Un campesino sale a explorar con su motocicleta. En caso de emboscada o de grandes problemas de tráfico en la pista forestal, debería poder escabullirse. Le siguen dos camionetas con una veintena de hombres de distintas edades, la mayoría de ellos sentados en la plataforma trasera.

Se encuentran a menudo con árboles muertos bloqueando el camino, la carretera principal que atraviesa el bosque de Bossématié, en el este de Costa de Marfil. Un aldeano despeja el camino con una motosierra. Le escoltan siete agentes armados de la Oficina de Parques y Reservas de Costa de Marfil (OIPR). En teoría, desde que se declaró reserva natural en marzo de 2022, nadie puede entrar en la zona, salvo los guardas de la OIPR encargados de protegerla. Ese día en cuestión, iban acompañados de vecinos de la exuberante selva tropical para una operación relámpago.

Sus acostumbrados ojos divisan un estrecho pasadizo, ligeramente despejado, entre los árboles y las enredaderas. Aprovechan para pasar todos, caminando en fila india. Después de unos veinte metros, la maleza está despejada y se ve la tierra está removida. Si metes las manos en la tierra, descubres muchas semillas de cacao plantadas a escasos centímetros de la superficie. Decenas de jóvenes cacaoteros están sustituyendo al bosque. Uno a uno, los aldeanos talan esta madera blanda con machetes. El objetivo es disuadir a lo que llaman "infiltrados", agricultores que aprovechan la fertilidad de la reserva natural para plantar allí cacaoteros ilegalmente.

Estos "infiltrados" tienen una técnica bien perfeccionada. Empiezan quemando las raíces de árboles que pueden tener entre 20 y 50 metros de altura. Irocos, betés y sambas mueren en pocas semanas o pocos meses. Los clandestinos tienen tiempo de abandonar la zona sin que nadie les vea. Luego regresan cada poco para limpiar la maleza, plantar y, sobre todo, cosechar. Permanecen escondidos durante días en el bosque, durmiendo bajo lonas ocultas por el follaje. Junto al cacaotal improvisado también han cultivado lo suficiente para sobrevivir: unos cuantas plataneras y plantas de maíz, también talados por los residentes locales.

En junio de 2022, utilizando satélites, la OIPR evaluó el estado de la reserva natural de Bossématié. Según el teniente coronel Alain Toulo, director de la zona sureste del país, sólo el 42% de la reserva estaba intacta en ese momento. El 29% estaba formado por plantaciones de cacao y el resto era "bosque degradado". La Sociedad de Desarrollo del Bosque (Sodefor), antes responsable de proteger lo que entonces era un bosque protegido, estaba claramente corrupta. Los agricultores ilegales podían comprar su tranquilidad, siempre que la deforestación pasara desapercibida desde las carreteras principales.

Assa Koffi, presidente de la asociación de vecinos Salvemos la Reserva Natural de Bossématié, cree que los agentes de la OIPR aún no han caído en la tentación, pero no se fía: "Todos somos humanos". Los infiltrados también han intentado comprar su silencio por 30.000 francos CFA (46 euros). Él y la gran mayoría de los casi sesenta miembros de su sección también cultivan cacao en los límites de la reserva. A escala nacional, la mitad de los cultivadores de cacao viven en la pobreza extrema.

Assa Koffi calcula que, antes de la llegada de la OIPR, entraban y salían unos 8.000 infiltrados de Bossématié. Entre el 80% y el 90% de ellos procederían de Burkina Faso. El coronel Ouattara Kpolo, jefe del sector OIPR de Bossématié, no se aventura a dar una estimación, pero señala que algunos se marcharon cuando cambió el estatuto de la reserva. Además de la competencia desleal del cacao, más barato de producir, sobre todo porque no necesita abono, los lugareños culpan a los inmigrantes ilegales de perturbar la fauna local, cuyo hábitat está cada vez más fragmentado.

Los daños causados por los elefantes van en aumento. Recientemente devastaron los campos de casi un centenar de aldeanos en la linde del bosque. El OIPR calcula que sólo quedan 16 paquidermos en la estación seca, y 28 en la lluviosa. Chimpancés y antílopes también son cada vez más escasos. Aunque, como nota de esperanza, según Alain Toulo, la selva tropical tiene un rápido ritmo de recolonización. “Si un cacaotal se deja desatendido durante años, las especies endémicas vuelven a tomar el relevo", afirma. “Y si se deja de molestar a la fauna, también se recuperará".

Para el resto del territorio marfileño, puede ser demasiado tarde. Según un informe de la ONG Mighty Earth, el país, primer productor mundial de cacao (40% del cacao mundial), ha perdido el 90% de sus bosques en los últimos treinta años. El ritmo de deforestación va en aumento: es 2,3 veces mayor desde enero de 2019 que durante el periodo 2001-2017, según ese informe. A este ritmo, Costa de Marfil va camino de perder irremediablemente toda su cubierta forestal de aquí a 2034, advierte Naciones Unidas.

En la región de Guémon, al oeste de Costa de Marfil, los agricultores están desesperados. En el corazón de la histórica zona cacaotera del país y de lo que durante mucho tiempo se ha llamado el "milagro marfileño", el monocultivo está mostrando sus limitaciones. "No lo entiendo", confiesa Tai Oula Michel. Cultiva 4 hectáreas de cacao en el pueblo de Bagohouo, no lejos del bosque protegido del Monte Peko, tan deforestado que recibe el apodo de "cacao protegido del Monte Peko". "Después de cinco años, los cacaoteros mueren". Las variedades actuales requieren grandes cantidades de fertilizantes y herbicidas, que han agotado ya el suelo. Los llamados cacaoteros franceses, plantados por su abuelo, son resistentes y siguen produciendo.

Como consecuencia del cambio climático y de la deforestación masiva, cada vez llueve menos, como demuestran las flores de los árboles que, por falta de lluvia, nunca se han convertido en mazorcas. No sabe qué pensar. Es cierto que los cacaoteros cercanos a sus mangos “crecen bien", dice. "Antes nos decían que quitáramos todos los demás árboles porque los cacaoteros crecen mejor al sol. Ahora mi cooperativa me pide que vuelva a plantar algunos", añade.

La cooperativa le proporcionó la irrisoria cantidad de cinco esquejes de fraké hace dos años, pero no le aconsejó dónde plantarlos. Los plantó cerca de sus cacaoteros moribundos, a diferencia de la mayoría de sus vecinos, que lo hicieron al borde de sus campos por miedo a que los leñadores vinieran un día a talarlos y arruinar su producción.

Los especialistas coinciden en la necesidad de pasar a la agro-silvicultura. En estado silvestre, los cacaoteros crecen bajo el dosel de los bosques tropicales de América Central y del Sur. La plantación de otros árboles junto a ellos aumenta la humedad y la fertilidad del suelo, y "regula dos grandes bioagresores: la podredumbre parda de la mazorca, causada por un hongo, y los míridos, insectos chupadores mordedores cuyos daños repetidos matan poco a poco a los cacaoteros", según un estudio del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrónoma para el Desarrollo (CIRAD).

Además de los beneficios para la biodiversidad, este tipo de cultivo reduce la cantidad de fertilizantes y pesticidas que se esparcen actualmente cada trimestre. Otra práctica consiste en cultivar alimentos como plátanos, mandioca y ñame.

Pero pasar de una variedad de sol a otra que soporte la sombra es caro. También lo es comprar plantas para árboles o cultivos alimentarios. Y lo que es más, supone un trabajo extra de plantación. Un informe del programa de las Naciones Unidas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD) concluye que: "En comparación con el modelo de referencia (una plantación de cacao de 20 años a pleno sol), la pérdida de ingresos es significativa y dura mucho tiempo".

Además, "la perspectiva de ganancias económicas de la agro-silvicultura a medio o largo plazo" a través de la venta de cultivos alimentarios o de madera "no constituye un incentivo suficiente". Y ello a pesar de que la producción de cacaoteros en agro-silvicultura acabará superando a la de los plantados en monocultivo, según el estudio, que aboga por un apoyo financiero a la transición, dado que los bancos locales son reacios a conceder préstamos a los agricultores.

Enfrentados a dificultades financieras, los productores se ven a menudo obligados a vender sus semillas. En teoría, el precio lo fija el gobierno: 900 francos CFA (1,37 euros) por kilo este año, pero las cooperativas no suelen tener suficiente liquidez para pagar inmediatamente a los agricultores. Tai Oula Michel es miembro de una cooperativa autorizada, pero recibe lo suyo "dos o tres semanas o incluso un mes después del depósito. Las tiendas ilegales reducen un poco el peso, pero nos pagan el dinero directamente. Igual que los rastreadores, cuando mis hijos ya no van al cole porque no puedo pagarlo, no sé cómo se enteran, pero vienen a buscarme al campo. Me compran el cacao por 800 u 850 francos.”

Los rastreadores van sobre dos ruedas por las pistas forestales. En época de cosecha, se les ve por todas partes, cargados con sacos de yute llenos de cacao.

No lejos de allí, Kohon Mathias, gerente de la cooperativa Ecatie, en Blody, insiste en la desconfianza de los agricultores. A veces, los estafadores se hacen pasar por agentes de la cooperativa, recogen las semillas y se marchan a otras ciudades, sin pagar nunca. Mathias intenta ganarse la lealtad de los agricultores vecinos ayudándoles económicamente durante la temporada de lluvias, proporcionándoles botas de agua y enviando empleados a rociar sus cacaotales con insecticida. Pero no muy lejos, hay una cooperativa ilegal que se le parece en todo. Hecha con paredes de cemento y tejado metálico, tiene buena reputación. Tiene una balanzas idéntica e incluso recibos a 900 francos CFA el kilo.

Las cuotas exigidas por las multinacionales del chocolate son tan elevadas que, en realidad, los dos sistemas funcionan a menudo juntos: las cooperativas legales asignan cacao "ilegal" a los miembros de su cooperativa sobre el papel. François Ruf, economista recientemente jubilado del CIRAD y especializado en el cultivo del cacao, ha sido testigo de "la conversión de cacao ordinario en cacao certificado con un movimiento de 'varita mágica' o, en el peor de los casos, con un cambio de saco".

En su opinión, la trazabilidad es un mito. Sean cuales sean las cooperativas y la etiqueta bajo la que operen, aunque las multinacionales se abastezcan en la región de Abengourou, la probabilidad de que sus almacenes contengan semillas producidas en Boissématié es "cercana al 100%". Así que la única manera eficaz es asegurarse de que nadie cultive cacao en la reserva natural.

Este reportaje se ha realizado con el apoyo del fondo Rainforest Journalism, en colaboración con el Pulitzer Center.

Traducción de Miguel López

Una monitora española ha muerto y otras diez jóvenes, también de nacionalidad española, han resultado heridas al accidentarse este sábado el autobús en el que viajaban por Costa de Marfil como parte de una acción solidaria, según han confirmado fuentes de Exteriores recogidas por Europa Press.

Fuentes del Opus Dei aseguran que las estudiantes están heridas de "escasa consideración". Éstas están recibiendo tratamiento en un centro médico, mientras la Embajada española se encuentra ya supervisando la situación y ha trasladado personal a la zona del accidente para proporcionar asistencia consular a las heridas y gestionar su traslado a la capital, Abiyán, según afirman fuentes de Exteriores a la agencia Europa Press.

Tanto la fallecida como las chicas son del Colegio Mayor Bonaigua de Barcelona, según confirman a Europa Press fuentes del Opus Dei. Cursaban tanto Bachillerato como estudios universitarios. Las estudiantes y la monitora se encontraban en estos momentos en el país africano realizando labores solidarias en un campo de trabajo, según indican estas mismas fuentes.  La mujer española fallecida, de unos 40 años, era subdirectora del colegio barcelonés Canigó, al que estaba ligada hace muchos años.

Bonaigua es un colegio mayor femenino adscrito a la Universidad de Barcelona y situado en la Diagonal, muy cerca de los campus de la UB, la UPC y ESADE. Además de habitaciones individuales y pensión completa, el Colegio Mayor ofrece actividades académicas, culturales, deportivas, solidarias y de formación cristiana. La orientación cristiana de las actividades está encargada a la Prelatura del Opus Dei, según indica la institución educativa en su página web.

Reacciones 

"Lamento la muerte en accidente de tráfico de una monitora española en Costa de Marfil. Sigo atentamente situación del resto de jóvenes solidarias españolas heridas. Nuestra Embajada está trabajando intensamente en su asistencia", ha publicado el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, en su cuenta de Twitter.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha transmitido su "sentido pésame" por el fallecimiento de una monitora española en un accidente de autobús en Costa de Marfil y ha deseado una "pronta recuperación" a las diez compañeras que resultaron heridas.

"Mi sentido pésame a la familia, compañeros y amigos de la monitora por su triste fallecimiento en Costa de Marfil", declaró Casado a través de Twitter. "Mis deseos de pronta recuperación a las heridas españolas que la acompañaban en sus labores solidarias en el país africano", añadió el líder de los populares.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de una monitora española en accidente de autobús en Costa de Marfil y ha mandado un "abrazo" a las compañeras que han resultado heridas en el mismo siniestro.

"Tristes y duras noticias las que llegan desde Costa de Marfil", indicó el líder de Ciudadanos a través de su cuenta en Twitter. "Descanse en paz la fallecida en este desgraciado accidente", añadió.

"Envío todo mi apoyo a su familia y allegados, y mi deseo que se recuperen cuanto antes las heridas", declaró el líder de Ciudadanos que mandó "un abrazo a todas ellas".

Ruth es una madre marfileña de 26 años que podrá enterrar este jueves a su hija Sephora, de 13 meses, después de que muriese ahogada cuando venían a España en patera, según informa la Cadena Ser.  Se trata de una excepción para los migrantes que mueren en las costas españolas ya que la lápida de la menor, que será enterrada en un cementerio de Gran Canaria, llevará su nombre. 

Y es que según la información citada, salvo en casos contados, quienes mueren en las pateras que intentan llegan a España desde hace más de 30 años son sepultados en nichos que sólo llevan un número y la fecha en la que naufragó la embarcación.

Sephora murió el pasado 16 de mayo después de que un golpe del mar la alejase de su madre y de la patera en la que viajaban. Ruth llevaba a su hija sujeta con un pañuelo africano, pero el fuerte impacto de la ola la desató y acabó en el mar. Al ser de noche, la madre no pudo encontrarla, según explicó a la jueza que le tomó declaración a la mañana siguiente. Ese mismo día, un hombre que viajaba en una moto acuática encontró el cuerpo de Sephora en una playa cercana.

El entierro se producirá gracias a que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se puso en contacto con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el encargado de la acogida humanitaria de los que llegan en patera. Pero no fue la única persona que Ruth perdió ese día. Justine, su hermana, también murió después de que esta creyese que su hija de 8 años había muerto. Habían llegado a las costas de Gran Canaria y "en medio de los gritos decidió lanzarse al agua" para comprobar que su hija estaba en la patera. Justine se ahogó intentando buscar a la pequeña, que ya estaba en tierra.

Abusos sexuales por parte de los patrones

Ruth y su familia viajaron engañadas. Les dijeron que llegarían a Gran Canaria a bordo de un barco en el que habría comida. Al ver la patera en la que tenían que subirse trataron de quedarse en tierra, pero "los marroquíes que lo organizaban le pegaron con palos en la espalda. Durante el viaje sufrieron abusos sexuales, tocamientos de todo tipo", según recoge la Cadena Ser. En la patera viajaban once marroquíes y otras 20 personas de África Subsahariana, entre ellos cuatro menores.

Llegaron cuatro días después, pero los patrones esperaron a que cayese la noche para acercarse a la costa y ocurrió la tragedia. El juzgado está a la espera de un informe policial que confirme que los chalecos salvavidas que les dieron eran falsos.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha entrado en una zona de fuertes turbulencias. Tras ser muy criticada, ahora es su futuro el que está en juego. Numerosos actores y Estados miembros consideran que, cuando menos, precisa una reforma profunda, a riesgo de que quede desacreditada definitivamente.

Dos décadas después de la aprobación del Estatuto de Roma, que permitió la creación de un órgano judicial internacional permanente e independiente, 17 años después de su nacimiento efectivo, el historial de la CPI puede resumirse en una sola palabra: catastrófico. Y con ella, la idea misma de la Justicia internacional se ve amenazada, para desesperación de víctimas y de las principales asociaciones de derechos humanos.

La absolución del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, tras tres años de juicios y ocho de detención, y del ministro de su confianza Charles Blé-Goudé es sin duda un fiasco demasiado grande para la institución de La Haya. Porque Laurent Gbagbo fue el primer ex jefe de Estado procesado. Porque este caso es un compendio de todas las acusaciones que se pueden dirigir a la Corte: instrumentalización política aceptada por el exfiscal general Luis Moreno Ocampo; manipulación llevada a cabo por otro país, en este caso Francia; falta de cooperación por parte de Costa de Marfil; debilidad o incluso incompetencia de la Fiscalía encargada de la investigación y de la acusación; retrasos inverosímiles.

El caso abierto por crímenes de lesa humanidad se vino abajo durante las audiencias. Última afrenta a la Fiscalía: los jueces consideraron que ni siquiera necesitaban escuchar a la defensa y a sus testigos para pronunciar estas dos absoluciones, el 15 de enero. El vacío de la acusación fue considerado suficiente, algo inédito en la historia de la Corte...

La fiscal general Fatou Bensouda, en funciones desde 2012, ha anunciado su intención de apelar. También conseguía, tras 24 horas de batalla procesal, que continúen detenidos los dos hombres hasta por lo menos el 1 de febrero, fecha en que se debatirá la apelación para su liberación. Pero este juicio es una derrota en la campaña abierta de la Fiscalía. Y algo más: el pasado mes de junio, otro acusado, el exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba, quedaba absuelto, tras apelar una condena en primera instancia de 18 años de prisión.

Víctimas abandonadas

Por lo tanto, no habrá Justicia ni reparación para los miles de víctimas civiles (y decenas de miles de familiares de éstas) de la guerra civil que asoló Costa de Marfil entre diciembre de 2010 y abril de 2011. “La absolución de Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé será vista como una profunda decepción por las víctimas de la violencia postelectoral en Costa de Marfil”, ha manifestado Marie-Evelyne Petrus-Barry, responsable de Amnistía Internacional. “Estas absoluciones demuestran que los derechos de la defensa son respetados en la CPI, pero al mismo tiempo son una noticia desastrosa para las víctimas, que se ven abandonadas”, apuntó Pierre Adjoumani Kouamé, presidente de la Liga Marfileña de los Derechos Humanos.

Sin embargo, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Varios informes estiman que casi 3.500 personas fueron asesinadas. Los hombres fueron quemados vivos; las mujeres, violadas. Más de la mitad fueron víctimas de las fuerzas y milicias que apoyaban a Laurent Gbagbo. Los otros fueron asesinados a manos de varios grupos armados, pero también por las milicias de Alassane Ouattara, cuya elección como presidente del país fue impugnada por su oponente Gbagbo. Las fuerzas de Ouattara son responsables en concreto de la masacre de 800 personas en Duékoué, en marzo de 2011.

Hasta la fecha, nadie ha sido condenado. El único juicio en Costa de Marfil fue el que se siguió contra la esposa del expresidente Simone Gbagbo, absuelta en marzo de 2017 tras una audiencia irregular. En La Haya, tras su derrota del 15 de enero, la fiscal general insistió en “añadir que [sus] investigaciones prosiguen en Costa de Marfil”. La CPI, acusada de ser el instrumento de la “Justicia de los vencedores”, porque sólo perseguía al bando de Gbagbo, decidió hace unos años abrir una investigación sobre los crímenes cometidos por los grupos defensores de Ouattara. No tiene ninguna posibilidad de éxito, ya que Alassane Ouattara declaró en 2015 que no se enviaría a nadie a La Haya.

El pasado mes de agosto, el presidente de Costa de Marfil, con el pretexto de la “reconciliación nacional”, fue un paso más allá en aras de la impunidad general. Decidió conceder amnistía a 800 personas implicadas en los actos de violencia de 2010-2011, varias de las cuales fueron procesadas ante los tribunales de Costa de Marfil. Esta decisión fue muy criticada por 11 asociaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas. “Entre la amnistía firmada por Ouattara y las absoluciones de Gbagbo y Blé Goudé, existe el riesgo de impunidad total. Dejamos a 3.000 víctimas y sus familias sin acceso a la Justicia”, denunciaba Drissa Traoré, responsable de la Federación Internacional de Derechos Humanos.

20 años, 1.500 millones de euros gastados, tres condenas

El fiasco del caso de Costa de Marfil pesará mucho (aunque se prevé un recurso de apelación) en la joven historia de la CPI. Este caso ya estaba en la mente de todos los que participaron en la reunión anual de los “Estados Partes” el pasado mes de diciembre. Este órgano de supervisión de la CPI reúne a representantes de los 123 Estados signatarios del Estatuto de Roma y a algunos delegados de la Coalition para la CPI, que reagrupa a 2.500 ONG.

Esta asamblea, en la que habitualmente hay consenso, manifestó en esta ocasión sus inquietudes, críticas y advertencias. En primer lugar, el balance judicial: en 17 años, sólo se han dictado tres sentencias contra milicianos congoleños y malienses. En segundo lugar, las reparaciones a las víctimas: hasta la fecha, no se ha pagado ninguna indemnización a las víctimas a pesar de la creación de un fondo sólidamente dotado. Escasa cooperación de los Estados miembro: la propia CPI no dispone de medios para investigar, por lo que debe basarse en la geometría variable del sistema judicial de los países concernidos.

La lista podría continuar: 15 órdenes de detención pendientes; burocracia intrusiva; retrasos anormalmente largos; procedimientos de nombramiento opacos; jueces muy bien pagados (15.000 euros netos) pero que se declaran en huelga para pedir mejoras; casos que hasta ahora sólo afectaban al continente africano; la incapacidad de hacer frente a dramas y crímenes de guerra a gran escala (Irak, Yemen, Siria...).

El representante británico fue el más duro. “Es importante expresar claramente nuestras preocupaciones”, dijo. “Algunas investigaciones tienen la misma edad que la Corte. Esta situación no es sostenible [...] No podemos ocultar nuestras caras y decir que todo está bien cuando no lo está. Tras veinte años y 1.500 millones de euros de gasto, sólo se han dictado tres sentencias condenatorias. Ha llegado el momento de que los Estados examinen a fondo el funcionamiento de la Corte”.

Y este representante no dudó en formular en voz alta y clara la pregunta “de buen gobierno y profesionalismo”. Esto se debe a la serie de investigaciones publicadas por Mediapart (socio editorial de infoLibre) en octubre de 2017. Desvelamos conflictos de intereses, las compañías offshore del fiscal Ocampooffshore, su diplomacia de espectáculos, disturbios de maniobras políticas, etc. Estas investigaciones obligaron a la CPI a abrir una investigación interna. “La preocupación me está ganando”, dijo entonces la fiscal Fatou Bensouda.

Eso fue hace 15 meses, pero nada ha avanzado desde entonces. “Instamos a la fiscal a que proceda rápidamente a una investigación completa y transparente y a que informe ampliamente a la Asamblea”, advirtió el representante británico.

En un tono más refinado, los principales países se hicieron más o menos eco de estas críticas. “Esperamos que la Corte dé ejemplo en todos los aspectos”, dijo el representante de Francia, al pedir “una mejora en la calidad del trabajo judicial, una justicia más rápida y eficaz” y una mayor atención a las víctimas.

De hecho, cada “Estado Parte” firmante del Estatuto de Roma está tomando medidas de cara al próximo año. En 2020 se nombrará un nuevo fiscal general. Fatou Bensouda, exasistenta del desastroso fiscal Ocampo y desde 2012 fiscal general, parece empezar mal de cara a un nuevo mandato de ocho años. Sin embargo, este es el puesto estratégico de la CPI.

La coalición de ONG, en recomendaciones dirigidas a la asamblea anual, insiste en la “necesaria integridad de los procedimientos de elección y nombramiento”. Sobre todo, aboga por el nombramiento del futuro fiscal general, “una función que afecta a todo el funcionamiento de la institución”, que debe ser preparada con suficiente antelación por un comité especializado. “Necesitamos nuevos procedimientos de investigación, evaluación y recomendación”, insiste.

Este futuro nombramiento parece ser una última oportunidad para la Corte Penal Internacional. ¿Será marginada, destinada a juzgar a los secundarios? ¿O llegará a recuperar su legitimidad? La respuesta está en el tejado de los Estados Partes y de su determinación o no a la hora de reanimar a esta Justicia internacional. Desde su creación, la CPI ha estado bajo el fuego cruzado de Estados Unidos, Rusia, China, Israel y Arabia Saudí, que le niegan toda legitimidad y luchan contra el Estatuto de Roma. El estado del mundo y el ataque de estos Estados a cualquier multilateralismo dejan pocas oportunidades para el Tribunal de La Haya. ____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

El Gobierno de Costa de Marfil, a través de la mediación del ministro de Defensa, Alain-Richard Donwahi, ha logrado un acuerdo con los militares amotinados para poner fin al alzamiento, informó Europa Press.

"Tenemos un acuerdo. Hay fumata blanca", ha explicado el viceprefecto de la ciudad de Bouaké, Djande Lorgn. "Este acuerdo pone fin al motín", ha apostillado.

Donwahi se había desplazado este sábado hasta Bouaké, la segunda ciudad del país, para escuchar las peticiones de los soldados que desde ayer por la tarde se encuentran amotinados.

"He venido aquí, como prometí, para reunirme con nuestros hermanos y para darles seguridad, tal y como el presidente (Alassane Ouattara) me ha pedido", ha declarado a su llegada a la ciudad. "Vamos a escucharles y a encontrar una solución", ha indicado el ministro marfileño.

Posteriormente al viaje de Donwahi se ha conocido la noticia de que los sublevados habían asaltado el cuartel general del Ejército y, de manera casi simultánea, la sede del Ministerio de Defensa en Abiyán, según fuentes diplomáticas.

El presidente del país, Alassane Ouattara, se encontraba de visita en Ghana para acudir a la toma de posesión de su nuevo homólogo ghanés, Nana Akufo-Addo, pero ha regresado de urgencia a Abiyán para participar en una reunión de emergencia de su consejo de ministros.