Combatir los pseudomedios, que han hecho de la desinformación y de la difusión de bulos un negocio alimentado con dinero público procedente, sobre todo, de administraciones gobernadas por la derecha, y defender el periodismo de calidad, es uno de los objetivos del Plan de Acción Democrática que el presidente Pedro Sánchez anunció hace un año y que su Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre.

Sin embargo, doce meses después de aquella promesa solemne de poner en marcha herramientas contra los bulos —producto a su vez de los días de reflexión que Sánchez se tomó tras ver cómo una investigación sin base real ponía en el punto de mira a su esposa, Begoña Gómez—, el proyecto se ha atascado. 

Ninguna de las medidas que afectan a los medios de comunicación, y por extensión a los pseudomedios que alimentan el odio y las mentiras —de las que se nutren después PP y Vox en las Cortes, las organizaciones ultras en los tribunales y algunos jueces en sus autos— ha tomado todavía forma. Ni siquiera existe un horizonte razonable de tramitación que garantice que entrarán en vigor antes de que termine la legislatura. 

De momento, solamente hay una medida parcialmente en marcha, pero muy alejada del núcleo del problema y más enfocada a ese refuerzo anunciado del periodismo de calidad:120,5 millones a disposición de los medios aprovechando los fondos europeos de recuperación. La ayuda más voluminosa, el programa para la consolidación digital de la prensa, está dotada con 65 millones para promover que los medios españoles incorporen tecnologías digitales. La segunda línea de ayudas es un kit digital (5 millones) destinado a periódicos locales. Otros 15 millones tienen como destino fortalecer la ciberseguridad.

Hay previstas otras dos convocatorias de ayudas: una con 10 millones de euros para financiar proyectos de I+D para la integración de la inteligencia artificial dirigida a grandes y medianos medios de comunicación, y otros 10 millones en fomento de la innovación basada en la compartición de datos. Y un paquete de 19,5 millones en préstamos para proyectos de digitalización y herramientas tecnológicas de difusión y gestión de contenidos para los medios de comunicación.

Más allá de eso, el Plan de Acción Democrática, en lo que se refiere a los medios, no ha pasado del papel a la realidad. Únicamente hay constancia de dos anteproyectos, uno de los cuales, en realidad, deriva de la obligación de aplicar en España el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que ya está parcialmente en vigor y será de obligado cumplimiento a partir del 8 de agosto.

El primero de esos anteproyectos es el que exigirá a los medios dar cuenta de quiénes son sus propietarios y de cuánta publicidad institucional reciben a través de un registro gestionado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), que también adquirirá capacidades para garantizar el pluralismo evitando la concentración mediática. El segundo es el que pretende reformar la Ley reguladora del derecho de rectificación de 1984 para mejorar el sistema con el fin de instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.

Se trata, en todo caso, de medidas que no se convertirán en proyectos de ley, en el mejor de los casos, hasta el final del verano. Entonces, siempre que los apruebe el Gobierno, les quedará todavía un largo camino, si se tramitan en el Congreso y en el Senado de manera ordinaria, que es la intención de los ministerios implicados (el Ejecutivo siempre puede aprobarlos como Reales Decretos y someterlos a convalidación en la Cámara Baja en el plazo de un mes, lo que garantizaría su entrada inmediata en vigor).

La reforma de la Ley de Publicidad Institucional, de la que dependen dos de los puntos clave del Plan de Acción Democrática, ha sido prometida por el Gobierno para este año, pero no hay noticias sobre su anteproyecto. Su modificación debe dar lugar al establecimiento de un deber de publicación anual de la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, incluyendo sus beneficiarios, así como a la introducción de criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. También tendrá que garantizar sistemas de medición de la audiencia para cumplir los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.

Mientras no se lleve a cabo esta reforma, que también es consecuencia del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, las administraciones de la derecha podrán seguir financiando con fondos públicos sin límite alguno a pseudomedios sin audiencia real que se dedican a difundir bulos.

De la anunciada futura ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes, nada se sabe. El Gobierno presentó un proyecto en 2023 que dejó morir en el Congreso, enterrado en el trámite de ponencia. Decayó con la convocatoria electoral del 23J. Y hasta ahora.

Tampoco se tiene noticia de la trasposición de la directiva europea para la protección de los periodistas frente a acosos externos. La Unión Europea la aprobó en 2024, con el fin de proteger a las personas que participan en la vida pública contra demandas manifiestamente infundadas y los procedimientos judiciales abusivos, pero España no tiene obligación de adaptarla a su ordenamiento jurídico hasta el 7 de mayo de 2026. 

Sobre la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana —más conocida como ley mordaza— en lo que se refiere a las sanciones por el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuentes del Ministerio del Interior aseguran que no se va a tramitar desde el Gobierno. Se está negociando entre el grupo parlamentario del PSOE y sus socios. De momento, no hay un texto concreto ni plazos. Tampoco se sabe si se limitará a ese aspecto —la difusión de imágenes de los agentes— o si, como quieren algunos socios del Ejecutivo, se ampliará a otros artículos de la ley.

La lista de asuntos pendientes es amplia. El Gobierno sigue sin dar luz verde a la anunciada reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y sigue sin disponer de la prometida estrategia nacional de lucha contra las campañas de desinformación, un asunto que depende del Departamento de Seguridad Nacional.

En lo que respecta a otras promesas, la incertidumbre es todavía mayor. Es el caso del compromiso de introducir límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas. Una medida que nadie sabe cómo plantea el Ejecutivo implementar ni si está trabajando en su desarrollo, que exige en todo caso el voto favorable de las Cortes.

Tampoco se sabe cómo piensa el Gobierno reforzar la autorregulación de los medios y las plataformas digitales en el marco del Código de Buenas Prácticas a nivel europeo, un objetivo que —como reconoce en su propio plan— depende de los propios medios, siempre reacios a la adopción de esta clase de medidas.

Mucho más fácil sería cumplir una promesa que depende del Congreso: la creación de una comisión sobre desinformación. Pero nadie parece interesado en tomar la iniciativa.

Como sucede en el caso de la ley mordaza, el Gobierno ha dejado el abordaje de la reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística en manos de los grupos parlamentarios. El PSOE ha incluido este asunto como parte de otra propuesta diferente, relacionada con la “protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, pero ni siquiera ha llegado a someterse al trámite de toma en consideración. De esta reforma depende eliminar los artículos que se refieren a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La despidieron estando embarazada, después de haber sufrido jornadas agotadoras sin cobrar las horas extra, un salario por debajo del convenio y abusos por parte de su jefe. Por eso acudió a la CNT en busca de ayuda. El sindicato intentó negociar un acuerdo, pero los dueños de la pastelería –conocidos por formar parte de un grupo de hosteleros que intentó ilegalizar al sindicato CNT– se negaron.

Fue entonces cuando varias sindicalistas de la CNT (una camarera, una reponedora, una cantante, una auxiliar de clínica, una docente y un taxista) iniciaron una campaña de denuncia, a la que se sumaron muchos ciudadanos y ciudadanas indignadas, y organizaron concentraciones frente a la pastelería La Suiza, de Xixón, para protestar contra los abusos y el despido de la trabajadora. Lo que esas sindicalistas –conocidas hoy como “Las seis de La Suiza”– jamás pudieron imaginar es que, siete años después, acabarían en la cárcel por el “delito” de defender a una trabajadora vulnerable frente a los abusos de su jefe.

El juez consideró que las protestas causaron un “daño desproporcionado” que provocó el cierre de la pastelería. Cierto que el negocio llevaba ya un año en venta, pero el magistrado no reparó en ese detalle. Tampoco tuvo en cuenta que el daño económico es la única herramienta de presión que le queda al trabajador o trabajadora frente a los abusos patronales. En eso consiste precisamente la acción sindical. El juez que las condenó, Lino Rubio Mayo –más conocido en algunos ambientes como el Justiciero de Poniente–, se ha metido ya en varios pasteles y acredita un polémico historial relacionado con conflictos laborales, como la condena a tres años de prisión para los sindicalistas que rompieron una videocámara durante una protesta contra el cierre de Naval Gijón, que inspiró la película Los lunes al sol.

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena (famoso por el juicio del procés y la vista oral contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez) confirmó la condena de tres años y medio para “Las seis de La Suiza”. Y el pasado 2 de junio, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Xixón denegó la suspensión de condena a las sindicalistas y ordenó su ingreso en prisión.

Meses antes, el Supremo había confirmado también la condena a cuatro años y nueve meses de cárcel para “Los seis de Zaragoza”, unos jóvenes detenidos en el marco de las protestas contra un mitin de Vox, en Zaragoza, en 2019. Los seis antifascistas, indignados por la presencia en su ciudad de un partido que niega la violencia machista, propaga bulos y genera odio hacia las personas migrantes, participaron en la manifestación, pero se fueron en cuanto comenzaron los altercados y las cargas policiales para refugiarse en un bar. Y allí, tomando algo, horas después de abandonar la manifestación, fueron detenidos y acusados de protagonizar actos violentos contra la policía. 

Los vídeos presentados por la defensa, en los que no se identificaba a ninguno de los acusados participando en los altercados, no fueron tenidos en cuenta durante el proceso: a saber si estaban lanzando piedras fuera de foco, dijo su señoría. Aparte de la imaginación creativa del juez sobre lo que pudo o no haber ocurrido, la única prueba de cargo practicada en el juicio fue el testimonio incriminatorio de los policías, que aunaban la doble condición de denunciantes y víctimas del supuesto delito.

Los dos casos expuestos comparten la misma anomalía procesal: jueces que condenan a activistas y sindicalistas basándose exclusivamente en la acusación de la policía, sin ninguna otra prueba adicional. A pesar de que en Derecho penal no opera el principio de presunción de veracidad de la policía (como ocurre en la jurisdicción contencioso-administrativa), es demasiado frecuente que los jueces eleven a categoría de hechos probados el contenido del atestado policial, ignorando el resto de pruebas de descargo de los acusados practicadas en el juicio. No importa que la policía incurra en contradicciones, que no existan pruebas adicionales o que los agentes reúnan incluso la doble condición de denunciantes y víctimas del delito. Jueces y policías actúan conjuntamente para tratar de establecer el orden social que prefieren, en el que los derechos de participación política son simple papel mojado, desprovistos del contenido que les otorga nuestra la jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Así, por ejemplo, en el caso Enerji Yapi-Yol Sen v. Turquía, el TEDH, en una sentencia de 2009, declaró que Turquía había vulnerado el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que regula el derecho de acción sindical y de huelga, por imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores que participaron en una huelga simbólica. El Tribunal reconoció que los Estados pueden regular el derecho a la acción sindical, pero en ningún caso lo pueden anular, y que las sanciones a trabajadores por participar en acciones simbólicas o en huelgas deben pasar un test estricto de proporcionalidad.

El caso de “Las 6 de La Suiza” anula el derecho a la acción sindical de las trabajadoras y sienta un peligroso precedente: en el futuro, trabajadoras y activistas se lo pensarán dos veces antes de participar en protestas frente a los abusos de un jefe. Y lo mismo sucede con “Los 6 de Zaragoza”: participar en una manifestación antifascista resulta peligroso porque cualquiera puede ser detenido al azar y, pese a la falta de pruebas, ser condenado por atentado contra la autoridad o por resistencia. Basta un simple testimonio policial. 

En realidad, nada de lo ocurrido en estos procedimientos judiciales es casual. Se trata de hacer política sin presentarse a las elecciones. De conseguir un determinado orden político y social que agrada a muchos jueces y policías que integran ambos estamentos. De que vivamos en ciudades en las que el imperio de la ley y el orden esté por encima de los derechos fundamentales, especialmente de aquellos que garantizan, por ejemplo, un cierto desorden social para preservar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la protesta y a la discrepancia política.

Para lograrlo, se vacían de contenido las funciones constitucionales de ambas instituciones: en el caso de los jueces, la de servir de contención frente a los abusos de otros poderes y garantizar los derechos de los ciudadanos. En el caso de las fuerzas del orden, la de garantizar la seguridad ciudadana, que permite el libre ejercicio de derechos tan fundamentales como la acción sindical o la protesta. Así se consigue justo lo contrario de lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico: jueces y policías se convierten en garantes de la restricción de los derechos de quienes se manifiestan contra los abusos ilegales, o contra quienes atentan contra la democracia.

Estos días han tenido lugar multitudinarias protestas contra el Gobierno, aprovechando el informe de la UCO sobre la corrupción de los dos secretarios de organización del PSOE. En esas protestas han participado grupos de ultraderecha, que lanzan soflamas a favor de Franco, hacen saludos nazis y exhiben símbolos fascistas prohibidos por la Ley de Memoria Democrática. Lo hacen ante la pasividad de la policía, que ni denuncia, ni detiene ni impide todas estas ilegalidades que fomentan el odio y la intolerancia. 

El Gobierno alega que no se puede restringir la libertad de expresión en democracia, y está muy bien. El problema es el doble rasero: sistemáticamente se reprime a sindicalistas, trabajadoras, raperos y activistas, pero se permite que campen a sus anchas, cual especie invasora, quienes pretenden imponer ese orden social antidemocrático y restrictivo de derechos que asfixia y oprime a la clase trabajadora, tan del gusto de ciertos estamentos policiales y judiciales. 

Todo esto sucede con el consentimiento cómplice del Ejecutivo progresista, que, tras siete años de Gobierno, no ha cumplido su promesa electoral de derogar la ley mordaza. Tampoco ha hecho nada por depurar las instituciones del Estado que nunca hicieron la “modélica” Transición y cuentan con mayor déficit democrático. Siete años en los que sigue intacto un Poder judicial convertido en auténtica oposición política, con casos de lawfare que tratan de desestabilizar un Gobierno democrático y legítimamente elegido, porque no es el de los suyos y no les gusta. Y una policía que sigue albergando siniestras cloacas, capaces de hacer burdos montajes para desmontar cualquier intento de avanzar en democracia y en derechos. 

Corren estos días ríos de tinta sobre lo que debe hacer el Gobierno ante el estallido de corrupción en el seno de su partido. Se habla de adoptar medidas de regeneración democrática, de oficinas anticorrupción y de comisiones parlamentarias. Pero pocas cosas dañan más a la democracia que unas instituciones que impiden el libre ejercicio de derechos tan fundamentales como la expresión, la manifestación y la protesta. Mientras siga en vigor la ley mordaza, que ampara la represión y la persecución de activistas que defienden los derechos de todos y todas; mientras siga habiendo jueces y policías que trabajan conjuntamente en contra de la democracia y del avance en derechos, la nuestra no será una verdadera democracia.

Junto a otras muchas medidas sociales y de control de la corrupción, el Gobierno tiene ahora la oportunidad de cumplir con una de sus promesas estrella: derogar la ley mordaza. Sería sólo un primer paso en favor de la regeneración democrática y de la buena gente de este país que sale a las calles para defender a las trabajadoras explotadas y los servicios públicos, a luchar contra los fascistas o a denunciar el genocidio en Gaza. Derogar la ley mordaza es el primer paso para construir un proyecto de país democrático e igualitario, en el que el respeto a los derechos humanos sea un valor incuestionable. Es un primer paso, pero un paso necesario.

El terremoto político por la salida del hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, marcará la semana parlamentaria en la Cámara baja, según informa EFE.

El Congreso de los Diputados hizo efectiva la baja de Errejón como diputado el pasado viernes, después de solicitarlo él mismo y de que dimitiera de todos sus cargos políticos tras acusaciones de violencia machista.

Errejón entró en 2016 como diputado en el Congreso, donde llegó a ser portavoz de Podemos y, posteriormente, de Sumar.

La salida del exdiputado y las causas por las que abandona la vida parlamentaria y política han provocado una cascada de reproches a Sumar, formación a la que el PP y Vox acusa de encubrir las acusaciones.

Este lunes la vicepresidenta segunda y referente de Sumar, Yolanda Díaz, presidirá la reunión de su grupo parlamentario, que sigue con la portavocía vacante tras la renuncia de Errejón.

En el orden del día de la sesión de control al Gobierno de esta semana no figura ninguna pregunta relacionada con este asunto, pero estará en el debate, tanto dentro como fuera del hemiciclo.

Lo que sí está en agenda es la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, sobre la que el pleno del Congreso decidirá si se comienza a tramitar.

El pleno debatirá la toma en consideración del texto pactado por PSOE, Sumar, EH Bildu y al que se han sumado ERC, el PNV y BNG, en un nuevo intento de cambiar la ley vigente desde 2015 y cuya reforma ya ha fracasado en dos ocasiones.

También se debatirá la toma en consideración de la ley del deporte y sendas proposiciones no de ley -de Vox y del PP- para la defensa del campo español y para reclamar el cese del Fiscal General de Estado.

En cuanto a la sesión de control al Gobierno del miércoles, no contará con la presencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por lo que otra semana más no habrá cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Corrupción y vivienda serán dos de los temas sobre los que versarán las preguntas al Gobierno, que también tendrá que responder sobre el decreto para la renovación del Consejo de Administración de RTVE y sobre la desclasificación de la documentación vinculada al intento de golpe de Estado del 23F.

El pleno del Senado aprobará esta semana el requerimiento formal al Congreso sobre su decisión de publicar la ley de antecedentes -norma que incluye computar la prisión en Francia a los presos de ETA para su condena en España- como paso previo a plantear un conflicto entre órganos al Tribunal Constitucional.

El pleno votará también los dictámenes a tres proyectos de ley: la orgánica del derecho de defensa y las básicas de agentes forestales y medioambientales y de bomberos forestales.

Asimismo, el PP sacará adelante en el pleno el miércoles una ampliación del objeto para la comisión de investigación del caso Koldo, la cual tendrá varias sesiones esta semana, que comenzarán el lunes con las comparecencias de Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil, y del comandante Rubén Villalba.

En el pleno se debatirán mociones sobre vivienda, transporte en autobús, tasas municipales de basuras o la presunta revelación de secretos del fiscal general, mientras que en las diferentes comisiones sectoriales destaca esta semana una comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

La actividad en el Senado incluirá además una visita de la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola.

La proposición de ley acordada entre PSOE, Sumar y EH Bildu para reformar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, se ha registrado este viernes en el Congreso con el apoyo de ERC, PNV y BNG, según recoge EFE. Con el registro de la iniciativa firmada por estos seis partidos, la reforma de la ley mordaza, en vigor desde hace más de nueve años, encarará su tercer intento de modificación tras dos fracasados en marzo de 2023 y abril de 2019, de forma que en las próximas semanas podría iniciar su tramitación parlamentaria con el debate de su toma en consideración en el pleno del Congreso.

La proposición de ley recupera los acuerdos de la pasada legislatura que, sin embargo, no fueron suficientes para sacar adelante la reforma que fracasó hace un año y añade el pacto alcanzado por PSOE, Sumar y EH Bildu sobre los artículos polémicos que no se lograron consensuar en 2023.

En su exposición de motivos, el texto defiende que la seguridad debe ser "un instrumento al servicio de la garantía de los derechos y libertades y no un fin en sí mismo" y resalta que cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de libertades por razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y proporcionalidad.

Tras años de trabajos en ponencia y bloqueos de la reforma, la ley que sustituirá a la actual, aprobada en 2015, tiene ya más visos de prosperar una vez que comience la tramitación de esta iniciativa que incluye el derecho de manifestación espontánea; la reducción de las cuantías de las sanciones en sus tramos máximos; la incorporación al criterio sancionador la capacidad económica del infractor o las sanciones reparadoras. La iniciativa también prevé la eliminación de las sanciones al top manta y reduce las de tenencia de cannabis.

Pero, sobre todo, propone cambios en los cuatro artículos más polémicos: material antidisturbios (artículo 23); desobediencia y resistencia (36.6), las faltas de respeto a la autoridad (37.4) y devoluciones en caliente (disposición adicional).

Respecto las pelotas de goma, la proposición prevé una disposición adicional para que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que de forma progresiva se supriman del material antidisturbios las pelotas de goma y sean sustituidas por medios menos lesivos.

También pretende también acabar con las sanciones "injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" en las faltas de respeto a la autoridad. Así, se considerarán infracción leve "los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

Además, según justifican los promotores de la iniciativa, "se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, y que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones". De este modo, el artículo correspondiente quedaría así: Será infracción leve "la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

También lo será "la resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal". Asimismo, se considera infracción leve "la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

Otro de los aspectos que incluye la iniciativa se refiere a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015. Según el texto registrado este viernes, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"En consecuencia -añade le texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión". 

Cuando en julio los dos partidos que conforman el Gobierno anunciaron un mínimo acuerdo respecto a la Ley de Seguridad Ciudadana, desde Sumar se esforzaron por trasladar la idea de que aquello tan solo era "el inicio" del camino. Hoy, tres meses después, ambos han dado un paso de gigante. El Ejecutivo y EH Bildu han cerrado este jueves un acuerdo para la reforma de la ley mordaza en torno a aquellos aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Por un lado, la eliminación de las pelotas de goma. Y por otro, cambios en los dos preceptos de la norma que más sanciones provocan. En concreto, el 83%.

Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada.

El acuerdo alcanzado ahora supera, precisamente, esos escollos. El Ejecutivo y EH Bildu, uno de los socios parlamentarios que entonces votó en contra, han pactado incluir una disposición adicional que recoge expresamente la eliminación de las pelotas de goma. En concreto, establece que las autoridades "deberán desarrollar protocolos específicos" sobre gestión policial de manifestantes en orden a utilizar siempre "los medios menos lesivos". "Asimismo, se sustituirá progresivamente el uso de los proyectiles cinéticos denominados balas de goma por otros menos lesivos", completa el documento, que también ven con buenos ojos PNV y ERC.

No es la única disposición adicional. También se ha pactado otra que establece un plazo de seis meses tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana para modificar "con detenimiento, estudio y rigor" la Ley de Extranjería en relación a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, que en su día avaló el Tribunal Constitucional. El objetivo es que se reconozcan y garanticen los "derechos de las personas migrantes" y se asegure que la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional se realice "en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Los socios del Gobierno acordaron en julio retocar el artículo de la norma que recoge como infracción grave la toma o difusión de imágenes de policías. Un precepto que solo representa el 0,06% de las sanciones que se imponen. Pero ahora, el acuerdo resulta mucho más ambicioso, ya que incluye las dos infracciones que más castigos han generado en los algo más de nueve años de vida de la norma: las faltas de respeto y la desobediencia a la autoridad. Aunque no se derogan, sí se plantea una nueva redacción que busca acotar el margen de discrecionalidad de los agentes a la hora de proponer sanciones de este tipo.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta 2023 –últimos datos disponibles–, se han impuesto con la ley mordaza 2,15 millones de sanciones por un total de 1.292 millones de euros. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado las referidas a estas cuestiones, y centrándonos en aquellas relativas a seguridad ciudadana, las estadísticas oficiales reflejan en ese mismo periodo 636.738 infracciones por 328 millones de euros. De ellas, 360.855 fueron por desobediencia o resistencia. Y 171.173 por faltas de respeto. Ambos preceptos acumulan, por lo tanto, el 83% de los castigos.

Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. Y no es el único. En 2016, por ejemplo, a la periodista Mercè Alcocer le impusieron 601 euros de multa por desobediencia cuando cubría la declaración en la Audiencia Nacional del expresident de la Generalitat Jordi Pujol. A la informadora se le reprochaba que hubiera abandonado la zona habilitada para medios para intentar recoger declaraciones del expolítico.

La desobediencia o resistencia aparece actualmente recogido en el artículo 36.6, donde se enumeran las infracciones graves –con multas comprendidas entre los 601 y los 30.000 euros–. Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con EH Bildu plantea desplazarlo a la categoría de "leve" –cuya multa máxima son 600 euros– y acotar el margen de aplicación. Así, la desobediencia debe ser "manifiesta y clara", al igual que la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad y sus agentes. Y para la resistencia tiene que existir "oposición corporal" cuando se trate de la "negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico".

En cuanto al segundo comportamiento, aparece regulado en el artículo 37.4: "Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". La nueva redacción acordada, sin embargo, sustituye el amplio "faltas de respeto y consideración" por "insultos e injurias". Y para entender cometida la infracción, las expresiones vertidas deben ser "relevantes", sin que pueda considerarse sancionable "la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Además, una sanción en base a este precepto podrá dejarse sin efecto si el sancionado accede a retractarse o disculparse.

Desde algunas instancias internacionales hace ya mucho que se pide una revisión de la ley mordaza. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya sugirió en un informe de 2021 hacer una evaluación "en profundidad" del funcionamiento de la norma teniendo en cuenta su "potencial represivo". En aquel documento, de hecho, mostraban preocupación por la redacción de algunas disposiciones: "Confían a la policía amplios poderes". Entre otras, las que ahora se busca reformar. "Esta fórmula está abierta de par en par a la subjetividad", sostenía sobre el precepto relativo a las faltas de respeto a los agentes.

Pero hasta ahora la mayoría parlamentaria a favor de la eliminación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza no había logrado ponerse de acuerdo. Cerca estuvo durante la pasada legislatura. Es más, se llegaron a consensuar cambios en 36 de los 54 artículos que conforman la norma, algunos de los cuales reducían el tiempo de identificación en comisaría, limitaba los registros corporales o establecía multas vinculadas a la renta. Sin embargo, las discrepancias sobre la desobediencia, faltas de respeto, pelotas de goma o devoluciones en caliente hicieron que todo descarrilase. ERC, EH Bildu y Junts se negaron a respaldar una modificación que se quedara corta.

Pero ahora el acuerdo entre el Gobierno y la formación abertzale en torno a estos cuatro puntos fundamentales allana el camino para culminar la ansiada reforma, que recuperará todos aquellos aspectos ya acordados en la pasada legislatura. Tanto ERC como el PNV ya han anunciado que se sumarán al acuerdo para aprobar una nueva ley mordaza. Junts, por su parte, ha avanzado que presentará enmiendas al texto, si bien lo cierto es que con el acuerdo quedan cubiertas todas las lagunas que le llevaron a votar en contra en marzo de 2023. Podemos, por su parte, cree que el pacto alcanzado no es más que un "retoque estético" y votará en contra –aunque en la pasada legislatura votó a favor– si no se incluye la prohibición "expresa" de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente.

PSOE, Sumar y EH Bildu han llegado a un acuerdo para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza, que, entre otras cosas, acabará con el uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma y rebajará la penalización de la desobediencia, que pasará de ser infracción grave a leve. Así consta en el acuerdo al que ha llegado la formación abertzale con los dos partidos que forman el Gobierno y que este jueves han hecho público sus diputados Mertxe Aizpurua y Jon Iñarritu.

Con este acuerdo se desbloquea la reforma de la ley mordaza, al presentar un nuevo texto que incluirá los cuatro aspectos que Bildu y ERC no lograron introducir en la anterior tramitación relacionados con las faltas de respeto a la autoridad; desobediencia y resistencia; devoluciones en caliente y, especialmente, el uso del material antidisturbios.

Tras años de trabajos en ponencia y bloqueos de la reforma, la ley que sustituirá a la actual, aprobada en 2015, tiene ya más visos de prosperar una vez que comience la tramitación de un texto que, según EH Bildu, incluirá lo ya acordado en estos años de negociaciones y las aportaciones de los diferentes grupos.

Respecto a las pelotas de goma, el acuerdo prevé una disposición adicional para que se desarrollen protocolos de acuerdo con los estándares internacionales a fin de que de forma progresiva se supriman del material antidisturbios las pelotas de goma y sean sustituidas por medios menos lesivos.

El acuerdo pretende también acabar con las sanciones "injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas" en las faltas de respeto a la autoridad. Con ello, se quiere "blindar" la libertad de expresión.

Así, se considerarán infracción leve "los insultos o injurias cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal". Y añade: "Para entender cometida la infracción, deberá tratarse de expresiones relevantes, sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión. Asimismo, se dejará sin efectos la sanción cuando el sancionado acceda a retractarse o disculparse por sus expresiones."

Sobre las faltas de respeto a la autoridad, pasará de considerarse infracción grave a leve. Además, según justifican los promotores de la iniciativa, "se establece que la desobediencia debe ser manifiesta, clara y objetivable, y que será sancionable solo cuando esté ajustada a una orden legal, ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, impidiendo la discrecionalidad sobre requerimientos y sanciones".

De este modo, el artículo correspondiente quedaría así: será infracción leve "la desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal". También lo será "la resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal". Asimismo, se considera infracción leve "la negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".

Otro de los aspectos que incluirá el nuevo texto se refiere a las devoluciones en caliente, una disposición adicional que se incluyó en la ley de 2015. Según el texto presentado este jueves, seis meses después de la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad ciudadana se abordará la reforma de la Ley de Extranjería con una nueva disposición que "deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional".

"En consecuencia -añade le texto acordado-, la certificación e identificación de las personas potencialmente solicitantes de asilo y la evaluación sobre su acceso a las solicitudes de protección internacional deberá realizarse en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos previamente al proceso de posible expulsión".

Durante la presentación del acuerdo, Aizpurua ha señalado que esta nueva ley recoge todos los acuerdos y avances logrados entre los diferentes grupos en la tramitación de la legislatura pasada, así como los aspectos que generaron el bloqueo". Ahora se ha desbloqueado la situación "y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley mordaza, vaya a hacerse realidad", ha expresado la portavoz de EH Bildu.

Para Aizpurua, el acuerdo logra "recuperar los derechos y libertades que el Partido Popular recortó y cercenó con la aprobación de la ley mordaza en 2015. Recuperamos así el respeto y protección de los derechos y libertades fundamentales y de la libertad de expresión y manifestación que durante tanto tiempo han sido recortados por la derecha".

El PNV apoyará en el Congreso este acuerdo, aunque presentará enmiendas durante su "larga" tramitación parlamentaria para "modular el principio de autoridad". El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha señalado en una rueda de prensa en Bilbao que su partido se "alegra" de la proposición de ley acordada entre el PSOE, Sumar y EH Bildu sobre esta iniciativa, ya que básicamente es el mismo texto que impulsó su partido en 2017.

El PNV firmará la proposición de ley que será registrada en el Congreso de los Diputados, aunque "se reserva el derecho" de presentar enmiendas. Esteban ha señalado que fue informado el miércoles de esta iniciativa y que esta mismo jueves ha recibido el texto de la misma, de la que le habría gustado tener conocimiento con anterioridad.

En cuanto al contenido del acuerdo, necesita "un examen más detallado" de lo relacionado con la desobediencia manifiesta y la resistencia a la autoridad, ya que se propone "pasar de sanciones graves a leves" y el PNV considera que "el principio de autoridad debe mantenerse por ser fundamental para el orden público".

También habría que "darle una vuelta" al capítulo dedicado al tratamiento de las injurias y calumnias, que el PNV propuso en su momento modificar y acotar. "Ahora se propone volver a la generalidad, se habla en general de injurias y calumnias y se convierten en leves, y si hay arrepentimiento desaparece cualquier sanción. Suena raro", ha destacado.

Estos dos puntos -ha resaltado- "necesitan mayor precisión", por lo que el PNV presentará enmiendas durante la tramitación parlamentaria.

Sobre el propuesta de que se dejen de utilizar pelotas de goma, Esteban ha asegurado que no entiende porqué "se montó la discrepancia" en su momento cuando ahora se acepta lo que proponía el PNV, y ha recordado que la Ertzaintza "ya actúa en esta línea". 

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado este acuerdo de “retoque estético” porque no deroga la ley mordaza, y anuncia que votarán en contra si no se incluye la prohibición "expresa" del uso de balas de goma y las devoluciones en caliente.

El secretario de Organización de Podemos, que ha comparecido en rueda de prensa este jueves en las Cortes de Castilla y León, ha firmado que este acuerdo es "insuficiente" porque no supone la derogación de la llamada ley mordaza y está lejos de lo que los colectivos sociales defienden.

En concreto, ha lamentado que se quede fuera de la ley la derogación de las devoluciones ilegales de personas migrantes, algo que consideran "inaceptable en un marco de ascenso brutal del racismo" y que el acuerdo no contemple la prohibición "expresa" de las balas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad. "Este acuerdo se queda muy corto, no se prohíben las balas de goma y continúan las devoluciones ilegales de personas", ha subrayado Fernández.

Por ello ha asegurado que el acuerdo es "un retoque muy estético" que no aborda las grandes cuestiones que deberían incluirse en una reforma que “lleva la firma del PSOE: "un titular muy grande y mejoras muy pequeñas".

Asimismo ha lamentado que el PSOE haya entregado a la derecha el Poder Judicial, que haya renunciado a transformar desde el Gobierno de España las estructuras reaccionarias que generan la criminalización y la persecución del activismo, y que mantenga en el cargo al ministro de Interior. "Todo ello nos hace ser profundamente escépticos de que este acuerdo represente un avance", ha concluido el secretario de Organización.

Por ello ha anunciado que Podemos presentará enmiendas "ambiciosas" a este texto que aborden los temas que su formación considera imprescindibles, como la prohibición de las devoluciones en caliente y del uso de las balas de goma. En función de si eso se admite o no, irá el sentido del voto de Podemos en el Congreso de los Diputados, ha afirmado.

El gobierno de Salvador Illa está dando los primeros pasos de acción de gobierno tras un mes y medio. En este tiempo, el ejecutivo ha situado el lema de que “la seguridad es una política de izquierdas” en el debate público. Con ello, se ha propuesto disputarle a la derecha y a la ultraderecha el terreno difícil de la seguridad, porque frecuentemente está abonado a la desinformación y al uso de los discursos xenófobos. Las reacciones al desalojo de la Plaza Callao en Madrid, hace pocos días, por parte de la Policía Nacional es uno de tantos ejemplos cortados por el mismo patrón. Una falsa alarma provoca el desalojo de la madrileña plaza. Las redes X se llenan de discursos de odio: apuntaban al “aspecto árabe” de los sospechosos y a las “armas” que llevaban. Poco después se conoce la verdad: eran en realidad Ismael Serrano y un colaborador con un trípode. Pero los bulos, y por tanto la desinformación, ya se han propagado. Y algo siempre queda.

Salvador Illa ha ubicado un peso de gran importancia bajo la espalda de la consejería de Interior para hacer su particular batalla en el espacio político de la seguridad contra la derecha y la extrema derecha. A diferencia de dos de sus homólogos socialistas en Asturias y Castilla la Mancha, Illa tiene en Cataluña la gestión de la policía autonómica. Y eso significa que tiene la capacidad para desarrollar una política integral de seguridad ciudadana —y también una política comunicativa propia—. En Asturias, la policía local se dirige desde una Dirección General de Seguridad y en Castilla la Mancha depende de una Comisión de la Consejería de Fomento.

El President de la Generalitat colocó rápidamente la seguridad ciudadana como uno de los ejes principales en el inicio de su mandato. Tanto quiso avanzar en este tema que ya anunció en un debate electoral previo a las elecciones del 12 de mayo, y por lo tanto, previo a ser investido presidente, que si lograba serlo, nombraría a la exalcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon, como consejera de Interior. 

Ahora Núria Parlon pilota la consejería de Interior y Seguridad Pública desde el pasado 11 de agosto. Tiempo que le ha bastado para desplegar una visible agenda de acción de gobierno. Ha cambiado la cara del cuerpo de los Mossos colocando a Josep Lluís Trapero como director general, formó parte del primer acto político del gobierno de Illa junto al cuerpo policial, se ha reunido también con Collboni para intensificar la coordinación con la Guardia Urbana y ha presentado su primer plan de acción a nivel autonómico.

Es innegable que la consejería de Interior está trabajando. Ahora, con toda una legislatura por delante, lo que queda en centro del debate en el Parlament es si las demás formaciones también considerarán la del PSC una política de seguridad de izquierdas.

El primer plan de impacto de la consejería tiene por objeto “prevenir, neutralizar y sancionar” el porte y uso de armas blancas en los espacios públicos, explicó Núria Parlon. El cuerpo lleva 6.252 armas blancas decomisadas este 2024, doblando casi el porcentaje de 2020. El plan ya se despliega por toda Cataluña. “En el transporte público, en la red de metros, se empezará a ver controles policiales alrededor de lugares de ocio, discotecas y hasta en escuelas”, explicó el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

El escenario de las fiestas de la Mercè, que movilizan cada año a más de un millón de personas en las calles, fue el momento escogido por la consejera para desplegar la política. Una medida que ha trabajado concienzudamente para tener un gran impacto comunicativo. “La prevención del delito es clave. Este plan va acompañado de una campaña de comunicación a gran escala”, explicó la consejera. “Puede haber una parte de la población que no sepa que no se puede llevar una arma blanca en la vía pública”, continuaba en tono pedagógico la consejera Parlon.

Laia Cañigueral, portavoz en la comisión de interior del Parlament por ERC, es una de las diputadas a quien Núria Parlon deberá convencer para llegar a acuerdos a lo largo de la legislatura. La diputada explica a infoLibre que si el gobierno del PSC quiere continuar aplicando sistemas de izquierdas en la seguridad, deberán continuar manteniendo los mismos criterios fijados por el anterior gobierno republicano “que priorizó la defensa de los derechos fundamentales”. La diputada considera que es importante actuar ante la preocupación ciudadana pero desde ERC se quieren impulsar “propuestas que vayan realmente al fondo del problema, no que sea una campaña de cara a la galería”. La diputada admite que hace falta aumentar los efectivos de los cuerpos de seguridad y del personal técnico y administrativo “y asegurar que se cumple el régimen sancionador, porque sino genera impunidad”. Y recuerda que el último aumento de efectivos planeado durante el gobierno republicano se hizo con “perspectiva de género y feminización”. 

Andrés G. Berrio, diputado de Comunes, es otro de los portavoces en la comisión de interior del Parlament con quien la consejera de interior deberá entenderse. Para el diputado, “hacer políticas de izquierdas en seguridad no necesariamente pasa por ampliar la presencia policial en la calle” sino por “combinar de forma adecuada las políticas sociales con las de seguridad”, explica a infoLibre. El diputado añade que, de momento, las primeras impresiones sobre la política de seguridad de Parlon es que “tienen más que ver con planteamientos fallidos del pasado que no con una política de seguridad pública progresista”. Andrés pone el ejemplo del “Pla Endreça” de Collboni —en Barcelona—, en el que, según él, “se mezclan políticas de limpieza con las de criminalización de la pobreza”. Apunta también que las propuestas de la consejera no tienen que ver con un modelo de “seguridad pública progresista del siglo XXI”. Explica que, con los datos en la mano, los delitos que más han subido en 2023 no han sido los de arma blanca o en la calle, sino los ciberdelitos, un 37%. Entonces el diputado se pregunta si “una policía que se dedique a la investigación —de los ciberdelitos— puede ser incompatible con un modelo de saturación de agentes en el espacio público”, en alusión al aumento de los recursos y patrullas policiales destinados a la calle por el plan contra las armas blancas. 

Un contrapunto externo lo da Karlos Castilla desde la academia. El investigador del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y miembro del Observatorio de Derecho Público de Barcelona, pone el foco en las detenciones por perfilado racial de la policía. Considera que para un abordaje progresista del plan de Núria Parlon, la consejera debe desarrollar los protocolos con los Mossos ante este tipo de detenciones por perfil étnicoracial. La Ley de Igualdad catalana prohíbe las identificaciones por perfil étnicoracial a los Mossos. No sólo ello, sino que es la única ley de igualdad del estado que obliga a la misma administración a “recopilar datos que permitan identificar patrones de discriminación” en los cuerpos policiales. Una disposición hecha a medida para estudiar si los miembros de la policía actúan según “perfiles raciales” durante la “vigilancia policial”. El investigador se queja de que esta información no se está recogiendo porque la ley de datos estatal lo limita, algo que ya advirtió en 2020 en el informe del IDHC “Datos para la identificación de interseccionalidades en el Estado español: ¿una misión imposible hoy?”.

El investigador critica que “la falta de desarrollo de la ley catalana permite, a la práctica, que hoy se produzcan detenciones por perfil étnicoracial en Cataluña”. Advierte que un mayor despliegue de dispositivos policiales por el plan contra las armas blancas de Núria Parlon podría llevar a aumentar esta presión sobre ciertos colectivos. El anterior ejecutivo de Aragonès apostó por formaciones antirracistas a policías, en vez de crear un protocolo claro sobre cómo debía tratarse la aleatoriedad de las detenciones. Entonces, como “no hay un argumento objetivo” que defina cómo se hacen las detenciones “si hay un policía con más carga racista, habrá más detenciones según el perfil”, crítica el investigador del IDHC.

El pasado 30 de agosto Salvador Illa entregó a cada una de las consejerías los objetivos marco que quería cumplir en su legislatura. La carpeta de Núria Parlon contenía el control de la delincuencia, la lucha contra las ocupaciones ilegales, los hurtos, la criminalidad asociada al tráfico de drogas y la multirreincidencia. También estableció como línea prioritaria afrontar de forma contundente la violencia contra las mujeres. Núria Parlon desarrolló los puntos de esa carpeta durante la presentación de la estrategia de su departamento, en la primera comisión de Interior y Seguridad Pública del Parlament.

Para el portavoz de los Comunes es clave que la consejería de Parlón separe el abordaje político entre las ocupaciones vinculadas con fenómenos delincuenciales como los narcopisos, de las que “simplemente son situaciones de vulnerabilidad”. Un poco más allá se posicionó en este sentido la portavoz de la CUP, Maria Pilar Castillejo, durante la comisión: “no podemos hablar de un gobierno democrático mientras se desahucia a 35 familias al día”, alertaba la diputada.

El portavoz de Comunes explica a infoLibre que, en el acuerdo de investidura entre su partido y el PSC, no se incluyeron pactos en materias de seguridad. Por lo tanto, “evidentemente será necesario que nos pongamos de acuerdo en cuestiones a lo largo de la legislatura si es que el PSC quiere contar con los apoyos de los Comunes”.

Para la portavoz de ERC, Laia Cañigueral, el PSC “debe demostrar con hechos”, que está haciendo una política de seguridad de izquierdas, “no es una declaración que se pueda hacer en campaña”. La portavoz se pregunta también si Salvador Illa pedirá que se derogue la ley mordaza como hizo el partido republicano. 

Uno de los temas más espinosos en Cataluña es el abordaje de la multirreincidencia. El problema tiene su nudo gordiano en la justicia. La reforma del Código Penal de 2022 debería permitir penar con prisión a los multireincidentes tras tres hurtos leves de más de 400 euros. Pero en Barcelona y en otras ciudades no está funcionando. Hay saturación en los juzgados y se están programando los juicios para 2026. Núria Parlon aseguró durante la presentación de su estrategia que la problemática requiere de un cambio legislativo y celebró el trámite parlamentario de la propuesta de Junts en el Congreso, que pide endurecer las penas de uno a tres años para el robo de móviles o aparatos electrónicos como portátiles. El PSOE votó a favor junto a PP, JUNTS y VOX, con la abstención de ERC y el voto en contra de Sumar. 

La diputada republicana ha puntualizado a infoLibre la posición de su partido sobre la multirreincidencia. “Hay que ser contundentes”, expresa. Pero plantea que la diferencia que tiene ERC con los partidos de derecha y de extrema derecha es “cómo enfocamos la multirreincidencia”. Para la diputada son necesarios más recursos materiales y tecnológicos que “solucionen el colapso sistémico de los juzgados” que son muchas veces “el causante de la impunidad que abre la puerta a que se produzca la reincidencia”. Por ello, la diputada pide “más inversión en la justicia, pero también más inversión social y educativa para la prevención de la reincidencia”.

Aún queda toda una legislatura para ver qué puntos de consenso encuentran las formaciones progresistas en Cataluña para desarrollar una seguridad de izquierdas.

Las multas administrativas impuestas al amparo de la Ley de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, la norma que el Gobierno de PSOE y Sumar se ha comprometido a reformar tras fracasar en la pasada legislatura, aumentaron en 2023 hasta alcanzar los 174 millones de euros, lo que representa un 17% más que el ejercicio anterior.

El grueso de la recaudación guarda relación con aquellos artículos relativos a sanciones relacionadas con la tenencia de drogas, con 130 millones en multas, el 74% del total. Con respecto a 2022, esto supuso un aumento del 21%, según los datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior consultado por Europa Press.

El Ministerio del Interior desglosa los 174 millones derivados de las 284.512 sanciones impuestas en 2023 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al amparo de la 'ley mordaza' en otros dos apartados más: por los artículos relacionados con armas y explosivos se recaudó 20 millones de euros (+13%) y por el de seguridad ciudadana otros 23 millones (+2%).

En aplicación del artículo 36.6, el que castiga "la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes", permitió recaudar 12,3 millones de euros relativos a 18.893 sanciones tramitadas. Esto supone una subida del 7% con respecto a 2022, que dejó 11 millones en multas con 17.835 expedientes de sanción a ciudadanos.

Las diferencias para reformar este artículo 36.6, usado en la pandemia de forma masiva, fue una de las razones por las que los partidos del Gobierno -PSOE y Sumar, con apoyo del PNV- y los partidos independentistas -ERC y EH Bildu, principalmente- no consiguieron llevar a cabo la pasada legislatura la reforma de la ley mordaza, la norma que aprobó en 2015 el PP con mayoría absoluta.

Otro de los artículos objeto de negociación fue el 37.4, el que castiga las faltas de respeto a los policías, ya que los partidos del Gobierno y sus socios analizan la forma de evitar la "arbitrariedad" para que se aplique exclusivamente en insultos o injurias.

Las sanciones con este artículo 37.4 de la 'ley mordaza' sí bajaron en 2023 hasta anotar 22.260 multas con 4,3 millones de euros (-15%), según la estadística oficial del Ministerio del Interior con datos facilitados por las delegaciones y subdelegaciones -de Cataluña, y País Vasco sólo se incluyen expedientes tramitados por la Administración General del Estado-.

El plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar la 'ley mordaza' motivó que los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil se manifestaron en las calles de Madrid al desconfiar de los cambios en la norma por entender que desprotegería la labor que realizan los agentes.

La negociación parlamentaria, que Sumar quiere reactivar ahora, terminó fracasando, en parte, por la negativa del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska a permitir que se prohibieran las pelotas de goma como material antidisturbio.

Sin embargo, los partidos sí llegaron a pactar que otro punto de discrepancia, los rechazos en frontera de migrantes o devoluciones en caliente, quedara al margen de la ley de protección de la seguridad ciudadana para regularse en exclusiva en la ley de extranjería.

Cuando se aprobó la conocida como ley mordaza, el gobierno de Rajoy declaró hacerlo para luchar contra la violencia y el vandalismo, para “sancionar mejor”, dijeron, a la par que agitaban el temor a una supuesta inseguridad ciudadana y terrorismo callejero muy alejados de la realidad que expresan las encuestas sobre las preocupaciones sociales que no indicaban inseguridad entonces como no lo hacen ahora (recordemos que el CIS de julio de este año la sitúa en la posición 20 en la escala de interés). Sin embargo, se aprovechó el instrumento legal para restringir la libertad de los ciudadanos, cuando no para conculcar los derechos fundamentales en un sentido más amplio. 

Se optó por un derecho penal de la peligrosidad cuando tal peligrosidad no existía. Llegó a decir el entonces ministro Fernández Díaz que se trataba de dar instrumentos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que cumplieran mejor un mandato constitucional mientras que, por cierto, él lo infringía por la puerta de atrás a través de la irónicamente denominada policía patriótica con su trabajo de espionaje a líderes políticos y diputados de la oposición.

Mas allá de la contundente reacción política que generó en las Cortes Generales, ha sido aún más sólida y mantenida en el tiempo la reacción social, hasta internacional, que llevó a la propia ONU a través de su Comité de Derechos Humanos a expresar sus reticencias al respecto de una norma que, bajo su criterio, "podría amenazar los derechos de expresión, asociación y reunión pacífica actuando como un elemento disuasorio para los ciudadanos en su legítimo ejercicio de tales derechos". 

La alarma social colectiva no es sino la reacción ante una normativa que sigue legitimando la patada en la puerta (esta no es mérito suyo sino atribuible al ministro Corcuera), pero también los cacheos, retenciones y el ejercicio de una amplia discrecionalidad policial tanto en este ámbito individual como en la disolución de concentraciones o manifestaciones sin que además estos cuerpos de seguridad deban identificarse con claridad ni se les pueda grabar en el ejercicio de sus actuaciones. Esto impide el control de una actividad que, recordemos, monopoliza legítimamente la violencia, pero nunca de manera arbitraria o desproporcionada provocando impunidad para ellos e inseguridad para la ciudadanía. 

La impugnación de la norma a la reivindicación y protesta ciudadana consagrada constitucionalmente es nítida. Pensemos en la propia actuación sindical, que se ve obligada a limitar su ejercicio a la autorización administrativa previa, impidiendo las reacciones inmediatas y urgentes ante circunstancias sobrevenidas y realizadas con inmediatez mediante las redes sociales. O la indignación espontánea de las personas trabajadoras. No es menor tampoco el ataque a las personas migrantes mediante las conocidas como devoluciones en caliente sin atender a sus circunstancias, necesidades ni a los derechos humanos que les corresponden, de los que la norma les despoja más o menos de tapadillo, saltándose la propia ley de extranjería y el artículo 9.3 de la Constitución, lo que perjudica con mayor crudeza a los menores no acompañados y a las víctimas de trata.

Merece especial atención para quien les escribe y en tiempos de puesta en cuestión de la actuación de medios o pseudomedios de comunicación las violaciones flagrantes a la libertad de información que propició la ley mordaza que permite vulnerar el derecho/deber de los medios de comunicación en el sentido en que pueden ser impedidos en el ejercicio de informar y captar imágenes si perjudican el “éxito de la operación policial de que se trate”, autorizando  además el secuestro no judicial del material informativo, todo ello expresado con una indeterminación lo suficientemente amplia como para ser interpretados con la conveniente dureza por los órganos administrativos o jurisdiccionales de turno, facilitando en consecuencia la censura. 

Naturalmente, a la tipificación de estas actuaciones que se ven criminalizadas les sigue un régimen de sanciones agravadas y una extensión de la responsabilidad a los convocantes o alentadores de las reuniones señaladas, estableciendo un criterio de responsabilidad presunta muy alejado de los principios básicos del derecho penal y hasta del administrativo, que exigen individualizar la actuación, la responsabilidad  y la pena, en la medida en que debe recaer sobre la conducta propia y difícilmente sobre la de un tercero.

En definitiva, lo que llevó a cabo la ley mordaza, y ya se dijo en su momento, fue conformar una norma penal con nombres y apellidos, dirigida a castigar y atemorizar a entidades muy concretas y a movimientos determinados: desde Greenpeace a Femen o a entidades antidesahucio y desde luego al movimiento sindical.

Sé que me he puesto un tanto intensa en la descripción de una norma que no debió aprobarse nunca en esos términos, que nos prometieron derogar tiempo atrás y que causa verdadero sonrojo si se analiza con un mínimo de rigor. Lentamente y en silencio se ha ido colando en nuestras vidas como una red silenciosa que nos hace reprimirnos al convocar, al participar, al protestar, que nos limita la libertad de juntarnos, que nos hace así menos ciudadanos en tanto menos conscientes de unos derechos que nos hurtan.

Espero que el anuncio de hace unos días vaya en serio, que la coalición de gobierno y los grupos parlamentarios actúen con decisión y con responsabilidad y estén a la altura de una sociedad que merece crecer democráticamente en ejercicio de sus plenas libertades  que hoy y bajo el amparo de esta normativa están cercenadas.

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María José Landaburu Carracedo es Doctora en Derecho, experta en derecho laboral y autora del ensayo 'Derechos fundamentales, Estado social y trabajo autónomo'.

El anuncio sobre el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar en el marco del paquete de medidas de regeneración democrática que el presidente del Gobierno presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados parecía claro a primera hora de la mañana. "La ley mordaza va a ser derogada", dijo con contundencia desde Bruselas la vicepresidenta del Ejecutivo, Yolanda Díaz. Pero el alcance del pacto alrededor de la Ley de Seguridad Ciudadana no tardó en desinflarse. Lejos de una reforma en profundidad, desde Sumar se terminó limitando el pacto por el momento a uno solo de los artículos. Un precepto que apenas representa el 0,05% de las sanciones impuestas en base a esta ley impulsada hace casi una década por el Gobierno de Mariano Rajoy.

"Hay un acuerdo para abordar una reforma de los aspectos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana que afectan al desempeño de la libertad de información por parte de los periodistas", se encargó de aclarar a media mañana el coportavoz y negociador de Sumar, Enrique Santiago. En concreto, el pacto gira alrededor del artículo 36 de la norma. Y para ser más exactos, del 36.23, que considera como infracción grave el uso de "imágenes o datos personales o profesionales" de autoridades o miembros de las Fuerzas de Seguridad "que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".

Fuentes gubernamentales apuntan en privado que lo que se anunciará este miércoles será un "esqueleto", sin que haya aún una redacción "concreta". Desde Sumar, sin embargo, pretenden que el nuevo precepto deje claro que esa "situación de peligro o riesgo cierto generado" al que hace mención la norma deba ser "constatable" y tenga que quedar reflejada "motivadamente en el acta o en la denuncia" con "el mayor detalle posible". Y, además, que no sea considerada "infracción" la "mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones", así como su difusión. Por publicar en redes sociales la fotografía de un actuación policial en Eibar (Gipuzkoa) se sancionó en 2016 Axier López, periodista de Argia. Una multa de 601 euros que, finalmente, acabó anulándose.

Desde que echó a andar en la primavera de 2015, y hasta diciembre de 2022 –últimos datos disponibles–, se han impuesto 1,87 millones de sanciones por un total de 1.117 millones de euros en base a la ley mordaza. Una parte de ellas, sin embargo, tienen que ver con drogas, armas o explosivos. Dejando a un lado los preceptos de la norma referidos a estas cuestiones, y centrándonos exclusivamente en aquellos relativos a la seguridad ciudadana, las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan en ese mismo periodo de tiempo 582.489 infracciones por un montante de 304,51 millones de euros. De ellas, sólo 322 multas –por una cuantía de 207.537 euros– fueron por el precepto que PSOE y Sumar han acordado ahora reformar, lo que equivale al 0,05% del total.

A pesar de las numerosas críticas de colectivos, del Defensor del Pueblo o de órganos comunitarios, lo cierto es que el Tribunal Constitucional avaló la práctica totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana a finales de 2020. De hecho, lo único que matizó fue este artículo 36.23. En su sentencia, consideró que el hecho de sujetar a la "obtención de autorización administrativa previa" el uso de imágenes era contrario "a la interdicción de censura previa". Aquel fallo, por tanto, dejaba claro que se pueden captar imágenes. Eso sí, siempre que luego no se difundan. "Sólo será sancionable, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación", recogía la sentencia.

Si hay una infracción que destaca sobre todas las demás en la estadística del Ministerio del Interior es la recogida en el artículo 36.6 de la ley mordaza: "La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación". En base a este precepto se impusieron en los primeros ocho años de vida de la norma el 58,7% de las sanciones en materia de seguridad ciudadana –fuera queda, de nuevo, la parte de la norma relativa a drogas, armas y explosivos–: 341.962 multas por un total de 236,1 millones de euros.

Las faltas de respeto y consideración a agentes de policía –artículo 37.4– han supuesto, por su parte, 148.913 sanciones por más de 25 millones de euros. Tanto por el primero como por este segundo precepto fue castigado en su momento con casi mil euros el fotoperiodista Javier Bauluz, premio Pulitzer en 1995, cuando cubría la llegada al muelle canario de Arguineguín de un grupo de migrantes que habían sido rescatados en alta mar. La Comisión de Venecia, órgano consultivo en materia constitucional del Consejo de Europa, ya ha avisado en alguno de sus informes sobre el "potencial represivo" de la norma. Y ha mostrado su preocupación por la redacción amplia de preceptos como el que castiga las faltas de respeto: "Esta fórmula está abierta a interpretaciones subjetivas".

Ninguno de esos artículos se incluyen dentro del acuerdo político sellado alrededor de esta norma por PSOE y Sumar. Sin embargo, desde esta última formación afirman que el pacto alcanzado es solo el "inicio del camino". "Ahora empezamos el trámite de negociación con los grupos parlamentarios donde seguramente ampliemos el espectro de las medidas que vamos a adoptar en diálogo con ellos", ha explicado en La Sexta el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, que cree que este primer paso puede servir como punto de partida para intentar recuperar "el consenso" en torno a la "derogación" de la ley mordaza que se fue construyendo con otros socios parlamentarios durante la pasada legislatura.

Por aquel entonces, los partidos del bloque de la investidura llegaron a alcanzar acuerdos para modificar 36 de los 54 artículos de la norma. Sin embargo, la esperada reforma terminó descarrilando por las diferencias con ERC y EH Bildu alrededor de cuatro puntos. El principal escollo fue el relativo a la prohibición de las pelotas de goma. A este se sumaron, además, las discrepancias en relación a los preceptos relativos a las faltas de respeto a los agentes y la resistencia a la autoridad o la disposición que avala las devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.

Los partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, han pactado derogar las injurias a la Corona, medidas de reparación en casos de lawfare, la Ley de Publicidad Institucional y también un acuerdo para reformar uno de los artículos la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por su detractores como ley mordaza, en el marco de las medidas de regeneración democrática anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado en declaraciones a los medios en Bruselas que el líder del Ejecutivo comparecerá este miércoles a las 9 horas para anunciar el paquete de medidas acordado por los socios de Gobierno.

"Acabamos de alcanzar un acuerdo en el que la petición de Sumar para derogar la ley mordaza se consuma", ha explicado la vicepresidenta segunda, sobre esta ley sobre delitos vinculados a libertades públicas e injurias.

En concreto, ambas formaciones han alcanzado un acuerdo para reformar el Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las ofensas contra los sentimientos religiosos, las injurias al rey y a las altas instituciones del Estado. También han pactado una modificación de la Ley Orgánica que rige el derecho al honor para incluir una "reparación pública" ante procesos judiciales prolongados en el tiempo, que al final no derivan en apertura de juicio oral y generan un desprestigio para el afectado.

Concretamente, ambas formaciones del Ejecutivo han consensuado eliminar el delito contra los sentimientos religiosos, al entender que el actual artículo 525 del Código Penal ha motivado querellas por parte de colectivos, como Abogados Cristianos, contra representantes del mundo de la cultura y la prensa.

También impulsarán la derogación de los delitos contra la Corona (490.3 y 491) que en el pasado han motivado condenas contra humoristas, además de las injurias a las altas instituciones del Estado (504), como el caso del Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional o al Ejército.

Otro caso es un cambio va relativo a potenciar la protección del derecho al honor en caso de instrucciones judiciales "interminables" y que no llegan a juicio oral, pero que generan titulares que desprestigian al afectado. El portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha explicado en rueda de prensa que se debe actuar ante investigaciones indeterminadas que no acaban en juicio y de las que no existe "ningún tipo de prueba", que al final tienen un "claro efecto político" para "desprestigiar" a líderes "políticos, sociales y sindicales". Ha remarcado que aún no está concretado el mecanismo concreto de la reparación, pero a su juicio una vía es que los medios publiquen los archivos de las causas en el mismo nivel de importancia del que informaron durante la investigación.

Además, el propio Santiago ha aclarado en el Congreso que el anuncio realizado horas antes por la vicepresidenta Díaz sobre un acuerdo con el PSOE para la derogación de la conocida como ley mordaza, se limita a la reforma de un artículo para que deje de ser infracción la toma o difusión de imágenes en manifestaciones.

El también diputado de IU ha explicado que, al margen del consenso global sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PSOE y Unidas Podemos alcanzaron en el Congreso en la anterior legislatura, el nuevo acuerdo consiste en la modificación del artículo 36 de esa norma aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP.

En concreto, la redacción que proponen los dos grupos que integran el Gobierno de coalición, establece que "no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión" y que "la situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible". "Para nosotros siempre ha sido algo muy importante acabar con cualquier penalización o sanción a los periodistas en el desarrollo de su actividad profesional cuando cubren algún tipo de operación policial", ha indicado Santiago.

El portavoz adjunto de Sumar ha recordado, no obstante, que cualquier modificación de la ley mordaza deberá contar con la aquiescencia de los socios parlamentarios del Gobierno, la misma que no se logró en la anterior legislatura, dando al traste con el texto acordado entre el PSOE y Unidas Podemos. El pasado mes de mayo, Sumar ya registró en el Congreso su propia proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ese texto recupera el informe de ponencia aprobado en la anterior legislatura, que luego decayó en la Comisión de Interior por falta de apoyos de ERC y Bildu.

En esa nueva propuesta, Sumar opta por dejar fuera los escollos con ERC y Bildu, las discrepancias sobre la prohibición de pelotas de goma y las devoluciones en caliente que llevaron a los independentistas a rechazar dicha reforma. Su idea es remitir estos aspectos a las enmiendas que se puedan plantear con idea de tejer consensos, cuando la norma arranque, en su caso, su tramitación en el Congreso.

Por último, y según adelantó Díaz, ese pacto incluye la Ley de Publicidad Institucional, una nueva norma que impedirá a "pseudoperiodistas" y a quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo acceder a subvenciones y financiación pública.

La Ley de protección de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza, amparó en 2023 un total de 17.818 identificaciones policiales, aunque el Gobierno ha negado en respuesta a Sumar que estas actuaciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se realicen por motivos raciales, según ha informado Europa Press.

En una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, el Gobierno desglosaba las más de 202.000 identificaciones desde 2015, año en el que entró en vigor la ley mordaza impulsada por el PP y cuya reforma fracasó en la anterior legislatura y ahora ha reactivado de nuevo Sumar, socio en el Gobierno de coalición.

El Ejecutivo desglosa las identificaciones de acuerdo al artículo 16 de la ley mordaza desde 2015, siendo este año el que más se llevaron a cabo al anotar 31.730, un dato que se fue moderando año tras año hasta las 17.818 identificaciones de 2023, lo que representa un 43% menos.

Por provincias, en el último año donde más identificaciones policiales por la ley mordaza se practicaron fue Madrid, con 3.126; seguido por Valencia (2.062), Alicante (1.434), Murcia (1.321), Málaga (959), Cádiz (808), Granada (692) y Barcelona (657).

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita preguntó por las "identificaciones por motivos raciales" citando una investigación de la Universidad de Valencia. "Se trata de una práctica discriminatoria, contraria a la igualdad de trato", recordaba, añadiendo que dicha práctica había sido censurada por la justicia europea o por el Defensor del Pueblo.

El Ejecutivo comenzaba su respuesta señalando que "no se tiene constancia" de que exista un "perfil étnico" a la hora de practicar identificaciones conforme al artículo 16 de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana.

En relación con las quejas ciudadanas formuladas en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Gobierno citaba el Real Decreto 951/2005 por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado.

"De las casi 35.000 quejas relacionadas con la calidad del servicio en el periodo 2020-2023, solo en 145 de aquellas -el 0,41% del total- se manifiesta la percepción e insatisfacción por haber sido objeto de discriminación con ocasión del servicio prestado, circunscrito al ámbito de la seguridad ciudadana", continuaba el Gobierno.

El Ejecutivo precisaba que, de esas 145 quejas, "se estima que en unas 65 ocasiones dichos servicios estarían relacionados con actuaciones policiales de identificación", subrayando que supone el 0,18% del total según el dato basado en el estudio muestral del primer trimestre del año 2023.

Sumar ha registrado este viernes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza, con un texto que recupera el dictamen aprobado en la anterior legislatura, aunque decayó luego en la Comisión de Interior por falta de apoyos. De esta forma, Sumar opta por dejar fuera los escollos con ERC y Bildu, las discrepancias sobre la prohibición de pelotas de goma y las devoluciones en 'caliente' que llevaron a los independentistas a rechazar dicha reforma. Su idea es remitir estos aspectos a las enmiendas que se puedan plantear con idea de tejer consensos.

El portavoz de Interior del grupo plurinacional y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha explicado que esta iniciativa implica la "derogación de facto" de la ley mordaza y llama al acuerdo parlamentario entre el bloque de investidura para proceder rápido a este cambio legislativo.

Santiago ha defendido que el "paréntesis" que desplegó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reflexionar sobre su continuidad hace necesario impulsar medidas frente al "acoso que someten a la democracia" fuerzas como PP y Vox, como es la reforma del Consejo del Poder Judicial, la despenalización de los denominados delitos de opinión o terminar de una vez con los aspectos más restrictivos con derechos y libertades fundamentales de la normativa aprobada por los populares.

Así, Santiago ha destacado que su grupo opta por recuperar el texto de la ponencia acordado en el anterior mandato, que supuso un consenso sobre el 95% de los contenidos de la reforma, y que no se había retomado pese a haber pasado ya nueve meses de la actual legislatura.

De esta forma, ha explicado que se reactivan puntos como condicionar la cuantía de las sanciones en casos de minoría de edad y atendiendo a la capacidad económica del infractor. En el dictamen que ahora se retoma se fija una reducción del 50% de las multas a personas que acrediten ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo y del 25% se si mueve entre esa franja y 2,5 veces el SMI.

También se contempla la posibilidad de reducir multas o suspenderlas si hay acuerdos de conciliación y se prima la capacidad reparadora al sanciones, tanto en menores de edad como en otros supuestos. Santiago ha explicado que se recoge expresamente el enfoque de respeto a los derechos humanos en la actuación de fuerzas de seguridad, la eliminación de sanciones al fenómeno del top manta, la no penalización de difusión de imágenes de protestas o de actividades de las Fuerzas de Seguridad, se reducen las multas por tenencia de cannabis y desaparece la sanción por tenencia de plantas de marihuana para el consumo en lugares no accesibles al público.

Respecto a si es posible el acuerdo en los aspectos que ya fueron problemáticos como las 'devoluciones en caliente' o la prohibición de pelotas de goma por parte de los agentes policiales, Santiago ha explicado que la posición de su grupo es de "máximos" en lo relativo a la recuperación de derechos civiles y que, en todo caso, ambos aspectos se pueden plantear vía enmienda.

No obstante, el diputado de Sumar ha desgranado que la no derogación de la ley mordaza solo beneficia a la derecha y que su grupo antepone "lo fundamental", la transformación de esta normativa, a lo importante pero no tan esencial. "Estamos absolutamente abiertos, no queremos liderar nada", ha insistido para reconocer que "ojalá" se incorporaran más aspectos al texto registrado, siempre desde el enfoque de aplicar la mejor técnica legislativa para recoger cambios.

Preguntado sobre si teme que sindicatos policiales rechacen la medida, Santiago se ha mostrado tranquilo y dispuesto a explicar a estas organizaciones que la ley que presentan garantizan los derehcos de los agentes e incluso incorpora mejoras para el desempeño de su actividad.

Eso sí, ha manifestado que le traen sin cuidado lo que opinen organizaciones "ultras", a las que ni siquiera considera sindicatos sino fundaciones y que liga a PP y Vox, que usan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para hacer política.

Por otra parte, el dirigente de IU ha reclamado expresamente al PSOE y al resto de aliados parlamentarios a desbloquear en breve la proposición de ley de despenalización de los delitos de opinión, que ya acumula diversas prórrogas del plazo de enmiendas en la Comisión de Justicia, y evitar que la norma al final acabe "durmiendo el sueño de los justos", como en la anterior legislatura.

La iniciativa pide suprimir las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales, además de eliminar el enaltecimiento del terrorismo para evitar condenas a cantantes y artistas para, en su lugar, incluir un agravante que pauta alevosía en delitos de humillaciones o vejaciones a víctimas. Respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ha denunciado que el órgano sufre una situación inédita en Europa por culpa del "secuestro" de la derecha y que Sumar aboga por cambios normativos sustentados en "mayorías cualificadas" pero sin "bloqueos".

Es decir, Santiago se ha mostrado favorable a rebajar la mayoría parlamentaria, actualmente fijada en tres quintos de las cámaras, en determinados supuestos. "Propondremos mecanismos para que no pueda haber bloqueo y siempre respetando las mayorías que establece la Constitución, cuando sean cualificadas, cualificadas, cuando sean simples, simples", ha zanjado.

Son millares y millares las personas que han visto ampliada su sanción con la nueva ley (ver aquí). Son violaciones, penetraciones constantes, de las que no somos conscientes y que este gobierno PSOE- UP ha mantenido.

Desde hace un tiempo, nos están quitando la libertad. Dicen que si el consentimiento en el centro y tal y cual. Habría que preguntarse consentimiento para qué. Recuerdo cuando éramos más iguales, cuando nuestra palabra podía valer más o menos igual.

Fueron muchas y no nos dimos cuenta, algunas de una manera estrambótica. Luego llegó Alberto (ver aquí, en min. 2). Después, Isa (ver min.5). También Joanna y Guillermo, sus compañeros/as. Y así, una interminable lista de violaciones de derechos flagrantes propios de un Estado represivo que atacaba a sus ciudadanos/as por condiciones muy concretas.

La ley funciona mal. No garantiza derechos. Y es ideológica porque depende, en ausencia de pruebas determinantes, de la palabra de una persona, a la que se le da toda credibilidad por el oficio que desempeña: policía.

La ley funciona mal. Es ideológica. Miren este caso reciente: Un detenido y doce heridos en el intento de asalto a la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca. Una detención y once policías heridos… ¿Serían policías contratados de los Simpsons? Uy, cuidado con las ironías, que la ley también funciona tan mal que un día sancionó a una mujer con 800 euros por fotografiar un coche de policía local en una plaza reservada para discapacitados y publicarla con el siguiente mensaje: “Aparcas donde te sale de los cojones y encima no te multan…” (ver aquí).

Yo creo que sí es importante el consentimiento para que no se produzcan violaciones.

Hay que decir No es No y no consentir ni dar credibilidad a aquellos medios de creación de opinión pública generalistas con intereses privados que crean marcos de ideas contrarias a los intereses públicos.

Estos medios han tenido siete años para hablar de la ley mordaza, aprobada en 2015, y crear un estado de opinión social favorable a la derogación de la ley. Han callado. Y luego se dicen independientes…

Y hay que decir Sí es Sí y solamente consentir aquellas informaciones verdaderas y rigurosas dentro de un marco democrático de Estado de Derecho y libertad de expresión y de opinión.

Cortarte el pelo, hacer la compra, tomar un café… no es gratis. La información no es gratis y, si piensas que sí, es cierto que puede ser que no te cobren dinero…Te estarán robando tu libertad y devolviéndote de cambio el miedo y eso es un precio mucho más caro que pagar unos cuantos euros al mes.

Si no quieres que la extrema derecha se asiente, financia un medio de comunicación acorde con tus ideas. Hay muchos.

Ahh… a propósito de Irene Montero, para quien tenga la mente abierta y quiera saber de un modo global qué nos perdimos con su ley: ley del solo sí es sí, un cambio de paradigma (pikaramagazine.com)

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Paco Ochoa es socio de infoLibre.

El juez Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) emitió la orden de detención del dictador Augusto Pinochet en 1998. Desde ese momento, logró un elevado reconocimiento internacional como jurista implicado en la defensa de los derechos humanos y en la persecución legal de los genocidas y de los responsables de crímenes contra la humanidad. En la actualidad, dirige la fundación FIBGAR, colabora con infoLibre y recopila su experiencia en libros como Los disfraces del fascismo, que publicó en 2022. La figura de Garzón siempre ha sido un referente para la izquierda española y ahora aboga abiertamente por la unidad de la izquierda, tanto dentro de la coalición de Gobierno, como entre Yolanda Díaz y Podemos de cara a los próximos procesos electorales.   

"Es un gran economista y una figura histórica de la Transición: fue miembro del Partido Comunista, aunque después su evolución ideológica es conocida. Lo que se produce con esta moción de censura es una degradación de la democracia y del Parlamento porque quien la promueve, no tanto Tamames sino Vox, no busca más que un simple rédito político, no atacar al Gobierno. Y, en el fondo, también subyace una intención verdadera de destrucción o de deconstrucción de la democracia. Tendremos que ver qué da de sí ese discurso sabiendo que ni quienes han propuesto a Tamames se lo creen". 

"El rédito que puede sacar Vox es muy poco en términos políticos normales, pero tampoco le importa demasiado. Se dirige a su parroquia, o al menos a gran parte de ella. No le interesa ni la figura de Tamames, ni el respeto a su trayectoria científica, ni a lo que pueda decir. Sencillamente, pretende atacar al Gobierno y atacar con más claridad al PP. Y utilizan esta excusa prostituyendo, o al menos devaluando, la figura de la moción de censura, un mecanismo muy serio que está pensado para obtener un cambio. El ejemplo lo tenemos en la de 2018 de Pedro Sánchez: consiguió un cambio de Gobierno porque subyacía una situación de mal endémico, una corrupción sistémica que afectaba al partido político que gobernaba, que era el PP".  

"Casi tendría que decir que me abstengo de opinar sobre aquellos que se abstienen. Pero dicho esto, el PP calcula que la mejor posición política es pasar de Ramón Tamames y de Vox, y atacar al PSOE o a la coalición progresista que en este momento gobierna en España. Su abstención es simplemente un cálculo estratégico de que puede rentabilizar más en las próximas elecciones para separarse formalmente de Vox. Pero, todos sabemos que, posteriormente, si necesita apoyarse o ligarse con la ultraderecha para gobernar en ayuntamientos, diputaciones o comunidades lo va a hacer. Es una pura apariencia y es un fuego fatuo". 

"Estoy convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la va a afrontar con rigor parlamentario. Al fin y al cabo, aunque espuriamente utilizada, la moción de censura es un hecho que está ahí. También es un hecho que va a haber una persona que defiende, según él mismo ha dicho, sin ataduras de ningún tipo y de forma independiente una crítica al Ejecutivo y el presidente debe de contraargumentar esos ataques, pero Sánchez guardará las formas y será respetuoso con el proponente. Imagino que también va a aprovechar para atacar a la oposición, específicamente al PP. El resultado es que nos vamos a encontrar una especie de triangulación, con Tamames en el medio". 

"La reforma de la ley mordaza era, además de una necesidad, una promesa electoral del PSOE y del Gobierno de coalición. Es muy triste que, por luchar por una cuota de máximos, los partidos que apoyaron al Ejecutivo para hacerla realidad no lleguen finalmente a nada y se perpetúe por una legislatura más y no sabemos hasta cuándo. Hay argumentos de peso, como las devoluciones en caliente que son inaceptables, o el uso de pelotas de goma que tienen potenciales efectos muy nocivos. Pero si no ha sido posible el acuerdo, tendría que haberse iniciado la tramitación de la ley y seguir hablando. En este caso, como en otros, los desacuerdos de la izquierda, de los progresistas, favorecen a las derechas. Un desacuerdo entre las derechas nunca beneficia a la izquierda, porque al final se ponen de acuerdo". 

"Ha faltado información y no se ha explicado de forma suficiente a los ciudadanos previamente lo que significaba una reforma en la que el consentimiento de la mujer es el núcleo. Las penas en materia de delitos contra la libertad sexual en España son de las más graves del entorno europeo. Cuando se produce una modificación de la ley, los topes mínimos de las penas, al fundirse distintas figuras penales, necesariamente tienen que bajar el umbral. Pero a la vez, en las más graves se eleva. En toda reforma del Código Penal hay un periodo de transición en que se van a producir estos desajustes. Así, penas que antes tenían un grado mínimo al rebajarse van a verse beneficiadas, pero si se interpreta en la integralidad, los casos serían menores. Al final se ha escenificado que el Gobierno de coalición, que patrocinaba la ley, se ha visto fracturado. ¿Y quién sale de nuevo beneficiado? La oposición". 

"El desencuentro entre Yolanda Díaz y Podemos es otro ejemplo de los desacuerdos dentro de la izquierda o del progresismo. La única forma que tienen para gobernar es uniendo fuerzas en una plataforma amplia y en la que se superen diferencias, egos y posiciones personalistas. Tienen que hacer un frente común a quienes no van a tener duda ninguna en unirse frente a cualquier avance progresista. Deberían ser conscientes, tanto la vicepresidenta como el grupo político de Unidas Podemos, y específicamente Podemos, que hay que solucionar estos problemas y no confundir al electorado. La única forma de avanzar es uniendo esfuerzos dentro del sector progresista para desarrollar políticas sociales de defensa de los derechos fundamentales y de la mujer, medio ambiente o acabar con la brecha salarial.".

"La lucha contra la corrupción es fundamental en democracia. El caso mediador es grave, afecta a un parlamentario que utilizaba su posición para hacer un tráfico de influencias que puede tener una determinada trascendencia grave y que tiene otras derivadas, como afectar a determinadas personas vinculadas a la Guardia Civil. Pero es mala la comparación con Gürtel, que afectó, según sentencia judicial firme, a un partido político, el PP, en el que había una corrupción sistémica. El PP lo único que hizo fue atacar a los jueces, el primero a mí mismo, a los siguientes y a todos los que han decidido en contra de sus intereses. Y la trama Kitchen afecta a presuntas acciones que están sometidas ahora mismo a valoración judicial pero desarrolladas desde el propio Gobierno o sus aledaños. Es decir, son ámbitos muy diferentes".  

"Afortunadamente, ha habido un acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la mejora de las pensiones y para establecer un mecanismo sostenible para las mismas. También con la Unión Europea, a través de la Comisión. La patronal, que no todos los empresarios, ha quedado al margen. Parece que se constituyen como los únicos garantes del desarrollo del sistema capitalista, en su más pura esencia tradicional y salvaje. Se olvidan que la parte fundamental del sistema de producción, al que tanto aluden, son los trabajadores. Vivimos en sociedad y esto supone corresponsabilidad: no pueden ponerse por encima diciendo que no pueden soportar esto ya que tienen la obligación de hacerlo. Lo mismo que el resto de la sociedad y lo mismo que los trabajadores". 

"Me parece una desvergüenza. Es casi una situación antidemocrática e ilícita que vayamos camino de cinco años de prórroga del Consejo General del Poder Judicial cuando su mandato está caducado. Aquí lo que ocurre es que, por parte esencialmente del PP y de los dos vocales que tienen esa adscripción ideológica, no se ha querido modificar. Este es el juego democrático, pero lo que está sucediendo es que quienes estamos pagando las consecuencias de esta parálisis somos los ciudadanos. Y esto es lo inaceptable". 

Fue una promesa en campaña electoral, un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura y un punto del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Pero, finalmente, no ha sido posible. La reforma de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza, no verá la luz esta legislatura. Así se ha decidido en la comisión de Interior celebrada este martes en el Congreso, que ha rechazado la propuesta por un solo voto: 19 en contra —PP, Vox, ERC, Cs, EH Bildu y Junts— frente a 18 a favor —PSOE, UP y PNV—. La ley, por lo tanto, seguirá vigente tal y como la aprobó el gobierno de Mariano Rajoy en 2015.

Tras más de tres años de negociaciones, un grupo de trabajo constituido hace trece meses y muchos acuerdos en materias clave, ERC y EH Bildu han tumbado esta reforma al votar junto al bloque de la derecha. Ambas formaciones han justificado su posición por la falta de consenso en cuatro asuntos: la prohibición de las pelotas de goma, la rebaja de las infracciones por desobediencia a la autoridad y las faltas de respeto a los agentes y las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera. Si el dictamen de la ley no se aprueba, como ha sucedido este martes, toda la norma decae.

Una decisión que no ha gustado a organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol. "No continuar con la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Mordaza es una oportunidad perdida y una noticia pésima para los derechos humanos en España", señalan en un comunicado. Estas organizaciones reconocen que había aspectos claves pendientes de reformar, pero lamentan que los avances logrados hasta la fecha vayan a permanecer en un cajón. "Había propuestas planteadas para continuar negociando y corregir esos aspectos clave y más lesivos de la ley".

Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, también se han mostrado "decepcionados" por el hecho de que se mantenga "una ley sumamente lesiva para las libertades civiles y los derechos de la ciudadanía", en referencia a la norma aprobada por Rajoy en 2015. "Entendemos que aún había margen para la negociación y que la aprobación del dictamen en la Comisión de Interior hubiera dado más tiempo para buscar un consenso más amplio antes de su votación definitiva en el Pleno de la Cámara Baja, donde se habría producido su aprobación o rechazo final debido al carácter orgánico de la ley", exponen.

En el plano político ha habido reparto de culpas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado a ERC y EH Bildu de recurrir a "excusas" y "mentiras" para no apoyar la reforma. El socialista ha asegurado que "todo lo que hacía que la ley de seguridad se llamara ley mordaza estaba acordado ya". Un argumento compartido por el portavoz de IU, Enrique Santiago, el principal responsable de la ley en Unidas Podemos, que también ha reprochado a ERC y Bildu el sentido de su voto en comisión. "Ningún demócrata y nadie de izquierdas lo entendería", ha lamentado.

Esta posición contrasta con la que han mantenido desde ERC y Bildu. Ambos han acusado al PSOE de mantener posiciones inmovilistas, achacándolo a las presiones de los sindicatos policiales. La plana mayor de Podemos, con Ione Belarra a la cabeza, también ha culpado a su socio de coalición, pese a que otras figuras del espacio confederal, entre ellas Santiago, y también los comunes de Ada Colau, han cargado contra los independentistas. Es más, el propio Santiago ha respondido a un tuit del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que este le diera la razón a ERC y Bildu.

La falta de acuerdo en los cuatro puntos anteriormente mencionados ha impedido que salgan adelante los cambios acordados en 36 de los 54 artículos de la norma y en una decena de disposiciones adicionales. Modificaciones de calado como la introducción de un criterio de proporcionalidad vinculado a la capacidad económica del infractor, la reducción de los tiempos de identificación en comisaría o el hecho de que ya no sea necesario comunicar con antelación la celebración de manifestaciones.

La ley mordaza permite, en su artículo 16, llevar a una persona a dependencias policiales y retenerla allí un máximo de seis horas para su identificación. El acuerdo recogido en la nueva reforma reducía este tiempo a un máximo de dos horas "salvo causa excepcional debidamente alegada y verificable, supuesto que podrá alcanzar hasta seis horas": "La identificación en comisaría será excepcional y una vez concluida la persona identificada será devuelta al lugar desde el que fue conducida a comisaría cuando se trate de otra localidad, incluyéndose también que los agentes deberán informar a los ciudadanos de los derechos que les amparan y los mecanismos de queja".

Las manifestaciones espontáneas seguirán siendo consideradas como una "infracción leve", tal y como se recoge en la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015. En la reforma que ha decaído este martes se garantizaba "la protección del derecho fundamental a la reunión pacífica mediante la reforma de los artículos referidos al Derecho de reunión, sin que en ningún caso la ausencia de comunicación previa impida el ejercicio del derecho siempre que sea de forma pacífica".

Otro de los acuerdos implicaba la desaparición del artículo 36.2, que califica como "sanción grave" las manifestaciones o reuniones que provoque "perturbación grave de la seguridad ciudadana" frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas autonómicas. Se trata de un artículo que el Ejecutivo de Rajoy incluyó en la norma tras las protestas tras las movilizaciones bautizadas como "rodea al Congreso".

Esta reforma también buscaba reducir las sanciones a la mitad si el infractor ganaba menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional, fijado en 1.080 euros en 14 pagas. Si el infractor ganaba un salario entre 1,5 y 2,5 veces del SMI, la rebajaría sería del 25%. En la actual ley, la reducción solo se produce cuando el sancionado se acoge al pago voluntario. Además, también se reducían las cuantías máximas en las infracciones leves y graves.

Otro de los cambios introducidos pasaba por la difusión de imágenes de policías y guardias civiles en su trabajo profesional. La redacción del artículo 36.23 –uso no autorizado de imágenes de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado– establecía que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión". No obstante, la reforma previa excepciones cuando las imágenes afectaran al derecho a la intimidad o seguridad de los agentes.

Esta reforma también eliminaba el artículo 30.3 que eximía a los organizadores de una manifestación de cualquier responsabilidad en los incidentes que se hubieran producido en el trascurso de la misma, siempre y cuando hubieran dispuesto las medidas de seguridad que hubieran anunciado o, en su caso, aquellas a que les hubiera obligado la autoridad gubernativa.

La reforma también limitaba los registros corporales. "Siempre serán circunscritos a indicios concretos y comprobables y en todo caso cuando excepcionalmente se justifique dejar a la vista parcialmente el cuerpo, deberán realizarse en lugares donde se preserve la intimidad del administrado, fuera de la vista de terceros, debiendo dejar constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó".

La tenencia de cannabis se reducía de grave a leve, por lo que la sanción por pasaba de 601 a 30.000€ a de 100 a 500€. Además, también se rebajaban las sanciones por el cultivo de plantas de cannabis y ya no se consideraba una infracción por el simple hecho de ser visibles al público.

La nueva norma también introducía “el concepto de conciliación ante la imposición de una sanción”. Esto, en la práctica, aplicaba acordar la suspensión o reducción de la multa si había conciliación del autor de la infracción con las personas ofendidas o si realizaba una “actividad reparadora”.

La ley mordaza considera como infracción leve “ejecutar actos de exhibición obscena". El acuerdo alcanzado entre los grupos planteaba eliminar este punto (el 37.5) para que “la práctica del nudismo quede más protegida”.

Pongamos que tienes 17 años. Pongamos que recorres África a pie (o solo Marruecos. "Solo"), como puedes, en un viaje de un par de años, sufriendo todo tipo de penalidades, extorsiones, violaciones de tus derechos humanos más básicos. Pongamos, además, que tu familia te dio todos sus ahorros para que llegases a Europa y consiguieses ese El Dorado en el que podrás mandarles dinero y que todos, muchas personas que son tu sangre, lleven una vida mejor.

Pongamos que el último paso es saltar una valla en la que te esperan policías, que qué más te da que sean españoles o marroquíes, que te van a repeler (la experiencia, el boca a boca, te dice que a palos) y que te van a devolver a Marruecos, donde te dejarán tirado en tierra de nadie, sin nada, a expensas de que, oh sorpresa, se violen más (y, según te han dicho ya, violentamente) tus derechos humanos más básicos. Aunque seas un ser humano. Aunque seas menor, que se supone que estás protegido. Pero da igual. Te han devuelto en caliente. Nadie ha detectado que eres un niño. Y a todo el mundo le da igual.

Por haber aprobado primero de empatía me pongo en la piel de un niño, un hombre, una mujer que lo intenta y se le premia con el mecanismo de la devolución en caliente, en el que ya no es que no seas un ser humano, es que no te mereces ni que te protejan si no eres visiblemente menor de edad, o discapacitado, o estés embarazada. Me pongo en la piel de esas personas. Y me las imagino leyendo las noticias de España en las que ya te dicen que están tocando no sé qué ley pero que a ti te van a seguir devolviendo en caliente, que es algo que ya hacían antes de que hubiera una cobertura legal para hacerlo (la que facilitó la ley mordaza, con lo que tus esperanzas son las justas. Porque el partido que gobierna, y que devolvía y devuelve en caliente antes y después de la ley mordaza, sabes que no va a cambiarlo. Que va a seguirte viendo como un ente sin derechos. Y que a la última ha buscado dilatarlo para inventarse una nueva excusa para no hacerlo ya, que es lo que hace siempre. Como si no hubiera tenido tiempo en cuatro años. Y como si no lo tuviera tan fácil como dejar de comportarse como un perro rabioso en la frontera. Pero no lo hacen. Porque no quieren.

Y ahora me pongo en el lugar de esas personas, los últimos entre los últimos, pensando en los otros "gravísimos" problemas que sí que van a solucionar con la derogación parcial de la ley mordaza. Y pienso que qué problemas tan tremendos tienen esos blancos ricos que me dicen que sigamos negociando con el PSOE, como si mi vida fuera una divisa con la que blanquear (vaya, "blanquear") su actividad política de abuso sobre mí. Solo sobre mí.

Y me imagino ser ese chaval y pienso que que le den por el culo a este intento de hacer pasar por progresistas a quienes utilizan los "terribles" problemas de los blancos para blanquear que a mí me tienen jodido, porque no les importo. Y me imagino que, si lo entendieran bien, dirían que qué bien que se haya paralizado esta farsa y que si hay que reformar cualquier ley, que empiece y no acabe con los que más la sufren. 

Y, la verdad, así lo pienso yo también.

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y es conocida por sus detractores como ley mordaza, ha fracasado este martes por el voto en contra de ERC y EH Bildu al dictamen elevado a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Con ello, seguirá en vigor el texto que aprobó el PP en 2015 con su mayoría absoluta, según informa Europa Press.

Esquerra y Bildu, los socios independentistas del Gobierno, habían adelantado su rechazo a la proposición de ley al considerar "insuficientes" los cambios pactados por el PSOE, Unidas Podemos y el PNV. "Es una reforma light y edulcorada", han sostenido en la Comisión de Interior.

La reforma de la ley mordaza formó parte del pacto de investidura entre PSOE y Unidas Podemos. Tras su paso por la ponencia, donde el texto salió adelante gracias a una decisión de última hora de ERC, el dictamen se ha votado este martes en la Comisión de Interior pero, sin el voto de estos dos aliados del Gobierno, no ha salido adelante dada la anunciada oposición del PP, Vox, Ciudadanos y los demás grupos.

El portavoz del PSOE, David Serrada, ha defendido que no hay que buscar "culpables" y desde Unidas Podemos, Enrique Santiago (IU) ha agradecido al resto de socios el trabajo realizado, pese a las diferencias insalvables en cuatro aspectos: eliminar las pelotas de goma como material antidisturbio, el rechazo de migrantes en frontera y añadir "mayor objetivación" en la desobediencia y faltas de respeto a los agentes.

Los dos partidos del Gobierno han coincidido en que la propuesta de reforma buscaba garantizar los derechos de los ciudadanos que fueron "coartados" por el PP en 2015, añadiendo "más garantías" a la labor policial.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha culpado al PSOE de lo ocurrido al reprocharle falta de voluntad política, descargando de responsabilidad por la falta de acuerdo a ERC y Bildu.

Por contra, y antes de la comparecencia de Echenique, la confluencia catalana de Unidas Podemos, En Comú Podem, había cargado las tintas con los dos aliados parlamentarios del Ejecutivo, a los que ha acusado de actuar por "electoralismo".

Unas palabras que han suscitado la respuesta del portavoz republicano, Gabriel Rufián, quien se ha preguntado si el espacio confederal y el PSOE se han plegado a las presiones del sindicato policial Jusapol, partidario de mantener el texto aprobado durante la etapa del PP en el Ejecutivo.

Según Rufián, sería "lógico" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se plegara a las "presiones" de Jusapol, pero la pregunta debe ser si lo ha hecho Unidas Podemos. "Yo no tengo ni idea", ha deslizado, después de quejarse que desde el espacio confederal se no se presione a los socialistas sino a ERC y Bildu y aún piensen que ellos van a ceder a esas presiones.

Tras las apelaciones de los últimos días a la "responsabilidad" de los socios parlamentarios para que no dejaran caer el texto, este martes Echenique ha fijado la atención en el PSOE porque, bajo su criterio, "no ha querido hacer un último esfuerzo" para atar la mayoría parlamentaria progresista.

Y en este sentido ha recriminado a su socio de Ejecutivo que no haya dado prioridad a este texto legislativo como sí hace en las negociaciones presupuestarias, donde el Gobierno también necesita el apoyo de estas dos fuerzas y se "remanga" para al final conseguirlo, incluso negociando con el titular de Presidencia, Félix Bolaños.

En este contexto ha lamentado que, pese a los muchos avances conseguidos en la ponencia parlamentaria, en esta ocasión y "más allá del electoralismo de cada uno", el PSOE no ha dado "prioridad absoluta" a un aspecto clave de la legislatura para terminar con la "criminalización" del derecho a la protesta y recuperar derechos civiles.

"Ojalá me equivoque pero la cosa pinta mal", ha reconocido Echenique para, a continuación, poner énfasis en que la responsabilidad de que una norma salga adelante es del Gobierno, no de los socios de investidura por mucho que negocien con "dureza".

Cuestionado sobre si esta postura contraviene al criterio del ponente del grupo confederal en la norma Enrique Santiago, Echenique ha replicado que el diputado de IU ha hecho un trabajo "excepcional" en esta negociación al lograr muchos avances, pero la realidad es que PSOE y Unidas Podemos no tienen mayoría absoluta y requieren de apoyos externos.

Eso, ha apuntado, les obliga a acercarse a planteamientos en asuntos como la prohibición de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente o el tratamiento de la desobediencia o las faltas de respeto a la autoridad.

Mientras que desde la formación morada critican la postura de su socio y el efecto en el electorado progresista al no prosperar la derogación de la ley mordaza, la portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha cargado contra las posiciones de "máximos" adoptadas por ERC y Bildu que no permitirán "acabar con una de las peores normas" del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

"Es una lástima que su electoralismo en este caso lo pague la ciudadanía en las calles", ha enfatizado Vidal para llamar a ambos grupos a recapacitar para evitar el episodio "vergonzoso" de que decaiga la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El PSOE y Unidas Podemos están decididos a llevar la próxima semana a la Comisión de Interior del Congreso la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como ley mordaza por sus críticos, aún sin tener un acuerdo con sus socios parlamentarios de ERC y EH Bildu para garantizarse su aprobación.

Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, los dos grupos que apoyan al Gobierno llevarán este jueves a la reunión de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Interior que el informe de la ponencia sobre la reforma se debata y vote la próxima semana, concretamente el martes 14 de marzo.

Será el primer debate público sobre esta proposición de ley desde que el Pleno del Congreso aprobará en septiembre de 2020 la toma en consideración de la iniciativa planteada por el PNV. En los últimos meses se ha estado trabajando en las ponencia, cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada.

La ponencia aprobó su informe el pasado 1 de febrero y superó este trámite porque ERC votó a favor pese a que los independentistas catalanes, y también EH Bildu, mantienen sus discrepancias con ese texto. Pero en la votación de comisión, ninguno de estos partidos tiene previsto dar su apoyo al dictamen si el PSOE y Unidas Podemos no se mueven.

Por lo pronto, los dos grupos que componen el Gobierno de coalición solo tienen cerrado el apoyo del PNV y, para que la comisión apruebe un dictamen requieren al menos la abstención de dos grupos minoritarios —ERC, EH Bildu o Junts—, puesto que el PP, Vox, Ciudadanos y el diputado de Navarra Suma y representante del Mixto, Carlos García Adanero, están en contra de la reforma.

Desde el PSOE y Unidas Podemos ponen en valor los acuerdos alcanzados hasta ahora y verían "irresponsable" que sus socios habituales prefieran mantener vigente la ley impulsada en su día por el PP, en lugar de apoyar la reforma.

Eso sí, no ven posibles avances en dos de los puntos más conflictivos: la prohibición del uso de pelotas de goma y las 'devoluciones en caliente' de migrantes en las fronteras. Respecto al primer asunto, insisten en que no forma parte de esta norma y que debe regularse mediante protocolos para que este material deje de utilizarse, como ya ocurre en Cataluña y el País Vasco.

Además, el PSOE y Unidas Podemos ya pactaron al inicio de la tramitación no incluir en la modificación legislativa el tema de las devoluciones en frontera. Lo fiaron a una reforma de la Ley de Extranjería que tampoco se ha materializado, pero se mantienen en su decisión de no meterlo en la reforma de la 'mordaza'.

Y también se mantienen los desacuerdos sobre los artículos 36.6 (desobediencia) y 37.4 (faltas de respeto) por lo que si los socios parlamentarios no viran a la abstención, el texto decaería en la comisión.

Si llegara ese cambio de posición y se salvara el trámite en comisión, el siguiente paso sería el Pleno, donde ya no serían suficiente las abstenciones porque, para salir adelante la reforma se requiere sumar un mínimo de 176 votos, dado su carácter orgánico.

Varios miles de policías y guardias civiles se han manifestado este sábado 4 de marzo por las calles de Madrid, bajo el lema Por una España más segura, en contra de la negociación del Gobierno y sus socios de investidura para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como ley mordaza.

A la protesta, convocada por la plataforma Jusapol, han asistido 4.000 personas, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid a Europa Press. Esta cifra supone un pinchazo en comparación a las 20.000 personas que acudieron a la anterior manifestación, celebrada en 2021.

Sin embargo, el sindicato JUPOL ha elevado esta cifra a más de 30.000 personas. Además ha contado con el apoyo de representantes de PP, Vox y Ciudadanos. No obstante, su cifra también es más baja que la de hace año y medio cuando llegaron a decir que habían congregado a 150.000 asistentes.

A pesar de estos datos, Jusapol, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) y el sindicato JUPOL han mostrado su satisfacción por la "gran respuesta" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la convocatoria, pero sobre todo por el apoyo que han mostrado los ciudadanos.

La reforma que impulsan PSOE y Unidas Podemos fue elevada el 1 de febrero a la Comisión de Interior del Congreso gracias al voto favorable de ERC, una cuestión que Jusapol ha lamentado que "hará de España un país más inseguro".

En concreto, el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha aseverado que con esta reforma "los policías y guardias civiles tendrán más difícil, y en ocasiones casi imposible, llevar a cabo su labor", así como que "quienes sufrirán las consecuencias serán los ciudadanos".

Gómez ha añadido que es una cuestión que "ataca directamente" a la convivencia cívica, ya que "pone en gravísima situación a los policías y ciudadanos, desprotegiéndoles ante los ataques continuos de los violentos que harán de las calles un Estado paralelo".

En este sentido, el secretario general de JUPOL, Aarón Rivero, ha asegurado que a "este Gobierno le interesa más legislar para sediciosos y delincuentes y abandonar a los ciudadanos y a los policías". Adicionalmente, Rivero ha criticado que el Ministerio del Interior esté impulsando esta reforma "mientras da la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional en materia salarial, las jubilaciones, la jornada laboral o el derecho a huelga", entre otras cuestiones.

Por su parte, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, ha afirmado que la asociación, "desde la profesionalidad, ha presentado un informe al Gobierno y a las distintas formaciones políticas ya hace un año", en el que resaltan "el posible carácter inconstitucional de algunas de las enmiendas de la Ley de Seguridad Ciudadana".

Según Jusapol, la reforma de la ley que aprobó el PP en 2015 "no garantizará realmente la seguridad ciudadana", de ahí que subrayen la "necesidad de forjar un frente común", al que este sábado se han sumado otras organizaciones sindicales como CSIF.

Este último sindicato ha explicado que reclama al Gobierno una Ley de Coordinación Nacional para mejorar las condiciones de la Policía Local, así como el reconocimiento de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones.

El vicesecretario de Institucional y portavoz del Partido Popular Europeo, Esteban González Pons ha anunciado que el PP irá en contra de la "ley de inseguridad ciudadanos que el Gobierno apruebe con el apoyo de la extrema izquierda", justificando que provocará un incremento "de la inseguridad en España". Así, Pons ha añadido que "es una ley del Gobierno de coalición, o del gobierno de colisión, para preparar la calle, para enfrentarse al PP, cuando el PP sea Gobierno".

"Es el evento de la dignidad", ha explicado el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, quien además de posicionarse en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, ha apuntado que "desgraciadamente es la mejor muestra de un Gobierno que ha abandonado a los españoles".

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que "es una obligación moral" asistir a la protesta, ya que lo que está haciendo el Ejecutivo es "criminalizar a la Policía".