La apuesta de Alemania por el rearme prosigue tras la reinstauración del servicio militar. El país germano ha batido un nuevo récord de gasto en defensa en 2025 con una inversión total de 83.000 millones de euros, después de que este miércoles la Comisión Presupuestaria del Bundestag o Cámara Baja diese luz verde a adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de euros, según ha informado EFE.

"Es un nuevo récord. Esto no es un fin en sí mismo, pero señaliza el giro político (que se ha dado)", declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en una comparecencia en Berlín.

Según explicó, la Comisión Presupuestaria ha aprobado este año un total de 103 proyectos de adquisición con un valor total de 83.000 millones de euros. "Son inversiones enormes, somos conscientes de ello, pero son necesarias", argumentó.

Pistorius reiteró la necesidad de equipar y armar mejor a las Fuerzas Armadas o Bundeswehr, con el objetivo de garantizar la seguridad de Alemania a través del fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa resaltó que se trata del tercer año consecutivo en el que se baten récords y que la suma de los tres últimos años, 188.400 millones de euros, es más alta que la de todo el periodo de 2015 a 2022, cuando se gastaron 109.000 millones de euros.

En concreto, el paquete por valor de 50.000 millones de euros aprobado este miércoles incluye una treintena de adquisiciones, entre ellas de proyectiles y otros componentes para diferentes tipos de sistemas antiaéreos como los Patriot, Arrow e IRIS-T, de vehículos blindados Puma, y de un sistema de radar satelital SPOCK.

También se adquirirán sistemas de armamento y otros componentes para los cazas Eurofighter, obuses, torpedos para submarinos, así como prendas y equipos personales para el total de 460.000 efectivos a los que está previsto ampliar la Bundeswehr en los próximos años y para 80.000 empleados civiles.

A principios de diciembre, el Bundestag aprobó la vuelta del servicio militar en el país. Esta medida establece que el servicio es de carácter voluntario, pero obliga al alistamiento a todos los varones de 18 años. En caso de que el número de voluntarios no fuera suficiente para cubrir las necesidades de defensa, será imperativo el prestar servicio.

De esta manera, se pretende incrementar las cifras de soldados en activo: de 183.000 a 255.000. En el año 2035, se espera llegar a los 270.000. También está previsto que se añadan hasta 200.000 reservistas.

Todos los jóvenes varones deberán cumplimentar un formulario sobre motivación y aptitud. Sin embargo, la obligatoriedad no se extiende a las mujeres, ya que el deber defensa de la Constitución alemana fue redactado en género masculino, por lo que sería necesaria una reforma constitucional para incluirlas.

El regreso del servicio militar en Alemania lleva fraguándose un tiempo. Ya en verano de 2024, el ministro de Defensa Boris Pistorius anunciaba un plan para establecer el servicio de forma "selectiva". El pasado agosto, el Consejo de Ministros alemán sentó las bases para esta medida a través de un proyecto que tuvo que ser debatido en el Bundestag. Finalmente, este mes de diciembre se aprobó el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania.

Debemos reconocerlo: algunas veces decidimos por un único motivo, pero otras veces son varias nuestras intenciones, y no todas confesables.

Reconozcamos más: cuanto menos entendemos las decisiones que toman otras personas, más pensamos en intenciones ocultas.

Y a las personas que nos observan les pasa igual respecto de las nuestras.

Ahora volvamos al título: entre la noticia de la condena y la publicación de la sentencia, además de las justas protestas, las páginas de los medios se están llenando de especulaciones y sospechas.

No siendo jurista sería atrevido que opinara aquí sobre defectos de forma o de fondo. Pero sí me queda un poco de memoria y eso ayuda a pensar en las intenciones que puede haber detrás de una decisión que muchos juristas, tan juristas como los siete menos dos del Supremo, han anunciado que no podrán entender con la ley en las manos. Por lo tanto, recordemos.

El pasado 8 de septiembre el digital “The Objective”, donde colaboran Felipe González y otros ex de los que no descansan contra Sánchez, fue uno más de los muchos medios que publicaron una noticia que quien debería desmentirla aún no la ha desmentido.

“El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desveló este lunes que habló con la Casa Real para comunicarle su ausencia en la Apertura del Año Judicial y que el rey Felipe VI, «en su papel de moderación», le trasladó que «entendía» su decisión y «tomaba nota».”

El motivo de la ausencia de Feijóo a ese acto anual no era otro que la presencia del hoy condenado Álvaro García Ortiz, toda vez que ninguna ley ordena que el FGE, por estar imputado, no pueda acudir.

Pero quienes sí tuvieron que soportar la humillación de ver a Felipe VI sentado junto a quien ellos mismos juzgarían pocas semanas después fueron el juez Marchena y el resto de los que han condenado al FGE.

Me he puesto a escribir esto porque he leído y escuchado miles de palabras sobre la condena de García Ortiz, pero nadie ha mencionado a Felipe VI, alguien de quien conocemos sus deseos a través de “voceros”.

En septiembre de 2025 fue Feijóo y en septiembre de 2020 Carlos Lesmes, entonces presidente del CGPJ, a quien Felipe VI le dejó decir de él que “le habría gustado mucho estar en Barcelona”. Hubiera sido un viaje de vencedor total para quien había salido por la tele el 3 de octubre de solo tres años antes.

Hablando de Felipe VI, al menos este rey solo autoriza, y ya es grave, a políticos o jueces para que hablen en su nombre, pues no debemos olvidar que en el Reino de España las frustraciones de un monarca siempre se tornan amenazas. Por ejemplo, sobre el emérito tan escritor ahora, aunque no se haya derogado la franquista Ley de Secretos Oficiales, todo el mundo sabe que no paró de intrigar con el general Armada, y quizás con otros parecidos, hasta que consiguió que Adolfo Suárez dimitiera, que lo del 23F pasó porque tanto complot se les terminó yendo de las manos.

Escucho a muchos expertos, y no tanto, buscando intenciones a la condena. Por ejemplo, y quizás con razón, la de la coincidencia de su noticia con la fecha del 20 de noviembre del primer medio siglo. O lo de si beneficia, o no, a Ayuso y su novio. Pero nadie recuerda que había pendiente un desagravio al mayor nivel desde hacía dos meses y medio.

Señor Felipe VI y también peligroso Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, o MASUFA para abreviar y como si no tuviéramos un Ministerio de Defensa con el aval de la voluntad popular que elige al Congreso del que saldrá cada presidente del Gobierno, déjeme decirle que desde que el 9 de mayo de 2022 Carmen Calvo nos contó que usted no quiso renunciar al mismo privilegio de impunidad que tanto disfrutó su padre mientras reinaba, me importan un bledo las palabras de sus discursos porque cada día que pasa en el Palacio de la Zarzuela corrompe un poco más la democracia.

Esa “vocera” que hoy preside el Consejo de Estado disfrutaba de libertad de expresión en aquel momento mágico y le salió contraria y más que usted, pues ni pudo impedir sus declaraciones a El País ni las hizo corregir, por mucho que le dolieran. Aunque, visto de otro modo, quizás le gustó parecer autoritario.

No fue poca cosa aquella verdad en medio de tanta mentira, pero, ¿renunciará usted algún día a un privilegio tan indefendible?

_____________________

Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El proyecto de ley para modernizar el servicio en las Fuerzas Armadas de Alemania, que incluye la reintroducción de elementos obligatorios con la posibilidad de un reclutamiento forzoso si faltan voluntarios, comenzó a debatirse este jueves en la Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) en medio de una gran controversia política, indica EFE.

"Necesitamos un servicio militar atractivo, un servicio militar con sentido" y "necesitamos modernizar y revitalizar el registro militar", dijo el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, al presentar el proyecto de ley ante el pleno. "Solo así se encontrarán suficientes jóvenes motivados, tanto hombres como mujeres, dispuestos a prestar servicio en las Fuerzas Armadas o a alistarse en la reserva", abundó Pistorius, que se mostró abierto a que las deliberaciones parlamentarias enmienden su propuesta.

Rüdiger Lucassen, diputado de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición, reprochó a Pistorius en su intervención querer traer de vuelta el servicio militar en el país sin saber qué es lo que hay que defender, una acusación a la que respondió Norbert Röttgen, de la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU).

"Están siendo atacadas nuestra libertad y modo de vivir en Europa", señaló Röttgen en alusión a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, tras haber apuntado que el objetivo de la reforma es que Alemania "sea capaz de defenderse".

La coalición de democristianos y socialdemócratas, liderada por el canciller Friedrich Merz, aspira a que la reforma esté aprobada antes de final de año, pero por el momento no han logrado ponerse de acuerdo sobre la forma concreta en la que se procederá si faltan voluntarios para alcanzar la meta de 260.000 soldados activos y 200.000 reservistas en 2035.

El martes, los negociadores de ambos bloques parlamentarios parecían haber llegado a un compromiso: que se eligiese por sorteo a los jóvenes varones que hayan de someterse a un reconocimiento médico y, de entre ellos, por el mismo procedimiento a los reclutas.

Pero horas más tarde llegó el veto del ministro de Defensa, que, a pesar de que gran parte de su partido desearía un servicio exclusivamente voluntario, insiste en que por razones prácticas todos los varones y no solo una parte deben ser reconocidos obligatoriamente, aunque solo algunos sean seleccionados después.

Según una encuesta reciente de Forsa, el 54% de los ciudadanos alemanes está a favor de la reintroducción del servicio militar obligatorio, suspendido en 2011, mientras que el 40% lo rechaza.

La polarización es mayor si se observan los grupos de edad: el 61% de los mayores de 60 años favorece el servicio obligatorio, pero el 63% de los afectados -el grupo de entre 18 y 29 años- lo rechaza.

Entre tanto, la cifra de objetores de conciencia que se registran de forma preventiva no ha aumentado en lo que va de año, pues hasta finales de septiembre constan 2.529 solicitudes la Oficina Federal para la Familia y las Tareas de la Sociedad Civil (BAFzA), frente a las 2.998 del año pasado.

Si se aprueba el proyecto de ley de Pistorius, el año próximo los 650.000 jóvenes nacidos en 2008 recibirán formularios que los varones deberán rellenar de forma obligatoria, sobre sus aptitudes y su disposición a servir en el Ejército.

Idealmente, se seleccionará a cierto número de voluntarios para ser reconocidos y, de estos, se elegirá para un servicio de entre seis y 23 meses a aproximadamente 15.000, en base a las capacidades actuales de adiestramiento de las Fuerzas Armadas.

A partir de 2031 esta cifra deberá duplicarse hasta los 31.000 jóvenes, un contingente que los expertos dudan de que pueda ser reclutado de forma voluntaria con buenos sueldos, ofertas de formación y otros atractivos.

"Está claro que el crecimiento de las Fuerzas Armadas federales no será posible sin un cierto grado de obligación", dijo Christian Rieck, profesor de Estudios de Guerra de la Universidad de Potsdam, para quien la ley terminará siendo aprobada.

Rieck explicó que, a su juicio, Alemania no puede compararse con países como Suecia, con modelos mixtos voluntario-obligatorios similares, pues en ellos existe una larga tradición en la que el servicio militar es considerado un orgullo nacional.

"Resultará difícil generar suficientes voluntarios para el servicio militar reactivado", vaticinó, ya que impera la mentalidad de delegar la defensa a actores profesionales y la 'Zeitenwende', el giro proclamado por el Gobierno a raíz de la invasión rusa de Ucrania, no ha calado en parte de la sociedad.

No obstante, el verdadero reto para Pistorius será la creación de la infraestructura necesaria para albergar y entrenar a un número alto de reclutas, concluyó Rieck.

Cada fiesta tiene su octava, aunque a veces la preceda. Semana y media llevan los avioncitos cruzando la villa y corte, lo que contaminará eso. Desde la Castellana hasta Atocha, la megafonía ensaya música militar. Año dos mil veinticinco de nuestro señor y todavía seguimos pagándole el sueldo a la dichosa cabra.

Como no nací en el siglo XIX, comprenderán que no sea muy patriota. Las costumbres inmemoriales, los trajes regionales y las cosas que ya hacía así Recaredo tienen la misma antigüedad que los ascensores, y puestos a tragarme milongas, prefiero otras más reconfortantes. Pensaba la otra mañana, mientras soportaba un atasco a la altura de Cibeles al compás del marcial chunda chunda (¿en qué conservatorio enseñarán a componer esas pachangas?) que qué raro es que todo un país pare motores para celebrarse a sí mismo y que el plato principal se sirva con soldaditos marcando el paso por una avenida de seis carriles. Luego me acordé de que el sarao lo preside el rey, que se sacó la capitanía general de los tres ejércitos en un semestre, y claro, la cosa empezó a tener sentido.

Como España es un país pluralísimo, hasta los pusilánimes que objetaron conciencia se apuntan a la fiesta. Mientras tecleo estas líneas, miríadas de bolcheviques sacan lustre a la réplica: sobre una foto de la estatua de Colón escriben en letras gordas que "no hay nada que celebrar". Consigna novedosa, la verdad: muera fray Junípero, viva Quetzalcóatl.

Los argumentos a favor y en contra están trilladísimos, así que mejor ni repetirlos, no sea que se nos deshagan entre las manos y nos pasen la factura. Me gusta, sin embargo, que este año la autocelebración nos coincida con una hermosa revelación: la predilección que las más altas magistraturas del Estado sienten por la chistorra y la lechuga. Dieta mediterránea, vamos ahí, carajo. La España buena, la de tebeo de Ibáñez, resurge con toda su pureza. Ni baos, ni pork belly ni otras zarandajas imperialistas: ojalá encuentren un audio en el que Koldo disimule los bitcoins llamándolos "salchichón de cantimpalo". Viva la patria: gendarmes de sombrerete y cachiporra persiguiendo a mangantes de mentón grisáceo y mirada torva, que huyen mientras les asoman, por el bolsillo de la chaqueta, billetazos de cincuenta euros. Ábalos pide que lo registren: que Koldo es de Baracaldo y que allí el embutido les sale buenísimo. Mientras tanto, la UCO, tricornio en mano, sospecha que el factótum charcutero tenía entre sus menesteres procurar que el señor ministro no debiese ni un euro en los lupanares de su confianza. A esta trama no se le puede pedir más.

Quizás, para remediar la animadversión que causa entre nuestros coetáneos la mención a Rodrigo de Triana y demás marineritos, convenga reenfocar la naturaleza de los fastos y cambiar a los reclutas por gigantes y cabezudos en honor a Rodrigo Rato, Cerdán, Paesa o Mario Conde. Los ponemos en procesión delante de la misma tribuna de autoridades como advertencia pedagógica: al que meta la zarpa en la caja de caudales, el año que viene se le pasea en efigie. La treta, incluso, pacificaría nuestras relaciones internacionales. Ningún gobernante extranjero podrá reprocharnos que celebramos a los opresores de su pueblo: si estos fulanos robaron el oro de alguien, las víctimas fuimos usted y yo.

Las llamas me dijeron también que lo que están quemando es mayormente de todos, cosa que para muchos es como si fuera de nadie porque no sirve para hacer negocios. Por tanto, una vez sin árboles es probable que pronto puedan soñar con beneficiosos inmuebles, que las leyes contra las intenciones de los pirómanos también se pueden cambiar y en cuanto vuelva un “Montoro” abrirá de nuevo la tienda para la compra-venta de reformas legales.

Pero también era jueves 14 de agosto atardeciendo y estaba yo en la orilla de un mar que sí sufre con el calor climático. Fue entonces cuando recibí un aviso sobre el debate mantenido en La Sexta Xplica el sábado anterior, que no había visto. El título de la noticia era una frase del periodista Monrosi: “Felipe VI debería emprender una reforma constitucional que haga que el Jefe del Estado sea igual que todos ante la ley”.

Escribir sobre un debate verbal permite teclear tras pensar lo bastante, cosa bien distinta a tener que hablar a trompicones. Por tanto, compensaré “lo fácil que resulta criticar a toro pasado” intentando que la libertad de expresión sirva de algo.

Intrigado por lo que hubiera dado de sí el Xplica del día 9 volví a casa y recuperé el debate que Monrosi compartía con siete personas más. El motivo inicial eran los cuatro millones que el MASUFA anterior y hoy emérito había conseguido para devolver lo que dice que le prestaron cuando pagó a Hacienda en 2020 y 2021 tras unas negociaciones con el Gobierno que puede que fueran “a cara de perro” aunque nunca lo sabremos, pues esto también quedará sometido a la nueva ley de ocultar verdades, o como la llamen, si es que algún día se atreven a derogar la franquista, tan vigente ella. En cualquier caso, lo mejor, también para conocer nuestro pasado, sería proclamar la república.

Sobre este tema no tuvo éxito entre los del debate la confianza en que Hacienda busque el origen de esos cuatro millones como harían con cualquier contribuyente, y eso que esta vez no se pueden alegar ninguno de los dos motivos que en marzo de 2022 el fiscal anticorrupción utilizó para archivar los delitos del “emérito”, pues la inviolabilidad finalizó en 2014 y esta vez lo de la prescripción ni de coña. Dando por hecho que el emérito tiene abogados, es probable que esté echando otro pulso al Gobierno, quién sabe si a la espera de que aparezca un nuevo “Montoro” para regalar, o vender, una amnistía fiscal a la medida de una sola familia.

Monrosi fue quien advirtió que la inviolabilidad impide perseguir los delitos, y hasta se atrevió a citar por su nombre al inviolable actual, y también MASUFA, cosa rara porque todo está permitido contra el anterior, pero de su heredero, lo quiera ser o no, ni una duda se puede insinuar.

Cuando Monrosi dijo que “Felipe VI debería emprender una reforma constitucional…” estaba describiendo perfectamente la legalidad española: en caso de conflicto, el Título II prevalecerá siempre y sobre cualquier cosa que la ley de leyes ponga en cualquier otro sitio, o sobre lo que esté escrito en cualquier norma que la desarrolle.

No habría ocurrido que durante el debate se ironizara con la propuesta de Monrosi si alguien hubiera recordado las declaraciones de Carmen Calvo a El País el 9 de mayo de 2022, cuando informó de que la “Casa Real” se negó a la reforma de la inviolabilidad.

Sin eufemismos, la respuesta del MASUFA a Carmen Calvo se traduce por “quiero seguir teniendo el mismo derecho a cometer delitos que tenía mi padre” y es, con gran diferencia, el hecho más grave del reinado de este MASUFA, y no es necesario recordar que las fechorías del emérito fueron las que precipitaron su abdicación.

Tampoco me dan ninguna pena, ahora que viene septiembre, los jueces que durante la apertura del año judicial van a acompañar a quien podría ser el mayor delincuente del reino sin el menor problema, o incluso robarles los móviles y las carteras aprovechando las cercanías. ¿Qué harían? ¿Le denunciarían ante el juzgado de guardia si le pillan in fraganti, buscando que se incumpla a su favor el artículo 56 de la CE/78? ¿Gritarían “¡¡al ladrón, al ladrón!!” en medio de la ceremonia? ¿O se dejarían robar hasta la toga y quedar así, públicamente, en pelotas?

Esa apertura judicial presidida por alguien que está al margen de cualquier ley no deja de ser la metáfora de una aberración y a José Enrique Monrosi, puestos a pedir reformas de la Constitución, le diría que para la próxima añada la supresión del cargo de Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, por si el acrónimo MASUFA no le gusta al inviolable y le devolvemos el título a la tribu africana que lo disfrutaba, creo que en exclusiva.

Y para que al de La Zarzuela no se le pueda escapar un día la mano y quiera convertirla en Mando.

También era inevitable que hablaran de la Transición para buscarle algún mérito al emérito, y también decepcionó el que nadie hiciera referencia a un hecho que condicionó todo el futuro de España hasta hoy. En este caso, la cosa es más grave porque de ello informó por primera vez Victoria Prego en 2016, y precisamente lo hizo en La Sexta TV.

Se trata de las encuestas que Suárez ordenó realizar en 1976 y que dijeron que el pueblo español prefería la república. A pesar de que tanto Adolfo Suárez como Victoria Prego decidieron que no se irían de este mundo sin contarle antes a alguien que conocían tan decisivo secreto, el Gobierno de Sánchez lo sigue manteniendo oculto con la ley franquista que decía, tal como reconoció en respuesta por escrito de abril de 2023 al hoy diputado y entonces senador Vicenç Vidal.

Me gustaría vivir hasta un día en el que no hubiera motivo para repetir que en este país se siguen silenciando de forma consciente las barbaridades reales.

__________________________________________

Domingo Sanz es socio de infoLibre.

El Gobierno se ha comprometido con la OTAN a aumentar en un 11% los efectivos totales de las Fuerzas Armadas hasta 2035, de forma que se incrementará su plantilla en 14.000 militares en la próxima década, la mitad en el periodo hasta 2029, según recoge EFE.

Según ha adelantado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes del Gobierno, el compromiso de aumentar los efectivos en las Fuerzas Armadas figura en el Objetivo de Capacidades que la OTAN ha asignado a España para el periodo 2025-2035 y que ha sido refrendado en la reciente cumbre de la Alianza celebrada en La Haya.

Los planes de aumentar los militares ya figuraban en el plan de seguridad y defensa presentado en abril por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien avanzó, sin cuantificar el número, que en la inversión total prevista de 10.471 millones de euros se contemplaba este incremento

De hecho, el primero de lo cinco ejes de este plan, dotado con un 35% del gasto total, unos 3.600 millones de euros, se destinaría a mejorar las condiciones laborales de la tropa y la marinería, aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas, actualizar los equipamientos y mejorar los sistemas de formación de los militares. 

Vista la estupenda presentación de la serie La Conquista de la Democracia en RTVE y oídas las declaraciones de Nicolás Sartorius, hay que destacar, de estas últimas, una expresión para que la tengan presente sobre todo los jóvenes y no tan jóvenes: "La democracia no se hereda. Heredarán el coche, la casa, la hipoteca... pero la democracia, no. Esa hay que cultivarla día a día."

También me viene a la memoria una apuesta que hizo, allá por 1975, la Unión Militar Democrática (UMD), aquel grupo de militares que apostó por las libertades y la democracia, sí, pero que a la vista de la situación entonces de nuestro país pensó que los ejércitos no estaban llamados, como en Portugal, a intervenir para traerla.

Según el análisis que hicimos entonces en la UMD, en el país vecino sólo estaban vertebradas tres instituciones: el Partido Comunista de Álvaro Cunhal, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que fueron las que llevaron la libertad a su país.

La tentación de seguir sus pasos era grande, pero no cayeron –no caímos– en ella. Se impuso el sentido común y la generosidad. En España existían partidos en la oposición, sindicatos, asociaciones, estudiantes... que luchaban por la democracia.

Y también un reducto del franquismo que no la quería ni en pintura y unas Fuerzas Armadas que, en su mayoría, tampoco. Por eso lo que se planteó la UMD no fue intentar un golpe, sino evitarlo. Es decir “echar agua en la pólvora del franquismo" para que fuera la sociedad civil la que determinara su futuro. Y así fue. A la muerte, que se adivinaba cercana, del dictador, se aceleró un proceso que llevaba muchos años gestándose en las calles. No fue un juego de despachos, como se ha dicho. Sería más exacto decir que “no fue solamente" ese juego de despachos. La dictadura no murió en la cama, pero sí murió en la calle y gracias a la calle.

La UMD acertó en su apuesta. Apostó por España.

_____________________________- 

* Fernando Reinlein es militar, miembro del Foro Milicia y Democracia, y periodista.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado la creación de unas Fuerza Armadas europeas para defender al continente de Rusia y obligar a Estados Unidos a contar con Europa a la hora de tomar sus decisiones geopolíticas, según informa EFE.

"Ha llegado el momento de crear las Fuerzas Armadas de Europa", dijo el presidente ucraniano en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que centró su discurso en pedir a los líderes europeos que tomen las decisiones necesarias para que "el futuro de Europa dependa sólo de los europeos".

Zelenski explicó además que el presidente de EEUU, Donald Trump, no mencionó ni en una sola ocasión el papel de Europa en las negociaciones entre Ucrania y Rusia que promueve durante la reciente llamada telefónica, y afirmó que Europa "debe tener una silla en la mesa" en que se decide su futuro. 

"Ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania; ninguna decisión sobre Europa sin Europa", declaró el líder de Kiev en la línea de lo expresado en la misma Conferencia de Múnich por muchos líderes europeos preocupados por la forma en que EE.UU. ha empezado a mantener contactos con Rusia y Ucrania sin pedir la opinión o consultar a la Unión Europea (UE) y sus países miembros.

El presidente ucraniano urgió a los dirigentes europeos a formar su propio Ejército unitario para que EEUU no vea al continente simplemente "como un mercado", sino también "con un aliado" con el que esté obligado a contar.

Zelenski explicó, dirigiéndose expresamente al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presente en la audiencia, que el Ejército europeo que reivindica no sería un sustituto de la Alianza Atlántica, sino una forma de igualar la contribución europea a la de EE.UU., una exigencia que Trump lleva haciendo desde su primer mandato.

El jefe de Estado ucraniano apeló a la unidad de la UE para hacer frente a todos estos retos. 

"Si no es Bruselas será Moscú. Es vuestra decisión", afirmó.

La fuerte lluvia que ha caído sobre Madrid no ha impedido la celebración este sábado del desfile del Día de la Fiesta Nacional, aunque se ha acortado su duración, y los ciudadanos que, desafiando el mal tiempo, se han acercado hasta el Paseo del Prado, no han podido disfrutar del paso de los aviones ni del salto paracaidista, informa EFE.

Precisamente la menor afluencia de público a causa de la climatología ha hecho que los tradicionales pitos y abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hayan sido bastante más moderados que en años anteriores, si bien a su llegada a la Plaza de Neptuno, ha sido objeto de gritos de "fuera, fuera" por parte de algunos de los ciudadanos apostados en los alrededores a una distancia de más de cien metros, mientras se escuchaban también vivas a Felipe VI.

El desfile ha estado presidido por los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa Leonor, vestida con el uniforme de guardiamarina de la Escuela Naval.

En total, 4.092 efectivos de las Fuerzas Armadas, de ellos, 473 mujeres, 166 vehículos motorizados y 210 caballos han recorrido bajo la lluvia los 1.540 metros que separan la Plaza de Carlos V, en Atocha, de donde ha partido el desfile, y la Plaza de Colón, punto final del mismo.

La lluvia y la nubosidad han impedido que lo hicieran las 85 aeronaves (56 aviones y 20 helicópteros) que estaba previsto que participaran en el desfile aéreo, entre ellos los de la 'Patrulla Águila' que cada año pintan los cielos de Madrid con los colores de la bandera nacional.

Tampoco los asistentes han podido disfrutar de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea). Estaba previsto el salto de dos cabos, uno portando la bandera nacional y otro la enseña conmemorativa del 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI.

Se ha esperado hasta poco antes del inicio del acto para tomar la decisión de cancelar la exhibición aérea por si mejoraban las condiciones meteorológicas.

En el momento de mayor virulencia de la lluvia cuando ya habían desfilado aproximadamente la mitad de las unidades, se ha podido ver como el rey conversaba con Sánchez, Robles y el Jemad para entre todos ellos sopesar la posibilidad de interrumpir la parada militar, aunque finalmente se ha decidido seguir adelante.

Este año el desfile ha querido rendir homenaje a los militares españoles que participan en misiones de paz en el extranjero, especialmente a los que están desplegados en Líbano integrados en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Unifil).

Así, la bandera de la ONU, escoltada por un piquete, ha participado por primera vez en la parada militar.

También como novedad se han incorporado las banderas de Eslovaquia, Eslovenia, Portugal y Chequia, países que junto a España forman uno de los ocho grupos de combate que configuran la brigada multinacional en la misión de la OTAN encargada de la disuasión en el flanco este.

Los reyes han llegado alrededor de las 11:00 horas a la Plaza de Neptuno, donde se ubicaba la Tribuna Real y, tras recibir honores militares, don Felipe ha pasado revista al Batallón de Honores.

Posteriormente, los monarcas han saludado a las autoridades, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante Teodoro López Calderón.

También han saludado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Al acto han asistido todos los ministros, excepto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y Juventud e Infancia, Sira Rego.

Asimismo han acudido la práctica totalidad de los presidentes autonómicos, salvo, como viene siendo habitual, el lehendakari vasco, Imanol Pradales; y en esta ocasión, el de Canarias, Fernando Clavijo, que ha excusado su asistencia, y el de Melilla, que ha seguido los actos de la Fiesta Nacional en la ciudad autónoma.

En contra de la tendencia de los últimos 14 años, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sí ha estado presente.

Tras el izado de la bandera nacional y el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que el rey y la princesa de Asturias han depositado una corona de flores, ha comenzado el desfile terrestre con el paso de las unidades motorizadas encabezadas por la sección de motos de la Guardia Real. En total, 117 vehículos, 49 motos y 210 caballos.

Este año la legión ha marchado a paso ordinario y no rápido como suele hacerlo para acelerar el desfile, ya que de esta manera no hace falta dejar tanto espacio entre unas unidades y otras.

No ha faltado su mascota, que en esta ocasión ha sido un borrego macho de seis kilos, de nombre Killo.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes Felipe y Letizia y la princesa de Asturias se han trasladado al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo las fiestas navideñas con un mensaje en el que ha deseado que en este "tiempo de cercanía y encuentro" apostemos por construir "una España de convivencia, paz y concordia".

"En este tiempo de cercanía y encuentro, sigamos construyendo juntos una España de convivencia, paz y concordia". ¡Felices Fiestas! ¡Bones festes! ¡Jai zoriontsuak! ¡Boas festas!", ha escrito Sánchez en su cuenta de X.

Esta mañana Pedro Sánchez ha agradecido a los 12.054 militares desplegados en el exterior su "entrega, profesionalidad y actitud valiente", con una mención especial al contingente español desplegado en el sur del Líbano que cumple su misión "pese al cruce de ataques en la zona" en su tradicional mensaje de Navidad alas tropas españolas en el exterior.

El movimiento comenzó a fraguarse al calor de la investidura. Y cristalizó coincidiendo con la jura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Ese día, más de medio centenar de altos mandos militares retirados provocaron un auténtico terremoto político al impulsar sin pudor un oscuro manifiesto con tintes golpistas. El texto, adelantado por infoLibre y luego publicado por la Asociación de Militares Españoles (AME) –aunque escondiendo las adhesiones al mismo–, era un llamamiento directo al Ejército para que destituya al recién elegido líder del Ejecutivo y convoque unas nuevas elecciones. Un paso más en la delirante senda de algunos militares fuera de circulación que en los últimos años han saltado a la palestra con manifiestos en defensa del dictador Francisco Franco o chats donde exhibían la necesidad de asesinar "a 26 millones de hijos de puta".

Desde que este último texto vio la luz, varios socios parlamentarios a la izquierda del PSOE han exigido al Ministerio de Defensa que tome medidas. Pero el departamento que dirige Margarita Robles ha preferido guardar un sepulcral silencio. Como mucho, se ha limitado a señalar que los firmantes son mandos jubilados y que, por lo tanto, poco pueden hacer. La Ley de la Carrera Militar fija en su artículo 115 que aquellos miembros del Ejército que pasen a situación de retiro "dejarán de estar sujetos al régimen de derechos y deberes" de los integrantes de las Fuerzas Armadas y a "las leyes penales y disciplinarias militares". En resumen, solo pueden ser castigados por estas vías aquellos en activo o, como mucho, los reservistas en determinadas circunstancias.

Pero algunos militares y exmilitares consultados por este diario recuerdan que existen otras posibles vías para sancionar estas conductas, si bien alguno reconoce su complejidad. Una de ellas pasa por la llamada Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que tiene por finalidad "recompensar y distinguir" a los oficiales generales, oficiales y suboficiales "por su constancia en el servicio y la intachable conducta". Todo ello, dice el reglamento que la regula, “a tenor” de lo que establecen las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, las cuales señalan que el militar "guardará y hará guardar la Constitución", respetará y exigirá valores como "la dignidad y los derechos inviolables de la persona" o "respetará y hará respetar los derechos fundamentales y libertades públicas".

La entrada en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, explican los militares consultados, es algo que se produce de manera prácticamente "automática" cuando se cumplen dos décadas de servicio. A la misma pertenecía, por ejemplo, Francisco Beca, el general de división retirado que en el chat de La XIX del Aire hacía mención a fusilamientos masivos. O muchos de los altos mandos jubilados que se adhirieron al manifiesto golpista del pasado viernes, alguno de los cuales, como el general de división Yago Fernández de Bobadilla, se ha apresurado a desvincularse del texto alegando que fue engañado porque el que él suscribió no incluía referencia alguna al llamamiento a un golpe de Estado.

"Expulsarles de esta orden les haría mucho daño, porque es un fuerte golpe simbólico contra su honor", apunta Miguel López, oficial retirado del Ejército del Aire y miembro de Foro Milicia y Democracia. En la misma dirección apuntan Iñaki Unibaso, secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), y quien fuera secretario general en el exilio de la extinta Unión de Militares Demócratas (UMD), el teniente coronel del Ejército del Aire retirado José Ignacio Domínguez. "Una de las cosas que se valora para pertenecer a la misma es la intachable conducta", recuerda el primero de ellos al otro lado del teléfono. "Y con este tipo de manifiestos, eso no se cumple. Se ha expulsado a gente por menos", completa el segundo.

En el verano de 2020, el Gobierno reformó el reglamento de la orden. Y, entre otras cosas, incluyó un artículo para regular el procedimiento para causar baja en la misma en el caso de militares retirados cuando hubieran "protagonizado actos o conductas" que supongan un "descrédito" para él mismo y para la orden, así como por "socavar y poner en entredicho" los "valores y virtudes que deben adornar a cuantos pertenecen a la misma". Eso, en principio, encaja con este tipo de actitudes. El problema, como recuerda López, es que tiene que haber una resolución judicial firme. "La utilización de tal facultad extraordinaria requerirá que el afectado haya sido condenado por hechos delictivos en virtud de sentencia firme", completa el reglamento en este punto.

Eso, por el momento, no ha ocurrido en este tipo de casos. La Fiscalía Provincial de Madrid, por ejemplo, dio carpetazo en marzo de 2021 a las diligencias de investigación abiertas por el chat de La XIX del Aire al considerar que los mensajes emitidos no eran constitutivos de un delito de discurso de odio al tratarse de opiniones expuestas "con libertad" y "en la confianza de estar entre amigos" sin voluntad de publicitarlas fuera del grupo de Whatsapp. Y en cuanto al manifiesto golpista de ahora, ni el Ministerio de Defensa ni tampoco el Ministerio Público han movido, por el momento, ficha. Sí que lo han hecho, no obstante, la Asociación Civil Milicia y República (ACMYR), que ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los firmantes del manifiesto golpista por un delito de proposición para la rebelión militar.

Algunos de los militares consultados creen que ha llegado el momento de que el departamento que seguirá dirigiendo Margarita Robles durante esta legislatura retoque de nuevo el reglamento para endurecerlo. "Si no encaja ahora, que lo reformen, porque no podemos estar soportando ésto periódicamente y viendo cómo salen indemnes. Que se vayan preparando las armas para evitar que vuelvan a repetir la jugada", sostiene el teniente coronel del Ejército del Aire retirado. "Siempre se van de rositas porque nadie les mete mano. Igual se podría plantear una reforma para hacerlo más restrictivo, de forma que no sea necesaria la condena, sino que valga, por ejemplo, con que se abra un expediente", desliza López en conversación con este diario.

El 6 de enero de 2021, en su tradicional discurso de la Pascua Militar, la ministra de Defensa dedicó unas palabras a esa "insignificante minoría" que lanza incendiarias soflamas desde su posición de retiro cuestionando "irresponsablemente las bases de la convivencia". "Solo merece el rechazo más absoluto, por su intolerancia, sus delirios y su total alejamiento de los valores castrenses", apuntaba Robles en una clara referencia a los mensajes desvelados de miembros de la XIX promoción de la Academia General del Ejército del Aire. Y añadía con dureza: "Nadie tiene derecho, y menos quienes en su día vistieron el uniforme de las Fuerzas Armadas, a perjudicar el inmenso prestigio que tienen nuestros Ejércitos".

En esto último ponen también el acento los militares consultados por este diario. Sería, señalan, otro importante golpe simbólico. "Estaría bien que se les retirase el uso del uniforme. Si lo están ensuciando, no se les debería dejar que lo vistan", resalta el ex secretario general en el exilio de la Unión de Militares Demócratas. A pesar de estar retirados, todos estos altos mandos tienen derecho a seguir portando esa vestimenta en determinadas situaciones. Así se recoge en el artículo 115 de la Ley de la Carrera Militar: "[Podrán] usar el uniforme en actos militares y sociales solemnes". "Por ejemplo, en el aniversario de la unidad en la que sirvió por última vez o en la boda de un hijo", trata de resumir López.

El problema, de nuevo, es que la normativa militar no recoge posibles limitaciones en este ámbito. Algo que sí que hace la del Instituto Armado. Así, por ejemplo, en el reglamento que regula la adquisición y pérdida de condición se establece: "El Director General de la Guardia Civil podrá limitar el uso del uniforme en estos actos, mediante resolución motivada, al guardia civil retirado contra el que se haya dictado en su contra auto de procesamiento, de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito o haya realizado acciones que sean contrarias a la conducta a imagen que se exige a los miembros de la Guardia Civil". En 2021, El País publicó que Defensa estudiaba fórmulas para despojar del uniforme a aquellos que lo deshonrasen. Una reforma que sigue pendiente.

Más allá de esto, Domínguez también pone sobre la mesa un tercer flanco de ataque: los beneficios sociales. A pesar de estar retirados, los militares tienen derecho a disfrutar, por ejemplo, de las llamadas residencias de descanso, que se encargan de "proporcionar alojamiento, manutención en su caso, descanso vacacional y ocio al personal militar y sus familias" por toda la geografía a precios asequibles. O de los centros deportivos y socioculturales reservados, de los que hay distribuidos por toda España alrededor de una treintena –algunos de ellos con campo de golf incluido–. En 2017, según un artículo publicado en elDiario.es, la cuota que pagaban los militares para formar parte de estos últimos se movía entre los 5 y los 11 euros mensuales.

"Si el Ministerio de Defensa publica una orden u otra medida oportuna, puede poner límites a ese acceso", deja caer Domínguez, que no ve con malos ojos que también se pueda castigar a los militares golpistas por esta vía. Algo que, sin embargo, Unibaso no ve con buenos ojos. "La acción social no debería usarse como un castigo contra nadie", dice el secretario general de la AUME, quien hace un llamamiento a la tranquilidad en referencia a este tipo de pronunciamientos: "Son cuatro gatos que no tienen ninguna trascendencia o poder de convocatoria, trasnochados que aún echan de menos el régimen". Pero López cree que es necesario poner, de una vez por todas, pie en pared. Pero para eso hace falta, dice, "voluntad política".

El PSOE considera una “salida de tono de otros tiempos” el manifiesto de militares retirados, revelado por infoLibre, que reclama al Ejército que destituya al recién investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se convoquen elecciones generales por la “gravedad de la situación actual”.

El manifiesto está elaborado por medio centenar de altos mandos militares retirados, entre los que están algunos de los que en 2020 participaron en el chat desvelado por este periódico y donde se afirmaba que "no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". En el texto que han elaborado ahora se acusa al poder ejecutivo de copar la mayoría de los órganos judiciales, lo que "anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes".

Fuentes de la dirección del PSOE señalan: “Las fuerzas armadas españolas son un ejército moderno y democrático. No tienen nada que ver con estas salidas de tono que son propias de otros tiempos”. Asimismo, indican que “durante estos días vamos a ver a muchos que se quedaron en 1975”.

Con fecha de 16 de noviembre, el día de la investidura presidencial pero aún no distribuido, el texto trata de enmascarar el llamamiento a un auténtico golpe de Estado con el rechazo a la futura ley de amnistía como pieza central. Pero en el párrafo final reclama sin disfraces la intervención del Ejército:

“Teniendo en cuenta que el artículo 8.1 de nuestra Constitución señala en relación con las misiones de las Fuerzas Armadas, además de garantizar la soberanía e independencia de España y la defensa de su unidad territorial, la de defender el ordenamiento constitucional, que consideramos en grave peligro por la falta de independencia judicial, la desigualdad de los ciudadanos españoles ante la ley y la posible ruptura de la unidad de la Nación española, este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este Manifiesto y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

El texto se conoce pocas horas después de que Pedro Sánchez saliera elegido presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta (179 votos a favor del PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Coalición Canaria) y prometiera este viernes su cargo ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Un día festivo. Y, con suerte, un puente con el que despedirse definitivamente del buen tiempo. Ese es, en el mejor de los casos, el significado del 12 de octubre para la mayoría de los ciudadanos. Casi cuarenta años después de que el país dejase atrás la dictadura franquista, España sigue sin resolver la celebración de su identidad. Para la mayoría, la fiesta nacional pasa por completo desapercibida. La promoción de la bandera como símbolo, que el PP, Ciudadanos y Vox agitaron en los últimos años, siempre contra gobiernos socialistas, no ha pasado de los balcones a la calle.

Es un fenómeno, el de la escasísima sintonía de los españoles con una conmemoración en la que identificarse como tales, que contrasta con el arraigo y la participación social del que hacen gala cada año las jornadas festivas con las que todas y cada una de las comunidades autónomas celebran su singularidad. La España de la diversidad, especialmente los territorios con un carácter más marcado, prefiere sus propias celebraciones. En ellas el 12 de octubre simplemente no existe.

La asociación de la fiesta del 12 de octubre con las Fuerzas Armadas y a la monarquía no ayuda. El plato fuerte de la fiesta nacional sigue siendo desde hace años un desfile militar por las calles de Madrid en el que intervienen miles de militares y en el que tiene un protagonismo destacado la Legión. Un cortejo castrense que, además de ser el único gran acto oficial abierto al público, en los últimos años se ha convertido en cita obligada de ciudadanos afines a la extrema derecha cuya forma de celebrar su españolidad consiste en abuchear a las autoridades de izquierdas. 

El resto es una recepción oficial que tiene al rey como protagonista y a la que están invitados representantes de todos los sectores políticos, sociales y económicos, pero de la que no forman parte los ciudadanos del común que, como mucho, tienen acceso gratuito a todos los espacios que forman parte de Patrimonio Nacional (con la excepción del Palacio Real, que ese día sirve de escenario a la recepción protagonizada por Felipe VI).

La militarización de la fiesta se hace aún más evidente con el programa de actividades que cada año despliega el MInisterio de Defensa por toda España: puertas abiertas en algunos cuarteles, exhibición de armas, izados de bandera y conciertos de música militar.

La fiesta nacional sigue sin cuajar y, al mismo tiempo, no puede rivalizar con el compromiso de la población con la celebración de su identidad local en la práctica totalidad de las comunidades autónomas. Desde la conmemoración de la Diada de Cataluña, cada 11 de septiembre, al Día Nacional de Galicia —que es como se llama oficialmente— cada 25 de julio. Incluso el Aberri Eguna —el día de la patria vasca—, una fiesta del nacionalismo en la que cada año una buena parte de los vascos celebran su identidad. Cualquier de estas tres fechas cuenta con una participación social elevada, proporcionalmente muy superior a la que tiene lugar el 12 de octubre.

Las comunidades históricas, aquellas que desarrollaron instituciones y estatutos propias antes del franquismo, no son una excepción. Un buen ejemplo acaba de tener lugar en la Comunitat Valenciana, que cada 9 de octubre celebra su identidad. Ese día los valencianos conmemoran la conquista de la capital del antiguo Reino de Valencia por las tropas del rey Jaume I en 1238. Y lo hacen con celebraciones familiares, costumbres sociales muy arraigadas, actos oficiales al máximo nivel, como el que oprotagoniza el president con la entrega de distinciones en el Palau de la Generalitat. 

Es una fecha en la que también hay sitio para la reivindicación política, como la manifestación que cada año organiza la Comissió 9 d’Octubre, integrada por partidos y asociaciones nacionalistas y de izquierdas. Excactamente igual que en Galicia o en Cataluña.

El 12 de octubre, en cambio, no tiene ninguno de estos elementos. Lo más parecido a un acto popular es la instalación de gradas en el centro de Madrid para asistir al desfile militar. El Gobierno de España no tiene protagonismo alguno —no hay ni un discurso del presidente ni actividades que tengan como centro a la sociedad civil—. Todo gira en torno al ejército y el rey. Y eso es todo.

El contraste no puede ser mayor con las fiestas de cada comunidad autónoma, incluso en aquellas sin lengua propia, en las que a menudo se piensa cuando se habla en términos de identidad. Es el caso de Andalucía, por ejemplo, una tierra en la que el 12 de octubre no compite, ni de lejos, con el 28 de febrero, el día de la comunidad, en el que se conmemora el aniversario de la aprobación de su Estatuto de Autonomía. 

En este caso no hay manifestación política por las calles de Sevilla, pero sí el resto de los ingredientes que hacen de la fiesta una celebración participativa e identitaria: el solemne acto de entrega de medallas por parte del Gobierno autonómico y un ambiente de exaltación andalucista que incluye despliegue de banderas, actos en los colegios y un protagonismo muy especial del himno. 

La fiesta nacional no arraiga. Ni siquiera en Madrid, donde el 2 de mayo tiene un relieve mucho mayor. Y se desprestigia cada vez más, como efeméride, en los países de América, a medida que la revisión crítica del descubrimiento de América pone el foco en los indígenas y en lado oscuro de la colonización. Venezuela sustituyó en 2022 el “Día de la Raza” por el “Día de la Resistencia Indígena”, Bolivia celebra el “Día de la Descolonización” y Argentina ha adoptado el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. 

En Estados Unidos, el 12 de octubre ha sido tradicionalmente conocido como “Columbus Day”, el día de Colón, pero en las últimas décadas han crecido los partidarios de cambiar el enfoque de la celebración. Ciudades como Los Ángeles, Seattle, Phoenix y Denver, así como estados como Minnesota, Alaska, y Oregon, han reemplazado oficialmente el “Columbus Day” por el Día de los Pueblos Indígenas. Estados como California y Dakota del Sur celebran el Día de los Nativos Americanos.

La misión de evacuación de ciudadanos españoles de Níger se completó el pasado viernes sin incidentes. Pero para llegar hasta ahí, las Fuerzas Armadas españolas estuvieron diez días volcadas en un intenso planeamiento que fue desde la preparación de la operación hasta el embarque de todos los pasajeros en Niamey, entre los que volaron cuatro miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que también se encontraban en el país cuando tuvo lugar el golpe de Estado, según informa Europa Press.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha conocido este jueves todos los detalles de la operación en una visita al Mando de Operaciones en la base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El cerebro de las Fuerzas Armadas se puso en funcionamiento el mismo 26 de julio, cuando un grupo de militares destituyó al presidente nigerino, Mohamed Bazoum. Entonces empezó ya un planteamiento preventivo de una eventual evacuación del país en el que se contemplaron todos los escenarios posibles, usando para ello las "lecciones aprendidas" de las recientes evacuaciones de Afganistán y Sudán.

Después llegó el cierre del espacio aéreo en Níger y el anuncio de Francia y de otros países europeos de operaciones para sacar a sus nacionales del país, tras lo que el 1 de agosto España ya activó oficialmente en grupo de planeamiento para preparar su propia misión de evacuación.

Al día siguiente, el mismo 2 de agosto a las 4 de la madrugada, estaba ya todo el operativo preparado en la base aérea de Torrejón, pero lo que faltaba entonces era la autorización del gobierno golpista de Níger para aterrizar en el país. Pese a todas las gestiones diplomáticas, la autorización no llegó hasta las 18.00 horas del día 3 con una llamada de la embajadora.

Y fue otra vez a las cuatro de la madrugada del día siguiente cuando ya despegó de Torrejón el A330 del Ejército del Aire con su tripulación a bordo y miembros de los GEOs para completar la evacuación. El avión llegó a Niamey sobre las 7.45 horas (hora española) y ese mismo día volvió a España con 74 personas a bordo, 20 de ellas españolas y 54 extranjeros.

Entre los pasajeros se encontraban cuatro miembros de los servicios de inteligencia españoles que estaban en Níger, según ha revelado la ministra en funciones. Pero también volaron una mujer embarazada de seis meses, 32 menores de edad e incluso dos mascotas, un perro y un gato. El día anterior habían salido ya del país otros 32 españoles en vuelos de Francia y Alemania.

Robles ha reconocido su preocupación por la situación en la zona del Sahel y ha insistido en su apuesta por la permanencia de la Unión Europea en la misión de Malí, donde España está "prácticamente sola" con 140 militares tras el abandono del país de otros ejércitos como el de Francia.

Según ha adelantado, este será uno de los temas en los que España pondrá el foco en la reunión de ministros de Defensa de la UE que tendrá lugar el próximo día 29 con motivo de la Presidencia europea española.

Precisamente, en la videoconferencia ha participado el general al mando de la misión en Malí, EUTM, el español Santiago Fernández Ortiz-Repiso. Según ha revelado, el golpe de Estado en Níger no ha afectado "directamente" a su labor, aunque la misión se encuentra en una situación de parálisis debido a la inestabilidad en toda la región.

La operación que sí se ha visto afectada es la de Senegal, donde las Fuerzas Armadas españolas se dedican a dar apoyo logístico a otras misiones en la zona y también al ejército francés. Ahora, las operaciones aéreas están condicionadas por los movimientos en los países cercanos, lo que se suma a la "calma tensa" que vive el propio Senegal.

Las Fuerzas Militares de Colombia quieren fortalecer sus labores de inteligencia en la web y documentos reservados muestran su interés por adquirir herramientas vinculadas a campañas de desinformación o utilizadas para perfilar y perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos. La información muestra, además, que el Ministerio de Defensa colombiano, bajo el gobierno de Iván Duque, aprobó en 2022 una partida presupuestaria para adquirir una herramienta que le permita “estar a la vanguardia” para identificar amenazas en redes sociales. Lo que no muestran los documentos es cómo se van a prevenir abusos de la herramienta.

Se trata de tecnologías muy similares a las que derivaron, en 2020, en el conocido como escándalo de las carpetas secretas: un centenar de periodistas y activistas perfilados por el Ejército, sin justificación. Los archivos filtrados ahora muestran que, tras ese episodio, en las Fuerzas Militares se realizó una auditoría que concluyó que sí hubo irregularidades e impartió recomendaciones para prevenir futuros abusos. Sin embargo, en los documentos del nuevo plan del Comando General, no hay mención alguna a esas recomendaciones. En cambio, queda en evidencia que se reunieron con empresas que han sido cuestionadas alrededor del mundo y cuyas herramientas parecen ir más allá de un monitoreo de redes sociales.

En el centro de ambos asuntos, el escándalo de las carpetas secretas y el interés por adquirir nuevas herramientas para controlar internet, se encuentra una compañía española: Mollitiam Industries. En el primer caso fue la empresa que vendió a las Fuerzas Militares el sistema informático utilizado para perfilar a periodistas y activistas; en el segundo, fue una de las tres empresas que enviaron una propuesta detallada con las herramientas que comercializan.

Mollitiam Industries fue constituida en Toledo hace menos de cinco años, en mayo de 2018, pero sus creadores llevan muchos años en el campo de la ciberinteligencia. Los socios mayoritarios son los hermanos Esther y Samuel Álvarez González, quienes en 2007 crearon el Grupo In-Nova para trabajar en el sector, y el otro accionista principal es Antonio Ramos Varón, personaje con cierta proyección pública porque fue presentador de un programa de televisión llamado Mundo Hacker, emitido en 2013 en Discovery Max y en 2016 en TVE. También se ha difundido en Canal 13 de Colombia.

En sus pocos años de existencia, llaman la atención dos cuestiones: el apoyo económico recibido de fondos de inversión y la importante cantidad de dinero público que financia sus proyectos.

Entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial del cuarto banco de España para invertir en proyectos de emprendedores en su fase inicial; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo que agrupa dinero de algunos de los principales empresarios asturianos.

En cuanto al dinero público, ha recibido subvenciones por más de 1,6 millones de euros, la mayoría procedentes del Gobierno español y de la UE [puedes leer aquí una detallada información sobre Mollitiam Industries, sus socios, sus clientes y sus productos de espionaje invasivo]

Correos internos del Comando General de las Fuerzas Militares filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya, a los que El Espectador tuvo acceso a través de Forbidden Stories, muestran que la iniciativa para adquirir una herramienta para hacer inteligencia en redes sociales lleva varios años cocinándose. En concreto, forma parte de un proyecto que le presentó el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia (CGDJ2) al Ministerio de Defensa para crear un “Sistema Integrado de Información de Inteligencia Conjunta Para la Defensa Nacional” (SI3CD), siguiendo recomendaciones de Estados Unidos y de la OTAN. Propuesta que acabó recibiendo luz verde del Gobierno.

En la filtración hay diapositivas, correos y formularios que explican, una y otra vez, que la inteligencia militar tiene falencias por su escasa capacidad tecnológica. En uno de ellos, se plantea, como solución, adquirir un software de inteligencia con fuertes abiertas: Osint, por sus siglas en inglés. El documento, de hecho, se llama “Proyecto Osint” y marcó el inicio de un camino en el que lograron que la iniciativa fuera aprobada casi unánimemente en el Ministerio de Defensa. Solo en una dependencia del Ministerio hubo oposición, pero por errores administrativos en la propuesta, no porque se consideraran los desafíos para la privacidad o el historial de abusos que cargan los militares.

Para Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad digital K+LAB de la Fundación Karisma, “no es irracional que el Estado tenga una herramienta así para hacer investigaciones”. Sin embargo, explicó que con este tipo de herramientas de ciberseguridad se puede caer en vigilancia masiva. Ella definió este último escenario así: “Una revisión de forma indiscriminada y que no necesariamente sigue una investigación particular, de fuentes abiertas en internet. Tienes a unos actores que están hablando en redes sociales sobre las cosas que están pasando y a la fuerza pública, mirando la conversación en redes sociales y haciendo filtros para ver qué pesca”.

El proyecto Osint pasó casi sin oposición por todas las instancias en el primer trimestre de 2022. En ese tiempo, miembros de las Fuerzas Militares tuvieron reuniones o recibieron propuestas de al menos siete representantes de empresas que ofrecen este tipo de herramientas: Mollitiam Industries, S2T Unlocking Cyberspace, Voyager Labs, Cognyte, AWS (de Amazon), IQ Lab y Dreamlab Technologies. Algunas conocidas contratistas de los militares colombianos, otras con antecedentes cuestionados en varios países.

De las siete empresas, al menos tres enviaron propuestas detalladas de los productos que ofrecen: Mollitiam Industries, Voyager Labs y S2T Unlocking Cyberspace. Estos documentos ofrecen una mirada inédita a una industria que se mueve en la oscuridad, pues la mayoría de sus contratos con los Estados tienen reserva y pocas veces se conocen las capacidades de las herramientas que venden. Además, expertos consultados plantean preocupaciones por la cantidad y el tipo de información que podría ser recogida sin filtros ni controles.

Lo que recuerda, inevitablemente, al escándalo de carpetas secretas. No es para menos, pues hay coincidencias. En 2020, cuando se conoció que el Ejército había perfilado con herramientas similares a un centenar de periodistas y políticos, El Espectador reveló los contratos de esa institución con una de las empresas con las que se reunieron las Fuerzas Militares en 2021 para el Proyecto Osint: Mollitiam Industries. Según al menos dos documentos filtrados, representantes de esa empresa española se reunieron directamente —no a través de distribuidores colombianos— con quienes lideraban la propuesta de fortalecimiento de inteligencia digital.

La primera mención a Mollitiam en la filtración está en un correo, de agosto de 2021, entre los suboficiales que estructuraron el Proyecto Osint. Uno de ellos explicaba que en esta empresa “tienen herramientas bien interesantes para acoplar al trabajo de CEICO”, en referencia al Centro de Inteligencia Conjunto. Y agregaba: “Así mismo, conozco que ha venido contratando con Dipol (dirección de Inteligencia de la Policía), DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) y unidades del Ejército”. Según el mensaje, hay un producto en especial de esa compañía que les podría interesar a las Fuerzas Militares: un curso “donde se estudian, de manera muy técnica, los pasos para el desarrollo de operaciones de ciberinteligencia”.

A comienzos de 2022, la compañía española envió dos documentos a las Fuerzas Militares. Uno llamado Propuesta Mollitiam y otro Propuesta Técnica Mollitiam. Ambos aparecen referenciados en otro correo en el que fueron adjuntados, junto a una propuesta más de S2T Unlocking Cyberspace. Sin embargo, los dos primeros tienen el acceso restringido por una contraseña.

Mollitiam Industries no respondió a ninguna de las preguntas que le plantearon los periodistas sobre sus relaciones con las Fuerzas Armadas colombianas.

El correo enviado por uno de los líderes del Proyecto Osint advierte: “Al momento, se ha establecido contacto de forma presencial con seis empresas, mas no se ha definido la herramienta a adquirir, el presupuesto establecido se determinó como uno general producto de las cotizaciones [las propuestas económicas] y de las visitas efectuadas, por lo cual el proceso sigue”.

La otra propuesta que aparece adjunta en ese correo, que oferta una herramienta de S2T Unlocking Cyberspace, es una de las más detalladas en toda la filtración. Entre las capacidades que ofrece su producto, llamado WebINT, está la creación de avatares (perfiles), que desarrollan así: “El sistema permite a los usuarios crear, administrar y cultivar muchos avatares en línea, incluida la creación automática y las actividades automáticas para estos avatares. Esto permite desbloquear la información en plataformas de acceso restringido, mientras se emplean sofisticados mecanismos de seguridad para enmascarar la identidad real del usuario”.

Es decir, permite crear perfiles falsos y esconder su origen. Un diagrama que ofrecen, de ejemplo, explica cómo funcionaría un “flujo de trabajo de operación de información”: se identifica un tema de interés (como problemas políticos locales); se encuentra contenido en internet sobre el tema; luego se identifican los “elementos clave” y los “sentimientos”. Es decir, se miden los términos usados en las conversaciones públicas de redes sociales para posteriormente hacer una “publicación automática y comentario” por un avatar, que será compartido por “nuestros otros avatares”. Así, finaliza la ilustración, se “identifican objetivos para investigaciones más profundas”.

Una vez se define un objetivo, la herramienta puede recopilar datos sobre esa persona o empresa, como su “ubicación, vehículos, números de teléfono, medicamentos, identificaciones, nombres de usuario, billeteras de Bitcoin y direcciones de correo electrónico”. Esta información es recogida de forma “automática y continua”, según añade el documento. Además, quien use la herramienta puede definir a través de qué avatar (perfil falso) pretende recopilar la información. También puede crear “casos”, es decir, seguir a un grupo de personas que están conectadas en internet por algún rasgo común o por la palabra clave que se defina.

Aunque no aparece un remitente de la propuesta, metadatos del documento indican que fue elaborado por Anirudha Sharma Bhamidipati, exrepresentante comercial de la empresa colombiana Delta IT Solutions. Consultados por este consorcio, la compañía aseguró que en septiembre de 2021 sí enviaron una propuesta a las Fuerzas Militares de Colombia, a través de Bhamidipati, “quien se desempeñaba en ese entonces como asesor de la empresa”.

La tercera propuesta que aparece en los documentos filtrados de las Fuerzas Militares es de otra empresa conocida en esa industria: Voyager. De hecho, cuando se revelaron los perfilamientos de las carpetas secretas, se supo que se habían hecho con una herramienta que ofrece esta compañía. En Colombia, los representa una sociedad llamada Ecomil, que en marzo de 2022 les envió una propuesta económica a quienes dirigían el Proyecto Osint, en un correo en el que le recomiendan, además, dos de sus herramientas en concreto: Voyager Analytics y Voyager Vision. Este último, explica el mensaje, “es para correlacionar imágenes y video con reconocimiento facial”.

La herramienta Voyager Analytics, de otro lado, recopila información de redes sociales de los objetivos y dice que diagnostica patrones “relacionales y conductuales”. Según explica la descripción que envió Ecomil a las Fuerzas Militares, “esto ayuda a los analistas a entender las narrativas actuales y cruciales en torno a un determinado tema”. Supuestamente, se puede determinar quiénes son las personas más influyentes alrededor de una discusión pública. “Esta capacidad hace que el debate pase de los que están más involucrados en línea a los que están más involucrados de corazón”, añade el documento sobre una tercera herramienta que ofrecen, Voyager Discover.

El Centro Brennan para la Justicia, una ONG de Estados Unidos, analizó las herramientas de Voyager, después de que la policía de Los Ángeles recibiera una demostración. Rachel Levinson Waldman, directora del programa de libertad y seguridad nacional de la ONG, analizó la propuesta enviada a militares colombianos y aseguró en entrevista con este consorcio: “Dado el alcance de la información que la compañía promete obtener, es probable que se descubra mucha información sobre los patrones de vida de una persona. Si usted es un gobierno interesado en intimidar a periodistas, tendría mucho con qué trabajar para alejarlo de una historia”. 

De otro lado, está Cognyte, empresa israelí con la que las Fuerzas Militares se reunieron, luego de conocer a uno de sus directivos en la feria Expodefensa, en 2021, según muestran algunos correos. Hace un par de años que está inmersa en polémicas, después de que Meta (compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp) decidiese remover alrededor de 100 cuentas de sus distintas plataformas, tras concluir que sus productos fueron usados para hacer ingeniería social y vigilancia masiva en redes sociales. “Sus objetivos incluyeron a periodistas y políticos alrededor del mundo”, se lee en el reportede amenazas de Meta.

El informe finaliza con una lista de los países en los que Cognyte tenía clientes, entre los que está Colombia. Si bien no hay registro de la propuesta que presentaron para el Proyecto Osint, sí hay otros rastros de la relación de la compañía con las Fuerzas Militares. Por ejemplo, documentos de la filtración muestran que, en febrero de 2022, Ecomil, la misma empresa que presentó la propuesta Voyager a los militares, les envió un presupuesto de servicios de una herramienta de Cognyte: un sistema para monitorear comunicaciones, interceptar teléfonos y localizarlos. La compañía no respondió a las preguntas de los periodistas sobre la propuesta que enviaron a las Fuerzas Militares.

El Comando General de las Fuerzas Militares no le contestó a este consorcio si el proceso siguió adelante o fue suspendido.

Entretanto, documentos reservados muestran que tras el caso carpetas secretas, la inteligencia del Ejército atravesó una auditoría que, en abril de 2020, sugirió ajustar la doctrina de inteligencia y contrainteligencia para respetar la labor de periodistas, líderes sociales, misiones médicas, sindicalistas y otras personas que podrían ser estigmatizadas.

Pese a que esa auditoría la hizo el propio Comando General y a que está probado que herramientas muy similares a las que buscaba el Proyecto Osint fueron utilizadas para perseguir a periodistas, no aparece en los documentos cómo se va a evitar que se repita. En ese sentido, Etienne Maynier, de Amnistía Internacional, le dijo a este consorcio: “Creo que hay un alto riesgo de abuso. Quiero decir, sabemos que exactamente estas mismas herramientas fueron abusadas por este Ejército hace dos años”. Una advertencia que sigue vigente, pues los documentos muestran que estas herramientas de vigilancia ya son ampliamente utilizadas por otras dependencias de la Fuerza Pública.

_______

Con información de Manuel Rico (infoLibre)

La asociación profesional de las Fuerzas Armadas ATME ha denunciado esta semana que el sueldo neto de un soldado suma 1.130 euros, mientras que el salario mínimo interprofesional sigue subiendo y alcanza ya los 1.080 euros, informa Europa Press.

ATME considera "vergonzosas" las retribuciones de los militares y denuncia que la subida del gasto de Defensa incluida en los Presupuestos de 2023 no se destine a las nóminas de sus profesionales, que este año solo verán aumentados sus salarios en la misma proporción que el resto de empleados públicos.

Las asociaciones de militares llevan años denunciando los "injustos" sueldos en las Fuerzas Armadas. "Es cuanto menos vergonzoso comprobar el poco respeto que se tiene, desde el Gobierno y desde los grupos parlamentarios que apoyaron los Presupuestos, a estos militares", denuncia ATME.

Para ello aporta algunas nóminas de militares. Por ejemplo, un soldado que lleve menos de seis años de servicio tiene un sueldo base de 669 euros y, sumados los complementos, una nómina neta de 1.130 euros. En el caso de un militar de carrera de tropa y marinería, el sueldo base es de 836 euros y el final ronda los 1.294 euros.

Todo ello lo compara con el salario mínimo, que además subraya que puede aumentarse con el cobro de horas extra o días festivos; mientras que "el militar deberá realizar servicios de 24 horas, maniobras de varios días o aumentos de jornada por un mismo sueldo".

"¿Por qué no llegan también estas mejoras a los militares y a sus familias?", pregunta ATME denunciando que los militares son los servidores públicos peor retribuidos aunque son los únicos con disposición permanente "para defender a España, incluso con la entrega de la vida".

Además, alerta de que esta situación ya está teniendo sus primeras consecuencias con un aumento de bajas en los centros de formación o la no renovación del compromiso inicial que se firma con las Fuerzas Armadas.

En este contexto, recuerda que este año hay varias convocatorias electorales y avisa al Gobierno y grupos parlamentarios que todos los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias estarán pendientes de sus programas electorales "y recordarán lo que prometieron y no cumplieron".

El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha acordado incoar diligencias previas –paso previo a decidir si abre una investigación– tras recibir una denuncia contra el juez de Zaragoza que en 2003 emitió las actas de defunción de los militares que fallecieron en el accidente del Yakovlev 42 (Yak-42).

En el auto de este tribunal, fechado el 9 de agosto y al que ha tenido acceso Europa Press, además de abrir esas diligencias se resuelve mandar oficio al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para conocer el estado de las actuaciones que siga sobre los mismos hechos. Además, le remitirá tanto la denuncia –formulada por un comandante de artillería en situación de retiro– como el informe del fiscal jurídico militar.

Cabe recordar que fue el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando se estrelló un avión subcontratado por el Ministerio de Defensa –dirigido entonces por Federico Trillo– y en el que viajaban 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. Los familiares de las víctimas denunciaron que el avión no reunía las condiciones de seguridad necesarias y hubo condenas por falsear identificaciones de un gran número de los fallecidos.

Ahora, este juzgado militar, tras recibir la denuncia, y una vez oído al Ministerio Público, abre estas diligencias, previas a un posible procedimiento judicial penal, para estudiar la participación del Juez Togado Militar número 32 de Zaragoza en la recepción de las víctimas del Yak-42.

Tal y como recoge el auto, el denunciante considera que ese juez colaboró, fuera de su demarcación, en un grave delito de falsificación de actas y emisión de informes falsos con fines delictivos. Y sostiene que los hechos pueden ser calificados de "un gravísimo delito de deslealtad y contra la eficacia de las Fuerzas Armadas y otros derivados de la intromisión de un juez militar en materia civil".

En la resolución se indica que el Ministerio Público, tras recibir la denuncia, precisó que eran necesarias diligencias previas antes de pronunciarse sobre el fondo de la denuncia dada la naturaleza de los hechos. Con esto busca comprobar el objeto y las circunstancias de la denuncia.

El Tribunal Supremo ha anulado la sanción disciplinaria impuesta al cabo del Ejército de Tierra, Marco Antonio Santos, hoy en situación ajena al servicio activo, que había sido acordada por la administración militar y ratificada en vía de recurso por la jurisdicción militar. La acumulación de sanciones por falta grave, todas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y no con el descuido de los deberes profesionales, determinó la expulsión del Ejército de este militar con contrato temporal, justo cuando le faltaba poco tiempo para cumplir 45 años y pasar reglamentariamente a la situación retribuida de reservista de especial disponibilidad (RED).

La sanción anulada deriva de su adhesión al contramanifiesto antifranquista promovido por un grupo de militares como reacción al manifiesto en defensa de la figura del general Franco, publicado en el verano de 2018 por más de un centenar de militares retirados de alto rango. Posteriormente se informó de la adhesión al escrito de casi un millar de militares nostálgicos de la época del Caudillo. En el contramanifiesto, suscrito en primera instancia por unos treinta militares y solo unos pocos en situación de servicio activo, los firmantes añadían a su conformidad un comentario, que en el caso de Santos consistió en consignar que consideraba el manifiesto franquista contrario a la Constitución y despedirse con la fórmula de «Salud y República». El tribunal militar que revisó la sanción disciplinaria la confirmó por considerarla una conducta dolosa, que vulneraba la neutralidad política de los miembros de las fuerzas armadas.

La cuestión de fondo que se ventila en esta importante resolución judicial, que por el órgano que la dicta sienta un precedente jurisprudencial, es el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, estatuidos en el Título I de la Constitución (Sección 1.ª), por los militares como ciudadanos de una democracia avanzada, dentro de las limitaciones establecidas en las leyes. Por otra parte, la ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las fuerzas armadas (2011) regula el asociacionismo profesional e impone la obligación de respetar la neutralidad política. La regulación legal es clara y, tratándose de un derecho fundamental, las restricciones legales tienen que ser interpretadas siempre a favor del ejercicio del derecho, aunque se trate de militares, que es lo que ha salvaguardado el alto tribunal.

Producto de la herencia de la dictadura franquista, donde obviamente no existía garantía alguna frente a la vulneración de los derechos, los militares españoles han visto sistemáticamente interpretada la Constitución con una visión restrictiva de los derechos fundamentales de que son titulares. El proceso de recepción de los principios y valores constitucionales en las fuerzas armadas —la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, de acuerdo con el artículo 1.1 informan el ordenamiento jurídico como valores superiores—, ha sido extraordinariamente lento, vacilante y todavía incompleto en determinados ámbitos. Durante treinta años, justo hasta 2009 en que fueron reformadas, se mantuvieron vigentes unas normas deontológicas tradicionales —Reales Ordenanzas— que pugnaban con el texto constitucional, pese a que la ponencia de elaboración de esta suerte de vademécum legal se elaboró en paralelo con el proceso constituyente. Estos preceptos, entonces sin rango de ley orgánica, interiorizados por los militares desde su formación, fueron objeto de una secuencia de derogaciones que dejaron sin efecto un tercio de su contenido.

La doctrina del nacionalcatolicismo, establecida como regla institucional en el régimen franquista y fomentada con estricta disciplina durante cuatro décadas de dictadura militar, apenas se ha desmontado en los cuarteles tras más de cuarenta años de vigencia de la Constitución. El ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas —libertad de expresión, de opinión, de reunión, de sindicación, etc.,— se ha considerado como algo impropio de la profesión militar, dando por hecho que la persona renunciaba a ello tácitamente, después de expresar su voluntad de incorporarse a las fuerzas armadas. Por razones que pueden explicarse, aunque no tanto justificarse, el poder público ha renunciado a la pedagogía democrática y, a diferencia de otros ámbitos sociales, también a seguir la evolución de los países avanzados del norte de Europa.

Para poner en relación los hechos sancionados por la jefatura del Ejército, confirmados por el ministerio de Defensa y ahora declarados sin transcendencia punitiva por el Tribunal Supremo, es preciso distinguir con claridad dos fenómenos, a menudo confundidos en la práctica española por inercia de la tradición: el desentendimiento o ausencia de toda significación política (apoliticismo) y la independencia de cualquier partido político (apartidismo). En el ejercicio de sus funciones profesionales, el militar no tiene obligación de ser apolítico, sino de ser apartidista. Tras la promulgación de la Constitución de 1978, los españoles dejan de ser súbditos de una legalidad impuesta —sin legitimidad democrática— y se convierten en ciudadanos con derechos y obligaciones en el marco de un Estado social y democrático de Derecho.  

Volviendo al caso del cabo Santos, el deber de neutralidad política, cabalmente interpretado, solo puede estar referido a la vulneración del apartidismo; es decir, hacer proselitismo y favorecer de cualquier modo la acción de un determinado partido político; o en su forma negativa, denigrar y obstaculizar la de sus competidores. En definitiva, tomar partido por una opción política partidista y hacerlo en su condición de miembro de las fuerzas armadas. Hecho que no parece que concurra automáticamente cuando se trata de debates generales, máxime si es sobre cuestiones históricas como el régimen franquista (1939-1975), aunque a través de estas manifestaciones pueda deducirse razonablemente la orientación ideológica de la persona. La no discriminación por razón de opinión está también amparada por la Constitución.

La sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo exige restablecer la situación militar del cabo Marco Antonio Santos con la compensación que le corresponda y sea factible, dado el tiempo transcurrido. No obstante, el hecho de que se haya obtenido por mayoría, con dos votos particulares discrepantes, indica la persistencia del peso de la tradición para asumir el ejercicio responsable de sus derechos por los militares como ciudadanos de uniforme.  En todo caso, supone un paso significativo para vincular la jurisprudencia española a la línea predominante en la interpretación de los derechos humanos por parte de la jurisprudencia europea (TEDH), que exige restringir la libertad de expresión de los uniformados únicamente cuando implique una amenaza sustancial, grave y real para la disciplina militar, que nadie discute como esencial para el cumplimiento de las misiones de los ejércitos.  

---------------------------------------------

Fidel Gómez Rosa es Secretario del foro Milicia y Democracia

El Tribunal Supremo ha tumbado la sanción disciplinaria impuesta por el Ejército a un excabo de Tierra que suscribió públicamente en 2018 un manifiesto contra el franquismo en las Fuerzas Armadas, ya que considera que le amparaba la libertad de expresión y que no infringió el deber de neutralidad política, según informa Europa Press.

La Sala de lo Militar, en una sentencia de este miércoles que estima el recurso de quien había sido sancionado a multa como autor de dos faltas graves después de apoyar el 'Manifiesto de respuesta colectiva en contra del franquismo en las Fuerzas Armadas', así como por las declaraciones que ofreció en una entrevista, en la que explicó su respaldo a dicho texto como respuesta a uno anterior denominado 'Declaración de respeto y desagravio al general don Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España', promovido por militares retirados y en la reserva.

La sanción, una multa económica de 12 y 10 días, la acordó el general jefe de la Fuerza Logística y fue confirmada tanto por el Jefe del Estado Mayor del Ejército como por el Tribunal Militar Central, que consideró que había cometido las faltas graves de emitir en público expresiones "falsas" o contrarias a la disciplina de las Fuerzas Armadas que infringían su deber de neutralidad política.

El Supremo ha revocado ahora esa sentencia al entender que procede estimar en su integridad el recurso presentado por el excabo porque, en ningún momento, se aprecia que el recurrente "haya incurrido en una vulneración del respeto debido a sus superiores, ni atentado contra el buen funcionamiento y eficacia del servicio".

Tampoco los magistrados del Tribunal Supremo aprecian una "necesidad social imperiosa" de limitar su derecho constitucional de libertad de expresión, pues sus manifestaciones no son una "amenaza real para la disciplina y la cohesión interna de las Fuerzas Armadas".

El excabo "no tomó partido en un debate político sino, más bien al contrario, suscribió una declaración en la que, como reacción y contestación al citado manifiesto, suscrito por militares retirados y en la reserva, se recordaba que los militares "no tenemos derecho alguno a presionar como colectivo al estado democrático", señalan.

Además, la Sala de lo Militar asegura que el otro cabo del Ejército de Tierra no se manifestó en contra de las Fuerzas Armadas como institución, "sino que, de manera expresa, limita sus comentarios respecto de los militares que han firmado el manifiesto de desagravio al General Franco, y en respuesta a dicho manifiesto". Sobre la expresión "Salud y república" con la que concluía su comentario personal al manifiesto al que se adhirió, el Supremo indica que esa es una expresión de despedida o saludo que, por sí misma, no puede considerarse "contraria a la neutralidad política".

Tampoco observan "dolo alguno", pues en sus explicaciones a un medio de comunicación "realizó una serie de juicios de valor personalísimos y comentó, con mayor o menor fortuna en la expresión, algunas de sus vivencias en las Fuerzas Armadas, no apreciándose que tuviera intención alguna de falsear hecho o dato alguno".

La sentencia cuenta con el voto particular discrepante de dos de los cinco magistrados que la firman, José Alberto Fernández y Ricardo Cuesta, partidarios de mantener la sanción al excabo, a quien achacan unas "aseveraciones falsas" que se alejan "palmariamente de la realidad" y son de carácter "claramente denigratorio", a su juicio, con los mandos y miembros del Ejército, además de tener una "conocida carga ideológica" contraria a la forma política del Estado, es decir, contra la monarquía parlamentaria.

Recientemente hemos celebrado el Día de las Fuerzas Armadas DIFAS (2022) y, en breve, se celebrará en Madrid la cumbre de la OTAN, dos acontecimientos con el telón de fondo de la defensa y con una gran masa de trabajadores militares comprendida en sus respectivos ámbitos de actuación; miles de hombres y mujeres que son partícipes de forma visible en una, y más discretamente en la otra, presentes de alguna manera en ambas. Y, en el caso del DIFAS, hombres y mujeres militares y, además, el borrego de la Legión.

Desde el inicio de la pandemia las Fuerzas Armadas han sido objeto de noticia y de atención, debido a su actividad visible para el resto de la ciudadanía en apoyo a la sanidad y por las numerosas intervenciones de la Unidad Militar de Emergencias —UME— en diversas áreas. Apenas saliendo de la pandemia, la guerra en Ucrania vuelve a poner la atención en la defensa y por tanto de nuevo en las Fuerzas Armadas, esta vez ya relacionadas con la defensa europea y con la OTAN, sin olvidarnos del breve sainete que ha significado la controversia de las escuchas del CNI que también afectaban al Ministerio de Defensa. Ahora, de nuevo, de interés con motivo de la cumbre de la OTAN y con un previo que nos ha traído el DIFAS.

En Huesca el público del desfile militar del DIFAS ha aplaudido, vitoreado y alabado a unos hombres y mujeres militares que, marchando ordenadamente con disciplina y garbo, han satisfecho el espectáculo que la ciudadanía gustosa del mismo, demanda y que el Ministerio de Defensa presto ofrece, ya que rédito indiscutible consigue de tan vistosa actuación. Nadie saca más pecho en un acto militar como este, que la ministra de Defensa y sus adláteres, pues de tal espectáculo se proyecta una imagen (aunque falsa) de buen funcionamiento, de exacerbada disciplina y de una engañosa profesionalidad (pues un desfile no muestra ni por asomo la realidad de la profesión), rédito positivo que se reparten tanto el ministerio como los cuarteles generales.

En el pensamiento de esos hombres y mujeres que marchaban al ritmo del tambor, seguro que también estaban el esfuerzo personal y familiar realizado no solo para dar esa satisfacción al público entregado, sino, también, el esfuerzo por mantener un desarrollo profesional que desgasta entorpece y trunca el desarrollo personal, familiar y social. Un pensamiento y un sentimiento que en esos momentos se doblega por la disciplina que obliga al cumplimiento de la misión. Las dificultades en la progresión en la carrera militar, la falta de expectativas, las escasas retribuciones, la falta de medios de vida en acuartelamientos y la limitación de derechos traumatizan la vida del militar. La marcha militar que para algunos es festividad y emoción, no es más que el cumplimiento de una orden; su marcha particular tiene un recorrido interior.

Un sentimiento y una exhibición ajenos al único elemento del espectáculo libre de toda coacción, incluso libre de llevar el paso: el borrego de la Legión.

Ahora la cumbre de la OTAN se convertirá de nuevo en centro de atención y las Fuerzas Armadas serán parte de la noticia y otra vez sus miembros tendrán el protagonismo callado como meros objetos para su utilización. Cuando se tratan las capacidades de los ejércitos se habla de medios materiales y de medios humanos, en definitiva, de “medios” quedando las personas sin valor. Esta degradación del factor humano es palpable cuando escuchamos las noticias sobre la guerra y se categorizan las bajas humanas entre civiles y militares, dándole a estas últimas un inferior valor.

La cumbre de la OTAN no tratará de las enormes diferencias en el trato a las personas que integran los distintos ejércitos de cada país. Grandes diferencias en las retribuciones, en los medios de vida, en la atención social y en los derechos, entre unos hombres y mujeres que cumplen la misma misión, realizando idénticos trabajos y con un mismo fin, siendo las penurias, el esfuerzo extremo y la posibilidad de la muerte elementos comunes en situaciones de conflicto, de guerra o de tensión.

Mostrar estas realidades cae del lado de quienes son parte y por ello apagar sus voces y obviar sus reivindicaciones es parte del sistema, pues poco queremos saber de aquellos que enviamos a la guerra a matar y/o a morir. Degradamos su condición de persona, de ciudadano y con ello devaluamos fácilmente sus derechos.

El día uno de mayo es la fiesta del trabajador, trabajadores de todo el mundo marchan libres por las calles reivindicando sus derechos y su estatus de trabajador, aspecto este —de trabajador— que se les niega a los militares desde distintos ámbitos sociales e institucionales dentro de las propias Fuerzas Armadas.

El día del militar, el DIFAS, los militares marchan por las calles a golpe del tambor, todos ordenados y disciplinados, al mismo paso, bajo las órdenes del mando, del patrón. Sin libertad, sin reivindicación, despojados de su persona, simplemente sirviendo a la nación.

Podemos concluir que, de dos actos tan distintos como es el DIFAS, en teoría la fiesta del militar (trabajador), y la cumbre de la OTAN con sus designios sobre el orden mundial y los ejércitos de los países que la componen, como brazo armado, el elemento común y fundamental, las personas militares, no tienen ni voz ni voto y, peor, ni tan siquiera merecen la atención, simplemente son utilizados como borregos, borregos como el de la Legión, solo que los militares obedecen órdenes marcando el paso mientras que el borrego de la Legión no.