“Send them back” (mandadlos de vuelta), gritaba el ala derecha del Parlamento Europeo, “shame on you” (vergüenza), respondía su ala izquierda, el día en que se oficializaba en Europa el expediente de expulsión para personas migrantes en situación irregular. Día de orgullo para Giorgia Meloni, que se apresuraba a reivindicar la autoría de semejante ignominia, aunque el Reglamento de Retornos no es, ni mucho menos, una ocurrencia más de la Sra. Meloni. Lamentablemente, el Reglamento de Retornos viene germinando desde hace años en las más profundas entrañas de la Unión Europea.

Este Reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio de 2023 y su finalidad es la de aumentar las expulsiones y legalizar los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Establece sanciones tanto para quienes se resistan como para los países que no reciban a las personas migrantes de vuelta. Detención de hasta 24 meses si existe riesgo de fuga, falta de cooperación, necesidad de verificar la identidad o peligro para la seguridad. Así de amplio y de ambiguo. Y restricciones en materia de visados, ayudas al desarrollo o política comercial para gobiernos díscolos. Los expulsados pueden acabar, además, en centros de deportación en terceros países lejanos, con los que no tengan ningún vínculo ni relación alguna, y permanecer allí por un tiempo indefinido. Las familias con menores no serán una excepción. No hay derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), ni se contempla el interés superior del menor. Finalmente, esos centros se pagarán con cargo al programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.

El Reglamento ha normalizado la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria y ha reforzado la equiparación de la irregularidad migratoria con la criminalidad. Y, según nos ha dicho Von der Leyen, el siguiente paso será el de digitalizar la gestión de los expedientes y ampliar el mandato de Frontex, para que contribuya “de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”. Es decir, aportar más dinero para que todo se haga más deprisa y resulte más eficaz.

Como digo, este giro no es nuevo. Se inscribe en la trayectoria de endurecimiento que ya se denunció tras la Directiva de 2008, considerada entonces regresiva respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Se sitúa en la línea del Pacto Migratorio, que ya planteaba la externalización de las fronteras y procedimientos acelerados de screening en los que no se contemplaba ni el examen individualizado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El Reglamento de Retornos supera este planteamiento por elevación. Reduce aún más los plazos para examinar las solicitudes y establece filtros y presunciones de seguridad que dificultan las pruebas de vulnerabilidad o persecución específica. Las posibilidades reales de impugnar una orden de retorno o la legalidad de una detención, especialmente para personas sin recursos o con barreras lingüísticas, son casi inexistentes. La hipótesis que se mantiene es la de la ausencia de necesidad y la migración por “capricho”.

Bajo este mismo paraguas, las derechas nacionales han acabado planteando su particular batería de propuestas. Propuestas que van desde limitar la regularización por arraigo o restringir la reagrupación familiar hasta facilitar las deportaciones masivas, la reemigración (que afecta a los nacionales de segunda generación) o la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos.

En este guiso a fuego lento, el gobierno de España se ha convertido en el garbanzo negro. La regularización que se ha arbitrado en nuestro país y las posiciones políticas de la coalición española representan un movimiento a contrapelo. De manera que, en estos meses, España está en muy buenas condiciones para presentar un recurso de anulación del Reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque viola el derecho de asilo, no devolución y prohibición de expulsiones colectivas, derechos del menor y tutela judicial efectiva, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque normaliza la detención prolongada (hasta 24 meses) para infracciones administrativas, amplía los motivos de internamiento y debilita alternativas menos lesivas, vulnerando, así, el principio de proporcionalidad. Y, finalmente, porque nos obliga a aplicar un estándar en la protección de derechos fundamentales que es muy inferior al que ya tenemos consolidado en nuestro país. Es manifiesta su incompatibilidad con los estándares que establece el Tribunal Constitucional español sobre detención administrativa, expulsión y protección de menores y familias.

La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo, reproduciendo la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. La línea de puntos que divide a un Estado de otro no es un límite territorial sino un espacio jurídico degradado en el que se impone a diario la excepcionalidad jurídica y la sádica escenificación de un castigo. El gobierno español podría ser la última frontera frente al total hundimiento de nuestro derecho de asilo y refugio, y un freno efectivo para la retórica chovinista y securitaria de la extrema derecha.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Los disturbios antiinmigración vuelven a sacudir Belfast por segunda noche consecutiva tras el apuñalamiento e intento de asesinato cometido este lunes por un ciudadano sudanés contra un británico.

Coches, autobuses y viviendas de extranjeros han sido el centro de las protestas de los ciudadanos de extrema derecha que han salido a las calles belfianas a condenar dicho atentado. La policía tuvo que utilizar cañones de agua para dispersar a los manifestantes en Sandyknowes, en las afuera de Belfast, después de que se congregaran unas 200 personas y lanzaran piedras y botellas contra la policía que trataba de contenerlos. En estos disturbios, según asegura el medio británico Belfast Live, fueron detenidas 16 personas y 12 policías resultaron heridos.

Según este medio, el más popular en Irlanda del Norte, los manifestantes trataron de llegar al Hotel Chimney Court, lugar donde suelen alojarse los inmigrantes a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo político. Además, la Policía de Irlanda del Norte alertó horas antes de que se habían compartido datos de contacto y señalado viviendas donde habitan inmigrantes, incitando a nuevas protestas, como la noche anterior, donde se quemaron casas para obligar a los migrantes a salir de las viviendas.

Las protestas no solo se han producido en Belfast, se han extendido a ciudades como Glengormley, Newtownabbey, Derry y Stormont, donde la mayoría de los disturbios han sido causados por grupos de jóvenes encapuchados y vestidos de negro.

En un gesto inusual en la política británica, tanto nacionalistas como unionistas publicaron un comunicado conjunto en el que pedían calma ante la ola de terror que se avecinaba tras una primera noche de caos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó las escenas de Belfast como "impactantes y completamente inaceptables" y aseguró que "no hay justificación para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en línea o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", afirmó el jefe del Ejecutivo.

La ministra de Justicia de Irlanda del Norte, Naomi Long, calificó a los responsables de los disturbios como “actores de mala fe”, según recogió Reuters. En sus palabras, se trata de actores que “probablemente habrían tenido dificultades para localizar la provincia en un mapa, pero que han intentado instrumentalizar el miedo y la indignación comprensibles tras el acuchillamiento para atacar a personas con el mismo color de piel [del agresor]”.

Por su parte, la familia de Ogilvie ha pedido calma y publicado un comunicado condenando los "repugnantes" disturbios que se están viviendo en las calles belfianas, así como en otras ciudades del norte.

Mientras, el juez Steven Keown denegó la libertad bajo fianza a Alodid al alegar que los riesgos eran "demasiado grandes" y aceptar la posición de la Policía norirlandesa que advirtió de que su puesta en libertad provisional podría desencadenar más disturbios ante el clima de tensión racial en la región.

Si bien unos políticos criticaron el hecho de los disturbios, otros como Tommy Robinson o Rupert Lowe, líderes de partidos de extrema derecha, centraban el tiro en el intento de decapitación de Stephen Ogilvie a manos de Hadi Alodid y animaban a salir a las calles. "Todo el Reino Unido se echa a las calles esta tarde [el miércoles] a las 7 de la tarde después de un nuevo ataque de los invasores contra nuestro pueblo", escribió Robinson en su cuenta de X.

Lowe se atrevió a afirmar que “debemos dejar de acoger a quienes desean decapitar niños. Un número enorme de personas debe ser expulsado de nuestro país; cuando digo enorme, lo digo en serio. Millones y millones deben irse o ser obligados a irse”.

Tras esto, Starmer alertó que los responsables de los disturbios sentirán "todo el peso de la ley" al tiempo que agradeció a las fuerzas del orden de la provincia británica de Irlanda del Norte la "valentía" para velar por la seguridad de la población.

Pero no solo han sido los británicos quienes han llamado a la acción en uno u otro bando, también Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y X, ha publicado varios tuits que han despertado el aviso de Ofcom, la agencia reguladora británica, para advertir que tomará medidas “para combatir el odio y el terrorismo” que circulan en las redes.

La ristra de tuits del fundador de Tesla ha ido desde pedir la deportación masiva hasta defender la violencia de los disturbios: “Millones deben irse (de aquí)”; “nada importa más que si la civilización cae”; “¡Migrantes asesinos que decapitan a personas inocentes en su ciudad natal es lo que está enfureciendo a la gente, no las redes sociales!“.

¡Ya está bien de atacar a Frontières! Hacen su trabajo”. Este 3 de junio de 2026, ya ha sido demasiado para Pascal Praud. El presentador está furioso porque una de sus colaboradoras menosprecia el trabajo de este medio conocido por sus vídeos sensacionalistas, su revista trimestral identitaria y sus titulares de tintes racistas. Desde la destitución de Jean-Marc Morandini, el medio se ha convertido en socio oficial de CNews, en el marco de un programa que se emite todos los días entre las 11 y las 13 horas.

La crítica de Pascal Praud va dirigida a Sarah Saldmann, abogada y colaboradora histórica del programa L’heure des pros (La hora de los profesionales), quien, sola frente a todo el plató, rechaza la relación que establece Frontières entre la inmigración y los incidentes ocurridos con ocasión de la final de la Liga de Campeones. Y cuestiona el trabajo de este medio citado como referencia por la cadena.

“Que no repita la propaganda de Frontières no significa que no pueda tener un punto de vista propio”, argumenta la comentarista. “Propaganda de extrema derecha”, insiste al referirse a Frontières, antes de que Pascal Praud la llame severamente al orden. “No queda bien para la cadena en la que trabajas. Lo que dices es muy grave, ya que nos acusas de hacer propaganda de extrema derecha”. Y la figura más destacada de los medios de Bolloré sale en defensa “del trabajo periodístico” y “de campo” de sus colegas.

Desde hace ya varios días, la emisión diaria de 100% Frontières genera tensiones internas. La causa es el tono de este programa presentado por Gauthier Le Bret junto a Erik Tegnér, director de la revista, que afianza aún más a CNews en el bando de la extrema derecha más radical. Un incidente ocurrido con otro colaborador histórico, el jurista Amine Elbahi, se sumó a las tensiones.

En la edición del pasado 20 de mayo, el plató aplaudió los discursos de Éric Zemmour sobre la inmigración, elogió la “remigración” y criticó duramente el principio de la doble nacionalidad. A continuación, Gauthier Le Bret preguntó a sus dos invitados de origen magrebí —la abogada Najwa El Haïté, de origen marroquí, y Amine Elbahi, de origen argelino— si se sentían “100% franceses”. El presentador utilizó la expresión en 24 ocasiones.

Ocho días después, mismo plató, mismo canal, mismo debate rancio. Esta vez, los tertulianos disertan sobre la presencia excesivamente numerosa de musulmanes en Francia. “Tenemos derecho a pensar que el islam es una religión de conquista”, dice Erik Tegnér, antes de poner en duda la sinceridad de Amine Elbahi en su lucha contra el islamismo. El jurista se planta y denuncia el hecho de que se pueda, ”incluso en este plató”, sospechar de los musulmanes “para saber si son realmente 100% franceses”.

“Amine, ¿crees que existe la islamofobia? ¿Estamos cruzando una nueva línea, estás diciendo que estamos en un país que estigmatiza a los musulmanes?», se burla Erik Tegnér. Antes de que Gauthier Le Bret intervenga para reprender a su vez al comentarista. “Ya basta de pequeños ataques insidiosos, nadie ha cuestionado nunca que seas 100% francés, se enfada el presentador. Basta ya. Deja de hacerte la víctima, me estás sacando de quicio”

La sonrisa que Amine Elbahi muestra ante la cámara luego desaparece entre bastidores. Según nuestra información, que confirma la del bloguero Clément Garin, Amine Elbahi pidió al director de CNews, Serge Nedjar, no volver a poner un pie en 100% Frontières y que le buscara otro puesto en la cadena. Una petición aceptada por la dirección. “El programa tiene una línea tan radical que han conseguido generar repudio a Amine Elbahi y hacerle pasar por un peligroso islamista”, testifica un habitual de los platós de CNews.

La salida de Amine Elbahi del programa resulta aún más irónica si se tiene en cuenta que, en el momento del lanzamiento de la emisión, era uno de los pocos comentaristas ajenos al círculo de allegados a Frontières que había aceptado participar en él. Amine El Khatmi, Mathias Leboeuf, Arno Klarsfeld o incluso Sarah Saldmann, colaboradores habituales del canal, se niegan a participar en el programa, ni siquiera para aportar una apariencia de contradicción. “Aparte de unos pocos diputados de RN como Julien Odoul, recurren a lo más bajo de la lista, como Gilbert Collard, a falta de algo mejor”, añade un rostro habitual del canal.

A algunos comentaristas incluso se les ha ofrecido una remuneración superior a la habitual. Pero con una condición un tanto peculiar: no interrumpir los intercambios entre los demás tertulianos y presentadores, y tomar la palabra solo cuando se les dé.

Harto de ser “el árabe por la diversidad» del programa, según su entorno, Amine Elbahi, que no ha respondido a nuestras preguntas, acabó tirando la toalla y se fue del programa. Antes de marcharse, este profesor de Derecho presentó una denuncia incendiaria en la Arcom (Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital), según varias fuentes de esta institución.

En la carta, a la que hemos tenido acceso, Amine Elbahi denuncia ante la dirección “del pluralismo” el puesto que ocupa el director de Frontières, Erik Tegnér, cuyas “posiciones claramente identificables” con ”la extrema derecha” suponen “un grave riesgo de desequilibrio en la expresión de las corrientes de pensamiento y de opinión”.

Y cita tres de sus denuncias anteriores ante la Arcom sobre secuencias con Erik Tegnér, acusándolo de incumplir los “principios de respeto a la dignidad de la persona humana, de lucha contra la discriminación y de control de la emisión”. “En mi opinión, [estas secuencias] no constituyen hechos aislados, sino que se inscriben en un entorno editorial caracterizado por una fuerte homogeneidad de los participantes y de las opiniones que representan”, escribe el columnista de CNews, quien denuncia el espacio “casi exclusivo” concedido a “la inmigración”, al “islam”, a “la inseguridad o a los franceses de origen inmigrante”.

En otra denuncia, Amine Elbahi también solicita a la Arcom que contabilice el tiempo de intervención de Erik Tegnér “en su calidad de personalidad política”, a la luz de un artículo de Splann!. El medio de investigación bretón afirma en él que el director de Frontières es miembro del micropartido de Marion Maréchal, Identidad-Libertades. Al ser preguntado, este, que niega categóricamente ser miembro, no ha querido responder a nuestras preguntas.

Al igual que Amine Elbahi, numerosos periodistas de CNews están indignados por la tribuna diaria que su cadena ofrece a la revista de extrema derecha. “La Arcom nos va a pillar con este programa. Frontières no cuenta con la autorización de la Arcom,” se queja una voz de la antena. “La idea de este programa es atacar a los árabes o a los inmigrantes, hagan lo que hagan.”

La revista, por otra parte, no oculta sus vínculos con toda la flor y nata de la extrema derecha. Sus páginas de publicidad están repletas de encartes pagados por partidos políticos: una carta parlamentaria de Nicolas Bay (Identidad-Libertades) o un cartel de Sarah Knafo (Reconquista) promocionando su grupo en el Parlamento Europeo. El medio, que a menudo parece una agencia de comunicación de la extrema derecha, fue incluso contratado a cambio de una remuneración por el grupo político de Marion Maréchal en el Parlamento Europeo para cubrir sus jornadas de estudio en París, en febrero de 2025.

La forma en que se elabora el programa también suscita dudas a nivel interno. CNews, que en principio cuenta con un equipo de periodistas capaces de salir sobre el terreno y proporcionar imágenes al canal, recurre a los periodistas de la revista para grabar los reportajes y las entrevistas en la calle que alimentarán los debates del programa. “CNews paga a Frontières para que haga nuestro trabajo”, dice indignado un reportero. “También es una forma de financiarlos”.

El control editorial del programa también parece recaer en Frontières, que dicta la escaleta. Además del copresentador Erik Tegnér, el medio cuenta con una nutrida representación en el programa, con uno o dos de sus periodistas en el plató. Como única red de seguridad, el programa es supervisado en la sala de control por un redactor jefe de la cadena que se comunica con Gauthier Le Bret por el pinganillo y se encarga principalmente de moderar los comentarios más escandalosos.

“Todo esto crea tensiones con la redacción de CNews. Si este programa es 100% Frontières, ¿qué le queda a CNews?”, se pregunta una periodista. “Serge Nedjar es consciente de que este programa debilita al canal ante la Arcom y de que no consigue aportar un poco de moderación, pero no ha tenido más remedio que emitirlo, ya que fue Vincent Bolloré quien se lo impuso”, confirman varias fuentes del entorno del multimillonario bretón.

Según nuestra información, varios expedientes están siendo investigados por los servicios de la Arcom. Al ser consultada, la autoridad reguladora no ha querido hacer comentarios.

La colaboración editorial entre una cadena que se beneficia de fondos públicos y Frontières resulta aún más indignante a la luz del historial del medio de extrema derecha. Erik Tegnér fue condenado en octubre de 2025 por injurias públicas de carácter racista tras difundir las declaraciones de la exmiembro de Femen Marguerite Stern. En enero de 2026 fue condenado por el tribunal correccional de Lyon por difamar al fundador del colectivo street medics, al presentarlo erróneamente como miembro de los black blocs. En ambos casos, ha presentado recurso de apelación.

El medio, que pretende realizar una labor periodística, es criticado habitualmente por sus métodos y se ve desbordado por las denuncias, especialmente por sus escritos considerados racistas. Recientemente, el miembro de La Francia Insumisa (LFI) Bally Bagayoko anunció que lo llevaría a los tribunales tras aparecer en la portada de la revista al día siguiente de su victoria en las elecciones municipales de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). “La victoria de los traficantes”, titulaba el medio.

En noviembre de 2025, Erik Tegnér llegó incluso a amenazar públicamente a la diputada de LFI Ersilia Soudais. “Si quiere que empecemos a hablar de sus prácticas sexuales con su expareja, puede ser divertido, somos muchos los que tenemos las actas de las declaraciones y no es nada agradable”, escribió. El director de Frontières se basaba entonces en filtraciones policiales tras una denuncia por acoso moral y violación presentada por la diputada contra su expareja. A raíz de ello, la presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, denunció los hechos ante la fiscalía de París, que, por lo que sabemos, archivó el caso.

Pero quince días después, la revista volvió a causar revuelo al difundir un vídeo del senador comunista Pierre Ouzoulias. En él se ve al diputado, que padece una enfermedad genética, sufriendo vómitos en la tribuna del Senado. Para preservar su dignidad, ningún medio difundió entonces las imágenes en su totalidad, a excepción de este periódico. “EXCLUSIVA DE FRONTIÈRES – El senador comunista de Nanterre, Pierre Ouzoulias, VOMITA en directo”, publicó el medio en  la red X, demandado desde entonces por difamación y señalado por “atentado contra la dignidad”. “Se atiborran tanto de vuestro dinero que lo vomitan”, comentaba en X Garen Shnorhokian, editorialista de Frontières y también objeto, en otro asunto, de una denuncia por incitación al odio.

En febrero de 2025, Jordan Florentin, hoy ascendido a director de publicación de Frontières e invitado habitual de CNews, también fue objeto de acusaciones tras haber instrumentalizado la muerte de la pequeña Louise, de 11 años. Se había burlado de la hermana de la fallecida, reprochándole ser una “militante de extrema izquierda”, y había afirmado erróneamente que la víctima había sido asesinada por “un hombre de tipo norteafricano”.

También en febrero de 2025, la revista trimestral provocó la indignación del mundo judicial por haberse metido con unos abogados, a los que calificó de ”los culpables de la invasión migratoria”. Tras la publicación, numerosos letrados presentaron una denuncia, acusando a la revista de ser responsable de las amenazas de muerte recibidas a raíz de ello. Se celebró un juicio ante el tribunal de Bobigny y se espera una sentencia el 18 de junio.

En abril de 2025, la revista cargó esta vez con los colaboradores parlamentarios de los diputados de LFI, representantes, según ella, de un “partido del extranjero” —una expresión tomada de la extrema derecha antidreyfusista. En respuesta, 350 asistentes parlamentarios se reunieron en el recinto de la Asamblea antes de que tres redactores de Frontières provocaran un incidente al grabarlos descaradamente.

No pasa un mes sin que Frontières traspase los límites de la indecencia y pisotee toda deontología, pero los empleados de este medio siguen acreditados en la Asamblea. Como única reacción, la presidenta Yaël Braun-Pivet se limitó a enviar una carta dirigida al medio, el pasado mes de diciembre, para denunciar el chantaje ejercido contra Ersilia Soudais.

“Les recuerdo que periodistas de su redacción ya se vieron implicados, el pasado 9 de abril, en incidentes ocurridos en la zona abierta a la prensa de la Asamblea Nacional”, señaló. “Sin embargo, los periodistas de su redacción siguen comportándose de manera inapropiada”. Y la presidenta concluyó: “Pueden considerar esta carta como una última advertencia”.

Al ser consultado, el presentador de CNews Gauthier Le Bret no respondió.

Traducción de Miguel López

Ni siquiera la selección masculina de fútbol, objeto de un gran fervor popular en Colombia —se habla incluso de “fiebre amarilla”, por el color de la camiseta—, escapa a las polémicas de una agresiva campaña de segunda vuelta.

El lunes 1 de junio, al término del último partido amistoso en Bogotá antes del Mundial (ganó por 3-1 a Costa Rica), el autobús del equipo fue rodeado por un grupo de seguidores del candidato de izquierda, Iván Cepeda. Se colocó en el parabrisas un cartel con su retrato y el de su compañera de fórmula, la líder indígena Aida Quilcué, y pegatinas en los laterales. Todo ello en un ambiente festivo.

Unas horas antes, durante su primera rueda de prensa tras los resultados de la primera vuelta del domingo, donde quedó en segunda posición, Iván Cepeda había denunciado que su rival de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, se había apropiado de la camiseta amarilla de la selección nacional.

En sus mítines, el candidato de extrema derecha ha lucido sistemáticamente la camiseta, inspirándose en Jair Bolsonaro, presidente de Brasil de 2019 a 2023, quien había convertido la camiseta de la Seleção en emblema de su partido. El día de las elecciones, el domingo 31 de mayo, el abogado había pedido a quienes fueran a votar por él que acudieran a los colegios electorales vestidos completamente de amarillo.

La particularidad de Colombia es que las elecciones presidenciales se celebran, cada cuatro años, coincidiendo con la Copa del Mundo masculina de fútbol, lo que hace que, en caso de segunda vuelta, la fiebre política coincida con la del balón. Pero si la primera es fuente de divisiones en un país devastado por conflictos armados desde hace cincuenta años, la segunda llama a la unión nacional. Esa es la paradoja colombiana.

Hace cuatro años, cuando la izquierda ganó por primera vez, Colombia no se había clasificado para el Mundial, organizado en Catar. Esta vez, Abelardo de la Espriella, que nunca ha sido aficionado al fútbol, ha sabido captar este símbolo en el momento en que la selección nacional se ha clasificado y jugará su primer partido contra Uzbekistán el 18 de junio, tres días antes de una segunda vuelta decisiva.

“El señor de la Espriella tiene la costumbre de robar”, criticó Iván Cepeda el lunes 1 de junio. “Hoy roba la camiseta de la selección colombiana.” “La selección pertenece a todos”, añadió, lamentando la actitud de la Federación Colombiana de Fútbol, a la que había recurrido para posibles acciones legales.

La organización ha declarado, en un comunicado, que no tiene la “facultad legal”, “en eventos o litigios no comerciales”, “para restringir el uso de una prenda que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede comprar libremente en los distribuidores autorizados”. Sin embargo, explicó que había hecho llamamientos en las redes sociales para que la camiseta no se utilizara “con fines distintos a los deportivos”. “La selección colombiana es un símbolo de unidad. La campaña electoral no debe convertirla en un pretexto o en un nuevo elemento de confrontación política”, escribió.

Todo es polémico en esta campaña, marcada por la agresividad entre dos candidatos con proyectos y personalidades radicalmente opuestos. Cada uno estigmatiza al otro. En los discursos, al “miedo al rojo” responde el “peligro pardo”.

Para Abelardo de la Espriella, que recibió el martes el apoyo "total y completo" de Donald Trump, Iván Cepeda busca imponer una dictadura al estilo venezolano y cubano, al igual que el “tirano” Gustavo Petro, presidente saliente. El candidato de izquierdas, por su parte, alerta sobre la llegada al poder de un “fascismo mafioso”. En este contexto de polarización, incluso la organización de un debate —que no tuvo lugar en la primera vuelta— parece una tarea insuperable.

Tras un rápido llamamiento de Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella a debatir, este último puso como condición que su rival, que había expresado sus dudas, aceptara los resultados de la primera vuelta. El lunes, Iván Cepeda acabó descartando cualquier irregularidad y Abelardo de la Espriella propuso que el duelo se celebrara la semana siguiente, en la sede del semanario Semana, un medio totalmente comprometido con su causa. Una propuesta que Cepeda, lógicamente, rechazó. Encargó a dos de sus allegados que se pusieran en contacto con el equipo de campaña del candidato de extrema derecha para intentar encontrar un terreno de entendimiento.

Ante el riesgo de una victoria de la extrema derecha, Iván Cepeda, cuya campaña en la primera vuelta había sido anémica —leía sus notas durante los mítines—, parece por fin despertar. Tras la primera vuelta, que situó a Abelardo de la Espriella en cabeza, muchos analistas e incluso algunos de sus seguidores criticaron su falta de dinamismo frente a un candidato de extrema derecha que, con su discurso ultrapolicial y demagógico, logró aglutinar a quienes ya no quieren a la izquierda en el poder.

“Iván Cepeda apostó por una campaña de primera vuelta muy austera, casi una anticampaña, a diferencia de Abelardo de la Espriella, que llevó a cabo una campaña muy agresiva y dotada de importantes recursos”, indica a Mediapart Laura Bonilla, del laboratorio de ideas Paz y reconciliación. Para esta analista, han asistido a “una segunda vuelta anticipada”. “Esto está evidentemente ligado al discurso político construido por la oposición, muy centrado en los temas de seguridad. El progresismo y el campo demócrata han tenido dificultades para responder”, añade.

La izquierda en el poder destaca el balance social del Gobierno de Petro, pero el fracaso de la “paz total” promovida por el presidente, con el recrudecimiento de la violencia de los grupos armados y una crisis humanitaria sin precedentes en los últimos diez años, eclipsa estos avances. “No es que no tengan una política de seguridad, pero les ha costado responder, en el plano de la comunicación, a mensajes tan sencillos como los discursos de firmeza de la derecha. Ha habido un enorme déficit de trabajo por parte de la campaña”, cree Laura Bonilla.

Por su parte, la politóloga Isabel Pereira Arana, de la ONG Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales dedicado al fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos en Colombia, subraya que, “al igual que en toda América Latina, existe una enorme preocupación ciudadana en torno a la seguridad, y las fuerzas progresistas aún no han encontrado una respuesta creíble frente al crimen organizado”.

“Por eso el modelo Bukele [presidente de El Salvador – ndr] resulta tan atractivo: la gente está harta de extorsiones, de violencia, de todos esos horrores”, afirma, y considera, “a título personal”, que “la izquierda fracasa cuando responde únicamente con el tema de la pobreza”.

“Sí, la falta de oportunidades facilita el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos criminales”, añade Isabel Pereira. “Pero eso no basta para explicar el crimen organizado, la violencia y la brutalidad que existen en la región. Algunas cosas pueden resolverse con más oportunidades económicas, pero eso lleva tiempo. Y, en un momento dado, el Estado también debe ejercer su legítimo monopolio de la fuerza. Es este dilema de las izquierdas latinoamericanas el que explica en parte por qué los modelos estilo Bukele tienen tanta resonancia entre la población”.

En Instagram, la politóloga Karol Solís Menco recuerda que, aunque Colombia eligió en 2022 su primer gobierno de izquierdas, no se ha convertido en un país mayoritariamente de izquierdas. “Esto es esencial para comprender la situación actual”, afirma. “Existe una Colombia profundamente nostálgica de la política de Uribe, del orden, de la mano dura, del enemigo interno, de la promesa de un salvador, de un gobierno que vuelva a poner orden en casa.”

Y esa Colombia ha encontrado un “candidato más duro, más radical, más intransigente, más extremista”, subraya, que el expresidente, en la persona de Abelardo de la Espriella. “Este es el país que tenemos, dividido, polarizado y emocionalmente receptivo a proyectos cada vez más radicales”, concluye.

Para ganar en la segunda vuelta, tras haber sido superado en casi 700.000 votos por la extrema derecha en la primera, el candidato de la izquierda tendrá, por tanto, que buscar votos mucho más allá de su base electoral. Frente a Abelardo de la Espriella, que se dedica a la escalada permanente, puede proyectar una imagen tranquilizadora para ganarse a quienes han votado a los candidatos de centro.

“Tiene que empezar a hacer concesiones y enviar ciertas señales. Eso le daría a Iván Cepeda una imagen de hombre de Estado, totalmente opuesta a la de De la Espriella”, indica Laura Bonilla. “Puede explotar muy bien esa imagen gracias a su trayectoria, a su vida personal, a su propia austeridad. Es un candidato con mucho potencial. Pero la campaña debe centrarse en él”.

Por su parte, Gustavo Petro sigue denunciando fraudes, a pesar de todas las pruebas y de las declaraciones de organismos oficiales y ONG como Human Rights Watch (HRW) sobre la perfecta organización y la regularidad de las elecciones. Ante los rumores sobre una posible dimisión del presidente para ejercer todo su peso en la campaña de la segunda vuelta —la Constitución prohíbe al jefe de Estado intervenir—, el jefe de gabinete de la presidencia intervino el martes en la red social X para desmentirlos.

El ambiente va a ser volcánico hasta el 21 de junio, y no solo por el fútbol.

Traducción de Miguel López

A pesar de que algunas imágenes, de entrada, me indujeron al descojono, terminaron por provocarme arcadas y zollipos. Me refiero a la manifestación facha del 23M en Madrid, convocada por las derechas-extremas derechas, con Sociedad incivil muy española y mucho española, o algo así, y Vox en grito, a la cabeza, bajo el nombre de 'Marcha por la dignidad', en clara antífrasis, comandada por representantes de la indignidad nacional, corruptos, corruptores y jetas varios. En realidad, se trataba de una jornada contra el presidente del Gobierno, cuyo lema extraoficial, a juzgar por la insistencia de los voceadores, fue "¡Sánchez, hijo de puta!".

A la impúdica Esperanza Aguirre, cínica mayor del reino, ignorante de Púnica, Lezo y Gürtel, que debió dejar el coche en el carril bus de la Gran Vía; el colaborador de la in-Justicia, Aldama, sin mascarillas (las vendió todas); Daniel Esteve, el matón okupado en desokupar a hostias todo lo que le disguste; Musculitos Abascal, Santiago y cierra, España; Marcos de no hay Quinto bueno, que quiere cerrar la televisión pública; unos secundarios del PP, ejerciendo de clineros, enviados por Feijóo, que estaría preparando el próximo discurso mientras estudia geografía e inglés, y otros personajes de similar jaez, les acompañaron banderas rojigualdas, algunas con la gallina cara al sol, y una foto del dictador asesino en la que podía leerse "Gracias, General Franco". Quisieron poner de manifiesto que su prioridad nazional es acabar con la democracia.

Ahora que todo vuelve a ser culpa de Zapatero, reaparece la moda de poner la mano en el fuego, expresión que ya aparece en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias (1611), y en el primer diccionario de la RAE (1734), siempre con el sentido de "asegurar la verdad y certeza de algo" y que viene a tener el mismo significado cuatro siglos después y no, por suerte, el de la antigua práctica legal llamada "ordalía" o "juicio de Dios", una forma de juicio en que se sometía a una persona acusada de un delito a una prueba física o una prueba de fe para determinar su culpabilidad o inocencia. Se creía que, si la persona era inocente, Dios protegería sus manos del daño causado por el fuego, y si era culpable, las llamas le causarían quemaduras o dolor. El caso es que la expresión permanece sin necesidad de recurrir a la prueba de fuego real.

En el caso de Zapatero, en el que tampoco soy quién para asegurar la verdad y certeza de algo, sí opino que se está empleando contra él la máxima aznariana del que pueda hacer que haga por parte de determinados poderes omnipotentes e inicuos. La Justicia tuerta y el resto de la derechona patriótica está aplicándole (como a Begoña Gómez y David Sánchez, por ejemplo) la presunción de indecencia, tan de moda cuando conviene a los que pueden hacer y hacen, en lugar de la legal de inocencia, tan denostada hoy cuando no conviene a los mismos.

Mientras unos exhiben su condición de indecencia sin escrúpulos, a otros se les aplica la presunción de indecencia sin reparo.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

"Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión". Así se expresó este sábado sobre los migrantes la diputada de Vox Rocío de Meer, portavoz del partido sobre 'Emergencia demográfica y políticas sociales', rodeada de lo más ultra de la extrema derecha europea en una cumbre antimigrantes.

Por si había dudas del giro de Vox, incluyendo a los migrantes legales en el fin de las entradas al país, su presidente, Santiago Abascal, ha reafirmado la postura este mismo miércoles. El político ha mostrado su apoyo a la Save Europe Act, una iniciativa ciudadana europea (ICE) que busca que la Unión Europea (UE) "ponga fin a la inmigración de sustitución, proteja nuestras fronteras y defienda la identidad etnocultural de las naciones europeas", según las palabras de sus impulsores. La iniciativa propone "un cese inmediato y total de la inmigración y la creación de un sistema europeo integral de remigración".

No son hechos aislados. Los creadores de la iniciativa son Martin Sellner y Eva Vlaardingerbroek, dos de los principales activistas europeos de extrema derecha por la deportación masiva de migrantes —idea que defienden bajo el término que han acuñado como remigración—. De hecho, Sellner y Vlaardingerbroek son también dos de los impulsores de la Remigration Summit —en español: Cumbre de la Remigración—, un acto anual en el que la extrema derecha de todo el continente se da cita para hablar de estas ideas y tejer alianzas.

La de 2026, que ha sido la segunda edición, ha tenido lugar este sábado en Figueira da Foz (Portugal). En esa cumbre es en la que Rocío de Meer, como ponente del acto, realizó sus declaraciones contra la entrada de migrantes. También habló Eva Vlaardingerbroek, que aprovechó su intervención para anunciar el lanzamiento de la Save Europe Act.

La ultra emitió un vídeo durante su mitin en la cumbre, que también publicó en sus redes sociales, en el que Sellner y ella anuncian el lanzamiento de la iniciativa: "Reconociendo que la continuidad etnocultural de los pueblos de Europa es fundamental para su preservación, exigimos a la Comisión Europea que imponga una suspensión total y definitiva de la inmigración no occidental, tanto legal como ilegal. A partir de ahora, nadie más entra y millones se van". El mensaje está completamente en línea con el que expresó en el acto De Meer.

Este miércoles Abascal ha reaccionado al vídeo de Vlaardingerbroek en X —antes Twitter— con alabanzas: "Hay jóvenes europeos que no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados mientras les arrebatan sus naciones y su futuro. Nuestra amiga Eva Vlaardingerbroek es una de ellos". El político español ya aparece en la web de la iniciativa como uno de los firmantes más destacados, junto a otros políticos como el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán o el exeurodiputado francés Jean-Yves Le Gallou, creador del concepto de preferencia o prioridad nacional, que tanto está utilizando Vox en los últimos tiempos.

La iniciativa solicita, primero de todo, "una moratoria formal sobre las nuevas vías de inmigración no occidentales ni europeas" y, para ello, pide paralizar tanto "la tramitación de solicitudes de asilo para migrantes económicos y solicitantes procedentes de países de origen seguros" como "la concesión de nuevos visados de estudios y de reagrupación familiar para personas no europeas".

Los firmantes como Abascal solicitan, además, que durante esa moratoria se produzca "una reforma fundamental de los actuales sistemas de migración y asilo de la UE" y que se garantice "la repatriación sistemática y acelerada de los migrantes en situación irregular, los solicitantes de asilo rechazados y las personas que hayan cometido delitos o supongan una amenaza para el orden público".

La iniciativa también solicita a la Comisión que se establezca "un marco armonizado a escala de la UE para una remigración más amplia, que incluya medidas de remigración voluntarias e incentivadas para los migrantes no europeos que no se hayan integrado o que supongan una grave carga cultural o financiera para los Estados miembros".

Además, va un paso más allá que el concepto de prioridad nacional de Vox. La Save Europe Act pide directamente que se eliminen "los incentivos y prestaciones de bienestar social que actúan como factores de atracción de la migración" y que se restrinja el "acceso de los no ciudadanos y los migrantes recientes a determinadas prestaciones sociales y sistemas de apoyo".

La iniciativa lanzada este mismo fin de semana aprovechando la celebración de la Remigration Summit tiene un plazo de un año para recoger las firmas necesarias para poder llegar a las instituciones europeas y que estas se sienten con los impulsores para debatirla. Se requiere al menos un millón de firmantes en toda la UE y, además, cumplir con el umbral mínimo para cada país concreto en al menos siete de los Estados miembros.

Una iniciativa ciudadana europea es el símil comunitario a la iniciativa legislativa popular. Permite a los ciudadanos presentar proyectos legislativos a la UE para que la Comisión pueda proponer legislación al respecto. Según los impulsores, la Save Europe Act habría superado ya, en poco más de tres días, las 150.000 firmas.

No es una sorpresa que Sellner y Vlaardingerbroek sean los impulsores de la iniciativa. Ambos son habituales en este tipo de proyectos. El austríaco Martin Sellner lleva años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en toda Europa. De hecho, este año ha anunciado también su intención de crear el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir con forma de ONG. El ultra, según reveló el diario austríaco Kleine Zeitung, tuvo una juventud vinculado al mundo neonazi y en 2006 se dedicó a poner pegatinas con la esvástica en sinagogas.

Eva Vlaardingerbroek, una activista e influencer de extrema derecha de los Países Bajos, es otra de las piezas centrales en la alianza ultra europea que defiende la remigración. Tiene solo 29 años y se ha hecho famosa tras defender conceptos como el de la remigración y teorías como la del gran reemplazo y otros postulados xenófobos. En la cumbre de este fin de semana recibió también un premio otorgado por los organizadores por haber utilizado "su voz para defender la identidad europea" y llevar "ideas a espacios donde una vez fueron completamente excluidas". La activista ha llegado a hablar incluso de "genocidio blanco" en Europa.

Sellner y Vlaardingerbroek se presentan a sí mismos como cofundadores de la iniciativa ciudadana y son los dos que aparecen en el vídeo en el que se anuncia la misma. Aun así, la web oficial ya reivindica a otras figuras célebres de la ultraderecha europea como impulsores o primeros firmantes. Es ahí donde ahora aparecen Abascal, Orbán o Le Gallou, pero también muchos otros, como los activistas ultras Afonso Gonçalves, Dries Van Langenhove o Andrea Ballarati.

El belga Dries Van Langenhove, que fue diputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto, fue el principal impulsor de la creación de la Remigration Summit junto a Sellner. Ballarati y Gonçalves, por su parte, han sido los anfitriones de la cumbre en sus dos primeras ediciones, que han tenido lugar en 2025 en Italia y en 2026 en Portugal. La lista de participantes de la cumbre guarda muchas coincidencias con la de firmantes de la nueva iniciativa europea.

En el caso de Vox, el partido mandó a Rocío de Meer a la cumbre pero el principal firmante de la nueva iniciativa es el propio presidente, Santiago Abascal. Los organizadores de la cumbre por la remigración también habían anunciado la participación del diputado Carlos H. Quero, tal y como explicó infoLibre, pero el responsable de Vivienda del partido finalmente no habló durante el acto. infoLibre ha preguntado a Vox para saber si Quero finalmente no asistió a Portugal y el motivo de que no participara como ponente en el acto, pero el partido no ha respondido.

En cualquier caso, la asistencia de Vox a la cumbre de 2026 escenifica también su giro hacia una mayor radicalidad y su alianza con elementos aún más ultras de la extrema derecha europea y mundial. En el evento de 2025 ningún político del partido español participó como ponente o con otro papel oficial.

El discurso de Rocío de Meer en el acto se centró en defender que las acusaciones de discurso de odio contra ellos son infundadas y que España y Europa necesitan parar la migración: "Nos han dicho que debíamos dejar de lado nuestras tradiciones en silencio, por si acaso ofendían a alguien. Y nuestro mensaje es: no, ya hemos tenido suficiente. Ese no es nuestro destino. E intentaremos detener a los poderosos enemigos de Europa. Nuestro plan es España y España no puede soportar ni una entrada más ni de legales ni de ilegales; de ningún continente, ni de África ni de Sudamérica, ni por barco ni por avión".

infoLibre ha preguntado a Vox por las palabras de De Meer para saber si representan la postura oficial del partido. Tampoco ha habido respuesta. Aun así, Abascal parece haber hecho lo contrario a desautorizarla al firmar y promover la nueva iniciativa europea que defiende esas mismas ideas y que ha sido impulsada por los mismos activistas ultras que organizaron el acto donde habló la diputada.

De Meer también hizo referencia a otros temas durante su intervención en Figueira da Foz, como a la propia remigración: "Es de sentido común la remigración de aquellos que, ya sean legales o ilegales, estén viviendo de las ayudas públicas o no respeten nuestro modo de vida. O de aquellos que colapsan nuestros servicios públicos y sociales. No basta con detener el fenómeno de la migración masiva, sino que debemos revertirlo". 

También presumió de la fuerza de Vox imponiendo la prioridad nacional a los Gobiernos del PP y criticó a las feministas: "España necesita familias fuertes. Necesita madres. Necesita padres. Necesita niños jugando en las calles, abuelos que transmitan sus recuerdos y colegios llenos de esperanza. Necesita que las mujeres no tengan que pedir permiso a las feministas para ser madres".

Mientras, De Meer estaba rodeada de los activistas más ultras de Europa. Entre ellos, por ejemplo el propio anfitrión, Afonso Gonçalves, que en 2024 aseguró en un podcast que las mujeres son menos inteligentes que los hombres y que solo los hombres deberían tener derecho al voto.

Hoy soñé que estaba escribiendo en un Starbucks y escuché: ¡Émile Zola! Levanté la cabeza y allí estaba. Vestido como en el retrato de Monet, recogiendo en la barra un Frapuccino, quejándose al camarero por el precio y tratando de pagar en francos.

Me levanté y pagué su cuenta. Me dio las gracias, le dije que no había de qué y volví a mi mesa. Me senté. Lo curioso es que Émile –ya tenemos confianza– me había seguido y se sentó frente a mí sin pedirme permiso. 

Me aclaró que estaba frente a lo que yo pensaba que estaba: el fantasma de Émile Zola. Continuó explicándome, en un italiano mezclado con francés, que quería hacer una segunda versión del “Yo acuso” pero que no llevaba ni pluma ni papel.

No pude articular ni siquiera una sílaba y él pareció entender que no pudiera hacerlo. Le dio un pequeño sorbo al café, murmuró que no valía lo que costaba y luego me espetó:

–Escribe.

Empezó a dictarme.

Reproduzco aquí íntegramente todo lo que dijo.

"Señor expresidente Aznar:

¿Me permite usted, dentro de mi gratitud por haber sido el artífice del milagro económico español que, como todos sabemos, acabó con la mitad de su gobierno en la cárcel, que le diga de qué le acuso a usted y a otros fascistas? Si me lo permite, seguiré. Si no me lo permite, también.

Yo acuso al juez Peinado de actuar contra Begoña Gómez por motivaciones ideológicas y de sumarse a una estrategia de "guerra jurídica" contra el Gobierno y contra el propio Pedro Sánchez con inculpaciones que carecen de base jurídica.

Yo acuso a la jueza Teresa Palacios de acotar la investigación sobre el caso Kitchen de manera claramente favorable al Partido Popular en una clara defensa de este partido, de impedir las preguntas de la abogada del PSOE y, en ocasiones, de contestar en nombre de la señora De Cospedal.

Yo acuso al juez Ángel Hurtado de dar trato preferente a Mariano Rajoy e interrumpir de manera reiterada las preguntas de las acusaciones referidas a los papeles de Bárcenas.

Yo acuso al juez Martínez Arrieta de condenar sin pruebas al fiscal general del Estado como autor de un delito de revelación de datos reservados.

Yo acuso al juez García Castellón de rechazar imputar a la señora de Cospedal en el caso Kitchen y de archivar la responsabilidad penal del partido como persona jurídica en la pieza de la caja B del caso Púnica.

También de trato de favor a Mariano Rajoy, a quien evitó citar como investigado en el caso Kitchen excluyendo su nombre de autos judiciales clave.

Yo acuso al excomisario Villarejo de ser el cerebro de la llamada "policía patriótica" e instrumentalizar las cloacas del Estado durante el mandato del Partido Popular, ejecutando operaciones ilegales de espionaje, chantaje y fabricación de pruebas falsas para destruir a los adversarios políticos del PP.

Yo acuso a Eduardo Inda y a Álvaro Nieto de publicar noticias falsas con dinero de los españoles y españolas a través de publicidad contratada por administraciones del PP con el propósito de generar denuncias para acusar sin fundamento a cargos del Gobierno o del PSOE o familiares de estos.

Yo acuso a Manos Limpias de ser un "pseudosindicato" de extrema derecha que utiliza de forma fraudulenta la acusación popular para desestabilizar al Gobierno valiéndose de denuncias falsas basadas en bulos mediáticos.

Yo acuso a Hazte Oír de ser una organización radical que utiliza el espacio público y los tribunales para ejercer una difamación sistemática contra el Gobierno y la izquierda en general con el único fin de debilitarlo e interferir ilegalmente en los procesos electorales.

Yo acuso a Mariano Rajoy, M. Rajoy, el Barbas, el Asturiano –o como prefiera que le llamen– de cobrar sobresueldos en B y de ser el cerebro de una trama criminal para encubrir los delitos de la Gürtel que incluyó la creación de una policía paralela y un intento secuestro.

Yo acuso al juez Calama de practicar lawfare y una investigación prospectiva prohibida, imputando delitos desproporcionados al expresidente Zapatero basándose en indicios débiles de terceros para desgastar políticamente a la izquierda.

Yo le acuso a usted, señor expresidente Aznar, de haber puesto en riesgo el Estado español en los 90 para acabar con Felipe González, como reconoció el señor Ansón. 

También de involucrar a España en una guerra ilegal y de haber mentido a los españoles –y seguir mintiéndoles– sobre la autoría de los atentados del 11-M resultado de aquella guerra y de los que usted fue el máximo responsable.

Yo, en definitiva, acuso al Partido Popular, a Vox, a sus medios, a sus jueces, juezas, periodistas, instituciones y empresarios afines de estar dando un golpe de Estado para acabar con un gobierno legítimo salido de las urnas en julio de 2023 a la vista de que por la vía democrática no pueden.

Un golpe que empezó con su consigna “quien pueda hacer que haga” y que ha vuelto a repetir estos días. 

Mi protesta encendida no es más que el grito de mi corazón. Por lo tanto, atrévanse a llevarme a la Corte Penal y a que la investigación se lleve a cabo a plena luz del día.

Estoy esperando."

–¿Ha terminado?– le pregunté.

–Sí– contestó.

–Salen seiscientas noventa y una palabras solo con lo suyo. Y a esa cantidad hay que añadir lo que yo escriba. No creo que me lo publiquen, el máximo son cuatrocientas cincuenta y cinco.

–Pues ya de perdidos, añade que también acuso a Iker Jiménez y a Pablo Motos de ser tan idiotas que seguro que aplauden cuando el microondas llega a 0.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La tormenta perfecta llega a Ferraz como un acontecimiento movido por los vientos feroces de la UCO. Los análisis de jueces y fiscales, los medios de comunicación afines a la derecha española y, por supuesto, las opiniones de ciudadanos y ciudadanas, provistos de los juicios volcados en determinados medios de comunicación y redes sociales, dan ya por sentenciada cualquier causa abierta contra el PSOE, cualquier juicio de valor que se ponga sobre la mesa, cualquier informe. 

Nada se resiste a los procesos de análisis, a las valoraciones, a los juicios sumarísimos de opinadores y periodistas embarcados en el discurso de “quien pueda hacer, que haga”. Todo queda listo para que la miseria y el odio sean material necesario para desbancar a un gobierno progresista que ha puesto de manifiesto su capacidad para llevar a cabo las reformas sociales y económicas que han situado a España en la cima de la economía europea. 

La dimensión moral de este puño de hierro no importa, como no importa la indignidad que supone sembrar dudas, crear confusión como magma de cualquier opinión. Han venido construyendo un discurso político que ha evidenciado falta de rigor, amplificación del descrédito y falsedad manifiesta para alcanzar los fines que se proponen: Acabar de una vez por todas con la izquierda de este país nuestro.

El miedo no nos puede callar la necesidad de hablar de lawfare, porque desde las cloacas de la derecha y la ultraderecha, desde su ambición y sus miserias internas, se está despertando eso que ellos mismos criticaban, el fin de la división de poderes que garantiza el armazón de las democracias modernas. 

Pero, ¿qué va a pasar después?, ¿de qué manera los lobbies de presión van a pedir su parte del pastel cuando acaben con Sánchez?, ¿quiénes van a dirigir el rumbo de un país que ha evidenciado ser progresista en conductas sociales, en derechos de colectivos vulnerables o en posiciones económicas de igualdad y solidaridad? 

Recordemos que los flujos de nuestra sociedad se asientan en estas conductas, que, a poco que pensemos, nuestro rastro ciudadano está acreditando una naturaleza de españoles solidarios y acogedores, construidos como un todo dentro del contexto de nuestras necesidades, fuertes en nuestras demandas y libres para alcanzar nuestros objetivos e intereses. ¿Quién va a liderar esta máquina de afectos, de bondades, de empatías, de solidaridades y de comprensión? ¿Y quién va a fortalecer el odio como mecanismo político?

Hay un objetivo común de las derechas y las ultraderechas por acabar con todo esto, cueste lo que cueste y sea contra quien sea, pero no sabemos qué territorio pisaremos después de quemar la tierra para que sea infértil, qué rumbo tendremos, qué sociedad quedará después de todo.

Saben establecer criterios para hacer daño, pero ¿serán capaces de sostener políticamente el país que la mayoría quiere? ¿Abordarán políticas que no vengan colgadas de un solo eslogan que dicte: “Prioridad nacional”? ¿Tendrán una idea de país a la altura de los intereses y los anhelos de españoles y españolas?

Hoy la UCO entra en Ferraz, investiga las joyas de Zapatero, un juez habla de riesgo de fuga de Begoña Gómez, las portadas de medios afines marcan el ritmo de una conexión venezolana singular, de supuestas conversaciones y anotaciones en libretas, de rasgos distintivos de organización criminal. ¿Pero sabemos qué están dispuestos a hacer después? ¿Qué nos espera a todas y todos nosotros tras sus pesquisas? Y, lo más importante, ¿cómo quedará nuestra democracia?

La ola perfecta tras la tormenta está llegando para que sea surfeada por el colectivo de las derechas políticas y mediáticas de este país. Una ola torpe pero con capacidad para agitar las aguas de mares calmados. Hagamos que se rompa la tabla donde apoyan sus objetivos; y tumbemos su expectativas. Buscan acabar con las izquierdas y convocar elecciones. ¿Qué nos espera después?

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Javier Lorenzo Candel es poeta.

José Forero es uno de los hinchas más famosos de la selección masculina de fútbol de Colombia. A sus 60 años, este administrador de empresas y contable jubilado confía en que, con figuras como Luis Díaz, delantero del Bayern de Múnich, y su capitán, James Rodríguez, Colombia brille en el Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Vecino de Barranquilla, ciudad natal de Shakira, situada a orillas del río Magdalena y a diez kilómetros del mar Caribe, Forero no pasa desapercibido cuando anima a sus jugadores favoritos. Como en carnaval, uno de los más importantes del país, se disfraza de tigre.

Luce un impresionante tocado de plumas del que emerge la cabeza del animal. El disfraz causa sensación. En 2014, durante el Mundial de Brasil —donde Colombia llegó hasta cuartos de final, tras caer por 2-1 ante la Seleção, su mejor resultado histórico—, protagonizó numerosos reportajes y su imagen dio la vuelta al mundo.

Este año, para su alegría, Colombia también se ha clasificado. Pero él no podrá viajar: todo resulta demasiado caro. Antes de ese torneo que deberá seguir desde el sofá de su casa, Forero ha decidido dedicar toda la energía de su personaje felino a otra cita: las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el domingo 31 de mayo.

Esta vez, el "tigre colombiano" —como se hace llamar en Instagram— apoya a otro "tigre": el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, que ha convertido ese apodo en uno de los ejes de su campaña. El tigre está en sus discursos, en sus folletos, en sus canciones y en sus mítines, concebidos como auténticos espectáculos con salsa, fuegos artificiales y canciones ensordecedoras en bucle. Su himno de campaña se titula "El tigre de la patria" y los altavoces rugen sin descanso.

"Aquí está tu tigre, que ruge y muerde", proclamaba De la Espriella el sábado 23 de mayo ante miles de seguidores —50.000, según la organización— al inicio de su discurso en uno de sus últimos actos públicos de campaña. Juega en casa: nacido en la región, este candidato de 47 años se siente en su territorio en Barranquilla. Con una gorra de "Abelardo presidente" y una camiseta amarilla de la selección colombiana, con la inscripción "Selección del Tigre" en la espalda, enardecía al público.

De la Espriella, abogado y empresario con triple nacionalidad —colombiana, italiana y estadounidense—, es la gran sorpresa de estas elecciones. Con su barba bien recortada, recuerda a otra figura de la extrema derecha latinoamericana: Nayib Bukele, el autoritario presidente de El Salvador.

Por su teatralidad, también evoca al presidente argentino, Javier Milei. A ambos les gusta enfrentarse a los medios de comunicación, denunciar a la “casta” —"los de siempre", en el léxico de Abelardo—, cantar alguna canción —el colombiano incluso se atreve con La Vie en rose en un francés aproximado— y, sobre todo, exhibir virilidad.

Como buen “macho alfa”, no hay discurso en el que De la Espriella no mencione sus "cojones" para demostrar su determinación a aplicar su programa y llevar a cabo un “cambio estructural”. En varias ocasiones ha humillado a mujeres periodistas que le formularon preguntas incómodas. En un programa de radio, pidió a la única mujer presente entre los periodistas que describiera una foto en la que, según él, marcaba paquete con los vaqueros que llevaba.

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, se embarcó en un elogio paternalista, explicando a cuatro mujeres que era un “feminista de la vieja guardia”. “Sois maravillosas”, exclamó. “Me parecéis sencillamente sensacionales en todos los sentidos. El cuerpo de la mujer, lo que dice, su capacidad para procrear, todo es maravilloso”.

El saludo militar se ha convertido en el grito de guerra de sus seguidores, al igual que su eslogan “Firme por la Patria”. Convertido al catolicismo durante la pandemia, también despliega un discurso ultraconservador, con ataques a la "ideología de género" y al aborto.

En redes sociales, su equipo destaca las desavenencias entre la candidata de la derecha, Paloma Valencia, y su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, un político que reivindica públicamente su homosexualidad, a propósito de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En una entrevista conjunta en marzo, Valencia afirmó que se opondría a que Oviedo pudiera adoptar un hijo.

Uno de los ejes de la campaña de De la Espriella es la lucha contra la inseguridad. Diez años después de un acuerdo histórico entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, el país atraviesa una nueva ola de violencia. El primer presidente de izquierdas, Gustavo Petro, prometió alcanzar una "paz total" con los grupos armados, desde el Ejército de Liberación Nacional —la guerrilla más antigua de América Latina que no se había desarmado— hasta las disidencias de las FARC o los herederos de los grupos paramilitares de extrema derecha. Muchas de estas organizaciones se financian mediante el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial.

El discurso de mano dura defendido por De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, gusta a una parte de la población colombiana, harta de ver cómo la inseguridad se enquista. “Ya son más de 20 años de diálogos, reuniones y acuerdos que solo han servido para fortalecer a los guerrilleros, a toda la población corrupta y a los grupos armados ilegales”, afirma José Forero, vestido con su disfraz de tigre.

Su hijo, médico de 30 años, se ha ido a vivir a Estados Unidos. “Por desgracia, tuvo que emigrar porque el futuro aquí no es bueno, no hay esperanza”, explica. Aunque Forero votó por Álvaro Uribe —cuya presidencia entre 2002 y 2010 estuvo marcada por graves violaciones de los derechos humanos y el asesinato de miles de civiles—, se ha distanciado de Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional que apoya el exjefe del Estado.

Lo que le convence ahora es el discurso de cambio del “Tigre”. “Lo más interesante es que va a gobernar con personas competentes y preparadas, con personas honestas”, dice. “Ha prometido gobernar con gente que no forma parte de la vieja guardia política, aquellos que han permitido que la corrupción destruyera este país. Así que tenemos muchas esperanzas de que Abelardo cumpla sus promesas, de que nuestros hijos tengan un futuro mejor, de que nuestros nietos tengan un futuro de verdad”.

Antes del mitin, el disfraz de Forero atrae todas las miradas. No dejan de pedirle que pose delante de un Tesla Cybertruck, un coche de aspecto futurista y casi blindado, rotulado con la imagen del Tigre y la de su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, economista y exministro del Gobierno conservador de Iván Duque (2018-2022).

Un grupo de mujeres también se fotografía junto al coche. Una de ellas, Ingrid, una empleada de cincuenta años que prefiere dar solo su nombre de pila, cuenta que hace cuatro años votó por Petro, quien no puede presentarse a un segundo mandato por mandato constitucional. Esta vez, sin embargo, apoyará al candidato de extrema derecha porque, asegura, "va a luchar contra la inseguridad que vive actualmente el país".

Una de sus amigas interviene: “Va a apoyar los proyectos para la primera infancia, va a combatir la inseguridad. Hay que darle una oportunidad porque en este momento el país está viviendo una inseguridad terrible”.

Durante su mitin al estilo Trump, Abelardo de la Espriella promete el oro y el moro, en nombre de una “patria milagrosa”. “Colombia va a conocer la prosperidad, la libertad y el orden que todos deseamos y que todos merecemos. Esto no tiene nada que ver con ideologías. Se trata de principios y valores fundamentales”, proclama entre rugidos de tigre y fuegos artificiales. Entre la multitud, una joven lleva una gorra roja con el lema “Make Colombia Great Again”.

De la Espriella promete ganar en la primera vuelta. Pero, al igual que hace cuatro años, Colombia podría asistir a un duelo en la segunda vuelta entre la extrema derecha y la izquierda. En 2022, Petro venció, con más de 700.000 votos de diferencia, a Rodolfo Hernández, un empresario millonario. Al igual que De la Espriella, venía de Miami y había derrotado a la derecha tradicional.

El domingo, en Barranquilla, durante su último mitin antes del período de “reflexión” que prohíbe cualquier acto público y toda propaganda electoral una semana antes de las elecciones, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ya denunció la “opción fascista” que representa De la Espriella. También lamentó que el periódico de la ciudad, El Heraldo, de tradición liberal, haya respaldado en un editorial al candidato de extrema derecha. Una señal de que Abelardo ha logrado lanzar una OPA política sobre una parte de la derecha y de las élites económicas y políticas de la costa caribeña colombiana.

Traducción de Miguel López

Durante la Transición española, el mapa de la inteligibilidad política parecía tener unas coordenadas fijas para la inmensa mayoría de la población: la izquierda era el hogar de las ideas claras, la base social, la intervención pública, mientras la derecha —y particularmente la extrema derecha— arrastraba lastres históricos irresolubles para ellos mismos. Tres o cuatro décadas después, ese péndulo ha oscilado. Consecuencia de ese cambio, hoy la derecha política ha encontrado en la simplificación emocional y en los significantes vacíos un eficaz mecanismo de movilización, mientras que la izquierda se debate en una maraña de matices, contradicciones ideológicas, compromisos institucionales y fracturas internas que la vuelven casi incapaz de articular un relato tan potente como aquel que la impulsó en los años 70 y 80.

Para comprender el cambio de paradigma, conviene recordar el escenario original. Tras la muerte de Franco, la izquierda acompañada de una derecha antifranquista asumió un papel que hoy podría parecer contradictorio: el de la síntesis narrativa. Frente al bloque reformista y al inmovilismo del búnker, las consignas de libertad, amnistía, estatutos de autonomía y Constitución operaban como condensadores de sentido. Cada uno de esos términos era, en esencia, un concepto polisémico, pero precisamente su ambigüedad permitía la unidad. Un comunista, un socialista o un nacionalista periférico podían discrepar en el contenido exacto de la libertad, los estatutos o de la amnistía, pero coincidían en la necesidad de proclamarlos como horizonte compartido.

La izquierda logró entonces lo más difícil en política: hacer de la complejidad de un proceso de ruptura pactada un relato lineal, comprensible y movilizador. Desde luego con cesiones, concesiones y renuncias, pero no va de eso esta reflexión. No necesitaba explicar, a la inmensa mayoría de la población, los matices de la Ley de Reforma Política o los entresijos del consenso constitucional; le bastaba con oponer la dictadura a la democracia, la represión a la amnistía, el centralismo a los estatutos, el régimen franquista a la Constitución. La audacia de aquella estrategia fue que la izquierda aceptó cargas enormes —la autocensura, la moderación de sus reivindicaciones económicas, la renuncia a la ruptura revolucionaria—, a cambio de colocar esos pocos conceptos como el vocabulario ineludible del nuevo régimen.

Mientras tanto, la derecha —y, de manera más aguda, la extrema derecha— vivía su propia complejidad irresoluble. Por un lado, su legitimidad histórica se asentaba en el alzamiento militar y 40 años de dictadura. Por otro, el contexto internacional y la necesidad de integrar a España en las democracias occidentales la empujaban a aceptar el proceso. Su contradicción fundamental era imposible de simplificar: ¿cómo oponerse a la democracia sin condenarse al ostracismo? ¿Cómo defender el legado franquista sin renunciar a la respetabilidad internacional? Las contradicciones, es decir, la complejidad argumentativa, estaban en su lado.

Esa complejidad estructural la abocó a discursos tímidos, a reformulaciones vergonzantes y a una constante sensación de ir a remolque y a aprovechar cualquier cesión, por mínima que fuera, de la parte democrática. La extrema derecha, representada entonces por Alianza Popular, y sus primeros líderes —Fraga incluido, con Blas Piñar creando más contradicciones—, tardó años en encontrar una fórmula de simplificación que le permitiera competir en igualdad de condiciones. Su complejidad era demasiado real, demasiado pesada, demasiado ligada a un pasado que no podía defender sin autoexcluirse del sistema.

Algo cambió en el tránsito al siglo XXI, algo que nace precisamente de la simplicidad de los mensajes construidos en aquella Transición y que la izquierda no pudo, no supo o no quiso seguir haciendo suya. La globalización, la crisis del relato socialista tras la caída del Muro y la aparición de nuevas realidades (incremento de la movilidad —migración y turismo—, terrorismo yihadista, crisis de soberanía ante Europa, luego la crisis financiera de 2008) ofrecieron a la derecha la oportunidad de reinventar su síntesis. Ya no se trataba de defender el pasado, sino de simplificar el presente.

Conceptos como prioridad nacional, unidad de España, rearme moral, ley y orden o gestión eficiente, empezaron a operar exactamente igual que la libertad o la amnistía 40 años antes: como significantes vacíos, pero políticamente operativos. "Prioridad nacional" no tiene un contenido económico y social concreto —¿prioridad en qué?, ¿en presupuestos?, ¿en política exterior?, ¿en seguridad?, ¿ayuda a la seguridad y al mantenimiento de la economía o la perjudica?—, pero permite, por su vacuidad, que cada votante llene ese vacío con su propia ansiedad, su propio malestar. Para un empresario será la competitividad; para un trabajador de la industria, la protección frente a la deslocalización; para un progenitor —padre o madre— de familia anclado en viejas formulaciones, la seguridad ciudadana. La derecha descubrió que la efectividad de un argumento no depende de su precisión semántica, sino de su capacidad para funcionar como un comodín emocional.

A ello se suma una estrategia procesal y mediática demoledora: la judicialización de la política. El señalamiento constante de que los líderes progresistas son el epicentro de tramas de corrupción, financiación ilegal o deslealtad institucional actúa como un mecanismo de complejidad forzada para la izquierda. Cada vez que un juez instructor —muchas veces con filtraciones selectivas— coloca a un dirigente socialista o de Podemos bajo la sospecha de una trama, la izquierda se ve obligada a desplegar un ejército de matices: distinguir lo judicial de lo político, explicar los plazos procesales, defender la presunción de inocencia, diferenciar la causa general del caso concreto. Esa es la complejidad que paraliza. La agenda le viene marcada.

Paradójicamente, la izquierda ha heredado la vieja complejidad argumental de la derecha. Su éxito en la Transición —la institucionalización del Estado autonómico, la consolidación de derechos civiles, la participación en el diseño del Estado del bienestar— la ha convertido en gestora de un sistema cuyas contradicciones debe ahora explicar. ¿Cómo defender el gasto social sin caer en el déficit? ¿Cómo conciliar los derechos de las minorías con la estabilidad presupuestaria? ¿Cómo explicar que la libertad que antes era una consigna ahora se llama regulación de alquileres o impuesto a grandes fortunas? ¿Cómo desarrollar el estado federal sin caer en el independentismo? Demasiados matices, demasiada complejidad. La izquierda ya no puede resumir su programa en tres palabras. Necesita párrafos, estudios, informes, matices, y eso, en política contemporánea, es sinónimo de derrota comunicativa. El resultado es una izquierda con los pies atados: incapaz de encontrar los argumentos sencillos y comprensibles que permitan colocar su agenda y, al mismo tiempo, obligada a responder en el terreno de la complejidad forense y administrativa que le impone la derecha. La derecha, en cambio, puede decir "que investiguen", y ese imperativo se convierte en un relato completo. No necesita demostrar nada, solo insinuar.

Lo que este análisis sugiere no es que una ideología sea intrínsecamente más simple o más compleja, sino que la capacidad de simplificar —de convertir contradicciones reales en relatos movilizadores— es un recurso que cambia de bando según las épocas. En la Transición, la izquierda supo hacerlo porque su demanda era el futuro: y el futuro, por definición, puede ser simple. La derecha de entonces defendía un pasado que, por mucho que se adornara, no podía dejar de ser un laberinto de justificaciones.

Hoy, la derecha ha encontrado un nuevo futuro simple: la defensa de la nación –apropiándose de símbolos– frente a un progresismo que ella misma ha contribuido a presentar como fragmentario, dubitativo y atrapado en procedimientos. Y la izquierda, por su parte, defiende el presente institucional, las conquistas que ya están escritas en leyes y sentencias, y el presente es siempre más complejo que cualquier promesa. La lección es amarga: quien quiera gobernar deberá no solo tener razón, sino también encontrar las tres palabras que hagan comprensible la imagen para quien no tiene tiempo para leer las otras 997.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

¿Dónde ha quedado la pasión? A un año de las elecciones presidenciales, el último capítulo del macronismo ha sumido a muchos diputados centristas en un abismo de perplejidad. Las divisiones de la derecha moderada, la creciente influencia de los medios del grupo Bolloré en sus filas y el fracaso del presidente de la República a la hora de consolidar una organización capaz de sobrevivirle les producen vértigo.

En un acto de desesperación, el diputado Stéphane Travert, exsocialista que se unió a Emmanuel Macron en 2017 y que después fue su ministro de Agricultura entre 2017 y 2018, se ha sumado a la iniciativa de Élisabeth Borne: la creación de un pequeño partido que aspira a pesar en el debate de ideas. "Los moderados deben ir a la guerra" para abrirse paso entre La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN), sostiene el diputado. Aunque admite que, por ahora, "no tiene candidato".

Junto con otros macronistas históricos, como el diputado Marc Ferracci, exministro de Industria entre 2024 y 2025, Travert abogó ante Gabriel Attal por recuperar el nombre original de Renacimiento: "¡En Marcha!". "Hay que asumir una vuelta a los orígenes, una historia. Somos un partido joven", defendía Ferracci hace apenas unas semanas, preocupado por la confusión del panorama político. De poco le ha servido.

Para expresar su escepticismo ante la candidatura ya oficial de Gabriel Attal, el diputado del MoDem Richard Ramos recurre a un aforismo: "En una tormenta, la fuerza de un árbol se mide por la profundidad de sus raíces".

Consciente de esta crisis de identidad política, consecuencia del hundimiento de los antiguos partidos de gobierno y del fracaso de Emmanuel Macron en su intento de reorganizar la vida política en torno a una división entre "conservadores reaccionarios" y "progresistas reformistas", como prometía en su libro Révolution (XO Éditions, 2016), Édouard Philippe intenta, por su parte, invocar el legado de la derecha clásica.

El 10 de mayo, Philippe, presidente de Horizontes, reivindicó con firmeza su identidad de derechas, como ya había hecho desde su llegada a Matignon en 2017. "Sé de dónde vengo: de la derecha. Fui el primer director general del mayor partido que la derecha y el centro han creado en Francia, la UMP [Unión por un Movimiento Popular]", repitió ante los cuadros y diputados de su partido reunidos en Reims (Marne). Y, tras explicar que quería construir una mayoría "disciplinada, alineada en lo esencial, pero también diversa", añadió: "Sin volver a crear la UMP, porque no se puede ser y haber sido".

La alusión no es inocente. Al afirmar que quiere pasar página del "al mismo tiempo", el ex primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020 reactiva el recuerdo de un mito: el del partido común en el que la Agrupación por la República (RPR), Democracia Liberal y tres componentes de la Unión por la Democracia Francesa (UDF) se fusionaron para gobernar juntos en 2002, bajo los auspicios de Jacques Chirac y Alain Juppé, tras el impacto que supuso el paso de Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales.

"La UMP es la unión de todas las corrientes de derechas en un solo partido por primera vez en su historia. Philippe instrumentaliza este legado para decir que, aunque no todos piensen necesariamente lo mismo, pueden unirse para ganar", explica el politólogo Vincent Martigny.

El argumento que Serge Lepeltier, secretario general del RPR favorable a la fusión, desarrolló en Le Monde en 2002 encaja especialmente bien con el momento actual: "El resultado de la primera vuelta ha demostrado que las luchas internas y las divisiones no estaban justificadas. Ante el auge de los extremos, hay que replantearse nuestra visión de la política". A menos de un año de la primera vuelta de las presidenciales de 2027, en el campo centrista se escucha la misma narrativa que agrupa a "los extremos" para enfrentarse mejor con el bando de "la gente razonable".

La referencia está calculada. Remite a un periodo envidiable, en el que el partido de derechas podía contar con 300.000 afiliados. Hoy, Los Republicanos (LR), lejano heredero del general de Gaulle y de Chirac, cuenta oficialmente con 76.000.

"¿La UMP, por qué no? No funcionaba tan mal", reconoce Laurent Marcangeli, presidente del grupo Horizontes en la Asamblea Nacional. "Sin nostalgia, aquella alianza, que iba de Charles Pasqua a Jean-Louis Borloo, permitió gobernar durante diez años. La gente ya no quiere el 'al mismo tiempo', sino un discurso de derecha republicana moderada. La vida política francesa tiene que dejar de ser tripartita".

En las elecciones legislativas de 2002, la UMP despegó al obtener 358 escaños. LR cuenta hoy con 39, lo que da una idea de la pendiente que tiene por delante. Mientras se perfila una posible disolución tras las presidenciales de 2027, ese recuerdo puede influir en los diputados de la antigua "base común".

"Todo el reto para el próximo candidato del centro en las presidenciales es saber si será capaz de aglutinar a gente más allá de su propio partido. La referencia a la UMP resulta atractiva porque encarna la capacidad de la derecha y del centro para abandonar las viejas etiquetas y formar una mayoría única", explica el historiador del gaullismo Pierre Manenti, autor de Le RPR. Une certaine idée de la droite (El RPR. Una cierta idea de la derecha, Passés Composés, 2026).

El recuerdo de aquella unión, sin embargo, incomoda a Marc Fesneau, líder del MoDem en la Asamblea. "¿No habría sido distinta la vida política si se hubiera considerado que lo mejor era respetar el pluralismo que estaba consolidándose? Quizás habríamos ganado algo de tiempo, de energía y de diálogo entre nosotros y nuestros conciudadanos. No vamos a volver a crear el partido único de la derecha y el centro. ¡Esto es el cuento de nunca acabar!", zanja.

En 2002, François Bayrou ya dejó huella al oponerse a la convergencia chiraquiana. "Si todos pensamos lo mismo, es que ya no pensamos", lanzó entonces, entre abucheos, en la convención de la Unión en Movimiento (UEM), antecesora de la UMP. Durante un coloquio sobre el Estado de derecho celebrado el 18 de mayo en la Asamblea, el ex primer ministro, recientemente destronado por la izquierda en Pau (Pirineos Atlánticos) en el contexto del caso Bétharram, mantuvo esa misma posición ante algunos periodistas: "No en el 'bloque central', sino en el centro, hay fuerzas dispersas cuya lógica debería ser reunirse, midiendo los peligros a los que nos enfrentamos. Todo eso está en proceso de definición".

Édouard Philippe no es el único que hace guiños al pasado. Como Jacques Chirac, que anunció su candidatura a las presidenciales de 2002 durante una conversación forzada con la alcaldesa de Aviñón (Vaucluse), Gabriel Attal lanzó la suya desde la pequeña localidad rural de Mur-de-Barrez (Aveyron), el 22 de mayo.

Su entorno también invoca, con cierto interés, la dinámica de la campaña de Jacques Chirac en 1995, cuando este partía como rival de la derecha frente al favorito Édouard Balladur. Pero Gabriel Attal no tiene nada en común con la derecha: procede del Partido Socialista (PS).

En el fondo, estos paralelismos revelan la crisis de liderazgo que atraviesa la derecha. A falta de una figura tutelar contemporánea, recurre a una historia relativamente lejana, mientras que su último gran líder, Nicolas Sarkozy —cuyo juicio de apelación por la financiación libia acaba de concluir—, ha dado su bendición a la RN de Jordan Bardella al compararla con el RPR de Jacques Chirac.

En este terreno, la extrema derecha ha dado un golpe de fuerza al apropiarse con eficacia del legado gaullista y chiraquiano. En marzo de 2024, Jordan Bardella siguió los pasos del RPR al organizar sus "estados generales de la inmigración". "El programa del RPR de los años 90, cuando el RPR era verdaderamente de derechas, es hoy el programa de la RN, al menos en materia de seguridad e inmigración", declaró entonces.

En 2023, Franck Allisio, tránsfuga de la UMP, ya había lanzado una campaña para apropiarse de la marca RPR, que recuperó para crear su propio movimiento, hoy con unos 10.000 afiliados. "Con esta referencia al RPR, la extrema derecha culmina su proceso de normalización al intentar borrar la parte controvertida de su historia. Tras las derrotas de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon en 2017 y Valérie Pécresse en 2022, también se vincula a la imagen de una derecha que sí ha ganado", analiza Pierre Manenti.

Para Vincent Martigny, este éxito es "una señal de debilidad de la derecha". "Si hay un legado que recoger, es que no se le respetó del todo", sostiene. Una debilidad que no solo debe atribuirse al macronismo, sino también a la propia derecha.

"En 2012, Nicolas Sarkozy perdió con una línea muy radicalizada, sin el ala izquierda que sí había incorporado en 2007. Desde entonces, rompió el equilibrio de un movimiento que se ha desplazado por completo hacia la derecha sin decirlo realmente, ignorando la diversidad de su familia política", detalla el investigador.

Mientras el componente gaullista de LR se ha vuelto claramente minoritario, la reivindicación de ese legado por parte de Bruno Retailleau, designado candidato para 2027, resulta significativa. Iniciado en política en el Movimiento por Francia (MPF) de Philippe de Villiers, Retailleau, representante de Vendée, nunca perteneció a la familia gaullista y encarna una corriente católica, conservadora y nacionalista.

"Lo que predomina claramente entre estos candidatos es la sensación de que la derecha nunca ha aplicado realmente una política de derechas. Entre los simpatizantes, algunos se preguntan si la 'verdadera derecha' no estará del lado de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Hay, por tanto, una ambivalencia entre los candidatos: reivindican filiaciones tranquilizadoras y, al mismo tiempo, prometen a ese electorado de derechas que no van a fingir", observa Vincent Martigny.

De esas contradicciones nace su falta de claridad identitaria.

Traducción de Miguel López

Otro año más, y ya es el cuarto, medio millar de neonazis llegarán al Maresme para gritar canciones de exaltación a Hitler, bañarse en las playas tatuados con esvásticas y provocar incidentes y terror por las calles de Calella (Barcelona). Pero, ley en mano, nada se puede hacer para impedirlo, aunque en Cataluña esos ultras tengan una presencia residual que en los últimos años se ha dispersado entre partidos de extrema derecha y entornos neonazis vinculados al gimnasio y al culto al cuerpo.

Se trata de la cuarta edición del Chaos in the Sun, "el festival Oi! más importante del viejo continente", según los propios organizadores, que se reunirán en una masía de Santa Susanna, municipio costero a 60 kilómetros de Barcelona, propiedad de un grupo motero, junto a las hinchadas radicales, caldos de cultivo del fascismo vinculado a la criminalidad. "Hay dos tipos de neonazis: los descerebrados y los ideológicos", asegura a infoLibre, Xavier Rius Sant, experto en extrema derecha y amenazado de muerte por sus investigaciones.

Los primeros se dedican a la extorsión a clubes, tráfico de drogas o explotación sexual. Serían los Boixos Nois o las Brigadas Blanquiazules (a veces aliados), que han tenido altibajos en función de la detención de sus cabecillas por alguno de esos delitos y que captan a sus cachorros en las gradas de los estadios. Los segundos, "los espartanos, patriotas", como se definen, se han reencarnado en Cataluña bajo diversas siglas y símbolos exportados de Madrid.

La última intentona neonazi es Núcleo Nacional, que surgió en 2024 al calor de las manifestaciones contra la amnistía a dirigentes catalanes ante la sede del PSOE en Ferraz. "El neonazismo en Cataluña está en la clandestinidad, bastante desorganizado, y Núcleo Nacional es ahora el más consistente", señala el periodista. El grupúsculo anunció este enero su desembarco en Barcelona con la apertura de un local —su "estoa", término tomado de la arquitectura griega, como prefieren llamarlo—, pero terminó alquilando un salón de bautizos y comuniones en Sentmenat, a 30 kilómetros de la capital catalana. Hasta allí acudieron centenares de antifascistas, que fueron repelidos por los Mossos. El acto lo dirigió César Agüera, propietario de un gimnasio en La Llagosta, en la periferia barcelonesa.

"El neonazismo se mueve en esa galaxia de gimnasios que utiliza como vía de reclutamiento, además de las redes sociales, en ambientes de testosterona fáciles para radicalizar a alguien. Juegan mucho con una propaganda cuidada, actos llamativos y una estética de masculinidad, pero no hay un trabajo político de calle con incidencia", analiza para este medio Miquel Ramos, autor de varios libros, entre ellos De los neocón a los neonazis. 

Desde 2023, los ultras ni siquiera se congregan ya por el 12 de octubre —la Fiesta Nacional— en Montjuïc, como era habitual. A aquella última concentración apenas asistieron un centenar de neonazis, frente a los cerca de 2.000 de una década atrás. "Hay una correlación con el auge de partidos de extrema derecha. Sigue siendo la misma clientela, pero ahora con una legitimación y normalización de los discursos neonazis", asegura Ramos. Como ejemplo, cita a Jordi de la Fuente, concejal de Vox en Sant Adrià de Besòs, que aparece en su despacho con una bandera española con el anagrama de Núcleo Nacional.

Tres semanas después de aquella última concentración del 12-O, 14 neonazis de Democracia Nacional aceptaron penas leves por reconocer que habían hostigado durante dos años una mezquita de Nou Barris. A partir de esa condena de conformidad, sus integrantes dejaron de actuar en Cataluña. Es decir, cuando se aplican penas contra grupos hitlerianos, estos se acaban disolviendo o se metamorfosean.

El exmiembro de Democracia Nacional, Enrique Lemus, realizó en febrero la inscripción como partido político de Núcleo Nacional, quien no ha respondido a la solicitud de entrevista de este medio. "Es más complejo legalmente actuar contra un partido político que contra una asociación cultural", señala Rius Sant. "España no es una democracia militante [no exige que las organizaciones políticas compartan los principios del Estado, priorizando la libertad ideológica], siempre que no llamen a la violencia, están legalizados", añade sobre unos límites legales que las organizaciones supremacistas conocen muy bien. 

En abril del pasado año, la Guardia Civil abrió una investigación contra Núcleo Nacional por incitación a la violencia tras un vídeo donde llaman a "una lucha conjunta contra la invasión" migrante. Sin embargo, poco más de un año después, Interior aprobó su registro como partido político y el ministro Fernando Grande-Marlaska aseguró que no había "elementos" en sus estatutos para "negar" esa inscripción. Pese a que el Parlamento europeo lanzó ya en 2018 una advertencia sobre la necesidad de prohibir los grupos neonazis, ningún país europeo, aparte de Alemania, Austria y Suiza, siguió esa recomendación para frenar el avance del racismo y la xenofobia.

"Ni siquiera la izquierda en España está interesada en abrir ese debate para censurar el nazismo. Por un lado, no se confía en la aplicación del marco jurídico, porque se ha visto en otras legislaciones, como los delitos de odio, que terminan penalizando a activistas antifascistas o de la comunidad LGBTIQ+. Por otro, por cálculos electorales perversos, interpretan que cuanto más dividida y radicalizada esté la derecha, mejor, porque les criminaliza", indica Ramos.

De ese modo, según el investigador, han proliferado las exhibiciones públicas y se han empoderado muchos discursos de odio que fomentan la violencia hacia determinados colectivos racializados, "ilícitos penales que a menudo la Fiscalía deja pasar". Los propios integrantes de Núcleo Nacional justifican en su página web el uso de pasamontañas alegando que profesar su ideología "conlleva todo tipo de males para la vida personal de cada uno, multas y sanciones legales".

"Las fuerzas de seguridad saben quiénes son, hay una vigilancia muy cercana de estos grupos neonazis y se han hecho acciones preventivas", afirma Ramos. En octubre de 2023, fueron detenidos 16 supremacistas blancos y desarticularon una célula en Cataluña de Combat 18, una organización que apuesta por la lucha armada clandestina, considerada una banda terrorista en varios países. En febrero de este año fueron arrestados cuatro miembros de Núcleo Nacional en Sant Boi por hacer pintadas en mezquitas, comercios y en la sede del PSC. Fueron identificados por las publicaciones que subieron a Instagram. Sin embargo, "es un riesgo, porque eso no quita que pueda haber episodios puntuales de extrema violencia", agrega Ramos, como la matanza en Noruega de 77 jóvenes en un campamento socialdemócrata.

Este fin de semana en Calella, el apacible pueblo costero donde se alojarán los centenares de neonazis llegados de toda Europa, "habrá vecinos que no salgan a la calle por miedo y personas racializadas que se marchen del municipio para no sufrir agresiones", según denunció el diputado de la CUP Daniel Cornellà, en vista de los altercados que se han producido en anteriores ediciones, pese al despliegue policial que, de nuevo, custodiará la masía. Los antifascistas denuncian que el festival se celebra con "la complicidad de la Administración", mientras el alcalde de Santa Susanna justifica que no puede hacer nada porque "se trata de una fiesta particular". Y, si se prohibiese, seguramente el caos o la "Cara al sol" los pondrían otros personajes que, como la Hidra de Lerna —por volver a la antigua Grecia—, mejor que sigan en el pantano antes que oler su aliento.

Lo de la prioridad 'nazional' lleva pasando mucho tiempo. También esa con asterisco que va más allá de estar en situación regularizada por el Estado, de nacer en España o con un pasaporte español debajo del brazo.

 En realidad, tiene que ver con el significado que se otorgó a la palabra raza la primera vez que apareció en El Corbacho, un texto de 1458 firmado por el arcipreste Alfonso Martínez de Toledo y cuyo significado podría equivaler al de linaje. Desde entonces, y durante los dos siglos posteriores, tener raza era equivalente a pertenecer a una extirpe manchada. Al contrario de lo que podría pensarse, esto no tenía para nada que ver con el color de piel o el fenotipo sino con la confesión que se profesaba. De ahí lo de la limpieza de sangre, unos estatutos que otorgaron rango legal a la discriminación religiosa. Tener raza, esto es, ser incapaz de demostrar que se era cristiano viejo, con o, implicaba, además de no poder desempeñar labores en la Administración, vivir bajo permanente sospecha. 

Luego, los españoles llegaron a América y con la anuencia del Papa Alejandro VI y sus bulas, se quedaron con tierras ajenas y borraron del mapa a gente, lenguas y culturas para imponer las suyas y, por supuesto, la religión católica. Que ese fue el trato con el Sumo pontífice. Y ya que estaban, dado que tras años de abusos y contagios de enfermedades la población originaria se había diezmado, aprovecharon que los portugueses llevaban ya un tiempecito esclavizando a negros africanos, amparándose también en una bula papal, en este caso de Nicolás V, para favorecer que se llevaran a unos cuantos millones hasta eso que bautizaron como Nuevo Mundo. Y todo cambió. Se cruzaron, ahí sí, el fenotipo, la religión, la forma de ser y pensar el mundo y, por supuesto, hubo encuentros cordiales, claro, pero también (o sobre todo) jerarquización. Basta con observar los cuadros de castas para ver cómo se nomenclaturizaron con saña cada una de las mezclas que se produjeron: mulatos, lobos o saltos atrás y arriba del todo estaban no los blancos sino los españoles que, para el caso, eran lo mismo. Y así, hasta hoy, español igual a blanco y católico y lo demás es otra cosa. 

Así las cosas, cuando Vox habla de prioridad 'nazional', no inventan, recogen un legado. Por eso, les importa poco la nacionalización de quienes han venido puesto que no se trata de venir sino de ser y de tener solera en esta tierra. De que tus padres, abuelos y bisabuelos sean españoles, de que tu torrente sanguíneo esté tan libre de Islam como para que el mismísimo Torquemada se levante de la tumba y te felicite, bro.  

Para el partido verde (que no ecologista), no es una premisa para negociar sino una manera de imponer lo que entienden que debería ser su país pese a ser también el de todas las personas que lo componen, por mucho que les pese. Va de apellidos que pueden pronunciar (o apellidos, a sus ojos –o su lengua– impronunciables pero no noreuropeos), de santos patrones Matamoros y de la coletilla final “y cierra España”, de meterle cerdo, ya sea en en forma de chicharrones o de manteca, hasta a los dulces con el fin de que quede claro de qué pie no cojean. 

Está relacionado con celebrar que se celebre el 12 de octubre y obviar un genocidio que duró siglos. Con glorificar y ponerle un teatro a una obra que enaltece y convierte en princesa de Disney Pocahontiana a La Malinche. Con no cuestionar ni un poquito el pasado y, lejos de eso, marcarlo en rojo en el calendario y sacar a los militares para que desfilen por una hispanidad que hermanó por cojones y que, según el bando vencedor, pese a un derramamiento de sangre que también supuso un epistemicidio radical, dejó universidades. Sí, esas a las que todavía hoy la mayoría de quienes asisten o han asistido son los que tienen la piel más clara y siguen acordándose de su bisabuelo de Sevilla, Vigo o Salamanca porque les confiere estatus y piel clara. Esa prioridad 'nazional' es la que habla de territorios hermanos hispanos (que no latinos) únicamente cuando interesa y si su descendencia está lejos o vota a la derecha. De lo contrario, más que hermanos serán primos y si reclaman, denuncian o cuestionan serán relegados a parientes lejanos díscolos o hasta enemigos desagradecidos. Como si aquello hubiera sido un páramo de historia, cultura, idiomas, edificios o vida antes de que llegaran extranjeros de Europa y la liaran. 

De Guinea Ecuatorial y del Sáhara ni hablamos ya que unos son negros y los otros musulmanes negros y moros, así que no se les (nos) quiere ni para, mintiendo, llamarnos hermanos. Ya se han encargado de eliminarnos de los libros de historia e insistir mucho, mucho en decir que las últimas colonias se perdieron en 1898. Mentira y gorda. 

Pero como esto no va solo del pasado, volvamos al presente. 

Lo que los de Abascal se atreven a verbalizar es algo que existe antes de que lo convirtieran en eslogan electoral y se nota en las expectativas pero, sobre todo, en la falta de las mismas hacia cierta gente. En el asiento que se queda libre en el metro al lado de la persona racializada incluso si el vagón va lleno. 

Se hace patente cada vez que nos siguen en el supermercado, que nos mandan a la cola de extranjería a hacernos el NIE pese a que hayamos ido a renovarnos el DNI, en los controles “aleatorios” del aeropuerto o cuando la policía para sobre todo a los jóvenes racializados por la calle para pedirles la documentación pese a que lo único sospechoso que hayan hecho sea salir del portal de la casa de sus padres armados con una bolsa llena de tuppers. 

Pasa cada vez que nos felicitan, de forma condescendiente, por lo bien que hablamos el idioma del sitio en el que hemos nacido o crecido a pesar de que eso no tenga ningún mérito. O cuando opinas acerca de algo relacionado con España y te mandan callar como si no tuvieras derecho a cuestionar nada y toda la vida tuvieras que sentir que debes decir que sí a todo, sonreír y tragar complaciente debido a que estás de prestado en la que, lo quieran o no, es tu casa.

Pasa cuando te dicen que tú no eres como el resto, a modo de palmadita en el hombro condescendiente, salvándote de la quema en la que se halla ese resto infernal y homogéneo al cual te pareces pero del cual por supuesto que tú, como excepción a una regla inventada, no formas parte. 

Pasa cuando vas al hospital y hay quien murmura que la gente como tú colapsa las urgencias y el sistema sanitario que su familia, que se ha deslomado currando, ha contribuido a sufragar.

Pasa cuando tienes un gesto de cortesía con alguien y te dicen que “así sí”, asumiendo que el resto de las personas a las cuales te pareces por fuera son un “así no” de manual. 

Pasa hasta dentro del seno de la familia debido a que por mucho que compartas genes y cariño, eso no les quita automáticamente ni la xenofobia ni el racismo. 

Pasa mucho antes de que le pusieran nombre a eso de la identidad 'nazional' pero, ahora, poniéndoselo, lo han dejado más clarito.

“Que las cosas continúen así es la verdadera catástrofe”. Esta célebre frase del filósofo Walter Benjamin, que se suicidó en 1940 en Portbou, en el norte de Cataluña, en la frontera franco-española, para escapar del dominio del fascismo en Europa, resuena con especial intensidad bajo el sol de Cannes.

A modo de resumen: el principal financiador del cine francés anunció el domingo 17 de mayo, en pleno festival y por boca de Maxime Saada, director general de Canal+, que a partir de ahora boicoteará a los 600 artistas que firmaron una carta abierta —incluidos la actriz francesa Juliette Binoche o el actor catalán Sergi López— en la que denuncian que al “dejar el cine francés en manos de un dueño de extrema derecha”, Vincent Bolloré, no solo se corría el riesgo de “una homogeneización de las películas, sino de una toma de control fascista del imaginario colectivo”. 

Ante una actitud de jefe de clan resumida en un “yo pago, yo decido”, expresado además en el marco simbólico del tradicional encuentro dominical de productores del Festival de Cannes, organizado por Canal+; ante la forma en que el "espíritu Canal" exhibe ya su desprecio por la libertad de expresión y la irreverencia; ante la elaboración de una lista de personas vetadas que pisotea el derecho laboral y la libertad de creación; ante un boicot sin precedentes que, al parecer, incomoda menos al mundo cultural que cuando se dirige contra un país que libra una guerra genocida… ¿puede el Festival de Cannes seguir adelante al día siguiente como si no hubiera pasado nada?

¿Va a seguir realmente la competición como si nada, como si la única Palma de Oro en juego —en la que los competidores son, sin duda, más numerosos que en la competición oficial— no fuera ya otra que la de la cobardía?

Maxime Saada justifica su intervención por el hartazgo que, según él, le produce que tanto él como sus equipos puedan ser tachados de “criptofascistas”. Un término que, sin embargo, no aparece en la carta abierta publicada en Libération. Y con razón.

No se trata ya de reprochar a Canal+ —ni a sus equipos, ni siquiera a sus directivos— que oculten convicciones políticas repugnantes bajo falsas apariencias artísticas, sino de expresar una preocupación concreta: la deriva fascista que promueve Bolloré, principal accionista de Canal+, y el riesgo de que el cine francés se convierta en su próximo terreno de juego e influencia.

¿Qué puede llevar todavía a los equipos de Canal+, en particular, y al mundo del cine francés, en general, a creer que Vincent Bolloré no actuará aquí como ya lo hizo con una cadena de televisión (i-Télé, convertida en CNews), un periódico (Le Journal du dimanche), una emisora de radio (Europe 1) y varias editoriales (Fayard y luego Grasset)? Es decir: imponiendo disciplina y control, al tiempo que se apropia de forma depredadora del capital simbólico e histórico de las estructuras sobre las que pone la mano.

Quienes miran incómodos al suelo o siguen brindando enfundados en trajes de gala mientras denigran a los aguafiestas de Cannes, ¿perciben de verdad alguna diferencia entre las estrategias de Bolloré y la de la familia Ellison, al otro lado del Atlántico —la del cofundador de Oracle, próximo a Trump—, que ha comprado el grupo de cine y televisión Warner Bros? Eso sin mencionar siquiera a Elon Musk, que se compró una influencia mundial a través de Twitter por más de 40.000 millones de dólares.

¿Qué puede explicar que algunas personas, en el cine como en otros ámbitos, sigan negándose a ver el elefante en la habitación que supone la puesta en marcha explícita, eficaz y efectiva de un programa radicalizado de extrema derecha por parte de un actor económico que lleva a cabo no tanto una batalla cultural como una serie de adquisiciones financieras con fines directamente políticos?

Una puesta en marcha permitida por la integración vertical de un ecosistema mediático y cultural —desde la financiación de las películas por Canal+ hasta su proyección en las salas UGC; la propiedad del grupo Hachette hasta las tiendas Relay, que colocan en sus expositores, en estaciones y aeropuertos, las obras de la Francia más rancia—, capaz de moldear las pasiones colectivas y las conciencias individuales actuando sobre las imágenes y el imaginario.

Lo que está claro para Bolloré es que nadie debe salirse del guion. Lo demuestra, dentro de la propia CNews, el apartamiento de las pocas voces discretamente críticas con la agenda extremista del jefe, ya sea en relación con la permanencia en antena, prolongada hasta el final del año, del presentador Jean-Marc Morandini, condenado por corrupción de menores y acoso sexual, o con la línea prorrusa de la exdirectora de la cadena RT France, Xenia Fedorova.

Y, sin embargo, ya sea en las declaraciones públicas de las organizaciones representativas o en las declaraciones personales, el cine francés apenas ha salido en defensa de los firmantes de la valiente tribuna publicada en Libération, en la que faltan nombres que cabría esperar. Prefiere hablar de un “mal momento”, de una “caricatura” o incluso de una “profecía autocumplida”.

Ni la Sociedad de Realizadores de Cine (SRF), ni el Sindicato de Productores Independientes (SPI) figuran entre los firmantes del texto. Contactada por Le Monde, Marie Masmonteil, presidenta de la oficina de largometrajes del SPI, calificó la carta de “inapropiada en el contexto actual”, y llegó a afirmar que “los firmantes gritan antes de que les duela”, como si hubiera que esperar a que la guillotina estuviera a punto de caer para protestar contra su instalación.

Por su parte, Gaëtan Bruel, director del Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada (CNC), declaró el lunes 18 de mayo en France Inter que lamentaba la decisión de Maxime Saada, al considerar que “en materia de libertad de expresión, esto plantea interrogantes. Porque el derecho a la crítica forma parte de ese principio fundamental”. Pero también explicó que “no se reconocía en los hechos” denunciados por los firmantes de la carta, y consideró que había que “tener cuidado con las profecías autocumplidas”.

Una postura que resulta aún más cuestionable si se tiene en cuenta que Bruel está al frente de una institución que Agrupación Nacional (RN) ha prometido suprimir si llega al poder en 2027, y que la ofensiva reaccionaria de este partido y la de Vincent Bolloré funcionan en sinergia, apuntando con deleite y constancia al mundo cultural.

Pierre Salvadori, director de La Vénus électrique, película inaugural del Festival de Cannes, se distanció del texto, como lamentablemente la mayoría de los profesionales reunidos en Cannes: “Yo no abordo la política así”.

E incluso llegó a hacer una comparación arriesgada al afirmar que en Canal+ seguirían estando “los que son Olivier Nora para nosotros” [exdirector de la editorial Grasset, defenestrado por Bolloré], como si no hubiera ningún riesgo de que los actuales dirigentes de la cadena de pago fueran sustituidos próximamente por personas afines a Vincent Bolloré.

Ya sea por el legítimo temor a perder el trabajo, por ingenuidad o por complicidad, este distanciamiento (especialmente perceptible durante un acto celebrado en Cannes el 14 de mayo con motivo del 80º aniversario del CNC) respecto a un texto que recuerda una evidencia —la ofensiva en todos los frentes de Vincent Bolloré sobre el ecosistema mediático y cultural y los peligros políticos y democráticos que conlleva— está motivado principalmente por los acuerdos de financiación que regulan las relaciones entre Canal+ y el cine francés.

Esta reacción recuerda la frase atribuida (sin duda de forma apócrifa) a Madame du Barry antes de ser guillotinada en la plaza de la Concordia, en diciembre de 1793: “Espere un poco, señor verdugo”. Por eso se habla tanto de la agenda Bolloré, que nunca se ha ocultado, desde el despido de Nora y el sometimiento de Grasset.

La Guerre est déclarée (Declaración de guerra) era el título de una película de Valérie Donzelli estrenada hace 15 años y presentada entonces en Cannes en el marco de la Semana de la Crítica. Ahora es una constatación que el mundo del cine, tan conciliador y reacio a la batalla que no sea simbólica, debe hacer suya. Una constatación que supone saber contar y con quién contar.

Traducción de Miguel López

¿Puede sobrevivir la libertad de creación cuando depende casi por completo del dinero y de las prioridades de un solo hombre? En Francia, esta no es una pregunta retórica. El debate ha estallado en el país vecino después de que Canal+, una pieza clave de la producción audiovisual francesa, haya anunciado que no volverá a dar trabajo a los 600 profesionales que se han atrevido a criticar las afinidades ultras de su propietario, el multimillonario de extrema derecha Vincent Bolloré.

El magnate francés, a quien muchos comparan con el australiano Rupert Murdoch, tanto por la acumulación de poder mediático como por sus preferencias políticas, nació en 1952 en un municipio a las afueras de París, en el seno de una familia acomodada. Fue él, sin embargo, quien multiplicó la fortuna familiar, construida a partir de una fábrica de cigarrillos.

Curtido en mil batallas financieras, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Nicolas Sarkozy y salpicado como él por la corrupción, ha acumulado capital apoyándose en un emporio mediático que después ha usado descaradamente en beneficio de sus negocios y que, al mismo tiempo, ha puesto al servicio de la extrema derecha de su país.

En 2018, tras su imputación en varios casos de corrupción vinculados a sus negocios en África occidental, abandonó formalmente las funciones operativas de Vivendi, pero siguió en el consejo de administración del grupo y, aunque sus hijos Yannick y Cyrille se hicieron cargo del área de medios, a él se le sigue atribuyendo el control efectivo del conglomerado familiar.

El suyo es un imperio mediático y cultural levantado a base de compras encadenadas, hasta el punto de que hoy atraviesa casi todos los soportes del espacio público francés. Bajo su paraguas caben canales como Canal+, C8 o CNews; radios de referencia como Europe 1; semanarios de referencia como Paris Match o Le Journal du Dimanche (JDD); el gran grupo editorial Hachette —con sus sellos literarios y escolares—; y revistas y webs heredadas de Prisma Media, además de redes de quioscos y librerías extendidas por todo el país. Es, en la práctica, una constelación de medios generalistas, cadenas de información continua, editoriales y dispositivos de distribución que le permite intervenir desde la producción de libros hasta la agenda diaria de los programas de debate político.

Lo singular es que Bolloré ha convertido ese conglomerado en un instrumento de guerra cultural. En 2017, la antigua i-Télé renació como CNews, transformada en una cadena de opinión que multiplicó las tertulias al servicio de editorialistas ultras y que ofrece desde entonces una plataforma casi permanente al líder extremista Éric Zemmour, contribuyendo a que ideas xenófobas como la del “gran reemplazo” circulen en horarios de máxima audiencia como si fueran un punto de vista más. Para muchos, es el equivalente en Francia de la Fox News estadounidense.

Su toma de control del grupo de edición, prensa, radio y distribución Lagardère (matriz de Hachette) extendió esa lógica a Europe 1, al JDD y a Paris Match, mientras los sellos del grupo publicaban y relanzaban libros de dirigentes de la nueva derecha dura y de la extrema derecha, que luego encontraban un escaparate privilegiado en las antenas y portadas del propio sistema Bolloré.

La operación se acompañó de purgas y alineamientos internos: redacciones como las de i-Télé/CNews, Europe 1 o el JDD fueron desmanteladas o disciplinadas, y sustituidas por equipos más dóciles respecto a la nueva línea ideológica. Diversos análisis describen este proceso como la construcción deliberada de un polo mediático reaccionario, capaz de empujar el centro de gravedad del debate público hacia la derecha radical y de presentar a la extrema derecha como una opción perfectamente normalizada, invitándola a los platós y las portadas con la misma frecuencia –o más– que a las fuerzas de gobierno tradicionales. 

El resultado es que los medios de Bolloré no solo han amplificado a los ultras, sino que han contribuido a borrar la línea que antes excluía a la extrema derecha del perímetro aceptable del juego democrático.

En paralelo, los segmentos más rentables y respetables del grupo —el prestigio de ciertos sellos editoriales, la pata de entretenimiento de Canal+, las revistas familiares heredadas de Prisma— sirven de fachada y de fuente de financiación para los dispositivos abiertamente militantes.

Librerías y quioscos del grupo destacan los libros de líderes como Jordan Bardella o Éric Ciotti, mientras CNews, Paris Match o el JDD se ocupan de darles una cobertura preferente, cerrando así el circuito de promoción política dentro de un universo que se presenta, hacia fuera, como un simple actor normal del mercado.

Incluso la entrada en el terreno de la formación —con la compra de una escuela de periodismo en París— se interpreta como una pieza más de ese proyecto de largo plazo: formar periodistas y cuadros a la medida de una guerra cultural cuyo objetivo último, según varios observadores, es acompañar y acelerar la llegada de la extrema derecha al poder estatal, dotándola de un ecosistema mediático amigo.

Sin embargo, el poder de Vincent Bolloré desborda ampliamente las fronteras francesas: durante décadas construyó un entramado de negocios en África —logística portuaria, transporte ferroviario, publicidad y comunicación política— que le dieron una posición de influencia privilegiada sobre gobiernos y élites económicas del continente, y que hoy se proyecta también a través de sus inversiones mediáticas y digitales.

Sus redes de puertos y terminales de contenedores, desarrolladas bajo la marca Bolloré Africa Logistics y luego vendidas a Mediterranean Shipping Company (MSC) en 2022, se combinaron con la actividad del gran grupo de publicidad, comunicación y consultoría Havas –también propiedad de Bolloré– en campañas electorales y comunicación institucional, hasta el punto de que la justicia francesa ha acabado condenándole por intercambiar favores a través de servicios de consultoría electoral y concesiones portuarias en países como Guinea y Togo.

Ese sistema Bolloré ha sido descrito como una trama en la que la influencia mediática, la publicidad política y el control de infraestructuras estratégicas se retroalimentan, y donde la construcción del conglomerado audiovisual europeo de Vivendi se financia en parte con los beneficios acumulados en el área de influencia francesa en África.

En el espacio europeo, Bolloré ha convertido Vivendi en uno de los grandes grupos de medios y entretenimiento del continente, con ramificaciones en televisión de pago, canales de noticias, música, edición de libros y revistas, publicidad y plataformas digitales. Desde París, su influencia se extiende a través de Canal+ y sus filiales en varios países europeos, distribuidoras de contenidos, editoriales del grupo Hachette y redes de publicidad y relaciones públicas gestionadas por Havas, lo que le permite articular campañas y mensajes a escala regional. 

Analistas y observatorios de medios señalan que el modelo CNews—una cadena de información continua desplazada hacia el comentario militante, con una presencia masiva de voces reaccionarias— se ha convertido en referencia para otros proyectos mediáticos conservadores en Europa.

En España, la huella de Bolloré es menos visible para el gran público, pero significativa en términos de poder estructural. A través de Vivendi, su grupo se ha convertido en el segundo accionista de Prisa, la matriz de El País y la Cadena SER, con el 11,8% del capital y presencia en el consejo de administración. Una posición que ha despertado recelos en el Ejecutivo español, que ha puesto límites a nuevos incrementos ante el temor de que el principal grupo de prensa y radio del país quede bajo la influencia de un magnate identificado con una agenda conservadora y una guerra cultural muy del gusto de Santiago Abascal y del ala dura del Partido Popular.

El universo Bolloré llegó a tener en España una participación relevante —en torno al 29%— en Mediaset España, heredada de su alianza con el entorno de Silvio Berlusconi, lo que le otorgaba una palanca adicional en el audiovisual español, pero acabó vendiéndola: la última parte, un residual del 1%, hace apenas tres años.

Más recientemente, el grupo ha reforzado su presencia en el ecosistema político-mediático español mediante la compra, a través de Havas, de la consultora de asuntos públicos Acento Public Affairs, fundada por los exministros José Blanco y Alfonso Alonso, que cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Bruselas.

Con esa operación, Bolloré se ha asegurado una plataforma de lobby con fuerte implantación en instituciones españolas y europeas, que complementa su posición en Prisa y, según algunos medios, sienta las bases de su enésimo intento de hacerse con la plataforma Movistar Plus+, en manos de Telefónica, en cuyo capital Vivendi ya tuvo una fuerte presencia en el pasado y en la que las decisiones dependen, en última instancia, del Gobierno de turno.

Aunque en España su influencia no ha cristalizado, todo el mundo en el sector de la comunicación da por hecho que, en cuanto la política le facilite las pistas de aterrizaje que necesita, en particular si PP y Vox consiguen hacerse con el Gobierno a partir de 2027, el desembarco de Bolloré estará asegurado. En particular, en medios tan sensibles como El País o la Cadena SER.

El ejemplo más reciente de su poder y de cómo lo ejerce se ha hecho muy visible estos días en pleno Festival de Cannes. En respuesta a un manifiesto público en el que unas 600 personas del sector cinematográfico, agrupadas en el colectivo Zapper Bolloré –algo así como “boicotear a Bolloré”–, denunciaban la influencia cada vez más opresiva del millonario ultraderechista en la creación audiovisual, Canal+, uno de sus principales resortes mediáticos, ha decidido enseñar los dientes. Lo ha hecho a través del director general de la cadena, Maxime Saada, quien ha anunciado que Canal+ dejará de trabajar con quienes suscribieron ese texto.

Una represalia que el sector se ha tomado como una exhibición del poder que Bolloré está dispuesto a ejercer sobre una profesión entera, clave para uno de los pilares de la cultura francesa. La decisión de cortar relaciones con 600 profesionales, aseguran, confirma la inquietud central del manifiesto: que resulta “oficialmente imposible” expresarse contra Bolloré sin exponerse a sanciones profesionales.

El manifiesto que tanto ha enfadado a Bolloré denunciaba “la emprise” –“la influencia”– del multimillonario sobre el cine francés y la progresiva dependencia de buena parte de la profesión del dinero procedente de su grupo. Se publicó después del despido del editor Olivier Nora en Grasset, una de las editoriales más prestigiosas de Francia, hoy integrada en el grupo del ultraderechista. Y de la entrada de Canal+ en el capital de UGC, uno de los grandes circuitos de exhibición cinematográfica de Francia y Bélgica, el tercer operador de salas del país y un actor importante también en producción y distribución que Bolloré tendrá derecho a controlar, según el acuerdo anunciado, a partir de 2028.

Los firmantes —entre ellos nombres tan distintos como Juliette Binoche, Swann Arlaud, Damien Bonnard, Adèle Haenel, Arthur Harari, Raymond Depardon o la directora de fotografía Caroline Champetier— reclaman “romper el silencio insidiosamente impuesto” y alertan contra la uniformización de las películas y la concentración de poder cultural en manos de un multimillonario abiertamente situado en la extrema derecha.

El episodio revela, según Mediapart, socio editorial de infoLibre, las fracturas internas del campo cinematográfico francés frente a la figura de Bolloré. Algunos cineastas y productores presentes en Cannes, como Pierre Salvadori o Dimitri Rassam, se han distanciado del manifiesto y se esforzaron en defender a Canal+ como sostén indispensable de la diversidad del cine francés, al tiempo que minimizaban los riesgos de injerencia ideológica. Las principales organizaciones representativas del sector, como la SRF o el sindicato de productores independientes, rehusaron firmar el texto, alegando que es “inapropiado en el contexto actual” y que los autores “gritan antes de tener dolor”.

Otros profesionales, en cambio, ven en la ofensiva de Bolloré la consecuencia lógica de unas dependencias financieras que “tienen al cine francés cogido por la garganta” y apuestan por reforzar los dispositivos públicos de financiación para limitar el poder disciplinario del capital privado.

La sublevación de una parte del sector audiovisual contra Bolloré tiene lugar apenas a un año de las elecciones presidenciales, en las que las fuerzas de ultraderecha impulsadas por el magnate ultra y su familia tienen muchas posibilidades de hacerse con la jefatura del Estado francés. En gran parte gracias a la “cruzada cultural” que Bolloré ha llevado a cabo y todavía lidera a través de sus medios, sus editoriales y su capacidad de decidir sobre los contenidos audiovisuales del cine francés.

Una cita decisiva que coincide en el tiempo con las elecciones en España, cuyo resultado Bolloré espera con impaciencia.

Recuerdo que el 17 de octubre de 2008, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, calificó como un “disparate” y un “error gravísimo” resucitar los problemas del pasado. Se expresó así cuando recabaron su opinión sobre mi decisión de investigar las desapariciones de la Guerra Civil y de la dictadura franquista desde mi Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las palabras del “león de Villalba” tenían explicación: no en balde aquel dirigente había sido parte integrante del gobierno franquista y las responsabilidades a investigar también le podían corresponder.

Aun así, no puedo por menos que preguntarme qué opinaría don Manuel de las continuas, desaforadas y malintencionadas sandeces de sus herederos políticos. Sin duda habría montado en cólera más de una vez ante tanta impertinencia y tal ausencia de sentido común.

Vivimos en una época en que, ciertamente, reina el disparate. En España, los disparates se suceden desde hace demasiado tiempo, casi siempre de la mano del Partido Popular, solo superado en ocasiones por la ultraderecha de Vox. La entrada del bulo en nuestras vidas marcó el inicio de los desatinos que han ido subiendo de tono hasta instalarse en la normalidad. Probablemente fueron las caceroladas contra el Gobierno en plena epidemia de COVID en el selecto barrio de Salamanca las que inauguraron esta nueva etapa. 

El objetivo de la derecha y sus socios era y es la presidencia del Gobierno. Para ello han cuestionado su legitimidad, bloqueado cualquier medida favorable a la ciudadanía y echado mano de la justicia con especial predilección por los jueces afines, apoyados en organizaciones espurias que presentan querellas, anunciadas como sentencias antes de llegar a sala. La absurda condena al fiscal general del Estado y la incomprensible exención de enjuiciamiento de Cospedal en el caso Kitchen son apenas dos ejemplos de una estrategia que confunde los tribunales con trincheras electorales.

Existe un patrón que se repite con meticulosa constancia en la derecha española: la indignación selectiva, fabricada, cronometrada y orientada exclusivamente a la rentabilidad electoral. Tres episodios recientes lo ilustran con claridad meridiana.

El primero: la muerte del capitán Jerónimo y del agente Germán, del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en la costa de Huelva. Dos hombres que perdieron la vida en acto de servicio cuando las patrulleras en que viajaban colisionaron durante la persecución de una narcolancha, dejando otros dos compañeros heridos y dos familias destrozadas. Un hecho luctuoso que merecía duelo, respeto y análisis sereno. La derecha lo convirtió en escenario de campaña. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, responsabilizó al Gobierno central del incremento del narcotráfico en el litoral andaluz desde el propio funeral, convirtiendo el dolor colectivo en arma arrojadiza. Los senadores del PP se sumaron al ataque en sede parlamentaria con una virulencia que poco tenía de homenaje y mucho de explotación del duelo. Y Feijóo señaló con dedo acusador la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, omitiendo deliberadamente que en ese preciso momento el titular coordinaba desde Canarias la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius.

Lo que el PP calló es igualmente revelador: el Gobierno sí estuvo representado en el entierro, con la presencia de la directora general de la Guardia Civil y la secretaria de Estado de Interior. La indignación era, pues, fabricada. Una mentira por omisión construida sobre dos ataúdes.

El segundo episodio se articula en torno a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien se refirió a la muerte de los agentes como un accidente laboral en el debate electoral, en contraposición a la calificación de acto de servicio que defiende el PP. La distinción no es menor en términos jurídicos y administrativos, y admite debate legítimo. 

Pero la derecha no buscaba debate: buscaba escándalo. Lo que era una cuestión técnica y jurídica, susceptible de análisis sereno, fue convertida por la maquinaria mediática y política de la derecha en un insulto a los caídos, en una provocación intolerable, en prueba de que el Gobierno desprecia a las fuerzas de seguridad. Ayuso no tardó en sumarse con la contundencia que la caracteriza. Los senadores del PP convirtieron el hemiciclo en tribuna de denuncia moral. El objetivo no era la verdad jurídica ni el honor del capitán Jerónimo y del agente Germán. Era el daño político, calculado y frío, ejecutado sobre el dolor de unas familias que merecían ser tratadas con una dignidad que la derecha les negó al convertirlas en instrumento de campaña.

El tercer episodio: el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, constatando con visible desesperación que la evacuación del crucero MV Hondius resultaba un éxito internacional para España, no tuvo otra ocurrencia que advertir del peligro de las ratas que podían llegar nadando desde el barco a las islas para sembrar la enfermedad. Una afirmación que habría avergonzado a cualquier gobernante mínimamente responsable, pero que en el ecosistema político actual circuló sin mayor consecuencia. Curiosamente, la presencia de catorce españoles entre los pasajeros no despertó en él ni en sus correligionarios el más mínimo reflejo patriótico.

Tres episodios distintos. Un mismo método: deformar la realidad, amplificar la indignación, extraer rentabilidad política. Y al fondo, siempre, el ciudadano confundido, saturado de ruido, incapaz de distinguir el hecho de su manipulación. Esa confusión no es un efecto secundario de la estrategia. Es su objetivo principal.

La disputa entre el presidente Clavijo y el PP contra el Gobierno a propósito del crucero MV Hondius merece un análisis más detenido, porque ilustra con precisión clínica el mecanismo de la manipulación política contemporánea. Mientras los ministros de Sanidad, de Administración Territorial y de Interior coordinaban en tiempo real una operación de evacuación que mereció elogios internacionales —una acción que, en cualquier democracia europea madura, habría generado consenso institucional y alivio colectivo—, el presidente canario y los portavoces del PP construían en paralelo un relato alternativo de negligencia, ausencia e irresponsabilidad gubernamental. No les importaba la realidad de los hechos. Les importaba el relato que pudieran instalar antes de que la realidad llegara a los ciudadanos.

Este es el núcleo de la estrategia: actuar más rápido que la verdad. En la era de la información instantánea, el bulo viaja a la velocidad de un tuit y la rectificación llega, cuando llega, tarde y amortiguada. Clavijo lo sabe. Feijóo lo sabe. Abascal lo sabe. El PP lo ha convertido en doctrina. Vox en insulto. La confrontación no busca resolver problemas: busca enmarcar los problemas de tal manera que el Gobierno siempre sea el responsable y la oposición sea siempre la víctima. Es una inversión permanente de la realidad que requiere una máquina mediática dispuesta a amplificarla y una ciudadanía suficientemente fatigada como para no contrastarla.

Lo que resulta verdaderamente alarmante, sin embargo, no es que esta estrategia exista —la manipulación política es tan antigua como la política misma— sino el contexto en que se despliega. Porque mientras en España el PP y Vox dedican sus energías a fabricar escándalos sobre ausencias ministeriales en entierros o a especular sobre ratas de crucero, el mundo vive una ruptura sin precedentes del orden internacional y de los marcos normativos que, durante décadas, sostuvieron la convivencia entre pueblos y naciones.

El contraste es tan brutal que exige ser nombrado sin eufemismos. En el momento en que Feijóo señalaba con dedo acusador la silla vacía del ministro en un funeral —silla que, repito, no estaba vacía en modo alguno—la Corte Penal Internacional se debate entre la eliminación o la supervivencia. Mientras Clavijo advertía de ratas nadando hacia las costas canarias, las potencias nucleares cuestionaban los tratados de no proliferación que durante medio siglo habían contenido el horror de una nueva guerra total. Mientras los senadores del PP convertían el hemiciclo en tribuna de escarnio, la Convención de Ginebra era invocada como anacronismo por gobiernos que se reclaman democráticos, y el derecho internacional humanitario era violado de forma sistemática y documentada ante los ojos del mundo entero por EEUU e Israel.

Esta simultaneidad no es accidental. La banalización del discurso político interior cumple una función precisa: ocupa todo el espacio disponible en el debate público, agota la capacidad de atención ciudadana y hace imposible que la sociedad procese la gravedad de lo que ocurre más allá de sus fronteras. Un país que delibera durante semanas sobre si el ministro debía o no estar en un entierro, es un país que no puede estar discutiendo, con la profundidad que merece, el colapso del multilateralismo, el avance del autoritarismo en Europa y en América, o el desmantelamiento sistemático de los derechos humanos conquistados a lo largo de décadas de lucha. La política del ruido es, también, una política del silencio: el silencio sobre lo que realmente importa.

El cuestionamiento de los derechos humanos como fundamento del orden internacional no es un fenómeno abstracto ni lejano. Se manifiesta en las deportaciones masivas que la administración Trump ha convertido en espectáculo; en la normalización de la tortura y la detención arbitraria como instrumentos de política migratoria; en el desafío abierto a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por parte de Estados que se presentan como garantes del orden democrático; en el bloqueo sistemático de los mecanismos de rendición de cuentas internacionales, precisamente por quienes más los necesitarían para legitimar sus acciones. 

El edificio normativo que la humanidad construyó tras la barbarie de la Segunda Guerra Mundial —la Carta de Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Estatuto de Roma— está siendo erosionado desde dentro por los mismos que proclaman defenderlo.

Y en este contexto de emergencia civilizatoria, la derecha española se debate entre la vaciedad y el descaro. En este contexto, Ayuso viaja a México a reivindicar a Hernán Cortés. La desproporción entre la gravedad del momento histórico y la pequeñez del discurso dominante en la derecha española no es solo un problema estético o intelectual. Es un problema democrático de primer orden. Porque una oposición que renuncia a estar a la altura de los tiempos arrastra consigo al conjunto del debate público, empobrece la deliberación colectiva y deja a la ciudadanía sin los instrumentos conceptuales que necesita para comprender y afrontar lo que se le viene encima.

Hannah Arendt advirtió que la banalidad del mal no reside en monstruos excepcionales sino en la renuncia cotidiana al pensamiento. La banalización del discurso político que en España ostentan algunos, quizás demasiados, tiene algo de eso: no es maldad mayúscula, es pequeñez sistemática. Es la decisión diaria de preferir el titular al análisis, el escándalo a la verdad, el rédito inmediato a la responsabilidad histórica. Y esa pequeñez, multiplicada por miles de intervenciones, de ruedas de prensa, de tuits y de plenos parlamentarios, va sedimentando una cultura política que nos hace más vulnerables ante los grandes desafíos de nuestra época.

El capitán Jerónimo y el agente Germán merecían algo mejor que convertirse en munición electoral. Sus familias merecían el duelo sin escenografía, el dolor sin instrumentalización, el recuerdo sin partido. Y los ciudadanos españoles merecemos una oposición capaz de distinguir entre la legítima crítica al Gobierno —que es oxígeno de la democracia— y la fabricación deliberada de falsedades sobre un Ejecutivo que desprecia a sus fuerzas de seguridad, cuando la realidad muestra exactamente lo contrario.

Fraga dijo en 2008 que resucitar el pasado era un disparate. Tenía sus razones, interesadas pero coherentes, para decirlo. Sus herederos han superado con creces al maestro: han convertido el presente en despropósito, el dolor ajeno en combustible, la mentira en método y la banalidad en programa de gobierno. Y lo hacen mientras el mundo se desmorona a su alrededor, mientras las normas que nos protegen a todos son cuestionadas una a una, mientras la historia nos exige estar a la altura y ellos prefieren, una y otra vez, el nivel del barro.

El verdadero disparate no es regularizar a quien trabaja y contribuye. No es buscar a los desaparecidos. No es construir una sociedad más justa e igualitaria. No es defender el derecho internacional cuando otros lo violan. El verdadero disparate es seguir entregando el poder a quienes convierten la dignidad humana en material de desecho, quienes banalizan lo urgente para ocultar lo importante, quienes prefieren el escándalo fabricado a la responsabilidad real. Y el antídoto contra ese disparate tiene nombre: se llama voto consciente, comprometido y movilizado. La democracia no se defiende solo con palabras: se defiende ejerciéndola. Y también, cada día, eligiendo pensar.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo' (Planeta).

Se trata de un término que durante mucho tiempo se limitó a los márgenes del movimiento identitario francés, para acabar imponiéndose con fuerza en el vocabulario de la extrema derecha europea en los últimos años. La “remigración”, corolario de la teoría racista y conspirativa del “gran reemplazo”, diseña un proyecto de expulsión a gran escala de extranjeros o de ciudadanos de origen extranjero de los países del continente.

La AfD, partido de extrema derecha alemán, lo menciona con frecuencia; el FPÖ austriaco sueña con dedicarle un puesto de comisario europeo; y el 18 de abril en Milán, durante un mitin de los Patriotas por Europa, el grupo político del Parlamento Europeo presidido por Jordan Bardella (Agrupación Nacional, RN), los asistentes corearon ese término, animados por un presentador entusiasta. Incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, reivindica este concepto.

Esta popularidad se debe en gran medida a un hombre: Martin Sellner. A sus 37 años, este austriaco ha teorizado sobre cómo podría llevarse a cabo la “remigración” en un libro referencia de la extrema derecha germanoparlante, Remigration: Ein Vorschlag (Remigración: una propuesta).

Sellner, un veterano del movimiento identitario en su país, en su juventud se codeó con el movimiento neonazi y llamó la atención a los 17 años al pegar pegatinas con esvásticas en las paredes de una sinagoga de Baden, en las afueras de Viena: “Un grave error”, reconoce en una entrevista con Mediapart el propio Sellner, que dice haber comprendido entonces que aquello era un “callejón sin salida” y que era necesario un nuevo movimiento.

En 2012, participó en la fundación del Movimiento Identitario Austriaco (IBÖ), inspirado en el modelo del grupo francés Generación Identitaria (disuelto en 2021). Sellner retomó su método: acciones espectaculares y mediáticas para llamar la atención y dar a conocer el movimiento, a pesar de su escaso número de militantes. Siempre educado, bien peinado y vestido a la moda del momento, moderniza la imagen del militante de extrema derecha al tiempo que refina su discurso y rechaza, al menos públicamente, la violencia.

En 2016, los activistas del IBÖ interrumpieron la representación de una obra de la premio Nobel de Literatura (2004), Elfriede Jelinek, interpretada por personas refugiadas. Rociaron sangre falsa sobre el escenario y lanzaron panfletos contrarias al multiculturalismo. El IBÖ organizó también desfiles con antorchas en la colina de Kahlenberg, para conmemorar la batalla que puso fin al asedio de Viena por parte del Imperio otomano en 1683.

Pero, sobre todo, Martin Sellner hace suyo el concepto de metapolítica, analizado por Bernhard Weidinger, investigador del Centro de Documentación de la Resistencia Austriaca (DÖW), en un informe sobre el extremismo de derecha encargado por el Ministerio del Interior austriaco: “En lugar de participar directamente en la competencia partidista, ellos [los identitarios] buscan reorientar los debates, imponer sus propios conceptos y problemáticas […] con el fin de alcanzar una hegemonía cultural, necesaria para obtener éxitos políticos duraderos.”

Según el investigador, su actuación tiende hacia un objetivo que prima sobre todos los demás: garantizar la homogeneidad étnica de un país. Un objetivo amenazado, según Martin Sellner, por la perspectiva de un “gran reemplazo” que habría que evitar con la “remigración”.

El activista acaparó los titulares de la prensa internacional en 2019 cuando se supo que el terrorista Brenton Tarrant, que mató a 51 personas en dos mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, había mantenido contacto con él y había donado 1.500 euros a su movimiento. En su manifiesto, Tarrant reivindicaba el concepto de “gran reemplazo”. La investigación sobre Martin Sellner a este respecto fue archivada sin más.

Pero fue un artículo de prensa alemán lo que le valió una nueva notoriedad: en enero de 2024, el medio de investigación Correctiv reveló que se había celebrado una reunión secreta en Potsdam, cerca de Berlín, entre el activista y miembros de la AfD, para tratar un proyecto de expulsión a gran escala de personas extranjeras y de ciudadanos de origen extranjero. La conmoción fue enorme en el país y salieron a la calle cientos de miles de personas. A Martin Sellner se le prohibió entonces la entrada en territorio alemán, una decisión que logró anular ante los tribunales.

Desde entonces, no ha dejado de denunciar “mentiras”. Afirma que nunca habló de expulsar a ciudadanos alemanes y ha publicado un libro para presentar su concepto que, según él, es legal: “No se admitirá a ningún clandestino, serán expulsados. No habrá naturalización masiva. Y las sociedades paralelas serán sometidas a presiones económicas y culturales para integrarse. Habrá incluso medidas incentivadoras para fomentar las salidas voluntarias. Todo esto es perfectamente conforme a la Constitución. Todos los ciudadanos serán tratados en pie de igualdad y, por supuesto, un ciudadano no podrá ser expulsado”.

Para Bernhard Weidinger es un argumento falaz: “Esta conformidad con la ley de la que habla supone transformar o suspender ciertas normas legales. Quiere, por ejemplo, derogar la Convención de Ginebra sobre los refugiados o el Convenio Europeo de Derechos Humanos. […] Dice que no quiere expulsar a ciudadanos, pero prevé que se pueda retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido. […] Por último, menciona los retornos voluntarios, pero dice que hay que ejercer presión, hacerles la vida difícil a estas personas y hacerles comprender por todos los medios posibles que no son bienvenidas”.

Para el investigador no hay duda de que se trata de un concepto racista según el cual ciertas personas, procedentes sobre todo de países musulmanes, representarían una “carga cultural” debido a su origen, su lengua o su religión, lo que haría imposible la convivencia. Ve en este plan “una variante legalista de una limpieza étnica” para tender hacia la utopía identitaria: un “apartheid a escala mundial”, mediante el cual el multiculturalismo daría paso a una separación de los grupos étnicos. Todo ello presentado de manera positiva: en el lenguaje identitario, no se está en contra de los “extranjeros”, sino a favor de la preservación de la propia identidad cultural.

Los servicios de inteligencia austriacos (DSN) no se equivocaron al respecto. En su informe anual, estiman que uno de los principales objetivos del movimiento identitario es el establecimiento de un Estado autoritario. Un análisis que Martin Sellner rechaza: “Los servicios de inteligencia están, en mi opinión, instrumentalizados con fines políticos. Por supuesto que queremos preservar la democracia. Lo que estos señores entienden por democracia liberal es, en realidad, un dominio de la izquierda dentro de la democracia”, asegura. En cuanto a las acusaciones de racismo: “Es falso. Pero tengo que decir que prefiero que los supuestos expertos me tachen de racista antes que convertirme en una minoría en un país dominado por el islam”.

Este activista ejerce hoy una influencia considerable en los movimientos de extrema derecha germanoparlantes, e incluso más allá, estima Bernhard Weidinger: “Es el identitario más conocido a nivel internacional, tiene seguidores en Estados Unidos. De hecho, Trump ha utilizado varias veces el término ‘remigración’. Ciertamente, no se puede vincular esto directamente con Sellner, pero es sin duda uno de los principales impulsores de este concepto”.

En Francia, la notoriedad de Martin Sellner sigue limitada a los círculos identitarios, pero ha permitido que el concepto de “remigración”, impulsado en un primer momento por activistas franceses, cobre un nuevo impulso en Europa, señala Marion Jacquet-Vaillant, especialista en movimientos identitarios: “Los identitarios habrían tenido quizá dificultades objetivas para que este término se impusiera en un espacio europeo más amplio sin el apoyo de una figura como Martin Sellner. Tiene una competencia muy importante en ese papel de transmisor: habla varios idiomas. Y el hecho de poder difundir estas ideas en el espacio anglófono les confiere una importancia muy diferente”.

Martin Sellner ha iniciado ahora una recaudación de fondos para crear un “instituto para la remigración” destinado a difundir este concepto lo más ampliamente posible, fiel a un lema: “Antes de que la remigración sea políticamente viable, debe ser socialmente aceptable.”

Bernhard Weidinger ha revisado las citas que se le atribuyen sin modificarlas.

Traducción de Miguel López

Carlos Hernández Quero, diputado de Vox que ha ganado gran protagonismo y foco mediático en los últimos tiempos, asistirá como ponente a la Remigration Summit 2026 —en español: Cumbre de la Remigración 2026—, un evento internacional de políticos y activistas de la extrema derecha, que se celebrará el próximo 30 de mayo en Oporto (Portugal). Así lo han anunciado los organizadores del evento ultra, que definen la remigración como "la única solución para salvaguardar el futuro de la civilización occidental".

La remigración es un término acuñado por la extrema derecha para referirse a la deportación masiva de personas de origen migrante. Los ultras europeos llevan años utilizando este concepto, ampliamente ligado a la teoría del gran reemplazo. En los últimos tiempos, Vox se ha sumado cada vez más a este tipo de teorías xenófobas. Por ejemplo, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado a lo largo de este año, defendiendo el concepto de 'prioridad nacional', nuevo en la agenda mediática española, pero conocido desde hace años en otros países europeos, como Francia, por su uso por parte de la ultraderecha.

Quero, uno de los nuevos hombres fuertes de Vox, lleva tiempo viendo crecer su presencia e influencia pública. En gran parte gracias a su discurso alrededor del problema de la vivienda —área de la que es responsable en Vox—. Quero ha vinculado esa problemática que se está sufriendo en España, especialmente por parte de los jóvenes, al aumento de población migrante. "¿Qué tipo de inmigración necesitamos? La que se vaya", aseguró el pasado mes de marzo en un acto en el Parlamento Europeo.

Ahora acudirá a la ciudad portuguesa para participar en el evento ultra. Allí compartirá escenario con destacadas y controvertidas figuras de la ultraderecha europea. Su incorporación se ha anunciado en los últimos días junto a la del italiano Andrea Ballarati y a la del francés Jean-Yves Le Gallou. Ballarati es un activista de extrema derecha que se encargó de organizar la cumbre anterior: la Remigration Summit 2025, que tuvo lugar en Gallarate, ciudad cercana a Milán. En los próximos meses, el italiano será juzgado por incitación al odio debido a sus discursos contra los migrantes en redes sociales. 

Le Gallou es un político francés. Fue eurodiputado del Frente Nacional en los tiempos de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, actual lideresa de la ultraderecha francesa. En 1985 se publicó La Préférence Nationale: Réponse à l'Immigration —en español: La preferencia nacional: Respuesta a la inmigración—. Le Gallou fue el principal autor de ese ensayo, que acuñó el término de preferencia o prioridad nacional, que más de 40 años después ha traído Vox a España. 

El político, que ya tiene 77 años, formó parte del equipo de Éric Zemmour —el candidato de ¡Reconquista!, aún más a la derecha que Le Pen— para las elecciones presidenciales francesas de 2022. Le Gallou aseguró que lo apoyaba por haber puesto la remigración y la teoría del gran reemplazo en el centro del debate público, y acusó a Marine Le Pen de moderada y de actuar con "corrección política". El político francés también firmó en 2010 una carta pidiendo la liberación de un negacionista del Holocausto nazi y este mismo 2026 ha asegurado que las personas de origen africano tienen un cociente intelectual más bajo.

El historial de Le Gallou, que está casado con la hija de un militar nazi, asusta, pero no es una excepción. La cumbre ultra, que en su edición de 2025 congregó a entre 250 y 400 asistentes —según los medios que cubrieron el evento—, cuenta con multitud de ponentes con hitos parecidos a sus espaldas, como la defensa del supremacismo blanco o vínculos con el neonazismo.

Quero no es el único que representará a los de Abascal en esta cumbre en Oporto. La presencia de Vox, junto a lo más ultra y radical de la extrema derecha europea, ya estaba confirmada con la asistencia de Rocío de Meer, tal y como adelantó El País. De Meer fue precisamente quien habló en una rueda de prensa el pasado mes de julio de deportar de España a ocho millones de migrantes. De hecho, la diputada ultra aseguró que se trataría de un "proceso extraordinariamente complejo de remigración", pero necesario por el "derecho a sobrevivir como pueblo".

El discurso antiinmigración cada vez más radical por parte de Vox, representado en esas palabras de De Meer, casa con las ideas y teorías que la ultraderecha europea está impulsando a nivel global con eventos y alianzas como la de la Remigration Summit.

La propia web de la cumbre defiende que la remigración tiene como objetivo "impedir el reemplazo de la población mediante la inversión de los flujos migratorios, restaurando así la soberanía, la independencia y la identidad de los países, a través de la defensa de su especificidad etnocultural".

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana explica que este concepto utilizado por la extrema derecha se refiere a "la expulsión de todos los 'extranjeros'" con la intención de crear "sociedades definidas étnicamente". La Oficina asegura que se trata de un concepto vinculado al ideal de "etnopluralismo". Según el cual, la nueva extrema derecha europea, busca "la creación de sociedades étnicamente puras y, por consiguiente, la expulsión de todos aquellos considerados 'ajenos al pueblo'".

Toda esa influencia e importancia otorgada a los conceptos étnicos concuerda con lo que la mayoría de partidos de ultraderecha defienden en la actualidad: no solo la expulsión de las personas migrantes extranjeras, sino también de los inmigrantes de segunda generación o de los nacionales de origen extranjero. De hecho, la propia De Meer en sus polémicas declaraciones sobre la expulsión de ocho millones de migrantes aclaró que habría que incluir a los de "segunda generación".

Los principales impulsores de la Remigration Summit son el belga Dries Van Langenhove y el austríaco Martin Sellner. Estos dos activistas de ultraderecha llevan años promoviendo el concepto y las políticas de remigración en Europa.

Van Langenhove es exdiputado del partido de extrema derecha Interés Flamenco (Vlams Belaang) y ha sido condenado por discursos racistas y negación del Holocausto. Sellner, por su parte, ha anunciado este mes de febrero que fundará el Instituto para la Remigración, una institución que pretende constituir como una ONG. El diario austríaco Kleine Zeitung ha revelado los vínculos de Sellner con el neonazismo y que en 2006 puso pegatinas de esvásticas en sinagogas.

De la edición de la cumbre de este año en Oporto se está encargando también, como embajador local, otro activista de extrema derecha: el portugués Afonso Gonçalves. Es el líder de un movimiento supremacista blanco llamado Reconquista y está siendo investigado por delitos de odio y discriminación por la Fiscalía de Portugal, según explicó el medio portugués Expresso. 

Además de ellos, De Meer, Quero, Ballarati o Le Gallou también acudirán como ponentes el suizo Manuel Corchia, el eslovaco Milan Mazurek o el estadounidense Joey Mannarino. Entre el resto de participantes también hay ultras radicales con historiales de bastante dudosa reputación. Es el caso, por ejemplo, de Mazurek. En 2015, este eurodiputado eslovaco formó parte de un grupo que gritó, insultó y lanzó piedras a una familia musulmana que paseaba con un bebé por el centro de Bratislava. 

Mazurek, además, ha difundido discursos de odio contra el pueblo gitano y ha negado el Holocausto, tal y como recoge el medio eslovaco O médiách. En 2019 fue incluso condenado por "un delito intencionado de difamación a una nación, raza o creencia" por sus palabras contra el pueblo gitano. El Tribunal Supremo eslovaco le multó y anuló su mandato parlamentario como diputado nacional —cargo que ocupaba por aquel entonces—, algo que sucedió por primera vez en la historia del país.

La presencia de Vox con esos acompañantes internacionales confirma su giro a posiciones aún más ultras y radicales y su asunción de los discursos de la ultraderecha internacional más dura. En 2025 ningún representante del partido de Abascal participó como ponente en la Remigration Summit.

Pero sí hubo presencia española. Según publicó Crónica Global, Christian L. F., autoproclamado cabecilla en España de Deport Them Now EU, fue al evento como asistente. Cualquiera puede acudir como público. Las entradas para la edición de este mes de mayo se venden en la página web de la organización por 45 euros. También hay una opción VIP por 150 y una premium por 325. 

La cumbre no solo la utilizan activistas y políticos de primera línea de la extrema derecha para tejer alianzas y coordinar estrategias; seguidores, militantes y simpatizantes de los movimientos más ultras del continente hacen lo mismo acudiendo como público. De hecho, según la Global Network on Extremism and Technology, la Remigration Summit de mayo del año pasado fue fundamental para la visibilidad del movimiento ultra Deport Them Now, una red ultraderechista y xenófoba a nivel europeo que se ha dedicado a impulsar las ideas de la remigración.

La rama española cobró protagonismo solo dos meses después, cuando fue el principal grupo impulsor de los sucesos de Torre-Pacheco (Murcia). En el canal de Telegram que utilizaba el grupo se acumularon durante esos días los mensajes llamando a atacar mezquitas y comercios de la comunidad magrebí y las soflamas racistas y nazis, hablando incluso de la caza de migrantes. Christian L. F., el supuesto cabecilla, llegó a ser detenido e ingresó en prisión provisional. Este mes de febrero fue puesto en libertad, pero la investigación por hechos como incitación al odio sigue su curso.

Por ahora, no se conoce públicamente si Christian L. F. u otros representantes de la rama española de Deport Them Now acudirán a la cumbre de este año en Oporto. Quienes sí lo harán son Carlos Hernández Quero y Rocío de Meer.

En más de una década, desde 2010, han cerrado cerca de 35.000 bares, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra refleja un cambio en los hábitos de ocio de la sociedad y una transformación económica y social, porque cuando desaparece un bar se pierde algo más que un negocio: cierra un espacio de encuentro, conversación, mezcla social y comunidad. Y, según varias investigaciones, ese vacío es caldo de cultivo para el auge de los populismos y de la extrema derecha.

Durante décadas, especialmente en barrios obreros, pueblos y pequeñas ciudades, el bar fue mucho más que una barra, unas cañas o una máquina tragaperras. Era una infraestructura social. “Todos tenemos un entrenador de fútbol, un político dentro y la capacidad de resolver el país desde la barra del bar”, recuerda a infoLibre Rosi, propietaria del bar ‘Vega’ en el madrileño barrio de Las Águilas. “Aquí viene gente del banco, obreros, mecánicos del taller, jubilados o trabajadores de los comercios de al lado. Todos discutimos, nos reímos y al día siguiente, una nueva historia”.

La socióloga de la Universidad de Zaragoza, Marianna Martínez Alfaro, asegura que los bares desempeñan un papel clave en la construcción de relaciones sociales porque “funcionan como espacios cotidianos de encuentro, conversación y convivencia”. Estos espacios, asegura, favorecen “la creación de vínculos afectivos, amistades y redes comunitarias”, convirtiéndose en “infraestructuras sociales que sostienen la vida colectiva”.

El antropólogo José Mansilla coincide en esa visión estructural al señalar que “los bares de barrio han funcionado históricamente como algo mucho más profundo que simples espacios de consumo”, actuando como “auténticas instituciones sociales”.

El sociólogo Javier Rueda se centra más en lo que provoca el cierre de los bares en lo rural y en la ciudad. Para el autor de Utopías de barra de bar, el cierre del bar en un pueblo es el fin de “la última ‘señal de vida’ del municipio, el último punto de encuentro”, mientras que en las grandes urbes hay una mezcla de abandono “en los barrios que se convierten en calles vacías de almacenes y apuestas” o de “desarraigo absoluto” en el centro de las ciudades, cuando “los negocios más orientados al turismo, al evento o a cierto consumo ostentoso de clases pudientes” ocupan la mayoría de locales.

El economista Hugo Subtil, investigador de la Universidad de Zúrich, ha estudiado en Francia el cierre de los llamados bar-tabac —bares donde además de beber se fuma, se apuesta, se conversa y se socializa— y sus efectos electorales. Su conclusión: “La ultraderecha aumenta siempre que cierra un bar, pero el aumento se multiplica por tres en las zonas rurales”.

Su investigación se basa en el seguimiento de 18.000 cierres entre 2002 y 2022 en Francia y detectó que las zonas afectadas experimentaron incrementos de entre el 1,3% y el 3,6% en el voto a Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen. Cuando el establecimiento reabre o surge uno nuevo en la zona, el fenómeno se revierte.

La clave, incide Subtil en Diari ARA, y coincide con Martínez y Mansilla, es la interacción social. “Lo que importa aquí no es lo que hace la gente, sino que lo hagan juntos”.

Rueda subraya que “el bar no es solo un espacio de expresión, sino un lugar de encuentro entre iguales y entre diferentes”. A su juicio, la desaparición progresiva de estos espacios erosiona una de las principales escuelas cotidianas de convivencia democrática.

Martínez refuerza este diagnóstico porque “los bares son uno de los principales espacios de cohesión social e intercambio intergeneracional e interprofesional”. Su desaparición no es neutra, porque reduce “los espacios informales de participación y convivencia”, aumentando “el aislamiento social y la sensación de pérdida de vida comunitaria”.

La tesis de Subtil también se cumplió en Reino Unido. Allí, la investigadora del London School of Economics, Diane Bolet, encontró patrones similares al analizar el cierre de pubs comunitarios entre 2013 y 2016.

Bolet sostiene que “cuando pubs, centros comunitarios, bibliotecas o bancos cierran, eso añade una sensación de declive local”. En su investigación, comprobó que cada cierre anual de un pub comunitario en determinados distritos incrementaba en torno a 4,3 puntos porcentuales el apoyo a UKIP, el partido pro-Brexit que lideraba Nigel Farage.

La investigadora aseguraba que la pérdida de estos lugares hacía a los votantes “más susceptibles a las narrativas de abandono que utiliza la extrema derecha y el populismo”.

Como explica, “lo que se pierde no es sólo un lugar físico, sino la sensación de que la propia herencia sociocultural está siendo abandonada” porque como asegura Subtil “pasas de hablar con todo el mundo a hablar solo con familia y amigos”.

Esta pérdida de espacios se traduce según Martínez en “percepciones de abandono, debilitamiento del tejido social y menor conexión entre las personas”. Eso aumenta la vulnerabilidad frente a discursos que transforman frustración económica o territorial en resentimiento político.

Rueda advierte de que el problema no es únicamente electoral, sino cultural: “Si se pierden los bares, ya perdidas las sedes de barrio de sindicatos, partidos o parroquias, la pregunta incómoda es clara: ¿dónde aprendemos qué es convivir?”.

El World Happiness Report 2025 refuerza esta idea: allí donde la confianza interpersonal es más débil, el apoyo a opciones populistas autoritarias tiende a ser mayor.

Rosi apunta algo que ya es una tendencia en las grandes ciudades: la desaparición de los “bares de toda la vida por cadenas de comida rápida, de gastrobares o de bares y restaurantes para turistas”. Esta sustitución por espacios de consumo estandarizado e impersonal evita el “murmullo crítico” como destaca Mansilla y contribuye al aumento del descontento social, explica Martínez, porque reduce “el sentimiento de pertenencia al territorio”.

Rueda señala que el cierre del bar tradicional y su sustitución por gastrobares o cafeterías de especialidad simboliza mucho más que una simple transformación económica. “La lucha por el barrio es la lucha por los espacios del barrio”, sostiene.

A su juicio, muchos nuevos establecimientos funcionan como filtros sociales: “Nos dicen ‘ven aquí si sabes lo que es lo umami’, ‘no vengas si quieres tomarte tres birras a buen precio’”. Esta transformación no sólo modifica el paisaje urbano, sino también quién puede habitarlo o participar en y de él. “Es un juego elitista y excluyente, trufado de deseabilidad social, donde comienza muchas veces el proceso de expulsión de un barrio o de una zona determinada”.

Esto provoca que fuerzas populistas reivindiquen los bares o los lugares de espacio común como símbolos de comunidad perdida, de un tiempo pasado mejor. 

Martínez subraya que cerrar bares no crea automáticamente votantes ultras, pero “una sociedad que pierde sistemáticamente sus lugares de encuentro intergeneracional e interprofesional corre el riesgo de volverse más fragmentada, más desconfiada y más vulnerable”.

Lo de Aliança Catalana es un baile de instituto. Se ha colado en la fiesta sin la mayoría de edad y con un traje que le queda grande, pero ya le ha robado la pareja a algunas personas. La última en Vic, en el corazón del nacionalismo catalán. La concejala Elisenda Carrera ha dejado Ara Vic y ha pasado a ser no adscrita, un día después de que sus colegas de la extinta formación de centroderecha PDeCAT le pidieran devolver el acta si no desmentía los rumores que la ubicaban como futura candidata de Aliança en las elecciones municipales del próximo año.

Xavier Berlanga, número dos de prensa de la formación de ultraderecha, asegura a infoLibre que, en los casos en que miembros de otros partidos han acabado en sus filas, "ha sido porque ellos se han acercado, no porque los hayamos buscado". Y precisa que, en el caso de la concejala de Vic, "no sabemos nada de que tuviese interés en sumarse" al partido.

Pero lo cierto es que no es la primera vez que ocurre. El partido de extrema derecha se afana en rebañar nombres del color que sea. "Aliança tiene el problema de que va a tener que crecer más rápido de lo que esperaba hace apenas unos meses debido al subidón en las encuestas, con el desafío de encontrar gente de fiar", asegura a InfoLibre el analista del Instituto de Política y Bienes Públicos (IPP, por sus siglas en inglés), Javier Martínez-Cantó. A su juicio, esta "falta de capacidad para filtrar" candidatos puede derivar en "una pérdida del control del discurso y la entrada de alguna persona envuelta en polémicas". El partido ya tuvo que expulsar a un edil hace un par de años por declaraciones homófobas.

La formación de Sílvia Orriols nació en Ripoll en 2020, gobernó la localidad gerundense tres años después e irrumpió en el Parlament con dos escaños al año siguiente. El último barómetro oficial, publicado en noviembre de 2025, le daba unos 19 asientos, los mismos que a Junts. Y la última encuesta, difundida a comienzos de mayo por el Diari Ara, coloca a los ultras como tercera fuerza política, doblando al partido de Carles Puigdemont.

El meteórico ascenso del movimiento ultra independentista se ha topado, sin embargo, con la dificultad de completar papeletas. Pese a los datos de intención de voto, la formación xenófoba tiene una valoración social negativa. "La estrategia de atraer candidatos de otros partidos sirve para quitarse ese halo de marginalidad y proyectar una imagen de partido normal", considera Martínez-Cantó. A mediados de marzo, Orriols anunció el fichaje como alcaldable por Amposta de Èric Esteban, número dos de Junts en esa localidad. También por Terres de l'Ebre, el cabeza de lista en Tortosa será Eduard Rel, excargo del PSC. Y Marina Quintana será la candidata en Roda de Ter (Barcelona), donde ya había representado a Junts.

Son tres de las siete candidaturas que la formación ultra presentó en un video el 23 de abril. Reus, Figueres, Banyoles y Berga completaban el elenco de una puesta en escena en la que Orriols manifestó que su partido no juzga el pasado de nadie. "Tenemos orígenes políticos diversos, sí", escribió en redes. Esa Diada de Sant Jordi, marcada en el calendario desde hacía dos meses para revelar al candidato en Barcelona, fue un chasco. La persona prevista se echó para atrás a última hora. Aseguran también tener alcaldables para Girona, Lleida y Tarragona, pero siguen sin descubrir sus nombres.

"El intento de atraer concejales de Junts y del PDeCAT no ha funcionado. Ciertos sectores de la derecha independentista han asumido posiciones antiinmigración, han reclamado más seguridad, pero el discurso islamófobo de Aliança les parece demasiado y no quieren involucrarse", señala el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Miró, a este medio.

Incluso Junts les ha aplicado su propia medicina. La coalición heredera de CiU, en plena descomposición, fichó en marzo a un candidato de extrema derecha para disputarle a Aliança la alcaldía de Manresa, una de las ciudades que los de Orriols aspiraban ganar en el eje rural de la Catalunya Central, donde más ha conectado su proyecto.

“Nos gustaría hacer el máximo de listas posibles, pero tampoco tenemos los recursos para minar Catalunya de listas electorales, así que priorizaremos los lugares donde tenemos más potencial”, reconocía Orriols en una convención municipal en febrero que reunió a 200 militantes. Pero el objetivo de expandirse "con el mismo paradigma que Ripoll" se les ha ido de las manos. Por esas mismas fechas, renunciaba su único regidor en Manlleu al sentirse abandonado por el partido y quejarse de que Orriols no le respondía a las llamadas. En esa misma localidad, cercana a Vic, Aliança inauguró un mes después su tercera sede, con las de Ripoll y Barcelona. Abrió otros tres locales durante el mes de abril en su intento de traducir el apoyo en las urnas en expansión territorial.

"Una cosa es construir partidos para unas elecciones autonómicas o europeas, donde con una acertada comunicación puedes obtener buenos resultados, y otra es construir una red territorial para unas municipales, que requiere de una fuerte estructura organizativa", señala Miró. El politólogo lo compara con los obstáculos que en su día afrontaron Podemos, Ciudadanos o Vox.

La tromba de Aliança en las encuestas contrasta con el anuncio a cuentagotas de sus candidaturas. La teórica euforia por el auge apenas se ha notado, porque el desbordamiento ha provocado más disgustos que alegrías en el seno de la formación de extrema derecha. Las tensiones entre la dirección y sus bases son ya un secreto a voces.

Tanto Martínez-Cantó como Miró, y otros analistas consultados, coinciden en que el partido de Orriols ha venido para quedarse y su tamaño dependerá del acierto para escoger las caras que les representen en cada pueblo. Falta justo un año para graduarse, pero el vals ya ha comenzado y, para no quedarse fuera de la pista, hay que bailar todas las canciones.