No hay nada tan político en Argentina como el fútbol y no hay nada tan futbolístico como la política. En el año 2023 hubo dos elecciones que tuvieron al país en vilo. Unas, las presidenciales, dieron el triunfo a Javier Milei por encima del peronista Sergio Massa, dando a la política argentina su mayor vuelco en décadas. Las otras, pese a tener un carácter profano, tenían raíces casi religiosas. Un templo, La Bombonera, una doctrina, el xeneize, e incluso un dios, Diego Armando Maradona. Solo un mes después de elegir a Milei, los socios de Boca Juniors, el club más grande de Argentina, debían votar a su presidente entre el máximo ídolo de su historia, Juan Román Riquelme, y el economista Andrés Ibarra, apoyado por Mauricio Macri –exmandatario del país y expresidente del Boca durante el momento más exitoso del club– y por el propio Javier Milei.

La moneda, en esa ocasión, salió cruz para el libertario. Riquelme, enfrentado ya con Macri durante su etapa de jugador, en la cual siempre reivindicó sus orígenes humildes en contraste con la acaudalada familia del presidente, arrasó en las elecciones. “El último 10” se convirtió en la noche del 18 de diciembre en el presidente más votado de la historia del fútbol argentino, con un apoyo del 65% de los votos. Una de las claves que dieron la victoria fue su ferviente oposición a la privatización del club. El exjugador quería, al contrario que Macri, que Boca Juniors siguiera siendo de los aficionados y que no quedara en manos de empresarios y fondos de inversión. Ahí aguanta Boca, como un tótem que resiste en medio de un país entregado a la motosierra.

Y es que nada ha parado al presidente en la aplicación de su agenda. Los efectos del ajuste son palpables, tanto en números como en consecuencias sociales. Mientras sus partidarios se escudan en la bajada de la inflación (de un 211% interanual cuando entró en la Casa Rosada a un 31% en 2025) y del primer superávit fiscal desde 2008, la realidad a la que se tienen que enfrentar los argentinos sigue siendo terrible. Los servicios públicos viven un momento catastrófico. El mandatario ha recortado un 30% el gasto público, lo que ha provocado caídas en sanidad, educación y subsidios. 

Ese ajuste provocó que en el primer semestre del año pasado, las personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza llegaran a más del 50%. Una cifra que, si bien se ha reducido hasta una de cada tres personas, para economistas y expertos sigue sin reflejar la situación de hambruna y desprotección social que están viviendo muchas familias argentinas. Los recortes se han cebado con servicios básicos como el transporte, la vivienda o la atención médica privada, que han subido sus precios lastrando el poder adquisitivo de los ciudadanos. 

De hecho, el informe que esta semana ha publicado la OCDE para la economía argentina advierte que no todo va tan bien como las cifras parecen indicar. La organización ha rebajado las perspectivas de crecimiento para el país, a la vez que indica cómo los salarios de los argentinos no se terminan de recuperar. Una situación que provoca que el consumo sea bajo, y pone de ejemplo los supermercados, donde las ventas no han dejado de caer desde abril. Igualmente, da un peso mayúsculo al salvavidas económico que dio Donald Trump a Milei en forma de un swap cambiario de más de 20.000 millones de dólares y que salvó en buena medida el plan del libertario en el que, financieramente, la economía se encontraba al borde del abismo.

Sea como sea, nada de todo eso, ni tampoco el escándalo de corrupción en el que se vio inmersa su hermana, parecen hacer mella en un Milei que ha reforzado recientemente su posición política con una victoria importantísima sobre el peronismo en las legislativas. Su triunfo llegaba después de una dura derrota en la provincia de Buenos Aires, terreno favorable para la oposición, que el presidente pudo dar la vuelta solo unos meses después gracias, en parte, a la ayuda económica de Trump. 

Y en ese punto, la pregunta es: ¿qué está haciendo la oposición? ¿Por qué, pese a la corrupción, la pobreza y la devaluación de los servicios públicos, Milei sigue aguantando? Para Felipe Galli, politólogo y analista electoral argentino, la clave se resume en una frase: falta de una estrategia coherente. “Es algo que se suele manifestar no solo ahora sino en general cuando el peronismo es oposición. Es un movimiento político muy amplio que opera bajo una maquinaria de poder, y por eso en su interior tiene muchas corrientes de tipo ideológico, caudillesco y regional, controlando redes clientelares provinciales”, afirma Galli.

Para el politólogo, esa maquinaria difusa y a veces mamotrética se ha vuelto enormemente inefectiva para combatir a Milei. El presidente ha cambiado completamente las formas de hacer política en Argentina y, por tanto, su gobierno no tiene precedentes. “Este aparato de poder es enorme pero se ha vuelto ineficaz para enfrentar a Milei porque carece de un liderazgo centralizado, y enfrenta a una experiencia política bajo un liderazgo muy fortalecido (el del presidente) que además adopta tácticas populistas muy inusuales para lo que siempre fue el antiperonismo tradicional”, sentencia Galli.

Todo ello, en opinión de Facundo Cruz, consultor y analista político argentino, ha llevado al peronismo a una situación de bloqueo de la que no están terminando de salir, aún dos años después de la victoria de Milei. “La oposición siempre se tiene que articular en torno a cuatro pilares: un liderazgo fuerte, una renovación de las propuestas, un discurso propositivo unificado y un enfrentamiento con el Gobierno en el cargo. De todo ello, el peronismo solo está cumpliendo la última parte. Lo único que ha realizado durante estos dos años ha sido enfrentarse y llevar la contraria a todo lo que ha hecho Milei, pero sin realmente construir una alternativa a todo ello”, opina Cruz.

Quizás la representación más clara de esa situación fueron las elecciones legislativas, donde el discurso simplificado del peronismo terminó por ser su ruina. “Es cierto que están realizando cambios programáticos, intentando, por ejemplo, desterrar algunas propuestas económicas que no salieron bien, como la emisión monetaria, pero es evidente que la velocidad a la que se están realizando esos cambios es mucho menor a la que desea la sociedad”, continúa Cruz. Algo similar ocurre con la corrupción, un tema crítico para el gobierno pero que la oposición no está logrando rentabilizar: “Por cada escándalo que tiene el Gobierno, este puede citar diez para atacar al peronismo. La oposición no sabe (ni puede permitirse) recurrir a un discurso de transparencia institucional porque es una batalla cultural que no puede ganar”, argumenta Galli.

A eso se le suma un problema evidente: la falta de un líder claro. “Existen muchas líneas dentro del mismo peronismo, es una fuerza muy fragmentada. Hoy no se sabe quién es el líder de la oposición”, explica Mariana Sendra, investigadora de la Universidad de Deusto y experta en política argentina. Así, trae los dos nombres claves de esta batalla interna: el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la de una vieja conocida de la política argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “El enfrentamiento entre ambos es cada vez más claro. Uno de los momentos más polémicos fue cuando Kicillof decidió desdoblar las elecciones provinciales de Buenos Aires, las cuales ganó, de las nacionales. Algo de lo que estaba en contra la expresidenta y que, para algunos, precipitó la caída en esas legislativas”, señala la experta.

La guerra entre ambos no se puede aislar de la falta de credibilidad que el peronismo ha ido sumando en los últimos años. La presidencia de Alberto Fernández, que terminó con unos números de inflación inéditos, mermó esa fuerza hasta el punto de que, para Sendra, el miedo a una victoria a nivel nacional de la oposición después de ganar en Buenos Aires pudo movilizar a buena parte de los electores. En ese frente interno no hay que olvidar que Fernández fue una elección directa de la expresidenta, que además ocupó en esos años la vicepresidencia. “El peronismo siempre que pierde renueva liderazgo. Ese proceso debía haber empezado en 2015, no se inició y aún sigue pendiente ahora, 10 años después. Cuando pierden contra Macri, para 2019 se reconstruye como una coalición, pero con los mismos nombres y propuestas, y así transitan todo el Gobierno de Fernández. Ahora, la demanda de esa renovación sigue ahí, y eso les está pesando mucho electoralmente”, mantiene Cruz.

La coyuntura para acometerla es particularmente difícil porque, a diferencia de otras ocasiones en las que el nuevo líder aparecía por vía electoral, ahora esa situación no se puede producir porque la presidenta del partido está en arresto domiciliario y no se puede presentar a unas elecciones. Eso provoca que el cambio de liderazgo tenga que venir por el acuerdo y la negociación interna, algo completamente nuevo para el peronismo y que se antoja complicado en el clima de enfrentamiento que se vive. “El kirchnerismo rechaza sistemáticamente la discusión interna sobre lo que provocó el fracaso de la gestión de Alberto Fernández, más allá de buscar culpables ajenos para exculpar a la conducción de Cristina Fernández. Todo ello impide que se planteen un programa de gobierno”, añade Galli.

Esa nueva hoja de ruta debe llegar, para Sendra, en dos vertientes: una democratización interna y una nueva forma de entender la economía. “Antes de pensar la estrategia a Milei debe pensar hacia dentro. Deben tener un debate interno de verdad y mirarse a sí mismos para ordenarse. La predominancia de Cristina Fernández aún sigue siendo muy grande, no ha dado un paso al costado ni tampoco ha logrado generar un cuadro de liderazgo que represente al kirchnerismo. Siempre ha optado por candidatos más moderados para intentar atraer a más votantes y claramente no ha funcionado”, cree Sendra. Y en lo económico, dar una propuesta concreta ante una economía renovada por Milei que ya tiene muy poco que ver con la que ellos gestionaron. Si no, la motosierra tendrá combustible para rato en Argentina.

[El miércoles 15 de octubre a las 12.00 hs. de España se realizará un debate (transmitido en vivo) sobre Lawfare en la Universidad Carlos III (Puerta de Toledo), con expertas/os de primera línea. Mónica Oltra, María José Fariñas, Gerardo Pisarello, Silvina Romano y Baltasar Garzón, que abordarán desde diferentes ángulos este problema, tomando como referencia el caso de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).]

La ex presidenta argentina se encuentra actualmente condenada a 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos, por una causa de la que no existieron pruebas fehacientes, en un proceso judicial con todas las características del lawfare (instrumentación del derecho con fines de persecución política por la vía judicial). Y no solo eso. El actual presidente argentino, Javier Milei, lo ha confirmado en una reciente entrevista en TV. Milei, que llegó al gobierno realizando una campaña centrada en una aparente batalla contra “la casta y los corruptos”, se encuentra actualmente atrapado en varias tramas judiciales por corrupción, desde el ‘Caso Libra’ hasta las coimas (sobrepagos) presuntamente recibidos por su hermana Karina Milei. Milei afirmó: “soy el primer presidente que tomó la decisión de que CFK vaya presa”.

Milei está en lo correcto. La razón por la cual Cristina Fernández de Kirchner está condenada no es judicial, sino política, repitiendo un patrón que se repite de forma sistemática en diferentes países de América Latina en los últimos 25 años. La Causa Vialidad por la que se ha sentenciado a CFK ya había sido estudiada, analizada y calificada como lawfare por parte de renombrados/as juristas en el libro “Objetivo Cristina: el lawfare contra la democracia en Argentina”,

En el mencionado libro y otros artículos se enumeran las características del lawfare contra CFK, tales como el acoso judicial. Fueron más de 654 denuncias en su contra, con 13 causas en las que llegó a ser procesada (Dólar futuro, Obra pública, Los Sauces, Hotesur, Cuadernos, etc.). Hostigada con ocho declaraciones indagatorias en el mismo día y con una reapertura sistemática de investigaciones y causas que habían sido archivadas por falta de pruebas, etc.

Sufrió escuchas ilegales, espionaje y operativos ilegales. Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se colocaron de forma deliberada micrófonos en celdas y en reuniones de funcionarios vinculados a CFK y sus abogados. Se empleó un doble rasero en su detrimento, dejando de lado casos más graves que afectaban a la familia del entonces presidente Macri (Correo Argentino, Aportantes Truchos, etc.), mientras que la condena para aquella se realizó en tiempo récord, igual que sucedió con casos que afectaban a otros líderes populares, similar a las condenas de Rafael Correa, expresidente de Ecuador y Lula da Silva, presidente de Brasil. Todos ellos adolecían de la misma falta de pruebas y tuvieron el mismo resultado predeterminado en contra del buen derecho.

Y para rematar, la manipulación, el cambio de cargos judiciales, la vulneración del principio del juez natural predeterminado por la ley mediante la designación por decreto del presidente Macri de jueces de la Corte Suprema; hostigamiento contra la Procuradora (Fiscal) General; delaciones premiadas en forma irregular; intervención del Consejo de la Magistratura propiciando sorteos irregulares que asignaron 10 de las 12 causas contra CFK al mismo juez, el fallecido Bonadio, reconocido enemigo político de aquella.

Tampoco faltaron las delaciones premiadas, construcción de pruebas, utilización de copias y no originales de documentos, intervención de un falso abogado (D’Alessio) para extorsionar a empresarios para que inculparan a CFK en la causa Cuadernos, los testimonios de "arrepentidos" en esa causa no se firmaron ni grabaron, y de los “cuadernos” (principal prueba) no se aportaron originales sino fotocopias; abuso de la prisión preventiva contra los investigados próximos a CFK.

En todo este entramado, la independencia del poder judicial brilló por su ausencia, agravado por el hecho de que algunos de los jueces que intervinieron en los procesos mantuvieron relaciones profesionales promiscuas con el presidente Mauricio Macri durante la tramitación de aquellos.

La Presidenta Cristina Fernández ostenta el triste récord de haber recibido 654 denuncias seriales contra ella y su familia durante su desempeño en la función pública (2004 a 2022). Este evidente acoso contra ella y su familia se normalizó, porque el “Objetivo Cristina” fue blanco privilegiado de la violencia política de género. Baste recordar algunas de las portadas que fueron publicadas, cargadas violencia verbal y machismo, que no contaron con ningún tipo de sanción. Frases y titulares como: “El goce de Cristina”, “Se muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procaz”; “La sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo”; “Cristina compró hasta 1 millón de dólares en joyas, por año”; “Síndrome Cristina: estrés y trastornos anímicos del poder”; “Escenas increíbles del miedo a Cristina”; “Hormonas, luto, planes y estrés. Los 60 de Cristina”… muestran la deshumanización de los medios que las plasmaron cobardemente en sus portadas contra una dirigente política por el solo hecho de ser mujer. Definitivamente, se normalizó esta agresión contra la líder más importante de Argentina y la región, en la línea con lo sucedido con Dilma Rousseff en Brasil, Paola Pabón en Ecuador, o con la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Aquí en España también tenemos ejemplos próximos de esa misma dinámica contra mujeres políticas y servidoras públicas concretas. Por todo ello, es de enorme importancia que desde la academia se aborden los diferentes ángulos de esta problemática: el lawfare y el modo en que opera el Poder Judicial, la persecución política y las derechas; la violencia política de género normalizada; la estigmatización y criminalización operada por medios de comunicación corporativos, con la finalidad de detallar las características que reviste en cada país. Hasta ahora, lo que sabemos por la experiencia en América Latina es que se trata de un mecanismo que no considera el debido proceso judicial y corroe las bases institucionales del Estado de derecho. Y lo más importante, que opera como una amenaza directa y cierta contra principios básicos de la democracia como la inclusión política, económica, social y cultural, anulando cualquier posibilidad de justicia social y alterando el equilibrio entre los diferentes poderes del Estado.

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Baltasar Garzón es jurista y Silvina Romano Doctora en Ciencia Política. Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).

El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió este domingo un duro revés en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires ante el peronismo, revitalizado de la mano del gobernador Axel Kicillof, y que amenaza sus aspiraciones de cara a las elecciones nacionales de octubre, según informa EFE. La Libertad Avanza, formación de ultraderecha comandada por Milei, obtuvo casi el 34% de los votos y fue aplastada por la lista peronista Fuerza Patria, que concentró más del 47% de los sufragios.

La diferencia entre ambas formaciones superó ampliamente la proyectada por todos los sondeos, que, sin embargo, sí anticipaban una victoria de Fuerza Patria en el que es desde hace años su principal bastión, además de un distrito clave a nivel nacional, con casi el 40% de su población total.

Poco después de conocerse el resultado, Milei tomó la palabra ante un desierto búnker de LLA y, pese a que en la antesala a los comicios había anticipado que el peronismo realizaría fraude electoral, reconoció la derrota: "Hoy hemos tenido una clara derrota y, si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados".

Con un tono mucho más seco y moderado que de costumbre, el mandatario dijo que este resultado obliga a una profunda autocrítica e instó a comenzar a trabajar de cara a los comicios nacionales del próximo 26 de octubre, cuando se renovará parcialmente la composición del Parlamento argentino. Aún así, se mantuvo firme en el rumbo que adoptó cuando fue elegido presidente, en diciembre de 2023: "No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno. El rumbo no solo que se confirma sino que lo vamos a acelerar y profundizar más".

A pocos kilómetros de allí, en el búnker de Fuerza Patria, cientos de seguidores del peronismo se congregaron para celebrar el triunfo, entonaron el himno nacional y lanzaron fuegos de artificio. La primera en tomar la palabra fue la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), a través de un discurso grabado desde el domicilio en el que cumple una condena de seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Decidieron ponerle un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos", mencionó, y agregó que espera que "este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura en la forma que lo hace". Luego fue el turno de la estrella de la noche, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente peronista, quien fue recibido por la multitud al grito: "Para Axel, la conducción (del partido)" y "se ve, se siente, Axel presidente".

Kicillof, otrora ministro de economía de Cristina Fernández y quien gobierna la provincia de Buenos Aires desde 2019, expresó así su visión: "Con esto queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo". Fortalecido como principal figura opositora a Milei, instó al mandatario a mantener una reunión con él, pues es el gobernador de la provincia donde habita casi el 40% de la población del país. "Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje", subrayó Kicillof, para quien el Gobierno nacional "va a tener que rectificar el rumbo".

En los comicios provinciales de este domingo en Buenos Aires, el peronismo logró imponerse no solo al partido de Milei sino también a Propuesta Republicana (Pro), partido conservador liderado por el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y que se presentó en la misma plataforma que LLA. Por debajo de Fuerza Patria y LLA se ubicó Somos Buenos Aires, un frente político compuesto por otros sectores del peronismo, que superó el 5% de los votos. En la cuarta posición quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con poco más del 4%.

Con más del 97 % de los votos escrutados, Fuerza Patria se quedaría con 13 de las 23 bancas en el Senado provincial que estaban en juego en esta elección y 21 de los 46 escaños de disputados. LLA, por su parte, se quedaría con ocho asientos en la Cámara Alta de Buenos Aires -que cuenta con 46- y 18 en la Cámara Baja, que tiene un total de 92 sillas.

La nueva composición de la Legislatura bonaerense está lejos, sin embargo, de ser la novedad de una jornada electoral que deja preocupado al Gobierno y fortalecida a la oposición peronista de cara a la elección nacional del próximo 26 de octubre.

La República Argentina y su sistema judicial, que otrora fueran ejemplos a nivel global, ahora están manchados por la ignominia de una causa viciada desde su inicio: la que termina con la confirmación de la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

Hace unos días se conoció el vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia, integrada ahora sólo por tres jueces (único tribunal supremo de un país que funciona como triunvirato, la corte con menos miembros del mundo) y que confirmó la condena a seis años de prisión y de inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos a la expresidenta y principal lideresa política del país.

La figura política más relevante de la oposición, ha sido penada por administración fraudulenta en una de las causas judiciales más controvertidas en Argentina. La condena fue dictada por un tribunal oral federal, que la propia CFK denominó como “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.  

Desde el inicio de la causa, en la instrucción de esta, se plantearon múltiples nulidades por un sinnúmero de irregularidades procesales y funcionales que fueron desestimadas sistemáticamente por un entramado de jueces abiertamente militantes del antikirchnerismo y el antiperonismo. Configuraciones políticas que en la Argentina determinan la historia contemporánea. 

Muchas de esas irregularidades del proceso -una verdadera hoguera inquisitorial- fueron impulsadas políticamente por el entonces gobierno nacional de Mauricio Macri, a través de organismos del poder ejecutivo, contra funcionarios del gobierno anterior, querellantes instrumentales, manipulación de informes técnicos y medios de comunicación afines, que organizaron campañas de amedrentamiento de los jueces, nunca antes vistas en la historia argentina. 

A ello se sumó la “doctrina Irurzun” (que sirvió para ingresar en prisión a la líder de la Túpac Amaru, Milagros Sala, al vicepresidente Amado Boudu, o al ministro De Vido, entre otros), apadrinada por el juez de apelación del mismo apellido. Determinaba que todos los políticos procesados del Gobierno kirchnerista debían estar en prisión preventiva (no importando que no se cumplieran los requisitos legales para ello), porque supuestamente tenían aún poder para manipular el proceso judicial. Afirmación falsa si se tiene en cuenta que, en Argentina, como en otros países, el sistema judicial siempre es refractario a lo democrático y popular.  

La hoguera infinita prendida arteramente por aquellos indignos, ha concluido, mediante la pluma de una parte de la justicia argentina y según lo planeado, en una sentencia condenatoria de CFK, su enemiga política, que, en vez de quemarla a ella, destruirá al propio sistema judicial. 

La Corte Suprema, aun en su versión jibarizada y degradada actual, ha tenido la oportunidad de responder jurídicamente y con suficiencia a las alegaciones muy fundamentadas de la defensa, de arbitrariedad y de violación de principios constitucionales y convencionales. Sin embargo, lo ha hecho alterando todos los procedimientos usuales de tratamientos de recursos de queja contra condenas, ha denegado todas y cada una de las alegaciones con excusas formales, para asegurar la cárcel efectiva de CFK. 

Queda así demostrada su espuria relación con el actual poder ejecutivo argentino, el poder económico y mediático del país que, ahora, al contrario de lo que ocurrió en 2019 –cuando “exigieron” a la Corte Suprema que no resolviera las nulidades alegadas y dejara seguir su libreto a los jueces del tribunal oral– imponía la rápida decisión de rechazo de los recursos de las defensas. 

Lo que normalmente hubiera tardado en resolverse unos siete años, ha quedado resuelto en menos de un mes, y ello para hacer efectivo el sueño de la derecha vernácula: la cárcel y la proscripción definitiva de CFK y evitar su candidatura anunciada a diputada provincial en la próxima contienda electoral.

Entre 2015 y 2019 (los años del gobierno macrista) Cristina fue procesada en trece causas penales, en las que siempre intervinieron los mismos jueces de instrucción y los mismos jueces de apelaciones y de casación para las revisiones. Muchas de esas causas, desgajadas artificialmente de las originales y violentando el principio ne bis in idem, (no juzgar dos veces por el mismo hecho), fueron armadas por los servicios de inteligencia del macrismo, incluso llegando a acusarla de un delito que no existe en el código penal argentino y que en la constitución histórica sólo puede cometerse en casos de guerra: el de traición a la patria.  

Todas estas persecuciones políticas fueron orquestadas por lo que se denominó “la mesa judicial del macrismo” que hacía explícita las connivencias entre el poder político, los servicios de inteligencia, las embajadas de Estados Unidos e Israel, los intereses del Fondo Monetario Internacional y los llamados “fondos buitres” junto con el poder judicial macrista. 

La causa judicial llamada “vialidad” por la supuesta administración fraudulenta en la concesión de la obra pública en la provincia de Santa Cruz fue desde su comienzo una causa construida por aquel conglomerado, como una especie de Causa General contra el kirchnerismo. Los fiscales inclusive acusaron a Cristina de presidir una supuesta asociación ilícita desde el Estado, que luego el tribunal desechó. 

En este proceso kafkiano las pruebas fueron sustituidas por las presunciones, indicios y conjeturas construidas por los fiscales y aceptadas por el tribunal. Fueron abandonadas, como nunca antes en otro proceso judicial, la obligación de probidad, independencia, objetividad e imparcialidad, para construir las presunciones con técnicas mediáticas desde la ideología política de los magistrados. 

Más allá de las escandalosas relaciones entre los fiscales, los jueces, los revisores y el poder mediático/político dominante --desde antes de su apertura como causa y aún durante la instrucción y sustanciación en el juicio oral--, esta causa fue transmitida en vivo por los canales del multimedia más poderosos del país, con una insistente obcecación por mostrar culpables a la ex presidenta y sus funcionarios, con lo que quedaron develadas las estrechas relaciones con el principal propulsor de esta causa, el entonces presidente Macri, que ocupaba sus ratos de ocio jugando a distintos deportes con los magistrados, en la residencia presidencial. 

No obstante, a pesar de la falta de imparcialidad de los juzgadores y de objetividad de los fiscales y de que la consecuencia de este proceso es la exclusión de por vida de la acción política y la muerte civil de la principal lideresa política de la República Argentina, la Corte no consideró que fuera un caso de gravedad institucional. 

El tribunal federal que la condenó reconoció que no tuvo pruebas directas que señalaran primero la existencia del delito y segundo la responsabilidad de los imputados. Añadía que, en este tipo de delitos, es muy difícil obtener pruebas directas, pero es que, tampoco las había indiciarias ni periféricas. Y, además, no tuvieron en cuenta que los mismos hechos fueron juzgados previamente en otros dos tribunales del país y se llegó a la conclusión de inexistencia del supuesto delito.

Pese a la ausencia de pruebas de la existencia de los hechos calificados como delictuales y sin probar la autoría y participación de los condenados, no tuvieron recato en afirmar machaconamente, a lo largo de fojas (folios) plagados de adverbios y prejuicios que existía (sin existir) “profusa prueba” y “convencimiento íntimo”. Todo ello en línea con la culpabilidad mediática preestablecida contra la ex presidenta. 

Ante estos y muchos planteamientos más, en los que se señala la violación de los principios de proporcionalidad, de congruencia entre la acusación y la condena, de inocencia y de valoración probatoria, la Corte Suprema se despacha sin fundamentos, diciendo que la defensa no ha logrado convencer de esos extremos a la máxima instancia judicial del país. Con el argumento formal de la no autosuficiencia de la exposición de los agravios, cosa que no se prueba que así sea. 

Sin justificación, sin responder coherentemente a los agravios, la Corte confirma así una sentencia ignominiosa, donde se cumple lo que el presidente Milei había dicho varias veces: que Cristina iba a ir presa y que él sería el que le pusiera el último clavo al ataúd, en un ejemplo paradigmático de lawfare en la región. Amargo paralelismo con el caso seguido en España contra el Fiscal General del Estado.

Tenemos a dos presidentes opositores a Cristina detrás de la organización de esta pantomima judicial: Macri y Milei. Dos presidentes de la derecha, funcionales al poder mediático y empresarial, a los poderes financieros internacionales, orquestando lo que Cristina denominó “el partido judicial”. 

Esta violencia institucional contra la justicia supone la degradación del Estado de Derecho y no tiene parangón con nada que haya sucedido antes en la Argentina democrática. Quizá el antecedente más directo y claro sea el llamado caso Sobornos de Ecuador contra el expresidente Rafael Correa, en el que se condenó a este in absentia por “influjo psíquico”. La que fuera fiscal general del Ecuador durante la tramitación de ese caso ahora es casualmente la embajadora en Argentina. 

En este como en aquel caso, hay ausencia de pruebas directas, la idea de una autoría espiritual y la profusión de documentos que no prueban nada, pero que, en su acopio incongruente, repetición y producción en serie aparenta un entramado probatorio artificial en el que falta la base real sobre la que apoyar el castillo de naipes, pero que es suficiente para el fin político perseguido a modo de derecho penal del enemigo y derecho penal de autor. 

Sin pruebas directas o indiciarias de la participación de la expresidenta, ni sobre la existencia misma del delito, con la eliminación de control de la defensa, la incorporación irregular con las que se adjuntaron algunas pericias parcializadas, el rechazo de las nulidades solicitadas o del peritaje contable sobre el supuesto enriquecimiento ilícito, la única opción jurídicamente defendible en un verdadero Estado de Derecho, era la de abrir la queja y absolver por ausencia de delito. 

Como se ha señalado ut supra, lo más bochornoso en este proceso ha sido el manejo mediático de la causa, la manipulación de la opinión pública. Tanto desde la instrucción hasta la revisión por queja en la Corte Suprema, los medios opositores a Cristina (Clarín, La Nación) han exigido a los fiscales y jueces, pública y desvergonzadamente, que la ex presidenta tenía que ser condenada. Típica operación de lawfare de determinados conglomerados mediáticos empresariales, que, desde hace años, se la tenían jurada tanto a Néstor Kirchner como a Cristina Fernández por sus políticas sociales y económicas.

Diego García-Sayán, honorable jurista peruano y entonces Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, describió muy detalladamente en un informe oficial el plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial por parte de Mauricio Macri, mediante destituciones, intimidaciones, traslados y designaciones ilegales de jueces, entre 2015 y 2019. Hasta el punto de que a dicho gobierno se le recuerda en la historia política argentina  por el endeudamiento externo, la consiguiente fuga de capitales y la persecución mediático-judicial de los opositores. 

Son los mismos medios que propugnaron e inventaron esta causa, los que apuraron a la Corte Suprema para que confirmara la condena efectiva y ahora hacen campaña para que no le den prisión domiciliaria (que le correspondería por la edad y el peligro que corre de que intenten matarla nuevamente). Son los mismos que lamentaron que “la bala no saliera” en la tentativa de magnicidio del año 2022 y que ahora quieren verla humillada en una cárcel. Sin embargo, eso no es lo que sucederá. 

El odio es el combustible que alimenta a las derechas en todo el mundo, antes y ahora. En la Argentina eso tiene un nombre específico y se llama anti peronismo. Hace exactamente 70 años, el 16 de junio de 1955, para derrocar al presidente Juan Domingo Perón, la Armada argentina bombardeó a su propio pueblo, en la Plaza de Mayo, causando más de 300 muertos y miles de heridos. Después del golpe, fusilaron a los peronistas de la resistencia pacífica. Luego llegaron más dictaduras, con más fusilamientos, proscripciones, torturas y desapariciones forzadas. El saldo de 30.000 detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar, tenía el signo inequívoco del odio al peronismo y sus epígonos. 

Ahora, tras aquel intento fallido de acabar con su vida, el miedo que tienen a una Cristina Fernández de Kirchner libre y posible candidata y el odio pertinaz al liderazgo popular que tantos beneficios aportó en favor del pueblo argentino, se pretende consumar de manera aparentemente menos cruenta, con su prisión y su proscripción o muerte civil y política. 

No olviden, estimados lectores, que con estos fallos la Justicia ha quedado maltrecha y torcida, y la confianza en los jueces, perdida. Recuerda el maestro Zaffaroni la etimología del verbo “prevaricar”, que significa algo que se dobla respecto de una línea recta, algo que se tuerce: las piernas torcidas con las que camina la justicia. La democracia ha sufrido otro golpe de parte de quienes deberían ser los buscadores de la verdad. Los jueces que han perpetrado este fallo son responsables de tal perversión, porque renunciar al deber de imparcialidad es el principio del fin de la justicia y el declive de la civilización tan duramente construida por el esfuerzo de miles de personas y especialmente de las víctimas. Existe además un efecto no querido en todo esto, se ha despertado a un gigante: el peronismo de la resistencia, que llevaba demasiado tiempo dormido, que tiene experiencia de crecer en tiempos de proscripción y de persecución. 

Las instituciones republicanas fueron permeables y manipulables por los oscuros intereses foráneos y de clase. Ahora hay que demostrar que la democracia sigue viva y los pueblos, más temprano que tarde, volverán a habitar las grandes alamedas por donde pasean la mujer y el hombre libres. 

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Baltasar Garzón Real es jurista y Matías Bailone es profesor de Derecho.

La condena a seis años de prisión contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) entró en vigor este martes al concederle la Justicia la prisión domiciliaria y dejar sin efecto su comparecencia ante los tribunales prevista para este miércoles, ha recogido EFE.

El juez Jorge Gorini, a cargo de la ejecución de la sentencia, otorgó a Fernández, de 72 años, el cumplimiento de la condena en su domicilio del barrio capitalino de Constitución, rodeado de simpatizantes de la expresidenta desde la semana pasada.

De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales, cuando tenía previsto hacerlo este miércoles.

El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas, que no podrá abandonar su domicilio "salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente".

También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la "convivencia pacífica" de sus habitantes.

En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.

El cumplimiento de estas condiciones deberá ser supervisado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que elevará a la Justicia un informe cada tres meses para evaluar el grado de acatamiento de las reglas impuestas.

El juez ordenó colocar a Fernández un dispositivo de vigilancia electrónico. Los abogados de la expresidenta habían solicitado que no se le colocara dicho dispositivo al considerar que no era posible la fuga y por evitar que fuera humillada.

Las leyes argentinas prevén la prisión domiciliaria cuando, por ejemplo, la persona condenada es mayor de 70 años, un beneficio que la Justicia puede o no conceder. Fernández cumplió 72 años el pasado febrero.

En 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por el delito de administración fraudulenta en prejuicio del Estado en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

Fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El pasado 10 de junio, la Corte Suprema dejó firme ese fallo y la defensa de la exmandataria solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.

En el momento de formular ese pedido, además de señalar la edad de Fernández, su defensa también apuntó a su condición de exjefa de Estado y el antecedente del intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

La Fiscalía expresó en un escrito difundido este martes su rechazo al otorgamiento de la prisión domiciliaria al alegar que "no se advierten las razones humanitarias" que justificarían tal decisión.

Las movilizaciones contra la ratificación este martes de la condena a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) crecen en las principales ciudades del país, mientras siguen llegando militantes peronistas a la casa de la líder del Partido Justicialista (PJ) en Buenos Aires para pasar la noche a la intemperie, según informa EFE.

La Corte Suprema ratificó la condena emitida en primera instancia, en 2022, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Varias horas después de conocerse el fallo, cientos de manifestantes se agruparon en las inmediaciones de la casa de Fernández, en el barrio porteño de Constitución, hacia donde se trasladó la líder peronista tras recibir la noticia de la Corte en la sede del PJ.

Lautaro González, estudiante y militante del PJ, dijo a EFE que estaba allí para "demostrar lo que se la quiere, lo que se la respeta, lo que se la banca (apoya) a Cristina por todos los derechos" que ha brindado. Rubén Desampier, militante peronista y empleado administrativo, indicó haberse acercado al domicilio de la expresidenta "por convicción y porque se está cometiendo una injusticia contra Cristina".

Muchos simpatizantes se preparan para pasar la noche en las puertas del domicilio de Fernández para mostrarle su apoyo en lo que podrían ser una de sus últimas noches en libertad.

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un centenar de personas se reunieron en la plaza 25 de mayo en apoyo a la expresidenta, mientras que en San Miguel de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, otras tantas levantaron carteles con el lema: "Todos con Cristina".

En la sede del PJ de la provincia de Córdoba, otro centenar de personas alzaron banderas y cantaron contra del presidente Javier Milei. También hubo movilizaciones en la ciudad costera de Mar del Plata y, al sur del país, en la ciudad de Bariloche.

Una vez que Fernández sea notificada oficialmente del fallo de la Corte Suprema, tendrá cinco días hábiles para presentarse ante la Justicia para que se haga efectiva su detención. La defensa de la exmandataria tiene la posibilidad de solicitar al tribunal que le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ser una persona mayor de 70 años.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales, según informa EFE.

Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de lawfare, es decir, persecución judicial y política.

"Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (...) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional", dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Y añade: "El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley", agrega.

La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur). El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.

El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre. Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.

La causa por la que fue condenada, conocida como 'Vialidad', investigó supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.

En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo. En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como "guardia pretoriana del poder económico" y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan "libres" por las calles, por lo que, para ella, "estar presa es un certificado de dignidad".

Patricia Bullrich, tercera en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo en Argentina, ha anunciado este miércoles que apoyará al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, en la cita definitiva que le enfrentará el próximo 19 de noviembre al oficialista Sergio Massa, según recoge Europa Press.

"Este momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro del kirchnerismo de Sergio Massa", ha justificado Bullrich en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada de su segundo, Luis Petri, quien también se ha sumado a este apoyo, si bien han aclarado que hablan por ellos y no por toda la coalición de Juntos por el Cambio.

"Cuando la patria está en peligro todo está permitido", ha dicho, según recoge el diario Clarín, una Bullrich que obtuvo cerca del 24 por ciento de los votos en los pasados comicios, a unos seis puntos porcentuales de Milei.

Bullrich ha confirmado que se ha reunido en estos días con Milei y que ambos se han perdonado mutuamente sus encontronazos y declaraciones anteriores. "Hoy la patria necesita que seamos capaces de perdonarnos", ha dicho. "Hay que aunar fuerzas para un objetivo superior", ha justificado Bullrich, que si bien ha reconocido "diferencias" con Milei, se encuentran ante el "dilema de cambio o continuidad mafiosa para Argentina".

"Representamos parte de ese cambio y tenemos obligación de no ser neutrales", ha insistido la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, quien ha subrayado que dicho apoyo no viene acompañado de ningún pacto o acuerdo de gobierno.

Sergio Massa apoyó en su juventud al equipo de fútbol San Lorenzo, más tarde al de Chacarita y ahora al de Tigre, un acomodado suburbio de Buenos Aires que se ha convertido en su bastión político. En Argentina, cambiar dos veces de equipo favorito a lo largo de la vida roza la herejía.

La anécdota, que surge una y otra vez en boca de sus adversarios en los perfiles dedicados al peronista de 51 años, se supone que revela el oportunismo de un candidato sin grandes convicciones, dispuesto a traicionar con tal de escalar los peldaños del poder. "Massa es ante todo un massista, es un pragmático", dice a Mediapart Humberto Cucchetti, de la Universidad 3 de Febrero e investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), cuando se le pregunta a qué figura peronista se parece más.

El "advenedizo del poder", como lo llama su biógrafo Diego Genoud (2023, Siglo Ventiuno), acaba de dar un gran golpe: se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 22 de octubre, con el 36,7% de los votos, frente al candidato de extrema derecha Javier Milei (30%). Con su coalición Frente para Todos, Massa consiguió atraer a tres millones de votantes más que los peronistas en las primarias de agosto.

Si el resultado es sorprendente es porque Massa ha sido ministro de Economía del Gobierno saliente desde agosto de 2022 y su balance ha sido calamitoso. La tasa de inflación trepó al 137% interanual. La proporción de pobres alcanzó el 40,1% en el primer semestre de 2023. Tras la victoria de Milei en las primarias, Massa impuso la mayor devaluación del peso en cuatro años, con el riesgo de alimentar aún más la inflación.

"Que un ministro de Economía saliente, dada la situación económica en la que estamos, pueda sacar más del 20% de los votos dice mucho de la resiliencia del voto peronista", dijo Gabriel Vommaro, de la Universidad Nacional San Martín, pocos días antes de la elección, en referencia a las encuestas que circulaban en ese momento, que daban a Massa entre 20 y 30 puntos. "¿Es la economía una estupidez? No, no lo es", comentaba el lunes por la mañana el diario argentino Clarín.

En una entrevista que también concedió a Mediapart pocos días antes de la elección, el editorialista e historiador de La Nación Carlos Pagni resumió: "La pregunta que plantea la campaña de Massa es cuánto pesa una campaña en el proceso electoral más amplio. Si la campaña pesa mucho, entonces puede ganar. Si la campaña es anecdótica comparada con el peso de la realidad, perderá".

Está claro que el último mes de campaña de Massa dio sus frutos. En primer lugar, supo apelar a las clases populares adoptando, en el último minuto, una batería de medidas tachadas de izquierdas: una reforma de la escala impositiva que supone que 800.000 personas dejen de pagar el impuesto sobre la renta, o una exención del IVA en los productos alimenticios...

Frente a la tormenta y el caos de la candidatura de Milei, Sergio Massa también consiguió construir una imagen de candidato presidencial tranquilo, sobre todo durante los dos debates televisados entre los candidatos. "Massa se mostró como el 'adulto en la sala'", escribieron Mariano Schuster y Pablo Stefanoni en un texto publicado por Nueva Sociedad. Mientras Milei intentaba caóticamente incorporar su utopía anarcocapitalista a un proyecto de gobierno, el apoyo a Massa terminó apareciendo como una suerte de voto defensivo de un sector de la sociedad".

"Durante cuatro años, la coalición gobernante ha estado dividida [entre el bando del presidente Alberto Fernández y el de la vicepresidenta Cristina Kirchner - nota del editor]. Massa supo imponer respeto, erigirse en líder de la coalición, hasta el punto de parecer el verdadero presidente, tanto que Fernández pasó a un segundo plano al final de su mandato. Hay una especie de valentía, o sentido de la aventura, en tomar el timón de un Ejecutivo que se estaba hundiendo, y dio sus frutos", afirma Humberto Cucchetti.

Massa está metido en política desde la infancia: es un producto puro de la "casta" que aborrece Javier Milei. Nacido en las afueras de Buenos Aires (en San Martín), ingresó a los 15 años en las filas de la Unión del Centro Democrático (UCéDé), un partido liberal de derechas aliado de la mayoría peronista de Carlos Menem en los años noventa. Convertido al menemismo en 1992, fue elegido por primera vez en 1999 diputado por la provincia de Buenos Aires.

"Massa construyó su ascenso navegando por las distintas corrientes del peronismo, un movimiento político sin parangón en el mundo, trabajando con los presidentes Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y luego Cristina Kirchner. Pero no se entregó a ninguno de ellos", escribe el diario español El País. "Tuvo la audacia de abandonar el barco cuando el momento más convenía a sus intereses".

En 2013, Sergio Massa creó su propio partido, el Frente Renovador, que convirtió en una máquina de guerra para torpedear la elección de Daniel Scioli, el candidato peronista respaldado por Cristina Kirchner. Durante esta campaña, llegó a decir que mandaría a la cárcel a la presidenta saliente, acusada de corrupción. Massa quedó tercero en las primarias de 2015 y Scioli acabó perdiendo frente al liberal Mauricio Macri en las elecciones presidenciales.

El episodio ha dejado huella. Massa es el "traidor espectacular del kirchnerismo", escribe la muy antiperonista escritora Pola Oloixarac en su acerada Galería de celebridades argentinas. Cuando Martín Guzmán, ministro de Economía, dimitió en 2022, Cristina Kirchner se negó inicialmente a aprobar el nombramiento de Massa, entonces presidente del Congreso, para sustituirle, antes de ceder.

Y en junio de 2023, en un acto público junto a Massa, todavía dijo que su candidato presidencial no era el ministro de Economía, sino Wado de Pedro, un miembro de la dirección del partido, hijo de desaparecidos durante la dictadura, que estaba más a la izquierda, pero que al final no se presentó.

También calificó a Massa de "fullero", adjetivo utilizado para describir a los estafadores y tramposos del juego. En su única aparición pública durante la campaña, a finales de septiembre, la vicepresidenta saliente no mencionó el nombre de Sergio Massa. Este silencio es quizás una oportunidad para el interesado, ya que Javier Milei intentará durante la campaña entre las dos vueltas asociar a Massa con Cristina Kirchner, que es vista como repelente por un público de centro-derecha.

Básicamente, Massa representa un ala más derechista del peronismo que Cristina Kirchner. Hubo una clara ruptura cuando el vicepresidente se negó a votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2022. Durante su campaña, Massa no dudó en aparecer junto al gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales (radicales), criticado por su gestión ultrarrepresiva de los movimientos sociales que defienden los derechos de los pueblos indígenas contra la industria extractiva.

En su biografía de Massa, el periodista Diego Genoud defiende la idea de que Massa está en camino de superar al kirchnerismo, el peronismo de izquierda que estructuró la política argentina en los últimos veinte años: no demonizándolo u oponiéndose frontalmente a él, como intentaron Mauricio Macri y luego Patricia Bullrich a lo largo de la década de 2010, sino infiltrándose en él para derrotarlo mejor.

El editorialista Carlos Pagni dice sobre este formidable estratega: "Tiene algo del mago del Kremlin [alusión al libro de Giuliano da Empoli publicado en 2022 sobre un asesor de Vladimir Putin - nota del editor]: ha hecho una campaña muy coherente con sus propios intereses y no ha dudado en utilizar recursos del Estado al más alto nivel".

El domingo por la noche, Sergio Massa prometió formar "un gobierno de unidad nacional", que incluya a los mejores, "cualquiera sea su fuerza política". Prometió resolver "la fisura" de la sociedad argentina, tras veinte años de divisiones entre pro y antikirchneristas. Además del voto progresista, que tiene asegurado para la segunda vuelta del 19 de noviembre, espera ganarse a un electorado de centro-derecha incómodo con el método de Javier Milei.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes que no será candidato a la reelección en las próximas elecciones generales de octubre, con un simbólico mensaje en el que ha abogado por "revitalizar" el peronismo con el proceso de primarias en ciernes, del que saldrá la persona que lidere en las urnas a la actual coalición gobernante, informa Europa Press.

"El 10 de diciembre entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido en las urnas por el voto popular", ha declarado Fernández en un inesperado vídeo, titulado Mi Decisión y en el que esgrime que su decisión está fundamentada en una cuestión de regeneración política. "En estos tiempos, más que en otros, necesitamos revitalizarnos", ha hecho saber el mandatario.

En el mismo comunicado, Fernández ha defendido la unidad dentro de la coalición gobernante que lidera, Frente de Todos, "más allá de las críticas internas", en medio de la dura situación económica a la que se enfrenta el país.

"No tengo un solo enemigo (allí)", ha asegurado, antes de declarar todo su apoyo a sus compañeros y compañeras de coalición en el proceso electoral que se desarrollará durante los próximos meses, empezando por la celebración de las primarias nacionales, las PASO, que tendrán lugar el 13 de agosto. Ha prometido implicarse "directamente" en el proceso para favorecer que su sucesor sea también un compañero y "que no volverá la derecha a traer su pesadilla y su oscuridad" a Argentina.

Fernández, quien ha señalado que "nunca" ha antepuesto una "ambición personal" a "la necesidad del conjunto", ha recordado el inicio de su militancia política y las cuatro décadas transcurridas desde la llegada de la democracia a Argentina. También ha aludido a etapas de Gobierno más recientes, como la de Mauricio Macri, que supuso a su juicio un "ciclo de desazón" para el país sudamericano.

El mandatario ha reconocido que "no han sido estos años tiempos fáciles" y ha apuntado que, aunque no ha podido lograr todo lo que se propuso, sí tiene una "certeza": "No tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo". "Estoy convencido sin espacio para ninguna duda que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas", ha enfatizado.

Ha prometido implicarse "directamente" en el proceso de primarias para favorecer que su sucesor sea también un compañero y "que no volverá la derecha a traer su pesadilla y su oscuridad" a Argentina.

Fernández, líder del Partido Justicialista, llegó al poder en diciembre de 2019, tras imponerse primero en las primarias y luego en las elecciones a su predecesor, Mauricio Macri. Como compañera de fórmula electoral, eligió a la expresidenta Cristina Fernández, pese a que ambos habían mantenido abiertas discrepancias en los años previos.

Algunas de estas diferencias políticas han quedado también patentes en estos más de tres años de Gobierno, si bien el presidente ha sido uno de los principales defensores de su número dos en asuntos clave como la condena por corrupción dictada contra ella. Sobre Cristina Fernández pesa también una inhabilitación perpetua, aunque por el momento esta pena no se aplica porque la sentencia no es firme.

Tras el anuncio, dirigentes oficialistas han enviado mensajes de apoyo a Fernández, entre ellos su jefe de gabinete, Agustín Rossi, que ha resaltado que "así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo". Por su parte, el ministro de Exteriores, Santiago Cafiero, ha resaltado la "responsabilidad histórica" del presidente, así como su "compromiso con la unidad del peronismo".

La responsable de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ha dicho en una entrevista en la cadena C5N que Fernández pasará a la historia "como un hombre valiente, sano y limpio". A su juicio, "ha hecho todo lo posible" para que su Gobierno ofrezca soluciones a la ciudadanía.

Un tribunal argentino ha condenado este martes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por un delito de corrupción, en el marco de la conocida como causa Vialidad, aunque la sentencia aún puede ser recurrida, ha informado Europa Press.

Fernández había sido acusada de participar en una trama para defraudar al Estado a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión como presidenta (2007-2015) y la del expresidente y su marido difunto, Néstor Kirchner (2003-2007).

Asimismo, ha sido absuelta del delito de asociación para delinquir, por lo que la sentencia no ha sido tan amplia como esperaban los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que habían pedido para ella doce años de cárcel.

Fernández ha reaccionado acto seguido a la sentencia denunciando ser víctima de un "Estado paralelo" y de "una mafia judicial" y ha remarcado que cuando era presidente de Argentina no tenía ni "manejo de las leyes que son aprobadas" en el Legislativo ni "tampoco administra el presupuesto".

"Como me habrán escuchado durante los alegatos, probé que, de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de la leyes que son aprobadas por diputados y senadores. Dicen que el delito lo cometí a través de la sanción de leyes. Yo no legislo, para eso están los diputados y los senadores", se ha defendido.

"El presidente de la república tampoco administra ni ejecuta el presupuesto", ha enfatizado Fernández, quien ha insistido en una campaña en su contra. "Esta condena estaba ya escrita", ha denunciado.

En su extensa respuesta, Fernández ha señalado que "la condena real no es la prisión", sino "la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos" y ha anunciado que no se presentará a las elecciones de 2023. "Condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo", ha dicho.

"Este es el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente", ha denunciado Fernández, quien también ha puesto el foco sobre el periodismo y aquellos medios de comunicación "cómplices" con los "expedientes y condenas" que no tienen cabida en la Constitución.

Fernández también ha tenido ocasión de hablar del intento de homicidio que sufrió hace unos meses, afirmando que quizás no tenga ocasión de volver a hacerlo ya que puede que acabe antes en la cárcel. "Presa o muerta me quieren", ha dicho.

Además de Fernández, el Tribunal Oral Federal 2 también ha condenado a seis años de cárcel al empresario Lázaro Báez, cuya empresa, Austral Construcciones, recibió el medio centenar de proyectos que han sido investigados, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ha recibido la misma pena que la vicepresidenta.

El resto de los once acusados han recibido penas de cárcel que oscilan entre los tres años y seis meses y los seis años. El tribunal ha pedido también decomisar a los condenados 84.000 millones de pesos argentinos (unos 474.000 euros). Los jueces disponen ahora de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, aunque podría alargarse debido a la cercanía de las fiestas navideñas.

Ante la expectativa que ha levantado la lectura del veredicto, que se ha hecho a través de videoconferencia, se ha intensificado la seguridad de los principales tribunales federales de Buenos Aires, que han permanecido vallados desde la víspera y rodeados por un fuerte operativos policial.

El informe sobre los rastros de ADN en el arma Bersa calibre 32 utilizado por Fernando Sabag Montiel para atacar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha determinado que efectivamente el acusado del intento de magnicidio utilizó el arma, según informa Europa Press.

La justicia argentina ha recibido este lunes los resultados periciales que han hallado las huellas del acusado sobre el arma, disipando las dudas que afirmaban que el arma secuestrada no era la que se veía en los vídeos en manos del atacante, según ha informado la agencia Télam, citando a fuentes de la investigación.

Los restos de material genético han sido encontrados en el gatillo, el cargador y la empuñadura, ratificando que fue Sabag Montiel quien empuñó el arma.

La información se ha sumado a otros elementos que se han incorporado durante este lunes a la investigación, que permanece bajo secreto de sumario, mientras se aguarda que la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo tomen declaración indagatoria a Brenda "Ámbar" Uliarte, la novia del agresor, según la citada agencia.

Mientras tanto, fuentes judiciales están buscando alternativas para intentar recuperar la información del teléfono de Sabag Montiel, que fue reseteado mientras estaba a disposición del juzgado de Capuchetti.

Sabag Montiel, el brasileño de 35 años que intentó matar a Fernández de Kirchner gatilló dos veces su arma, aunque el disparo nunca salió. Esto fue porque, si bien tenía un cargador con balas, no había ninguna en la recámara, ha detallado Clarín.

Fuentes judiciales han informado de que el teléfono móvil del atacante de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, habría sido bloqueado en los intentos de la Policía Federal de extraer información, por lo que se considera que la "prueba fundamental" está en riesgo de perderse, según ha podido saber la agencia Télam y recoge Europa Press.

El teléfono que llevaba el atacante, Fernando Andrés Sabag Montiel, la noche en la que intentó disparar a Fernández de Kirchner en la cabeza habría sido formateado, por lo que la Justicia podría perder una prueba clave.

Según han podido saber los medios locales, en la pantalla del móvil habría aparecido el mensaje "teléfono reseteado de fábrica".

Por ello, la Policía Federal habría pedido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que investigase el dispositivo, debido a que poseen un software más moderno con el objetivo de tratar de acceder a la información.

Este inconveniente mantiene en vilo a los investigadores, sin embargo, desde el juzgado a cargo, liderado por María Eugenia Capuchetti, ha manifestado confianza en que la cadena de custodia no fue vulnerada.

Además, las autoridades han descartado que el teléfono haya sido manipulado de forma remota, ya que "permaneció en modo avión", recoge Télam.

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró ante la jueza que no se percató del intento de asesinato contra ella en el momento en que se produjo, sino que supo lo que había ocurrido cuando entró ya en su vivienda de Buenos Aires, según recoge Europa Press.

Fernández prestó el viernes por la mañana declaración ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y les vino a reconocer que no fue consciente de que un hombre la había encañonado con un arma apenas unas horas antes, según fuentes judiciales citadas por el diario La Nación.

Las autoridades investigan lo ocurrido como una tentativa de homicidio, pero Fernández no pidió en su primera declaración incorporarse como acusación en la causa, lo que le daría acceso al expediente y le permitía recurrir decisiones.

Además, ya han prestado declaración más de una veintena de testigos, principalmente simpatizantes de Fernández que estaban junto a la vivienda cuando se produjo el ataque y miembros del personal de seguridad.

El atacante Fernando Andrés Sabag Montiel se ha negado a declarar ante la jueza encargada de investigar el incidente, según han detallado fuentes judiciales. El detenido, un brasileño de 35 años con antecedentes penales por posesión de arma no convencional, se encuentra en unas dependencias de la Policía Federal, donde la jueza federal y el fiscal le han hecho la lectura de los hechos para luego tomarle declaración, ha informado la agencia Télam.

Sin embargo, éste habría declinado hablar alegando que habría recibido un golpe en el ojo en el momento en el cual fue reducido por los manifestantes, por lo que habría solicitado ser asistido por un oftalmólogo para luego negarse a declarar.

Con todo, ha reconocido como propia el arma que usó para intentar atacar a la expresidenta argentina, una pistola calibre 32 marca Bersa, que tenía balas y que estaba apta para el disparo.

La jueza y el fiscal Carlos Rívolo buscan determinar si Montiel actuó solo o si es parte de una conspiración, por lo que los investigadores han iniciado a analizar las cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido que hizo el detenido, su móvil y otros dispositivos electrónicos, ha informado La Nación. Por ahora, toda la evidencia recogida señala que actuó solo, según ha dicho al citado diario una fuente de la investigación.

Montiel cuenta con antecedentes penales por posesión de arma no convencional, después de que en marzo de 2021 fuera interceptado por la Policía a bordo de un coche sin seguro, un incidente por el que tuvo que intervenir la Fiscalía, aunque el caso finalmente fue archivado. Durante aquel registro, los agentes encontraron un cuchillo de 35 de centímetros.

El ataque contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner se produjo este jueves sobre las 21.00 horas, hora local, cuando regresaba a su domicilio en el barrio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, tras una sesión en el Senado.

En medio de un grupo de gente que había acudido a mostrarle su apoyo por la reciente acusación de la Fiscalía, Montiel sobresalió entre la multitud y accionó una pistola calibre 40, que luego se supo estaba cargada con cinco balas, que no disparó. Rápidamente fue neutralizado y detenido por la Policía.

Las autoridades argentinas han detenido a un individuo que ha intentado engatillar un arma a centímetros de la cabeza de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la inmediaciones del domicilio de la exmandataria. El Gobierno argentino ha confirmado que la persona detenida es un hombre de 35 años de origen brasileño y con antecedentes por tenencia ilícita de armas, detenido con anterioridad el pasado mes de marzo, ha informado Clarín y recoge Europa Press.

En un retransmisión en directo de la cadena Televisión Pública, se puede observar como una multitud de personas saludan a la vicepresidenta en los alrededores de su casa, momento en el que una persona levanta una pistola y apunta con ella a la cabeza de Fernández de Kirchner.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ha detallado que la persona detenida "tenía un arma" y ha sido detenida, inicialmente, "por personal de la custodia", según ha recogido la agencia Télam. "Lo apartan y encuentran el arma. Ahora tiene que ser analizada esta cuestión por nuestra gente para ver la disposición que tenía esta persona", ha asegurado el ministro.

La pistola del sospechoso de intentar asesinar a la vicepresidenta argentina estaba cargado con cinco balas de calibre 380, aunque por algún motivo aún desconocido no disparó cuando fue engatillada, según Ámbito.

El presidente del Argentina, Alberto Fernández, ha calificado el intento de magnicidio como el hecho "más grave que ha sucedido" desde el regreso de la democracia al país. "Querido pueblo argentino, poco después de las 21.00 horas un hombre atentó contra la vida de la vicepresidencia de la nación (...) Cristina permanece con vida por que, por alguna razón, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada", ha expresado el mandatario argentino en un mensaje televisado minutos antes de la medianoche (hora local).

"Este atentado merece el más enérgico repudio de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres que integran la república. Estos hechos afectan nuestra democracia", ha añadido, asegurando que la paz social ha sido alterada.

Fernández ha instado a la ciudadanía argentina a recuperar la convivencia democrática quebrada por el discurso del odio, aludiendo que se pueden tener "profundos desacuerdos", sin engendrar la violencia. Asimismo ha apostado por "desterrar" la violencia y el odio del discurso político y mediático de la ciudadanía: "La Argentina no puede perder ni un minuto más".

"Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia", ha dicho Fernández, antes de anunciar un festivo nacional para este viernes para que "en paz y armonía el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida". "El pueblo argentino quiere vivir con democracia y en paz y nuestro tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que eso sea logrado", ha añadido.

Con todo, algunas personalidades políticas han salido a mostrar su apoyo a la exmandataria, como el caso del ministro de Exteriores argentino, Santiago Cafiero, que ha asegurado que han intentado asesinar a Fernández de Kirchner. "Quisieron matar a la vicepresidente. Es el hecho de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia. Fuerza Cristina", ha aseverado en un mensaje en Twitter.

En ese sentido, el ministro de Economía, Sergio Massa, ha asegurado que "cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio".

El expresidente argentino Mauricio Macri también ha expresado su "repudio absoluto" al ataque sufrido por la vicepresidenta del país, y ha pedido un "inmediato y profundo esclarecimiento" de los hechos. "Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad", ha dicho también en Twitter.

Algunos mandatarios de otros países también han mandado mensajes de apoyo a Fernández de Kirchner. "Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta de Argentina ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la paz del hermano pueblo argentino", ha expresado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la red social.

Gabriel Boric, presidente de Chile, ha sostenido que el intento de asesinato a la vicepresidenta de Argentina "merece el repudio y condena de todo el continente". "Mi solidaridad con ella, el Gobierno y el pueblo argentino. El camino siempre será el debate de ideas y el diálogo, nunca las armas ni la violencia", ha subrayado el mandatario chileno.

El expresidente boliviano Evo Morales también ha condenado el que ha calificado como un "intento de magnicidio contra nuestra hermana". "Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de Argentina la derrotará", ha añadido.

El candidato presidencial brasileño Lula da Silva ha mandado toda su solidaridad a Fernández de Kirchner, asegurando que "es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo". Asimismo, se ha mostrado aliviado porque haya salido ilesa de un ataque perpetrado por "un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad".

Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel ha mostrado su consternación por el intento de asesinato de la exmandataria argentina, a quien ha trasladado toda su solidaridad.

El intento de magnicidio ha tenido lugar tras dos semanas de una notable crispación política en el país tras la petición de la Fiscalía de condenar a la exmandataria a 12 años de cárcel por varios presuntos delitos de corrupción. Tras el anuncio, el Gobierno y militantes han mostrado su apoyo a Fernández de Kirchner, si bien detractores de la vicepresidenta ya se habían acercado a su domicilio para increparla.

La Policía de Buenos Aires se ha enfrentado con gases lacrimógenos y cañones de agua a cientos de simpatizantes de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, en unos incidentes que han dejado por ahora un número no especificado de heridos y detenidos, según informan los medios argentinos y recoge Europa Press.

Según han confirmado fuentes de Seguridad, al menos 14 agentes han resultado heridos, durante los enfrentamientos contra los simpatizantes de Fernández de Kirchner. Entre los policías heridos, se encuentra un comisario con un corte en la cabeza y varios oficiales con distintos traumatismos.

Los manifestantes empezaron a derribar las vallas que rodean su domicilio en Recoleta (Buenos Aires) colocadas por la Policía para contener las manifestaciones a su favor tras la petición del fiscal Diego Luciani, que ha solicitado para ella 12 años de cárcel por varios presuntos delitos de corrupción.

Kirchner había protestado a través de un mensaje publicado en su página web la imposición de estas vallas, cuyo derribo ha sido confirmado por periodistas de Clarín en el lugar de los hechos.

Para la vicepresidenta, las vallas ordenadas por Rodríguez Larreta quieren "prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial" de la que la mandataria entiende que es objeto.

Tras los enfrentamientos, Cristina Fernández ha agradecido el apoyo de sus militantes y ha criticado la actuación de las autoridades locales. "Son algo más que impedir la libre circulación, (...) quieren prohibir las manifestaciones de amor y de apoyo absolutamente pacíficas y alegres, que tienen lugar ante la ya inocultable persecución del partido judicial", ha asegurado.

El gobernador bonaerense, Axel Kicilof, cuestionó la decisión del gobierno de Larreta de vallar las inmediaciones del domicilio de Kirchner. "El señor Larreta tiene que retirar de manera inmediata los vallados y dejar que la gente se manifieste", ha hecho saber. Larreta ha dado una conferencia de prensa en la que ha propuesto una mesa de diálogo, antes de criticar el kirchnerismo porque "no hace más que echar nafta al fuego".

El fiscal considera a Fernández de Kirchner responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

Kirchner ha negado durante mucho tiempo haber actuado mal y calificó el caso de persecución política. El presidente argentino, Alberto Fernández, le ha mostrado su apoyo junto a otro líderes de la región, como el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce, quienes han condenado que este "acoso" obedece a un interés por "sepultar" sus ideas políticas.

La sentencia no se conocerá probablemente hasta finales de año. Pero la petición de la Fiscalía contra la vicepresidenta Cristina Kirchner supone un golpe para la política argentina, a poco más de un año de las elecciones presidenciales: solicita 12 años de cárcel y una inhabilitación de por vida.

La líder peronista de izquierdas, de 69 años de edad, está procesada en un juicio abierto en 2019, pero retrasado por la epidemia del covid-19, por "asociación ilícita y administración fraudulenta". El caso de corrupción está relacionado con una adjudicación de contratos públicos en su bastión político de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, mientras era jefa de Estado (2007-2015). Otros doce encausados están siendo juzgados junto a ella.

El lunes, Cristina Kirchner, que también es presidenta del Senado desde 2019, afirmó que es víctima de "un fusilamiento mediático y judicial". El martes por la mañana, habló en un discurso retransmitido por redes sociales durante más de una hora y media desde sus oficinas del Senado, flanqueada por una bandera argentina y, en la pared del fondo, una fotografía de ella junto a su marido Néstor, el ex presidente fallecido en 2010 (ver el vídeo más abajo).

Mostrando recortes de prensa o leyendo hilos de conversaciones de WhatsApp, repitió, como ya dijo en la apertura del juicio en 2019, que "el veredicto ya estaba escrito". "No son acusaciones sino una ficción. No se ha demostrado nada", dijo, asegurando que este juicio no era el suyo sino el de todo el peronismo.

El fiscal Diego Luciani denunció en su escrito "un verdadero sistema de corrupción institucional", llegando a decir que se trataba de "la mayor maniobra de corrupción de la historia del país". Cristina Kirchner, por enriquecerse a costa del Estado, "defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron" y sólo le motivó la búsqueda del "enriquecimiento individual". El otro representante de la Fiscalía, Sergio Mola, se refirió a "irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones durante 12 años".

La familia peronista, incluido el actual presidente del país, Alberto Fernández, habitualmente desgarrada por interminables divisiones, cerró inmediatamente filas con Kirchner. En un comunicado, la Casa Rosada condenó una "persecución judicial y mediática", asegurando que "ninguno de los hechos atribuidos a la vicepresidente han sido probadoa". El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, al denunciar una maniobra de la derecha antes de las elecciones presidenciales de 2023, se apresuró a establecer un paralelismo con la situación de los ex presidentes brasileño y boliviano, Lula y Morales.

Incluso el recién nombrado ministro de Economía, Sergio Massa, ha hecho suya la causa, diciendo que "es absurdo considerar que el jefe de una administración es responsable de todos y cada uno de sus funcionarios". El diario El País comentaba con ironía: "Fue una declaración elegante de alguien que hizo campaña por la presidencia [en 2015] prometiendo que metería a Kirchner en la cárcel".

El lunes por la noche, los partidarios del bando "K" –a favor de Kirchner– se reunieron frente al domicilio particular de la expresidenta en el lujoso barrio de Recoleta, y se produjeron enfrentamientos con la policía. Hebe de Bonafini, la polémica presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, convocó a una "concentración popular" en apoyo a Kirchner, mientras que Luis D'Elía, sindicalista y figura del movimiento piquetero, los trabajadores que bloquean las carreteras del país en señal de protesta, dijo que la vicepresidenta es "inocente".

"Los "K" quieren jugar este proceso judicial en la calle", comentó el lunes por la noche el periodista Jorge Lanata, quien fue el primer director del diario de izquierda Página 12. Este último considera que las sentencias dictadas el lunes son "reparadoras", porque demuestran que la justicia argentina, por muy criticada y lenta que sea, puede funcionar: "Es importante para nuestra democracia que esto llegue hasta el veredicto, que un poder pueda juzgar al miembro de otro".

Como prueba de un ambiente especialmente tenso en Buenos Aires, uno de los partidarios de Kirchner en el poder judicial consideró oportuno establecer un paralelismo entre el fiscal Diego Luciani, que redactó las acusaciones para el actual juicio, y Alberto Nisman, el fiscal que apareció muerto en 2015 tras acusar a Cristina Kirchner de intentar impedir la investigación de un atentado cometido en suelo argentino en 1994. Los diputados y abogados que apoyan al bando peronista también han argumentado que la acusación de "asociación ilícita" es inconstitucional.

La vicepresidenta tiene inmunidad en esta etapa. En caso de condena, sólo el Tribunal Supremo podría levantarla. Según la Agence France-Presse, Cristina Kirchner ha estado implicada en una docena de casos distintos en los últimos años, incluyendo soborno, lavado de dinero, daño especulativo al Estado y obstrucción a la justicia. Se le archivaron dos casos a finales de 2021. Quedan pendientes cinco procedimientos.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, debería "estar en la cárcel" y que sólo se salva porque, a su juicio, en España la justicia no es independiente, según informa Europa Press.

Echenique ha reaccionado así en redes sociales ante un mensaje publicado por Díaz Ayuso a cuenta de la investigación judicial a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien la Fiscalía pide pena de prisión.

Podemos ha expresado su apoyo a la dirigente peronista frente a lo que considera una "guerra judicial y mediática" contra el gobierno progresista, pero Díaz Ayuso tiene otra visión.

El mensaje de la presidenta madrileña señala que "el pueblo argentino clama por la independencia judicial, por la democracia, contra el populismo, la corrupción y el narcotráfico". "Todo nuestro aprecio, cariño y apoyo a Argentina, gran país que despierta y tiene la oportunidad de ser ejemplo para las democracias liberales", ha escrito.

La Fiscalía argentina ha solicitado la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz, según informa Europa Press.

El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido.

El fiscal Diego Luciani ha anunciado que, con excepción del empresario Lázaro Báez, "se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos" de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política.

"Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes", ha dicho el fiscal. "Interpuso su interés personal sobre el interés público", dijo Luciani, ha lamentado, según el diario 'La Nación'.

La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde Twitter ha anunciado por sorpresa que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales "montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas".

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.

El sorprendente 40% obtenido por Macri dificulta, aunque no impide, su señalamiento como minoría insensible. El lugar de la oligarquía, y el recurso a ella, parecen haber quedado vedados. Ese 40%, tras cuatro años de gobierno, supo lo que votó. Macri, en este sentido, y merced a los resultados de ayer –no a los de las PASO– no sólo queda habilitado para continuar liderando su espacio sino que puede hacerlo, por ahora, adjudicándose el mérito de haberlo fundado.

En este sentido, el triunfo es más de Alberto Fernández (y del macrismo: su única victoria en cuatro años) que incluso de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). La expresidenta creó un escenario inédito al anunciar la fórmula Fernández-Fernández que, paradójicamente, parece haber terminado con el kirchnerismo cristinista entendido como estilo de gobierno: el que alargó forzadamente hasta 2015 su originario momento populista, el del llamado “conflicto del campo” de 2008.

La posible derrota de ese estilo la inició la propia CFK al elegir a Alberto Fernández, cuyo capital político era el haberse peleado con ella y salido del gobierno precisamente en aquellos días del “conflicto del campo”. Todo el margen que al kirchnerismo cristinista le había quedado en esta coyuntura (en política no se puede proyectar con certeza; en Argentina, país político por excelencia, es imposible decir “nunca” y “siempre”), CFK lo utilizó del modo más provechoso y, sabiéndolo o no, heroico, pues lo hizo para favorecer a su fuerza pero en detrimento de su figura. Por eso en 2017 creo Unidad Ciudadana, un nombre alejado de la tradición peronista, pero curiosamente cercano al anti-kirchnerismo, autopercibido como “liberal-republicano”.

Si se calcula que los votantes de alternativas diferentes a la del Frente de Todos rechazan lo que identifican como el estilo cristinista de hacer política, e incluso también algunos de los votantes de Alberto Fernández, que ha subrayado otras formas en campaña, esto dejaría a ese estilo en una situación defensiva, cuando no –al menos ahora– residual. No es un dato menor. Cuesta pensar en que Alberto Fernández redoble la apuesta en lugar de negociar si se encuentra en dificultades.

En ese aspecto, el desayuno que en la noche electoral acordaron compartir al día siguiente Macri y Fernández parece indicar la política futura. También la decisión del Banco Central de limitar más fuertemente la compra de dólares que el famoso “cepo” dispuesto por CFK, que la oposición agitó en su día como si se tratara de la violación de un derecho fundamental.

El gran triunfo es el de la política. El fracaso del gobierno de Macri en todos los terrenos desacredita la noción tecnocrática de que el mercado y lo privado son esos mundos donde la vida es más real y verdadera, frente a la supuesta molicie de lo público y la componenda de la política. Esta derrota muestra que la política tiene una lógica más difícil y compleja que la del mercado, porque está hecha de historia, voluntad, cooperación y legitimación.

La caída del eje peronismo-antiperonismo como antagonismo explícito y central de la política argentina ha dado lugar a la conformación de dos polos heterogéneos, híbridos, pero distinguibles: un centroizquierda hecho de socialcristianismo, republicanismo popular, socialdemocracia y nacionalpopulismo, nucleado en torno al antiguo peronismo, y un centroderecha armado de neoliberalismo, republicanismo conservador y liberales populares, cuyo centro ahora es el partido fundado por Macri. Una fuerza pro-mercado y favorable a lo que gusta llamar “la integración en el mundo” y una fuerza pro-Estado inclinada al mercado interno, el consumo popular y las pymes. Dos fuerzas que, a diferencia de peronistas y antiperonistas antiguamente, encuentran en la democracia electoral el canal para aceptarse mutuamente, aunque esto no oculte sus fuertes diferencias que, en el terreno más personal y de vida cotidiana, pueden llegar a la deslegitimación mutua, sin ir más allá ni impregnar la vida política general.

La llamada grieta parece haber quedado atrás. El núcleo kirchnerista, expresado en Kicillof, fue el que enarboló el discurso anti-grieta más nítidamente durante la campaña y en la noche del domingo. Lo que viene parece una tensión en el interior de cada polo entre un ala más radical y otra más moderada. No casualmente, sólo algunos kirchneristas cristinistas y los medios que se declararon en guerra contra la ex presidenta afirman que “el kirchnerismo ha vuelto”. No parece que tal cosa sea así, al menos en este primer momento.

Queda por ver si Alberto Fernández se vale de la política de acuerdos y diferencias con el polo neoliberal para hacer una política de corte socialdemócrata, para lo cual tiene como haber el tradicional apego a la justicia social del peronismo, pero también en el debe no ver en el sistema impositivo un mecanismo impersonal de redistribución de riqueza, la profesionalización del Estado y la ruptura del falso dilema mercado interno-mercado externo que ancla a la Argentina a tiempos que, políticamente, parece estar superando.