Lo inquietante de la humedad no es cuando percibes la sombra en la pared, sino cuando constatas que se ha infiltrado hasta los cimientos. En esas estamos, sobrecogidos descubriendo que mientras gobiernos, empresas y redacciones se apresuran a convertir la inteligencia artificial en una herramienta útil, hay otra fuerza trabajando por debajo del entusiasmo, anegando la base de cualquier construcción decente que podamos llevar a cabo. La desinformación avanza como la humedad, no necesita derribar la casa porque es capaz de extenderse silenciosamente hasta donde se proponga. Durante años la vimos avanzar sin freno en las redes sociales, embarrando la conversación con bulos y propaganda, y ahora empieza a filtrarse en un lugar mucho más delicado: la máquina a la que cada vez más gente le pide que le explique el mundo.

Hasta hace bien poco, los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) como ChatGPT declinaban educadamente contestar a preguntas directas sobre política y otros temas ‘sensibles’. Una prudencia casi enternecedora que brilla por su ausencia en la actualidad. Ahora lo inquietante no es que respondan a cuestiones políticas, es que lo hacen con seguridad. No hay duda, ni espacio para ella. Contestan sobre inmigración, sanidad, delincuencia o impuestos con el mismo aplomo con el que un tertuliano rebate a su par en prime time. 

Estos modelos de IA no están entrenados en temas de actualidad con información contrastada y ahí es donde la desinformación se ha infiltrado hasta el tuétano. La investigación que recoge esta semana el británico The Guardian lo deja muy claro: la firma Peec AI sometió a un aluvión de preguntas sobre política británica a varios modelos, entre ellos ChatGPT y los resúmenes de IA de Google. Repitió esas preguntas durante semanas y el resultado no deja lugar a dudas: el líder populista Nigel Farage y su partido de extrema derecha Reform UK aparecen con una frecuencia muy superior a la esperable, sobre todo en cuestiones como la inmigración y los impuestos municipales. Si este descubrimiento no me hubiera borrado la sonrisa diría que lo más hilarante es que los modelos citan a Facebook más que a ninguna otra fuente, por delante de la BBC o la web del Parlamento británico. Le preguntamos a una máquina por política y la máquina se va a Facebook a buscar la respuesta entre la propaganda de la extrema derecha. Poco nos pasa.

Ojalá fuera una rareza británica y no un ejemplo de una mancha que se extiende sin hacer ruido por el subsuelo de nuestro sistema social. Cuando se pregunta a esos grandes modelos lingüísticos por cuestiones políticas y migratorias, parecen inclinarse por información de baja calidad procedente de fuentes abiertas y redes sociales. Es decir, hacia el mismo ecosistema que lleva años recompensando el exceso, la simplificación y hasta la mentira. No es un eco lejano que llega desde la pérfida Albión. 

Esta misma semana conocíamos el resultado de una encuesta de 40dB. que recoge que un 42,4% de la población española cree erróneamente que el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno otorga de forma directa o automática la nacionalidad española. Podría parecer que no se están contando las cosas como son, algo que seguramente será cierto en según qué periódicos, pero yo me pregunto dónde se está informando esa ruidosa minoría que no lee periódicos. ¿En ChatGPT quizá? Veremos pronto estas aplicaciones en las que los jóvenes preguntan directamente a su IA de confianza convertidas en una cloaca de respuestas automatizadas que suenan limpias y razonables, pero están impregnadas del moho de la desinformación.

Aquí hay una ironía particularmente desagradable. Llevamos meses debatiendo sobre cómo poner la IA al servicio de una mejor educación, mejores diagnósticos y procesos más eficaces, invirtiendo dinero público en proyectos llamados a cambiarnos la vida y animando a los trabajadores a que se formen para dar respuesta a un mercado laboral que absorbe todas las competencias relacionadas con esta nueva tecnología… mientras, por pura capilaridad, la desinformación llega al mismo corazón de la máquina. Sin manifiestos rimbombantes que nos pongan en alerta, simplemente repitiéndose mucho y ante muchos. 

La IA decide quién sale más en los resultados, a quién menciona primero y qué relato parece plausible. Si entrenas una máquina con fango no obtendrás más que fango con buenos modales. Tal vez sea el momento de empezar a decirlo de otra manera (por si llega mejor a los oídos que pueden hacer algo): la desinformación no es un residuo molesto de Internet, es una infraestructura en sí misma y un combustible barato para un sistema que todavía se presenta como neutral. Y ha cambiado el traje de la propaganda por el vestido elegante de la objetividad. 

Cojamos el paño con lejía y preparémonos para limpiar, porque la sombra de la humedad ya es visible en nuestra pared y queda poco para que se filtre hasta los cimientos.

Una, Grande y Libre. Libre de todo aquello que ellos odian: diversidad, igualdad, etnicidad y especialmente equidad. 

El discurso nacionalista sobre la "prioridad nacional" no es algo nuevo en España. Siempre ha girado alrededor de las élites económicas y del poder, en torno a la derecha más populista, ya sea conservadora o extrema.  

A finales del siglo XX, era ya una coletilla que utilizaba históricamente la extrema derecha europea. Por ejemplo: Le Front National, de Jean-Marie Le Pen en Francia; La Liga de Italia, que defendía la independencia económica de las regiones más industriales frente a las más pobres del sur; o (más recientemente) el partido UKIP, de Nigel Farage, en el Reino Unido, relacionado con el proceso del Brexit. 

Para defender su particular modelo de vida, su discurso, hay que movilizarse frente a alguien o algo. Es necesario crear un enemigo ficticio para agitar el aura de peligrosidad frente a la propiedad cultural de la comunidad. 

Se mueve alrededor del odio a la diferencia alzando una hipotética tradición que supuestamente se siente superior moralmente; pero que en el fondo esconde un modelo censitario, elitista, racista, machista, homófobo y medieval.  

La derecha más populista ha encontrado en la mentira y el amarillismo su oportunidad perfecta para volver al poder institucional.  

En pleno siglo XXI, donde se cohabita con la normalización de una sociedad multiétnica, igualitaria y diversa, donde lo que nos caracteriza es universalización de la convivencia entre individuos diferentes bajo el paraguas de la paz y fraternidad, ellos utilizan el odio y la polarización para mejorar sus resultados electorales bajo la bandera de la mentira y el odio al diferente.  

La "prioridad nacional" que defiende hoy Vox, y ampara el Partido Popular en sus pactos autonómicos, es la máscara para imponer su verdadero objetivo: una sociedad unitaria donde solo los ricos tengan beneficios, donde solo los poderosos (la nobleza) tengan privilegios, donde no exista la igualdad y menos el ascenso social, donde no haya opciones para que los humildes puedan vivir dignamente, donde se silencie a la izquierda y a todo movimiento social, donde los partidos que giran alrededor de la izquierda no puedan acceder al poder público... 

Una sociedad donde no existan libertades públicas, ya sea en forma de prensa, de ideología, de opinión o de formación. 

Ellos quieren repetir lo que ya consiguieron sus mayores a inicios del siglo XX gracias a la fuerza de las armas. Una nación única, una sociedad sin derechos, una estructura social piramidal y estamental. Una manera de convivencia basada en el miedo y la sumisión.  

Porque para ellos, ya se consideren liberales, patriotas, conservadores o nacionalistas, solo hay un objetivo con la excusa de la imposición del orden, de la seguridad ciudadana, del control económico: monopolizar la democracia excluyendo de todo derecho a quien no piense como ellos. 

Y frente a estos movimientos ultras, a estos amantes de la censura y el autoritarismo populista, solo hay una solución: rebelarse, opinar, participar, levantar la mano. Defender la democracia, los derechos individuales y colectivos. No hay otra más.  

A ellos les molesta. Somos esos vagos y maleantes de antaño. Sigamos siéndolo.

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David Acosta Arrés es licenciado en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Granada. 

¿A quién incluye la "prioridad nacional", el concepto que Vox ha logrado imponer en los pactos con el Partido Popular en Extremadura y Aragón? Según su portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, solo "es español el nacido de padre y madre española". Así lo afirmó el pasado viernes en una entrevista, una definición que no sólo choca con el Código Civil, sino que coloca a la formación de extrema derecha ante un espejo incómodo, ya que varios de sus dirigentes y referentes proceden de familias con un progenitor de origen extranjero.

La dirección del partido tuvo que salir a corregirlo después. El secretario general, Ignacio Garriga, sostuvo que esa interpretación era un "error" y recordó que "es español quien tiene el DNI” ya que, en su propio caso, su madre es de Guinea Ecuatorial. El líder nacional, Santiago Abascal, también matizó que ser español es tener la nacionalidad española, aunque insistió en que "se regala" con demasiada facilidad.

El Código Civil establece que son españoles de origen "los nacidos de padre o madre españoles", no de padre y madre españoles, y también contempla otros supuestos de nacionalidad de origen para nacidos en España de padres extranjeros en determinadas circunstancias. Además, lo que busca Vox es imponer la tesis de que los españoles deben “ir primero” en el acceso a los servicios públicos. Pero, si esa prioridad se trasladara a la legislación, sería inconstitucional y, por ese motivo, han incluido el término "arraigo".

Aunque la extrema derecha española ha construido buena parte de su discurso migratorio sobre la sospecha hacia el origen, la "segunda generación", el arraigo y la prioridad para los nacionales, en su propia dirección y en órbita parlamentaria hay biografías familiares que desmienten la pureza genealógica que otros sí promueven.

Ignacio Garriga Vaz de Conceição es la mano derecha de Abascal. Su caso es el más llamativo porque, además, está emparentado con el citado Joan Garriga. Según el periodista Xavier Rius, Joan fue clave en la vida personal de Ignacio –le pagó parte de la carrera– y, sobre todo, en la política. A diferencia de Ignacio, Joan fue figura destacada en las guerras del PP catalán y se sumó después a Plataforma per Catalunya (PxC). Como tantos otros en las filas de Josep Anglada, acabó en Vox. En su caso, cayó de pie.

Ignacio Garriga es hijo de Rafael Garriga y de Clotilde Vaz de Conceição, nacida en 1947 en Guinea, cuando el territorio aún formaba parte del entramado colonial español, antes de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. "He leído de todo. El negro de Vox, el ecuatoguineano… Y eso es mentira. Yo soy español porque soy nacido en Barcelona", explicaba en una entrevista en El Español en 2018.

Él se define como "español y católico", integrista en la órbita del Opus Dei, antiabortista hasta el extremo de las posiciones más duras del republicanismo de Estados Unidos, que tiene como rutina política la vinculación de la inmigración con la delincuencia, singularmente con la violación.

Hermann Tertsch es eurodiputado de Vox y vicepresidente del grupo Patriots for Europe en el Parlamento Europeo. Nació en Madrid, pero su filiación familiar también rompe el molde de la españolidad genealógica: es hijo de Ekkehard Tertsch, periodista austriaco y diplomático, y de Felisa del Valle-Lersundi. Su padre estuvo en la cárcel y en un campo de concentración nazi, y tras el final de la Segunda Guerra Mundial se instaló en Madrid, donde puso en marcha Spanish Economic News Service, una medio sobre información económica.

Tertsch es periodista de profesión como su padre, llegó a dirigir la sección de opinión de El País, tras haberse labrado su carrera a base de crónicas sobre los cambios en la Europa tras la caída de la URSS. Después, fue el presentador estrella de la Telemadrid de Esperanza Aguirre y, más tarde, se puso al servicio de Vox.

Su caso desmonta otra derivada del discurso de los ultras, ya que si la pertenencia nacional se mide por el origen de los padres, uno de los rostros internacionales de Vox quedaría bajo la misma sospecha que el partido proyecta sobre tantos hijos de familias extranjeras.

Javier Ortega Smith-Molina fue uno de los fundadores de Vox, llegó a ser secretario general y vicepresidente del partido y, en la actualidad, es diputado y concejal. Vox confirmó su expulsión definitiva en abril de 2026, pero continúa como portavoz en el Ayuntamiento de la capital y tampoco ha dejado su escaño en la Cámara Baja.

Nació en Madrid, es hijo de madre argentina y tiene doble nacionalidad. Con un estilo bronco, de épica militar y estética de vieja derecha radical, se abrió paso en el partido con "brindis de los tercios, capas españolas, fotografías de caza y ejercicios de tiro". Antes de la sonora ruptura, mantuvo una estrecha relación personal con Abascal: fue abogado de su familia y padrino de una de sus hijas.

El portavoz nacional de Vox en deportes, Cristian Toro, no solo procede de padres extranjeros, sino que él mismo es de origen venezolano. Nació en La Asunción, en la isla venezolana de Margarita, el 29 de abril de 1992, aunque, según ha relatado él mismo, a los ocho años se trasladó a España con su familia, concretamente a Galicia.

Toro es campeón olímpico de piragüismo y fue nombrado el pasado mes de marzo como portavoz nacional de Deportes de Vox, aunque antes ya había ido en las listas de la formación a las municipales de Madrid de 2023. También participó como pretendiente en el programa Mujeres y hombres y viceversa y se ha sentado en el plató de Supervivientes.

Rocío Monasterio ya no forma parte de la primera línea de Vox, pero durante mucho tiempo fue una de sus dirigentes más destacadas. Es hija de un hacendado cubano al que Fidel Castro expropió en 1971 el ingenio azucarero Manuelita, en Cienfuegos, una explotación que llegó a tener vía férrea propia y a cotizar en Nueva York. Tras pasar por Miami, la familia Monasterio se instaló en España, donde hizo fortuna con la franquicia de Kentucky Fried Chicken.

Ese origen cubano fue uno de los ejes de su relato ideológico. Monasterio ha usado la memoria del castrismo, la expropiación y el exilio para reforzar su discurso anticomunista y para presentarse como heredera de una familia expulsada por la revolución.

Cuando empiezo a escribir esta columna se me ha pasado una miaja el miedo. Lo he sentido desde hace y durante mucho tiempo. Aún a ratos está ahí, como una señal de precaución defensiva frente a un peligro desconocido. O al revés: claramente conocido. A lo mejor es que le he hecho caso a Mario Benedetti y el miedo se ha convertido en coraje. O he acabado estando seguro de que las victorias llegan poco a poco, pero llegan, como también decía el gran poeta uruguayo. Vengo de muy atrás, del tiempo en que vivir era difícil. Para mucha gente, imposible. De cuando mi abuelo Claudio, en la casa junto al río en Gestalgar, nos contaba a los nietos por las noches historias de muertos y desaparecidos. No sabíamos que esos muertos y esos desaparecidos eran de verdad pero estaba prohibido pronunciar sus nombres.

Vengo, de entre otros muchos sitios, de aquel ya lejano 1 de Mayo en que con Pep y Rodri decidimos que Rodri fuera a la mani y Pep y yo a echar una mano a un amigo que se quería tirar por un balcón. Nosotros le ganamos la partida al peso de la gravedad. A Rodri lo infló a hostias la policía en un portal del centro de València. O cuando el teléfono sonaba a todas horas, fuera de noche o de día,  y lo tuvimos intervenido la tira de meses por orden judicial y ahora —casi 40 años después— sé que lo peor no es que suene el teléfono fijo —o el móvil— y te ofrezcan cambiarte la tarifa de la electricidad o preguntarte a quién vas a votar en las próximas elecciones. Tantos años después sé que lo peor no es que alguien te hable al otro lado del teléfono aunque sea para venderte la moto, sino que digas "diga" y es como si al otro lado hubiera un muerto. O alguien que reconoce la voz y sabe que se ha equivocado. O un fascista.

O sea, y discúlpenme ustedes por este preámbulo tan personal como seguramente también intransferible: no sé si el miedo lo es, intransferible quiero decir. Pero lo nombro. En muchas ocasiones es difícil no sentirlo. Aunque no estemos solos, como el melancólico protagonista de Balada de otoño, esa machadiana canción de Joan Manuel Serrat que me conmueve profundamente cada vez que la escucho. Este país ha tenido que cargar a lo largo de su historia con toneladas y toneladas de miedos a la espalda. Ahora estamos en el regreso de la bestia. Ha sido poco a poco. Muchos años blanqueando al PP ha supuesto el avance de su ala ultra con el beneplácito de quienes desde la propia izquierda siempre consideraron la tropa de Fraga y Aznar parte imprescindible de la democracia. No sé por qué. Lo que sé es que ahora poca gente defiende esa condición. Sencillamente porque desde hace muchos años –sobre todo desde que está al mando Núñez Feijóo– no hay ninguna diferencia entre el PP y Vox. Ninguna diferencia es ninguna. En mi tierra valenciana gobiernan juntos, aunque quieran hacer el paripé de que no. Ya pueden decir lo que les dé la gana: el PP valenciano después de Mazón es el mismo que cuando mandaba el caradura del Ventorro. Ahora se llama Pérez Llorca el sustituto, pero el amor que siente por la extrema derecha es el mismo que el que profesaba abiertamente y sin tapujos su antecesor. Arrasan con todo lo que no consideran de su exclusivo interés y el de los suyos. Adelante con el machismo, con la supresión de las ayudas a la recuperación de la Memoria Democrática, abajo los impuestos a los ricos, persecución del valenciano como lengua propia, ejercer la censura como en los tiempos más oscuros de la dictadura, prevaricar como ha sucedido en el reparto de vivienda pública en el Ayuntamiento de Alicante, criminalizar la inmigración bajo la batuta asquerosamente criminal de Abascal y sus falanges fascistas…

No usaré el término "derecha" cuando me refiera al PP: hablaré de "extrema derecha" directamente. Menos líos. Y sí: me da miedo muchas veces que gobierne la extrema derecha. No quiero regresar a los tiempos de antes, a ese pasado que como decía Faulkner nunca acaba de pasar y es siempre presente. No quiero que las amenazas de los ultras tengan el sello oficial de las instituciones democráticas. Lo que quiero es que haya un gobierno progresista y de izquierdas. Eso quiero.

Por eso está bien que se hable de la necesaria unidad de las izquierdas. Necesaria no quiere decir que todo vale con tal de evitar la vuelta del franquismo. Que se discutan la iniciativa de Gabriel Rufián y otros miles de iniciativas que serán bienvenidas (ahí Mónica Oltra) si consiguen articular una realidad en que incluso las voces discrepantes puedan unirse sobre lo que nos junta a las izquierdas más que sobre lo que nos separa. Eso ha de ser posible. Este país no se merece la vuelta de los fascistas a ningún gobierno. A ninguno. Pero una vez dicho esto: ¿por qué no dedicamos aunque sea unas líneas al PSOE? Es que parece que todo lo dicho, todo lo discutido sobre la unidad de las izquierdas no vaya con ese partido. Me hace gracia cuando escucho voces socialistas diciendo que necesitan la unidad a su izquierda. La pregunta del millón: ¿para qué la necesitan? ¿Para quedarse siempre sin dar el último paso que asegure sin trampa ni cartón políticas de izquierdas? ¿Para preferir la Monarquía a la República? ¿Para que la Constitución se quede como está y muchos de sus derechos fundamentales hechos unos zorros? ¿Para que en cuestiones como la inmigración –a pesar de los avances con las últimas regularizaciones– siga mareando la perdiz y no apueste definitivamente y de forma contundente por la igualdad de derechos? ¿Para que siga manejando datos de la macroeconomía en vez de entrar en las casas y comprobar que es imposible llegar ya no a fin de mes sino de la primera semana? ¿Para que sigan los desahucios ya no como antes sino más cada día con una impunidad para los fondos buitre que aterra? ¿Para que disponer de una vivienda digna, en propiedad o alquiler, siga siendo, como el pollo de Carpanta en los tebeos de mi infancia, un sueño imposible? ¿Para eso necesita el PSOE una izquierda fuerte a su izquierda: para seguir actuando con miedo a la derecha y sus poderes económicos a la hora de aplicar de verdad políticas de izquierda? Por descontado que dar la cara como lo está haciendo en la política internacional se merece un respeto. Pero aquí…

Dígase lo que se diga, la extrema derecha de PP y Vox da miedo. Sentir miedo, decirlo a las claras cuando te están amenazando a ti y a gente que conoces, es reconocerte en lo más profundo y noble de lo humano. Hace unas semanas, sin ir más lejos, cuatro individuos disfrazados para el ataque no se atrevieron a reventar la presentación de mi última novela en València: como había mucha gente, se limitaron a unas risotadas, un leve pataleo y el portazo del cabreo por la ocasión perdida. No lo soy y tal vez por eso me repugnan los valientes estilo legionario, como esos nazis que siempre van en manada para disimular su cobardía, como esos mamarrachos con las mangas de la camisa por encima del codo que se retratan, pecho al aire y obsceno trapo con el aguilucho por bandera, delante de las cámaras y los micrófonos de los youtubers fachas, como esos mismos youtubers fachas que se saben protegidos por buena parte de la policía y sobre todo por la mayoría de los jueces en este país que cada vez ve más disminuida su fortaleza democrática. Pero lo que más miedo me da es que dejemos el paso libre a esa gentuza para que el matonismo fascista campe a sus anchas por las calles y en los despachos oficiales.

De eso se trata, precisamente. De que la democracia —aun esta nuestra que arrastra demasiado peso del franquismo— no acabe hecha polvo en manos de los herederos de quienes se cargaron la República hace casi noventa años. Los golpes de Estado ya no necesitan tanques ni aviones. Tienen los medios de la democracia para atentar contra ella. Lo están haciendo desde hace mucho tiempo. No se esconden. Lo dicen abiertamente: les gusta la dictadura franquista. Quieren volver a ella para que los demás nos escondamos en el silencio como en los tiempos de sus antepasados vencedores de la guerra. La izquierda —las izquierdas— no nos podemos permitir tenderles ese puente de plata hacia la vuelta del fascismo. No seré yo quien diga —entre otras cosas porque no lo sé— cómo hemos de hacerlo. Pero hemos de hacer posible que el miedo cambie de bando, que vean cómo hemos convertido nuestro miedo en una inequívoca señal de coraje, que no lo van a tener fácil para ganar las elecciones el año que viene, que Feijóo, Abascal y sus falanges antidemocráticas, como ya pasó en julio de 2023, se van a quedar una vez más con dos palmos de narices.

La unidad de los partidos democráticos es necesaria. No sé cómo se consigue eso en poco más de un año. Pero hay que intentar que esa unidad sea posible. Sin que se diluya lo que cada cual es cuando se junten las siglas de sus partidos. Sabiendo que en algunos sitios será fácil, en otros difícil y tal vez en otros imposible. Pero creo que hay que intentarlo, que al menos hay que intentarlo. Que las hostias que le arrearon a Rodri aquel lejanísimo 1 de Mayo no regresen de nuevo a manos de los herederos de las porras, las malditas pelotas de goma, los botes de humo y las pistolas fascistas. Y desde luego, una pregunta que repito para acabar este relato seguramente demasiado personal y casi seguro que intransferible: ¿y el PSOE? ¿Qué dice el PSOE? Lo pregunto porque no lo sé. Porque siempre se queda en el penúltimo paso antes de dar el paso definitivo hacia políticas de izquierdas. A ver ahora…

Ojalá disculpen este rollo tan personal que les he soltado. Pero algo he conseguido: escribiendo del miedo he acabado por no sentirlo. A lo mejor es porque sé que ustedes están ahí y que, como cantaba mi paisano y amigo Raimon, «somos muchos más de los que ellos quieren y dicen». Y por eso estoy casi seguro de que el año que viene las extremas derechas no ganarán las elecciones. Como el 23 de julio de 2023 más o menos. ¿Que soy el premio Guinness de todos los ilusos? Pues a lo mejor. Pero qué quieren que les diga: me siento bien con ese premio. Seguro que además habrá mucha gente que quiera compartirlo. No sé. A ver…

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

El 8 de julio de 2025, un nuevo escándalo salpicaba al partido francés Agrupación Nacional (RN) y a sus socios en la Unión Europea (UE). La Fiscalía Europea abrió una investigación sobre posibles desvíos de fondos comunitarios, por un importe de 4,3 millones de euros, por parte del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), predecesor de Patriotas por Europa. La Fiscalía se basó en una investigación interna llevada a cabo por los servicios del Parlamento, que fue revelada por varios medios de comunicación europeos, entre ellos Le Monde y Die Zeit. 

Esta auditoría interna se llevó a cabo con motivo del cese de actividades del grupo ID, disuelto al final de la última legislatura. Fue por tanto un poco por casualidad, al término de una operación de control, a partir de algunas muestras de los gastos del grupo político incurridos entre 2019 y 2024, cuando la Dirección General de Finanzas del Parlamento (DG Fins) se topó con contratos dudosos, donaciones descabelladas, licitaciones sesgadas y otras facturas aparentemente muy infladas. 

La DG Fins había concluido que existían “irregularidades sustanciales” en la gestión de su presupuesto por parte de ID. Jordan Bardella, presidente del nuevo grupo Patriotas por Europa, se había quejado de una supuesta “operación de acoso”. 

“Pero los 4,3 millones no son más que la punta del iceberg”, denuncia Jonas Sjöstedt, eurodiputado del grupo La Gauche y miembro de la Comisión de Control Presupuestario. “Por eso pedimos a la administración que compruebe cada céntimo gastado por ID y luego por Patriotas, para revelar el verdadero alcance de este asunto”. 

Diez meses después de las revelaciones, el Parlamento contiene la respiración, sin causar revuelo, a la espera del resultado de la investigación de la Fiscalía Europea. Pero esta situación de estancamiento no es del agrado de Transparencia Internacional ternational. La organización internacional contra la corrupción remitió el 24 de abril una denuncia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a la que Mediapart ha podido acceder. 

La denuncia de la ONG apunta en particular a Philip Claeys, miembro del Vlaams Belang, partido flamenco de extrema derecha, y secretario general del grupo Patriotas por Europa, cargo que ya desempeñaba en Identidad y Democracia. Según la organización, en los grupos parlamentarios el secretario general es el principal responsable en materia presupuestaria y el el gestor con capacidad para autorizar el pago de los gastos. Por ello, sostiene que los 4,3 millones de euros “sospechosos” no pudieron ser abonados sin su visto bueno.

Fue el mismo Philip Claeys quien firmó, el 8 de mayo de 2025, una carta en respuesta a las observaciones de la DG Fins, sin lograr convencer a los funcionarios de que retiraran sus constataciones de “incumplimiento” en los gastos del grupo. En este asunto, la mayoría de los pagos sospechosos se refieren a las actividades de la delegación francesa del grupo, es decir, Agrupación Nacional.

Al recurrir a la OLAF, Transparencia Internacional pretende que se lleve a cabo una investigación administrativa en paralelo a la investigación penal. Esta solicitud contrarrestaría así “la inacción de la administración del Parlamento Europeo”, tal y como lo expresa Nick Aïossa, director de la oficina europea de la ONG. Y es que Philip Claeys, que sigue siendo secretario general de su grupo político, continúa ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado.

Es él mismo quien da su visto bueno a los gastos de su grupo Patriotas, sobre los que precisamente pesan nuevas sospechas de fraude. El medio Table.Briefings reveló así, el 4 de noviembre de 2025, que se habían detectado 171.000 euros de fondos potencialmente irregulares en las cuentas de miembros de Patriotas, siguiendo el mismo patrón.

Para Nick Aïossa, el Parlamento Europeo no debe condicionar sus acciones al resultado de la investigación penal y podría actuar, al menos con carácter cautelar. “El Parlamento ha puesto en marcha su propia auditoría y ha concluido que se han producido gastos irregulares. Así, podría iniciar un procedimiento disciplinario o retirar toda autoridad presupuestaria a Philip Claeys. Con esta idea hemos recurrimos a la OLAF, cuya actuación, en el ámbito administrativo y disciplinario, puede resultar complementaria a la de la Fiscalía Europea”.

En el seno de la Asamblea, el tema genera un curioso guirigay. Algunas fuentes estiman que la administración es, de hecho, impotente en este ámbito, pues el contrato de Philip Claeys lo vincularía únicamente a su grupo político y no al Parlamento, que queda fuera de juego en materia disciplinaria. Otras fuentes, más numerosas y que cuentan entre sus filas con empleados de los grupos políticos, afirman categóricamente que todo empleado de un grupo político depende, en última instancia, de la secretaría del Parlamento y, por tanto, de la administración.

El asunto es delicado y jurídicamente complejo, ya que afecta a la autonomía de los grupos políticos. Y para Nick Aïossa, “el Parlamento no puede eximirse por completo de sus responsabilidades, ni siquiera cuando se trata de empleados de grupos políticos”.

Esas cuestiones jurídicas no pueden, en ningún caso, justificar la inacción. Eso piensa Daniel Freund, eurodiputado ecologista alemán: “El Parlamento no debe esperar a que concluyan las investigaciones de la fiscalía para proteger el dinero de los contribuyentes, sino que debería actuar de forma proactiva para garantizar que esto no vuelva a suceder. En este sentido, la iniciativa de Transparencia está muy bien. Pero el problema de fondo persiste: el Parlamento no ejerce suficiente control sobre los gastos de los grupos políticos”.

En septiembre, la Comisión de Control Presupuestario transmitió a la presidenta del Parlamento Europeo su opinión tras el escándalo. Sus miembros enumeraron las medidas que deben adoptarse para que el Parlamento recupere lo que le corresponde, por ejemplo, imputando a Patriotas las irregularidades de su predecesor. Destacaron la continuidad entre el grupo ID y el de Patriotas, con la esperanza de que algún día se exija al grupo político actual el reembolso de las sumas “irregulares” del pasado.

En este documento, los eurodiputados incluso sugerían que la reorganización del grupo político parecía formar parte de un intento premeditado de impedir la “recuperación de los fondos europeos”. Entonces se añadió a la lista la idea de imponer sanciones disciplinarias. Los eurodiputados tampoco descartaban modificar el reglamento del Parlamento para que dichas sanciones permitieran recuperar los fondos.

Pero, por ahora, todo está paralizado a la espera de la investigación de la fiscalía. Esta semana, la sesión plenaria votará la “aprobación de la gestión presupuestaria” del Parlamento Europeo para sus gastos del año 2024. Se mencionarán los fondos sospechosos del grupo ID, solo como un pequeño recordatorio en medio del letargo. Mediapart se ha puesto en contacto, por escrito, con Philip Claeys y con la oficina de Jordan Bardella, presidente de Patriotas por Europa, pero por el momento no ha obtenido ¡respuesta.

Traducción de Miguel López

El secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha solicitado nueve años de prisión para el agitador ultra Vito Quiles por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, según informa EFE.

Esta petición ha sido formulada por el representante de Rubén Sánchez, como acusación particular, ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, cuya jueza procesó a Quiles por presuntas injurias y calumnias.

En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso EFE, el abogado del secretario general de Facua plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por cada uno de los cuáles pide 12.000 euros de multa. Además, solicita que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al periodismo durante el mismo periodo que la condena por las calumnias.

Junto a las citadas penas, reclama como responsabilidad civil una indemnización de 60.000 euros tanto a Quiles como a EDA TV como responsable civil subsidiario. Asimismo, pide que se condene a Quiles a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de X, su canal de Telegram y el canal principal de EDA TV en YouTube.

El abogado del secretario general de Facua identifica en su escrito de conclusiones provisionales la comisión de tres delitos continuados de calumnias durante los periodos del 15 al 28 de febrero, del 23 al 25 de abril y del 26 de junio al 21 de julio de 2022.

El letrado expone cómo Quiles fabricó una larga lista de bulos "de extrema gravedad" que constituyeron injurias y, sobre todo, calumnias publicadas "de forma dolosa, mendaz, tendenciosas y cargadas de odio". En todos los casos, señala el abogado de Sánchez, "con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad".

El abogado de Quiles, Juan Gonzalo Ospina, anunció que recurriría. Sin embargo, ya han vencido todos los plazos para hacerlo. El mismo también anunció que intentaría llegar a un acuerdo para que no llegaran a juicio. A la vez acusaba a Sánchez de "subir el tono y la confrontación" y el agitador ultra seguía atacando al secretario de Facua en X, llamándolo "extorsionador", "sinvergüenza" y "delincuente".

En la resolución en la que la juez procesó a Quiles señalaba que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y videos que publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, resultaban "claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar" al representante de Facua.

"Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión", indicaba el auto, al que tuvo acceso EFE y que explicaba que esta no otorga el derecho a la ofensa.

"Ánimo ofensor que lleva a extremos intolerables al hacer afirmaciones gratuitas que buscaban solo hacer creer a terceros que realiza actividades nocturnas al menos inmorales y que de forma literal llega a afirmar, sin mas sustento que el ánimo de denostar al querellante, que Facua tiene relación con una trama criminal de abusos a menores tutelados", añadía dicha resolución judicial.

Quiles se refirió, durante un programa de EDA TV, a Facua como "sicarios" y "auténticos criminales". “Lo que hacen Rubén Sánchez y su banda en Twitter es pura actividad criminal (…), son mafiosos y extorsionadores de personas", publicó también en su canal de Telegram el 25 de abril de 2022.

En su declaración judicial, según informaron en su momento a EFE fuentes cercanas al caso, Quiles enmarcó, por su parte, todo lo que dijo sobre Sánchez en el contexto de posibles diferencias ideológicas entre ambos dentro de su derecho como periodista.

Vito Quiles, que fue de número 57 en la lista de los comicios europeos de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF), con la que colaboró durante la campaña electoral en labores de comunicación, aseguró también en su momento a EFE que la denuncia presentada contra él por Rubén Sánchez era "falsa".

En todas partes del mundo avanza un sistema de creencias variopinto, a menudo contradictorio y falaz, pero siempre discriminador: el de las extremas derechas autoritarias, que buscan nuevamente su oportunidad histórica. La pulsión solipsista de la tribu se recubre de ideología nacionalista que define desde arriba quién pertenece a la comunidad, quién forma parte del “nosotros”, quién vale más que otros.

Bajo su aparente heterogeneidad late un proyecto común: destruir uno de los principios fundamentales de la herencia ilustrada, tanto liberal como socialista: el concepto de derechos humanos universales. A cambio proponen el bienestar de la comunidad nacional, y sus virtudes diferenciales, como referencia moral. No hay derechos universales, afirman, sino derechos particulares más importantes que otros: los nuestros.

En los años ochenta el Frente Nacional francés resucitó el concepto nazi de “prioridad nacional”. El nazismo fue étnico y racial, por tanto tribal y agresivo. Se inventó una Volksgemeinschaft ("comunidad del pueblo") como ideal de sociedad armoniosa, unificada y racialmente pura, libre de divisiones de clase.

Para realizar este delirio construyeron un enemigo externo y otro interno: el primero eran las potencias que impusieron las reparaciones del Tratado de Versalles. El enemigo interno fue la población judía, menos del uno por ciento de los ciudadanos y culturalmente tan alemana como el resto. Sin embargo, la definieron como no alemana y la expulsaron de la comunidad moral, conceptualizándola como un “otro” inferior e indeseable. Tristemente, hoy los israelíes repiten ese guion con los palestinos.

Los nazi-fascismos y sus secuelas autoritarias se basan en la jerarquización de las diferencias sociales. Transforman la riqueza de la diversidad horizontal en la pobreza de la jerarquía vertical. No pueden existir sin alguna idea de superioridad, de exclusión y, finalmente, de persecución.

En el reciente pacto extremeño entre VOX y el PP, la “prioridad nacional” se plantea como criterio para distribuir ayudas, subvenciones y prestaciones, dando preferencia a quienes demuestren un “arraigo real, duradero y verificable” con Extremadura. La redacción es ambigua y el término “arraigo” interpretable, pero Vox lo entiende como prioridad para los “españoles”.

“Prioridad nacional”, junto a otros términos, funciona como eufemismo de un dispositivo social de producción de excluidos. Convierte las pulsiones de cercanía en pasiones de lejanía. Cuando se consolida como discurso y práctica tolerada, señala el inicio del declive hacia la miseria moral.

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Adolfo Estrella es socio de infoLibre.

El canal ultraliberal Negocios TV tiene 2,71 millones de suscriptores en YouTube, emite a través de Movistar+ y llega a millones de hogares en México mediante acuerdos con plataformas de distribución. Google acaba de citarlo como modelo de éxito en la economía de creadores de contenido. Sin embargo, la mayoría de los españoles, en un ecosistema mediático dominado por las cámaras de eco, no sabe que existe. ¿Qué es y de quién es Negocios TV?

El canal se presenta como un medio de información económica y financiera con una propuesta sencilla: explicar la macroeconomía —inflación, tipos de interés, deuda pública, mercados— en un lenguaje accesible, en formato vídeo, de forma gratuita y sin los muros de pago que caracterizan a medios como The Wall Street Journal o Bloomberg, con los que gusta de compararse. La información financiera, viene a decir, no debería ser un privilegio de quienes pueden permitirse una suscripción cara.

Lo opera una sociedad llamada Business Videns SL, constituida en mayo de 2021. Su fundador, presidente y consejero delegado es José Antonio Vizner, periodista económico que también ha desarrollado aplicaciones para Amazon Alexa y que describe su trabajo en términos de misión: la búsqueda de “la verdad que la economía esconde”. Vizner es, además, yerno de Julio Ariza, el empresario que fundó y dirigió el Grupo Intereconomía, referencia histórica de la televisión ultra en España y pieza sin la cual nada de lo que hoy es y representa Vox sería posible. Este dato importa para entender de qué canal estamos hablando.

Cuando Intereconomía desapareció como proyecto televisivo de alcance, dejó un hueco en el ecosistema mediático de la derecha española. Negocios TV ha ocupado parte de ese espacio, aunque con una estrategia radicalmente distinta: en lugar de apostar por la televisión tradicional, ha construido su audiencia casi íntegramente en plataformas digitales, con YouTube como motor principal. Y todo indica que está funcionando.

Business Videns SL tiene cuatro socios fundadores, cada uno con una cuarta parte del capital. El primero es el propio Vizner. El segundo es Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de Okdiario.com, el digital dirigido por Eduardo Inda. Inda, bien conocido por su extremismo, su comunión con la derecha y su mala praxis profesional, no aparece directamente en el consejo de administración, pero su director general, Juan Carlos García Cabrera, sí lo hace en representación de la empresa. 

El tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, sociedad vinculada a Alejandro Suárez, figura del periodismo financiero en España y propietario, entre otros medios, de Merca2.es y el pseudomedio ultra Moncloa.com. El cuarto es Civitas Firma SL, sociedad de Julen Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza.

El resultado es una constelación en la que conviven el yerno y el hijo de Julio Ariza, el entorno de Eduardo Inda y un periodista financiero de impulsor de proyectos de perfil económico ultra. Entre los cuatro controlan un canal con una facturación declarada de 2,47 millones de euros en 2024 y un beneficio neto de 302.000 euros, según las cuentas depositadas por Business Videns SL. El negocio debe ir bien, porque el salario bruto de Vizner ese año fue de 201.500 euros.

Negocios TV se define como un medio económico, pero su línea editorial tiene una carga ideológica que va bastante más allá del análisis de balances. El canal es un altavoz de la escuela austriaca de economía, la corriente que defiende la mínima intervención del Estado, la desregulación de todos los sectores y la desconfianza hacia los bancos centrales. 

Sus colaboradores, entre ellos el economista Daniel Lacalle, denuncian de forma sistemática la inflación como un “impuesto oculto” generado, según ellos, por la irresponsabilidad de los gobiernos y la emisión descontrolada de dinero. La retórica del canal pivota sobre la idea conspiracionista de que los ciudadanos son víctimas de unas élites burocráticas que les ocultan la verdad económica.

Desde esa posición, el canal ha sido un defensor entusiasta de Javier Milei, el presidente argentino cuyas políticas de ajuste extremo conectan directamente con la doctrina que Negocios TV lleva años divulgando y que ha convertido su países en un gigantesco banco de pruebas de las teorías ultraliberales a costa de los más desfavorecidos. Nada de esto es accidental ni está oculto: es la propuesta editorial del canal, presentada como rigor frente al supuesto “control del relato” de los grandes grupos de comunicación.

Del tono que tiene el canal da idea el repertorio de titulares habitual en sus piezas de YouTube, en las que, además de informaciones, abundan los discursos doctrinarios de Vizner: "Caos militar en EEUU", "Rompe el mercado", "¿Guerra para siempre?", "Pierde la paciencia", "Crisis en Europa", "Cuarteto radical". Expresiones que casi siempre se mueven oscilan entre el anuncio del apocalipsis y el subrayado grosero.

Algunas de las críticas más duras que ha recibido Negocios TV no tienen que ver, sin embargo, con su línea económica, sino con las conexiones que se le atribuyen a uno de sus socios. El Yunque es una organización ultraconservadora de origen mexicano, nacida en los años cincuenta, de carácter secreto y con ramificaciones documentadas en varios países de América Latina y Europa. Su objetivo declarado es combatir el comunismo y, más recientemente, lo que sus miembros llaman la “agenda progresista”. Diversos investigadores y medios han señalado históricamente al Grupo Intereconomía como un entorno con vínculos con esta organización.

La conexión con Negocios TV se establece, según sus críticos, a través de Julen Ariza Rossy. Varios analistas y publicaciones lo han señalado explícitamente como vinculado a El Yunque, siguiendo una línea que ya se trazó sobre su padre. Desde esta lectura, el canal no sería solo un medio de información económica liberal, sino una pieza más de una estrategia cultural más amplia orientada a combatir la Agenda 2030 y los valores del progresismo. Canal Red, el medio que dirige el exvicepresidente Pablo Iglesias y que se sitúa en las antípodas ideológicas de Negocios TV, ha llegado a describirlo, con ese telón de fondo, como un "nido de serpientes libertarias y yunquistas".

Las cifras que maneja Negocios TV son llamativas. El canal afirma tener 20 millones de usuarios a nivel mundial, registrar una media de siete millones de visualizaciones diarias y haber alcanzado puntualmente los 151 millones de visualizaciones mensuales en YouTube, supuestamente por encima de medios como Fox Business y Bloomberg. Dice contar con más de 120 anunciantes internacionales y una pequeña base de 1.300 suscriptores de pago, pese a su vocación de canal en abierto.

Son cifras que proceden del propio canal o de declaraciones de su CEO. La única métrica verificable de forma independiente es el número de suscriptores en YouTube —2,71 millones a fecha de este artículo—, un dato que la propia plataforma hace público. El resto —visualizaciones, usuarios diarios, alcance global— son datos autodeclarados que ninguna fuente externa conocida ha auditado.

Esto no significa necesariamente que sean falsos. El modelo de negocio del canal —publicación masiva, directos de larga duración, saturación del algoritmo de recomendación de YouTube— es perfectamente compatible con cifras de consumo elevadas.

Lo que sí está acreditado es su distribución: se puede ver a través de Movistar+, Samsung TV Plus, Orange TV, Digi, la plataforma estadounidense Distro TV y, en México, mediante Izzi y Total Play, a través de un acuerdo con Vme Digital. Y su expansión continúa: el canal ha abierto una sede en Miami para producir contenido específico para América, donde se le presume una influencia cada vez mayor, y ha anunciado una presencia en Amazon Prime Video, a lo que se suma la audiencia acumulada vía aplicaciones específicamente diseñadas para Apple TV, Android y Amazon Fire TV.

Negocios TV se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo construir influencia mediática en el siglo XXI a partir de recursos en principio modestos, sin licencia de televisión tradicional y sin el respaldo de un gran grupo de comunicación. Desde YouTube se ha erigido en canal de referencia para la batalla cultural del neoliberalismo en español —ese grupo de economistas que se autodenominan “libertarios”— con capacidad de influencia sobre la audiencia hispanohablante, tanto en España como en América Latina, ávida de una narrativa económica y política que se presenta como alternativa.

Ese éxito, sin embargo, no es una casualidad. Es el resultado de una estrategia deliberada de actores con una larga trayectoria en el ecosistema mediático conservador español, que han encontrado en las plataformas digitales el vehículo que la televisión analógica ya no podía darles.

La de problemas que nos han traído los rotulitos: desde la crisis del nominalismo hasta los juicios de Núremberg. Allá vamos otra vez: ni ha medianeado el siglo y un nuevo engendro retórico se yergue sobre el horizonte. La "prioridad nacional", sapristi. Imaginen a las lumbreras de Vox estrujándose las meninges en el parto de los montes. "—¿Solución final?". "—Creo que tiene mala prensa". "—¿Putos moros?". "—Vamos a darle otra pensada".

Los españoles primero, antiquísimo espantajo para tener a los pobres peleándose entre ellos. Querellas de hidalguía en las colas del hambre, un planazo para echar la mañana. Con todo, qué tiempos burdos para la ultraderecha en los que hasta las amenazas están de saldo: el turco, de Lepanto a las paguitas. En fin, que esa organización fundada por una señora cubana, otro medio belga y un tal Ortega-Smith (de los Smith de Albacete, de toda la vida) se ha propuesto boicotear la regularización de migrantes quitándole las subvenciones a las oenegés que atiendan a migrantes. "Prioridad nacional": déjalos que se ahoguen.

Cosas veredes: la derecha de caballo y reclinatorio incluyendo a Cáritas en la lista de enemigos de la patria. "Viven del negocio millonario de la inmigración". Los obispos no dan crédito, "que soy compañero, coño". Monseñor Mazuelos, mitrado canario, ha salido al paso recomendando a los del por Dios y por España una semanita en cayuco, que viene de perlas para entrenar la empatía.

La treta, que podría haberse quedado en las cochiqueras de la organización ultraderechista, ha cogido vuelo gracias al partido de las golden visa, que necesita a los bracito tieso para las componendas autonómicas. Fuentes populares repiten con la boca chica que no hay que preocuparse, que son excesos de los del morrión y la cruzada. Menos mal que no lo ha propuesto Bildu, que si no la teníamos.

Por suerte ha vuelto Mariano, el tautológico, para distraer a la concurrencia. "Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere". La pregunta le viene por las anotaciones de Bárcenas, donde figuran todas las permutaciones posibles de su nombre y apellidos: qué mina para el juez Peinado, lástima que esté ocupado con la enésima pesquisa sobre Begoña.

La Kitchen, leo en las cabeceras sensatas, es agua pasada, no como lo del hermano de Sánchez, que quita el sueño a la Interpol. ¿A quién le puede importar que el ministro del Interior y la secretaria general del pe pé apañasen una trama policial para ocultar la financiación ilegal del partido del Gobierno? Quita, quita, y cuéntanos más de ese software que usan en la Complutense.

Para rematar el sainete, vino María Corina a ser condecorada. No hay supervillano en cuya pechera no resplandezca la Medalla de Oro de Madrid. La doña, que tampoco es presidenta porque no quiere, deseó que en España hubiese pronto unas elecciones irreprochables. La sala, atestada de patriotas y exilados de chequera generosa, aplaudió entusiasmada semejante escupitajo a nuestro Estado de derecho. ¿Recuerdan aquella vez que Hugo Chávez dijo media y el rey le saltó a la yugular? Por más que busco, no encuentro ahora el telegrama de Zarzuela.

El efímero destello de lo inefable se ha convertido en la prosa cotidiana de los diarios digitales y las encuestas del CIS. Y eso, precisamente, puede estar consumiendo también a Vox. El clima internacional en el Estrecho de Ormuz, la resistencia del Vaticano o el nuevo gobierno en Hungría han debilitado el fulgor del partido liderado por Abascal, que se sitúa en el 13,3% en la última encuesta del CIS y en el 17,7% según la reestimación elaborada por Opina360. El “no a la guerra” con el que Sánchez se ha convertido en el líder mundial de la izquierda (ya lo advertimos aquí hace un año), no ha logrado, en cambio, derribar los cimientos electorales del PP que, finalmente, logrará pactos estables de gobierno en las tres comunidades que pusieron a prueba su fuerza, su destreza y su resistencia durante los pasados caucus de la derecha y maneja números muy similares a los del PSOE.  Ambos partidos avanzan en paralelo, explotando por igual el retroceso de Vox.

El triunfo de Peter Magyar en las elecciones húngaras es la expresión del frágil equilibrio en el que se encuentra el mundo, dividido por una delgada línea que separa al viejo orden del nuevo. Vox llega a las elecciones andaluzas, primera vuelta de las generales del 2027, al borde una pájara técnica cuyas consecuencias electorales todavía están por definir. Romper el bloqueo demasiado tarde en Extremadura, Aragón y Castilla y León puede provocar que Vox se quede sin oxígeno en las autonómicas del 17 de mayo y se vea incapaz de arrebatar a Moreno Bonilla su mayoría absoluta dentro de un mes. Abascal debió haberse abstenido durante la primera investidura de Guardiola para seguir creciendo. No lo hizo y hoy juega en clara desventaja frente al bipartidismo.

Los últimos sondeos registran una desaceleración demasiado acentuada de Vox. El partido de Abascal ha entrado en una pájara también política que lo sitúa en desventaja frente a Feijóo, Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso. Hace cuatro meses podíamos afirmar que el vector autoritario de la derecha española estaba situado en el 20% de los electores. Vox capturó al PP en Extremadura en diciembre y colonizó Aragón en febrero. Los terceros caucus de la derecha en Castilla y León expresaron, en cambio, el síntoma de un primer agotamiento que se acercó a la extenuación cuando Trump dejó de cotizar en Europa y estranguló el Estrecho de Ormuz. El CIS de abril verifica que Vox está por debajo del 15% y el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces publicado la semana pasada contempla que, tras cuatro picos consecutivos en Andalucía, los de Abascal caen en marzo hasta el 15%, 2,5 puntos menos que en noviembre, un escenario que se traduciría entre 17 y 20 representantes que no impedirían que Juan Manuel Moreno Bonilla lograse su segunda mayoría absoluta. Pese a ello, estos resultados mejoran los que Vox obtuvo en 2022 (13,5%).

La acción Trump empieza a ser un lastre demasiado pesado en los bolsillos de Abascal, obstaculizando su despegue ante las próximas generales. Apunten este dato: si en febrero el saldo entre ambos partidos aportaba a Vox en torno a 1,3 millones de votos, en la actualidad se queda en 800.000. El binomio estabilidad-autoridad ha demostrado que funcionó en Hungría, donde el candidato nacionalista Peter Magyar logró vencer a Víctor Orbán después de que este gobernara en Budapest durante 16 años. En la esfera Vox son conscientes de ello. Espinosa de los Monteros avisaba desde el Ateneo del Madrid D.F.: "Cuando un líder se va deteriorando, se le puede desplazar". Una mayoría de húngaros ha expresado su deseo de querer continuar en la UE dentro de la normalidad institucional europea desplazando a Orbán ante el deterioro de Trump. Hungría envía señales al inquilino del palacio de San Telmo.

El bloqueo en las negociaciones del gobierno de Extremadura ha atendido a una cuestión de confianza pero, sobre todo, a una estrategia. El reemplazo (desde fuera) al PP tendrá que esperar. El anuncio del acuerdo de legislatura entre María Guardiola y Oscar Fernández puede inyectar en Vox energía suficiente como para interrumpir su pájara en las generales de 2027, pero deja al partido electoralmente tocado (el CIS certifica un menor trasvase de votos desde el PP y eleva a un 6,6% el cambio de sus votantes hacia Feijoo) y sin cuadros suficientes para poder gobernar. Abascal deberá buscar corsarios si quiere asumir la responsabilidad que, en términos electorales, le han entregado sus votantes. Pocas consejerías para tanto Vox como se decía. 

El nudo gordiano de la negociación se ha concentrado en la confianza mutua entre dirigentes y esto ha servido para acelerar el acuerdo en Aragón y, posiblemente, en Castilla y León. En cualquier caso, PP y Vox se intentan canibalizar mutuamente y sus acuerdos regionales se pueden resquebrajar ante la más mínima intromisión de Feijóo. Si nada lo tuerce, afianzar el respeto mutuo entre sendos partidos significará activar tres gobiernos y dotar de nueva carta de naturaleza a las relaciones entre los dos partidos, dejando bien claro cual de los dos dirigentes interpreta el papel de hermano mayor. Conviene, pues, estar atentos al debate de investidura que comienza esta tarde en el parlamento de Extremadura y, sobre todo, a los presupuestos que vendrán inmediatamente después. Los de Abascal parecen estar sólo dispuestos a pactar las cuentas año a año, partido a partido, mientras Guardiola afirma haber llegado a un acuerdo donde se incluye la aprobación total. Ya han aparecido las primeras divergencias en la exégesis del pacto. El tiempo dirá si es un acuerdo perdurable o un nuevo abismo en el horizonte.  

El combate entre las derechas sigue fluyendo bajo la superficie de los pactos. PP y Vox no se ponen de acuerdo a la hora de determinar en qué se concreta un programa con 61 medidas que sobrevuelan en torno a la guerra cognitiva: la regularización de inmigrantes frente a la prioridad nacional. El Madrid D.F. colonizado por el little Caracas frente al espíritu de Hernán Cortes, el autoritarismo caótico de Abascal frente la estabilidad racional de Moreno Bonilla.

El deterioro de Vox está siendo, además, una lección del principio de entropía. Un orden se derrumba para ser inmediatamente absorbido en su vacío por otro. Desde fuera, en la medida que Trump pierde influencia, y desde dentro, en la medida que la ofensiva de los propios desterrados de Vox continúan acelerando su cascada de dimisiones, esta vez en la región de Murcia, donde la diputada Virginia Martínez García, quien acudió con un burka a un pleno de la Asamblea para pedir su prohibición en lugares públicos, abandonó el pasado martes el grupo parlamentario regional. Martínez García ya forma parte del Grupo Mixto de la Asamblea, junto a su antiguo líder, José Ángel Antelo, que también fue expulsado por la dirección del partido. Esta nueva salida permitirá al Partido Popular y al presidente Fernando López Miras, con 21 diputados en el Pleno, aprobar cualquier medida con los dos votos de los ex integrantes de Vox para alcanzar la mayoría absoluta (23). Vox sufre algo más que una pájara. Está dejando de ser la llave en las votaciones. Comienza a tener los perfiles del efímero destello de lo inefable.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del pasado año, Vox ha intentado presentar su cercanía a Donald Trump como una prueba de influencia internacional y de su apuesta ideológica. Pero ese vínculo empieza a pesar más de lo que beneficia. No es solo que el presidente de Estados Unidos se haya convertido en un factor de inestabilidad global tras iniciar junto a Israel una ofensiva contra Irán. Es, sobre todo, que parte de la extrema derecha europea ha empezado a tomar distancia, mientras la formación de Santiago Abascal sigue instalada en una fidelidad casi sin matices.

Un año y tres meses después, la misma internacional ultraderechista que celebró exultante la vuelta de Trump comienza a marcar distancias. La derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras dieciséis años ininterrumpidos en el poder demuestra, además, que la influencia del norteamericano es relativa. Orbán se mantuvo fiel a Trump hasta el final, pero de poco sirvió el apoyo en campaña del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Su derrota frente a su antiguo compañero de partido, Peter Magyar, fue abrumadora.

Abascal ha apostado de manera clara por su proyección internacional pese a que hace siete años admitía no tener "demasiadas convicciones" en política exterior y abogaba por no "hipotecarse" con ningún aliado por las implicaciones que pudiera tener. "Es un mundo en el que no tengo demasiadas convicciones, más allá de nuestro compromiso de actuar siempre en pro de los intereses de España”, le confesaba al escritor Fernando Sánchez Dragó. Ahora, sin embargo, Vox está muy vinculado a Trump a través de la Fundación Disenso, que forma parte de la constelación ideológica de la Heritage Foundation, y también mantiene en su órbita al Likud de Benjamín Netanyahu, además de ser un fiel defensor del presidente argentino Javier Milei.

Otro de los referentes de Abascal —a la que abandonó por Orbán en la Eurocámara tras las elecciones europeas— es la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ella, a diferencia del líder de Vox, declaró en el Parlamento italiano que la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán vulneraba el derecho internacional y, además, negó al Pentágono el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para bombardear Irán. Una decisión que Meloni tomó tras la presión interna que desató el anuncio que en el mismo sentido hizo previamente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y que Vox criticó.

En la última semana la tensión ha escalado por la negativa de la primera ministra italiana a secundar la escalada bélica y por los ataques del presidente de EEUU al papa León XIV, unas palabras que Meloni calificó de "inaceptables" a la vez que afirmó que es “justo y normal” que el jefe de la Iglesia pida paz y condene la guerra. Tras estas declaraciones, Trump aseguró que pensaba que Meloni tenía valor “pero se equivocó” y reprochó a Italia no estar a la altura en la OTAN. Este miércoles, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha llegado a decir que algunos movimientos de Trump son “poco comprensibles”, una señal de que también detecta el desgaste, aunque llegue tarde y de forma defensiva.

La oposición italiana cerró filas con Meloni tras la dura respuesta de Trump. El comisario europeo Paolo Gentiloni pidió “defender a Italia” antes que ajustar cuentas internas, y la diputada socialista Elly Schlein sostuvo que, aunque sean adversarios políticos, los italianos no aceptarán ataques extranjeros contra su Gobierno. Una postura que subraya la magnitud del aislamiento de Vox ya que incluso una dirigente de la derecha radical como Meloni ha encontrado a la izquierda italiana de su lado frente a Trump.

Pero Meloni no es la única en marcar distancias. La extrema derecha alemana, la AfD, ha pedido la retirada de tropas y armas nucleares estadounidenses de Alemania. La líder francesa Marine Le Pen se mostró muy crítica con el secuestro por parte de EEUU del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y también ha censurado algunas decisiones militares porque chocan con su propio soberanismo. El británico Nigel Farage, que inicialmente apoyó los ataques contra Irán, acabó corrigiendo el tono al comprobar que el conflicto abría divisiones en su partido, Reform UK. Frente a estos posicionamientos aparece Vox, que navega en sentido contrario y que, precisamente por esa postura, ha recibido las críticas de exdirigentes de la formación.

La crisis interna de la ultraderecha debilita su imagen de cohesión. La crisis en Murcia es el ejemplo más evidente. La salida de la diputada Virginia Martínez al grupo mixto, después de la expulsión de José Ángel Antelo a finales de febrero, no solo agrava la fractura orgánica, sino que altera la aritmética parlamentaria y permite al PP explorar acuerdos sin depender de la dirección de Vox. La propia Martínez justificó su marcha por su "profunda decepción" con la cúpula del partido y denunció ceses, expulsiones y una "imagen terrible del proyecto". Antelo, por su parte, habló de un Vox "en descomposición y sin ninguna credibilidad”.

En Balears, la dirección de Vox tampoco controla el partido. La formación ultra arrastra desde 2024 el cisma de los cinco diputados díscolos que llegaron a expulsar del grupo a la presidenta del partido en las islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Después, tres de ellos abandonaron sus cargos en el grupo, aunque conservaron sus escaños. Pero no son los únicos casos.

En el Ayuntamiento de Madrid el conflicto sigue abierto. Desde el consistorio municipal, liderado por José Luis Martínez-Almeida, frenaron el intento de la dirección de apartar a Javier Ortega Smith como portavoz y mantuvieron intacta la estructura del grupo municipal. Actualmente, hay dos bandos dentro del mismo grupo, con Ortega Smith y otros dos concejales por un lado y Arantxa Cabello y Fernando Martínez, fieles a Abascal, por otro.

En el Ayuntamiento de Toledo la imagen es similar. La vicealcaldesa y presidenta del grupo municipal, Inés Cañizares, ha defendido públicamente la conveniencia de celebrar un congreso extraordinario y figura entre los cargos institucionales en activo que firmaron el manifiesto crítico con Abascal. Su posición la sitúa frente a la dirección provincial y al portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, que descalificó esa iniciativa definiéndola como una “pantomima”.

Toda esta crisis interna se desarrolla en plena precampaña andaluza. El barómetro publicado esta semana por el Centra da a Vox un 15% y entre 17 y 20 escaños frente a los 14 actuales. Para los de Abascal, Andalucía debía ser una demostración de fuerza, una comunidad donde el partido aspiraba a crecer de forma sostenida y a consolidarse como una alternativa con capacidad de condicionar el sistema político. Pero el barómetro indica que permanece como tercera fuerza, que no rompe el tablero y que el principal beneficiario de su suelo electoral continúa siendo el PP. La formación ultra no desaparece, pero tampoco crece. 

La trampa del mal menor en política no está en elegir entre opciones imperfectas, sino en lo que ocurre después de elegir: el riesgo de convertir la derrota de la gesticulación autoritaria en la normalización ideológica del extremismo y tratar el alivio como si fuera un logro. La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza en las elecciones húngaras de este domingo es el ejemplo más reciente y más nítido de ese mecanismo.

Las capitales europeas han celebrado el resultado como un retorno de Hungría a la “senda europea”. Lo que no han explicado es qué significa exactamente esa senda cuando el nuevo primer ministro mantiene la valla fronteriza de Orbán, rechaza el Pacto de Migración de la UE, no se ha comprometido a derogar las leyes que estigmatizan a la comunidad LGTBI y ha evitado cuidadosamente cualquier posición que incomode a su base electoral conservadora. Bruselas respira aliviada. La pregunta es si tiene razones para tanto alivio, o si simplemente ha decidido que ya no las necesita.

Magyar no llegó desde fuera a desafiar el régimen de Orbán. Fue miembro de Fidesz durante más de dos décadas y formó parte de su entorno de gobierno antes de romper con él. El politólogo Cas Mudde, una de las referencias más sólidas en el estudio del populismo europeo, lo ha formulado sin eufemismos: “Pasó años trabajando para el régimen de Orbán y está claramente alineado ideológicamente con su antiguo partido”.

Pero es “uno de los nuestros”, desde el punto de vista del PP Europeo, al que pertenece desde 2024. Lo que ya es un primer indicador de hasta qué punto la derecha tradicional, incluido el partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha ido escorando hacia posiciones cada vez más extremistas.

Esa alineación tiene consecuencias programáticas concretas. En migración, Magyar ha sido explícito: mantendrá la valla fronteriza con amenazadoras cuchillas que Orbán levantó en la frontera con Serbia y una parte de Croacia, rechazará las cuotas obligatorias de reubicación de refugiados y se opondrá al Pacto de Migración y Asilo de la UE. Sus eurodiputados son del PPE, pero han votado en el Parlamento Europeo alineados con Fidesz en resoluciones sobre seguridad fronteriza.

La posición de Magyar sobre la mano de obra extranjera implica, además, una paradoja que dice mucho sobre la naturaleza de su conservadurismo. Orbán, pese a su retórica antiinmigración, permitió la entrada de decenas de miles de trabajadores asiáticos —filipinos, vietnamitas, indonesios— para cubrir las líneas de producción de las fábricas de baterías chinas instaladas en el país, con cuotas que rozaban los 35.000 trabajadores para 2026, los llamados “trabajadores invitados”.

Magyar ha calificado ese sistema de “traición” a los trabajadores húngaros y promete desmantelarlo: auditoría de los permisos vigentes, reducción drástica de las cuotas de contratación extranjera y fomento del retorno de los cerca de un millón de húngaros emigrados a Alemania, Austria o el Reino Unido mediante incentivos salariales.

No se trata, en su planteamiento, de una política de acogida más humana, sino de la versión economicista del mismo nativismo: primero los nuestros. La xenofobia de Orbán era identitaria y performativa; la de Magyar es laboral y tecnocrática. Salvo sorpresa, el resultado para los trabajadores extranjeros afectados será prácticamente el mismo.

En derechos LGTBI, su posición ha sido de neutralidad estratégica en un asunto que no admite equidistancias: no participó en la marcha del Orgullo de Budapest en 2025, no ha incluido en su programa la derogación de la ley de “protección infantil” de 2021 que prohíbe la representación de la homosexualidad ante menores, y no ha dado garantías sobre la retirada de cargos criminales contra activistas procesados por organizar marchas.

Donde Magyar difiere de Orbán es en las formas institucionales: promete desbloquear los 18.000 millones de euros en fondos europeos congelados, restaurar la independencia judicial, sumarse a la Fiscalía Europea y comprometer a Hungría con la eurozona en 2030. Son reformas sustanciales en términos procedimentales. Pero el procedimiento, por sí solo, no es un programa de derechos.

El problema no es elegir a Magyar sobre Orbán —dadas las circunstancias, esa elección, para muchos, tiene sentido—. El problema es la narrativa que acompaña esa elección: la que convierte un cambio de gestión en una victoria de valores, la que celebra el retorno al marco institucional como si fuera equivalente al retorno a los principios.

Cuando una sociedad acepta durante años que el debate se desplace hacia la derecha, el punto de referencia de lo razonable se desplaza con él. Lo que antes era la posición extrema se convierte en el nuevo centro, y lo que antes era el centro desaparece del mapa. Los politólogos llaman a esto el efecto ventana de Overton: el rango de ideas consideradas aceptables se mueve y lo hace sin que nadie firme ningún acuerdo. Basta con que las instituciones traten ciertas posiciones como normales para que lo sean.

Para muchos analistas, la celebración acrítica de Magyar es un acto de esa naturaleza: al presentarlo como la solución, Europa está ratificando que su programa —xenofobia gestionada, ambigüedad sobre los derechos LGTBI— y el contexto en el que lo desarrollará —un parlamento sin izquierda— son el nuevo estándar de lo aceptable.

Frente a las celebraciones de gran parte de la Europa progresista, algunos de cuyos dirigentes han hablado de “esperanza”, de “vibrante y sólida democracia”, e incluso de “punto de inflexión” para Europa, Manon Aubry, copresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, alzó una voz mucho más crítica que es toda una advertencia: “Péter Magyar no es una ruptura clara con la era Orbán. Liderará una política firmemente anclada en la derecha”.

La UE ha construido en los últimos años una doctrina implícita: si un gobierno es proeuropeo y antiputinista, el resto es negociable. Ese credo tiene una lógica geopolítica comprensible en el contexto de la guerra en Ucrania y de la erosión del proyecto comunitario desde dentro. Pero tiene un coste ético que raramente se contabiliza.

Al priorizar la estabilidad institucional sobre el progreso en derechos, Europa está diciendo a sus minorías —a los solicitantes de asilo que seguirán encontrando la valla, a la comunidad LGTBI húngara que seguirá viviendo bajo leyes discriminatorias— que su situación es un asunto de segunda categoría. Que lo que importa es el voto en el Consejo Europeo y el desbloqueo de fondos, no la arquitectura legal que regula sus vidas.

El contexto parlamentario completa un cuadro mucho más sombrío de lo que la mera caída de Orbán sugiere. Por primera vez desde el fin del régimen totalitario, en 1989, la Asamblea Nacional húngara no tendrá ningún partido de izquierda. Tisza, Fidesz y Mi Hazánk —centroderecha, derecha nacionalista y extrema derecha— ocuparán todos los escaños. 

Es como si en el Congreso solo tuviesen asiento Ayuso, Abascal y Falange. La Coalición Democrática (centro izquierda) no superó el umbral del 5%. El Partido Socialista Húngaro (MSZP), los partidos verdes y los centristas de Momentum, con escasas expectativas en solitario, renunciaron a presentar candidatos para facilitar la victoria del partido de la oposición mejor situado.

Tisza cuenta con una supermayoría de dos tercios que le permite reformar la Constitución. Sin una oposición parlamentaria progresista, esa capacidad de reforma se ejercerá en un espacio ideológico que va del conservadurismo moderado al ultranacionalismo.

Para los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, eso significa operar sin representación institucional, dependiendo exclusivamente de la presión desde fuera del sistema. Es, en términos prácticos, la institucionalización del orbánismo bajo una dirección más presentable.

La derrota electoral de Orbán es real y todo hace pensar que tendrá consecuencias reales. El fin de la captura sistemática de instituciones, de la presión sobre la prensa independiente, del bloqueo a los fondos europeos como herramienta de chantaje político: todo eso importa.

Pero confundir el fin del síntoma con el fin de la enfermedad, advierten cada vez más analistas, es un error que la izquierda europea lleva cometiendo con demasiada frecuencia. La enfermedad es la normalización de un programa político que excluye a las minorías, cierra las fronteras a quienes huyen de la guerra o la pobreza y trata los derechos civiles como moneda de cambio electoral. Esa enfermedad no desaparece porque su portador aprenda a hablar en los foros de Bruselas con buenos modales.

Human Rights Watch ya ha señalado que la prueba real para el gobierno de Magyar será concreta y medible: si retira los cargos criminales contra activistas LGTBI, si reforma los criterios que permiten prohibir eventos del colectivo bajo estándares vagos de “daño a menores” o si da señales de que la arquitectura legal discriminatoria heredada de Orbán tiene fecha de caducidad. Hasta ahora, Magyar no ha dado esas señales.

Lo que queda, si se confirman los peores temores, no es una primavera democrática. Es algo más parecido a un invierno social: el fin de los ataques más estridentes del Estado, sin la voluntad política —al menos de momento— de desmantelar las estructuras que los hacían posibles. Una transición gestionada en términos conservadores, paradójicamente celebrada en términos progresistas. Y en ese desajuste entre lo que se celebra y lo que ha ocurrido realmente reside, para muchos observadores europeos, el problema más duradero de todos: el de una izquierda que lleva tanto tiempo gestionando derrotas que ha olvidado cómo se distinguen de las victorias.

Se ha caído con todo el equipo Orbán en Hungría, las elecciones lo han mandado sin contemplaciones a casa y la oposición lo ha barrido en las urnas. Hay muchas lecturas de este vuelco político. La primera, que ha fracasado el candidato al que apoyaban tanto Putin como Trump, que son el mismo perro con distinto collar y tienen una misión compartida: arrasar las democracias liberales. Al primero le hacía de correveidile y filtraba a Rusia, en tiempo real, las deliberaciones en los consejos de la Unión Europea; el segundo tiene sus propios problemas, todos los que se ha creado él solo o en compañía de Netanyahu, en Oriente Medio y alrededor del mundo, pero también se ofreció a apoyar financieramente a su camarada de la ultraderecha, si salía reelegido. A otra cosa, mariposa, se dirá ahora el jefe de la Casa Blanca, que con sus cambios de humor y sus amenazas no ha logrado, ni mucho menos, derribar al régimen de Irán, que nadie sabe exactamente en manos de quién está: mala cosa, esta lucha de lo impredecible contra lo invisible.

La segunda evidencia es que Europa se quita una espada de Damocles de encima de la cabeza, dado que Orbán —parece claro que siempre a las órdenes del Kremlin— bloqueaba todo aquello que podía, era un palo en la rueda y el enemigo en casa; y en este momento, cuando el amigo norteamericano se ha ido con otro y ha evidenciado la debilidad del continente en muchos aspectos: no hace falta ser un gigante para tener los pies de barro.

El tercer análisis da lugar a preguntar si este batacazo será la primera ficha en el dominó de la extrema derecha que cae y si las demás irán detrás. Aquí en España, sin ir más lejos, ¿tiene Abascal que poner sus barbas a remojar? Por el momento, podría ser que se le hubiera cerrado un grifo de financiación del que salían muchos billetes y que dejen de verse por los aeropuertos de Budapest y Madrid los maletines que se ha publicado que viajaban de un país a otro. ¿Será cierto que aquí hay quien le roba hasta a su propia financiación irregular?

El Gobierno y el Partido Popular, por su parte, han estado de acuerdo en el fondo, aunque hayan disfrazado la coincidencia de discrepancia, para guardar las formas. El vencedor de las elecciones en Hungría es conservador, aunque le han avalado también desde la izquierda, y eso lo venden desde la calle de Génova como un triunfo y una premonición de lo que ocurrirá aquí. ¿No sería más sensato abrir el otro ojo y darse cuenta de que a lo que se ha enfrentado y ha vencido Péter Magyar es, justamente, a la ultraderecha de la que es aliado Feijóo y con la que pretende llegar a La Moncloa? El problema es que, si lo hace, todos pagaremos un precio muy alto. No debería hacerlo; no se puede ser tan Vox Esponja, si me permiten la broma, y absorber tantos preceptos intolerables de esa gente.

Orban ha caído y Trump se tambalea. Igual hasta nos queda un poco de futuro.

La culpa de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, haya perdido las elecciones este domingo tras 16 años ininterrumpidos en el poder —a los que hay que sumar otra legislatura de 1998 a 2002— no es de que haya gobernado con mano de hierro sin apenas controles democráticos, con graves casos de corrupción y un empobrecimiento generalizado del país, sino de la “brutal campaña” contra el dirigente ultra “protagonizada” por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y “eurodiputados del PP y la izquierda”. Ese es el argumento que dio este lunes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que consideró una “mala noticia” la derrota de su principal aliado.

Lo cierto es que se trata de un duro golpe para la formación ultraderechista española, ya que hasta ahora Orbán ha sido la pieza central en la arquitectura internacional de Vox construida por su líder, Santiago Abascal. La caída del primer ministro húngaro debilita a la extrema derecha en términos simbólicos, estratégicos y financieros, aunque Garriga aseguró que su partido tiene total “autonomía” y que solo se debe a los “70.000 afiliados” de la formación.

El hasta ahora primer ministro también ha sido una importante fuente de financiación para Vox —y otras derechas radicales—, ya que la banca húngara otorgó un préstamo millonario a la formación española para sufragar sus campañas para las elecciones generales de 2023 y para las europeas de 2024, tal y como demostró la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), desarrollada por infoLibre y Follow the Money. El Ejecutivo de Orbán posee un 20,01% del banco involucrado en esa operación. Según Vox, se vieron “obligados" a buscar financiación fuera porque las entidades españolas no querían prestarles dinero.

Para los ultras, Orbán ha encarnado durante dos décadas el nacionalismo excluyente, la confrontación con Bruselas, la guerra cultural contra la izquierda, el endurecimiento migratorio, la hostilidad hacia los medios de comunicación y la lucha por los llamados “valores occidentales”. Era la brújula de Vox, el ejemplo de que se podían moldear las instituciones, condicionar a Bruselas y resistir el aislamiento. Hasta ahora.

Orbán no es un aliado cualquiera para Abascal, sino la figura detrás de la creación de Patriotas por Europa, el grupo del Parlamento Europeo en el que está Vox y que preside Santiago Abascal. “No podríamos tener un líder mejor que tú", aseguró el primer ministro húngaro en la visita de Abascal a Budapest para apoyarle. Ese grupo cuenta con 85 eurodiputados, pero Orbán no sólo aportaba escaños, sino que condicionaba políticamente a la Unión Europea. Durante los últimos años ha vetado iniciativas en el Consejo Europeo y no le ha puesto las cosas fáciles a la Comisión de Von der Leyen.

Sin Orbán, Patriotas por Europa pierde a una de sus figuras con mayor capacidad de condicionar la agenda comunitaria. Por ese motivo Abascal fue a Budapest a arroparlo. Desde la capital húngara lo definió como "uno de los mejores políticos de este siglo" y aseguró que era "el auténtico protector de Europa”. “Queremos que Europa siga siendo así, con su propia identidad y tradiciones, las dignas portadoras de la civilización occidental y cristiana", señaló. Tras su derrota, Abascal publicó un mensaje en su cuenta de X en el que afirmó que “Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista”.

El líder de Vox también hizo una apuesta estratégica por Orbán al sacrificar su alianza con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Parlamento Europeo. Se adhirió al grupo de Patriotas y abandonó a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) tras las elecciones europeas de 2024, un movimiento que fue muy criticado internamente. El hecho de que Orbán ya no esté en el poder debilita, además, la idea de que esa “internacional” está en fase ascendente e imparable. Es un revés para la red ultraconservadora internacional y una victoria del campo proeuropeo frente al modelo iliberal.

Orbán también ha sido el principal aliado del presidente ruso Vladimir Putin dentro de la Unión Europea —lo que incomodaba especialmente a los ultras españoles— y uno de los apoyos más claros para la estrategia de su homólogo estadounidense, Donald Trump. Con su derrota, el Kremlin pierde su interlocutor más fiable en la UE y, para el universo trumpista, cae uno de sus socios ideológicos más emblemáticos en el continente. 

Tal era la importancia de que Orbán revalidara el mandato que el vicepresidente de Trump, JD Vance, se desplazó hasta Budapest para hacer campaña por él y puso de manifiesto que no sólo estaba juego la jefatura de gobierno sino la necesidad de contar con un socio fiable con un rumbo opuesto a los intereses de la UE. “Querría enviar de verdad una señal a todo el mundo, en particular a los burócratas de Bruselas”, afirmó el vicepresidente estadounidense, “que han hecho todo lo posible para mantener al pueblo húngaro bajo presión porque ellos no aman al líder que defiende al pueblo de Hungría”.

La internacional ultra se volcó con Orbán, sabedora de que si perdía las elecciones ante el conservador Péter Magyar, su fuerza en el viejo continente se vería debilitada, con una menor capacidad para influir en el rumbo de la Unión Europea, dejando a Meloni más dispuesta aún a participar en políticas comunitarias como el apoyo a Ucrania, las sanciones contra Rusia, las críticas a Estados Unidos por su unilateralismo belicista y, quizás, a rebajar la presión sobre las políticas del Pacto Verde, y quedando sólo como líder euroescéptico el eslovaco Robert Fico, a la espera de lo que deparen las presidenciales francesas de 2027.

Así, el fracaso del húngaro se suma al desgaste de Vox por su cercanía a Trump, pese a que el presidente norteamericano se ha convertido para una parte muy amplia de la sociedad española en un símbolo de inestabilidad, unilateralismo y amenaza bélica, y que ha impulsado medidas muy impopulares como los aranceles. Aun así, mientras el resto de la derecha radical europea comienza a tomar distancia de Trump, Vox se mantiene inquebrantable.

Ese desgaste externo coincide, además, con un momento de tensión interna en Vox. La caída del principal aliado de la formación ultra en Europa llega en plena crisis interna del partido, cuando los críticos de la dirección cuestionan tanto la deriva estratégica como la apuesta internacional de Abascal al mismo tiempo que sitúan el foco en el enriquecimiento personal tanto del líder de Vox como de su núcleo más cercano.

El hecho de que el primer ministro húngaro haya sido derrotado por Magyar, excompañero de partido de Orbán, es también un aviso para Vox en un momento en exdirigentes de la formación como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith están liderando una revuelta contra la dirección de Abascal. Magyar ha puesto fin a 16 años de poder de Fidesz con una amplísima victoria, favorecida por una participación récord y por un voto que ha atravesado generaciones, ciudades y clases sociales en Hungría.

Este mismo lunes, en Los Desayunos del Ateneo, Espinosa de los Monteros lanzaba una advertencia a Abascal tras la derrota de su aliado: “Lo que me dice la victoria de Péter Magyar es que, pese a las apariencias, cuando un buen líder se va deteriorando o tiene posiciones diferentes con las que llegó, se le puede ir desplazando. Es una buena noticia”.

Iván Espinosa de los Monteros dejó la política institucional hace casi tres años, pero no renuncia a estar en el foco mediático. El ahora presidente de la fundación Atenea asistió este lunes a los desayunos organizados por el Ateneo. En ese foro, habló largo y tendido sobre la derrota del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y lo definió como uno de los hechos políticos más relevantes del momento en Europa, aunque aseguró que no es un “cambio total” porque la derecha domina por completo el Parlamento.

El exportavoz de Vox sí lo interpretó como una señal del desgaste de la “derecha iliberal”, aunque evitó denominar a la formación de Orbán, Fidesz, como “ultraderecha”. Frente a esa corriente, reivindicó una "derecha liberal y conservadora", asentada en la separación de poderes y en la independencia institucional. En su intervención, en la que conversó con los periodistas Jesús Maraña, Javier Casqueiro y Ester Palomera, aprovechó para trazar una enmienda al rumbo que, a su juicio, han tomado algunos sectores de la derecha europea en los últimos años.

La derrota de Orbán, según el exportavoz ultra, es también un aviso para el líder de Vox, Santiago Abascal. Aunque evitó citarlo por su nombre, incidió en que incluso liderazgos muy consolidados pueden ser apartados. “Lo que me dice la victoria de Péter Magyar es que, pese a las apariencias, cuando un buen líder se va deteriorando o tiene posiciones diferentes con las que llegó, se le puede ir desplazando. Es una buena noticia”, afirmó. 

Espinosa de los Monteros subrayó que Hungría ha demostrado, además, que la capacidad de injerencia de las grandes potencias tiene límites. "Los húngaros han votado lo contrario de lo que querían [Vladimir] Putin y JD Vance", resumió, en alusión al presidente ruso y al vicepresidente estadounidense. Así, concluyó que ni Moscú ni Washington pueden dar por descontado el éxito de los partidos afines a sus intereses.

El exdirigente ultraderechista también sostuvo que la política de alianzas de su antigua formación "es debatible y no necesariamente el mejor" y dejó claro que no comparte su posicionamiento acrítico con figuras como la de Orbán o la del presidente estadounidense, Donald Trump. A su juicio, la experiencia de Hungría demuestra que sus modelos pueden encontrar límites electorales cuando se erosiona la confianza de los votantes.

También habló sobre la situación de Vox y sus diferencias con la dirección del partido. Recordó que abandonó la formación en 2023 de manera voluntaria, tras años de "servicio y sacrificio" personal, familiar y económico, y señaló que muchas de las decisiones adoptadas después se han tomado de forma opaca, incluso para buena parte de la propia cúpula. Afirmó que él ni siquiera formaba parte del comité ejecutivo y dio a entender que muchas decisiones relevantes no eran conocidas por la mayoría de quienes debían estar al tanto de ellas.

Esa es precisamente la crítica que han lanzado nombres como el de Javier Ortega Smith, exsecretario general del partido, que han denunciado la falta de democracia interna en la formación de Abascal y la opacidad en el partido y las instituciones en las que los ultras tienen presencia, además del beneficio económico que supone para Abascal y su núcleo más cercano el hecho de estar en política.

“Creo que Javier [Ortega Smith] es una persona que tiene un peso enorme para hablar de Vox porque ha sido uno de los fundadores. Una de las cosas que me ha impresionado es que ahora haya gente, sobre todo los que han llegado nuevos, intenten reescribir la historia del partido”, lamentó, al tiempo que destacó que la llamativa forma que tiene la dirección de Abascal de echar a miembros de la formación “antes de un proceso electoral”. En ese sentido, mencionó su propio caso. El partido le abrió un expediente apenas unas horas después de que el presidente andaluz Juanma Moreno convocara las elecciones.

En materia de política internacional, sin embargo, justificó muchas de las decisiones tomadas por Trump, entre ellas la de la guerra con Irán y el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela.  A su juicio, hay "luces y sombras" en la actual administración estadounidense. Consideró una "pésima idea" decisiones comerciales que perjudican a España como los aranceles, pero alabó al mismo tiempo su ofensiva contra la agenda "woke". Su tesis fue que ningún partido nacional debe alinearse sin reservas con líderes extranjeros, porque la única guía válida deben ser los intereses de España. Ahí, admitió que es “debatible” que Vox “esté defiendo los intereses de España”.

Su apoyo a Israel fue mucho más explícito. Reiteró que se trata de "la única democracia" de la zona y de un dique frente al "islamismo terrorista", aunque admitió que no todo lo que hace el Gobierno de Benjamín Netanyahu le parece bien. Sobre Irán, en cambio, no dejó espacio para la ambigüedad. Lo definió como una amenaza permanente, un régimen "machista, homófobo, totalitario" que lleva años enriqueciendo uranio y contribuyendo a desestabilizar Oriente Próximo, de Líbano a Gaza. La guerra, dijo, es "indeseable", pero añadió que a veces no queda otra opción cuando enfrente hay un actor que amenaza de forma constante.

Un juzgado de Madrid investigará por un delito fiscal de cerca de un millón de euros del IRPF al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez "Alvise" y al que investiga la Audiencia Nacional por una estafa piramidal de 185 millones, según informa EFE. 

En un auto fechado el pasado 30 de marzo al que ha tenido acceso EFE, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordena la apertura de una pieza separada por fraude fiscal tras analizar un informe de la Agencia Tributaria que implica a Romillo en un fraude durante el año 2022.

El 15 de diciembre de 2025, Calama procesó a Romillo y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a instancias de afectados por esta operativa, muchos de ellos representados por el bufete Zaballos Abogados.

En su auto de apertura de pieza separada, el magistrado explica que está "constatado" que en 2022 Romillo promociona en su página web mecanismos para la elusión de impuestos, tales como "poner bienes a nombre de familiares y amigos; ocultar la residencia fiscal en España, para evitar tributar; simular la residencia fiscal en otro país; utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras; distraer ingresos para que no tributen, e inflar los gastos de una empresa". Al tiempo, añade el auto, Romillo siguió sus propias "estrategias" para consumar un fraude fiscal durante el ejercicio 2022.

A través de un "embrollo societario", Romillo quiso opacar "los verdaderos ingresos generados por el que, en definitiva, era el único motor que daba origen a sus ingresos", que era su éxito en redes sociales.

En 2022 ingresó a través de sus numerosas sociedades cerca de 3 millones de euros, por lo que Hacienda le atribuye un delito de fraude fiscal del IRPF que ronda el millón de euros (906.919,31 euros), además de defraudar más de medio millón en concepto de IVA.

En paralelo, la Audiencia Nacional investiga el fraude piramidal ideado por Romillo, conocido como Criptospain, que ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito". 

El objeto de esta organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable. 

A través de dicha web, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

Calama investigará por un fraude fiscal de más de 88 millones en 2023 y 2024 a Álvaro Romillo. En un auto fechado el pasado 1 de abril al que ha tenido acceso EFE, el titular del juzgado central nº 4 amplía el procesamiento que decretó el pasado 15 de diciembre contra Romillo y otras nueve personas.

Ahora, Calama amplia la pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales al encontrar "indicios racionales" de fraude del IRPF y del impuesto de patrimonio de 2023 y 2024. Mediante "la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica", Romillo habría defraudado 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en concepto de IRPF, así como 2.247.336,80 euros para el ejercicio 2023 y 6.068.774,76 euros para 2024 del impuesto de patrimonio.

En su auto, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, donde permanece desde el pasado 7 de noviembre, al haber detectado que el procesado se encuentra "en una privilegiada situación en orden a eludir la acción de la Justicia, pues dispone de una ingente cantidad económica con la que sufragar el acceso a medios ilícitos que le permitan abandonar el territorio nacional". 

Dicha organización criminal, destaca el auto, cuenta, "al menos, con 52 sociedades instrumentales, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, en 15 jurisdicciones diferentes (Portugal, Bélgica, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumania, Malta, Reino Unido, Albania, Estados Unidos, República Dominicana, Malasia, Singapur, Hong Kong y Tailandia)". 

En 2020, España tenía más ateos y agnósticos que musulmanes. Bastante más: el 26,4% de la población no se identificaba con ninguna religión, frente al 3,6% que era musulmán. Si hubiera que describir la transformación religiosa real de España en la última década, el protagonista no sería el islam. Sería la secularización.

Este dato procede del informe Religious Diversity Around the World, publicado en febrero de 2026 por el Pew Research Center, el centro de investigación demográfica más citado del mundo en materia de religión. El estudio analiza la composición religiosa de 201 países y territorios a partir de más de 2.700 censos y encuestas, y construye un índice que permite comparar el grado de pluralismo religioso entre naciones y regiones. Sus conclusiones sobre España no dejan mucho margen a la ambigüedad: este es un país con una minoría musulmana modesta, en retroceso cristiano acelerado y con un nivel de diversidad religiosa inferior al promedio europeo.

Para ordenar y comparar, Pew utiliza el Índice de Diversidad Religiosa (RDI), una herramienta matemática derivada del índice Herfindahl-Hirschman, habitual en economía para medir la concentración de mercados. Una puntuación cercana a 0 indica que casi toda la población pertenece a un único grupo religioso. Una próxima a 10 refleja una distribución muy equilibrada entre siete categorías: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, otras religiones y personas sin afiliación religiosa.

España obtuvo en 2020 una puntuación de 5,2, lo que la sitúa en el nivel “moderado” de diversidad. Diez años antes, en 2010, su puntuación era de 4,0. El salto es real, pero su causa principal no es el crecimiento del islam sino la desafiliación religiosa masiva entre la población tradicionalmente cristiana.

La comparación dentro de Europa es donde el contraste se hace más nítido. El continente en su conjunto registra un RDI de 5,6, clasificado como diversidad ”alta”. España, con su 5,2, no alcanza ese umbral. Está por debajo de la media.

Los países europeos con mayor diversidad religiosa son también aquellos con minorías más numerosas y mejor distribuidas: Francia alcanza un RDI de 6,9, el Reino Unido llega igualmente a 6,9, Suecia a 6,3, Alemania a 6,4, Suiza a 6,1 y Bélgica a 6,8. Todos clasificados como diversidad “alta”. España, con su 5,2, no comparte esa categoría.

El desglose de población musulmana confirma la misma imagen. Francia tenía en 2020 un 9,1% de musulmanes. El Reino Unido, un 6,4%. Alemania, un 6,5%. Suecia, un 8,1%. Austria, un 8,3%. Bélgica, un 6,8%. España, con su 3,6%, estaba por debajo de todos ellos, y en algunos casos la diferencia no es marginal: Francia tenía más del doble de proporción de población musulmana que España. Suecia, más del doble también. Austria, más del doble.

Para encontrar países europeos con proporciones similares a las de España hay que mirar hacia el sur y el este del continente: Italia tenía un 4,4%, Grecia un 5,1%, Portugal un 0,4%. España ocupa, en el mapa europeo, una posición intermedia-baja en lo que a presencia musulmana se refiere.

Hay un ángulo que los relatos del pánico demográfico eluden sistemáticamente. El principal cambio en la composición religiosa española entre 2010 y 2020 no fue el crecimiento del islam, sino el retroceso del cristianismo y la expansión de la desafiliación religiosa.

En una sola década, la proporción de cristianos en España bajó del 78,6% al 69,5%: nueve puntos porcentuales. En el mismo período, las personas sin religión pasaron del 19% al 26,4%, un crecimiento de más de siete puntos. El islam creció del 2,1% al 3,6%, un aumento de un punto y medio. Los titulares sobre el cambio religioso en España deberían hablar de laicización, no de islamización.

Este patrón se repite en toda Europa occidental con variaciones de grado. El informe de Pew documenta que los cambios más significativos en el RDI de alrededor de dos docenas de países entre 2010 y 2020 se debieron fundamentalmente a la desafiliación cristiana. En Estados Unidos, el mayor país cristiano del mundo por número de fieles, la proporción de cristianos cayó catorce puntos en una década, del 78% al 64%, mientras que los sin religión pasaron del 16% al 30%. El país no se islamizó. Se secularizó.

Un informe anterior del mismo Pew Research Center, publicado en 2017 y dedicado específicamente al crecimiento de la población musulmana en Europa, ofrecía proyecciones hasta 2050 bajo tres escenarios distintos en función de los flujos migratorios.

En el escenario de cero migración —suponiendo que toda inmigración cesase de forma inmediata y permanente—, la población musulmana en España crecería del 2,6% de 2016 al 4,6% en 2050, impulsada únicamente por la mayor fecundidad relativa y la menor edad media de esa población. En el escenario de migración media —continuación de flujos regulares sin el componente de refugiados—, el porcentaje llegaría al 6,8%. En el escenario alto, el más extremo y que el propio informe calificaba de poco realista para España dado su perfil migratorio histórico, alcanzaría el 7,2%. Dentro de 24 años.

El contexto de esas cifras importa tanto como las cifras mismas. España es un destino de migración regular procedente principalmente de Marruecos, no un receptor masivo de refugiados como sí lo fueron Alemania o Suecia durante la crisis de 2014-2016. Esa diferencia en el perfil migratorio explica por qué las proyecciones españolas son las más moderadas de Europa occidental. En el escenario alto para Suecia, la proporción de musulmanes podría superar el 30% en 2050. Para España, no llega al 8% ni en el peor de los casos.

Dicho de otro modo: en 2050, incluso en el escenario más elevado de las proyecciones, España tendría una proporción de musulmanes inferior a la que Francia, el Reino Unido o Alemania tenían ya en 2020.

Habrá quien considere desactualizadas las cifras del Pew y sus previsiones. Según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC) 2025, elaborado por un equipo académico coordinado por Eugenia Relaño Pastor y publicado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, las confesiones no católicas, incluyendo la musulmana junto al resto de minorías religiosas, no superan en 2025 el 8% de la población adulta, frente a una mayoría relativa que sigue declarándose católica y a un 42% que se sitúa ya fuera de cualquier adscripción religiosa.

No es el único estudio que apunta en esa dirección. En la nota de coyuntura social de Funcas titulada Poco más de la mitad de los españoles se reconoce como católico (junio de 2025), elaborada por el Área Social de Funcas, se señala que las religiones no cristianas —principalmente el islam— han crecido en la población residente en España, pasando del 1% al 3% entre 2002 y 2024 según la Encuesta Social Europea.

Pero este aumento se inscribe en un contexto en el que el espacio dejado por el catolicismo no ha sido ocupado sobre todo por otras confesiones, sino por personas que se declaran indiferentes, agnósticas o ateas. El informe subraya que, pese a la incorporación de población de origen extranjero que podría haber impulsado otras religiones, el cambio más cuantitativamente relevante es el incremento de quienes no se identifican con ninguna religión, del 22% en 2002 al 42% en 2024, lo que supone una transformación sustancial del panorama religioso en España.

La teoría del gran reemplazo, popularizada por el escritor francés Renaud Camus a partir de 2011 y adoptada posteriormente por partidos y movimientos de extrema derecha en toda Europa, incluido Vox, sostiene que las poblaciones autóctonas occidentales están siendo reemplazadas deliberadamente por poblaciones inmigrantes de mayoría musulmana. Es una narrativa que ha inspirado atentados terroristas —en Christchurch, en Quebec o en Londres— y que ha ido ganando terreno en el discurso político convencional de varios países europeos, España incluida.

Su eficacia persuasiva no descansa en los datos, sino en su capacidad de generar inquietud ante cambios demográficos reales, pero mucho más modestos de lo que el relato sugiere. La presencia musulmana en España es un hecho documentado y ha crecido en las últimas décadas, igual que ha crecido el número de personas de otras confesiones y de ninguna. Eso es lo que hacen las sociedades abiertas: diversificarse. Pero la distancia entre ese proceso —gradual, documentable, comparable con el de cualquier democracia europea— y la narrativa de la sustitución deliberada es la distancia que separa un hecho de una conspiración.

Los datos del Pew Research Center no hacen política. Miden distribuciones, proporciones, índices. Y lo que miden para España en 2020 es un país con mayoría cristiana en retroceso acelerado, un sector laico en expansión, una minoría musulmana por debajo de la media europea y un nivel de diversidad religiosa moderado. Nada en esas cifras sostiene el relato del gran reemplazo.

Vox llegó a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 como la tercera fuerza del país, con 1.670 ediles. Dos años después, el partido de Santiago Abascal ha perdido 87 concejales —uno de cada 20— que han abandonado o han sido expulsados de sus grupos municipales y hoy figuran como no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. El porcentaje, más de un 5%, multiplica por diez el del PP y por ocho el del PSOE, según el análisis de infoLibre a partir de datos del Ministerio de Política Territorial.

Cuando un edil abandona o es expulsado del partido por cuyas listas fue elegido, la Ley de Bases de Régimen Local le impide integrarse en otro grupo y le obliga a sentarse solo, con derechos políticos y económicos reducidos. En la práctica, el no adscrito queda en tierra de nadie institucional —excluido de comisiones, sin medios del grupo— pero conserva su acta y, con ella, su voto.

El análisis de infoLibre sobre la composición actual de los ayuntamientos españoles identifica 444 concejales no adscritos en total, procedentes de todas las fuerzas políticas. El PSOE y sus federaciones autonómicas —PSdeG, PSOE-A, PSN…— acumulan 128, el mayor número en términos absolutos. El PP suma 104. Pero en términos relativos, la diferencia con Vox es abismal: PP y PSOE se mueven en porcentajes del 0,44% y el 0,62%, respectivamente, sobre sus ediles electos el 28M. Vox tiene un 5,21%.

El desglose geográfico de la descomposición interna del partido se distribuye de la siguiente manera: Castilla y León y la Comunidad de Madrid concentran cada una 14 de los 87 no adscritos de Vox, seguidas de Castilla-La Mancha con 13 y la Comunitat Valenciana con 12.

Ni el mapa ni las cifras del análisis incluyen dos casos recientes en grandes núcleos urbanos: Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid y Beatriz Sánchez del Álamo en el de Cartagena. En el caso de la capital, Ortega Smith ha sido expulsado del partido que cofundó, pero sigue actuando como portavoz en el pelno a a la espera de que se oficialice su condición de concejal no adscrito. En Cartagena, ha sido la concejal de Turismo la que ha anunciado su marcha de la formación de Abascal denunciando la "deriva" y el "trato inhumano" hacia sus miembros, pero el consistorio tampoco ha registrado aún su paso a edil no adscrita. De los casos ya consolidados, el más extremo en una capital de provincia es el de Palencia, donde Vox obtuvo tres concejales en el 28M y ha visto cómo dos de ellos pasaban a no adscritos por vías distintas, dejando al partido con un único edil que, para más inri, está a su vez expedientado.

El primero en caer fue Ricardo Carrancio, expulsado en febrero de 2024 tras ser condenado por insultar y golpear a un hombre con discapacidad. El segundo es el caso más llamativo: Sonia Lalanda, hasta entonces portavoz del grupo municipal, fue expulsada por criticar públicamente a la dirección nacional. En el pleno en el que formalizó su paso a no adscrita, Lalanda estuvo acompañada por Macarena Olona —que viajó expresamente a Palencia para el acto— y denunció las “prácticas sectarias” y la "deriva radical de extrema derecha" de Vox. El tercer concejal de Vox que queda en el Ayuntamiento, Emilio Polo, está expedientado precisamente por haber apoyado a Lalanda en su conflicto con la dirección del partido.

Valencia: crisis, readmisión y la Fiscalía Anticorrupción

El caso de Valencia ilustra hasta qué punto la inestabilidad interna de Vox puede sacudir instituciones de primer nivel. A principios de marzo de 2025 estalló el primer escándalo de presunta corrupción documentado en el partido: el hasta entonces vicealcalde y portavoz de Vox en el consistorio, Juan Manuel Badenas, quedó bajo investigación interna por el supuesto amaño de un contrato de 128.951 euros en favor de la empresa del marido de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Vox le abrió expediente y le suspendió de militancia, lo que le dejó fuera del grupo municipal junto a su pareja, la también concejala Cecilia Herrero, que pidió la baja voluntaria del partido.

Durante diez días, ambos figuraron formalmente como concejales no adscritos, dejando al Gobierno de coalición PP-Vox de la alcaldesa María José Catalá sin mayoría. Pero el 4 de abril, Vox readmitió a los dos a cambio de que pidieran disculpas públicas, y Catalá firmó una remodelación del Ejecutivo municipal. Sin embargo, la crisis se cerró en falso: la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas diligencias sobre los contratos adjudicados durante la etapa de Badenas como concejal de Empleo.

La sombra de la corrupción también planea sobre el grupo de Vox en Collado Villalba (Madrid), donde su concejala Ana Isabel Dompablo Guerrero pasó a no adscrita en febrero de 2026 tras ser apartada por presunta malversación de fondos públicos.

El fenómeno no es exclusivo de Vox

Las desavenencias internas de los grupos municipales afectan a todas las fuerzas, aunque con distinta intensidad. Los 444 concejales no adscritos identificados por infoLibreproceden de más de 80 formaciones distintas. Entre los casos más llamativos de esta legislatura destacan tres que ilustran los distintos mecanismos del fenómeno a través de todo el espectro político: el oportunismo político con contrapartida, la desobediencia interna castigada con expulsión y el escándalo personal del cargo.

El caso más documentado de transfuguismo con recompensa es el de Fran Vázquez en Nerva (Huelva). Vázquez se presentó al 28M como candidato de Con Andalucía (IU), pero durante las negociaciones postelectorales su partido le acusó de negociar al margen, abandonó la formación y figuró como concejal no adscrito. Gracias a su voto, el PP alcanzó la alcaldía de un municipio de mayoría histórica socialista que rompía por primera vez en democracia la hegemonía del PP en Nerva.

Meses después, el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva publicó el decreto por el que Vázquez era nombrado asesor del grupo de gobierno del PP en la Diputación Provincial. El portavoz del PSOE en la Diputación lo formuló sin rodeos: "La alcaldía de Nerva tuvo un precio". El propio Vázquez negó cualquier acuerdo previo. En mayo de 2025, una moción de censura conjunta de PSOE, IU y XNerva prosperó y devolvió la alcaldía al PSOE.

Algeciras: Landaluce, apartado pero no mucho

Pero el ejemplo de mayor resonancia mediática es el del alcalde de Algeciras, el popular José Ignacio Landaluce. Tras catorce años al frente del consistorio, causó baja en el PP el 2 de enero de 2026 después de que el PSOE trasladara a la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso sexual —denuncia que la Fiscalía acabó archivando el mismo mes—. La dirección del PP tramitó su baja como militante para proteger la imagen del partido.

Landaluce figura como edil no adscrito pero sigue ocupando la alcaldía con el respaldo explícito del grupo municipal del PP, que mantiene su disciplina de voto. La propia portavoz de Vox en el consistorio lo denunció en pleno: "Algeciras no está gobernada por el Partido Popular, está gobernada por un tránsfuga” [Vox utiliza el término “tránsfuga”, aunque en este caso el movimiento no se corresponde con la definición de transfuguismo]. El PP, por su parte, calificó la baja de su alcalde como "la mejor estrategia para defenderse" de la denuncia. Tras el archivo de la misma, Landaluce anunció una querella por injurias contra la ya exvicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se refirió a él como “condenado”. Montero se retractó y achacó su declaración al “fragor” del mitin en el que participaba. 

El PSOE de Santiago, reducido a mínimos

En Santiago de Compostela, el PSOE perdió de golpe cuatro de sus seis concejales por un conflicto de disciplina de voto. En junio de 2024, el grupo municipal socialista votó a favor de una ordenanza sobre viviendas turísticas impulsada por el gobierno del BNG, contraviniendo la instrucción expresa de la dirección del partido, que les había pedido que se abstuvieran. El proceso disciplinario que siguió acabó con la expulsión del partido para Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

Su paso formal a no adscritos se hizo efectivo en un pleno extraordinario en mayo de 2025, dejando al PSOE de Santiago —el partido que más años ha gobernado la capital gallega en democracia— con solo dos concejales. El caso tiene cola judicial: los cuatro expulsados han demandado al partido para impugnar las resoluciones disciplinarias, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán —que firmó las órdenes de expulsión— ha sido citado a declarar como testigo en el juicio por este caso, previsto para septiembre de 2026.

Siempre nos quedará París. Es probablemente la frase más inmortal de la historia del cine. Cuatro palabras que pronuncia Rick instantes antes de despedirse de Ilsa en el aeropuerto de Casablanca al final de la mítica película de 1942. Cuatro palabras que resumen la melancolía de un pasado perdido, de un amor que fue pero nunca más será y de todos los recuerdos concentrados en la ciudad. El personaje interpretado por Humphrey Bogart se despide así de ese mundo pasado, pero sabiendo que todo lo vivido perdura, inmutable pese a las circunstancias. Una nostalgia que también retrata Stefan Zweig, esta vez recurriendo a la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX, en su libro El mundo de ayer, todo un canto a la nostalgia y al tiempo pasado que, como siempre, pensamos que fue mejor.

En esas utopías pretéritas no cabe esperanza alguna para la recuperación. Rick no volverá a reencontrarse con Ilsa, a la vez que Zweig nunca volvería a ver esa Viena que añoraba. Una sensación tan poderosa que llevó al autor a suicidarse en Brasil, seguro de que los nazis triunfarían y acabarían con todo lo que un día fue suyo. Sin embargo, hay algunas utopías que se resisten a morir. En la década del auge de la extrema derecha en todo el mundo, con una Francia que parece dirigida irremediablemente hacia el precipicio de una presidencia dirigida por Rassemblement National (RN), París resiste. 

La capital francesa se ha erigido como una extraña aldea de irreductibles galos que decide seguir viviendo en una ciudad con una configuración partidista más propia del siglo pasado que de este. Las elecciones municipales solo han sido una nueva confirmación de que París sigue siendo una excepción en las tendencias ultras que amenazan Francia. Si alguien busca en los resultados de la segunda ronda los votos que sacó RN no encontrará absolutamente nada. El partido de Marine Le Pen ni siquiera pudo concurrir a esa fase de los comicios después de que solo les votaran 13.000 personas, un exiguo 1,61% de los votantes. 

Para completar el desastre, RN quedó incluso relegado por detrás del otro partido de extrema derecha, Reconquête (REC), fundado por el polemista Eric Zemmour. Sin embargo, tampoco ellos tuvieron mucha suerte, tan solo lograron 84.809 votos, apenas unas décimas por encima del 10% necesario para pasar a segunda vuelta. Ante las nulas posibilidades de conseguir la alcaldía, REC decidió renunciar y ni tan siquiera presentarse, dejando esa fase definitiva sin ningún representante de la extrema derecha. Algo insólito y que parece de ciencia ficción en un país donde las encuestas dan a Jordan Bardella, actual presidente de RN y sucesor de Le Pen ante su posible inhabilitación, favorito para las presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta.

Mientras tanto, dos partidos a los que durante estos años se les ha dado por muertos en el escenario internacional son completamente hegemónicos. Por un lado, el gran triunfador, el Partido Socialista (PS), que pese a las polémicas y el desgaste por su apoyo a Sébastien Lecornu, ganó de forma incontestable en París. Su candidato, Emmanuel Grégoire, recogerá el testigo de Anne Hidalgo con una fuerza de 428.143 votos y más de un 50% en la segunda ronda. Por otra parte, Les Républicains (LR), la antaño derecha gaullista y el partido de Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy, ahora galvanizada por la extrema derecha, logró en París un buen resultado comparado con su situación nacional, quedando segunda con un 41% de los votos en segunda ronda para su candidata, Rachida Dati. 

Ambos partidos históricos aglutinaron en primera ronda el 63% de las papeletas, ampliándose —por las retiradas en segunda— al 91%. Un bipartidismo casi perfecto. No es algo nuevo en la ciudad del amor. En prácticamente todas las elecciones ambas formaciones han sido primera y segunda fuerza, incluso en 2020, cuando el macronismo era una formación muy relevante en la capital, LR pudo aguantar con dos puntos de ventaja en la primera vuelta, un margen que subió a los 11 en la segunda. En cuanto a los socialistas, llevan gobernando de forma ininterrumpida en este siglo, siempre con ventajas cercanas a los 10 puntos en segunda ronda. 

Pero ¿por qué sucede esto? Los expertos lo atribuyen a muchos factores, pero uno de los más importantes es el dominio ideológico que los socialistas han logrado establecer en París. “Existe una cierta hegemonía alrededor de un conjunto de políticas públicas y de una visión de la ciudad que Hidalgo terminó de cristalizar durante su anterior legislatura. No hay que negar que todo el tiempo que llevan los socialistas ha hecho que se establezcan una serie de consensos que, por ejemplo, la izquierda no ha sabido implantar en otros lugares como Madrid”, afirma Marc Sanjaume, profesor de Ciencias Políticas en la Universitat Pompeu Fabra. 

Entre esas políticas puestas en marcha por Hidalgo están la reducción al máximo posible del uso del coche con la peatonalización de zonas icónicas como los bordes del Sena, la promoción del uso de la bicicleta y dotar a la ciudad de espacios verdes. Un modelo de ciudad que, pese a las divisiones que suscitó en la urbe y el desgaste de la propia alcaldesa, parecen haber permeado a los parisinos, volviendo a dar su apoyo al sucesor de Hidalgo.

“El PS, pese a su crisis, ha aguantado muy bien estos años en las municipales, y tiene alcaldías muy importantes por toda Francia. En el caso de París, Grégoire se ha aprovechado del impulso de Hidalgo y de sus políticas, de hecho, el electorado de izquierdas ha votado masivamente la continuación de estas. El parisino que vive en el centro— quizás no tanto el de la periferia, que no vota— ve que su ciudad es mucho más ‘vivible’ que hace unos años, y aprueba la transformación radical que ha implementado Hidalgo”, describe Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Otro de los factores más determinantes para que se dé esta “isla” es la espectacular división entre lo rural y lo urbano en Francia. Es cierto que en muchos países se han visto grandes cambios en la forma de votar entre las ciudades más grandes y los pueblos, pero quizás en el país galo es uno de los sitios donde este fenómeno se vuelve más radical. “Es una división que en Francia es tremenda. El país vive de unos polos urbanos de mucha modernidad, como puede ser París, pero eso convive con lugares que están completamente abandonados y con unos servicios públicos muy deficientes”, señala Sanjaume.

Para Fernández Vázquez, hay otra cuestión clave: el apellido Le Pen nunca ha tenido éxito en la capital. “Aunque Jean-Marie y Marine proceden de Bretaña, ambos se establecieron en París. Y lo curioso es que son las dos regiones donde peor les ha ido. Hay factores culturales que son determinantes para su poco éxito y que vienen de la estigmatización constante que ha tenido el partido en la ciudad. La gente que les votaba no lo decía en alto, lo escondía… y en buena medida eso les hacía ser una formación poco reconocible en París”, comenta Fernández Vázquez. En este sentido, es determinante atender a la composición interna de la capital. La ciudad de las luces es un lugar étnicamente diverso y multicultural, una idiosincrasia que choca completamente con los postulados antiinmigración de RN.

Sin embargo, ese mensaje sí es muy efectivo en esos lugares de Francia que no tienen el dinamismo económico de París. Del sentimiento de abandono que aflora en estos lugares fuera del área parisina se alimenta buena parte del discurso de la extrema derecha, que coloca a París como un lugar lleno de élites alejadas de la realidad del francés de a pie. “RN ha sabido detectar muy bien ese apego al territorio que tienen muchos franceses en contra de París, a la que ven como un nido de urbanitas, símbolo de buena parte de las cosas que odian, como por ejemplo las medidas ecológicas”, describe Sanjaume.

En este sentido, en Francia opera muy bien una lógica que también se ha visto en EEUU y que tiene que ver con la dialéctica de ganadores y perdedores de la globalización. “Existe una clase social, que suele vivir en las ciudades y particularmente en París, que ha visto cómo sus sueldos han subido, viven bien y disfrutan de esos privilegios. Mientras tanto, hay un conjunto de la población de las ciudades pequeñas y medianas y los pueblos cuyo nivel de vida ha ido bajando más y más”, explica el politólogo de la Universitat Pompeu Fabra. Ese resentimiento ha nutrido a RN y es uno de los factores clave para explicar su auge, pero ese discurso no tiene público en el lugar que precisamente usa como símbolo de esas élites que están hundiendo a los franceses rurales.

Otra de las cuestiones que explican el aguante de la izquierda en París es que en los barrios con la renta más baja los votantes no están apoyando, como sucede en otros lugares, a RN, sino que la izquierda ha sido capaz de canalizar ese descontento. En esos distritos más pobres, es llamativo cómo La Francia Insumisa (LFI) llega a superar el 20% de los votos, mientras que la extrema derecha continúa en números bajos. “El partido de Mélenchon está logrando un éxito tremendo entre la Francia más multicultural, la de origen migrante reciente. Ese grupo, con salarios bajos y renta pobre, ha sido uno de los sectores más abstencionistas. Pero LFI está sabiendo politizar y haciendo que voten. Eso solo lo está sabiendo hacer Mélenchon”, describe Fernández Vázquez. 

Sin embargo, y aunque los Le Pen no hayan tenido ningún éxito, Fernández Vázquez señala que el resultado de REC sí es reseñable. El de Zemmour es un partido aún más a la derecha que RN, pero con una composición demográfica y socioeconómica distinta que explica sus mejores números. “REC ha recibido el apoyo de una parte de los votantes de la derecha tradicional, de sus medios de comunicación y de los empresarios. Su electorado coincide con la parte de la sociedad más rica. Es un fenómeno difícil de explicar porque, a pesar de tener propuestas más radicales que RN, su grueso de apoyo está en los sectores más acomodados, bien vistos e integrados. Es esa ‘derecha del dinero’ la que les ha votado hasta el punto de pasar a la segunda ronda en un sitio tan hostil”, comenta Fernández Vázquez.

La única ciudad grande que se sale de este marco es Niza, donde RN, por medio de su alianza con el partido Unión de la Derecha por la República, del exlíder de LR Eric Ciotti, ha logrado la alcaldía. Sin embargo, una vez más, hay matices. “La gente identifica a Ciotti, pese a su deriva actual, con una derecha más tradicional, no tan demonizada como RN, lo que hace que pueda tener más éxito”, comenta Sanjaume. Además, el electorado de la Costa Azul, asegura Fernández Vázquez, es algo diferente al de otros que apoyan a RN: “Son unos votantes pertenecientes a una derecha de clase media-alta, conservadora en lo moral, antiimpuestos y obsesionada con la seguridad y la inmigración. En esos lugares hay mucho peso de clases acomodadas que estaban muy preocupadas por la llegada de los argelinos y por otros sectores que se sentían traicionados por la Francia oficial precisamente por la pérdida de Argelia”, zanja el politólogo.

Empeñado en dar la razón a Ramsés II, a Hitler, a Stalin y a cuantos dictadores aupó al poder con su poderío económico (hoy lo hace con el Agente Naranja yanqui) antes de ser por ellos perseguido, el sionismo ha rizado el rizo de la historia pasando, apenas un siglo después, de ser víctima en el holocausto judío a ser verdugo en el holocausto palestino. Como sucede con las dictaduras de tintes imperialistas, Israel ha decidido invadir todos los países limítrofes después de devastarlos como sólo los fascismos saben hacer.

El silencio cómplice del mundo ante el genocidio sólo ha sido roto por fanáticos cruzados de la extrema derecha radical para aplaudir y alentar a los genocidas. El calvario desatado en Oriente Próximo ha contado con escasas voces en contra como la del gobierno de España a la que se han sumado algunas más, amenazadas por el führer Trump y afeadas por medios influidos por Israel a pesar de los más de 200 periodistas asesinados en Gaza.

Al silencio o la aprobación ante la criminal actuación de Netanyahu y sus hordas asesinas se contrapone el coro de fariseos que, golpeándose el pecho, han puesto el grito en el cielo ante la prohibición por la policía israelí de que un patriarca católico (no cristiano, ojo) y su séquito celebren la tradicional misa del Domingo de Ramos en Jerusalén. ¡Eso sí es un crimen! La inmediata respuesta del sionismo ha sido aprobar, entre risas y champán (puro estilo nazi), la pena de muerte (la horca) para los supervivientes del pueblo palestino.

En España, atenta a sus propios calvarios, se ha cumplido la voluntad de Noelia de que se le aplicara la ley de la eutanasia. El calvario no ha sido su atormentada vida, ni la paraplejia y el dolor crónico sobrevenidos tras un intento fallido de suicidio, no. Su calvario ha sido el viacrucis a que la sometieron durante dos eternos años la banda talibán de Abogados Cristianos con la anuencia del padre cuyo recuerdo para la niña Noelia era “aguardar en bares hasta altas horas de la madrugada mientras él consumía alcohol”. Un calvario similar al culto al sufrimiento al que sor Teresa de Calcuta condenaba a los enfermos en la India.

En España, cuna del esperpento, unas mujeres han denunciado el calvario de que no las dejen acceder a las estructuras de la Iglesia Católica y su órbita cofradiera, dos bastiones donde arraigan la misoginia y el machismo que las oprimen secularmente. La demanda femenina a las hermandades es un síntoma de la renuncia de muchas mujeres a las conquistas igualitarias tras siglos de lucha. A ello contribuyen de forma activa y negativa influencers, como Rosalía, tras descubrir el pingüe filón comercial del sentimiento religioso que ofrecen junto a “virtudes” del ama de casa tradicional como planchar y hacer la colada.

Basta ver qué tipo de personas ocupan los puestos de mayor lucimiento y se dan los más grotescos golpes de pecho en los rituales de la Semana Santa para constatar que son los mismos sayones que gozan haciendo de la vida un calvario para el resto de la humanidad.

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Verónica Barcina es socia de infoLibre.