La intoxicación por aceite de colza desnaturalizado, que debería haber sido utilizado para uso industrial, acabó con la vida de 330 personas en 1981, según la sentencia judicial. Era el resultado de una trama de compraventa de aceite adulterado que escapó al control sanitario del país y desató una grave crisis social y política en la España de la Transición.

¿Qué pasó?

España es el único país del mundo que ha reportado casos del síndrome tóxico de colza. Se trata de una enfermedad producida por aceite de colza desnaturalizado con anilina al 2% —un compuesto orgánico altamente tóxico para el consumo humano—. En la primavera y verano de 1981, comenzó la que sería la mayor crisis sanitaria por intoxicación alimentaria hasta la fecha. Ahora conocemos el origen del trastorno, pero cuando ingresó el primer niño afectado en el mes de mayo, los sanitarios se encontraban frente a un cuadro clínico atípico y una incógnita difícil de resolver mientras los casos aumentaban exponencialmente.

Solo un mes y medio después, cuando ya había casi tres mil hospitalizados y un centenar de fallecidos, un grupo de diagnóstico del Hospital Niño Jesús de Madrid localizó un punto común a todos los enfermos: unas garrafas de aceite de colza que se vendían barato en los mercados de la capital. Se solventaba así el misterio sobre por qué la mayoría de afectados procedía de familias con bajos ingresos o por qué no aparecía en bebés de menos de seis meses, que todavía se alimentaban de leche materna.

A pesar de sus esfuerzos, los médicos no dieron nunca con un tratamiento del todo eficaz. La única solución que frenó realmente el crecimiento de casos fue la retirada masiva del aceite de colza. Se descubrió que lo que hacía enfermar a la población eran unas remesas adulteradas con anilina que deberían haber sido para uso industrial. Se investigaron a unas siete empresas productoras y más de 10 marcas de aceite, sospechosas de desnaturalizar el aceite deliberadamente para obtener beneficios económicos. Entre ellas, la más sonada fue Raelca, que abastecía a la zona sur de Madrid.

Finalmente, en noviembre de 1981, el Ministerio de Sanidad confirmó que la epidemia había entrado en fase regresiva, es decir, que cada vez había menos casos nuevos del síndrome tóxico. La enfermedad afectó a más de 20.000 personas, aunque no hay consenso sobre el número exacto de fallecidos por su causa. Mientras que el proceso judicial reconoció 330 muertes, otras fuentes hablan de 1.000 o 3.000 fallecidos en total.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Hay que tener en cuenta que el síndrome tóxico, como empezó a conocerse, es una intoxicación que solo se ha reportado en España. Es un caso único y, como tal, los médicos de la época no tenían antecedentes sobre los que apoyarse. Los tratamientos que se aplicaron para paliar los síntomas funcionaban con resultados desiguales entre pacientes. Dispusieron únicamente del tiempo que duró la crisis para desarrollar una cura, pero no fueron capaces de dar con el remedio universal.

“Después del primer ingreso, en una semana teníamos ya a varios niños con una serie de síntomas comunes: fiebre, un sarpullido como el del sarampión, tos y mocos. Algunos desarrollaban dificultad respiratoria, pero no encajaban en ningún diagnóstico convencional”, relata el médico Juan Casado, del grupo de diagnóstico del Hospital Niño Jesús que encontró el origen de la enfermedad.

Algunos síntomas se podían tratar con medicamentos específicos —por ejemplo, vasodilatadores para paliar la hipertensión pulmonar—, pero otros, como el edema pulmonar, requería soporte respiratorio en las UCI. Los esteroides servían para contrarrestar la respuesta autoinmune de algunos pacientes, pero no funcionaban en todos los casos. Para otros síntomas, como la esclerodermia —una afección de la piel que produce esclerosis sistémica que puede estar localizada o extenderse a todo el cuerpo— o las neuropatías —daños en el sistema nervioso—, ni siquiera se halló un remedio, y muchos de los enfermos terminaban por necesitar un trasplante pulmonar y cardíaco.

La hipótesis del Ministerio de Sanidad fue rápida: una infección debido a una cepa de neumonía atípica. Sin embargo, los médicos no encontraban la correlación entre los síntomas presentes y la neumonía. “No podíamos descartar todavía una infección, pero se alejaba porque era demasiado discriminatoria", comenta Casado en un especial informativo de El Confidencial. La enfermedad no parecía contagiarse por aire o por el contacto entre personas, aunque los sanitarios tomaron la precaución de llevar mascarillas y guantes, y no afectaba a los niños menores de 6 meses.

Encontrar la verdadera causa del mal recayó en ensayos de prueba y error. Como los antibióticos no funcionaban, descartaron la neumonía y la infección en general. Tampoco funcionaban los antihistamínicos, por lo que no era alergia. Finalmente, encontraron el origen de la patología gracias a unos detallados cuestionarios de hábitos alimenticios en los que había un factor común: el aceite de colza.

A partir de ese momento, pudieron tomarse las medidas precisas para cortar la venta del aceite adulterado, y los estragos de la intoxicación fueron disminuyendo poco a poco. Se incautaron más de 750.000 litros de aceite y se sacaron del mercado más de 20 marcas. Además, se pusieron en marcha varias campañas de intercambio de aceite de colza por aceite de oliva para las familias. No obstante, las secuelas para los más de 20.000 afectados no iban a cesar, y la población pedía responsabilidades y justicia mediante actos conmemorativos de las víctimas y de manifestación para reclamar sus derechos.

La Unidad de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico del Instituto Carlos III reconoce actualmente al SAT como una “enfermedad crónica que afecta aún en la actualidad a un elevado número de pacientes que presentan secuelas severas pulmonares, cutáneas y neurológicas”, aunque, dice, se desconocen sus efectos a largo plazo y, por tanto, “el seguimiento de estos pacientes es muy importante”. Pero ese seguimiento no es suficiente, ya que aun en la actualidad las víctimas reclaman un trato médico y político acorde a su situación.

¿Cómo se informó de ello?

La forma en que el Gobierno —por entonces aún en manos de la UCD— había gestionado la crisis no contentaba a la ciudadanía y desde algunos medios, como el ABC, se criticaba la falta de control sanitario que habría permitido la venta masiva del producto tóxico: “El alto grado de descontrol de la Administración para con los productos destinados al consumo humano dejó hace tiempo ya una libertad inusitada a quienes, valiéndose de argucias y para incrementar sus ya importantes ganancias comerciales, han atentado contra la vida de los españoles”. La democracia, aunque fortalecida tras el golpe de Estado de Tejero el 23F, tuvo que hacer frente a una nueva crisis de Estado.

A raíz de los primeros desmantelamientos de fábricas, depósitos y refinerías que trataban el aceite tóxico, la información sobre la colza se volvió una constante. Los nuevos hallazgos policiales iban construyendo una telaraña empresarial corrupta que se hacía cada vez más grande y complicada. Entre los reportajes de la época, destaca un exhaustivo análisis de El País en el que se señala a RAPSA (Refinería de Aceites de Pescado S.A.), una empresa situada en San Sebastián, como uno de los focos principales para el movimiento de la colza. También pone nombres y apellidos a muchos de los responsables que después serán juzgados y centra la mirada en Cataluña como el primer punto de distribución del aceite desnaturalizado.

A ellos se sumaron los hermanos Rafael y Elías Ferrero, que montaron su negocio en Carabanchel (Madrid), desde donde tejieron una red de distribución de la colza que les proporcionó cuantiosos beneficios económicos en poco tiempo. Se aprovecharon de las “amplias bolsas de fraude bien conocidas por los profesionales del sector” y, además de vender directamente a los consumidores, se hicieron con una buena bolsa de clientes entre vendedores ambulantes y garrafistas que revendían puerta por puerta su producto. Gracias a su éxito, movieron la base de la empresa a Alcorcón y se transformaron en Raelca. Se abastecían de aceite de colza comestible importado clandestinamente —y, por tanto, más barato— por empresas como Lípidos Ibéricos S.L., pero a partir de 1981 comenzaron sus contactos con Barcelona y la sustitución de la colza real por la desnaturalizada.

La crisis sanitaria fue tan grave que los medios de comunicación dedicaron buena parte de su contenido a la divulgación médica. Según una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid sobre la prensa sanitaria en España, en 1981 el 28% de las noticias del diario ABC y el 36% en el caso de El PaísABC El País se dedicaron a la información sanitaria. En ambos casos, además, esa información médica se ubica fuera de la sección específica dedicada a ello. Al incluirse en el apartado de política y dedicarle portadas y editoriales demuestran la urgencia de conocimiento sanitario que generó el síndrome tóxico.

¿Qué consecuencias tuvo?

La crisis de la colza comenzó en 1981 con los primeros intoxicados por el aceite, pero no se cerró al estabilizarse el número de afectados. La trama requería una depuración de responsabilidades y una compensación a las víctimas, pero el llamado “juicio del siglo” no consiguió solventar ninguna de las dos. Para empezar, no se podía juzgar a los acusados hasta que no se recuperara la última de las personas afectadas, ya que, hasta entonces, no se conocería el alcance completo de sus estragos. Ese fue el primero de una serie de retrasos que hicieron que, casi 30 años después de la crisis, muchas víctimas ni siquiera hubieran cobrado la indemnización que les correspondía.

En el ámbito político, se aprobó un paquete de más de 70 medidas con el objetivo de paliar los efectos del síndrome. Entre las propuestas dictadas en 1982 destacan “la diferenciación de las ayudas familiares según las distintas situaciones existentes; ayuda de carácter inmediato y urgente a las familias o a los profesionales; créditos privilegiados a explotaciones familiares agrícolas pecuarias y de servicios”. También se puso en marcha una comisión de servicios sociales que representaría los intereses de los afectados dentro del Programa Nacional del Síndrome.

No fue hasta 1987 cuando la Audiencia Nacional comenzó el juicio contra 38 empresarios aceiteros acusados de su participación en la distribución del aceite adulterado. Durante año y medio se sucedieron los testimonios de víctimas y acusados —quienes intentaron sin éxito culpar de la intoxicación al pesticida de una remesa andaluza de tomates— hasta que, en mayo de 1989, se dictó sentencia. La Audiencia Nacional solo condenó a prisión a dos personas: Juan Miguel Bengoechea —que habría importado 600.000 kilos de colza desnaturalizada desde Francia—, condenado a 20 años de cárcel, y Ramón Ferrero —principal directivo de Raelca—, condenado a 12 años. Los demás procesados fueron absueltos o se consideró que ya habían cumplido su pena con los años previos de prisión preventiva y consiguieron la libertad provisional.

Tres años más tarde, en 1992, el fiscal pide un aumento de las condenas, para lo que se prepara una vista de recursos en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. Acuden a declarar más de 2.000 damnificados por el aceite, aunque solo unos 200 pueden entrar a la sala. En medio de un “caos organizativo”, como lo califican las noticias de la época, la Fiscalía consigue su objetivo. Diez personas reciben penas de privación de libertad que van de los seis meses a los 37 años. Se los considera culpables de delitos contra la salud pública y de estafa por una cuantía superior a las 600.000 pesetas. Además, otras 12 personas se suman a la lista de responsables de la intoxicación.

Los acusados se declararon insolventes, ya que no podrían pagar las indemnizaciones correspondientes a las víctimas. En 1997, se aceptó judicialmente la responsabilidad de la Administración por su gestión de la crisis, y el Estado tuvo que asumir el pago de esas indemnizaciones como responsable civil subsidiario. No obstante, los pagos se demoraron, en algunos casos, casi 30 años. Una demora que podría haberse evitado “si se hubiera dictado desde un principio una ley específica para solventar el problema”, como indica un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de León.

El síndrome tóxico “operó como un estímulo para la aplicación de algunas de las ideas que se estaban proponiendo para remozar un modelo de organización asistencial obsoleto, y como un test sobre la viabilidad y conveniencia de implementarlos para toda la población”, según un estudio publicado en la Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia en 2011. No solo se pusieron en marcha medidas en el marco de la emergencia médica, sino que se terminó de impulsar la reforma sanitaria.

¿Qué aprendimos?

El aceite de colza, por sí mismo, no representa ningún riesgo para la salud. De hecho, es beneficioso. Sin embargo, la tragedia del síndrome tóxico en España está tan enraizada en el imaginario colectivo que es un producto imposible de comercializar. Desde el CSIC apuntan que “la palabra 'colza' se asocia con toxicidad”, mientras que en otros países europeos su venta está más que normalizada. Algo similar ocurrió también con el mercado de las oleínas —subproductos de la industria del aceite de alto valor nutricional— durante los primeros años tras la crisis, ya que los posibles compradores estaban “temerosos de verse implicados en las investigaciones provocadas por la colza”, según las tablas de cotización de la época publicadas por la revista Óleo.

Pero estas no son las consecuencias más graves de la crisis. En 2018, The Objective publicó un reportaje sobre “los olvidados” del síndrome tóxico. Son víctimas del síndrome tóxico que sufren patologías y dolor crónico y que denuncian no tener acceso a las subvenciones. Están organizados en la Plataforma de las Víctimas del Síndrome de Aceite Tóxico, pero critican que no todos pueden acceder a la Federación de Enfermedades Raras “porque no es gratis”, y se quejan de que no reciben atención por parte de las instituciones.

La Xunta de Galicia ha confirmado este miércoles que está investigando nuevos casos de intoxicación "leve" en escuelas infantiles a las que suministró la misma empresa de catering vinculada con otros episodios de intoxicación detectados hace unos días, y ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" porque se trata de "casos aislados", según informa Europa Press.

Los nuevos casos de intoxicaciones han afectado a entre 15 y 20 guarderías de la red de escuelas infantiles A Galiña Azul. El Gobierno gallego mantiene abierta una investigación para averiguar si esta problemática guarda alguna relación con las reacciones alérgicas leves registradas el pasado mes de octubre que padecieron varias decenas de menores en las zonas de Cangas y A Coruña.

Todos estos centros cuentan con un servicio de cocina gestionado por la misma empresa. Las primeras reacciones alérgicas detectadas en octubre se dieron por menús de pescado que consistían en palometa. Los técnicos habían estudiando muestras de pescado tanto en crudo, congelado como cocinado y habían constatado la presencia de una sustancia, histamina, por encima de los valores normaleshistamina.

Días después empezaron a denunciarse más casos, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que se tomarían medidas ante esta situación una vez concluyera la investigación sobre la empresa, el servicio de cocina y la proveedora del pescado servido. En un principio, la investigación sospechaba que se trató de un problema de ruptura de la cadena de frío durante el transporte.

Este martes se han detectado nuevos casos de alergias con los mismos síntomas y reacciones que los denunciados en el mes de octubre (manchas rojas que desaparecían con el tiempo, malestar). La diferencia principal radica en que en esta ocasión no se ha tratado de una partida de pescado concreta, sino que se ha servido crema de brécol y calabaza y raxo de pollo con macarrones.

  La coincidencia entre todos los casos de alergias apunta a que la misma empresa está al cargo del servicio de cocina en todas la guarderías afectadas, incluidas en las que se había servido la palometa en el mes de octubre.

Fuentes de Política Social han trasladado que los técnicos de Sanidade han tomado nuevas muestras de estos menús, y que están investigando el origen concreto de las reacciones alérgicas y si tiene relación con los episodios anteriores detectados, por lo que acudieron de nuevo a la sede de la empresa concesionaria.

El Gobierno gallego ha llamado, además, a la tranquilidad de las familias, puesto que los casos han sido muy leves, aunque ha insistido en que se trata de una situación "intolerable" y que se tomarán las medidas "que sean necesarias" una vez se aclaren las circunstancias.

Extremar las precauciones

Los casos de alergias están llevando a las diferentes entidades y administraciones a extremar las precauciones. Este miércoles, a preguntas de los medios, la concejala de Educación de Compostela, Noa Díaz, ha informado de que hubo una comunicación este mismo día con la concesionaria de los comedores, como parte de la reunión de seguimiento del servicio en la ciudad.

En este sentido, la concejala ha asegurado que se hacen inspecciones y controles sanitarios "muy rigurosos para que esto no ocurra" y que se ha pedido "un mayor control" y "que extremen las precauciones":

La información figuraba en el dossier de prensa publicado por la Agencia Regional de Salud (ARD) el pasado 18 de julio. Pero pasó desapercibida, hasta ahora. De los 82 niños diagnosticados tras el incendio de Notre Dame de París, diez presentan tasas de plomo en sangre superiores al umbral de vigilancia. Más allá de este umbral, la atención pediátrica debe "respetar los procedimientos de monitoreo establecidos por el Consejo Superior de Salud Pública [HCSP]", precisa el informe de la ARD.

Sin embargo, la Agencia Regional de Salud no ha puesto en marcha ningún seguimiento médico. Esto es lo que pedían, el lunes 5 de agosto, reunidos en la explanada de la catedral parisina para participar en una conferencia de prensa, miembros de la Asociación de Familias Víctimas de Saturnismo (AFVS) y representantes sindicales de la CGT de la construcción, la limpieza y de la prefectura de policía de París, junto a la científica especialista en cuestiones de salud pública Annie Thébaud-Mony.

Durante el incendio, cerca de 400 toneladas de plomo se esparcieron en forma de polvo en las cercanías de la basílica.

Mediapart, socio editorial de infoLibre, ha podido recopilar el testimonio de una pareja cuyo hijo de 18 meses presenta una tasa de 48,8 μg/l (microgramo de plomo por litro de sangre), al límite del saturnismo, fijado en 50 μg/l, y por encima del umbral de vigilancia establecido a 25μg/l.

Contactado por Mediapart, el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica (Inserm) explica que 50 μg/l representa un umbral de intervención. "Concentraciones mucho más bajas pueden ser perjudiciales en los niños. El efecto más preocupante de una intoxicación por plomo es la disminución del rendimiento cognitivo y sensoriomotor. Un nivel de plomo en la sangre de 12 μg/l se asocia con la pérdida de un punto de CI", asegura un profesor del Inserm. La intoxicación por plomo puede causar daños neurológicos irreversibles y otros problemas de salud (trastornos digestivos, cardiovasculares, cancerosos y reproductivos).

Desde el 3 de mayo, la Agencia Regional de Salud, la Prefectura de Policía de París, el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de París, conocen los resultados del análisis de plomo en la catedral de Notre Dame y sus alrededores. Esperaron más de dos meses, hasta el 18 de julio, para comunicarlos.

A pesar de las declaraciones de la Agencia Sanitaria y del Ayuntamiento, que trataban de quitar peso al asunto, el prefecto de la región, Michel Cadot, anunció el 25 de julio la suspensión de las obras de reconstrucción hasta el 12 de agosto, para que las instalaciones defectuosas destinadas a proteger a los empleados expuestos al plomo respeten la normativa.

El mismo día, el Ayuntamiento de París ordenó el cierre de dos colegios, transformados en centros de actividades extraescolares durante el verano, que recibían a cerca de 180 niños. Sin embargo, hasta entonces el Ayuntamiento aseguraba que los resultados de las muestras recogidas en los establecimientos escolares no justificaban "ninguna alarma".

A pesar de estos peligros, la ARS no ha considerado apropiado lanzar una campaña oficial de detección dirigida a los residentes y empleados más expuestos para comprobar su nivel de plomo en la sangre.

Cierto, la Agencia Regional de Salud ha realizado tareas de información; pero sin nunca, en particular, realizar pruebas de detección obligatorias para niños. Los términos son elocuentes, se trata de un "incentivo para la detección" defendido por la agencia. Hubo que esperar hasta el 7 de junio, cuando se detectó un alto nivel de plomo en la sangre de un niño, para que la ARS "invitase" a las familias a consultar a su médico de cabecera o a reservar una cita en el centro de diagnóstico del Hôtel-Dieu.

Durante su conferencia de prensa el 18 de julio, la ARS solo mencionó un caso de saturnismo, en un niño de dos años. Pero entierra rápidamente el tema, señalando que el origen no está relacionado con el incendio, sino con la pintura de plomo encontrada en el balcón de la familia.

El seguimiento de las familias por la agencia sanitaria es, como su comunicación, casi anémica. La historia, recopilada por Mediapart, de Jeanne y Mathieu (los nombres han sido modificados, leer la Caja Negra al final del artículo), padres de un niño de 18 meses, lo atesta.

"La agencia ha tratado constantemente de minimizar los hechos, sin responder realmente a nuestras preguntas", relata Mathieu, aterrado todavía por la situación. Esta pareja de treintañeros vive desde hace dos años al lado de la catedral. Cuando se mudaron, el diagnóstico reglamentario lo precisa, no se detectó ningún rastro de plomo en su hogar, que había sido completamente renovado.

La noche del incendio decidieron salir del apartamento, ya que sus ventanas daban directamente al edificio. "Volvía del parque con mi hijo –recuerda Jeanne–, cuando el incendio comenzó. Entramos en casa. Y nos fuimos durante varias horas, por miedo a vernos afectados por el incendio. Además, ciertas viviendas fueron evacuadas por la policía".

Regresan tres días más tarde, el 18 de abril, teniendo cuidado de limpiar los depósitos de hollín provocados por el fuego. Permanecen allí durante seis días, entre el 18 de abril y el 2 de mayo, "yendo, a veces, a dormir a casa de un amigo o a casa de [sus] padres".

Son alertados de los potenciales peligros del plomo, no por las autoridades, sino por las asociaciones que comienzan, a partir del 19 de abril, a hablar del asunto. "Un amigo ingeniero nos llamó para alertarnos del peligro que podían representar las 700 toneladas de plomo del tejado de la catedral consumidas por el fuego", explica Mathieu.

Junto a su esposa, lamenta que ni el Ayuntamiento, ni la ARS, ni la Prefectura, se tomaran la molestia de alertar inmediatamente a los residentes de la zona. En un comunicado difundido el 27 de abril, la Prefectura simplemente aconsejó a los vecinos proceder a "la limpieza de sus pisos […] con la ayuda de bayetas húmedas para eliminar el polvo". "Entonces comenzamos una larga batalla para conocer la verdad. Es kafkiano –deplora Mathieu–. La ARS o el Ayuntamiento, o bien no responden o nos dicen que todo está bien; y rechazan comunicarnos los resultados de las muestras tomadas en los alrededores de la catedral [finalmente publicados el 18 de julio]".

Desde el 2 de mayo, durante una reunión del barrio, la pareja interroga al alcalde del distrito IV sobre los riesgos de exposición al plomo tras el incendio. El alcalde recuerda que hay que limpiar los apartamentos y que pedirá a la ARS que ayude a los vecinos… "Se pasan la pelota de unos a otros", estima Mathieu, que lamenta no haber recibido ninguna respuesta concreta. Contactado por Mediapart, el lunes 5 de agosto, el alcalde no ha respondido a nuestras preguntas.

Frente a esta falta de apoyo, la pareja decide, ese mismo día, hacer examinar a su hijo. "No tenemos ninguna información por parte del Ayuntamiento o de la ARS sobre estos exámenes o sobre las medida que se deben poner en marcha. La ARS dice que ha comunicado, pero es confidencial. Solo nuestro amigo ingeniero y las asociaciones hablan claramente del problema", precisa Mathieu.

El 8 de mayo, Mathieu y Jeanne reciben los resultados sobre las tasas de concentración de plomo en la sangre de su hijo. "Fue un shock terrible saber que nuestro hijo presentaba una tasa de plomo de 48,8 μg/l, tan cerca del saturnismo y que necesita, a este nivel, una vigilancia reforzada"shock, explica Mathieu, todavía abrumado por la noticia. Dado que las obras de reconstrucción no han sido confinadas –continúan generando polvo de plomo–, la pareja decidió, a principios de mayo, mudarse temporalmente para preservar la salud de su hijo.

"Hemos encajado el golpe. En un primer momento y dada la urgencia de la situación, nos tuvimos que organizar para proteger a nuestro hijo y dejar el apartamento. Hablamos con el alcalde del barrio pero, ante su inacción, hemos comenzado a enviar cartas a la ARS y a la Prefectura", explica Jeanne.

El 20 de mayo, interpelan a la ARS, a la Prefectura y al Ayuntamiento. Sin respuesta. El 24 de mayo, contratan los servicios del laboratorio Eurofins para medir las concentraciones de plomo de su apartamento. Los resultados no dejan lugar a dudas: la cocina y el balcón presentan tasas que superan el umbral de intervención.

Según una instrucción de 2016 de la Dirección General de Salud, dirigida a luchar contra el saturnismo infantil, si en apartamentos o en establecimientos escolares aparecen muestras de polvo "superando el umbral de 70 μg/m2, esto significa que existe un riesgo de intoxicación por plomo para los niños expuestos".

En el apartamento de Jeanne y Mathieu, la tasa de concentración de plomo en la cocina asciende a 521,5 μg/m2, casi siete veces superior al umbral establecido por la Dirección General de Salud, en el balcón la tasa alcanza los 689 μg/m2 y en la habitación del pequeño los 70 μg/m2 . "Volvimos a escribir, el 24 y 27 de mayo, a la Agencia Regional de Salud para pedir información sobre los niveles de plomo encontrados en los alrededores, especialmente en los parques, y también sobre las medidas puestas en marcha", explica Jeanne.

En sus cartas, que Mediapart ha podido leer, Jeanne y Mathieu alertan así a las autoridades: "Dejar pensar a los habitantes que las partículas quedan atrapadas detrás de barreras que no son herméticas es criminal. Ya hay pequeñas víctimas, no podéis hacer como si no pasase nada". La ARS les responde finalmente, el 28 de mayo, con una frase concisa y educada: "Acusamos el recibo de su carta". 

Pero el itinerario "kafkiano" de la pareja no termina ahí. La agencia de salud recurre al laboratorio Expertam para repetir los análisis en el apartamento de la pareja, el 25 de mayo. Los resultados superan el umbral de intervención de 70 μg/m2, especialmente en la entrada del piso (307 μg/m2). Pero el laboratorio concluye que no hay ningún riesgo porque establece, por error o por fraude, el umbral de intervención en 1.000 μg/m2, en lugar de 70.

Desde el 2 de mayo, Jeanne, Mathieu y el pequeño no han regresado a su domicilio. El último análisis realizado al niño, a principios de agosto, presenta una tasa de plomo en sangre de 36 μg/l.

"Vamos por el buen camino. La situación es complicada a nivel financiero porque tenemos que pagar el crédito de nuestro apartamento. Pero la salud de nuestro hijo es prioritaria y somos afortunados de haber podido alejarnos", precisa Mathieu.

Contactada por Mediapart, la ARS asegura que dado que el umbral de intervención (70 μg/l) es superado en las viviendas, recomendó a las familias realizar una limpieza profunda. Sin embargo, ha rechazado realizar cualquier comentario sobre las conclusiones erróneas del laboratorio al que contrató.

En cuanto a los controles, la ARS afirma que "los niños que presentan una tasa de entre 25 y 50 µg/l en sangre, son objeto de un análisis individual realizado por especialistas del Centro Antienvenenamiento y Toxicovigilancia", sin aportar ninguna respuesta sobre la campaña oficial de control que estima, por ahora, innecesaria.

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Traducción: Irene Casado (Mediapart)

Lee aquí el original en francés:

Incendio de Notre Dame: una decena de niños presenta niveles de plomo superiores al umbral de vigilancia by infoLibre on Scribd

El hospital de Basurto detectó un segundo caso de un bebe lactante afectado por una infección por Salmonella Agona que presenta antecedentes de consumo de leche maternizada elaborada por el grupo francés Lactalis. El estado de salud del bebe es bueno, no se encuentra hospitalizado y está bajo control y seguimiento médico, según ha informado el Departamento de Salud vasco en un comunicado recogido por Europa Press.

Este mismo mes también se tuvo conocimiento de que otro bebé en Euskadi había sido atendido en diciembre en el hospital de Cruces afectado por una gastroenteritis por salmonela. El lactante había consumido leche de la marca Damira, perteneciente al grupo Lactalis.

El Departamento de Salud vasco explicó que el pasado 12 de diciembre, tras la alerta remitida por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a todas las comunidades autónomas y siguiendo el procedimiento habitual en estos casos, se procedió en Euskadi a la inmovilización de la leche maternizada fabricada por el grupo francés.

Por último, indicaron que mantienen una vigilancia epidemiológica activa y exhaustiva de todos los casos sospechosos que puedan presentarse.

Esta vez, Emmanuel Besnier ha dado la cara con valentía. El máximo dirigente de Lactalis, el industrial menos fotografiado, el más silencioso, el verdadero hombre invisible –y octava fortuna de Francia, según Forbes– abría la puerta de su despacho al periódico Le Journal du Dimanche, como Liliane Betancourt en su época, en un acto de arrepentimiento completamente inesperado. El viernes, se entrevistaba con el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, por la leche materna contaminada, procedente de su fábrica de Craon [noroeste de Francia]. Pero lo hizo de forma tan discreta que ni siquiera se le había visto. Ni antes ni durante la rueda de prensa del ministro. Mientras el holding tardaba en ser consciente de la magnitud de una de las peores crisis sanitarias que ha tenido que gestionar, Emmanuel Besnier relataba en Le Journal du Dimanche que quiere “entender lo sucedido”. “Es mi obsesión”, aseguraba. Sostiene que no se produjeron “errores” por parte del grupo “en los procedimientos”, pero reconoce una declaración equivocada: “Faltaban cinco lotes en el primer fichero transmitido al Ministerio de Economía”.

El número uno mundial del sector lácteo no es la primera vez que debe sortear un escándalo sanitario y judicial, o tempestades sociales, pero nunca cedió. El exministro de agricultura Stéphane Le Foll llegó a decir que no había “visto nunca” a Emmanuel Besnier, en cinco años, y que ni siquiera tuvo su número de móvil. “Primero falló una empresa. Desde finales de agosto, la compañía, en controles internos descubrió problemas salmonelosis y en el mes de enero el problema persiste”, señaló el diputado en France Inter. Según el socialista, Lactalis, “no quiso” retirar los productos señalados o “no puso los medios para hacerlo” lamentó, antes de denunciar la pasividad de los servicios del Estado.

Se rumoreaba que el viernes, Bruno Le Maire había “convocado” a Emmanuel Besnier, pero en su rueda de prensa, el ministro se mostró conciliador: “Le he pedido a Besnier que dé mayores muestras de transparencia porque es una señal de confianza para los consumidores”, resumió, pensando quizás ya en lo que podía suponer una entrevista al JDD. El ministro, que justificó la ausencia del responsable de la empresa en la comparecencia, anunció que el “presidente de Lactalis comunicaría públicamente las causas de la contaminación cuando se determinasen” y que el grupo haría “todas las inversiones necesarias en la fábrica de Craon para garantizar la seguridad sanitaria de la fábrica y evitar la reproducción de contaminaciones semejantes”. El grupo, tras presentar sus “más sinceras excusas a la familias”, anunció que había decidido retirar todos los productos salidos de la fábrica de Craon desde el 15 de febrero pasado.

Investigación judicial

En el plano judicial, a finales de diciembre, la Fiscalía de París abría una investigación preliminar por “peligro para la seguridad, fraude agravado e inejecución de un procedimiento de retirada o de recuperación de un producto perjudicial para la salud”, a raíz de las denuncias de algunos padres de bebés enfermos, un total 36 niños a día de hoy, 16 de ellos hospitalizados.

El grupo familiar, que no cotiza en Bolsa, no es la primera vez que atraviesa por una crisis de estas características. Lactalis llegó a llamarse Besnier SA (BSA). En marzo de 1999, retiró todos sus quesos Lepetit –un millón de unidades– después de descubrir gérmenes de listeria en un lote fabricado en Bélgica. Paralelamente, una importante investigación judicial abierta por “falsificación de productos alimenticios” sacaba a la luz un sistema sofisticado de adulteración de leche en varias fábricas del grupo –añadiendo un líquido de bajo contenido en proteínas obtenido por microfiltración de la leche o de aguas blancas procedentes del aclarado de las máquinas–. El escándalo le supuso una condena en primera instancia y en apelación de seis meses de cárcel, con suspensión de la condena, al exdirigente del grupo Marcel Urion, pena confirmada en casación en noviembre de 2008. Pero Lactalis negó los hechos hasta el final.

Si bien ahora ha admitido la detección de salmonela en la fábrica de Craon, el gigante lácteo inicialmente minimizó los riesgos de contaminación. El 9 de diciembre, después de la retirada voluntaria de una docena de lotes, un decreto ministerial le obligaba a la retirada de 600 lotes producidos en Craon (un total de 11.000 toneladas, de ellas 7.000 en el mercado nacional). El 21 de diciembre, Lactalis, sacaba del mercado 720 lotes, unos 12 millones de cajas en Francia. “Cerramos la fábrica el 7 de diciembre”, responde Michel Nalet, portavoz del grupo, a Mediapart, socio editorial de infoLibre, tras negar que se minimizaran las cosas. “Le propusimos al ministro, el viernes, proceder a la retirada de todos los productos. Todavía no sabemos qué cantidad va a ser devuelta y cuánta se ha  consumido, pero hemos puesto en marcha un centro logístico específico, destinado a gestionar la destrucción de esos stocks”.

Con la compra, en 2006, de la central lechera Celia propietaria de la fábrica de Craon, Lactalis quería un producto que le impulsase en el mercado mundial de la leche en polvo. Ahora, el incidente sanitario le obliga a repatriar a Francia sus productos, distribuidos en 40 países. Científicos del Instituto Pasteur y de Santé Publique Francia han confirmado que hay un bebé contaminado por consumir leche maternizada de Lactalis en España y puede haber otro caso en Grecia.

Desde el momento de la compra, la fábrica de Craon presentó problemas. Las instalaciones, que ya contaban con una torre de secado de leche, sufrieron un episodio serio de contaminación por salmonelosis entre marzo y junio de 2005. “Se observan cuadros de fiebre y diarrea (a veces con presencia de sangre) en al menos 141 lactantes de menos de 12 meses”, puede leerse en un informe de la Agencia Francia de Seguridad Sanitaria de los Alimentos (Afssa) de marzo de 2008. La epidemia provocada por la bacteria Salmonella agona está “vinculada al consumo de polvos de leche de dos marcas diferentes pero producidas en una misma cadena”.

El comité de expertos al frente de la investigación adelanta la hipótesis de una “débil contaminación de los lotes” o de la “ineficacia de los sistemas de detección empleados” para justificar el fracaso del autocontrol de los productos. Los científicos subrayan que la contaminación puede tener su origen en la incorporación de elementos diversos –azúcares y almidón, vitaminas y minerales materias grasas vegetales, proteínas de soja, fermentos y enzimas– inherentes a la fabricación del polvo; estos ingredientes son susceptibles de estar contaminados. El informe de al Afssa subraya también “cierto riesgo de nueva contaminación del producto por la apertura de los envases y del sistema de producción (depósito de recepción y de mezcla)”. “Esta contaminación medioambiental debe ser considerada de manera global: contaminación del aire en un ambiente seco, personal, presencia de vectores animales indeseables (roedores, insectos etc.)”, precisa la agencia.

De este informe se desprenden varias recomendaciones técnicas, en concreto relativas a los controles. En 2005, el Instituto de Vigilancia Sanitaria consideraba importante reforzar el autocontrol duplicando el número de muestras. La Afssa recomienda entonces multiplicar las muestras ambientales, “complementando la recogida de productos en curso o en fin de producción”. El responsable científico del grupo Lactalis, Jean-Luc Arrouy, fue llamado a declarar. Se instó a los productores a poner en marcha las recomendaciones de la Afssa. La investigación judicial dirá si Lactalis las llevó a cabo.

Objetivo: aumentar la producción

Pero el objetivo de Lactalis es, sobre todo, aumentar la producción. Y rápido. Tanto que el crecimiento de la fábrica de Craon se convierte en una prioridad. En 2012 se construye una estación depuradora y una segunda torre de secado de 42 metros antes de entregar el informe de investigación pública. “Debemos actuar rápido. Nuestra progresión en nutrición infantil es tal que nuestro equipamiento ha alcanzado sus límites. La nueva torre de secado nos permitirá aumentar la producción e imponernos rápidamente sobre el mercado mundial. Sobre todo en China que tiene necesidades superiores a lo que fabrica”, dice el director Éric Dussous, a Ouest-France.

La torre de secado de leche representa el sueño industrial de toda filial. Además de Lactalis, una decena de industrias han invertido masivamente en este tipo de equipamiento, en los cinco últimos años, estimulados por el fin de las cuotas lácteas, que limitaban los derechos de producción.

Lactalis anuncia que la nueva torre va a permitirle secar seis toneladas adicionales por hora, frente a las tres toneladas por hora de la torre existente, hasta producir 45.000 toneladas por año en lugar de 15.000, y permitir a su filial Celia pasar del 10º al 5º puesto mundial de la nutrición infantil.

Pero estas obras plantean numerosos problemas. El comisario encargado de la investigación pública, Francis Malle, considera que el estudio de los peligros de Lactalis no es suficiente y “no identifica los escenarios de accidentes”. También observa dos vertidos en el río vecino, el Odón, entre mayo y julio de 2012. En primer lugar, “se produjo una fuga de amoniaco el 14 de mayo de 2012 en un elemento del circuito de enfriamiento del agua”. Las aguas contaminadas se drenan en un depósito... comunicado con el río. “La cantidad de agua con amoniaco vertida al Odón fue de 30 metros cúbicos, según la empresa, y desencadenó una importante mortalidad entre los peces (casi cuatro toneladas de peces grandes)”, según el comisario. Menos grave, un segundo incidente derivó, dos meses después, en el vaciado de 70.000 litros de una mezcla de agua de vaca y de leche en el río”.

Preguntado sobre el “inicio de las obras antes del fin de la investigación pública”, Lactalis sostiene que actuó “por razones de competitividad económica” y “para garantizar el desarrollo de la planta en el mercado internacional”... Para el comisario que lleva a cabo la investigación, “el comportamiento de Celia sitúa a las autoridades administrativas ante un hecho consumado”. “Constato que al infringir la ley, la empresa actuó con mucha ligereza, corriendo el riesgo de ser penalmente condenada, pero no solo la compañía también los arquitectos, los empresarios y demás responsables de la ejecución de los trabajos. Esta infracción está recogida en el artículo L. 480.4 del Código de Urbanismo. Además, este comportamiento lleva a pensar que una gran empresa puede infringir la ley”. Los hechos se denunciaron ante Francia Naturaleza Mediambiente (FNE) en junio de 2012. Al término de la investigación pública, el comisario publica un informe desfavorable sobre la solicitud para explotar una instalación clasificada, presentada por Lactalis, pero el prefecto hace caso omiso y la autoriza la instalación en enero de 2013.

Sin embargo, el procedimiento iniciado por las organizaciones medioambientales sigue su curso y, en junio de 2016, el tribunal administrativo de Nantes condena al gigante de la leche y anula la autorización prefectoral de explotar la planta de Craon. Los jueces apuntan al inicio prematuro de la construcción y a la insuficiencia del estudio de impacto. “Ganamos en lo que respecta a la desigualdad de la construcción y la contaminación. No discutimos la oportunidad de la instalación, pero no aceptamos que Besnier crea estar por encima de las leyes”, dice Jean-Christophe Gavallet, de FNE.

Esta decisión obliga a Lactalis a presentar una nueva solicitud de autorización y a completar el informe. En octubre de 2016, la prefectura acuerda la continuación de la actividad a la espera de la regularización del productor de la fábrica con una serie de “medidas cautelares”. Este documento relativo a las medidas medioambientales habla sin embargo de la “prevención de la legionela” y la limpieza de las torres de secado –con agua con presión al menos una vez al mes, pero no dice nada de los riesgos sanitarios vinculados con la contaminación de 2005 y sobre las recomendaciones de la Afssa en 2008.

Según los estudios preliminares, la contaminación reciente por salmonelosis se puede comparar con la anterior de 2005; ésa es la hipótesis avanzada por un investigador del Instituto Pasteur, a preguntas de la Revue de l’industrie agroalimentaire: “Todo parece indicar que la cepa de Salmonella agona de 2017 derivó en la de 2005”. Según Lactalis, “una contaminación dispersa se pudo haber instalado en la fábrica tras las obras del primer semestre de 2017”. La bacteria pudo mantenerse en el aire y dispersarse de nuevo por las obras. En diciembre, Lactalis confirmó las obras en la torre de secado 1 en primavera y la parada técnica del 1 al 6 de mayo.

Actualmente también se investiga por qué los distribuidores no retiraron por completo los productos. La Dirección General de Competencia de Francia ha llevado a cabo 2.500 controles que han permitido determinar que las firmas Leclerc, Auchan, Carrefour, Système U y Cora siguieron comercializando los productos retirados –cerca de 2.000– en 91 puntos de venta y 30 supermercados. Michel-Édouard Leclerc dice haber sido alertado por una clienta a través de La Voix du Nord. “La información sanitaria de la retirada nos llegó. Los datos que nos llegan sobre los lotes denunciados son inventariados por los códigos de barra. Esto requiere un trabajo meticuloso de detección en la tienda, pero la gestión humana no se siguió. Es muy raro que una tienda reciba tres o cuatro correos de retirada de productos sobre todo en periodo navideño. Se produjo sobresaturación de información, un problema de selección y de interpretación”.

La ONG Foodwatch denunciaba “la impunidad” del que gozan los distribuidores, cuando debe “garantizarse que los productos alimentarios que comercializan no ponen en riesgo la salud de los consumidores”. ______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Un informe publicado por expertos del Instituto Pasteur de París (Francia) y la Agencia de Salud Pública de Salud de Francia confirmó en España un caso de salmonelosis en un bebé por la leche contaminada de Lactalis, en este caso se identificó que consumió alguno de los productos implicados en la aparición de más de 30 casos en Francia, informa Europa Press.

Fuentes de Sanidad consultadas por Europa Press, afirman que se encuentran en permanente contacto con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), que mantiene abierta alerta, pero que, "en este momento, no hay notificación oficial de este caso" por parte de ninguna Comunidad Autónoma.

Por su parte, el informe, publicado en Eurosurveillance, señala que el caso aislado en España está confirmado y que pertenece al grupo aislado del brote por el Centro Nacional de Referencia (NRC) francés. Asimismo, informa de la aparición de otro caso fuera de las fronteras francesas, en este caso en Grecia que está pendiente de ser confirmado.

Según el informe, a 11 de enero de 2018, se identificaron 37 casos en Francia, todos los cuales fueron confirmados. Asimismo, todos los casos tenían síntomas gastrointestinales, y no hubo ningún caso de infección del torrente sanguíneo o meningitis. Casi todos los casos tenían diarrea (34 casos), 23 tenían diarrea sanguinolenta, 26 fiebre y 13 vómitos.

Un caso tuvo inicio de síntomas en abril, mientras que el resto tuvo inicio de síntomas entre mediados de agosto y el 2 de diciembre. Los casos incluyeron 21 niñas y 16 niños. La media de edad fue de 4 meses (rango: 2 semanas-9 meses). Los casos se distribuyeron en 10 regiones diferentes de Francia.

Entre los 36 casos cuyos cuidadores han sido entrevistados hasta la fecha, 18 fueron hospitalizados por su enfermedad, todos los cuales se habían recuperado a la publicación de este informe. En los 3 días previos al inicio de los síntomas, 35 de los 36 casos habían consumido productos de leche infantil destinados a bebés de 0 a 6 meses fabricados por la compañía.

El informe, realizado por 16 expertos, señala que, según los datos a 8 de enero de 2018, las investigaciones de seguimiento indicaron que los productos retirados se distribuyeron a 66 países, incluidos 12 países de la Unión Europea (UE).

Retirada en España

El pasado 11 de diciembre, Lactalis Nutrición Iberia informaba su decisión de retirar del mercado español 28 lotes de sus fórmulas de leche en polvo para lactantes, como medida de precaución tras la aparición de varios casos de salmonela en Francia; 10 días después retiraba 30 nuevos lotes de sus fórmulas de leche en polvo para lactantes, entre los que, en esta ocasión, se incluyen hasta 9 lotes de papillas Puleva Bebé de Cereales.

De este modo, eran 58 los lotes retirados en España como medida de precaución tras la aparición de varios casos de salmonela en Francia. Según señalaban en un comunicado, estos lotes son los que se han visto afectados por la decisión de la compañía de retirar todos los productos fabricados en la planta de Craon (Francia) desde el 15 de febrero de 2017, "tras detectar una posible contaminación leve difusa", aplicando así el principio de máxima precaución.

"La seguridad de los consumidores es la prioridad de la compañía, que está completamente volcada en resolver esta situación", señalaba la compañía que recuerda que, pesar de que todos los test a los productos terminados, realizados entre el 1 de enero y el 1 de diciembre, fueron conformes, el pasado 8 de diciembre decidió cerrar la fábrica de Craon.

Lotes retirados

Los lotes retirados son: de Damira 2000 los lotes 17C0012491 (como fecha de consumo preferente 14/03/2019), 17C0012855 (31/05/2019), 17C0013699 (31/10/2019), 17C0013854 (23/11/2019) y 17C0013202 (01/08/2019); de Damira arroz hidralizado el lote 17C0012490 (13/03/2019); de Damira Pro 1 el lote 17C0013700 (01/11/2019); de Damira Pro 2 los lotes 17C0012509(15/03/2019) y 17C0012857 (31/05/2019); de Damira Pro 3 el lote 17C0012876 (01/06/2019); de Diarical los lotes 17C0012859 (01/06/2019) y 17C0013701 (03/11/2019) y de Lactodamira 2000 el lote 17C0013855 (24/11/2019).

De Puleva, los lotes retirados son: de Puleva Bebé 1 el lote 17C0013135 (con fecha de consumo preferente 24/07/2019); de Puleva Bebé 2 los lotes 17C0013213 (01/08/2019) y 17C0013669 (18/10/2019); y de Puleva Bebé 3 el lote 17C0013196 (31/07/2019).

De la marca Sanutri, lo lotes retirados son: de Sanutri Digest los lotes 17C0012663 (como fecha de consumo preferente 13/04/2019), 17C0012814 (18/05/2019), 17C0013118 (18/07/2019), 17C0013826 (17/11/2019), 17C0013877 (27/11/2019) y 17C0013109 (17/07/2019); de Sanutri Natur 2 los lotes 17C0012485 (13/03/2019), 17C0012545 (28/03/2019) y 17C0012553 (27/03/2019); de Sanutri Preterm los lotes 17C0012754 (10/05/2019) y 17C0013094 (10/07/2019).

Los lotes de papillas retirados este jueves son la papilla de Cereales Puleva Bebé 8 Cereales los lotes 172016 (02/03/2020 con fecha de consumo preferente), 172061 (14/04/2020), 172103 (14/06/2020), 172143 (03/08/2020); de Cereales Puleva Bebé 8 Cereales con Galleta María los lotes 172084 (11/05/2020), 172118 (29/06/2020), 172191 (14/11/2020); y, finalmente, de Cereales Puleva Bebé 8 Cereales con Miel los lotes 172117 (29/06/2020) y 172171 (11/10/2020). Además, se ha retirado del módulo de nutrición maltodetroxina en polvo el lote 17C0012875 (30/11/2018).

Por otro lado, se amplían los lotes retirados de la leche en polvo de Damira y Sanutri. De Danira Pro 1 el lote 17C0012336 con fecha de consumo preferente 14/02/2019; de Sanutri AR el lote 17C0012374

(20/02/2019) y de Sanutri Diarical el lote 17C0012366 (16/02/2019); de Sanutri Digest 1 el lote 17C0012449 (07/03/2019) y de Sanutri Digest el lote 17C0012329 (5/02/2019); de Sanutri Natur 1 los lotes 17C0012590 (03/04/2019), 17C0013136 (25/07/2019), 17C0013465 (19/09/2019) y 17C0013765 (07/11/2019); de Sanutri Natur 2 los lotes 17C0012372 (17/02/2019); 17C0013174 (02/08/2019), 17C0013344 (30/08/2019), 17C0013362 (30/08/2019), 17C0013175 (31/07/2019) y 17C0013377 (05/09/2019); y de SANUTRI Natur 3 los lotes 17C0012404 (22/02/2019), 17C0012628 (05/04/2019), 17C0013197 (31/07/2019); 17C0013271 (17/08/2019) y 17C0013667 (18/10/2019).

La compañía ha puesto un número de información a disposición de los consumidores para resolver cualquier duda (900 102 336 de 8.30 a 20.00 horas).

Las autoridades sanitarias han retirado los lotes de atún procedentes de Almería sospechosos de provocar intoxicación alimentaria a más de 35 personas en todo el país por la presencia de histamina.

Como medida preventiva, la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) recomienda no consumir atún comprado fresco entre los días 25 de abril y 5 de mayo.

La Agencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recibido este martes comunicación de la existencia de un brote con 11 afectados en la Comunidad de Madrid producido el 5 de mayo, que se suman a los 21 casos de personas afectadas en Andalucía por una intoxicación alimentaria por histamina, tras el consumo de atún comprado en estado fresco, hecho de los que tuvo conocimiento el 6 de mayo.

Igualmente, ha constatado nuevos casos en el territorio nacional, 4 en Andalucía y 4 casos asociados en Murcia, y conocido la existencia en países europeos, como Francia e Italia, de personas afectadas por intoxicación alimentaria por histamina tras el consumo de atún comprado en estado fresco, y que corresponden a lotes diferentes al identificado hasta ahora.

Todos los afectados han cursado episodios leves, caracterizados por picor de garganta, rubor y sudor facial, nausea y vómitos, cefaleas y eritema cutáneo. En ninguno de los casos ha sido necesario el ingreso hospitalario y todos han evolucionado favorablemente.

El atún implicado en la aparición de estos brotes fue comercializado en diferentes lotes por la empresa almeriense Garciden.

Los responsables de Salud Pública de la Junta de Andalucía mantienen la empresa cerrada como medida de precaución para la protección de la salud de los ciudadanos, y han ampliado la alerta a todos los lotes elaborados desde el 1 al 5 de mayo (todos aquellos identificados en sus seis últimas cifras del lote que figura en el etiquetado como 170501 -implicado inicialmente-; 170502; 170503; 170504 y 170505).

Atención a la fecha de compra

Al respecto, Aecosan recomienda que aquellas personas que hayan adquirido atún fresco entre los días 25 de abril y 5 de mayo se pongan en contacto con la pescadería o comercio donde lo adquirieron y pregunten si corresponde al producto comercializado por la citada empresa. De ser así, se recomienda no consumirlo.

Asimismo, los responsables sanitarios aconsejan que si pasados unos minutos, y hasta tres horas, después de haber ingerido atún, alguna persona nota alguno de los síntomas descritos anteriormente consulten a su médico.

Las autoridades indias han elevado este miércoles a 21 el número de niños fallecidos por intoxicación alimenticia tras comer en el comedor de su colegio en el estado de Bihar, en el noreste de India, mientras que otros 27 permanecen hospitalizados, según informan el diario The Times of India y la agencia IANS.

Según la cadena Times Now, los menores, de entre ocho y doce años, comenzaron a vomitar y a perder la conciencia tras almorzar jichdi, una comida típica de la zona a base de arroz y judías, en el comedor de la escuela primaria Dharamsati, en la localidad de Masraj, en el distrito de Saran. Un equipo forense ha acudido a la escuela para tomar muestras de la comida contaminada, que había sido proporcionada gratuitamente por el Gobierno local. Tras el incidente, el ministro principal de Bihar, Nitish Kumar, ha convocado una reunión de emergencia para discutir la situación. Asimismo, ha anunciado que compensará a las familias de los fallecidos con 200.000 rupias (2.569 euros).

Cientos de residentes de la localidad de Masraj han salido a las calles para protestar por las muertes de los menores y han rodeado la comisaría de Policía, donde han solicitado que se emprendan acciones contra los profesores de la escuela y contra las autoridades responsables de la intoxicación. Bihar está considerado uno de los estados más pobres de India.