasta ahora favorable a que la legislación siguiese adelante e incluso dio su visto bueno durante las negociaciones de los trílogos, donde los Estados miembros están representados dentro del Consejo, pero en realidad solo estaba esperando a la votación decisiva, la de los ministros de Medioambiente de los Veintisiete, para jugar sus cartas. Junto a Hungría hay un bloque de países que lleva desde el primer momento tratando de hundir la norma, pero no eran suficientes hasta ahora para bloquear su tramitación. Se trata de Países Bajos, Finlandia, Hungría, Italia, Polonia y Suecia, que han votado en su contra reiteradamente, y a ellos se unen Austria y Bélgica, que se abstienen en la votación, el equivalente a votar 'no'. Estos ocho gobiernos están liderados por fuerzas conservadoras, liberales o de extrema derecha, y se trata de un nuevo episodio de la disputa entre las derechas para captar el voto rural.

César Luena, eurodiputado socialista y coordinador de la ley en el Parlamento, reconoce la negociación de la ley durante su etapa parlamentaria fue muy dura y los socialistas y los verdes cedieron en múltiples puntos para sacar la legislación adelante, eliminando muchas de las medidas que garantizaban la biodiversidad en las granjas. "Todas las precauciones se incluyeron en el pacto. Rebajamos mucho los índices de protección de la biodiversidad agrícola y se aceptaron las exigencias del campo. Honestamente, si hubo algo que capitalizó las negociaciones, fue encajar en la ley la agricultura, la ganadería y la pesca", afirma. En todo caso, es optimista y cree que la ley saldrá adelante el 17 de junio, cuando en principio los 27 ministros votarán su ratificación. Una de las claves de esa jornada es que se celebrará después de las elecciones europeas, con las aguas más calmadas.

Para que la ley sea finalmente aprobada es necesario una mayoría cualificada del conjunto de ministros de Medioambiente, que equivale al 55% de los estados miembros y al 65% de la población europea. Ese grupo de ocho países opositores roza los 150 millones de personas, un tercio de la población, pero con los 10 millones de Hungría alcanzan el porcentaje necesario de bloqueo. El movimiento es interpretado como un giro político de Viktor Orbán, el líder húngaro, con una posición habitualmente antieuropeísta, para calentar las ascuas de cara a las elecciones comunitarias del 9 de junio.

La votación final de los 27 ministros sobre la ley todavía no está fijada en la agenda, sino que la presidencia belga del Consejo de la UE está esperando a tener una mayoría consolidada para establecer una fecha. La próxima cita de los titulares de Medioambiente es el 17 de junio y sería una ocasión óptima, ya que será su última reunión antes de que la presidencia rotatoria pase, precisamente, a Hungría, que podría posponer la consulta indefinidamente para boicotear la ley. Las elecciones europeas no afectarán al proceso de votación de la norma, puesto que el Parlamento Europeo, que es el que se somete a votación el 9 de junio, ya la ha ratificado.

La ecologista Sabel Leemans explica también que la Ley de Restauración es un paso indispensable para el medioambiente en la Unión Europea. "Hemos perdido mucha naturaleza en el continente en las últimas décadas y debemos recuperarla", opina. El objetivo principal de la norma es que cada país apruebe medidas para recuperar zonas degradas en el 20% de su territorio y de sus aguas en 2030, por ejemplo, sobre zonas que se han desertificado o erosionado por riadas, por la sequía o simplemente debido al abandono de la agricultura. La meta final es que en 2050 todo el mapa europeo tenga medidas de recuperación de la biodiversidad.

César Luena recuerda que la Unión Europea se comprometió a cerrar este pacto en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, durante la cumbre de la ONU de la Biodiversidad, la COP15, y fallar a ese pacto mandaría una pésima señal al resto del mundo, que ve en la Unión Europea como un ejemplo a seguir. "Tiene que haber una Ley de la Restauración porque si vamos a la COP16 sin ella, perderíamos la credibilidad", resume el europarlamentario. 

La disputa de última hora se enmarca en la campaña electoral de las europeas, donde el Partido Popular Europeo (PPE) aspira a revalidar su victoria de 2019, aunque mejorando su anterior resultado, puesto que no fue suficiente para imponer su agenda en Europa debido a que los socialistas y los liberales se han aliado durante los últimos cinco años en un amplio abanico de temas. La respuesta del PPE ha sido un giro a la derecha y una apuesta por capitalizar el voto rural, de ahí que haya convertido la Ley de Restauración de la Naturaleza en una guerra política. Hace un año, cuando el Parlamento debatió su primer posicionamiento sobre la norma, el PPE abandonó las conversaciones y pasó a la ofensiva, argumentando que era un peligro para los agricultores y ganaderos. 

Leemans explica que ese dilema entre agricultura y medioambiente es falso debido a que la ley que prepara la Unión pretende precisamente apoyar a la agricultura, aunque los cambios que traiga supongan temporalmente una carga de trabajo extra para el campo. "No se trata solo de proteger la naturaleza, sino de garantizar la seguridad alimentaria. La ley protege a los insectos polinizadores y sin ellos muchos de los cultivos no podrían desarrollarse. De hecho, la Comisión calcula que por cada euro invertido en la Ley de Restauración se recuperan ocho, y por eso muchas compañías han pedido a la Unión Europea seguir adelante con ella", termina.

Para presionar en la negociación de última hora, once ministros de Medioambiente publicaron el pasado martes una carta en la que piden sacar la norma adelante en el próximo Consejo del 17 de junio. "Europa es el continente que más rápido se calienta y sufre impactos sin precedentes por la crisis climática. (...) Este retroceso en compromisos ya alcanzados dinamita nuestras instituciones pone en duda el sistema político europeo", se lee en la misiva. El documento está encabezado por Eamon Ryan, ministro de Medioambiente de Irlanda, y está firmada por Teresa Ribera, su homóloga española. También firman Alemania, Francia, República Checa, Luxemburgo, Estonia, Lituania, Eslovenia, Dinamarca y Chipre.

La organización WWF también publicó el pasado jueves una encuesta que afirma que el 75% de los ciudadanos de los países contrarios a la Ley de Restauración de la Naturaleza están a favor de que salga adelante. Recibe el mayor apoyo en Italia, con un 85% de ciudadanos a favor, seguido de Hungría, con un 83%, y Polonia, con un 72%.

Cuando este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compartía en una carta abierta a la ciudadanía que se daría unos días para “reflexionar” si continuaba o no en el cargo tras los ataques a su esposa, Begoña Gómez, España sufrió un auténtico terremoto político que dejaba en vilo al país. Esa noche, mientras algunos fijaban su atención en el Palacio de La Moncloa, otros miraban a un lugar a más de 1500 kilómetros de Madrid: Bruselas.

No se sabe nada de la decisión que tomará Pedro Sánchez este lunes, pero, si dimite, a nadie se le escapa a estas alturas que el presidente del Gobierno es uno de los políticos españoles que más importancia le ha dado a su perfil internacional. Su voz se ha escuchado alta y clara, especialmente en la Unión Europea, donde goza de un gran prestigio entre los líderes de los Estados miembros. Sánchez fue clave en numerosas negociaciones como, por ejemplo, la implantación de la excepción ibérica o el desarrollo de  los fondos de recuperación tras la pandemia. Además, a todo ello hay que sumarle la exitosa presidencia rotatoria de España en el Consejo, que elevó aún más su figura entre los líderes de los 27.  

Pero, ¿qué cargos podría ocupar Sánchez en la Unión Europea? A priori, el presidente español tendría la posibilidad de acceder a los dos puestos más importantes en la organización supranacional: el de presidente de la Comisión y el de presidente del Consejo. Sin embargo, el líder socialista tiene muchas más posibilidades de ser lo segundo que lo primero.

En el caso de la presidencia de la Comisión, el cargo parece reservado desde hace mucho tiempo para la actual titular, Ursula von der Leyen, y, aunque en los últimos meses su nombre parece estar en entredicho por las numerosas críticas que está recibiendo y las dudas acerca de su continuidad dentro de su propia formación, el Partido Popular Europeo (PPE), el nombre de Sánchez parece imposible para sustituirla. 

El principal motivo es que el nombramiento del presidente de la Comisión, aunque sea propuesto por los líderes de los Estados miembros, tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo y, si se cumplen los pronósticos, este no sería nada favorable a Pedro Sánchez. Todas las encuestas de las elecciones del 9 de junio otorgan una victoria muy contundente al PPE y un retroceso a los socialdemócratas, por lo que una Eurocámara netamente conservadora nunca aceptaría un candidato que no fuera conservador y menos uno como Sánchez, el cual, además, ha tenido durante la legislatura fuertes encontronazos con el líder del PPE en el Parlamento, el alemán Manfred Weber.

En el caso de la presidencia del Consejo, Sánchez sí tendría muchas más posibilidades, pues es un puesto elegido directamente por los jefes de Estado y, por ello, no tendría que pasar por el filtro del Parlamento. De hecho, no es la primera vez que el líder del Ejecutivo español suena en las quinielas para optar a este cargo, que hace las veces de “jefe de Estado” de la Unión, presidiendo, dirigiendo y mediando en las reuniones entre los presidentes y jefes de Gobierno de los países. 

A Sánchez le avalan su perfil de prestigio y el apoyo de los socialdemócratas europeos, pero, pese a todo, tiene realmente difícil poder presidir el Consejo. El primer motivo es evidente: los presidentes europeos que le deben elegir por mayoría cualificada (15 ‘síes’ de 27) son mayormente conservadores del PPE. De hecho, tan solo 3 Estados miembros (sin contar España) están presididos por la izquierda. Es cierto que uno de ellos es Alemania, sin duda uno de los países con más peso en la elección, pero más allá de los germanos, sólo Dinamarca y Malta tendrían a Sánchez como opción ideológica preferente. 

Sin embargo, el reparto de los principales puestos de la Unión Europea podría darle una oportunidad. Tradicionalmente, liberales, conservadores y socialdemócratas se han dividido los tres cargos más importantes de la organización: el presidente del Consejo, de la Comisión y el Alto Representante para Asuntos Exteriores. Por ejemplo, esta legislatura la UE ha tenido una presidenta de la Comisión conservadora (Ursula von der Leyen), uno del Consejo liberal (Charles Michel) y un Alto Representante socialdemócrata (Josep Borrell). Por tanto, si la alemana continúa en su puesto, es previsible que un político de la izquierda moderada como Sánchez pueda optar a liderar el Consejo.

Pese a esta coyuntura, es muy complicado que Estados importantes como Francia, Italia o Polonia le den su apoyo. Emmanuel Macron parece que se inclina por un candidato con un respaldo más transversal, Giorgia Meloni y Sánchez no pueden estar más en las antípodas en cuanto a las cuestiones importantes de la Unión y, por último, Donald Tusk y el líder socialista ya han tenido varios encontronazos en cuanto a la política de defensa de los 27. Además, la fuerte postura de Sánchez en lo relativo al reconocimiento de Palestina, algo muy divisivo en el seno de la UE, podría quitarle aún más puntos . En este sentido, muchos analistas piensan que el nombre de Sánchez ha salido a la palestra más por la falta de candidatos fuertes en las filas socialdemócratas que por ser una posibilidad realista.

Por otra parte, el cargo de presidente del Consejo es un puesto muy jugoso y, por eso, el sillón que ahora ocupa el belga Charles Michel tiene muchos pretendientes. Hace unos meses, con su dimisión al frente del gobierno portugués por un caso de corrupción del que luego ha salido indemne, Antonio Costa parecía ser el favorito en todas las quinielas para hacerse con la presidencia. Como a Sánchez, le pesa la mayoría conservadora de líderes europeos, pero el reparto de poder en la UE también le abre una posibilidad. Especialmente, a un líder tan respetado y prestigioso como Costa, quien tiene en Europa tanto o más peso que Sánchez. Su exitosa trayectoria de gobierno en Portugal, sus buenas relaciones con los líderes europeos y su forma de abandonar el cargo para luego ser absuelto, son algunas de sus principales credenciales.

Más allá de Costa, otro nombre que ha emergido con mucha fuerza es el de Mario Draghi, que, junto al portugués, es el favorito para presidir el Consejo. El italiano es la navaja suiza de la política europea y parece que, allí donde hay una vacante en el viejo continente, su nombre siempre sale a la palestra. A su favor tiene su gran desempeño en las instituciones europeas, el apoyo de líderes como Macron y su perfil trasversal, que gusta incluso a su sucesora a los mandos de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni. Por otra parte, en su contra juega el haber ocupado ya una infinidad de cargos en Europa y el ser una figura que ya parece más ligada al pasado que al presente y al futuro de la Unión. También es importante recalcar que Draghi figura igualmente en las quinielas para presidir la Comisión en el caso de que Von der Leyen no repita.

Otros nombres que se han barajado han sido el del expresidente italiano Enrico Letta, que en las últimas semanas presentó su aplaudida hoja de ruta para la UE de cara a la próxima legislatura, el del exprimer ministro sueco Stefan Löfven o el de la actual primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Sin embargo, todos ellos parecen estar a una gran distancia de Costa o de Draghi, algunos por su falta de renombre y otros, como en el caso de la líder de Dinamarca, por las medidas antiinmigración implementadas por su Gobierno, que han causado gran polémica entre las filas socialdemócratas. De la carrera parece caerse el todavía primer ministro en funciones holandés, Mark Rutte. Su perfil liberal, muy respetado, y su veteranía al frente de los Países Bajos parecían credenciales suficientes para colocarle muy arriba en las apuestas, pero, finalmente, todo indica que Rutte cambiará Europa por la OTAN para suceder a Jens Stoltenberg al frente de la alianza militar.

Además, según publica Politico, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se inclinarán por un perfil diferente al de Michel al elegir al próximo presidente del Consejo. Las ambiciones políticas del belga y su pobre desempeño en el cargo le han puesto en el punto de mira, así que lo más probable es que los 27 se inclinen por un político más experimentado, ya en la parte final de su trayectoria, y que pueda guardar un perfil bajo, limitándose a las tareas propias del cargo. En este molde encajan mucho mejor tanto Costa como Draghi, cuyas carreras políticas parecen acabadas y no tanto Sánchez, mucho más joven que ambos y en un momento vital muy distinto.

Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es la fuerte presencia de políticos españoles en las instituciones europeas. Quizás, la más importante de todas sea Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversión, pero también está Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo o, incluso, se podría barajar un futuro puesto de Teresa Ribera en la UE relacionado con la transición ecológica durante la próxima legislatura. Así, si Sánchez accediera a la presidencia del Consejo, el equilibrio territorial de la UE se podría resentir.

Los líderes de la Unión Europea han acordado este jueves pedir "una pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego duradero" en la Franja de Gaza, además de reclamar a Israel que no lleve a cabo una operación terrestre en Rafá, ciudad fronteriza con Egipto en la que se concentra un millón de desplazados gazatíes, según informa Europa Press.

Los mandatarios de los 27 han acordado una nueva posición común que endurece el enfoque hacia Israel y pone el énfasis en la "crítica" situación humanitaria en la Franja, insistiendo en el "efecto desproporcionado" de la ofensiva de Tel Aviv sobre los civiles, "en particular los niños", "así como el riesgo inminente de hambruna".

En sus conclusiones, los mandatarios europeos reconocen su preocupación "por la pérdida sin precedentes de vidas civiles" y piden al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu que "no emprenda una operación terrestre en Rafá, que empeoraría la situación, ya de por sí catastrófica".

La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía en un texto en el que se recoge que esta norma no afectaría a la separación de poderes, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas. Sin embargo, fuentes del Consejo de Europa han señalado además que todavía no hay ningún informe definitivo. De esta forma, el texto preliminar se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, donde se prevé que habrá discusión y posible cambios vía enmiendas. De tal forma, el documento definitivo se deberá aprobar en el plenario.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la decisión recalcando que "la amnistía es una herramienta para la reconciliación". "Y además cumple con los estándares internaciones. Es impecable y es positiva", ha escrito en redes.

La Comisión de Venecia inició el estudio de la Ley de Amnistía que pactaron el PSOE y las formaciones independentistas después de una petición que realizó el Senado, a instancias del PP.

De hecho, una delegación de la Comisión de Venecia visitó España los días 8 y 9 de febrero para reunirse con grupos parlamentarios de Congreso y Senado, el Gobierno, expertos constitucionales y asociaciones judiciales, entre otros, para recabar información sobre la iniciativa.

En esta visita, los miembros de la comisión se centraron en los trámites de la proposición de ley, tanto en el Congreso y el Senado, pero no entraron a valorar su contenido, ni pidieron detalles sobre lo relativo a delitos de terrorismo. De hecho, uno de sus miembros dejó claro a los diputados que su función no es valorar la idoneidad de la futura ley sino únicamente analizar si se han seguido los procedimientos técnicos adecuados durante su tramitación.

Mucho ruido y pocas nueces. Así se podría resumir, de una forma breve y precisa, la cumbre europea celebrada el pasado jueves donde los 27 desbloquearon más de 50.000 millones de euros destinados a ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Una reunión que, durante toda la semana, estuvo en el aire por el miedo al veto de un hombre que se ha convertido en el principal villano del club europeo: el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Su cercanía a Putin, su veto en pasadas cumbres a la ayuda a Ucrania y la necesidad de alcanzar la unanimidad para tomar este tipo de decisiones en el Consejo Europeo parecían el caldo de cultivo perfecto para que el líder de Fidesz saboteara el acuerdo entre los 27. Sin embargo, y contra todo pronóstico, solo se necesitaron 6 minutos para que Orbán levantara el veto y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunciara que la ayuda a Ucrania ya era una realidad.

Un giro de guion sorprendente y completamente inesperado que llegaba en uno de los grandes picos de tensión entre la Unión Europea y Hungría de los últimos años. Durante todo el mes de enero, se sucedían las voces dentro del club de los 27 que pedían medidas más contundentes contra Budapest si Orbán continuaba con su negativa de apoyar la ayuda a Ucrania. Un sentimiento que puso en palabras, antes de que comenzara el Consejo, el primer ministro polaco, Donald Tusk, uno de los líderes más destacados de la derecha moderada europeísta: “No tenemos fatiga con Ucrania, tenemos fatiga con Orbán”.

La escalada de tensión parecía llegar a su culmen el pasado lunes, cuando el Financial Times desvelaba un documento en el que el club comunitario planteaba la opción de sabotear la economía húngara en el caso de que Orbán vetara la ayuda a Ucrania. En ese caso, la UE tenía el plan, según lo publicado por el diario británico, de detener completamente el envío de fondos a Hungría para minar la confianza de los inversores y perjudicar a las finanzas del país, paradójicamente muy dependientes de la ayuda de Bruselas, 

Finalmente, el pasado jueves, la unidad del resto de grupos y la presión de los líderes europeos permitieron que la moneda saliera cara sin apenas contraprestaciones, pero el problema de húngaro está aún lejos de desaparecer para la Unión Europea. Por eso, después de superar este match ball, la pregunta para el resto de los 26 estados miembros es cómo lidiar con su compañero más díscolo con una guerra de Ucrania que se prevé larga y con unas elecciones en el horizonte que pueden suponer un espaldarazo para las fuerzas euroescépticas.

“La posición de Hungría cambiará cuando cambie su gobierno, algo que ahora mismo es muy complicado”, sostiene Carolina Plaza, doctora en Política Comparada por la Universidad de Salamanca e investigadora especializada en populismo y euroescepticismo, que no cree que exista una fórmula mágica para meter en vereda a Budapest. “Orbán ha construido su figura política en torno al discurso de que existen unas supuestas élites globalistas oscuras que atentan contra los intereses de la población húngara, así que hay muy pocas probabilidades de que algo pueda hacerle dar un giro de 180 grados a su actitud con respecto a la UE”, continúa. 

Si el cambio interno es prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta el deterioro democrático de Hungría y la débil oposición a su partido, la pregunta es qué se puede hacer desde fuera. Uno de los recursos que más se han escuchado este mes en Bruselas, según el diario Politico, es la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea al país de Orbán. “Es una especie de botón nuclear”, comenta Luis Bouza, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y especialista en derecho europeo. Bouza explica cómo ese artículo prevé suspender el derecho a voto de un país que haya infringido “de forma grave y persistente los principios en los que se basa la UE”, algo que encaja con la situación de déficit democrático que se vive en Hungría.

“Para activarlo se requiere unanimidad del resto de países, algo que antes era imposible por culpa de Polonia, pero que ahora, con la entrada del gobierno europeísta de Tusk, se abre la posibilidad de poder aplicarlo”, explica Bouza. Sin embargo, para Jorge Tuñón, catedrático Jean Monnet, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y experto en asuntos europeos, la Unión Europea también tiene que andar con pies de plomo al implementar sanciones muy duras contra Hungría, ya que existe el riesgo de que Budapest busque un acercamiento a su aliado Vladímir Putin en caso de que se produzcan. 

“La UE tal vez tiene que ser más estricta, pero no podemos olvidar el poder simbólico de Hungría, un país de del otro lado del Telón de Acero que finalmente se consigue atraer a la órbita occidental. Por eso y por el peligro de la influencia de Rusia, la Unión tiene que jugar con Orbán una partida de póker, abriendo y cerrando la mano en función de la situación”, sostiene Tuñón. Por eso, no parecen probables sanciones desproporcionadas a Hungría o una expulsión que ni siquiera está contemplada en los tratados. Además, las próximas elecciones europeas podrían abrir un nuevo horizonte a Fidesz, el partido de Orbán, ya que podría ser clave en la gobernabilidad de la UE si el Partido Popular Europeo reniega de la gran coalición con los socialdemócratas y elige pactar con formaciones de derecha radical como la húngara.

Entonces, si una oleada de sanciones tampoco es aconsejable, la solución podría ser cambiar las reglas de juego en vez de intentar convencer a Hungría de dar su brazo a torcer. “Llevamos diciendo mucho tiempo que la unanimidad para ciertas decisiones en el Consejo es un tiro en el pie de la Unión Europea. Yo estoy muy de acuerdo con que se elimine esa condición porque ralentiza enormemente la toma de decisiones y da un gran poder a países como Hungría para distorsionar las votaciones”, argumenta Tuñón. 

Sin embargo, el proceso para llevar a cabo esta reforma para eliminar la unanimidad sería muy costoso y difícil. “Para hacerlo se tendrían que cambiar los tratados y es algo que ahora mismo veo imposible, porque no solo crearía una situación diplomática muy complicada, sino que también se necesitaría que ningún país se opusiera. Naciones como la propia Hungría se negarían con toda seguridad al cambio, porque les restaría ese poder tan grande que ahora tienen”, sostiene Bouza.

Una posición parecida a la de Plaza que, por su parte, propone como solución para incrementar la gobernabilidad la reducción del número de situaciones en las que se requiera esa unanimidad en vez de eliminarla. “Al final, si reformas los tratados para retirar la necesidad de consenso, desvirtuarías el espíritu de que la UE es una sola voz y ahí siempre te vas a encontrar resistencias”, zanja la profesora de la Universidad de Salamanca.

“Es verdad que se puede hacer poco con Hungría, pero tenemos que ver el debate en su justa medida. Con lo dura que es la situación democrática allí, lo relevante es que con las herramientas de la Unión Europea se puede intentar mejorar el clima político. Por ejemplo, con el nuevo reglamento sobre medios, la UE se obliga a que exista una pluralidad en los medios públicos y transparencia sobre la propiedad. Evidentemente, esto no va a tener un efecto inmediato, pero se puede sancionar a Hungría si no realiza esas reformas”, concluye Bouza, que invita a descartar medidas drásticas y fijarse más en el medio plazo con iniciativas que busquen restar poder a gobiernos antidemocráticos como el de Orbán mediante normativa de la UE.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este jueves por unanimidad la ayuda de 50.000 millones para Ucrania en los próximos cuatro años dentro del presupuesto comunitario a largo plazo tras salvar el veto del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El acuerdo con Orbán ya se había alcanzado de forma previa a la cumbre en una reunión en la que han participado el canciller alemán, Olaf Scholz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen.

Fuentes europeas han explicado a Europa Press que los líderes han accedido a que la Comisión realice un informe anual sobre la aplicación del mecanismo, una concesión a la revisión cada doce meses que pedía Budapest, aunque sin la votación que reclamaban. De igual modo, se incluye un debate a nivel de dirigentes sobre la aplicación del mecanismo y, en caso necesario, dentro de dos años, el Consejo Europeo invitará a la Comisión a presentar una propuesta de revisión en el contexto del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), en el que se enmarca la ayuda financiera para Ucrania para los próximos cuatro años.

También, a petición de Hungría, se ha incluido un recordatorio a las conclusiones que los líderes acordaron en la cumbre de diciembre de 2020 acerca del Mecanismo de Condicionalidad -que permite bloquear fondos a Estados miembro que incumplan el Estado de Derecho- en las que se instaba a la Comisión a aplicarlo de forma "objetiva, justa e imparcial".

"Los 27 líderes han acordado un paquete de apoyo adicional de 50.000 millones de euros para Ucrania dentro del presupuesto de la UE", ha informado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter). "Esto garantiza una financiación estable, previsible y a largo plazo para Ucrania. La UE asume el liderazgo y la responsabilidad en el apoyo a Ucrania; sabemos lo que está en juego", ha añadido.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado este viernes su decisión de retirarse como candidato de Movimiento Reformista Belga (MR) a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo junio y agotar su mandato al frente de la institución europea, en respuesta a las fuertes críticas recibidas desde distintos sectores por la situación de interinidad en que quedaría el Consejo tras su salida prematura.

"No quiero que esta decisión nos distraiga de nuestra misión ni socave esta institución y nuestro proyecto europeo, tampoco que se utilice indebidamente para dividir al Consejo Europeo", ha declarado en un comunicado que ha compartido en las redes sociales.

Un escaño en el Parlamento Europeo hubiera supuesto que Michel, que asumió el cargo en 2019, abandonara la presidencia del Consejo Europeo meses antes de agotar su mandato en noviembre de este año.

Aunque desde su equipo se defendió que no existían impedimentos legales y que el relevo sólo obligaría al sucesor a tener un inicio temprano, otras voces vieron un riesgo en que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tomará provisionalmente las riendas de la institución, en tanto que presidencia de turno del Consejo de la UE, mientras se decidía el reemplazo de Michel.

Un buen indicador del éxito de la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea, que está a punto de terminar, es lo poco que el PP se ha ocupado de ella. Alberto Núñez Feijóo y los suyos, siempre dispuestos a poner la lupa sobre lo que el presidente Pedro Sánchez hace o deja de hacer, apenas han dicho nada sobre el semestre europeo.

Todo lo más, han intentado ensombrecerlo sembrando dudas sobre el cumplimiento de las reglas del Estado de derecho en España, afirmando que el Gobierno de Pedro Sánchez está tratando de aprobar una ley inconstitucional para perdonar delitos de corrupción y terrorismo y denunciando que está tratando de poner en marcha comisiones dirigidas a investigar a los jueces que juzgaron el procés.

De hecho, el PP europeo, con Manfred Weber a la cabeza, pasó de puntillas sobre la presidencia española del Consejo en el reciente debate celebrado en el Parlamento de Estrasburgo y se centró en la política interior española descalificando a Sánchez y elogiando a Feijóo.

Lo cierto es que el semestre está a punto de terminar —el 31 de diciembre Sánchez cede la presidencia al primer ministro belga, el liberal Alexander de Croo—, con muchas más luces que sombras. Y aún tiene unos días de margen para intentar redondear el balance, anotándose acuerdos en asuntos de enorme relevancia para la Unión. Así lo destacaron este viernes el presidente del Consejo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, al término de la cumbre europea celebrada en Bruselas.

Michel felicitó al Gobierno español por el “enorme esfuerzo” realizado, que ha dado lugar a una “presidencia estupenda. ¡Es impresionante lo que habéis logrado!”, exclamó. Von der Leyen elogió también a Sánchez y a su equipo: “Ha trabajado sin descanso en esta excelente presidencia durante seis meses. Gracias a su dedicación y compromiso hemos conseguido que un número importante de expedientes esenciales” salieran adelante. En concreto, más de un medio centenar, una cifra muy destacada, según los máximos responsables de la Unión.

En el haber, Sánchez pasa el testigo orgulloso de haber logrado cerrar varios hitos: la reforma del mercado eléctrico, la aprobación de una ley pionera para regular la inteligencia artificial, la ley de restauración de la naturaleza y la que regula las materias primas críticas para garantizar el abastecimiento del continente.

La reforma del mercado eléctrico tiene dos grandes objetivos: evitar la volatilidad en los precios de la luz que se solidificó en la convulsión energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y aumentar la protección a los consumidores, en especial a los más vulnerables. Y ha servido, de paso, para abrir la puerta a que el Consejo de la Unión, a propuesta de la Comisión, pueda declarar una crisis energética, en un contexto geopolítico y económico con cada vez más situaciones impredecibles.

La nueva ley sobre inteligencia artificial supuso también “un acuerdo histórico, porque fija las primeras reglas con las que limitar los riesgos de esta tecnología”. La de restauración de la naturaleza, a su vez, recoge que en 2030 el 20% de la superficie terrestre y marina del continente tendrá que tener planes para recuperar su estado original, y llegar al 100% en 2050. Y la de materias primas críticas, que busca garantizar que el bloque europeo sea capaz para 2030 de extraer de su propio territorio el 10% de las que consume al año, procesar el 40% de esa demanda y reciclar el 25% de minerales y sustancias estratégicas para el desarrollo de energías limpias y completar la transición digital.

En materia de política exterior común, la presidencia de Sánchez se despide habiendo alcanzado un acuerdo a 26 —todos los países menos Hungría— que ha hecho posible la apertura formal de negociaciones para el ingreso de Ucrania en la Unión. Aunque el éxito no ha sido completo: la oposición de Viktor Orbán, contrario a que la UE siga ayudando a los ucranianos a repeler la invasión rusa, ha hecho imposible aprobar el nuevo marco financiero plurianual. 

De este marco depende la aportación de cada país al presupuesto comunitario, así como las prioridades de la Unión para los próximos años, que la Comisión quiere ampliar para poder ayudar a Ucrania con 50.000 millones de euros, dar soporte financiero a las políticas migratorias, fomentar la competitividad de las empresas del continente, luchar contra la inflación y hacer frente a las cada vez más frecuentes crisis humanitarias y los desastres naturales.

Orbán trata de bloquear el presupuesto, que tanto urge a Ucrania, para obligar a Bruselas a liberar los fondos de recuperación que Hungría no está recibiendo por estar incumpliendo todavía las reglas del Estado de derecho.

España consiguió hilar el acuerdo a 26, un “encaje de bolillos”, en palabras del propio Sánchez, aunque no logró convencer a Hungría. Será ahora Bélgica quien asuma el reto de convencer a Orbán.

Con todo, la apertura de negociaciones para el ingreso de Ucrania en la UE, algo que Sánchez se había comprometido a impulsar cuando llegó a la presidencia de turno, el 1 de julio, durante una visita a Kiev, marca también un hito en la Unión, porque reabre la ampliación hacia el este. La negociación se amplía a Moldavia, mientras que se da a Georgia (también en la frontera rusa) el estatus de país candidato y se avanza en el diálogo con los Balcanes occidentales —entre ellos Bosnia— de cara a su integración. El mensaje a Rusia es más que nítido.

En materia exterior, España tampoco ha conseguido cerrar el semestre con un plan claro y compartido para resolver la crisis abierta entre Israel y Palestina. Sánchez no ha logrado que fragüe una posición común en defensa de un alto el fuego, pero sí a favor de la apertura de corredores humanitarios. Gracias al empeño español, Europa ya debate cómo debe ser el futuro en la zona y asume la solución de dos estados como la única viable. 

En el capítulo del debe, hay asuntos importantes pendientes, pero Sánchez confía en anotarse todavía algún tanto en los próximos días. Este mismo lunes tendrá lugar una reunión entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo para intentar sacar adelante el pacto europeo de inmigración y asilo, un proyecto clave para impulsar una verdadera política europea en la materia. Y en los próximos días los ministros y ministras de finanzas y de economía de la Unión intentarán también lograr un acuerdo sobre la gobernanza económica, del que depende que Europa empiece el año nuevo con nuevas reglas fiscales (las anteriores fueron suspendidas con la pandemia).

La propuesta que hay sobre la mesa incluye una reducción anual del 1% del PIB para los países con una deuda por encima del 90%, como es el caso de España, mientras que plantea un ajuste del 0,5% anual para los Estados miembros con una deuda entre el 60% y el 90%.

También introduce un colchón fiscal para los países con bajo déficit, pero una alta deuda, a los que pedirá reducir el déficit para tener un margen entre el 2% y el 1,5% por debajo del límite del 3% para tener espacio para responder a posibles dificultades económicas.

Al mismo tiempo, pide a los países que superen el valor de referencia del 3% de déficit, a los que se abrirá un procedimiento de déficit excesivo, una senda de gasto neto corrector coherente con un ajuste anual mínimo de, al menos, el 0,5% del PIB.

Sánchez quiere, además, conseguir antes de fin de año un tercer objetivo: cerrar la incorporación de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen, una decisión especialmente relevante para España, con una numerosa comunidad rumana.

Los líderes de la Unión Europea (UE) dejaron patente este viernes al término de una cumbre de dos días en Bruselas que mantienen “sentimientos diferentes” sobre la necesidad de un alto el fuego en Gaza, si bien coincidieron en que la ayuda humanitaria debe llegar a la Franja y en que hay que pujar por una solución de dos Estados para poner fin al conflicto, según informa EFE.

“Es cierto que existen sentimientos diferentes entre los miembros del Consejo Europeo sobre la noción de pausa humanitaria, defendida por algunos, o de alto el fuego humanitario, defendida por otros. Pero esta cuestión no debe eclipsar lo esencial”, afirmó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de la reunión.

El político belga recalcó que los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete mostraron unidad en torno a la necesidad de intensificar el acceso de la ayuda humanitaria para la población de Gaza, y de buscar una solución duradera para la región que implique la convivencia de dos Estados, el israelí y el palestino.

“La Unión Europea debe implicarse al máximo para intentar hacer oír su voz en este conflicto”, enfatizó.

España había llegado a esta cumbre con una propuesta respaldada por países como Bélgica o Irlanda de alto el fuego en el enclave palestino, escenario de enfrentamientos entre el Ejército israelí y el movimiento islamista Hamás.

En el debate que celebraron sobre Gaza, los líderes abordaron ideas como la apertura de un corredor marítimo que permita el paso de la ayuda humanitaria (propuesta por Chipre), el refuerzo de la Autoridad Palestina para que asuma un papel “político” creíble y legítimo y no solo administrativo, o la violencia de los rebeldes hutíes de Yemen contra barcos en el mar Rojo.

“Israel tiene derecho a su propia seguridad y derecho a existir, por lo que hemos condenado en repetidas ocasiones y seguimos condenando los ataques terroristas de Hamás y su decisión de utilizar a civiles como escudos humanos”, recalcó Michel.

Además, insistió en la liberación “inmediata e incondicional” de todos los rehenes y que Israel tiene derecho a defenderse “de acuerdo con el derecho internacional”.

Muchos líderes europeos “han dicho, con razón, que hay que condenar el recrudecimiento de la violencia y los ataques de los colonos (israelíes) a los palestinos en Cisjordania”, agregó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que “ambas partes tienen que hacer todo lo posible por proteger las vidas de los civiles y Hamás tiene que liberar a todos los rehenes sin condiciones”.

“Además de la ayuda de emergencia, también debemos tratar de trabajar en el día después. No puede haber paz a menos que exista la perspectiva de una solución política, tanto para los israelíes como para los palestinos, y esta es la solución de dos estados”, apostilló.

La política alemana incidió en que para la UE no se pueden hacer desplazamientos forzados en Gaza, su territorio no puede ser un lugar seguro para Hamás ni éste puede estar en el Gobierno del Estado palestino, una Autoridad Palestina reformada tiene que gobernar Cisjordania y Gaza y no puede haber una presencia de Israel a medio y largo plazo en la Franja.

Sobre el hecho de que el Consejo Europeo no aprobara un documento sobre el conflicto, Michel dijo que “no se trataba de tener unas conclusiones escritas, sino de ver lo que nos une”.

"Es suficientemente sólido y nos va a permitir aumentar esa convergencia y el impacto de las conversaciones con países árabes o Estados Unidos”, concluyó.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este viernes que los países de la Unión Europea (UE) están "progresando en la misma dirección" en lo que se refiere a solicitar un alto el fuego en la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás en Gaza, tras la votación de una nueva resolución en la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión.

No obstante, reconoció que los Veintisiete no tienen "una visión unánime" sobre lo que sucede en Oriente Próximo, aunque sí "objetivos unánimes".

"Constato que casi la totalidad (de Estados miembros de la UE), con la excepción de unos pocos, se ha abstenido o ha votado a nuestro lado (a favor)", dijo en referencia a la resolución que votó la Asamblea General de la ONU esta semana, en la cual se pide "un alto el fuego humanitario inmediato" en Gaza.