La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, advirtió de que las actuaciones que Garoña tiene pendientes para poder operar son de "extraordinaria envergadura". No obstante, lamentó que el organismo regulador haya dado informe favorable, pese a no haber cumplido las exigencias reiteradas que se le han reclamado y que no se establezca un límite de diez años para la reapertura, como se hacía con anterioridad.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Narbona manifestó que faltan "muchas" mejoras por realizar en la central si se quiere reabrir.

"Llevamos desde el año 2014 tramitando la solicitud de la central de Garoña, y es la primera vez desde el año 1999 que el CSN hace un informe favorable en el que no se establece ningún límite para la renovación que se va a otorgar por parte del Ministerio, que tiene la última palabra", apuntó.

En este sentido, recordó que, hasta ahora, las renovaciones de Garoña "eran informadas favorablemente por el Consejo por un máximo de diez años". "Ésta es una de la razones de mi voto en contra. Se ha roto una práctica sin ninguna justificación que tenga que ver con la seguridad, es más, con una memoria justificativa donde aparece que ese cambio lo piden las empresas del sector eléctrico", añadió.

La consejera del CSN indicó que el informe es favorable, "pero no permite que la central pueda funcionar hasta que no haga una serie de inversiones que le habían sido reclamadas reiteradamente durante los últimos años, incluso hace un año y medio con una carta del director técnico del Consejo, diciendo que si esas actuaciones no se ejecutaban, no se daría el informe que ayer el pleno votó favorablemente".

"Y ésa es la otra razón de mi voto en contra. No veo justificada la prisa por dar un informe favorable que, en el caso de que decida operar, tardaría todavía aproximadamente un año y medio en poderlo hacer", dijo.

A su juicio, se ha tomado una decisión con la que no está de acuerdo porque "significa cambiar prácticas que forman parte de la regulación del sector de la energía nuclear en España".

"Si fueran mejoras de menor envergadura, posiblemente es un condicionante que puede resolverse en este tiempo, pero, como digo, el conjunto de actuaciones que tiene pendientes Garoña para poder volver a operar es de una extraordinaria envergadura, tanto que las propias empresas que, por cierto, conocen esas exigencias porque a lo largo de los dos últimos años se han ido especificando de forma muy clara por parte del CSN, mandan un mensaje de duda ante la decisión de reabrir o no", dijo.

En esta línea, subrayó que los técnicos del Consejo han trabajado 30.000 horas para hacer 167 informes. "Y también esto a mí me parece preocupante", indicó.

Supervisiones

Cristina Narbona dijo que, cuando el CSN pide que una central nuclear que haga mejoras, hay "una supervisión permanente". "El control que hace es muy completo y, como organismo regulador, está muy bien considerado a escala internacional", aseguró. Por ello, lamentó que en el pleno se adopten decisiones "que hacen, al menos, cuestionarse las razones últimas de ese informe de ayer".

Según explicó, el Consejo de Seguridad Nuclear "remite ahora con las condiciones que establece y sin plazo de renovación" al Ministerio para que decida, porque Nuclenor había pedido que se renovase por 17 años, "cosa inédita en España".

"Iba a ser la primera central que, si así se confirma, llegaría a los 60 años de vida. Todo esto requería un debate con más profundidad, una explicación mayor. ¿Por qué se cambian prácticas que, hasta ahora, han estado en vigor y por qué finalmente se da un informe positivo que no corría ninguna prisa desde el punto de vista de la operatividad de la planta a la que le falta bastante tiempo para poder funcionar, en caso de que quiera hacerlo?", añadió.

Critina Narbona cree que no es un mensaje "de demasiada exigencia" que se dé un informe favorable a una central cuando no se han cumplido requisitos que se han pedido de manera reiterada. No obstante, explicó que la planta, "en ningún caso, podría llegar a operar hasta no llegar a cumplir con esas condiciones".

Además, señaló que en los países del entorno hay regulaciones muy distintas y políticas energéticas muy diferentes. En esta línea, dijo que en la mitad de los países de la UE no se utiliza la energía nuclear, mientras que las nuevas centrales nucleares se están construyendo, sobre todo, en los grandes países emergentes, como China, Rusia, Arabia Saudí, y algunas en Europa y en EE.UU. "Y otras, sin embargo, han empezado un proceso de desmantelamiento gradual", dijo.

A su juicio, lo importante es que donde se utiliza la energía nuclear, sobre todo en los países más desarrollados, hay organismos reguladores que deben garantizar la seguridad a los ciudadanos. "En cada país hay sistemas diferentes de supervisión, de inspección", aclaró.

Narbona manifestó que no existe "una única aproximación al fenómeno del alargamiento" de la vida de las centrales y destacó que, en la actualidad, las más antiguas se están cerrando en varios países, como en Francia y en EE.UU, mientras que en otras se está prolongando su vida útil.

"En cada caso se someten a un estrecho control sobre las condiciones que, después de la catástrofe de Fukushima, obligatoriamente es un control muchísimo más exigente que en el pasado", añadió.

La consejera del CSN indicó que, "con carácter general, los requisitos que el Consejo pide son francamente estrictos y también hay mecanismos para la supervisión de los mismos". "El problema es que vayamos cambiando procedimientos, algunas veces de manera no muy justificada, o peor, justificada de manera cuestionable, por petición de parte, del sector eléctrico, como la renovación a diez años", afirmó, para considerar que el pleno del organismo regulador "no debería haberlo aceptado".

Una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará a Madrid este lunes para realizar, junto a representantes del Gobierno y del sector privado, su cuarta evaluación de los progresos en la reforma del sector bancario español, confirmó la institución internacional.

"El próximo lunes 16 de septiembre, un equipo de técnicos del FMI iniciará en Madrid las conversaciones con representantes del Gobierno y del sector privado en el marco del cuarto informe independiente de seguimiento de la reforma del sector bancario de España", indicó Angela Gaviria, portavoz del FMI para la región europea, según recoge Europa Press.

La misión de expertos de la institución dirigida por Christine Lagarde espera publicar las conclusiones preliminares de su evaluación el próximo 30 de septiembre, mientras que el informe definitivo podría publicarse a principios de noviembre.

"El informe de seguimiento forma parte de la asistencia técnica prestada por el personal del FMI y acordada con las autoridades españolas y sus socios europeos en julio de 2012", agregó la portavoz del Fondo.

En su tercer informe sobre el rescate de la banca española, los técnicos del FMI destacaron los "progresos importantes" en la reforma del sector, aunque indidieron en que deberían considerarse "más medidas para mejorar las condiciones del crédito y apoyar la recuperación.

Los inspectores de la CE y el BCE llegarán el 23 de septiembre

La misión del FMI se adelanta así una semana a la llegada de los inspectores de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE), que regresarán a Madrid el próximo 23 de septiembre para verificar si España cumple las condiciones exigidas por el Eurogrupo a cambio del rescate bancario y para examinar la situación de la banca.

En este caso también se trata de la cuarta visita a España desde que el Eurogrupo aprobó en julio de 2012 un préstamo de hasta 100.000 millones de euros para salvar al sector bancario y de la penúltima misión antes de que concluya el programa el próximo mes de diciembre.

En su último informe publicado el pasado julio, los inspectores concluyeron que "en estos momentos no hay motivos para considerar más desembolsos" a cargo del rescate, más allá de los 41.300 millones de euros que ya se han utilizado. Además, constataron que el cumplimiento de las condiciones exigidas a España en materia de reforma del sector financiero "está prácticamente completado".