Enrique Alcoba se queja amargamente. “Te confiscan hasta un par de zapatos nuevos o una botella de agua mineral cerrada”, dice, indignado. Alcoba es el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla y denuncia a viva voz que los agentes marroquíes en la frontera de Beni Enzar, entre su ciudad y Marruecos, no aplican el régimen aduanero de los pasajeros en vigor, por ejemplo, en los aeropuertos de Marrakech o Casablanca.

Por lo tanto, los pocos turistas marroquíes que visitan su ciudad no pueden llevarse souvenirs. Y sobre todo los españoles musulmanes de Melilla, que son mayoritarios en la ciudad, según una investigación del Observatorio Andalusí (Estudio demográfico de la población musulmana. Explotación estadística del censo de ciudadanos musulmanes en España referido a la fecha 31/12/2022-2023), un organismo que depende de la Conferencia Islámica de España, no pueden cruzar la frontera con regalos para sus parientes que viven en Marruecos. A la inversa, en el sentido Marruecos-España, estas restricciones no se aplican. Pero sea en un sentido o en otro, cruzar estas fronteras, reabiertas en mayo de 2022 tras la pandemia, es un verdadero calvario debido a los controles lentos y exageradamente minuciosos del lado marroquí.

Catorce meses después, la reconciliación entre Marruecos y España sellada en Rabat el 7 de abril de 2022 durante una cena entre el rey Mohamed VI y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, está lejos de haber alcanzado los efectos esperados por España. Para terminar con la crisis bilateral iniciada por Rabat el 10 de diciembre de 2020, Sánchez había hecho una concesión mayor en una carta dirigida al soberano el 14 de marzo de 2022. El plan de autonomía que propone Marruecos es “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso” del Sáhara Occidental, escribió Sánchez al soberano en una carta que el gobierno español no quiso que tomara carácter público. Pero algunos fragmentos de la carta fueron revelados el 18 de marzo de 2022 por un comunicado del gabinete real marroquí. España, antigua potencia colonial, renunciaba así a un enfoque teóricamente equidistante, pero que desde hace casi veinte años se inclina, a escondidas, a favor de Marruecos.

Entre todas las formulaciones utilizadas por los diversos países de la Unión Europea, las palabras de Sánchez son las que más satisficieron a Rabat. Entonces, en la primavera boreal de 2022, la diplomacia marroquí comenzó a presionar a Francia para que al menos fuera igual de lejos que España en su apoyo. Ese es uno de los motivos, no el único, que agravó la crisis entre París y Rabat que remonta al verano boreal de 2021 y al escándalo del software Pegasus. España también sufrió la piratería de teléfonos celulares con ese software de espionaje israelí empleado por los servicios marroquíes, comenzando por el del jefe del gobierno, pero prefirió olvidar lo sucedido para no poner en riesgo el encuentro previsto con Marruecos.

De la conferencia de prensa que dio Sánchez después del iftar, los medios españoles retuvieron sobre todo que se abriría un puesto aduanero entre Ceuta y Marruecos, y que se reabriría el de Melilla, que Rabat había cerrado el 1 de agosto de 2018 sin siquiera informar oficialmente a las autoridades españolas. Ese puesto había sido inaugurado a mediados del siglo XIX y siguió funcionando tras la independencia de Marruecos, en 1956. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, incluso anticipó la fecha de esa doble apertura: comienzos de febrero de 2023, en coincidencia con la celebración de la cumbre en Rabat entre ambos gobiernos. España y Europa podrían así exportar a Marruecos e incluso a otros países a través de esas dos aduanas.

Catorce meses después del anuncio de Pedro Sánchez, las aduanas siguen sin abrir. El diario El País reveló el 12 de junio de 2023 un intercambio de correspondencia entre las direcciones generales aduaneras de España y de Marruecos que ilustra las reticencias, al parecer técnicas, de Rabat. En realidad, Marruecos no quiere esas aduanas por dos razones: primero, porque sigue buscando asfixiar económicamente a ambas ciudades, y segundo, porque aceptar la apertura de esos puestos podría ser interpretado como un primer paso hacia el reconocimiento de la soberanía española sobre esos “presidios ocupados”, como los describe con frecuencia la prensa marroquí.

Además de la cuestión de las aduanas, la declaración conjunta suscrita por ambas partes después del iftar contenía otros quince puntos. En gran parte de ellos no ha habido ningún avance. Las conversaciones sobre la delimitación de las aguas territoriales entre el archipiélago de las Islas Canarias y Marruecos no avanzaron en absoluto porque Rabat quiere incluir las del Sáhara Occidental. Tampoco avanzaron las negociaciones relativas a una mejor coordinación de la gestión del espacio aéreo. Esta se realiza, al menos para los vuelos civiles, desde la torre de control del aeropuerto de Las Palmas, pero Rabat exige que se la transfieran por completo. Cuando la relación se tensa, a veces sus pilotos ignoran las instrucciones de los controladores aéreos españoles.

Es difícil que España ceda mientras se esperan, en principio para fin de año, los dos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deberían confirmar los pronunciados en septiembre de 2021 por el Tribunal General, la instancia inferior. Esos fallos habían anulado los acuerdos de pesca y de asociación con Marruecos porque incluían el Sáhara Occidental y sus aguas sin que hubiera dado su consentimiento la población saharaui, representada por el Frente Polisario. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y los abogados del Estado español habían recurrido las sentencias en el otoño de 2021.

En realidad, el único capítulo de la declaración conjunta implementado hasta el momento es el de la cooperación en materia migratoria. Desde abril de 2022, las autoridades marroquíes hacen un esfuerzo para contener los arribos. En los tres primeros meses de este año, cayeron un 51% en el conjunto de España en relación al mismo período de 2022, cuando Marruecos hacía la vista gorda ante las partidas.

Según el Ministerio del Interior de España, la reducción (-63,3%) ha sido más pronunciada sobre todo en las Islas Canarias, donde es más difícil de controlar. En el primer trimestre de este año, solo desembarcaron allí 2.178 “harragas”, en comparación con los 5.940 durante el mismo período en 2022. La primera quincena del mes de junio, con 1.508 arribos, parece marcar un cambio de tendencia, y más aún la segunda quincena, con picos de 227 migrantes rescatados en el mar el domingo 19 y el jueves 22. Sin embargo, el gobierno español exhibe orgullosamente estas estadísticas, que demuestran, en realidad, que el vecino marroquí utilizó la inmigración hasta el mes de marzo de 2022 para doblegar a Madrid. Y sin preocuparse por el costo humano.

Durante la cumbre de Rabat, el 2 de febrero, Sánchez, que no fue recibido por el rey –estaba en Gabón y no regresó para la ocasión– agregó otro acuerdo de su propia creación: “El compromiso a respetarnos mutuamente y a evitar, en nuestro discurso y en nuestra práctica política, todo lo que pueda ofender a la otra parte, en particular cuando afecta nuestras esferas de soberanía respectivas”. En pocas palabras, Madrid no se referiría al Sáhara Occidental con términos que pudieran disgustar a Rabat, y los responsables marroquíes, por su parte, no repetirían a cada momento que Ceuta y Melilla estaban “ocupadas”.

Sin embargo, la parte marroquí no se sintió obligada a respetar ese compromiso. Durante esta primavera, el presidente de la Cámara de Consejeros (Senado) marroquí, Enaam Mayara, y el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, no dejaron de describir las ciudades como “ocupadas”. Hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores dirigido por Nasser Bourita le entregó el 17 de mayo una nota verbal a la delegación de la Unión Europea en Rabat en protesta contra las “declaraciones hostiles” de Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Migratorios, que repetía que las ciudades de Ceuta y Melilla eran españolas.

A pesar de estos sinsabores, los socialistas españoles siguieron luchando por defender los intereses de Marruecos. Un ejemplo entre muchos otros: el 19 de enero de 2021, los eurodiputados socialistas españoles fueron los únicos que votaron –junto con los del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional– contra la primera resolución del Parlamento Europeo en un cuarto de siglo sobre los derechos humanos en Marruecos. La misma exigía, entre otras cosas, la liberación y un juicio justo para periodistas marroquíes encarcelados. Fue aprobada por amplia mayoría. Una vez más, en España arreciaron las críticas contra los socialistas, que no explicaron su votación salvo uno de ellos, Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia. En la relación con Marruecos, reconoció, para sorpresa general, López Aguilar, “a veces es necesario tragar sapos”.

Jorge Dezcallar, exembajador de España en Rabat y luego director del Centro Nacional de Inteligencia, el principal servicio secreto, no comparte esa opinión. “No entiendo qué ha hecho este gobierno al cambiar nuestra posición sobre el Sáhara”, decía, indignado, el 21 de junio, durante una conferencia en Barcelona. “No veo qué ventajas hemos conseguido (…) Pienso que es un error muy grave”, agregó. “Observo fundamentalmente que la iniciativa de Sánchez nos colocó en el centro mismo de la guerra entre Argelia y Marruecos, y que nos tiran piedras de todos lados”.

España pagó un precio elevado por su alineamiento con la posición marroquí: una cuasiruptura con Argelia. A través del comunicado real, las autoridades argelinas se enteraron del giro brusco de la diplomacia española. Al día siguiente, el 19 de abril de 2022, su embajador en Madrid, Said Moussi, fue llamado a consultas, y desde entonces su puesto quedó vacante. Poco tiempo después, Moussi fue nombrado en París. Un mes más tarde, Argel dio otra vuelta de tuerca. Terminó con la repatriación de los inmigrantes argelinos que hubieran arribado de manera irregular en España, y los vuelos regulares entre ambos países también quedaron reducidos al mínimo. Luego, el 8 de junio de 2022, el presidente Abdelmadjid Tebboune suspendió el tratado de amistad y de cooperación entre ambos países que estaba en vigor desde 2002.

Inmediatamente, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (APBEF), un organismo semipúblico argelino, ordenó a sus miembros congelar “las domiciliaciones bancarias de las operaciones de comercio exterior de productos y servicios de y hacia España”. En realidad, eso equivalía a prohibir el comercio con España. Tres semanas más tarde, la APBEF derogó esa circular, pero en la práctica, el comercio con el vecino español sigue estando prohibido. Las exportaciones españolas cayeron más de 90%, y las empresas españolas perdieron más de 1.500 millones de euros en ventas en diez meses. Por si fuera poco, las empresas españolas están excluidas de todas las licitaciones públicas en Argelia. Ni siquiera pueden disponer de un stand durante las ferias comerciales y agrícolas que se desarrollan en Argel.

Apenas se publicó la circular de la APBEF, el ministro de Asuntos Exteriores español se trasladó a Bruselas para intentar activar la solidaridad europea. Josep Borrell, Alto Representante para Asuntos Exteriores, y Valdis Dombrovskis, vicepresidente responsable de Comercio, firmaron un comunicado conjunto en el que denunciaban lo que “parecía ser discriminación” hacia un Estado miembro y por lo tanto una violación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Argelia, que entró en vigor en 2005. En febrero, Denis Redonnet, director general adjunto de Comercio de la Comisión Europea, visitó la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana, la más afectada por las sanciones argelinas, donde denunció la “coerción económica” de Argelia y se comprometió a lograr el retiro de esas medidas discriminatorias. Pero hasta el momento no ha tenido éxito.

En realidad, la solidaridad europea con España solo fue verbal. Madrid podría haber denunciado el boicot e invocar el artículo 104.2 del Acuerdo de Asociación con Argelia para exigir un arbitraje. Si el mismo le hubiera dado la razón a la parte española, podría haber solicitado que la Comisión tomara medidas de represalia tras haber obtenido el aval del Consejo Europeo. Eso no sucedió por dos motivos. Al derogar la circular de la APBEF, Argel se tomó el cuidado de impedir que la parte española pudiera presentar un documento legal sobre el cual fundamentar su denuncia. Es cierto que la Comisión podría haber abierto una investigación para demostrar esta discriminación, pero existían pocas posibilidades de convencer al Consejo Europeo, interesado en mantener buenas relaciones con Argelia. “Sus hidrocarburos son una alternativa a los de Rusia, y muchos Estados miembros, empezando por los que más los aprovechan, como Italia y Francia, no quieren de ninguna manera tener un problema con Argelia”, explica un alto funcionario de la Comisión que prefiere mantener el anonimato.

Así que Madrid se tuvo que contentar en 2022 con presentar su veto a la celebración del Consejo de Asociación anual entre la Unión Europea y Argelia, que deseaba realizar algunas modificaciones al acuerdo de asociación. Y hará lo mismo este año. Preocupado por atenuar las críticas de la oposición parlamentaria, José Manuel Albares también hizo correr el rumor de que Moscú llevó a Argel a enemistarse con España para debilitar el flanco sur de la OTAN, pero resultó una estrategia demasiado burda.

El gobierno español no esperaba una reacción tan virulenta de Argelia, así como esperaba que Marruecos respetara sus compromisos. ¡Qué ingenuidad de la presidencia del gobierno! Asuntos Exteriores, más experimentados, quedaron totalmente al margen en aras de la discreción. En cambio, participaron exministros socialistas con vínculos con las autoridades de Marruecos, como Miguel Ángel Moratinos.

El 23 de julio se celebrarán elecciones legislativas en España y casi todas las encuestas dan ganador al Partido Popular, pero para gobernar tendrá que contar con el apoyo de la extrema derecha de Vox, una formación hostil al vecino marroquí. ¿España va a rectificarse y a volver a una posición equidistante, para restablecer sus relaciones con Argelia? En Argel, y más aún en Rabat, siguen de cerca la campaña electoral. Todas las intervenciones en relación al Magreb de Alberto Nuñez Feijóo, el líder de la derecha, circulan en las redes sociales con traducción al árabe. En general, sus declaraciones son ambiguas.

Los asesores de política exterior del líder conservador divergen sobre los pasos a seguir. Núñez Feijóo carece de experiencia internacional. Es probable que, si llega al poder, intentará evitar comenzar su mandato con una crisis con el vecino marroquí. Rabat no dudaría en desatarla si Feijóo se desviara del camino trazado por su antecesor socialista.

Los períodos de distensión en las relaciones entre Marruecos y España solo son excepcionales, y a veces llegan a durar bastante tiempo. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el principal servicio secreto español, lo repite en sus informes, como el del 28 de mayo de 2021, justo durante la irrupción de más de 10.000 inmigrantes marroquíes, 20% de ellos menores, en la ciudad de Ceuta. El informe, que fue publicado por El País, dice en esencia que, para las autoridades marroquíes, España sigue siendo un obstáculo para lograr la “integridad territorial”: hacia el sur, donde mantiene el control del espacio aéreo del Sáhara, y hacia el Norte, en tanto y en cuanto siga ocupando Ceuta y Melilla, así como algunas otras islas e islotes minúsculos a lo largo de la costa marroquí.

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Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.

La administración colonial francesa jamás dejó de funcionar durante la larga guerra librada por el Frente de Liberación Nacional (FLN) para obtener la independencia de Argelia (1954-1962). Así, durante todas las semanas del año 1957, la prefectura de Argel le enviaba al general Jacques Massu legajos muy singulares. Entre los documentos había formularios con el apellido, el nombre, la edad, la dirección y la profesión de una persona, la fecha y las circunstancias de su “arresto” por las fuerzas militares, y por último, el nombre de un miembro de su familia, “para avisarle en caso de aparición”. En un año, la prefectura emitió 2.039 de estos extraños avisos de búsqueda, esperando que el ejército le respondiera con información sobre el destino del interesado. En muchos casos, la espera fue en vano. En una nota interna, un tal Rambaud, responsable del servicio competente, se lamentaba de la atención recibida: en el 70% de los casos, el ejército no había respondido o sus respuestas resultaban “inválidas” o “insatisfactorias”. “Hace mucho tiempo que no puedo comunicarle a un solo abogado si el cliente para el que trabaja está muerto o vivo”, escribió.

Conservado en los Archivos Nacionales de Ultramar (ANOM), ese archivo de “detenidos-desaparecidos” denunciados por sus familiares en 1957 es el punto de partida del proyecto historiográfico Mille Autres, realizado por Malika Rahal y Fabrice Riceputi. El archivo puede ser consultado en línea en el sitio del proyecto, que también invita a brindar testimonios, en árabe o en francés, a los allegados y descendientes de las personas secuestradas por los militares, hayan sido liberadas posteriormente o hayan desaparecido de manera definitiva. Los avisos de búsqueda también incluyen las circunstancias del secuestro, las estrategias de resistencia al terror implementadas por las familias, sus métodos de búsqueda y su propia experiencia ante la desaparición, en muchos casos definitiva, de un familiar.

El proyecto Mille Autres se basa en diversos archivos coloniales y en estos testimonios de las familias argelinas, que hasta el momento han sido una fuente muy poco consultada por los historiadores franceses. Al romper con el punto de vista de los actores militares de la época, que aún hoy domina ampliamente, incluso en los libros de historia, el proyecto permite volver a escribir la historia de la secuencia histórica llamada “la batalla de Argel”.

El 7 de enero de 1957, el gobierno de Guy Mollet le dio carta blanca al general Massu para restablecer el orden colonial en Argel. En efecto, desde el otoño de 1956, Massu se veía muy amenazado por el aumento de la actividad llamada “rebelde” –acciones de guerrilla urbana y atentados–, y fundamentalmente en esa época, por una perspectiva políticamente monstruosa para las autoridades francesas: una huelga anticolonial de ocho días a través de la cual el FLN podía demostrar que estaba implantado masivamente.

El ejército, cuya principal misión hasta entonces había sido combatir a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en las zonas rurales, debía “pacificar” Argel, según los términos empleados en esa época. Eso significaba detectar y destruir la organización clandestina tanto política como paramilitar del FLN, arraigada entre los 400.000 argelinos de la ciudad. Los métodos que se emplearon en las zonas rurales no fueron los mismos que en el ámbito urbano, en la gran ciudad de la Argelia colonial, la mitad de cuya población era origen europeo. En Argel, que concentraba toda la atención, se privilegió un arma de represión política violenta pero que podía emplearse en secreto, inspirada en la “doctrina de la guerra revolucionaria” o contrainsurgente elaborada tras la derrota de Francia en Indochina: el secuestro en masa de los habitantes de Argel sospechados de vínculo con la insurgencia en curso.

El teniente coronel Roger Trinquier, uno de los oficiales e ideólogos de la operación, le recomendó al ministro Robert Lacoste hacer “una depuración” de toda la población “musulmana” de Argel. A mediados de abril, Trinquier calculó que la cantidad de sospechosos que debían ser recluidos en los campos ascendía a 20.000, es decir, una cifra muy superior a la cantidad estimada de miembros del FLN en Argel1.

Con tal propósito, el ejército obtuvo fácilmente que el poder político implementara un dispositivo de excepción, a veces llamado “sistema de arresto-detención” que, en nombre de la eficacia, lo eximía de cualquier restricción legal. Así, podía hacer allanamientos de morada, arrestar, detener e interrogar a su antojo. Y todo eso sin tener que rendirle cuentas a nadie sobre sus motivaciones y sobre la identidad y el destino de los “sospechosos” arrestados. Con una excepción, aunque ya con el hecho consumado y sin que nadie pudiera verificar sus dichos: la prefectura, que se encargaba simplemente de oficializar las detenciones. Antes de declarar el arresto de un detenido a la prefectura, los militares disponían de un tiempo de “explotación” del detenido. Este sistema permitió la generalización de la tortura, de las violaciones y de las ejecuciones seguidas de ocultamiento o destrucción de los cuerpos.

Así, el ejército desplegó a gran escala una práctica de represión que recién sería identificada y calificada bastante más tarde, luego de ser empleada en las décadas de 1970 y 1980 sobre todo en América Latina, adonde irían a enseñarla esos mismos militares franceses: la desaparición forzada. Desde 2010, la ONU define como un crimen de lesa humanidad “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

En enero y febrero de 1957, durante la represión de la huelga organizada por el FLN, se efectuó una primera ola de arrestos –de secuestros, según el punto de vista de los argelinos y del derecho– en base a un archivo de policía que contenía información sobre los miembros de diversas organizaciones prohibidas o consideradas como subversivas: el FLN, el Movimiento Nacional Argelino (MNA), el Partido Comunista Argelino (PCA), la Unión General de Trabajadores Argelinos (UGTA), la Unión General de Estudiantes Musulmanes Argelinos (UGEMA) y la Asociación de Ulemas. A pesar del terror, la huelga del FLN fue todo un éxito, pero a los militares les sirvió para identificar nuevos sospechosos entre los huelguistas. Poco después, los secuestros también apuntaron contra las actividades humanitarias, como los centros sociales creados por la etnóloga Germaine Tillion. Y continuaron a toda marcha durante el verano y el otoño boreal de 1957, cuando quedó claro que el FLN de Argel no estaba muerto, a pesar de que su dirección había evacuado la ciudad. La prueba de ello era su capacidad para replicar por medio de nuevos atentados.

En todos los barrios llamados “musulmanes”, y no solamente en la Casba, se realizaron redadas y secuestros selectivos, ejecutados la mayoría de las veces durante la noche y con una brutalidad ostensible. Las familias que hoy brindan su testimonio en muchos casos conservaron o transmitieron el recuerdo de lo sucedido: puertas destruidas, robos, violencia contra los familiares, palabras escalofriantes sobre el destino funesto del familiar secuestrado al que subían a un camión entoldado, donde solía haber una persona que hacía de guía e iba encapuchada (llamada por los testigos “bou shkara”2). También se secuestraba en la vía pública o en los puestos de trabajo. Es algo que afectaba a todas las capas de la población colonizada, no se salvaban ni los adolescentes ni las personas mayores. La cantidad de secuestros alcanzó en un año varias decenas de miles de personas. La mayoría de los “sospechosos” nunca fueron juzgados y estuvieron recluidos en centros de detención. Algunos recién salieron en 1962, luego de haber sido transferidos varias veces de un lugar a otro del vasto sistema concentracionario, en particular para quebrar la resistencia de los detenidos y dispersarlos.

El modus operandi de los militares abarcaba a toda la población, que debía ser extirpada de la influencia nacionalista. No neutralizaba solamente a los “sospechosos” secuestrados, sino que también aterrorizaba a sus familias y, por capilaridad, a todos los habitantes de sus barrios. Porque enseguida se supo que, en las decenas de centros diseminados en y alrededor de Argel, los detenidos corrían el riesgo de la tortura e incluso la muerte. Cuarteles, casonas, escuelas, granjas coloniales: en todos los lugares donde se acantonaban, los militares torturaban, y aunque privilegiaban los subsuelos, en el vecindario a veces se podían escuchar los gritos de los torturados. El proyecto Mille Autres se propone crear un registro de esos centros y cartografiar el terror en Argel y sus alrededores.

Muchos de los relatos describen la peregrinación de las esposas y de las madres por la ciudad en busca de su detenido-desaparecido. A veces permanecían durante horas frente a los centros, con la esperanza de que les dieran información. A veces lo lograban, pero también podía suceder que fueran expulsadas o que un militar les comunicara brutalmente que no valía la pena seguir esperando. Por otra parte, los detenidos liberados podían aportar información. A veces las familias recibían cartas de su pariente y hasta podían visitarlo en el campo durante cierto tiempo, hasta que de repente dejaban de recibir noticias del detenido.

Para muchas familias, la esperanza de la reaparición recién se disipó tras el alto el fuego del 19 de marzo de 1962, cuando los campos de detención liberaron sus miles de prisioneros, pero los familiares no reaparecieron. Las familias, a veces con la ayuda de un escribano público, escribían mucho: a la prefectura, al ministro Lacoste, a los generales Raoul Salan y Massu, a Suzanne Massu3, al arzobispo de Argel y a todas las autoridades de la metrópoli. Las cartas, imploraran o exigieran información –hoy se encuentran diseminadas en los archivos civiles o militares–, pocas veces recibían una respuesta. A partir de mayo de 1957, muchos familiares enviaron solicitudes a la Comisión para la Protección de los Derechos y Libertades Individuales creada por Guy Mollet para investigar “eventuales atropellos” en Argel, según sus palabras. Pero la comisión solo les transmitía las respuestas del ejército, que con frecuencia afirmaba haber “liberado” al interesado , sin sentir la necesidad de montar un falso escenario un poco más elaborado, como ocurrió en junio de 1957 con el “prófugo” Maurice Audin. Cuando uno de los miembros de la comisión pidió consultar el “archivo de los desaparecidos”, de cuya existencia había escuchado hablar, la prefectura se lo negó.

La magnitud del terror infligido debía permanecer en secreto. Si hubieran permitido realizar una investigación a partir de ese archivo, se habría descubierto que algunas de las personas buscadas desaparecieron durante su detención. De los casi 1.200 casos publicados hasta el día de hoy en el sitio 1000autres.org, que finalmente está realizando una investigación que durante mucho tiempo resultó imposible, casi 400 son identificados como casos de desaparición definitiva. Y solo se trata de una pequeña muestra, porque solo una parte de las familias afectadas recurrió a la prefectura. El ocultamiento ha funcionado tan bien que se desconoce la cantidad total de “desaparecidos de la Batalla de Argel”. La célebre estimación de Paul Teitgen (3.024 desaparecidos) representa una cifra admisible.

En 1957, el ejército mantenía un silencio absoluto sobre los secuestros masivos, pero en cambio comunicaba profusamente durante las operaciones de incautaciones de armas y de bombas. Los miembros de la “Red de bombas” detenidos eran exhibidos ante la prensa y presentados ante los jueces. Así, el ejército construyó un relato según el cual la Batalla de Argel enfrentaba al ejército francés contra un FLN identificado con el “terrorismo”, ya que la organización quedaba prácticamente reducida a los poseedores de bombas. Esta versión de los hechos se difundió en la primavera boreal de 1957 como respuesta a la campaña contra la tortura nacida en la metrópoli y se consolidó luego de la guerra gracias a las exitosas memorias de Massu y sus oficiales ante las acusaciones de abusos. Según la defensa, la necesidad de detener los atentados a través de la búsqueda imperiosa de información sobre los y las colocadores de bombas explicaría y justificaría el empleo de métodos “excepcionales”. Esta justificación del terror por medio de una lucha antiterrorista que era presentada como necesaria se arraigó aún más en el imaginario colectivo luego de 1962, a través del cine y de una abundante literatura que heroificó a los paracaidistas franceses. La película de culto “La Batalla de Argel”, de Gillo Pontecorvo, realza ese aspecto de las cosas, aunque sea para denunciarlo.

Si seguimos esta lectura de los acontecimientos, que oculta la dimensión de terror político de la operación, la muerte, en octubre de 1957, de los últimos miembros de la “Red de bombas” (incluido Ali La Pointe) debería haber marcado, lógicamente, el final de la operación “antiterrorista” iniciada en enero de ese año. Este recorte cronológico de la batalla de Argel, que conlleva una interpretación de los hechos, todavía es ampliamente admitido como válido. Y sin embargo, los archivos y los testimonios analizados en el proyecto Mille Autres obligan, como mínimo, a poner en duda esa idea. Porque en efecto, aunque la “Red de bombas” fue destruida en octubre, la represión política siguió después en Argel con la misma modalidad: las denuncias de desapariciones forzadas siguieron siendo numerosas hasta diciembre de 1957 y continuaron en 1958. Y lejos de terminar ese año, la práctica, validada por el gobierno francés, luego se generalizó en toda Argelia hasta por lo menos el año 1961.

El crimen de desaparición forzada fue analizado y calificado jurídicamente mucho más tarde, sobre todo gracias a la movilización de los familiares de las víctimas, principalmente en Argentina. Nunca fue empleado durante la guerra de independencia de Argelia. Si bien en Francia el caso Maurice Audin permitió que Pierre Vidal-Naquet describiera el sistema de desapariciones a partir de 1958, el uso de la tortura consternó mucho más a la opinión pública que la desaparición forzada.

Antes de 1962, a pesar de sus esfuerzos, las familias argelinas víctimas de esa práctica nunca habían podido hacerse oír. Y después de 1962, su suerte no se distinguió particularmente en el enorme océano de duelos de la guerra de liberación: el desaparecido recibió, al igual que todos los otros muertos, el estatus de mártir. Por último, la autoamnistía decretada por Francia al final de la guerra anuló las denuncias radicadas e impidió cualquier evocación de estos hechos, así como la celebración de audiencias de víctimas y de testigos ante la justicia y la opinión pública.

En 2018, la República Francesa reconoció oficialmente su responsabilidad en el secuestro, la tortura y el asesinato de Maurice Audin, universitario de origen europeo. En 2020 hizo lo mismo con el abogado Ali Boumendjel, cuyo homicidio disfrazado de suicidio había sido denunciado por un célebre jurista francés, gaullista y de izquierda: René Capitant. También se reconoció la existencia de un “sistema” que permitía que estos crímenes ocurrieran. Pero los otros miles de Audin y Boumendjel, cuya desaparición nunca fue un “escándalo” en la metrópoli, siguen siendo perfectos desconocidos para los libros de historia. En muchos casos, los argelinos y las argelinas que participaron en la investigación Mille Autres se emocionaron al saber que la historia de su familiar ahora está visible para todo el mundo en un sitio de internet. Pero eso no les calma el dolor de no saber lo que le sucedió a su familiar desaparecido y de no tener una sepultura adonde ir a recordarlo.

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Malika Rahal es historiadora, investigadora en el CNRS, especialista en historia contemporánea de Argelia. Desde 2022 dirige el Institut d’histoire du temps présent (IHTP).

Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.

Durante mucho tiempo, el reino jerifiano fue considerado como el “buen alumno” en medio una región de “burros”: elogiaban su islam “tolerante”, la apertura y la moderación de Mohamed VI y la “estabilidad” del país gracias a una policía que se asemeja en muchos aspectos a la del expresidente tunecino Ben Alí. Y en comparación con sus vecinos del Magreb y del mundo árabe, alababan la relativa apertura política y las libertades que concedía el régimen del “comandante de los creyentes”. Pero en los últimos años han cambiado muchas cosas, y ahora el reino transmite incluso a sus aliados tradicionales una imagen turbulenta, producto de una serie de casos que han reducido el “capital de simpatía” del reino, en el que había invertido sumas considerables en materia de soft-power y de lobby.

El 18 de julio de 2021, un consorcio compuesto por dieciséis medios internacionales coordinados por Forbidden Stories y Amnesty International reveló una mecánica de espionaje mundial, aterradora y muy bien aceitada llamada Projet Pegasus, por el nombre del software espía vendido a un puñado de dictaduras por la empresa israelí NSO. Su objetivo: controlar a distancia los teléfonos móviles. El software puede recuperar conversaciones –incluso de aplicaciones llamadas “seguras” como WhatsApp o Signal– y también los datos de ubicación, las fotos e incluso grabar a escondidas al poseedor del teléfono inteligente.

Marruecos es uno de los clientes más importantes del software Pegasus. “Lo utiliza de manera desproporcionada, violando los derechos fundamentales”, indica el informe publicado por el consorcio. “Según datos recogidos en el marco del Proyecto Pegasus, Marruecos habría atacado por sí solo a 10.000 de los 50.000 teléfonos que habrían sido víctimas potenciales del software espía. Las investigaciones confirman que Marruecos utilizó Pegasus para espiar a periodistas y directivos de los grandes medios del país. Estas revelaciones son aún más impactantes y preocupantes porque los servicios de inteligencia marroquíes utilizaron el software para espiar a periodistas más allá de sus fronteras”.

Como era de esperar, el reino niega todas estas acusaciones, que no provienen solo de periodistas y de militantes marroquíes. Según el mismo informe, los servicios jerifianos también habrían espiado a personalidades francesas de alto rango, en especial el presidente, Emmanuel Macron. Las relaciones Francia-Marruecos, marcadas por una connivencia legendaria, entraron en un período de frío polar que aún perdura. Obnubilado por su imagen en el exterior, Marruecos nunca escamoteó recursos para alimentar la idea de que el reino es “el mejor” en medio de una región refractaria a la democracia y los derechos del hombre. La virulencia de su reacción frente a estas acusaciones revela la gravedad de la situación y las consecuencias nefastas sobre la imagen del país.

El 9 de diciembre de 2022, estalló otro conflicto. Luego de una investigación minuciosa realizada por los servicios de inteligencia belgas tras haber recibido el alerta de otro cinco “servicios” europeos, el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri fue detenido por la justicia belga. Se sospecha que percibió importantes sumas de dinero por parte de intermediarios marroquíes, incluido el exembajador de Rabat en Bruselas, Abderrahim Atmoun.

La policía belga halló 600.000 euros en efectivo en el domicilio de Bruselas de Panzeri y 17.000 euros en su domicilio en Italia. “Atmoun traía dinero de vez en cuando, pero no de manera regular”, indicó en diciembre de 2022 en su declaración Francesco Giorgi, excolaborador de Panzeri. “Atmoun venía a Bruselas o íbamos a su domicilio en París. Cuando íbamos a buscar dinero, decíamos que íbamos a buscar corbatas o trajes.” Junto a Catar, Marruecos es objeto de acusaciones de corrupción de diputados europeos, aunque el país sigue rechazando los hechos “de manera categórica”. Apenas un año después del escándalo Pegasus –que involucró a los servicios marroquíes, dirigidos desde 2005 por Abdellatif Hammouchi, uno de los hombres más influyentes del reino–, ahora las acusaciones de la justicia belga y –una vez más– del Parlamento Europeo (PE), recaen en la DGED (la dirección de contraespionaje marroquí), encabezada por Yassine Mansouri, excompañero de clase del rey Mohamed VI. En una resolución adoptada el 16 de febrero de 2023, el PE “expresa su profunda preocupación ante las acusaciones de corrupción de las autoridades marroquíes (…) y exige instantáneamente la suspensión de las credenciales de acceso de los representantes de intereses marroquíes”.

A comienzos de enero de 2023, la visita a Marruecos del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que se desarrolló en un clima de alta tensión, no logró ningún avance, ya que ambas partes (Marruecos y la Unión Europea) se mantuvieron firmes en sus posiciones: “La alianza Marruecos-UE sufre un acoso jurídico constante”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, durante una conferencia de prensa junto a Borrell. “La alianza sufre ataques mediáticos incesantes. También es objeto de ataques en instituciones europeas y sobre todo en el Parlamento, a través de cuestionamientos tendenciosos contra Marruecos que son el resultado de una voluntad de dañar la alianza”. Respuesta del diplomático europeo: “La posición de la Unión Europea es clara: no puede haber impunidad ni tolerancia para la corrupción. Por eso debemos esperar el resultado de las investigaciones en curso de las autoridades judiciales, que deben aportar claridad a estos hechos, y esperamos en esta investigación la plena colaboración de todos”.

En la misma tónica de estas acusaciones, el 19 de enero de 2023 se publicó una de las resoluciones más demoledoras para la imagen del reino. Adoptada por 356 votos a favor, 32 en contra y 42 abstenciones, la resolución solicita a las autoridades marroquíes “respetar la libertad de expresión y la libertad de los medios y de los periodistas detenidos –en especial Omar Radi (sentencia firme a seis años de prisión) Soulaimane Raissouni (sentencia firme a cinco años de prisión) y Taoufik Bouachrine (encarcelado desde 2018)– y disponer un juicio justo, con todas las garantías de un procedimiento regular”1.

Esos tres periodistas fueron condenados por acusaciones de connotación sexual, pero para el PE, se trata de “una utilización abusiva de declaraciones de agresiones sexuales para disuadir a los periodistas de ejercer sus funciones” y estima que “estos abusos ponen en riesgo los derechos de las mujeres”.

Desde que fue publicada, la resolución se sintió como un terremoto. No es la primera vez, desde luego, que Marruecos es denunciado por ONG (y hasta por el Departamento de Estado norteamericano) por los abusos y los ataques a las libertades públicas y a los derechos políticos. Pero el hecho de que las “acusaciones” provengan de una institución central de la Unión Europea marca una diferencia fundamental. Según un análisis de los servicios secretos belgas, “la Unión Europea es una entidad de un interés vital para Marruecos. Es su primer socio comercial; de allí proviene la gran mayoría de sus inversiones extranjeras, y es donde reside la mayor parte de la diáspora marroquí. El desarrollo del reino, su seguridad energética y sus ambiciones geopolíticas (principalmente, el reconocimiento de la ‘marroquinidad’ del Sáhara Occidental anexado en 1975) dependen, al menos en parte, de la buena voluntad de la Unión Europea”.

En el plano interior, si bien la monarquía marroquí sigue siendo la institución que domina la vida política monopolizando los ámbitos religioso y temporal, en los últimos años su imagen de poder estable y autoritario y al mismo tiempo abierto ha perdido parte de su lustre. Por un lado, las ausencias repetidas del rey Mohamed VI (en Francia y más recientemente durante cuatro meses en Gabón) y por el otro, el “fenómeno Abu Azaitar”, esa hermandad con un pasado escandaloso cuya proximidad con el monarca preocupa hasta a los niveles más encumbrados del poder, transmiten la imagen de un poder supremo vacilante que no deja de alimentar las columnas de la prensa internacional” y de generar intriga en los pasillos aterciopelados de las cancillerías.

Desde su regreso de Gabón, en vísperas del Ramadán (22 de marzo de 2023), el rey se mostró más presente que nunca, seguramente para hacer frente a la situación. Como comandante de los creyentes, presidió todas las conferencias religiosas que se desarrollaron durante el mes sagrado. Como jefe del poder ejecutivo, reanudó las famosas inauguraciones de antaño, viajando sobre todo a Tánger en pleno Ramadán para inaugurar un hospital universitario y decretar que el año nuevo bereber –13 de enero– a partir de ahora será feriado. Por último, en su faceta de jefe militar, nombró a un nuevo inspector general de las fuerzas armadas.

Objetivo: restablecer la autoridad del poder monárquico, un poder personal que depende menos del funcionamiento regular de las instituciones que de la presencia física del rey. Pero el restablecimiento de la imagen positiva que durante mucho tiempo caracterizó al reino depende, en cambio, de la liberación de los prisioneros políticos: aparte de los periodistas ya nombrados, el abogado Mohamed Ziane, de 80 años, y una decena de cibermilitantes, además de los militantes del Rif (norte), cuyos líderes recibieron una condena firme a penas de 15 a 20 años de prisión.

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Omar Brouksy es periodista, escritor y profesor de Ciencias Políticas en Marruecos. Dos de sus libros han sido prohibidos en Marruecos.

Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.

A unos días de los comicios presidenciales y parlamentarios en Turquía, que se celebran este domingo, unas cincuenta personas forman una larga cola para comprar carne subvencionada, rodeados de banderines y pósters electorales. En el barrio de Bornova en Esmirna, en la costa del Egeo, el ayuntamiento abrió hace un año este pequeño local donde venden a diario carne fresca un 30% más barata que en los supermercados. La cola se mantiene durante más de cuatro horas hasta que se termina la carne producida por ganaderos locales, una iniciativa para ayudar a productores y consumidores afectados por la inflación. El aumento de precios alcanzó un 43% en abril, aunque en algunas ciudades supera desde hace meses el 100%, según los expertos.

Varios voluntarios de partidos políticos dispares aprovechan la espera de los clientes para acercarse a darles publicidad de su campaña, intentando rascar algún voto indeciso. Las encuestas auguran un resultado electoral muy reñido que podría hacer tambalear la presidencia de Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde hace veinte años. La crisis inflacionaria que sufre el país desde hace casi dos años ha ido erosionando la popularidad del mandatario y a ello se le añaden las críticas por su gestión tras los terribles terremotos que sacudieron el sur del país el pasado febrero, causando más de 55.000 muertos. Erdogan podría perder también la mayoría en el Parlamento, a pesar de presentarse a los comicios junto a una alianza de partidos ultranacionalistas e islamistas. Su principal contrincante a la presidencia, el socialdemócrata Kemal Kiliçdaroglu, le saca entre el 2-4% de los votos en algunas encuestas. Kiliçdaroglu recibe el apoyo de una coalición de fuerzas políticas de centro izquierda, derecha y liberales, entre ellos exiliados de Erdogan. La oposición a Erdogan nunca ha estado tan cerca de ganar.

El actual presidente turco centra su campaña en las mejoras tecnológicas, en construcción y en materia de defensa, que ha experimentado el país en las últimas dos décadas bajo su mandato. Su discurso es también agresivo con la oposición, a la que acusa de aliarse con grupos terroristas y de ser LGBTI. Su ministro del Interior, Suleyman Soylu, llegó a calificar los comicios de “golpe de Estado” de Occidente. La oposición en cambio, ha optado por un discurso más abierto tendiendo la mano a los jóvenes y minorías del país. Kiliçdaroglu culpa a Erdogan de la situación económica con ejemplos sencillos, como el aumento del precio de alimentos básicos como las cebollas, que han sufrido un incremento del 300% en el último año, según datos de la Cámara de Agricultores. Lo comunica a través de vídeos cortos en redes sociales que se han hecho virales y que hacen frente a los principales medios de comunicación generalistas, en su mayoría en manos de empresas cercanas al Gobierno. Estos medios califican a Kiliçdaroglu de golpista y de “provocar” con sus declaraciones. Erdogan negó el aumento de precios y señaló que Turquía ya ha dejado atrás los problemas económicos.

En la calle se pueden apreciar fácilmente el aumento de precios en las tiendas, transporte público y alquileres. En la cola para comprar carne subvencionada, varias personas aseguran que han disminuido su consumo, junto con el alcohol y los refrescos. Sin embargo, la ciudadanía permanece dividida sobre las causas del aumento de precios. “Esta crisis nos dejará secos. Uno de mis hijos vive en casa conmigo y paga el alquiler, yo pago la comida y las facturas con trabajos esporádicos, limpiando”, explica Nülifer Akçan, que votará al AKP en las próximas elecciones. “Esta crisis no es culpa de Erdogan, empezó con la guerra de Ucrania. Mi hijo vive en Alemania y está sufriendo lo mismo que yo”, describe. Unos metros más allá, Ipek Kahraman, opina todo lo contrario. “Antes un billete de 200 liras era mucho dinero. Los bancos te lo daban y no había tienda que te lo aceptara porque no tenía cambio. Ahora con un billete de 200 no compras nada. Está claro que algo va mal en el Gobierno”, señala. “Trabajo en una empresa donde importamos fertilizantes y los precios no paran de subir porque nuestra moneda es débil. Eso no pasa en otros países”, explica y añade que no votará al presidente actual, pero prefiere no revelar sus preferencias.

La mayoría de los economistas apuntan que el incremento de precios se debe a las heterodoxas medidas económicas de Erdogan, que ha intervenido en el Banco Central en varias ocasiones, generando una gran desconfianza entre los inversores. El mandatario turco insiste en bajar los tipos de interés por debajo de la inflación para estimular la economía, una política contraria a la mayoría de expertos. Las continuas intervenciones del Banco Central en el mercado de divisas para mantener la lira a flote de forma artificial, han terminado creando un sistema dual de cambio, símbolo de economías inestables como el Líbano o Venezuela. “El Gobierno ha provocado que la lira no sea una divisa creíble, la lira es papel de váter”, remarca el economista y exdirector del banco turco Yapi Kredi, Osman Cevdet Akçay. Asegura que los métodos macroeconómicos tradicionales no van a ayudar a la economía turca y que gran parte de la solución consiste en generar confianza en los mercados. “Para la oposición va a ser difícil, para el AKP imposible. Se puede revertir la inflación en un período de dos años si se convence a los mercados que tu economía será más estable, independientemente de lo que te cueste”, describe. Por otro lado, Akçay duda de que la situación económica tenga un gran impacto en la decisión de los votantes. “Si la gente piensa en sus bolsillos, no me parece que la oposición haya avanzado para convencerlos de que harían un mejor trabajo”, explica y añade: “Si un votante del AKP pierde su trabajo y se pregunta, ¿Quién me lo devolverá? Con Erdogan perdió su trabajo pero sigue creyendo que es más fuerte y se lo puede devolver, no la oposición”.

Ulas Tol, jefe de investigación de impacto social TEAM, señala que Erdogan ha ido mejorando en las encuestas tras el anuncio reciente de varias medidas económicas como gas gratuito durante un mes o la jubilación anticipada de miles de trabajadores. “Alcanzó su nivel más bajo de popularidad en mayo de 2022, cayó hasta el 38% por el impacto de la crisis económica. Desde entonces se ha ido recuperando pero los problemas siguen siendo enormes”, señala. “Sus movimientos populistas a nivel electoral han hecho aumentar la percepción de que Erdogan está al mando y si alguien puede solucionarlo es él, pero no puede pasar del 45%. Su apoyo oscila entre el 40-45%”, alerta.

La analista y cofundadora del Instituto de estudios IstanPol, Seren Sevil Korkmaz, cree que el nuevo presidente ganará con un margen pequeño de votos y que la mayor parte del cambio de voto se producirá en las grandes ciudades. “Hay que tener en cuenta factores económicos pero también demográficos y de identidad. Creo que el cambio de voto será más grande en las grandes ciudades porque la crisis ha tenido un mayor impacto en áreas metropolitanas”, explica Korkmaz. “Sin embargo, los ayuntamientos de grandes ciudades están en manos de la oposición, también podría ser que mucha gente crea que la oposición no ha cambiado sus vidas y elijan de nuevo a Erdogan”, añade.

Ambos expertos coinciden en que hay una masa de entre 10-15% de los votantes que están indecisos, que no les convence la propuesta del Gobierno ni de la oposición, que se ha ido reduciendo conforme se acercan los comicios. No obstante, las encuestas apuntan que ni Erdogan ni Kiliçdaroglu superaría el 50% de votos, por lo que ambos se enfrentarían en una segunda vuelta.

Un voto clave en estos comicios es el de los 5,2 millones de jóvenes que votarán por primera vez. “Hay que tenerlo muy en cuenta porque representan cerca del 8% del electorado. Son más disidentes, están más incómodos con el Gobierno actual. Pero no significa que vayan a apoyar directamente a la población”, explica Tol. “Muchos no se sienten representados con ningún partido, por eso los números bailan en las encuestas. Hace dos o tres meses apoyaban la candidatura a presidente de Muharrem Ince (exaliado de Kiliçdaroglu). Ahora se ha desinflado en las encuestas y estos votantes se inclinan hacia Kiliçdaroglu”, describe Korkmaz.

La propuesta de Kiliçdaroglu también cuenta con el apoyo de la principal coalición de izquierdas, La Alianza Trabajo y Libertad, encabezada por el partido prokurdo de izquierda HDP, actual tercera fuerza en el Parlamento. El HDP no presentó candidato a la presidencia en un acto de apoyo implícito a Kiliçdaroglu, pero recientemente ha pedido el voto para el candidato opositor a Erdogan. El HDP tiene una causa judicial en curso para cerrar el partido por supuestos vínculos terroristas, por lo que se presenta a las parlamentarias bajo el nombre de Partido de Izquierda Verde (YSP).

El partido kurdo cuenta con un voto muy estable de cerca del 11% y su apoyo a Kiliçdaroglu puede ser crucial. En los últimos días miles de kurdos han recibido a Kiliçdaroglu en sus ciudades, afectados por años de represión gubernamental en las calles, intervención en sus ayuntamientos y sufriendo la crisis económica. Kiliçdaroglu ha conseguido movilizar a votantes con ideologías muy dispares. En sus mítines políticos se puede encontrar gente haciendo el símbolo con las manos de los turcos ultranacionalistas, otros de la izquierda kurda y otros forman un corazón con las manos, emblema de la campaña de esperanza de Kiliçdaroglu.

Como en anteriores elecciones, las autoridades turcas han llevado a cabo operaciones policiales contra la izquierda prokurda a medida que se acerca la fecha. Al menos 300 personas han sido detenidas en el último mes, en su mayoría periodistas o candidatos a diputado de la Alianza Trabajo y Libertad. “Para tener unas elecciones justas y libres, todos los partidos deberían tener las mismas oportunidades en esta carrera”, explica Oya Özarslan, presidenta en Turquía de la organización Transparency International, que investiga procesos electorales. “Justo antes de las elecciones detienen a cientos de personas. Podrían producirse irregularidades también el día de las elecciones contra el HDP, que tras cambiar de nombre ha perdido derechos como observador en las urnas”, alerta.

La presidenta de Transparency International critica que el Gobierno del AKP abusa de los recursos del Estado para hacer campaña electoral, creando desigualdad entre los partidos. “No existe igualdad en la representación de las campañas electorales en los medios de comunicación. Además el Gobierno no duda en usar los recursos públicos en beneficio propio. A veces organizan un evento, invitan a periodistas y lo organizan como Estado, pero luego es pura campaña electoral”, afirma.

Özarslan explica que a estos comicios se le añade otra preocupación, el voto de los millones de personas afectadas por el terremoto. Alrededor de tres millones de personas abandonaron la región del sismo para instalarse en otras provincias del país, pero solo 133.000 personas han registrado su voto en otras provincias. El resto, cerca de un millón, tendrán que desplazarse a la zona del terremoto para votar. “Me preocupa si podrán votar o no porque para regresar a la región hay una serie de obstáculos. Es gente que lo ha perdido todo y se tiene que costear el viaje allí. Tendrán que ir en autobús o por sus propios medios, puede haber colapsos. No sé si podrán votar, pero definitivamente tendrá un efecto en las elecciones”, lamenta.

Varias organizaciones no gubernamentales que trabajan en la transparencia de los comicios han lanzado una campaña solidaria para comprar los billetes de autobús a las víctimas del terremoto. Los principales partidos en la oposición también han alquilado decenas de autobuses para ayudar a las víctimas y a jóvenes en situación precaria para poder votar. “El Estado no está haciendo nada para ayudar a estas personas a votar. Son miles de personas y no es suficiente con las campañas solidarias. Muchas tendrán que llegar a tiempo por sus propios medios”, advierte Özarslan.

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Lara Villalón es corresponsal en Estambul

Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.

Muchos expertos y especialistas de la región coinciden en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas saudí-iraníes previsto para el 10 de mayo de 2023 no es, en realidad, una sorpresa. En efecto, las negociaciones entre Arabia Saudita e Irán comenzaron en abril de 2021 por intermedio de Bagdad y con ayuda de Omán. De hecho, desde enero de 2020, cuando Haitham, el nuevo sultán omaní, llegó al poder, se acercó claramente a Riad y también a Abu Dabi, al contrario de su antecesor Qabus, que mantenía relaciones execrables con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La dinámica en curso se aceleró con el encuentro de los ministros de Asuntos Exteriores saudí e iraní en Pekín, el 6 de abril, para ultimar los detalles del regreso de embajadores y cónsules, y con el comunicado conjunto que confirmaba su determinación a eliminar cualquier obstáculo a la expansión de sus relaciones.

La mediación de Pekín suscitó en cambio mucha mayor sorpresa debido a la poca apetencia de China por asumir un rol en las cuestiones políticas y de seguridad de la región. Sin embargo, dado el estancamiento del acuerdo nuclear con Irán y el impacto de la guerra en Ucrania sobre la inflación de los precios de los alimentos y de la energía en la región, solo Pekín podía hacer algo para calmar el juego. Sus excelentes relaciones con el conjunto de los actores regionales –Arabia Saudita y los otros Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), pero también con Irak, Irán, Israel y Egipto– le permiten presentarse como un actor global responsable, apadrinando un acuerdo destinado a calmar las tensiones y a prevenir un conflicto abierto entre Israel e Irán. El fracaso del presidente norteamericano Joe Biden para reactivar el acuerdo nuclear con Irán (JCPoA) y frenar la escalada entre Tel Aviv y Teherán hizo que Riad y Abu Dabi temieran lo peor.

Desde el período pospandemia, ambos países presionaban a Pekín para que tuviera un peso mayor dado su carácter de primer socio comercial de la región. La normalización con Irán, que se volvió posible por el compromiso de Pekín de garantizar que las partes respeten los principios de soberanía y de no injerencia en los asuntos internos, compensa de hecho la pérdida de influencia norteamericana frente a los dirigentes del Golfo y la incapacidad de los países regionales, facilitadores del diálogo saudí-iraní, para concretar por sí mismos un acuerdo semejante. A este respecto, China resultó ser el actor idóneo para lograr contar con la seriedad de Teherán. Además, como explica Abdul-Aziz Al-Sager, director del Centro de Investigación del Golfo (Yeda)1, la plataforma que ofrece Pekín para apadrinar este acuerdo de normalización representa una nueva oportunidad para Riad, ya que desde hace 45 años han fracasado todos los intentos con Washington para estabilizar la región.

El conjunto de los países de la región, salvo Israel, recibieron con alivio esta normalización. Lo que suscita más esperanza entre las monarquías del Golfo es sobre todo el involucramiento de China como potencia capaz de ayudar a construir medidas de confianza entre estos dos Estados, que son sus socios centrales en la región. Riad espera que Teherán actúe para facilitar las reconciliaciones internas en Yemen y ejerza todo su peso para convencer a los hutís de sellar una paz durable en la frontera del reino. Riad también desea que esta normalización pueda contribuir a calmar el juego con las milicias chiíes en Irak y con Hezbolá en Líbano. La república islámica –desafiada desde septiembre de 2022 por una protesta popular marcada en primer lugar por la “revuelta de las mujeres” y, en términos generales, de poblaciones mayoritariamente suníes que Riad es acusado de apoyar en las regiones periféricas kurda y baluchi– espera por su parte que el reino evite entrometerse en sus asuntos interiores, como lo sugeriría el apoyo económico saudí a un medio de oposición iraní en Londres. Este peso que posee Riad, en un momento en que la legitimidad de la república islámica se encuentra más débil que nunca, parece haber sido fundamental para convencer al régimen iraní, fragilizado tanto en el interior como en el exterior, a negociar con el reino saudí.

La reactivación del acuerdo de seguridad suscrito el 17 de abril de 2001, pero que nunca fue implementado, es una señal de este cambio. Los dos más altos responsables de la seguridad nacional dirigieron, bajo los auspicios de Wang Yi, exministro de Asuntos Exteriores de China (marzo de 2013-diciembre de 2022), las delegaciones de ambos países durante los cuatro días previos a la firma del acuerdo: por un lado, Musaid Al Aiban, consejero de seguridad nacional del reino, y por otro, Ali Shamkhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la república islámica.

Para Washington, este acuerdo genera un malestar palpable dado su escepticismo respecto a la capacidad de Pekín para ejercer el rol esperado por Riad de imponer a Teherán el respeto de sus obligaciones. Todos los centros de expertos norteamericanos coinciden en ese escepticismo. Pero el éxito diplomático de China generó una reacción norteamericana que dista de ser anodina, a pesar de que pasó prácticamente desapercibida. En efecto, el 14 de marzo, es decir pocos días después de la publicación del comunicado saudí-iraní-chino, el Senado estadounidense finalmente confirmó el nombramiento de su embajador en Riad, Michael Ratney (arabista y conocedor refinado del Golfo y de Oriente). Sin embargo, Ratney había sido designado un año antes, en abril de 2022, y el puesto de embajador estaba vacante desde el mes de enero de 2021.

Yasmin Farouk, investigadora asociada en el laboratorio de ideas Fondo Carnegie para la Paz Internacional, estima2 que el acuerdo bajo el patronazgo de China no se resume, en el caso de Arabia, a contrabalancear la presencia estadounidense. Refleja en cambio la preferencia por el enfoque de Pekín, que privilegia el principio de la modalidad de negociación para la resolución de conflictos entre dos Estados, en lugar de proponer una arquitectura de seguridad global alternativa. Así, Pekín habría convencido a Riad de reanudar el contacto con Teherán sin plantear precondiciones a Teherán sobre la cuestión del abandono del apoyo a los hutís. Las declaraciones del portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanani (30 de marzo), sobre la voluntad de su país de hacer todo para alcanzar una paz justa en Yemen son, a este respecto, inhabituales. ¿Pero Irán podría ser capaz de imponer a sus aliados el respeto del acuerdo tripartito? Ellos también tienen su propia agenda, como lo demuestran las reacciones negativas de algunas milicias iraquíes cercanas a Irán o las de los hutís, que siempre expresaron su independencia respecto a Teherán. En cambio, su aliado histórico, el Hezbolá libanés, recibió muy positivamente el acuerdo por intermedio de su secretario general, Hassan Nasrallah, y anunció que tendría efectos inmediatos en Líbano y en Yemen.

Por su parte, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido han manifestado su interés por reactivar las negociaciones nucleares. Tras la visita a Teherán, el 3 de marzo de 2023, de Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional por la Energía Atómica (AIEA) –que permitió el regreso de los controladores de la AIEA a todas las instalaciones nucleares del país–, podrían reactivarse incluso las negociaciones por el acuerdo nuclear. Eso es lo que parece indicar el encuentro en Oslo, el 21 de marzo, entre Ali Baqeri-Kani, el negociador nuclear de Irán, y los tres directores políticos de los Ministerios de Asuntos Exteriores del Reino Unido, de Francia y de Alemania, acompañados por Enrique Mora, secretario general adjunto en asuntos de política exterior de la UE. La ausencia del enviado especial estadounidense para Irán, Robert Malley, confirma el malestar de los estadounidenses.

El ensayista saudí Abdul-Aziz Alghashian, agudo observador del acercamiento saudí-israelí y quien estuvo presente en la cumbre de Yeda en julio de 2022 –en la cual participaron el presidente norteamericano Biden y el conjunto de los jefes de Estado del CCG + Jordania, Irak y Egipto–, estima que Riad tomó conciencia en esa oportunidad de que la normalización con Irán es un prerrequisito para una futura normalización con Israel, aunque fuera gradual. Frente al punto muerto del acuerdo nuclear con Irán, la administración Biden se esforzó por convencer a Riad para que se sumara a los Acuerdos de Abraham como sus vecinos del Golfo (Abu Dabi y Baréin). La ausencia de perspectiva de solución a la cuestión palestina disuadió a Riad de ir más allá de un acercamiento informal, lo cual habría sido explotado por Teherán para desestabilizar a Riad. Esa no es la visión de Tel Aviv, que esperaba, al contrario, normalizar sus relaciones con Riad para conformar un frente israelí-árabe para enfrentar a Irán.

Mohamed Alsulaimi, director del centro de expertos saudí Rassanah, insiste también en los numerosos asuntos sobre los que discurrieron iraníes y saudíes durante las negociaciones facilitadas por Bagdad y Mascate desde hace dos años. Además, con la nueva orientación diplomática saudí, que ahora se enfoca en dar prioridad a la defensa de sus intereses nacionales por sobre sus relaciones privilegiadas con Estados Unidos, Teherán parecería mejor dispuesto a negociar ante Riad.

Es cierto que el restablecimiento de las relaciones saudíes-iraníes tiene lugar sobre la base del acuerdo de seguridad de 2001, pero la referencia al acuerdo comercial de mayo de 1998 en el comunicado –el día previo a la declaración del ministro de Comercio, Mohamed Al-Jadaan, sobre la disposición de Riad a invertir y a desarrollar sus vínculos comerciales con Irán– traducen el cambio de enfoque diplomático que Riad pretende darle a la normalización. Ahora que el príncipe heredero Mohammed bin Salmán (MBS) logró dar vuelta la página de su aislamiento tras el caso Jamal Khashoggi, Riad inscribe su acción diplomática en el marco del mundo multipolar en gestación para emerger como potencia media y prosperar más allá de su identidad de potencia islámica. Al prometerle a Teherán su voluntad de inyectar inversiones, Riad apuesta a que las relaciones comerciales creen un vínculo con Teherán y utiliza la dinámica económica como el elemento clave de una normalización durable.

En efecto, el príncipe heredero apuesta a la dinámica económica para lanzar las nuevas orientaciones de su diplomacia. Desea construirla sobre la base de una mejor integración regional, invirtiendo en infraestructura, logística, seguridad alimentaria, transición energética y todo lo relacionado con los bienes comunes y la seguridad humana.

MBS parece haber aprendido las lecciones de su desastrosa experiencia intervencionista en Yemen, en 2015, y en la crisis que lo enfrentó a Catar por influencia de su antiguo mentor, el presidente de la Federación de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed (MBZ), en 2017, y que desde entonces pasó a ser su competidor. Como su vecino emiratí, MBS acaricia el sueño de convertir a su país en el hub económico, tecnológico y turístico de Oriente Próximo. Gracias a su Visión 2030, acompañada por el eslogan “Saudi First”, MBS ambiciona convertir al reino, gracias al lugar que ocupa en el corazón de la península arábiga, en el hub logístico de Asia Occidental con ayuda de China y su ruta de la seda (Belt and Road Initiative, BRI), tan preciada para el presidente Xi Jinping. Alcanzar esos objetivos implica, en primer lugar, terminar con la guerra en Yemen y evitar cualquier confrontación militar entre Israel e Irán.

Así es como debe entenderse la decisión tomada por Riad el 29 de marzo de asociarse a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), supervisada por Pekín y Moscú, y también su interés manifestado en mayo de 2022 de adherirse a los BRICS, al igual que Egipto, Indonesia, los EAU, Senegal y Argelia. A nivel regional, esta dinámica se materializa en las numerosas alianzas multilaterales y procesos de distensión con Turquía, Israel, Irán y Catar. O incluso en la inminente normalización con Siria, que probablemente se anunciará antes de la cumbre de la Liga de Estados Árabes que se celebrará el 19 de mayo en Riad. Así como China favoreció la normalización con Irán, Rusia habría facilitado el acercamiento con Siria asegurándose de que Damasco impida las exportaciones ilegales de Captagon, la droga que inunda el mercado saudí y de los vecinos del Golfo.

Sin embargo, Arabia no pretende posicionarse contra Estados Unidos. Las relaciones económicas del país con las grandes empresas norteamericanas mantienen su nivel de siempre, como lo demuestra el importante contrato firmado el 14 de marzo con Boeing por 37.000 millones de dólares (34.000 millones de euros), por no hablar de los numerosos contratos de armamento suscritos con Washington luego de la visita del presidente Biden al reino (15-16 de julio de 2022). Después de la firma del acuerdo, todas las declaraciones oficiales de Riad están destinadas a llevar tranquilidad a su socio estadounidense haciendo hincapié en su voluntad de buscar el equilibrio justo entre las dos superpotencias, con las cuales Riad comparte intereses diferentes pero no incompatibles.

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Fatiha Dazi-Héni es investigadora, especialista de las monarquías del Gofo en el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar (IRSEM), Francia, y profesora (historia y mundo contemporáneo, península arábiga), en Sciences Po Lille

Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Texto en francés aquí.

El 18 de enero de 2023, en medio de las fricciones permanentes entre Teherán y Bruselas, el Parlamento Europeo se pronunció de manera no vinculante a favor de la incorporación de la legión de los Guardianes (sepah-e pasdaran) de la Revolución Islámica de Irán –los pasdarán– en la lista negra de las organizaciones terroristas de la Unión Europea (UE). La causa: su rol, dentro del sistema de seguridad del régimen, en la represión de las protestas y los levantamientos tras la muerte de la joven Jina Mahsa Amini a manos de la policía de la moral de Teherán, el 16 de septiembre de 2022. Entre otros motivos que favorecieron ese voto se encontraba el apoyo logístico que brinda la República Islámica a Vladímir Putin y la práctica de la toma de prisioneros de Estado, incluidos ciudadanos europeos.

La incorporación en la lista negra europea significaría la prohibición de cualquier actividad económica o financiera con las innumerables fundaciones y empresas controladas por los guardianes. Pero sería difícil de implementar debido al despliegue reticular de la legión en la economía formal o informal iraní, así como en sectores como el deporte y la cultura, con múltiples ramificaciones internacionales. También podría tener efectos no deseados: al apuntar contra los guardianes en su conjunto, ¿no se correría el riesgo de favorecer un rebrote de solidaridad entre ellos, así como en las fuerzas armadas y las fuerzas del orden de la república islámica? Por un lado, en efecto, esas fuerzas se encuentran bajo un control cada vez mayor de la Legión luego de las reorganizaciones del aparato militar-policial iraní entre 2019 y 2021. Por otro lado, la legión misma, pero también el Ejército y la Policía, están atravesadas por tensiones desde la muerte de Jina Mahsa, a tal punto que los llamados a la unidad y las denuncias contra las ovejas negras se multiplican desde fines de 2022.

La recomendación del Parlamento Europeo no parece tener en cuenta esos disensos dentro del régimen. Esto se puede ejemplificar con el caso del británico-iraní Alireza Akbari, ejecutado el 14 de enero de 2023 tras un juicio sumario por espionaje, a pesar de las protestas de las diplomacias europeas. Dotado de doble nacionalidad (como gran parte de las élites de la república islámica), Akbari era conocido sobre todo como exviceministro de Defensa y cercano al almirante Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Defensa Nacional y figura histórica de los guardianes. En enero de 2023, la prensa iraní conservadora susurraba que el Guía Supremo de la República Islámica, Alí Jamenei, y el presidente, Ebrahim Raisi, buscaban hacer recaer la responsabilidad de la situación insurreccional del país en el almirante y en toda la generación pasada de grandes figuras de la legión, de la cual Shamkhani es uno de sus representantes. Esas personalidades, muy presentes en los medios de comunicación, critican desde mediados de septiembre de 2022 la represión de las protestas y de los levantamientos en todo el país o han elegido, como en el caso de Shamkhani, hacer gala de un silencio reprobador.

Estas tensiones pusieron al descubierto la fuerza y la debilidad estructurales de los Guardianes de la Revolución desde su creación. El principal denominador común de esta milicia de Estado conformada por el ayatolá Jomeiní el 5 de mayo de 1979 a partir de grupos revolucionarios armados era su obediencia a quien se convertiría en el primer líder supremo de la república islámica. Desde entonces, la legión siempre se ha distinguido por la interdependencia que comparte con el poder teocrático personificado por los guías (rahbar) Ruhollah Jomeiní y, desde 1989, Alí Jamenei. En el marco de “El gobierno del jurista” (Wilayat Faqih), transformado en 1987 en un gobierno “absoluto”, la Constitución de 1979 le dio al rahbar un poder cada vez mayor a partir de la década de 1990, a través del desarrollo de fundaciones semiprivadas (bonyad) situadas bajo su control y gestionadas por antiguos pasdarán. Así que ni la legión ni el líder jamás pudieron concebir existir la una sin el otro, a pesar de que sus relaciones están marcadas por una tensión constante que dio lugar, desde muy temprano, a la eventualidad de un golpe de Estado de la primera contra el segundo.

En el centro de su legitimidad común se encuentra la defensa de los “valores” del sistema, vinculados desde 1987 con la supervivencia de este último. Esa defensa, que fue endureciendo al régimen frente a las numerosas crisis que atravesó, tropezó con los numerosos fraccionamientos que sufrieron los Guardianes de la Revolución desde 1979. Durante mucho tiempo, estos se distinguieron dentro del aparato de Estado por su autonomía y por un modo de reclutamiento que favorecía las lealtades locales: hasta los primeros años de la guerra entre Irán e Irak de 1980-1988, las unidades del frente de la legión eran abastecidas en parte por los bazares y las mezquitas de sus ciudades y regiones de origen. Estas lealtades explican a la vez el faccionalismo de la legión al comienzo de su historia y el nivel de cohesión de numerosas unidades, así como su agudo sentido del autosacrificio.

Si bien esas lealtades generaron numerosos fraccionamientos al comienzo del régimen, hoy en día alimentan la cohesión de una generación de retirados. Tras ascender de grado rápidamente al comienzo de la guerra Irán-Irak, siguieron dominando la escena durante períodos excepcionalmente largos. Marginados por las purgas decenales orquestadas por Alí Jamenei en 1989, 1999, 2009 y 2019, y con un éxito desigual en su paso por los negocios y la política, algunos se convirtieron entretanto en críticos del régimen, encarnando una nueva fractura de índole generacional entre las figuras de los comendadores y los jerarcas que los sucedieron, a veces apenas más jóvenes. El aspecto que más criticaban no eran los “valores” en sí, sino su implementación en una población que, debido al final del Estado de bienestar a comienzos de la década de 2010 y los excesos de celo concomitantes de la policía de la moralidad, se volvió en parte hostil a un régimen acusado de haber utilizado la revolución con el único objetivo de enriquecerse.

Porque ese es un problema recurrente de los guardianes: la necesidad de contrarrestar el gran relato de su traición de la revolución de 1979. La traición se remonta a su “paso a los negocios” tras la guerra Irán-Irak de 1980-1988, con la implementación de semiprivatizaciones que beneficiaron a fundaciones y empresas paraguas controladas por el líder y los jerarcas de la legión. A partir de la década 2010 apareció, en relación a esa transición, una ola de memorias de exintegrantes de la legión. Lanzada por el Estado Mayor, respondía a una serie de desafíos: el Movimiento Verde de 2009, visto como un intento de revolución de color apoyado por Occidente ; los juicios por corrupción que involucraron a la legión; el costo de la “defensa de los santos lugares” de Siria, a partir de 2012, contra Estado Islámico y otros enemigos de Bashar al-Ásad.

Esta literatura echa luz retrospectivamente sobre el modo en que, a partir de la primavera de 1979, se construyó la legión de los guardianes, ignorando el concepto de legalidad, incluso “islámica”, y a partir de la práctica generalizada del robo. Como ocurrió en el robo de los archivos de varias instituciones del período monárquico, la legión obtuvo privilegios sobre los “gubernamentales” (dowlatiha) del poder civil. Esto les dio a algunos de sus futuros comandantes un conocimiento único del trasfondo político del período y sus primeros “expedientes” sobre un amplio abanico de protagonistas y de redes. La práctica se generalizó en el régimen durante las décadas siguientes y ayuda a explicar la longevidad de algunos en sus cargos, si no su impunidad.

Otra forma de extracción: las confiscaciones de los bienes de los “contrarrevolucionarios”. Estas adquirieron, en los meses y años posteriores a la revolución, un carácter tan enorme que algunos religiosos del entorno de Jomeiní, preocupados por defender el derecho de propiedad, se esforzaron por moderar el ahínco de los milicianos. Con estas confiscaciones, sumadas al flujo de valijas de papel moneda provenientes de Qom y a las asignaciones de las mezquitas, la legión se aseguró la independencia. Su lenta burocratización a partir de 1982, que quedó inconclusa, y luego, a partir de 1989, el aumento del control del líder Jamenei sobre su Estado Mayor no terminarán con ese gusto por la ilegalidad en una milicia que sigue viéndose como revolucionaria. Avezados en eludir las sanciones internacionales tras la toma de rehenes de la embajada estadounidense de Teherán en noviembre de 1979 y durante los ocho años de conflicto con Irak, los guardianes desarrollaron una pericia en materia de tráfico y blanqueo, integrado a una gran estrategia particular. Así, en las antiguas fronteras imperiales del país, consideradas como espacios para una proyección de poder, el contrabando era subcontratado a tribus transfronterizas, suníes o chiíes, según un modo de indirect rule que recuerda el de la Persia de la dinastía safávida y luego de la kayar hasta comienzos del siglo XX.

La literatura de memorias de la década pasada ilustra por otra parte la influencia de un modo de reclutamiento bien específico sobre la ideología y sobre el modo de funcionamiento de la legión. En efecto, los guardianes hacen durante mucho tiempo la carrera dentro de una unidad situada en su lugar, su región o a veces, su grupo étnico de origen. Al crecer, esa unidad integra hombres de procedencia diversa a un núcleo de oficiales surgidos, sin embargo, del grupo inicial. Retirados del servicio activo, muchos oficiales siguieron actuando como reclutadores, sobre todo en el Basich, el cuerpo de la “movilización” de los desheredados, utilizado en olas de asalto durante la guerra contra Irak y luego, a partir de 1989, quedaron a cargo del control social de las poblaciones dentro del país. En paralelo, ex generales y coroneles de la legión actuaban, en un rol de notables, en beneficio de su comunidad, ya sea a través de la filantropía (como directores de muchas asociales culturales o de clubes deportivos o de artes marciales) o… en los negocios. Aprovechando su estatus de interfaz entre las poblaciones locales y el poder central, y a veces su presencia permanente en las comisiones (hey’at) ministeriales encargadas de repartir una importante compra pública, algunos construyeron carreras paralelas de empresarios (en el enorme complejo militar-industrial, principalmente) y de diputados en el Parlamento, antes de toparse, a veces, con la potencia de los lobbies competidores que les pusieron fin a su carrera con un juicio por corrupción.

Esta condición de notable, inducida por el modo de alistamiento y el desarrollo de las carreras en la legión, contribuyó a que muchas figuras de esta última se convirtieran en pares y a veces competidores de los grandes imanes locales o regionales. Estos enfrentamientos territorializados ayudaron a mantener desde 2009 la hipótesis de una sustitución del poder religioso por los Guardianes. Sin embargo, desde el relevo y las reorganizaciones operadas entre los años 2019 y 2021, las cosas han cambiado, porque los hombres que llegaron al mando durante ese período solo basan su legitimidad y su asidero social en su nombramiento por el guía supremo. Los legados de este último, que a veces son comparados con los comisarios políticos del Ejército Rojo y están omnipresentes en la legión y en el mundo de las fundaciones, reideologizaron el reclutamiento con ayuda de inteligencia de los guardianes, convirtiendo al poder religioso y a la legión en “los dos lados de una misma cara, la de Jano en la mitología romana”7 . En todo caso, en principio.

Porque ya cerca del final del reinado de Alí Jamenei (84 años en abril de 2022), las fisuras se multiplican. En esta época de las redes sociales y del liderazgo adolescente y femenino, las fracturas más activas han pasado a ser generacionales y se añaden a los faccionalismos de antaño. Percibiendo la amenaza de una ruptura del régimen con la población, algunos retirados se apartaron de la República Islámica, recibiendo a veces el apoyo moral de la base, del ejército y en particular de la policía, algunos de cuyos cuerpos rezongan por su implicación en la contrainsurgencia. A comienzos de 2022, el Estado Mayor, en lugar de la legión, no dudó en señalar a sus más ilustres predecesores como responsables de la crisis, interesados en mantener un statu quo sinónimo de control de la sociedad y, sobre todo, de la economía. Sin embargo, en un contexto general de insurrección que se ha vuelto recurrente, esta vez no se puede asegurar que la arriesgada caza de brujas, de la que Ali Shamkhani ha sido una de sus víctimas, sea suficiente para mantener en pie durante mucho tiempo al régimen. Paradójicamente, solo la disolución general de la autoridad parece poder hacerlo por cierto tiempo.

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Stéphane A. Dudoignon es Investigador en el CNRS, especialista de la historia del personal religioso en Asia Central y en Oriente Próximo y autor de Los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán: sociología política de una milicia de Estado

Traducido del francés por Ignacio Mackinze

Texto en francés aquí.

El drama de la calle Istiklal que dejó un saldo de 6 muertos y 81 heridos permitió que el presidente turco acusara al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y al Partido de la Unión Democrática (PYD) –fuerza política esencial de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES)– de ser los autores del atentado. Apenas cometida, ambas organizaciones negaron cualquier responsabilidad en esa acción terrorista, y al poco tiempo quedó claro que la acusación era infundada. La presunta culpable es una árabe vinculada con Estado Islámico (EI) por sus lazos familiares y matrimonios sucesivos. Además, su teléfono celular contenía el número de un responsable de un partido de extrema derecha turco.

Sin embargo, Ankara desató un diluvio de hierro y fuego contra los kurdos, eternos chivos expiatorios. Aviones F-16 bombardearon el Rojava (el Kurdistán sirio), en particular Tal Rifaat y Kobane. Los ataques destruyeron hospitales, escuelas, silos de maíz e instalaciones petroleras, y ocasionaron víctimas civiles. La agencia de prensa Hawar News, con base en el Rojava, indicó que el ejército turco efectuó disparos de morteros y de tanques en los distritos de Shera y Sherawa, así como en los cantones de Afrin y de Shehba, donde se instalaron refugiados de Afrin tras la invasión turca de 2018.

El 18 de junio de 2023, los pueblos de Turquía serán llamados a las urnas para la elección presidencial y las legislativas. El presidente saliente es otra vez candidato. Enfrente tiene al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoğlu, miembro del Partido Republicano del Pueblo (CHP, izquierda kemalista), que hasta ahora lo supera en las encuestas. Erdogan, que según el instituto de estadísticas Metropoll cuenta con el 36% de las intenciones de voto, también tendrá que seguir de cerca la postura expresada en conjunto por seis partidos opositores –el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el Partido del Bienestar (RP), el Partido del Futuro, fundado por Ahmet Davutoglu, ex primer ministro y compañero de ruta del presidente, el Partido de la Felicidad (de tendencia islamista) y el Partido Democrático de los Pueblos (HDP)–, todos favorables al regreso de un sistema parlamentario fortalecido.

A estas dificultades políticas se suma una situación económica paradójica. No obstante una inflación galopante (85% según datos oficiales, es decir, cinco puntos mayor que en septiembre), una moneda que se desplomó y desde el 1º de enero ha perdido más del 28% de su valor frente al dólar, un empobrecimiento generalizado de las poblaciones –excepto algunos privilegiados–, sin embargo, el crecimiento y el producto interior bruto (PIB) de Turquía aumentan, y el país actualmente asciende al puesto de 17ª potencia económica mundial. El crecimiento y la exportación son los dos mantras del presidente, persuadido de que, a largo plazo, sus decisiones económicas darán frutos.

Para hacer esperar a las clases populares, este año Erdogan aumentó dos veces el salario mínimo, un 50% en enero y un 30% más en julio. Para el comienzo del año próximo se espera un nuevo aumento1 . En paralelo, para reflotar las reservas del banco central, se presentan dos donantes generosos, Arabia Saudita y Catar. El primero propone depositar 5.000 millones de dólares (4.750 millones de euros) y el segundo, el doble. Para justificar este conjunto heterodoxo, el ministro de economía, Nureddin Nebati, explica que su política “representa una ruptura epistemológica con el pensamiento económico neoclásico y su importancia crece con las ciencias de la conducta y de la neuroeconomía”2. Es poco probable que estos argumentos tranquilicen a quienes sufrieron aumentos del 99% en gastos de alimentos, 85% en los de vivienda y 117% en transporte.

Si quiere lograr la reelección, Erdogan tiene que convencer más allá de su terreno y asegurarse algo más que los votos de sus seguidores del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y los de su aliado, el Partido de Acción Nacionalista (MHP) y los vasallos de su rama paramilitar, los fascistoides Lobos Grises. Para hacerlo, accionó una vez más la palanca del nacionalismo y del racismo antikurdo. En este contexto, la bomba de la calle Istiklal en Estambul (si no fue colocada por los servicios secretos turcos) fue una sorpresa prometedora.

Ahora la prioridad del presidente es reunir “en torno a la bandera” a quienes recuerdan con horror la proliferación de los atentados entre 2015 y 2017. Y señalar, para venganza popular, a los enemigos que se le resisten: el PKK en los montes Qandil, al norte de Irak, y el PYD, en el Rojava sirio. Erdogan multiplicó las operaciones militares contra esos enemigos, utilizando los drones Bayraktar TB2 para cometer asesinatos selectivos de responsables del PKK y del PYD e invadiendo tres veces el norte de Siria.

Al respecto, Hisyar Özsoy, diputado kurdo y miembro del HDP, recuerda que antes de cada elección, el gobierno ordenó una serie de ataques: “Se realizaron operaciones transfronterizas antes de las elecciones de 2015. Se lanzó una operación militar en Yarábulus antes del referéndum de 2017; en Afrin, antes de las elecciones legislativas de 2018, y en Serêkaniyê-Grî Spî, antes de las elecciones locales de 2019”3.

Luego del atentado, Erdogan se refirió a las amenazas y dijo que los bombardeos en el Rojava eran el preludio de una nueva operación militar orientada a establecer un “cinturón de seguridad” de 30 kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera con Siria. Pero hasta ahora, sin embargo, se ha encontrado con una reticencia doble: la de los norteamericanos y la de los rusos.

Estados Unidos dice estar particularmente preocupado por las consecuencias de esa operación, ya que los 900 militares estadounidenses que colaboran a diario con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza de combatientes kurdos, árabes y siriacos, se enfrentan a una resiliencia preocupante de Estado Islámico, y estiman que los yihadistas ascienden a 6.000 o incluso 10.000 hombres. La perspectiva de que las FDS tuvieran que dejar a los 50.000 islamistas que mantienen encerrados en su campo de Al-Hol para dedicarse a luchar contra los invasores turcos es un motivo de sobra para producir escalofríos en el Pentágono. Ningún militar norteamericano quiere recordar la humillación de la derrota en la prisión de Hasaka, en el noreste, de donde los yihadistas lograron hacer fugar a varios centenares de los suyos luego de seis días de feroces combates contra las FDS, que contaban con el apoyo de las fuerzas de la coalición.

En el caso de los rusos, la preocupación que les genera un eventual ataque turco tiene que ver con el apoyo que le brindan a Bashar al-Ásad. Una invasión turca seguida de una ocupación permanente del territorio conquistado sería un elemento adicional en la fragmentación del país y contribuiría a deteriorar la situación ya incierta del rais de Damasco, quien pretende controlar el 70% del país, pero solo manda en 15% de sus fronteras. Además, Vladimir Putin y Bashar al-Ásad sospechan que Erdogan, luego de conquistar Tal Rifaat y Manbiy, querría apoderarse de Alepo.

Para contrarrestar la desconfianza de los estadounidenses, el presidente turco cuenta con la carta del veto al ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Y para Moscú, Erdogan ha pasado a ser un intermediario indispensable entre Rusia y Ucrania. ¿Estos dos puntos a favor son suficientes para que gane las elecciones? Como se sabe, nada está decidido todavía, pero las amenazas empiezan a distinguirse. Así que los kurdos del Rojava, portadores de un proyecto de sociedad que rompe con los que predominan en Oriente Próximo, corren mucho peligro.

Si la aventura militar al final se torna imposible, no solo significará una afrenta para el presidente turco, sino también un freno para su expansionismo neo otomano. Porque, más allá de la reelección, el asunto es extender su zona de influencia en Siria. Tomar Tal Rifaat y Manbiy al oeste del Éufrates y Kobane, Ain Issa y Tal Tamer al este de ese río. Continuar la depuración étnica iniciada en Afrin. Expulsar a los kurdos para reinstalar exiliados sirios: eso sería redondear las primeras conquistas, esperando tiempos mejores. El “sultán de Ankara” ya ejerce un control absoluto en la región de Idlib (tres millones de habitantes) a través del grupo takfiri Hayat Tahrir al-Sham (HTS), comandado por su servidor, Mohamed Al-Golani.

En Irak, una derrota militar del PKK le permitiría a Erdogan reforzar la presencia de sus 120 bases –conectadas por rutas construidas por el ejército turco– y conservar, pese a las reiteradas exigencias del Parlamento de Bagdad, aquella situada a 30 kilómetros de la ciudad de Mosul, que el presidente turco reivindica como antigua integrante del Imperio otomano. Este cuestionamiento implícito del Tratado de Lausana, que en 1923 definió las fronteras de Turquía, lo llevó a proferir amenazas para nada ambiguas contra Grecia: “Su ocupación de las islas del mar Egeo cercanas a Turquía no nos vincula en nada. Llegado el momento, haremos lo que sea necesario. Podemos llegar de pronto, a la noche”4.

Con esa retórica guerrera anticuada, Turquía logró inmiscuirse en la guerra civil en Libia junto con el gobierno de Trípoli. Y en lo relativo a Chipre, Erdogan, inflexible, se niega a cualquier negociación que conduzca a la reunificación de la isla.

Este apetito de apropiación territorial y esta voluntad de ejercer influencia también se expresó recientemente en el Cáucaso cuando, para disgusto de Irán, Erdogan apoyó a Elham Alíyev, el presidente de la República de Azerbaiyán, hablando de la anexión del Azerbaiyán iraní a su país. Recordemos que, en diciembre de 2020, durante los enfrentamientos entre Azerbaiyán y Armenia en torno al Alto Karabaj, el presidente turco declaró “una sola nación, dos Estados” y legitimó su ayuda a Bakú en nombre de la “turquicidad”. Esa solidaridad se materializó en un envío de armas y de 1.500 mercenarios sirios, fuerzas supletorias integradas por supervivientes del Ejército Libre Sirio (ASL) o de grupos yihadistas, que ocuparon el frente de batalla en sustitución del ejército turco.

En este contexto de “despertar de los imperios”, Erdogan también reactivó el concepto de panturquismo –forjado por el movimiento identitario Jóvenes Turcos a comienzos del siglo XX, que suponía una unidad lingüística– y aprovechó para firmar acuerdos económicos y de seguridad con las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central (Azerbaiyán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán). La iniciativa no cayó para nada bien en Moscú.

Una nueva reelección de Recep Tayyip Erdogan no solo fortalecería a un régimen autoritario que empobreció el país, multiplicó los arrestos arbitrarios y provocó gran cantidad de exilios (más de 20.000 personas hicieron una solicitud de asilo en la Unión Europea en 2022). También implicaría darle un cheque en blanco a un déspota, para que prosiga con sus ambiciones territoriales.

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Jean Michel Morel es escritor y ex mediador cultural

Traducido del francés por Ignacio Mackinze

Nacido en 1935, enfermo, propenso a la discreción, Salmán es el 25º de los hijos conocidos del fundador del reino, Abdulaziz bin Saúd (fallecido en 1953). Es probable que sea el último rey de su generación. Antes de serlo, fue uno de los miembros más poderosos de la dinastía, dentro de la familia Al Saúd, en el aparato de Estado y en la vida cultural del reino. La herencia de Salmán es tan profunda que, de hecho, ha dejado marcado el rumbo del reinado de su hijo Mohammed bin Salmán (MBS).

Salmán funge incluso como garante para su hijo ante los círculos clericales y también ofició de protector cuando MBS dio a entender que las grandes causas panárabes (como la oposición a Israel) no serían una prioridad. Aunque parezca liberado de las tradiciones dinásticas, MBS adopta una estrategia notablemente moldeada en función de la su padre. Los paquetes de reformas lanzados por padre e hijo a partir de 2015 fueron menos una revolución que una aceleración dentro de una coyuntura particularmente peligrosa para la familia real en general y para la línea de Salmán en particular. La ola de la Primavera Árabe llegó en 2011 a un país fragilizado por el enfriamiento de las relaciones con la administración norteamericana de Barack Obama y luego, en 2014, por la caída del precio del crudo. Además, los cambios impuestos en 2015 por Salmán en el orden de sucesión no cayeron bien no solo entre los últimos hijos de Bin Saúd y hermanastros de Salmán, que podrían haber pretendido el trono, sino también en una parte de la familia real.

Desde 2017, con la marginación de los últimos competidores y opositores dentro de la familia real, MBS asumió de facto el virreinato. Ese rol fue oficializado en septiembre de 2022, cuando a MBS se le atribuyó la función de presidente del consejo de ministros (ra’is al-wuzara’), que desde el reinado de Faisal la desempeñaba el propio rey. Aunque las diferencias entre el discreto rey Salmán y su hijo mediático aparecen en escena durante episodios de tensión interior o diplomática, en realidad permiten hacer pasar más fácilmente una política sobre la cual ambos están de acuerdo.

Padre e hijo mantienen un nacionalismo sombrío y una desconfianza hacia cualquier movimiento reformador independiente, como han podido comprobar los clérigos wahabitas, sus pares chiíes y las fundadoras del movimiento feminista. Ávidos de reconocimiento internacional, ambos son, sin embargo, el resultado de una educación local que no pasó por el exterior, a diferencia de la mayoría de sus pares del Golfo: el primero fue a la Escuela de los Príncipes, dentro del complejo palaciego de Al Murabba (Riad); el segundo, a la Universidad Rey Saúd (también en Riad), donde estudió Derecho antes de trabajar en la gobernación de Riad y en el gabinete real. Para preparar su ascenso al rango de príncipe heredero, ambos tomaron las riendas del estratégico Ministerio de Defensa, reforzaron la jerarquía de la familia real y el aparato de Estado en torno a los miembros más leales de su rama con una autoridad con frecuencia brutal, y convirtieron a Riad en el laboratorio y vitrina de su reinado.

En el Estado patrimonial institucionalizado a partir de los reinados de Saúd y de Faisal, el equilibrio entre las ramas fundadas por los hijos del rey fundador descansaba en el reparto de la administración del reino en monopolios celosamente cuidados. Pocos eran los órganos de la administración que escapaban a este reparto de las riquezas. Faisal y sus hijos se encargaban del control del Ministerio de Asuntos Exteriores; Sultán y sus hijos, del de Defensa; y Nayef y sus hijos, del de Interior. Antes de hacer caer este sistema accediendo al reinado y recuperando el control del conjunto del aparato de Estado, el emir Salmán había recibido su parte: la provincia de Riad.

Mientras sus hermanos y hermanastros se sucedían en el trono, Salmán se fue ganando poco a poco el rol de virrey oficioso e inamovible desempeñando el cargo de gobernador de la capital de 1955 a 1960 y de manera continua desde 1963. A fines de la década de 1960, para responder al crecimiento acelerado de Riad y aplacar los primeros focos de descontento social y político que brotaban en los nuevos suburbios, inauguró los primeros planes de desarrollo de la ciudad, que reorganizaron el urbanismo. Paradójicamente para un príncipe que decía ser un aficionado a la historia, el desarrollo urbano se llevó adelante al costo de la destrucción de los barrios históricos, salvo la fortaleza Al Masmak, vestigio intocable de la conquista de Riad por Bin Saúd en 1902. Ese desarrollo urbano tuvo el mérito de enriquecer a los propietarios de terrenos y de bienes inmobiliarios asociados a los numerosos contratos de construcción y de obras públicas administrados por la gobernación. A Salmán le permitió no solo ser el interlocutor obligado de todos los jefes de Estado y dignatarios extranjeros de visita en el país, sino también el vigilante minucioso de la vida de la familia real, de los rumores y de las relaciones entre las instituciones de la capital.

El príncipe de Riad ejerció el rol de facilitador y árbitro en jefe de los conflictos familiares. Los rumores (más que los hechos comprobados) le atribuyen a Salmán un papel decisivo en el Consejo de Familia (Majlis Al-Usra) instituido bajo el rey Fahd (reinado de 1982 a 2005) y en el Consejo de la Lealtad, instituido por el rey Abdalá (reinado de 2005 a 2015) para solucionar los delicados asuntos relativos a la sucesión. La cercanía del emir con su hermano, el rey Fahd, le valió un apoyo financiero y político constante, por lo menos hasta el ataque cerebral sufrido por Fahd en 1995, que convirtió al príncipe Abdalá, hermanastro de Salmán, en el regente de facto del reino.

El impacto de la guerra del Golfo (1990-1991) llevó al emir Salmán a revisar por primera vez la dimensión política de la gestión de Riad y a convertirla en el laboratorio de un nuevo pacto con las élites económicas del reino. Al grave cuestionamiento de la legitimidad de la dinastía durante la guerra se sumó la recesión económica que atravesaban los países productores de hidrocarburos. En 1995-1996, una serie de atentados terminó de convencer al conjunto de la dinastía a apoyar y extender la nueva estrategia del emir. El propio regente y luego rey Abdalá terminó adhiriendo a las orientaciones impuestas desde la provincia de Riad por su hermanastro Salmán. Luego de un comienzo prometedor en el reino, la política de diálogo nacional, estrenada por el rey Abdalá para responder al riesgo del terrorismo interior y exterior, se vio afectada en la década de 2000 por un conservadurismo destinado a proteger la dinastía y quedó estancada.

Con ayuda de consultores y de urbanistas extranjeros, se elaboraron nuevos planes de desarrollo para la ciudad. Estaban supervisados por un conjunto de instituciones (la fundación del rey Abdelaziz, la Autoridad para el Desarrollo de Riad) que permitían eludir los diferentes ministerios afectados y que estaban bajo el control directo del príncipe-gobernador y sus asesores más cercanos. La utilización de esos organismos y comisiones hegemónicas, comparadas con las administraciones consideradas demasiado lentas o de una lealtad sospechosa, fue retomada en 2015, cuando MBS tomó la dirección del flamante Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo y anunció el plan “Visión 2030”, y también en 2017, cuando ocupó el lugar de su tío Muhammad bin Naif al frente del Consejo de Asuntos Políticos y de Seguridad.

En Riad como en La Meca, las grandes obras públicas relanzadas durante la década de 1990 ofrecían contratos de todo tipo, bienvenidos en períodos de incertidumbre petrolera y hasta de recesión. Estrecharon los lazos de la dinastía con las élites económicas más leales a la rama dinástica en el poder, a expensas de otros grupos familiares caídos en desgracia. Permitieron inscribir en el espacio público el nuevo relato nacional, elaborado por los asesores del príncipe Salmán y por una cantidad impresionante de gabinetes de asesoramiento en desarrollo, turismo y arqueología. La parte wahabita de la historia de los emiratos saudíes fue perdiendo voz poco a poco, deslegitimando la sahwa islamiyya (el “despertar religioso” que sostuvo el florecimiento de los movimientos islamistas desde la década de 1960) y centrando el relato oficial solamente en la dinastía Saúd.

Esta reorientación de la historia estuvo acompañada por la puesta en vereda de los clérigos, incluidos descendientes de Mohamed Ibn Abdalwahhab, y por la toma del control de las instituciones que aquellos manejaban (como la policía de las costumbres o los ministerios de Educación y de Justicia). El ascenso al trono de Salmán en 2015 y el virreinato de su hijo solo marcan una etapa adicional de esa marginación a veces violenta de los miembros más críticos del clero saudí. Una consecuencia de esa transformación de la historia es que en 2022 se instauró un “día de la fundación” que fija la creación del primer emirato de los Saúd en 1727, fecha de la llegada al poder de Mohamed Bin Saúd en el oasis de Diriyah, y no la fecha tradicional vigente hasta entonces de 1744-1745 (año del pacto entre Bin Saúd y el predicador Mohamed bin Abdelwahab).

El renombre de Salmán como “el príncipe de los letrados (amir al-udaba) y “de los historiadores” ya era conocida cuando ascendió al trono. El patronazgo con frecuencia directo de las instituciones culturales de Riad (Fundación rey Abdulaziz, Biblioteca Nacional Rey Fahd, Comisión para el Desarrollo de Riad y Comisión para el Desarrollo de Diriyah) no solo propició la multiplicación de afiches con su retrato y elogios en cada inauguración de museo, biblioteca o simposio: también le confirió a Salmán el rol oficioso de supervisor de la historia de los Saúd y por lo tanto, en términos más globales, del relato nacional modernizado del país. También legitimó la política de las grandes obras públicas que no dejaban de transformar la capital.

Así que en 1996 se anunció el plan Medstar (Metropolitan Development Strategy for Al-Riyadh), junto con los preparativos para el centenario de la celebración de la conquista saudí de Riad en 1902, que todavía era considerado el acontecimiento fundador del reino. Las monumentales obras públicas de restauración y de construcción de instituciones públicas fueron aceleradas para las celebraciones, que comenzaron en 1999. La fama de letrado de Salmán, siempre abundantemente difundida, funcionó como un contrapeso útil a la agresiva política exterior del reino desde 2015, sobre todo en Yemen. A las numerosas cátedras de investigación universitaria fundadas en el reino bajo la dirección del emir Salmán se sumó el King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, encargado de brindar asistencia saudí en Siria y principalmente en Yemen.

El hijo heredó paradojas de su padre; el reino, políticas elaboradas en Riad. La política represiva hacia los clérigos resultaba conservadora. La promoción de una forma de secularización de la cultura y de los comportamientos seguía estando bajo el monopolio de una rama (MBS, sus hermanos y hermanastros de la dinastía) que fijaba sus líneas y su ritmo. La adopción declarada de principios neoliberales para promover el desarrollo económico del reino no impidió los brutales llamados al orden en nombre del interés superior del Estado. Salmán, hijo de Abdelaziz, no tuvo mucho tiempo ni margen para ser rey. Sin embargo, su herencia en Riad, en la familia real y en el reino resulta bastante potente para marcar de sobra el camino adoptado por su hijo Mohamed.

Philippe Gérard es historiador.

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No soy un experto militar, pero seguí de cerca el comportamiento del ejército soviético en Afganistán en la década de los 80. Este ejército no sabía luchar y padecía evidentes problemas estructurales. Observé la primera guerra de Chechenia (1994-1996) desde una distancia algo mayor (desde Bakú y Asia Central), y encontré los mismos problemas que explican la derrota de las tropas rusas por los combatientes chechenos.

La llegada al poder de Vladímir Putin como primer ministro (1999) y luego como presidente pareció cambiar las cosas. La segunda guerra de Chechenia fue una victoria rusa (pero derrotar a un país de 600.000 personas cuando hay 140 millones no es a priori una tarea imposible). Parecía claro que Putin y su equipo habían aprendido las lecciones de las derrotas anteriores y habían puesto en marcha una audaz política de reformas militares a todos los niveles: tecnológico, por supuesto, pero sobre todo en lo que respecta a la estructura y la formación.

El ejército fue "reducido" en todos los sentidos de la palabra (hubo una clara reducción de la cintura de los oficiales superiores). Se profesionalizó; se ascendió a los jóvenes oficiales que "lo querían". La formación también parece haber mejorado, así como las condiciones de vida cotidiana de los soldados. Se dice que la corrupción ha disminuido considerablemente. El estatus social de los oficiales se vio reforzado por las campañas de promoción del pasado militar tanto de Rusia como de la Unión Soviética, fundidas en la misma glorificación de un imperio seguro de sí mismo. Las operaciones en Georgia y Siria permitieron perfeccionar la doctrina y probar el nuevo ejército y las nuevas técnicas de guerra en combate real. Y, sin embargo, observando lo que está ocurriendo en Ucrania, veo fallos estructurales similares. Me limitaré a mi propia experiencia y no pretendo que sea exhaustiva, pero he aquí algunas características que parecen persistir y que explican por qué el uso de los bombardeos indiscriminados es una precipitación.

Las tropas en retirada dejan atrás a sus muertos. Esto es comprensible cuando te aplasta un repentino ataque masivo del enemigo, pero ni los ucranianos ni los afganos están por la labor de combatir en masa, ya sea con infantería o con artillería. Una unidad que deja a sus muertos en la estacada revela una ausencia de espíritu de cuerpo, una mentalidad de sálvese quien pueda o, quién sabe, una especie de indiferencia, un fatalismo.

Los soldados merodean: saquean tiendas y roban pollos (en Afganistán también saquearon huertos, lo que obviamente aún no es posible en el invierno ucraniano). Esto, por supuesto, indica un gran problema con los suministros, y un soldado hambriento lucha mal. Pero va más allá. Cuando merodeas, rompes filas, vas con dos o tres amigos, y entonces te emboscan fácilmente; la mayoría de los prisioneros soviéticos que conocí en Afganistán fueron atrapados así. Y luego, cuando robas pollos, tienes que pensar en cómo los vas a preparar: desplumarlos, encender un fuego, esperar las brasas y, en general, abrir una botella de vodka para que pase. No es realmente el mejor dispositivo contra un oponente móvil y decidido que conoce el terreno, y que a veces ha estado observándote durante unas horas. Todo esto parece trivial, pero la guerra es también una historia de simples soldados.

Las unidades blindadas se encuentran aisladas y sin apoyo aéreo. Esta fue mi mayor sorpresa en Afganistán, y lo mismo ocurre en Ucrania. A plena luz del día, bajo cielos perfectamente despejados, una patrulla de tanques y vehículos blindados queda inmovilizada, normalmente porque uno de los vehículos se ha averiado -el mal mantenimiento parece ser otro problema estructural-. Esto lo convierte en un blanco fácil para un pequeño grupo de guerrilleros o soldados con armas antitanque. Pero este grupo también es vulnerable, no siempre está bien equipado y además se mueve a plena vista (ni Afganistán ni Ucrania son países selváticos). Los rusos tienen el control de los cielos; sus helicópteros blindados M-24 son muy eficaces, y es raro que los atacantes dispongan de misiles antiaéreos. En todos los relatos de las guerras americanas y francesas, el apoyo aéreo llega en una hora, a menos que las condiciones meteorológicas no lo permitan. Con los rusos, nada, lo que significa varias horas o nunca. No es una cuestión de aviones disponibles: los tienen. Ciertamente, hay un problema de comunicación, pero quizás algo más profundo, que encontramos con la falta de recogida de los muertos: la indiferencia por la suerte de los demás soldados. Sálvese quien pueda.

En las conversaciones con exsoldados, siempre se escucha la misma historia: el distanciamiento entre la tropa y la oficialidad. Los soldados se organizan entre ellos y tienen su propia cultura (incluida una tradición de novatadas muy violentas) que no es una cultura de guerra, sino de supervivencia. Esta falta de vinculación había sido identificada por los propios soviéticos: en 1972 se creó el rango de praporshchik para servir de enlace entre la tropa y el cuerpo de oficiales, pero se confiere a un soldado de alto rango. Parece que no hay un vínculo tan fuerte entre el sargento inglés o el teniente francés y la tropa.

Olivier Roy es filósofo y politólogo. Es especialista en el islam y Afganistán. Actualmente es profesor en el Instituto de Ciencias Políticas de París. 

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El anuncio del envío de combatientes o mercenarios sirios dispuestos a luchar junto a las tropas rusas en Ucrania nos haría sonreír si no fuera tan triste como para hacernos llorar. Sobre todo, transmite la imagen de un país desangrado y al que se le pide que sirva de carne de cañón a cambio de un pago, es decir, de pobres ciudadanos que echan una mano al Grupo Wagner, las brigadas rusas no oficiales enviadas a varios teatros de la guerra en todo el mundo. Siria no ha terminado de pagar el alto precio de la guerra y a su "benefactor". Y, aunque lejos, los combates en Ucrania no hacen más que hundir en la miseria a la población siria, con sus millones de desplazados en un país desnutrido.

El cinismo de los dictadores está muy vivo. Visiblemente bloqueado en sus planes de invadir Ucrania, Vladímir Putin ha apelado al autócrata sirio Bashar Al-Assad como pago al apoyo militar ruso que salvó a su régimen en 2015 de los insurgentes yihadistas y otros rebeldes, y recuperó gran parte de su territorio. Más de 63.000 soldados rusos habían sido desplegados en Siria, según Moscú, y desde entonces se ha convertido en la única base de la marina y la fuerza aérea rusas en el Mediterráneo. Además, Siria ha servido de auténtico campo de entrenamiento para el ejército ruso. Allí se han probado nuevas armas: "Más de 300", presumió el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, en julio de 2021.

Siria fue el único país árabe que apoyó la acción de su aliado ruso ya el 25 de febrero, tres días antes del lanzamiento de la invasión de Ucrania. "El presidente Assad subrayó que lo que está ocurriendo hoy es una corrección de la historia y un restablecimiento del equilibrio del orden internacional tras la caída de la Unión Soviética", dijo la Presidencia siria en un comunicado. "Enfrentarse a la ampliación de la OTAN es un derecho para Rusia", añadió Bashar Al-Assad, que calificó a la organización atlántica de "amenaza global" y "herramienta para aplicar las políticas irresponsables de los países occidentales para desestabilizar el mundo". Además, Assad y Putin comparten un ideal común: la creación de un territorio lo más homogéneo posible, libre de opositores, "terroristas" y otros "nazis".

Assad está acostumbrado a "corregir la historia". Su padre, Hafez Al-Assad, accedió a la jefatura del Estado en 1970 tras un golpe de Estado descrito en su momento como un "movimiento rectificador" (harake tashihieh).

En estos momentos hay una campaña de reclutamiento de ex soldados del ejército sirio por parte de empresas privadas rusas, como Wagner. Y recordemos que también se han enviado mercenarios sirios a Libia. Concretamente, el 11 de marzo, Shugu propuso el envío de ciudadanos sirios al frente ucraniano al presidente Vladímir Putin, que se apresuró a aprobarlo en una reunión de su consejo de seguridad. Dijo que "en primer lugar, los que quieren, los que han pedido [ir a luchar] son ciudadanos de Oriente Medio, sirios", según el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. Putin, obviamente, aprobó esta propuesta, argumentando que "los patrocinadores occidentales del régimen ucraniano ni siquiera se esconden" y están reuniendo "mercenarios de todo el mundo para enviarlos a Ucrania".

Ese mismo día, la televisión estatal rusa difundió imágenes sin fecha facilitadas por el Ministerio de Defensa que mostraban una manifestación de sirios leales al régimen. Vestidos de uniforme y con armas en la mano, se reúnen con un telón de fondo de pancartas con los colores de Rusia y retratos del presidente ruso. "Los veteranos acuden a los lugares de reclutamiento de las fuerzas armadas sirias y quieren saber si se están reclutando voluntarios para estar del lado de Rusia, como ha ocurrido con Siria", detalló el ministerio, según medios rusos.

Según diversas fuentes, los auxiliares de las fuerzas rusas reciben sueldos mensuales que oscilan entre 800 y 1.800 dólares (entre 724 y 1.629 euros). Una fortuna para una familia siria y unas cien veces lo que gana un soldado al mes. Y para Bashar Al-Assad, una forma de agradecer a su protector ruso.

Es imposible saber exactamente cuántos combatientes sirios hay. Putin ha mencionado la cifra de 12.000 hombres, que parece exagerada, pero el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), con sede en Londres, que fue una de las principales fuentes de información sobre el terreno durante el conflicto sirio, fue más allá, indicando el 15 de marzo que Rusia ha elaborado listas de 40.000 combatientes del ejército sirio y de las milicias aliadas, listos para ser desplegados en Ucrania. "Más de 40.000 sirios se han inscrito hasta ahora para luchar junto a Rusia en Ucrania", dijo Rami Abdel Rahman, director del OSDH, sin mencionar ninguna salida a la zona de combate. Según la ONG, oficiales rusos, en coordinación con el ejército sirio y las milicias aliadas, han abierto oficinas de reclutamiento en zonas en poder del régimen de Damasco. Sin embargo, un funcionario del gobierno sirio negó la existencia de esta campaña de reclutamiento. "Hasta ahora, no se ha registrado ningún nombre, no hay soldados registrados y nadie ha ido a Rusia para luchar en Ucrania", dijo a la AFP Omar Rahmoun, del Comité de Reconciliación Nacional.

Según el sitio web de noticias de la oposición siria Baladi News, Rusia ha pedido a las Fuerzas de Defensa Nacional (FDN), milicias locales creadas en noviembre de 2012 para apoyar al ejército sirio, que envíen hombres a luchar en Ucrania. Y según este medio local citado por el Syrian Observer, Nabel Al-Abdallah, el jefe de esta milicia en la ciudad cristiana de Al-Suqaylabiyah, en la provincia noroccidental de Hama, había expresado su apoyo a Rusia alabando los lazos de amistad entre Assad y Putin. Baladi News informó de que la parte rusa estaba pidiendo a Abdullah que registrara los nombres de los combatientes en la base aérea rusa de Hemeimin, al norte de Latakia, en la costa, sobre la base de contratos semestrales.

En cualquier caso, Siria no sería el único país que enviaría hombres a luchar: varios países africanos donde Rusia ha desplegado tropas a través del grupo Wagner se han unido al movimiento, según los medios de comunicación. Cierto o falso, es imposible saber a estas alturas la realidad de lo que representan exactamente estas brigadas que lucharán en el lado ruso o ucraniano.

Pero para Siria el coste de esta nueva guerra, además del coste en cientos de miles de vidas, es exorbitante. "Basta con que alguien estornude en un país lejano para que nos sacudamos en casa", bromea Tony, un guía turístico en paro para el que la carne es un lujo que ya no puede permitirse, como muchos otros sirios desesperados. "Desde la intervención rusa, el sándwich de falafel, que es el alimento más barato para el sirio medio, ha pasado de 1.300 a 2.000 libras" (0,46 a 0,72 euros). "El precio del kilo de lentejas, un alimento básico, se ha duplicado con creces: de 3.000 a 6.500 SYP [de 1,08 a 2,34 euros]; el del aceite de cocina, de 9.000 a 14.000 SYP [de 3,24 a 5,04 euros]; y el del kilo de harina, de 2.200 a 4.500 SYP [de 0,79 a 1,62 euros]", declaró a Orient XXI.

Y en este invierno especialmente duro, que golpea a Siria como al vecino Líbano, también en crisis, el gasóleo de calefacción escasea. El coste elevado de las materias primas también es un problema para Siria, que depende de Irán y Rusia –sus dos aliados– par abastecerse de petróleo y el trigo.

Teherán y Moscú –que comparten el pastel sirio– avanzan o retroceden según las circunstancias. Irán está ganando terreno en Siria aprovechando que Rusia está demasiado ocupada con su guerra en Ucrania. En este sentido, Damasco y Teherán han reforzado recientemente sus relaciones, con varias reuniones de alto nivel entre funcionarios de seguridad y políticos de ambos países para "seguir promoviendo su cooperación", según informa el sitio web The Syrian Observer en su edición del 4 de marzo. En la misma edición, y citando a Baladi News, también informó de incidentes entre elementos proiraníes y prorrusos en la ciudad de Hassakeh, en el noreste de Siria.

Siria sufre así las secuelas de la guerra de Ucrania, once años después del estallido de un conflicto de violencia sin precedentes en su territorio que la ha dejado desamparada, con seis millones de refugiados en todo el mundo y otros tantos desplazados internos. En este siglo implacable e inhumano, las masas de refugiados se suceden, navegando hacia un futuro incierto. Los ucranianos, siguiendo a los sirios y otros afganos y africanos. Éxodos interminables.

Henry Mamarbachi fue periodista de la Agencia France Presse ( AFP ). Trabajó como corresponsal en Beirut y Rabat, así como en los servicios económicos y diplomáticos en la sede de la agencia.

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¿Se ha llevado a cabo en estos últimos meses una recomposición radical del paisaje político en Oriente Próximo? En cualquier caso, muchos indicadores hacen pensar que las alianzas que parecían sólidas sufren mucho la corrosión del tiempo y de los acontecimientos. El caso de Siria lo demuestra. El régimen instalado en el poder, considerado como un paria en la región tras la feroz represión de las protestas en 2011 y de la rebelión que luego se extendió por el país, ahora ve que sus “hermanos” árabes vuelven a evaluar de manera positiva el restablecimiento de las relaciones bilaterales.

Siria fue suspendida de la Liga de los Estados Árabes el 11 de noviembre de 2011 (solo el Líbano y Yemen se opusieron en ese momento) y todavía no fue reincorporada a la organización regional, pero el tema se plantea cada vez con mayor frecuencia. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, otro régimen que cuenta con un fuerte respaldo militar, promete reincorporarlo desde hace varios años. Ahora son pocas las voces que siguen oponiéndose a esa posibilidad, y el regreso de Damasco a la Liga seguramente sea, como mucho, cuestión de meses.

En el Golfo Pérsico, varias monarquías suníes que durante varios años habían apoyado a diversas facciones de la oposición política o armada siria han cambiado de opinión de manera rotunda. Las primeras señales no son nada recientes. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), abanderados de la contrarrevolución durante las “primaveras árabes” –cuyas aspiraciones democráticas suscitaron su hostilidad declarada– reabrieron su embajada en la capital siria el 27 de diciembre de 2018, y enseguida le siguió Baréin. Pero Arabia Saudita, peso pesado en el Golfo, todavía no quiere o no se anima a dar el paso.

Jordania, pionero del acercamiento

Desde mediados de este año, el movimiento a favor de la reincorporación de la Siria de Bashar al-Ásad volvió a ganar fuerza, impulsado sobre todo por uno de sus vecinos árabes más discretos, el reino de Jordania. El rey Abdalá II esperó la asunción del presidente norteamericano Joe Biden en enero de este año para avanzar sus peones. Atrás quedó la época, como en diciembre de 2011, en que el monarca hachemita exigía la partida de Ásad: ahora, al contrario, milita para que Estados Unidos –que siempre ha sido muy cercano a su régimen– relaje la presión contra el potentado sirio, al que volvió a considerar como confiable.

En julio de 2021, durante su primera visita a Joe Biden en Washington, el rey jordano intercedió ante el presidente estadounidense para que aceptara no aplicar en un caso importante las sanciones previstas por la ley César (Caesar Act), que fue aprobada por el Congreso estadounidense en diciembre de 2019 y entró en vigor en junio de 2020, durante la presidencia de Donald Trump. Esta ley prevé sanciones contra los individuos, entidades o sociedades que mantengan relaciones económicas con Damasco. En esta oportunidad, Jordania solicitó una derogación para poder concretar un proyecto regional: la provisión regular de gas egipcio al Líbano –cuya economía se encuentra en un estado calamitoso– a través de Jordania y… Siria. Al salir de la reunión, el rey mantuvo una entrevista con el canal CNN para comunicar su cambio de opinión: “El régimen sirio está instalado para quedarse”, declaró Abdalá II. “Es mejor hacer que el diálogo avance de forma coordinada que dejar la situación tal como está.”

En septiembre, los jordanos multiplicaron los contactos ministeriales y securitarios con las autoridades sirias, y este 3 de octubre de 2021, el rey Abdalá se comunicó por primera vez (al menos de manera oficial) por teléfono con Bashar al-Ásad. “El acercamiento tiene que ver con la realpolitik, donde los juicios morales no tienen cabida”, explicaba en el diario Le Monde el último 6 de octubre Oraib Al-Rantawi, director del Centro de estudios políticos Al-Quds, en Amán. “En Siria no hay señales de cambio de régimen. Ásad va a continuar en el poder y debemos tratar con Siria, nuestro vecino. También existe un reacomodamiento regional con cambios importantes, como la retirada de Estados Unidos de Afganistán”.

“Las sanciones estadounidenses no se han levantado”

Joe Biden accedió al pedido jordano de no aplicar sanciones contra la entrega de gas egipcio al Líbano a través de Siria. Sin embargo, Estados Unidos no desea que sus aliados árabes deduzcan que se disponen a declarar nula y sin efecto la ley Caesar. La administración Biden no ignora que esta ley fue adoptada por una aplastante mayoría bipartidista en el Congreso. “Lo que no hemos hecho y no pretendemos hacer –declaró el secretario de Estado, Antony Blinken, el 6 de octubre de 2021– es expresar un apoyo a los esfuerzos en pos de la normalización de las relaciones o a la reivindicación de al-Ásad (…) No hemos levantado ninguna sanción contra Siria, y mientras no haya progresos irreversibles en busca de una solución política, seguiremos oponiéndonos a cualquier apoyo a la reconstrucción del país”.

En Oriente Próximo, esta profesión de fe no convenció a todo el mundo. “La administración Biden declaró que no normalizará las relaciones con Ásad, pero parece haber dejado de disuadir a sus socios árabes de hacerlo”, explica en la revista Newsweek (13 de octubre de 2021) David Schenker, quien hasta enero de 2021 ocupó el cargo de secretario adjunto del Departamento de Estado para los asuntos de Oriente Próximo y actualmente se desempeña como comisionado en el Washington Institute for Near East Policy. “Si las sanciones de la ley César se aplican, se puede impedir que los Estados árabes vuelvan a tener relaciones ‘normales’, incluso comerciales, con la Siria de al-Ásad. Pero los intereses árabes, cada vez de mayor rango, socavan el aislamiento del régimen de Ásad y lo que queda de la política de la era Trump orientada a presionar al régimen. Hasta el momento, esta política impidió que el régimen de Ásad lograra una victoria total. A medida que los Estados árabes se acerquen a Ásad, será cada vez más difícil mantener las sanciones”, escribió Schenker.

Así, Estados Unidos cultiva la ambigüedad. “La administración Biden sigue exigiendo la salida de Bashar al-Ásad y asegura que no cambiará su posición en torno al asunto, pero sin embargo no se opone al acercamiento entre Amán, su aliado, y Damasco”, escribe Anthony Samrani en el boletín informativo de L’Orient-Le Jour el 21 de octubre de 2021. “Washington parece considerar que podría ser provechoso permitir que Damasco vuelva a poner un pie en el entorno árabe, pero por el momento se rehúsa a allanarle el camino a su regreso a la escena internacional.”

La posición ambigua de Estados Unidos demuestra que Siria está logrando romper su aislamiento diplomático. Señal del cambio de época: durante la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2021, no menos de diez ministros de Asuntos Exteriores de países árabes se reunieron con su par sirio. Eso no sucedía desde hacía una década. Y eso no es todo: las conquistas de Damasco exceden el contexto árabe, como lo demuestra el anuncio a fines del mes de septiembre de la reincorporación de Siria al sistema de intercambio de información de Interpol, la organización de cooperación policial internacional. Damasco había sido excluido en 2012. El regreso se concretó sin bombos ni platillos, pero lo cierto es que sus efectos exceden la simple connotación simbólica.

¿Quién quería realmente terminar con el régimen?

Sin duda algunos dirán: ahí tienen a un régimen acusado de innumerables crímenes de guerra, desde el bombardeo masivo de blancos civiles (hospitales, escuelas, mercados, etc.) hasta la utilización de armas químicas, pasando por la tortura sistemática de decenas de miles de prisioneros, crímenes que llevaron a millones de ciudadanos a partir al exilio, y así y todo, el régimen se dispone con total impunidad a regresar a la comunidad de naciones. Es lógico que se sienta indignación. Pero se estaría soslayando que los Estados Unidos, ya sea bajo el liderazgo de Barack Obama, de Donald Trump o de Joe Biden, nunca intentaron derrocar al régimen. Los recursos militares que desplegaron en Siria estuvieron dedicados sobre todo a combatir al único grupo terrorista: la organización Estado Islámico (EI), cuyas sangrientas acciones dejaron estupefactos a todos los ocupantes de la Casa Blanca, al igual que, por cierto –y no lo olvidemos– a los responsables políticos europeos. Nadie podía imaginar sensatamente que la imposición de sanciones, aunque fueran drásticas, lograrían terminar con el régimen instalado en Damasco, sobre todo porque Bashar al-Ásad y sus allegados nunca dejaron de gozar del apoyo decidido, concreto y eficaz de Rusia y de Irán.

Además, como Estados Unidos oculta cada vez con mayor dificultad su voluntad de retirarse de Oriente Próximo para enfrentar otros desafíos como, en primer lugar, las agresivas ambiciones geoestratégicas que se le atribuyen a China, una parte de los Estados árabes empezaron a reevaluar a fondo sus opciones y sus alianzas.

Los objetivos de cada capital árabe de la región no son siempre los mismos. Si Jordania intenta restablecer relaciones con Damasco para cosechar los frutos económicos y comerciales mientras intenta que los grupos proiraníes activos en Siria se alejen de su frontera, Egipto y los EAU consideran el regreso de Siria a la comunidad árabe como un fortalecimiento del eje de la contrarrevolución luego del episodio de las “primaveras árabes”, que les traen a la memoria recuerdos funestos. Por su parte, la familia reinante saudí, que debe lidiar con una opinión pública muy reacia al régimen de Damasco, indudablemente aprobó la posición de los EAU y de Baréin. Por cierto, los contactos de alto nivel entre Arabia Saudita y Siria se han restablecido.

Los cálculos expertos de Riad

Los saudíes, al igual que varios regímenes suníes, intervinieron en Siria luego del comienzo de la rebelión debido a la alianza entre el régimen sirio e Irán, considerado como el enemigo número uno. Desde hace un tiempo, la idea –¿ingenua?– de que la reintegración de la Siria de Ásad a la familia árabe podría alejarlo de su mentor iraní sigue ganando terreno.

En Riad, el comportamiento de Estados Unidos, su aliado, que incluso con Trump como presidente no creía que era una buena idea castigar a Irán por los ataques contra las instalaciones petroleras saudíes, es percibido con una desconfianza cada vez mayor. Por otra parte, el Congreso estadounidense no le va a perdonar a Mohammed bin Salmán, “MBS”, el príncipe heredero que gobierna de facto, el asesinato atroz del periodista Yamal Jashogyi, el 2 de octubre de 2018 en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Estos elementos sumados convencieron a MBS de no descartar lo impensable: una reconciliación con Teherán. En 2021, los contactos en pos de ese objetivo se multiplicaron, lo cual no cayó nada bien en Israel.

En este tablero tan complejo de Oriente Próximo, donde el Tío Samtoma cada vez más distancia, donde Bashar al-Ásad ya no es más persona non grata y donde las alianzas se reevalúan en tiempo real, el ruso Vladimir Putin cuenta alegremente los puntos que se ha anotado. En pocos años, el amo del Kremlin se convirtió en un actor ineludible gracias a su intervención militar decisiva en defensa del régimen sirio a partir de septiembre de 2015. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan fue el primero que lo entendió, y a partir de 2017 estableció contacto con Moscú para defender sus intereses en el norte de Siria contra los kurdos, cuya autonomía considera como un potencial peligro nacional. En las provincias del norte de Siria, donde estos últimos años se han instalado las tropas turcas, la tensión no cede, sobre todo en la región de Idlib, último bastión de la rebelión armada dominada por los yihadistas. En este momento, el entendimiento entre Putin y Erdogan en esa zona atraviesa una prueba de confiabilidad sumamente incierta.

La Unión Europea (UE), por su parte, hasta el momento no ha desempeñado un papel destacado en el caso sirio. Se niega a participar en las iniciativas de reconstrucción hasta tanto no se realice una transición política creíble. Del mismo modo, descarta la cuestión del regreso de los refugiados en tanto y en cuanto no estén reunidas las condiciones de seguridad. El 27 de mayo de 2021, el Consejo de Ministros de la UE prorrogó por un año más, hasta el 1º de junio de 2022, las medidas restrictivas tomadas contra el régimen sirio, “habida cuenta de la represión que se sigue ejerciendo contra la población civil en ese país”. Esas medidas: embargo petrolero, restricciones a las exportaciones de equipamiento y de tecnologías capaces de ser utilizadas en la represión interna, así como el congelamiento de los bienes de casi 300 personas y unas 70 entidades, se vienen tomando desde 2011. Unidos en este asunto, los países de la UE dicen estar “determinados a encontrar una solución política durable y creíble al conflicto en Siria”, una actitud que oculta mal su impotencia.

Sin embargo, en su palacio en el monte Qasioun que domina Damasco, Bashar al-Ásad puede respirar. Cree que lo más difícil ya pasó. Gobierna, es cierto, un país (en realidad, dos tercios del territorio) en bancarrota, parcialmente en ruinas, y se volvió dependiente de sus aliados, Irán y Rusia. Pero sobrevivió, al igual que su régimen. Y ahora el mundo árabe –incluidos los traidores que no lograron derrocarlo– vuelve a tomar el camino de Damasco.

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Traducido del francés por Ignacio Mackinze.Ignacio Mackinze

Aquí puedes leer el texto original en francés.

Es una pequeña revolución que está sacudiendo el panorama mediático español: desde el 7 de abril, ha surgido un nuevo periódico en línea, Baynana (Entre nosotros), diseñado y dirigido por refugiados en España.

Los primeros artículos no tardaron en florecer en el sitio bilingüe (árabe-español) de la revista: la solidaridad de las familias hacia los migrantes en el enclave español de Ceuta, el reciente interrogatorio de un periodista palestino por el Mossad en España, los cambios en marcha en la narración de la cuestión israelo-palestina, o la lucha de un joven influencer de origen marroquí contra la islamofobia son parte de ella. Pero el tema más leído hasta la fecha sigue siendo el que relata la historia de refugiados sirios en proceso de ser arrojados a las calles de Tarragona por falta de alojamiento. Después de compartir muchas veces el artículo de Baynana , eventualmente encontrarán una solución temporal.

Este proyecto, Moussa Al-Jamaat, Mohammad Shubat, Ayham Gareeb y Mohammad Okba, que tienen entre 22 y 39 años, lo llevan a cabo a la distancia. La línea editorial de Baynana es explícita y ocupa un lugar destacado en el sitio: "Ofrecer información útil a la comunidad de habla árabe de España y, al mismo tiempo, tender puentes entre migrantes, refugiados, españoles de origen extranjero y resto de la sociedad".tender puentes entre migrantes, refugiados, españoles de origen extranjero

Tras el nacimiento en 2017 de Amal Berlin , creada en Alemania por periodistas iraníes, afganos, sirios y egipcios, y en 2019 de Guiti News1 en Francia, es el turno de España de ver a los periodistas extranjeros recuperar la voz que habían perdido cuando abandonaron su país.

Sin embargo, antes del inicio del levantamiento sirio, ninguno de los cuatro hombres era periodista. Explican que lo hicieron casi por obligación, en las peores horas de la guerra. “Estaba estudiando informática antes de la revolución. Nunca imaginé trabajar en periodismo. Me vi obligado a hacerlo. Tenía que hacer algo y quería dar a conocer la realidad de lo que estaba pasando en mi país y ante mis ojos”, explica Moussa Al-Jamaat, de 29 años.

Mohammad Okba tenía solo 12 años cuando comenzó la revuelta siria en las calles de Daraa, aproximadamente la edad de los jóvenes que dibujarían los primeros esbozos de la revolución en las murallas de la ciudad, antes de ser arrojados al calabozo por los moukhabarat (miembros de los servicios de inteligencia). Cinco años después, Mohammad Okba sin realmente darse cuenta abrazó una carrera como periodista: “Deraa era una zona de combate intenso, quería hacer algo. Comencé a informar sobre lo que vi en las redes sociales y luego a tomar fotografías de mi ciudad devastada por la guerra."

Moussa, que resultó herido durante los bombardeos atribuidos al ejército sirio y las fuerzas rusas, asegura: la profesión de periodista en el lugar era de lo más peligrosa. “Nuestras vidas estuvieron en peligro todo el tiempo. Cuando el régimen y Rusia tomaron el control total de la región, no tuve más remedio que irme. Al quedarme, solo habría tenido dos opciones: la muerte o la cárcel”,solo habría tenido dos opciones: la muerte o la cárcel informa.

En 2018, los cuatro amigos, que entonces solo se conocían virtualmente, abandonaron Daraa tras un acuerdo entre el Ejército Sirio Libre (ELS), Rusia y el régimen sirio. Dispersos por un tiempo en el noroeste del país, terminan cruzando la frontera turca, antes de ser acogidos por el Comité Internacional para la Protección de los Periodistas ( CPJ ), una estructura neoyorquina que organiza la recepción de periodistas en el exilio. Se encuentran por primera vez en la Embajada de España en Ankara. “Los aproximadamente 45 periodistas que vinieron como nosotros desde el sur de Siria fueron divididos por el CPJ en tres grupos: Francia, Alemania y, en menor medida, España, donde 12 de nosotros nos hemos refugiado",45 periodistas que vinieron como nosotros desde el sur de Siria  explica Mohammad Okba. Hay que decir que la Península Ibérica sigue siendo un destino de exilio marginal: del millón de sirios acogidos en Europa, alrededor de 20.000 han solicitado asilo allí desde 2011, según cifras comunicadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR ).

La voz de los olvidados

Una vez instalados en España, los cuatro hombres se enfrentan a las mismas dificultades que los miles de personas que llegan cada año, principalmente de Marruecos y del Sahara Occidental, pero también del África subsahariana: acceso a la vivienda y al mundo del trabajo. y discriminación que complica su integración. “Aquí, los migrantes y refugiados tienen muchos problemas con el sistema de salud, el programa de asilo. Mucha gente no quiere alquilarles una casa o un apartamento ” , explica Mousa Al-Jamaat. “ Fue una sorpresa para nosotros: no pensamos que hubiera tantos refugiados y migrantes en España”, continúa Mohammad Okba. Fue una realidad que nos impactó, nos dimos cuenta de la muy difícil situación en la que se encuentran muchas personas en España, que se enfrentan a un déficit de información. Nos dijimos que faltaba algo. 'Baynana' nació de esta observación."

La población de habla árabe de España está en constante crecimiento: en diciembre de 2020, el país tenía 5.800.000 extranjeros, incluidos 811.530 marroquíes, según cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Los cuatro periodistas deciden lanzar una revista online accesible para quienes aún no hablan correctamente el español. Si ningún medio accede a darles la bienvenida a su redacción, la fundación Por Causa, que reúne a expertos y periodistas comprometidos, los apoyará logísticamente.

Con la inestimable ayuda de varios periodistas, pusieron en marcha una campaña de crowdfunding que se concretaría con una magnífica muestra de solidaridad, y 36.000 euros más tarde nació Baynana: “En España solemos hablar de migrantes y refugiados de forma dramática o negativa. Tuvimos que contar otras historias, esas que nunca se cuentan” , explica Mohammad Okba. El joven periodista firmará varios papeles, decididamente centrados en las consecuencias humanas de los conflictos políticos: “Quería plantear cuestiones fundamentales. ¿Por qué toda esta gente está intentando entrar en Ceuta ? Que piensan, que quieren ? Debemos humanizar estas migraciones para poder explicarlas y, sobre todo, dar voz a las personas afectadas."

Una iniciativa tanto más singular cuanto que el panorama periodístico español se mantiene muy polarizado: si ciertos medios destacan por su carácter progresista, la mayoría sigue presentando una fuerte tendencia ideológica, donde la sobreoferta de opiniones radicales y la búsqueda de la confrontación se han convertido, como en Francia, un negocio.

Y si el proyecto de estos cuatro hombres es valiente es porque los migrantes y refugiados se encuentran entre las primeras víctimas de los estallidos de odio. Una evolución directamente ligada al ascenso de la extrema derecha española a nivel político: si durante años el ala más reaccionaria del espectro español estuvo contenida dentro del propio Partido Popular, la creación de Vox en 2013 y su entrada en las Cortes en 2019 fueron un cambio de juego.

La banalización de las palabras estigmatizantes en el ámbito mediático es espectacular, como explica la periodista Andrea Olea, quien también fue coordinadora de Baynana durante el lanzamiento de los medios: “Antes pensábamos que estábamos a salvo. Y si los problemas del racismo y la intolerancia no son nuevos en España, desde que la extrema derecha ha alcanzado un nivel político importante se ha producido una normalización del discurso de odio y un sensacionalismo emergente que tiene especial interés en calificar a los migrantes como una amenaza. "normalización del discurso de odio y un sensacionalismo emergente Todo bajo la mirada de una justicia al menos complaciente, ya que el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de la Monteros, no se mostró preocupado tras haber declarado en Antena 3 que "un extranjero tiene tres veces más posibilidades de violación que un español”.

Nada nuevo en una Europa atormentada por viejos demonios, donde los problemas migratorios están parasitados por noticias falsas y odio. Pero, en las últimas semanas, en España quizás más que en cualquier otro lugar, estos temas han tenido una gran repercusión, en particular por la muy difícil situación humanitaria en los alrededores del enclave de Ceuta, que cristaliza el racismo de una parte del país. “Es importante decir que el racismo no se limita a las cosas de la calle, es sobre todo estructural e institucional. Incluso si la situación en España es mejor que en Francia, hay que destacarlo” , dice Mohammad Okba. "Esta cultura del entretenimiento, si también está presente en Francia e Italia, todavía nos cuesta analizarla en España, prosigue Andrea Olea. Carecemos de voces críticas, especialmente si se compara con Francia, donde las personas racializadas de origen inmigrante ocupan más espacio en los medios de comunicación. Son discursos que nos faltan, necesitamos urgentemente más voces."

Reforzados por su campaña de recaudación de fondos que les permitirá "durar al menos un año ", Moussa Al-Jamaat, Mohammad Shubat, Ayham Gareeb y Mohammad Okba han hecho la promesa. Serán las voces de aquellos de los que todo el mundo está hablando, pero nadie parece querer escuchar.

Aquí puedes leer el texto original en francés.

Era la primavera boreal de 1988 y estábamos reunidos en Kabul. Por medio del secretario general del Partido Comunista, Mijaíl Gorbachov, la Unión Soviética acababa de anunciar el retiro unilateral de sus tropas, que habían entrado en Afganistán en diciembre de 1979. El régimen se abría por primera vez a un grupo de 150 periodistas extranjeros provenientes en su mayoría de Occidente y cuyo conocimiento de la historia y la cultura de Afganistán era prácticamente nulo. En realidad, su conocimiento se resumía a un axioma rudimentario: la guerra enfrentaba a muyahidines aureolados de gloria contra un partido comunista reducido al papel de marioneta soviética, el Partido Democrático Popular, que había tomado el poder el 27 de abril de 1978.

Esa noche, recluidos en el hotel una hora antes del toque de queda, el encargado de negocios norteamericano nos detalló, basándose en mapas del Estado Mayor y con el aplomo de un general en vísperas de una gran victoria, cómo los insurgentes se apoderarían de Kabul apenas partieran los últimos soldados soviéticos. Armados de certezas, fascinados por esa “información”, los periodistas erraban en las calles de la capital al acecho de una imagen que simbolizara la ineluctable derrota de la URSS, como la de un tanque que había caído en un río de la ciudad, prueba irrefutable del derrumbe del régimen.

En ese entonces, nadie se preocupaba por el futuro de las mujeres afganas. Sin embargo, en la capital, solo la mitad de ellas llevaban chadri –el velo que las recubre de la cabeza a los pies y que solo deja un estrecho resquicio enrejado a la altura del rostro– y se las podía cruzar en los pasillos de los ministerios y las administraciones. Tenían acceso a la educación, al menos en las grandes ciudades.

Reducido a un enfrentamiento Este/Oeste entre el mal y el bien, el conflicto incluía sin embargo a otros actores además de los dos gigantes. El partido comunista afgano, muy dividido y con múltiples corrientes, ejercía una influencia limitada pero real sobre las minorías y los estratos “modernos” de la sociedad –sobre todo los oficiales y los soldados–, lo cual lo había impulsado a conquistar el poder sin el respaldo de los soviéticos, que mantenían excelentes relaciones con el presidente derrocado Mohammed Daud Khan. En ese entonces yo me encontré con algunos cuadros del movimiento y advertí su determinación a no ceder el poder sin combatir.

“Hacer sangrar a los rusos”

La resistencia afgana estaba dividida en una multitud de grupos, y las tendencias radicales (todavía no se decía yihadistas) se fortalecían a medida que avanzaban la guerra y los crímenes del Ejército Rojo. Pero para el presidente norteamericano Ronald Reagan y los occidentales eran “combatientes de la libertad” que enfrentaban al “imperio del mal”, dotados de todas las virtudes de los valientes caballeros, tan conmovedores con su atuendo tradicional.

En un libro publicado en 1995 (1), el periodista estadounidense Selig S. Harrison y el mediador de la ONU para Afganistán y exministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Diego Cordovez, escribieron: “Si bien Moscú era el villano, no había héroes” en esta historia. Sin embargo, Washington aseguraba que “hasta el último afgano” tenía que combatir para “hacer sangrar a los rusos”. Esa estrategia ya había sido definida en 1980 por Francis Fukuyama, un joven investigador que luego colaboraría en la administración del presidente Ronald Reagan y que años más tarde se haría célebre con el libro El fin de la historia y el último hombre (The End of History and the Last Man, 1992). En nombre de una visión maniquea, Estados Unidos sabotearía durante años los esfuerzos de la ONU para garantizar una transición pacífica basada en el retiro del Ejército Rojo.

Es cierto que los estrategas estadounidenses, y no solo ellos, interpretaban la intervención soviética en Afganistán como la prueba de un expansionismo irresistible, en este caso, la búsqueda del acceso a los mares cálidos, una simple etapa en la conquista del mundo. Siempre perspicaz, el filósofo Jean-François Revel anunció el fin de las democracias, incapaces de luchar contra “el más temible de los enemigos exteriores, el comunismo, variante actual y modelo consumado del totalitarismo”…

La fábrica de yihadistas

Sin embargo, ese “modelo consumado” solo sobreviviría algunos años, y los tanques del Ejército Rojo no llegaron a desfilar por los Champs-Élysées (2). La guerra financiada por Washington no pesó mucho en el desplome de un sistema que ya estaba moribundo, pero dio una fuerza inesperada a las facciones más extremistas de los insurrectos, que tenían un lugar prioritario en la financiación de Estados Unidos y Pakistán, ¿o acaso no eran los que mejor combatían? En la prolongación de ese largo y mortífero enfrentamiento se formaría una generación de yihadistas afganos y árabes que más tarde se volverían contra Estados Unidos, como hemos visto con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Washington no creó a Al Qaeda, como algunos pretenden, pero en algo contribuyó con su ceguera (3).

Volvamos a esa primavera de 1988 en Kabul. Contrariamente a las ilusiones del diplomático estadounidense, el régimen sobrevivió durante tres años al retiro del Ejército Rojo y resistió mucho mejor que el poder afgano instalado por Washington. Para derribar al régimen fueron necesarias la decisión de Rusia –que había tomado el relevo de la Unión Soviética– de dejar de entregar armas a sus antiguos aliados y la defección del general Abdul Rachid Dostum, de origen uzbeko y quien sobrevivió a todos los episodios de la guerra hasta hoy. Resultado: varios años de guerra civil y ascenso de los talibanes, los “estudiantes de religión” financiados y apoyados principalmente por Pakistán, aliado de Estados Unidos. Los talibanes terminaron con la guerra civil librada por los diferentes grupos de muyahidines, se apoderaron de Kabul en 1996, instalaron un régimen obscurantista y le otorgaron una base segura a Osama bin Laden. Pero como la Guerra Fría había terminado, Afganistán ya no era una prioridad para Washington. Y el destino de las mujeres afganas, a veces mencionado para justificar la invasión norteamericana, fue rápidamente olvidado (4).

La “guerra contra el terrorismo”, una espiral interminable

Sin embargo, después del 11 de septiembre, Estados Unidos se lanzó en una nueva cruzada, “la guerra contra el terrorismo”, e invadió el país. Pero al igual que los soviéticos, se enquistó en un conflicto sin fin ni esperanza de victoria. Los “ataques quirúrgicos” mataban, junto con los talibanes, a muchos inocentes; los atentados provocaban represalias que no perdonaban a los civiles; y “la pacificación” empujaba a los afganos cada vez más hacia el exilio o las grandes ciudades.

Por otra parte, la promesa estadounidense de instaurar la democracia se convirtió en letra muerta. Como escribió Human Rights Watch en 2002, “cuando Estados Unidos expulsó a los talibanes en noviembre de 2001, a los afganos les prometieron una nueva era de democracia y el respeto de los derechos humanos… Pero la esperanza que alimentaron no se materializó” (5).

Impuestos por extranjeros, divididos y corruptos, dependientes de milicias cuyos abusos han sido ampliamente documentados (6), los nuevos dirigentes pasaron a ser vistos rápidamente como esbirros de Estados Unidos, suscitando las primeras resistencias, y luego las primeras represiones. Una espiral interminable, similar a la pesadilla que había vivido el Ejército Rojo.

El fin de los imperios y de las guerras imposibles de ganar

En 1969, mucho antes de las intervenciones de la URSS y de Estados Unidos, un universitario afgano escribió en un pequeño folleto de presentación de su país: “Una de las características más importantes de los afganos es su amor incontenible por la independencia. Los afganos aceptarán con paciencia su mala fortuna o su pobreza, pero es imposible lograr que se reconcilien con un poder extranjero, por más ilustrado y progresista que sea”. El Imperio Británico lo comprobó en tres experiencias desastrosas a lo largo de la historia reciente: en 1842, en 1881 y en 1919. En las dos primeras, el objetivo era “evitar” los avances zaristas en Asia, que amenazaban a la India, la joya de la corona; en la tercera, el objetivo era hacerle frente al crecimiento del movimiento nacionalista anticolonial en ese país. La URSS probaría suerte más tarde, para “prevenir” las “maquinaciones imperialistas”; y hoy es Estados Unidos quien se retira luego de la guerra más larga de su historia, librada en nombre del necesario aplastamiento del terrorismo.

Si los reveses imperiales del siglo XIX y de comienzos del XX resultaban excepcionales cuando los imperios coloniales todavía dominaban el planeta, las derrotas que siguieron confirman en particular la muerte de la idea misma de imperio y la victoria de la independencia nacional de esos pueblos que antes eran calificados como “menores”.

En un reciente informe elaborado por el prestigioso Center for Strategic & International Studies de Washington, uno de sus principales analistas, Antony Cordesman, señala: “Si se analiza el costo de la guerra y la ausencia de cualquier justificación estratégica clara y coherente para llevarla adelante, difícilmente pueda inferirse que Estados Unidos debía haber destinado los recursos que destinó en un conflicto que no se inscribía en ninguna prioridad estratégica que justificara dos décadas de conflicto”. (7)

Sin embargo, la intervención en Afganistán estaba bien disfrazada con una “prioridad estratégica”: “la guerra contra el terrorismo”, a la cual se unieron varios gobiernos, como el de Francia (tras reticencias iniciales). Esta “guerra de veinte años” (8) encasilla cada conflicto, cada insurrección y cada protesta a lo largo y ancho del planeta en una lucha escatológica contra el mal, contra una quimera inaprensible e indestructible: el terrorismo. Ahora bien, el terrorismo no es “un enemigo”, sino una forma de acción que atravesó la historia y fue utilizada no solo por movimientos tan diversos como el anarquismo, el sionismo, el Ejército Republicano Irlandés (IRA), la ETA vasca o Al Qaeda, sino también –y se lo menciona mucha menos– por los Estados (Francia en Argelia o Israel en Oriente Próximo). Podemos dudar que esté destinado a desaparecer.

Por lo tanto, la derrota norteamericana en Afganistán revela antes que nada el fiasco de una de esas guerras imposibles de ganar, en una de sus tantas variantes –del Sahel al Kurdistán, de la Palestina a Yemen–, que alimentan aquello mismo que pretenden combatir. ¿Cuánto tiempo más se necesitará para extraer sus enseñanzas?

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Notas

  (1)Out of Afghanistan. The Inside Story of the Soviet Withdrawal, Oxford University Press, 1995.

(2) Se podría volver a leer el libro de Pierre Antilogus y Philippe Treticak, Bienvenue à l’Armée rouge, Lattès, 1984, que con un tono ciertamente humorístico, preparaba a Francia para la inevitable invasión de los tanques soviéticos y desde luego, “la colaboración”.

(3) Alain Gresh, La guerre de mille ans, Le Monde diplomatique, septiembre de 2004.

(4) Leer Christine Delphy, Une guerre pour les femmes afghanes?, Nouvelles Questions féministes, 2002/1 (vol. 21), páginas 98 a 109.

(5)All Our Hopes Are Crushed, informe de Human Rights Watch (HWR), Washington, noviembre de 2002.

(6) Leer Laurence Jourdan, Crimes impunis en Afghanistan, Le Monde diplomatique, diciembre de 2002.

(7)Learning from the War : “Who Lost Afghanistan ?” versus Learning “Why We Lost”, Washington, 9 de agosto de 2021.

(8) Leeremos con fruición el libro de Marc Hecker y Élie Tenenbaum, La Guerre de vingt ans. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, Robert Laffont, 2021. Un repaso exhaustivo y claro de las estrategias implementadas durante estas dos décadas, bastante equilibrado y matizado, aunque no estamos obligados a compartir todos los análisis de los autores.

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(Traducido del francés por Ignacio Mackinze)

Aquí puedes leer el texto original en francés.

De acuerdo con una definición de diccionario, el “separatismo” es aquella tendencia política que propugna la separación de un territorio respecto de un Estado, esto en pos de hacer valer los derechos de un pueblo que debido a su historia o de otras características como la etnia, el idioma o la religión, no estaría en disposición de integrarse al conjunto de poblaciones que forman parte de un sistema político determinado. Esta reivindicación gira siempre en torno a un territorio, por lo general una entidad política menor —un departamento o una región— que pretende conseguir su independencia o, quizás, pertenecer a un Estado vecino.

Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron no ha dudado en utilizar este término en el momento de abordar los nuevos desafíos que la población musulmana, percibida por el francés promedio como en rápido crecimiento, genera en una sociedad de tradición cristiana y que tiene la “laicidad” por bandera. Así, y sin ir más lejos, o el gobierno francés teme por la desintegración de su territorio, o bien está forzando un término concreto, con un peso político específico, con unos propósitos determinados, a la vez que ubica retóricamente a los portadores de dicho “separatismo” fuera de la nación, pues les pone en el sitio de aquél que no desea pertenecer y pretende crear una entidad política nueva a través de la desintegración de un territorio identificable y que puede ser fácilmente ubicado en un mapa.

Esta dislocación del término va acompañada, a su vez, por la palabra “islamista”, adjetivo utilizado en Francia para designar a aquellas personas musulmanas que estarían a favor de un ejercicio de la política acorde a los principios religiosos propios del islam en un contexto social en donde política y religión estarían asépticamente separados. Asimismo, “islamista”, como término, también se utiliza para hacer referencia a las personas que se muestran de acuerdo o reivindican las acciones de guerra cometidas por algunos grupos fundamentalistas islámicos como Al-Qaeda o Estado Islámico (EI), pero también para designar, en general, a grupos y formas de hacer política de acuerdo con los valores islámicos como serían los Hermanos Musulmanes en Egipto y otros lugares, Ennahda en Túnez, o el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en Turquía. Todos son considerados islamistas, todos aparecen en el mismo saco, y si bien a los partidos aquí mencionados se les agrega el adjetivo “moderados” —islamistas moderados —, al fin y al cabo son “islamistas”. Ahí está lo importante.

De acuerdo con lo anterior, se ha ido construyendo un discurso en que, a partir de una interpretación de la laicidad, todo aquel que se atreva a dar prueba de su credo en público puede ser tildado de islamista y, por ende, ser relacionado con los grupos mencionados más arriba. De este modo, estaría recurriendo a prácticas disruptivas del orden que pondrían en cuestión todo el andamiaje de la sociedad y contravendrían la relegación de lo religioso al ámbito privado. Sin embargo, lo antes mencionado ignora la garantía que da el Estado francés a la expresión pública de los cultos, tal como aparece en la ley sobre la separación de las Iglesias y el Estado, que data de 1905.

En este sentido, es necesario destacar la polémica que se desató ante las declaraciones de Gérald Darmanin, ministro del interior, a propósito de la existencia de estanterías de carne halal en los supermercados y de ropa “comunitaria” en referencia a un hiyab para correr comercializado en 2019 por la marca Decathlon. Tales asuntos que, en principio, deberían ser vistos desde el Estado a través de un prisma de neutralidad —teniendo siempre en cuenta la garantía respecto al ejercicio de los cultos mencionada más arriba— son utilizados por el ministro para alimentar la construcción de una retórica en donde el musulmán aparece casi de facto fuera del conjunto de la sociedad en lo que supone una clara tendencia hacia la estigmatización. Todo ello mediante el uso de palabras como “islamista” o “comunitarista”, términos elegidos para resaltar el malestar respecto a las opciones alimentarias o vestimentarias distintas.

“Los enemigos de la república”

Mientras Darmanin dice sin sonrojarse que los “valores de la república” se verían afectados por la variedad alimentaria en los hipermercados, Jean Michel Blanquer, al frente de la cartera de educación, afirma en declaraciones a la cadena televisiva BFMTV que “el islamoizquierdismo es un hecho indudable”, un apoyo intelectual al terrorismo que cunde en las universidades, pero también en el sindicato estudiantil Union nationale des étudiants de France (UNEF), reconocido por sus posiciones de izquierda. De acuerdo con el ministro, si bien este fenómeno no constituye quizás una realidad científica, sí que es una realidad política y, como tal, apunta implícitamente a asumirlo, estudiarlo y, sobre todo aunque él no lo diga abiertamente, a tomar medidas desde las políticas públicas para hacerle frente. Sin embargo, el debate en torno al término explotó en febrero de 2021, cuando tras un reportaje sobre el tema aparecido en el diario Le Figaro, la ministra de la educación superior y universidades, Frédérique Vidal, pidió al Centro nacional de investigación científica (CNRS) que investigara sobre la producción de trabajos académicos con enfoques decoloniales en el país, en razón de un islamoizquierdismo que estaría “gangrenando la sociedad”, retomando las palabras usadas por el propio Le Figaro para titular su reportaje.

Esta petición fue saludada por aquellos medios más a la derecha del espectro político, como fue el caso del mismo Le Figaro, pero también por otros más radicales como Valeurs actuellesValeurs actuelles, conocido por sus posiciones de extrema derecha, y por la revista Marianne, que llegó a conceder una entrevista en tres entregas a Pierre André Taguieff, acuñador de este término en lengua francesa, para que explicara el por qué de este fenómeno y su peligrosidad. Sin duda, un guiño en favor de la utilización del concepto. Así, si bien muchas de las publicaciones de los medios en Francia han sido de carácter más bien pedagógico, el fantasma del islamoizquierdismo se pasea por las mentes de los ciudadanos y el miedo que genera siembra las raíces de autoritarismos futuros.

Sumado a lo anterior, “los enemigos de la república” —separatistas islámicos y comunitaristas—habrían encontrado aliados no musulmanes que, de acuerdo con los ideales de izquierda provenientes de Estados Unidos, estarían apoyando su causa refugiados en los estudios culturales, siguiendo al columnista de Le Figaro Olivier Vial, también serían de destacar ciertas ramas trotskistas que, hartas de esperar el estallido de la revolución, habrían visto en las poblaciones musulmanas francesas un caldo de cultivo para un nuevo proletariado, capaz de desestabilizar el régimen capitalista y la democracia liberal, y en cuya alianza estaría el origen del término, que lograría una amalgama entre la defensa de posiciones cercanas al comunismo y la defensa de los valores islámicos. Lejos de ser un fenómeno nuevo, el mismo Taguieff indica que los trotskistas y los islamistas se habrían confabulado a partir de su común antisionismo y llevarían unas tres décadas trabajando de la mano, sobre la base de una inversión orwelliana de la realidad, según la cual los palestinos serían víctimas de un Estado racista de semblanza nazi: Israel. Estas actividades, desarrolladas de forma continua en el tiempo, ya estarían surtiendo efecto en la comunidad científica y entre la juventud francesa.

Aunque Frédérique Vidal ha sido fustigada por un sector de la opinión pública y por la academia —recordemos que es la ministra de educación superior y universidades— por apelar a la instauración de una policía del pensamiento tan evidente que enorgullecería a Joseph McCarthy, aquellos que se muestran de acuerdo con sus declaraciones se movilizan en defensa de la libertad de pensamiento. Según ellos, serían los investigadores en estudios decoloniales los que, a través de sus acciones en la sociedad civil, estarían instaurando un régimen de pensamiento único, cuyo indicio más destacado sería la cancel culture, una suerte de censura que, en definitiva, no sería sino islamoizquierdismo aplicado. Todo ello a partir de corrientes intelectuales “made in USA” que estarían perturbando el desarrollo pacífico del pensamiento académico francés en ciencias sociales y, como dijo Blanquer, tendrían cierta complicidad intelectual con el terrorismo.

La ley contra el delito de separatismo

Tras el asesinato cruel de Samuel Paty por un musulmán radicalizado en octubre de 2020, el presidente Macron dio un discurso en Yvelines, en donde presentó el resultado de lo que él calificó como un estudio metódico y sopesado de la situación a la que se enfrenta el país. Tras dichos análisis, se elaboró la noción de un enemigo interno: El islam radical, que sería un proyecto consciente, con un sustento teórico de carácter político y religioso, que se concretiza por el distanciamiento de los valores de la república. Un enemigo interno que atentaría directamente contra la laicidad, entendida como la piedra angular de la unidad.

Así, la ley propone la creación del delito de separatismo, que protege a los funcionarios públicos ante amenazas u hostigamientos durante el ejercicio de sus funciones y se conecta con lo pretendido por la abortada ley de seguridad global, que buscaba entre otras cosas impedir la grabación de los agentes del Estado por parte de particulares, lo que les protege contra la denuncia en caso de violencias policiales, abusos de fuerza y otras conductas indebidas, por ejemplo, durante manifestaciones y otros eventos de contestación social.

De nuevo, nos encontramos ante la dislocación del término separatismo, que aunado a su nueva versión conjugada al enemigo interno, dibuja un escenario que se distingue por la construcción imaginada de un territorio que se pudre por dentro, debido a acciones coordinadas que buscan la abolición de las instituciones y su cambio por otras, que obedezcan a las torcidas creencias religiosas de un islam que estaría en crisis y se vería gangrenado por las derivas radicales más lesivas. Entonces, tal y como fuera el caso para las desafortunadas declaraciones de la ministra Vidal, la retórica sanitaria le asigna un hálito de patología peligrosa que de no atenderse, podría llevar al contagio del conjunto de la sociedad.

De acuerdo con lo anterior, los funcionarios públicos antes mencionados, jugarían el rol de médicos y enfermeros, acudiendo en socorro de la república convaleciente, pero también de preceptores cuya labor es mostrar el camino hacia una “ciudadanía correcta”, que esté acorde con unos valores que serían compartidos por la mayoría y que tal y como se indica en el nombre oficial de la ley —ley para la consolidación de los principios republicanos—, tendrían que consolidarse. Es la narrativa de la asimilación, acompañada de la estigmatización de los musulmanes, que al practicar una fe en crisis pondrían en entredicho el bienestar social y la paz.

Esta ciudadanía correcta se vería enmarcada en otra disposición de la ley, pues además de proteger a los agentes del Estado, se busca limitar el rango de maniobra de las asociaciones de la sociedad civil, sean estos clubes deportivos, organizaciones culturales y otras que sean susceptibles de acoger “desviados” en su interior. De hecho, esta medida cambia mucho las reglas de juego del medio asociativo, pues son numerosas las asociaciones de este tipo que son abiertamente musulmanas y quedarían bajo la lupa, pero también hay otras como le Secours Catholique o la Fondation Abbé Pierre, que por su carácter católico, también verían cómo su relación con el Estado se transforma y tendrían que aceptar la tutela republicana. En la práctica, la ley rompe con la neutralidad estatal frente a las religiones y lo religioso, preconizada por la ley de 1905 y de esta forma, cuestiona las bases mismas de la laicidad como ha sido entendida históricamente.

Esta ruptura se da a través del “compromiso republicano”, un contrato mediante el cual las entidades antes mencionadas se comprometen a respetar la ley y a no salirse del camino recto, en lo que sería una suerte de garantía que les permitiría acceder a las subvenciones estatales a las que ya desde antes tenían derecho, so pena de tener que reembolsarlas en caso de incurrir en alguna práctica que se considere indebida, el Estado busca controlar las expresiones religiosas y en la práctica, su objetivo es monitorear más de cerca a las poblaciones musulmanas que se involucran en estas asociaciones y que siempre estarán bajo sospecha.

En esta misma tónica de control, se ha incluido también un artículo por el cual se transforma el derecho a la instrucción de forma que el Estado autorice a los infantes y adolescentes que por una situación en específico tengan que tomar clases desde casa y así, evitar el fantasma de la proliferación de escuelas coránicas en donde pueda haber adoctrinamiento. De acuerdo con Blanquer, ministro de educación, no hay de qué preocuparse, la instrucción en familia que vaya bien podría continuar, sin embargo y causando cierto asombro entre los que son extraños a la política francesa, ésta es una de las disposiciones que quizás ha generado más debate al seno del legislativo, pues implementarla rompe con la libertad de instrucción e implica la transformación de la ley Jules Ferry, de 1882, una de las grandes leyes de la III república francesa, además de revivir el viejo debate del papel de la religión y lo religioso en la escuela y en este sentido, de la neutralidad misma del Estado frente a las creencias religiosas. Por otro lado, esta medida implica un desastroso precedente, pues es la primera vez que se legislaría —aunque esta vez de forma implícita, pues en la ley no aparece mencionado— para un culto específico en 80 años, teniendo como último antecedente, el estatuto antijudío promulgado el 18 de octubre de 1940 por la Francia de Vichy, primer paso hacia la deportación de estas poblaciones a los campos de exterminio nazis.

“Usted es un poco blanda”

Más allá de la creación del delito de separatismo y los recortes a las libertades de asociación e instrucción, la ley también prevé medidas menos polémicas, como la prohibición de los matrimonios forzados, reitera el carácter ilegal de la poligamia y la prohibición de los certificados de virginidad en el momento del casamiento, sin embargo, algunos de sus detractores, como el diputado del movimiento de izquierda, France Insoumise (LFI) Alexis Corbière, indican que estas medidas estarían diseñadas especialmente para que sea muy difícil expresarse en desacuerdo con ellas y darle un impulso positivo a la ley durante la votación, son fenómenos frente a los cuales hay amplias convergencias, pero estas prácticas resultan muy marginales y la nueva norma no toma medidas reales para la prevención de futuros atentados terroristas. Otra objeción destacable es el campo de acción ampliado que adquiere el Estado respecto a las religiones y su organización interna.

Pero el texto no hizo unanimidad tampoco entre los partidos de derecha, mientras La République en Marche (LREM), partido de gobierno, votó en bloque por la aprobación de la ley, los republicanos, han criticado que el texto propone una laicidad del recelo y del control, sin atacar problemas importantes como la radicalización en la universidad y en otros escenarios de la sociedad civil, haciéndose eco de una supuesta debilidad en lo concerniente a la desincentivación del islamo izquierdismo y recogiendo de forma implícita cierta sensación de suavidad e insuficiencia propias de la ley. Por su parte, el Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen fue hasta proponer que se prohibiera el “atuendo salafista” en referencia a la ropa distintiva de los musulmanes, sobre todo en las mujeres, y buscó poner en evidencia la suavidad del gobierno al introducir una contrapropuesta que estuviese dirigida explícitamente contra el islamismo.

En este clima de endurecimiento desbocado, las distintas formaciones de la derecha y la extrema derecha se acusan de proponer medidas insuficientes, como sucediera en el debate entre Gérald Darmanin, ministro del interior, y la misma Le Pen, en donde el miembro del ejecutivo exclamó: “Usted es un poco blanda, tendría que tomar vitaminas para su falta de dureza”, en una suerte de juego perverso en el que se banalizan los odios y los racismos.

Aquí puedes leer el texto original.

El 6 de junio de 2021, el termómetro alcanzó los 51,7 ºC en Sweihan, una ciudad al este de Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Se trata de la temperatura más elevada que se haya registrado en junio en los EAU. Otros cinco países de la región superaron los 50º ese fin de semana, lo que la convierte en la ola de calor de junio más dura de la historia en la región del Golfo. En julio de 2020, una ola azotó la región y castigó a Bagdad con la temperatura más elevada que se haya registrado en la ciudad: 51,8 ºC, mientras que en Kerbala llegó a 52,4 ºC.

Para el Ejército estadounidense, que cuenta con un promedio de 60.000 personas operando en la región MENA (Middle East and North Africa/Medio Oriente y África del Norte) y que ha desplegado más de 2,7 millones de militares desde 2001, el calor extremo forma parte de las amenazas de primer orden para sus capacidades de combate. El grupo de batalla del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower opera actualmente en el espacio de batalla del mar Arábigo del Norte (1). En semejantes condiciones, las temperaturas en el espacio de catapultaje de los portaaviones pueden llegar hasta los 65,5 °C y todos los días hay que tratar a marineros por patologías vinculadas al calor. Con un personal de cerca de 7.000 hombres que participan en operaciones de vuelo y de reconocimiento 24 horas por día y siempre preparado para encarar una acción de guerra, resulta esencial que el grupo aeronaval disponga de procesos que permitan reducir el estrés térmico, los golpes de calor o el agotamiento por el calor de los marinos: se trata fundamentalmente de programas de prevención de los golpes térmicos o de los “Black Flag Days”, durante los cuales la carga de trabajo se ve reducida.

En agosto de 2004, durante la batalla de Náyaf, en Irak, los infantes de marina estadounidenses combatieron cuerpo a cuerpo en túneles y sobre los techos de los mausoleos del cementerio de Wadi al Salaam con un calor de 50 ºC. Cuando se amontonaban para protegerse en sus vehículos de combate Bradley, la temperatura interior podía llegar a superar los 65 ºC, lo que provocó muchos casos de deshidratación, pérdida de conciencia, agotamiento debido al calor y fallecimientos por golpe de calor. En el personal que efectúa misiones de infantería en semejantes condiciones, la llamada “fatiga térmica” puede provocar una disminución de la resistencia por la combinación de temperatura extrema, del peso del equipamiento y del ejercicio físico. Durante el verano del año 2003, 50 de cada 1000 miembros del personal desplegado en Irak sufrieron traumatismos y disfunciones ligadas al calor. Entre los soldados británicos, el 15% de las hospitalizaciones eran afecciones causadas por el calor, con más de 800 casos en total.

Cambios de táctica

Semejantes temperaturas durante períodos prolongados también generan fallas del material necesario para el cumplimiento de las misiones. En esas temperaturas extremas, la climatización, los sistemas de control de tiro y la electrónica de los Bradley han resultado con frecuencia poco fiables. Los grupos aeronavales desplegados durante meses en el Golfo reportan desde hace tiempo una corrosión intensificada del equipamiento y problemas técnicos en sus buques; la salinidad aumentada también favorece las averías de las turbinas. La fiabilidad general de los aviones de combate F-35 de quinta generación en condiciones de calor extremo es desde hace tiempo un tema de preocupación. Les resulta más difícil despegar, transportar la carga útil prevista para la misión, mantener el estado de alistamiento para el combate, estabilizar el combustible, evitar las fallas eléctricas y mantener aclimatados a los pilotos en sus cabinas. Para los planificadores de ataques aéreos en los centros de operaciones aéreas combinadas (CAOC), las “cúpulas de calor” prolongadas aumentan la cantidad de días en los que se debe reducir el peso cargado por los aviones, lo que requiere cambios de táctica que disminuyen la capacidad de ataque y el radio de acción de combate.

Los riesgos combinados del calor extremo, la humedad y las temperaturas de superficie del mar, que producen temperaturas extremas según el índice TW (termómetro de bulbo húmedo) y la correspondiente disminución del rendimiento individual o incluso la muerte, en particular para aquellos que trabajan al aire libre, constituyen una “incógnita conocida” (2). Las tendencias al alza de la frecuencia y del nivel de las temperaturas extremas superiores a 30 ºC ya son evidentes en toda la región: una temperatura de 35 ºC o más de temperatura de bulbo húmedo (TW) supera el límite de supervivencia humana. Semejantes efectos de calor y humedad vienen produciéndose todos los años desde 1979 a lo largo de las aguas poco profundas del litoral del Golfo, y para el año 2075 se prevé que superarán regularmente los 35 ºC; el mar de Omán y el mar Rojo podrían experimentar aumentos similares de los TW máximos.

Durante los meses de verano, en la base aérea de Incirlik, en Turquía, que concentra cerca de 5.000 personas y armas nucleares y cumple un papel de tránsito para los despliegues en Irak y Afganistán, se realizan actualizaciones diarias de la TW, expresada mediante una norma militar de cinco categorías llamada Wet Bulb Globe Temperature (WBGT). La base es particularmente vulnerable a las condiciones de WBGT extremas que provocan fatiga y deshidratación. Los procedimientos de aclimatación del personal al estrés térmico elevado implementados por el ejército estadounidense ya no son muy eficaces, porque con frecuencia se avecina el límite de supervivencia.

Vulnerabilidad de la guerra electromagnética

Los elevados valores de la TW y los episodios de tormentas extremas también pueden reducir la capacidad de ataque, la maniobrabilidad de combate y la resiliencia en el conjunto del espectro electromagnético (EMS) en lo que la US Navy denominó la Guerra de Maniobra Electromagnética de la Flota, vital para el dominio de los Estados Unidos en la región MENA. Las comunicaciones de voz y datos esenciales, incluida la inteligencia por imágenes, el acceso a “la nube”, la interferencia de las comunicaciones enemigas, el enlace de datos para designación de blancos sensible a la meteorología, el seguimiento de los sensores terrestres y espaciales, el control de los enjambres de drones, los sistemas de comando y control autónomos o el mantenimiento de la precisión esperada de las futuras armas hipersónicas pueden ser vulnerables a las temperaturas extremas y a las lluvias torrenciales frecuentes en la región.

La frecuencia y la creciente gravedad de las tormentas de arena y de polvo plantea otros peligros inmediatos. La región MENA es la más polvorienta del mundo, y la cantidad y la intensidad de las tormentas de arena aumenta de manera espectacular. Los efectos que produjo en los combates se volvieron evidentes cuando los marines estadounidenses zarparon hacia Bagdad en marzo de 2003. Sobre los atacantes se desató una enorme tormenta de polvo de tres días que redujo la visibilidad a diez metros y penetró en las piezas mecánicas de sus sistemas de armas. Los helicópteros se quedaron clavados en tierra, pero la fuerza aérea pudo arrojar a través de la nube de polvo bombas guiadas con precisión sobre la Guardia Republicana Iraquí, que permaneció estática. Las tormentas de arena producen efectos mecánicos a corto plazo, como importantes problemas de bloqueo o de disfunción de los fusiles M16 y de las carabinas M4 utilizadas en Irak y en Afganistán, que parecen haber sido reducidos recientemente gracias a correcciones y nuevos diseños.

La exposición de los motores de avión al polvo, tanto en tierra como en los portaaviones en el Golfo, tiene impacto a corto y largo plazo sobre el mantenimiento, la preparación al combate y las operaciones en los aeropuertos. La visibilidad reducida modifica la planificación de los itinerarios de vuelo y reduce la capacidad para localizar y atacar a los tanques o a las fuerzas terrestres en movimiento. Además, los traumatismos agudos asociados al asma y las lesiones pulmonares a largo plazo constituyen importantes riesgos sanitarios para los soldados.

Los efectos devastadores de las inundaciones

Las crecidas repentinas y las tormentas destructivas representan otro peligro climático inmediato y ponen en peligro la preparación al combate de los sitios formales e informales de los Estados Unidos. En julio de 2019, Irán y el sudeste de la península arábiga padecieron las peores inundaciones en 70 años, con muchos civiles muertos y centenas de heridos. Dos meses más tarde, el puerto de Duqum y la base aérea de Masira en Omán –utilizados por la marina y la fuerza aérea norteamericanas– se inundaron luego de una caída de 116 mm de lluvia y de marejadas ciclónicas causadas por el ciclón tropical Hikaa. En diciembre de 2019, la base aérea de Incirlik fue azotada por crecidas repentinas que dejaron a su fábrica de tratamiento de aguas bajo 1,5 metros de agua. En enero de 2020, se inundaron ocho aviones en Khazor, una base de la fuerza aérea israelí que alberga aviones de combate F-16 y participa en ejercicios conjuntos con los cazas estadounidenses de las bases de Al Udeid y Al Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos.

El Pentágono y la OTAN reconocen que la crisis climática genera “un impacto sobre las misiones, los planes y las capacidades” y produce “Climate Action Failures in combat capabilities” (fallas de las capacidades de combate por razones climáticas). Las condiciones meteorológicas extremas figuran en primer lugar en la lista de riesgos y golpean más fuerte y más rápido de lo previsto. Como es de esperar cuando se trata de las fuerzas armadas, se han dedicado esfuerzos y recursos significativos para la reoptimización del paradigma riesgo climático-rendimiento destinados a: una mejora considerable de la investigación y desarrollo y de la concepción creativa de la resiliencia de los materiales; nuevas prácticas de aclimatación al calor; ingeniería bioambiental mejorada; escenarios de misión y juegos de rol alternativos; y desplazamiento de la vulnerabilidad y de la capacidad de ataque “más allá del horizonte”.

Desde la operación Tormenta del Desierto, se han destinado importantes recursos al control de la meteorología gracias a una nueva modelización, al refuerzo del organismo meteorológico de la fuerza aérea y a una superinformática capaz de dejar en manos de los soldados y los Equipos Meteorológicos de Combate (CWT) en el terreno las actualizaciones meteorológicas, lo que permite que esta tecnología reachback (de retroalimentación) suministre datos directamente al escuadrón meteorológico operacional MENA instalado en la base aérea Shaw, en Carolina del Sur. El sitio de ensayos climáticos más grande del mundo –el McKinley Climatic Laboratory (MCL) en la base de la fuerza aérea Eglin, en Florida– permite ensayar con las aeronaves y los equipamientos militares en toda la gama de condiciones climáticas para descubrir dónde y cómo se producen las fallas, mejorando la capacidad operacional en entornos con riesgos climáticos.

“Consecuencias catastróficas para la seguridad”

El G7 y la cumbre de la OTAN celebrada el 14 de junio de 2021 inscribieron en su orden del día un debate sobre el peligroso “elefante en la habitación”, a saber, el vínculo altamente probable, de fuerte impacto y sin embargo desatendido, entre crisis climática y seguridad internacional. El 7 de junio, el grupo de expertos del Consejo Militar Internacional sobre Clima y Seguridad (IMCCS) publicó su segundo informe anual sobre el clima y la seguridad en el mundo y advirtió acerca de las “consecuencias catastróficas del cambio climático sobre la seguridad”, que exigen que se adapte inmediatamente en todos los niveles la seguridad internacional al clima y que se concentre más atención en el rol de las fuerzas armadas en la respuesta a los riesgos emergentes en materia de seguridad climática.

Estas discusiones deben ir mucho más allá de la preocupación inmediata en torno al riesgo climático para las capacidades de combate y concentrarse más en: la preparación a los efectos crecientes de la crisis climática sobre las sociedades frágiles en términos de geopolítica, sociedad, conflicto y movilidad; la mitigación de las consecuencias de la crisis climática sobre la seguridad y sus efectos multiplicadores, con énfasis en la reducción de la huella de carbono de las fuerzas armadas y la conversión de las fuerzas armadas norteamericanas, el mayor consumidor de petróleo del mundo, en unas “fuerzas armadas verdes”; la reducción de las vulnerabilidades operacionales que rápidamente quedan al descubierto en los campos de energía, infraestructura y cadena logística. Las amenazas del aumento del nivel del mar durante los próximos veinte años en los puertos de la marina norteamericana y en las bases de la fuerza aérea, como en Kuwait y Bahréin, requieren una atención particular si se pretende que esas instalaciones sigan cumpliendo sus misiones.

Sin embargo, existen puntos de cambio, efectos en cascada y “cisnes negros” totalmente desconocidos en el futuro próximo en la región MENA que no podrán resolver “el aguzamiento de nuestro avance tecnológico” ni la “cooperación entre militares”. Los intentos de mejora de modelos del clima, de renovaciones de equipo con material mejorado, de reorientación de las compras de defensa, de formación preventiva o de medidas paliativas para mejorar el desempeño en combate y la resiliencia del material llevan a seguir luchando contra los fenómenos climáticos de ayer.

El mundo se prepara para un futuro de la guerra que está detrás de nosotros o nunca existió. El poeta irlandés W.B. Yeats nos advirtió en 1919 que hay “una bestia tosca, cuya hora ha sonado, que se arrastra hacia Belén para nacer”. El Antropoceno, este desorden planetario generalizado, ha llegado. Nos obliga a repensar la región MENA más allá de los programas de prevención de las patologías térmicas, de la protección contra el clima o de una mejora de la protección del espectro electromagnético; nos obliga a empezar a comprender los riesgos a los que se enfrentan los pueblos de la región en materia de seguridad alimentaria, agua y salud; a terminar con las intervenciones militares, y a promover la buena gobernanza y los derechos humanos.

(Traducido del francés por Ignacio Mackinze)

Bruce Stanley es profesor de Relaciones Internacionales en Richmond, American International University en Londres.

Aquí puedes leer el texto original en francés.

Notas

  1). En 2001, el Ejército estadounidense definió el espacio de batalla como “el ambiente, los factores y las condiciones que los comandantes deben comprender para aplicar exitosamente la potencia de combate, proteger la fuerza o cumplir la misión”. Este concepto integrador reúne los componentes materiales, comportamentales, cognitivos y geográficos del combate y de la gestión de la guerra en un todo conceptual gracias al cual los comandantes pueden elegir y concentrar múltiples acciones basadas en los efectos para dominar el espectro de los conflictos que atañen a la misión.

2). Efectos cuya existencia es conocida pero que se tiene dificultades en comprender.

A fines de enero de 2021, tras haber sido perseguida por un hombre en un automóvil, la bloguera Ascia al-Faraj denunció en una red social el acoso sexual que sufrió. Unas semanas más tarde, el asesinato de una joven liberó la palabra de las mujeres en Kuwait, foco de un movimiento feminista sin precedentes en la región.

Cuando denunció en la red social Snapchat el “problema” que tuvo con un conductor que la había acosado mientras manejaba, la célebre bloguera Ascia al-Faraj seguramente no imaginaba que estaba impulsando un movimiento inédito. Gracias a su notoriedad en las redes sociales –más de 2,6 millones de abonados–, al-Faraj enseguida dio en el blanco y su mensaje fue retomado principalmente por la cuenta de Instagram @lan.asket (No me callaré). Creada el 28 de enero de 2021 por la médica kuwaití Shayma Shamo, en poco tiempo la cuenta reunió más de 60 testimonios y 17.700 abonados. Ese movimiento cobró impulso luego del asesinato de Farah Akbar. El 19 de abril de 2021, cuando se encontraba con su hermana en un automóvil, Farah Akbar fue secuestrada por un hombre que unas horas más tarde tiró su cuerpo apuñalado frente al hospital Al-Adan. La víctima había hecho una denuncia contra él diez días antes por acoso y amenazas de muerte. Mientras espera su juicio, el hombre, que reconoció el homicidio de la joven, fue liberado bajo fianza.

“Necesitamos encontrar una manera de denunciar el acoso sexual del que somos víctimas. Es una etapa necesaria para este país”, explica Ascia al-Faraj. Aunque el código penal kuwaití criminaliza cualquier acto de violencia, varios testimonios publicados en las redes sociales se quejan de la atención insuficiente brindada en los casos de acoso sexual, en los cuales las autoridades desalientan a la víctima a hacer la denuncia, ya que podría “empañar el nombre de su familia”.

La culpabilización de las víctimas

Los testimonios con el hashtag #lan_asket indican que la denuncia del acoso sexual se ve obstaculizada por la omnipresente culpabilización de las víctimas. Aquellas que se atreven a hablar del tema con sus allegados observan que la atención no se concentra en el agresor sino en la agredida, a quien suelen preguntarle cosas como: “¿Qué llevabas puesto?”, “¿Por qué estabas en la calle a esa hora?” o “¿Qué actitud tenías con tu agresor?”. Una de ellas relató que tras el acoso sexual que padeció, su padre le aconsejó llevar hiyab.

Este proceso de victimización y de inversión de la culpabilidad –preponderante en muchos países– se ve desacreditado por la diversidad de los perfiles de las víctimas, de cualquier nacionalidad y edad, que en algunos casos llevan jeans y en otros hiyabs y burkas. También varía la situación en la que ocurre el ataque: de día o de noche, las víctimas son perseguidas en auto, agredidas verbalmente en los semáforos o encerradas en los estacionamientos. También se denuncian acosos sexuales en los centros comerciales, lo que rompe con la idea de que las víctimas solas “van hacia el peligro” en lugares aislados. Estos testimonios revelan un problema sistémico de acoso sexual en Kuwait.

Para Shayma Shamo, la creadora de la cuenta de Instagram @lan.asket, la noción de “eib” (vergüenza) con la que crecen las jóvenes en Oriente Medio impide que semejantes situaciones se tomen en serio. Las mujeres también son garantes del honor de su familia y responsables de cierta reproducción social, puesto que les dan nacimiento a los futuros ciudadanos. Ese rol simbólico con frecuencia las compele al silencio, dado que en el imaginario colectivo, sus dificultades personales afectan finalmente al conjunto de la sociedad. Aunque según la Constitución de Kuwait las mujeres son iguales a los hombres y se benefician de un marco legislativo progresista, los fallos que les incumben parecen regirse por prácticas conservadoras sólidamente arraigadas. El divorcio, discrecional para los hombres, debe responder en el caso de las mujeres a criterios específicos, como el abandono o la diferencia de religión.

Según el artículo 153 del Código Penal (“crímenes de honor”), la ley también ofrece una “sentencia más clemente” a los hombres que matan a una mujer por “relaciones sexuales ilegales”. Estas diferencias de tratamiento también son parte de una construcción social particularmente fuerte de la virilidad. Entre los testimonios de la página de Instagram, un solo hombre describe esa presión masculina luego de haber sido víctima de acoso sexual: “No sabía cómo decírselo a mi propia familia porque yo era un hombre acosado por otros hombres”.

Retraso en el terreno de la política

Sin embargo, Kuwait representa una excepción política en la península arábiga, donde es considerado el país más abierto y liberal. La mayor parte del poder está concentrado en la familia real al-Sabah, pero la oposición se fortaleció considerablemente con la creación de la Asamblea Nacional (majlis al-umma), en 1960. Ese poder legislativo, que históricamente ha estado en manos de las élites tradicionales y urbanas, se “popularizó” para llegar a las clases medias del país, impulsando el dinamismo de la sociedad civil. La libertad es por cierto evidente si se observa el éxito de la aplicación Club House, donde las personalidades mantienen diálogos con los internautas.

Kuwait también es un precursor de la emancipación femenina en la región. Desde la década de 1950, la educación de las mujeres cuenta con un apoyo importante. Antes de la creación de la Universidad de Kuwait, en 1966, las estudiantes más meritorias eran enviadas a universidades en El Cairo o Beirut. Altamente calificadas, luego se lucían en puestos de responsabilidad. Las kuwaitíes también son beneficiarias de una representación muy moderna e independiente de la mujer en el arte, las series televisivas y los medios de comunicación.

Sin embargo, el terreno de la política todavía sigue retrasado. El país otorgó en 2005 el derecho de voto y de elegibilidad a las mujeres, y en 2009 fueron elegidas las cuatro primeras diputadas a la Asamblea Nacional. A pesar de ese cambio innovador en la región, las mujeres adhieren muy poco a una agenda política feminista. Como en la mayor parte de las sociedades, antes que nada intentan calcar el trabajo de sus colegas hombres para ganar la legitimidad y la credibilidad suficientes. Como explica Mary Ann Tétreault, profesora y especialista de Oriente Medio, la brecha entre los géneros sigue siendo extremadamente visible en el país, y para hacerse escuchar, “las mujeres, en política, se comportan como los hombres […] y se retiran del rol de representantes de su género” (1).

Las últimas elecciones legislativas de diciembre de 2020 confirman una cierta impotencia de las mujeres en política, ya que ninguna diputada fue electa ni reelecta, a pesar de la cifra récord de 29 candidatas. A eso se agrega la heterogeneidad del movimiento de emancipación de las mujeres en Kuwait, surgido en la década de 1950. Los conflictos generacionales y las múltiples corrientes (universal, islámica, poscolonial…) complican la posibilidad de alcanzar una unidad sobre la cuestión de los derechos de las mujeres. Finalmente, la base electoral tribal de otras fuerzas políticas, así como el surgimiento del Movimiento Constitucional Islámico (ICM) –vinculado a la Hermandad Musulmana– durante esas mismas elecciones de diciembre de 2020 no permitieron un avance concreto en materia de libertad individual de las mujeres.

Sin embargo, el asesinato de Farah Akbar cambió el panorama. Cinco diputados solicitaron la creación de una comisión de investigación parlamentaria destinada a examinar y luego sancionar las negligencias de las autoridades competentes en la protección de la víctima. Además, los diputados Osama Al-Shaheen, Al-Saqabi, Al-Mutairi y Al-Matar presentaron un proyecto de ley destinado a abolir el ya mencionado artículo 153 del Código Penal (“crímenes de honor”) que, según Al-Shaheen, “es mal utilizado por algunos criminales”.

Ese artículo apunta a reducir las penas de los culpables de esos actos, porque el comportamiento de la víctima presuntamente casi justificaría su propio asesinato. El pedido de los diputados se hace eco de la campaña Abolish article 153, impulsada desde el año 2015. La Oficina Nacional de Derechos Humanos inició una investigación y asegura querer terminar con este fenómeno de violencia que actualmente afecta a la sociedad kuwaití.

Manifestación frente a la Asamblea Nacional

El 21 de abril de 2021, en una acción destinada a demostrar la magnitud de su movimiento, se reunieron decenas de mujeres frente a la Asamblea Nacional para reclamar más protección. La reciente creación de la Women’s Alliance hace soplar un viento de unidad. El 28 de abril de 2021, la cuenta de Instagram @lan.asket señaló que esa Alianza representa “la integridad de la nación kuwaití”. Compuesta por cerca de veinte organizaciones diversas y otrora divididas, la Alianza exige la creación de una línea telefónica para facilitar las denuncias, la contratación masiva de mujeres policías e incluso el aumento de las penas para los autores de violencias contra las mujeres.

Este nuevo #MeToo kuwaití se inscribe en el movimiento de liberación de la mujer surgido hace casi 70 años. Le aporta un nuevo impuso a través del “feminismo electrónico”, pero se sitúa en la línea de trabajo previa de grandes asociaciones, como Women’s Cultural and Social Society (WCSS) o The Girls Club. También es el resultado de una toma de conciencia de una juventud kuwaití más atenta y más comprometida con estos asuntos sociales que podría generar un verdadero cambio político, sobre todo porque los diputados elegidos son cada vez más jóvenes.

Como en otros países de la península arábiga y más allá, Kuwait parece estar en contradicción entre la imagen de apoyo a la emancipación de las mujeres y la realidad de las violencias que ellas sufren. Sin embargo, es el único país de la región que posee un movimiento de denuncia del acoso sexual, lo cual revela la fuerza y la libertad de la sociedad civil. Al ocupar el espacio público como lo hace actualmente, la sociedad puede esperar un verdadero cambio político para lograr un avance social desde su centro.

(Traducido del francés por Ignacio Mackinze)

Aquí puedes leer el texto original en francés.

Notas

  (1) Mary Ann Tétréault, durante el seminario “MENASource Discussions: Prospects for Kuwait”, organizado por Atlantic Council, 27 de agosto de 2013.

Otrora centro del comercio mundial de especias, el distrito indio de Malappuram, en el estado de Kerala, rodeado al este por los bosques de los montes Nilgiri y al oeste por la exuberante costa del mar Arábigo, se convirtió en el patio trasero de los Estados árabes del golfo Pérsico. Las divisas enviadas por los trabajadores que partieron al extranjero son una fuente de ingresos para un tercio de los hogares de Malappuram. Pero desde el comienzo de la pandemia de covid-19, el dinero de la migración de India al Golfo, vital para financiar los gastos diarios, la escolaridad, los aparatos electrónicos y los bienes inmobiliarios, se encuentra bajo amenaza.

“Trabajaba en Dubái para una empresa constructora, pero me despidieron”, se lamenta Vipin, uno de los 1.230.000 pravasikal –término que significa “migrante” en la lengua local, el malabar– que desde mayo de 2020 regresaron a Kerala. “Hoy en día vivo de mis ahorros, y dentro de poco ya no me quedará más dinero. Volvió mucha gente del Golfo a nuestro pueblo, pero aquí no hay oportunidades de empleo”, aseguraba Vipin en mayo de 2020. Un año más tarde, sobrevive con su esposa y su hija de dos años gracias a trabajitos precarios, mientras espera poder volver a probar fortuna en ese paraíso que representan las economías del Golfo.

Durante los primeros meses de la crisis sanitaria, la tasa de desempleo en Kerala –que ya antes de la pandemia era superior al promedio nacional– se disparó, pasando del 9% en diciembre de 2019 al 26% en mayo de 2020. “Mi familia está protegida del covid, pero a mi alrededor la situación se degrada”, agrega Vipin. En India se registran centenas de miles de contagios y más de 4.000 fallecimientos diarios debido a una calamitosa segunda ola que desde mediados de abril de 2021 azota al país.

Para los pravasikal de mayor edad, el regreso al país durante la pandemia de covid-19 implica “dejar atrás una vida de trabajo y el beneficio de salarios exentos del impuesto sobre la renta” para volver a “los viejos días sin ninguna red de seguridad social”. En efecto, las economías del Golfo están construidas en base a un modelo de migración que le ofrece a la abundante mano de obra extranjera una existencia temporal a cambio de salarios más elevados que en sus países de origen. Excluidos de los sistemas públicos de jubilación, reservados únicamente para los ciudadanos del Golfo, los trabajadores extranjeros deben ahorrar para su vida posmigratoria o contar con el apoyo económico de la generación siguiente. Algo similar ocurre en sus países de origen, donde ante la ausencia de Estado de bienestar, la subsistencia de las personas de edad avanzada depende de la solidez de la estructura familiar y del tejido social.

Preferencia nacional

El jefe del gobierno de Kerala, Pinarayi Vijayan, indica que el estado “está en deuda” con los pravasikal por su contribución al desarrollo local. Según un estudio del Banco Mundial, un aumento del 10% de la participación en el PIB de las remesas de los trabajadores a sus familias significa “una caída del 1,6% en la proporción de personas viviendo en la pobreza”. Pero algunos acusan a los migrantes de haber propagado el covid-19 tras su regreso al país. Otros se preguntan sobre el carácter efímero de los modelos de migración ofrecidos por los Estados del Golfo a los trabajadores extranjeros. El acceso a la ciudadanía o a un permiso de residencia permanente es un privilegio reservado a un conjunto de individuos extremadamente reducido. En enero de 2021, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que abrirían las puertas de la ciudadanía emiratí a inversores extranjeros, talentos especializados, médicos, ingenieros y artistas designados por funcionarios emiratíes o miembros de la familia real.

Además, los países del Golfo multiplican los programas de nacionalización de la mano de obra para darle prioridad a los nacionales. Si bien la ciudad de Dubái, donde solamente residen 270.000 emiratíes, planea aumentar su población en un 76% en los próximos veinte años y atraer talentos de todo el planeta, el Sultanato de Omán y el Reino Arabia Saudita tienen que lidiar con el flagelo del desempleo. Las migraciones inversas durante la pandemia revelan un fenómeno de más largo plazo caracterizado por el auge de las energías renovables, que desorienta a las economías petroleras y gasísticas del Golfo, en un mundo donde la supremacía del petróleo está en retroceso.

Según el Centro Nacional de Estadísticas e Información de Omán, la cantidad de trabajadores extranjeros en el país cayó un 14% entre el comienzo de la pandemia y enero de 2021. En Arabia Saudita, cerca del 13% de los ciudadanos están desempleados, y uno de los caballos de batalla del príncipe heredero Mohammed bin Salmán es reducir la dependencia de la mano de obra extranjera. En el caso de Kuwait, la reivindicación de la preferencia nacional se traduce por un discurso antimigrantes con un dejo racista que acusa a los extranjeros de todos los males del emirato.

Conscientes de que el futuro del Golfo depende de la capacidad de esos Estados petroleros y gasísticos para readaptar sus modelos económicos y sociales, los países asiáticos y africanos exportadores de mano de obra intentan desarrollar nuevas rutas de migración más calificadas hacia los países occidentales y también reforzar sus tejidos económicos locales. Ese último objetivo requiere un cambio de enfoque radical, ya que la migración llegó a convertirse en el símbolo del éxito, privando a las economías locales de la creatividad y del dinamismo económico de su juventud. “Si migro, se fortalecen los países del Golfo, no la India. Nos iría mejor si pensáramos diferente”, afirma Afeefa Rasheed, una estudiante india de 21 años entrevistada por Orient XXI en 2019. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trabajadores indios poco calificados que trabajan en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos ganan un salario entre 1,5 y 3 veces mayor al que ofrecen los empleadores indios.

“Es como si hubiéramos ganado la guerra”

A diferencia de Vipin, otros trabajadores no fueron despedidos por sus empleadores. Pero como a mediados de marzo de 2020 se encontraban fuera de Arabia Saudita cuando el país decidió cerrar sus fronteras, se quedaron sin la posibilidad de regresar a sus puestos de trabajo. Y varios de esos náufragos de la pandemia perdieron su empleo, ya que se quedaron bloqueados en sus países de origen. Solo los más opulentos estuvieron en condiciones de volver a Arabia Saudita, pues debieron costear un viaje con una escala de 7 a 14 días, a Dubái o a las Maldivas por ejemplo, donde se habían reanudado las conexiones aéreas con el Reino. En Twitter, la cuenta Bring Back Saudi Residents tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades saudíes. “Los vuelos entre India y Arabia Saudita todavía no se reanudaron. Ya va más de un año, y para los que siguen bloqueados en India sin empleo y sin salario la situación es terrible”, comenta la persona que creó la cuenta de Twitter, que prefiere mantener el anonimato, ya que vive en Arabia Saudita. “Algunos se rindieron ante los hechos y les pidieron a sus allegados o a sus colegas que rescindieran sus contratos de alquiler y vendieran su automóvil en Arabia Saudita”, agrega esta persona.

Esos regresos forzosos al país de origen colocan ante un dilema a aquellos y aquellas que habían apostado a la migración al Golfo como una forma de ascenso social: volver a empezar de cero un proceso migratorio –y por lo tanto pagar por segunda vez los gastos relacionados con el proceso de contratación– o probar suerte en sus países de origen. Nacido en Itahari, una ciudad de cerca de 140.000 habitantes en el sudeste de Nepal, Praveen, de 27 años, dejó su hogar familiar en enero de 2019 para ir a trabajar a Dubái, con la esperanza de saldar las deudas de su familia. Infringiendo las leyes de la nación himalaya, el agente de migración encargado de organizar su partida le exigió 700 euros en concepto de “gastos de contratación”.

El joven aceptó, y unas semanas después aterrizó en Dubái, donde pasó a supervisar el traslado de los pasajeros en sillas de ruedas en el aeropuerto internacional. Un año después de su llegada, la emergencia sanitaria del covid-19 suspendió los vuelos de la línea aérea Emirates, provocando una paralización temporal del primer punto de conexión aeroportuaria mundial, donde en 2019 se cruzaron 86 millones de pasajeros. “Cuando comenzó la pandemia, la empresa dejó de pagarnos. Junto con 200 colegas nepaleses hicimos una especie de revolución frente a la administración, pero nos dijeron que volviéramos a nuestra habitación para dormir y comer los alimentos que nos distribuían. Era una situación difícil. Con mi empleo, soy el sostén de la familia. Mi padre, de 84 años, y mi madre, de 71, dependen del dinero que les envío”, cuenta Praveen.

Presa de dudas sobre el futuro de su profesión y privado de su salario mensual de 250 euros (lo cual infringe todas las leyes de los Emiratos Árabes Unidos), Praveen renunció y regresó a su país. Luego de 20 meses en Dubái, ahora debe pagar a crédito el trayecto de 360 kilómetros que conecta Katmandú con su ciudad natal. “Cuando por fin llegué, estaba feliz. Era como si hubiéramos ganado la guerra y estuviéramos celebrando la victoria”, confiesa. Decepcionado por su experiencia como migrante, Praveen decidió tomar las riendas de su destino.

Luego de trabajar varios meses en un empleo temporal en Nepal para financiar una modesta ceremonia de casamiento con el amor de su vida, “tuve que minimizar los costos lo más posible”, comenta. Hoy intenta recaudar los fondos necesarios para abrir una agencia de recursos humanos. Su futura empresa tendrá como misión ayudar a los habitantes de la región a aprovechar las oportunidades de empleo local antes que elegir la migración como escapatoria. De los 240.000 nepaleses que regresaron al país durante la pandemia, solo 60.000 volvieron a emigrar tras la reapertura de las fronteras del país, en julio de 2020. “Rezo por que mi empresa futura sea próspera”, dice Praveen.

Traducción de Ignacio Mackinze. Aquí puedes leer la versión en francés.Aquí

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Sebastian Castelier es un periodista independiente.

Desde que las provocaciones de la extrema derecha israelí en Jerusalén Este han reavivado los enfrentamientos entre el ejército y Hamás, hemos comprobado una vez más la importancia de las opiniones independientes sobre el terreno, a menudo de los corresponsales de las agencias de prensa y de los medios impresos. Sus despachos y sus documentos desmontan las mentiras del gobierno de Benjamín Netanyahu, ampliamente difundidas sin matices –sobre todo en Francia por una parte de los medios audiovisuales– por los partidarios de Israel que forman un vasto lobby político y mediático. El partido parece desigual, tan masiva es la apisonadora propagandística. Sin embargo, no está perdido.

Tres periodistas que cubrieron Israel-Palestina, de tres redacciones y en tres períodos diferentes relatan –garantizado el estricto respeto de su anonimato– las llamadas telefónicas intempestivas, las amenazas apenas disimuladas y el juego a dos bandas de sus jefaturas de redacción. El primero, al que llamaremos Étienne, fue corresponsal en Jerusalén para un diario francés; el segundo, Marc, para un medio audiovisual, y el tercero, Philippe, el enviado especial regular de un semanario.

Al igual que la mayoría de los corresponsales y enviados especiales en Israel, elogian la “fluidez” del trabajo en ese país: allí la prensa es diversa, las fuentes son numerosas, están disponibles, y los temas son variados. Solo la información relativa a la “seguridad nacional” está supeditada a un comité de censura militar, y a veces se prohíbe su publicación, principalmente para impedir la identificación de soldados en los medios audiovisuales. Pero eso sucede sobre todo con una prensa israelí con frecuencia combativa, que mantiene ese carácter a pesar de las grandes maniobras de Benjamín Netanyahu y de sus amigos megamillonarios de los medios para hacerla entrar en vereda. La manipulación del ejército israelí destinada a dar la impresión, el jueves 13 de mayo, de un ataque terrestre contra Gaza es, desde este punto de vista, una primicia, fuertemente condenada por la prensa internacional.

Numerosos corresponsales de los diarios Le Monde, Libération o de otras redacciones publicaron a su regreso de Israel obras tan apasionantes como críticas sobre la sociedad israelí.

Así que el problema es menor en Israel: “Ahí se trabaja bien, la gente está acostumbrada a la prensa, se puede ir a cualquier lugar, todo es muy abierto”, dice por ejemplo René Backmann, que durante mucho tiempo colaboró en Le Nouvel Observateur y ahora escribe en Médiapart [socio editorial de infoLibre]. “Donde nos joden es en Francia”, agrega. Para ser más precisos: ahí joden a los periodistas e ignoran a los intelectuales críticos de la política israelí.

Citemos más extensamente a estos tres periodistas.

Étienne, excorresponsal de un diario:

Marc, corresponsal de un medio audiovisual:

Philippe, enviado especial de una revista:

Guillaume Gendron fue corresponsal de Libération en Israel-Palestina entre 2017 y 2020 y ha escrito numerosos artículos en los últimos días en su periódico, en línea con esta observación inicial publicada por el diario el 16 de diciembre de 2020, que describe el ascenso de la extrema derecha en la sociedad israelí:

Unas semanas más tarde, cuando Gendron fue recibido por Dominique Vidal en el Instituto de Investigación y Estudios Mediterráneo y Oriente Medio (iReMMO) para relatar su experiencia profesional de tres años, lamentó, al igual que todos los periodistas franceses que cubren la actualidad en Tel Aviv, Jerusalén y Ramala, el hostigamiento de algunos zelotes empecinados en defender Israel… en Francia. “Existe una manera muy organizada de gestionar el ultraje, hay gente que injuria todo el día en las redes sociales”, dice Gendron. Esas personas se encargan de escudriñar los reportajes de los corresponsales en busca de supuesta desinformación. “Al comienzo, yo contrargumentaba –continúa Guillaume Gendron–, pero frente a personas con tanta mala fe, dispuestas a deformar las palabras, hay momentos en que no se puede continuar con el debate, porque en realidad no es un debate”.

Entre “silencios” al aire y memorias esquivas, no resulta simple evaluar la situación mediática de la relación Francia-Israel. Estos últimos meses me han repetido de diversas maneras que se trata de un “tema irrelevante”, pero sin embargo algunos vigías bien posicionados se encargan de ajustar cuentas con periodistas que solo hacen su trabajo, que es informar: el periodista Clément Weill-Raynal y su sitio web InfoEquitable, el abogado Gilles William Goldnagel, invitado en varios programas televisivos de la derecha audiovisual, y el infaltable diputado Meyer Habib, quien con frecuencia hostiga a los periodistas y es un habitual del canal I24News. Esas intervenciones son casi sistemáticamente retomadas por el CRIF y diferentes personalidades como Alain Finkielkraut, Jacques Tarnero, Shmuel Trigano y numerosos internautas y sitios web franco-israelíes con una audiencia más limitada, como JJS News, así como en las redes sociales.

Para ellos, contra toda razón y simple sentido de la observación, la demonización de Israel en la prensa francesa resulta escandalosa. Reclaman información “equilibrada”, como si ese término tuviera algún sentido. “Tienen una idea falsa de la información ‘equilibrada’, que para ellos debe ser sistemáticamente favorable a Israel”, explica un colega con base en Jerusalén. Varios periodistas recuerdan la célebre fórmula atribuida a Jean-Luc Godard que define la objetividad en la televisión: “Cinco minutos para los judíos, cinco minutos para Hitler”. Uno de ellos, criticando su cobertura de Palestina, asegura que Meyer Habib transformó completamente esa fórmula por “cinco minutos para los judíos, cinco minutos para Israel”. Piotr Smolar, excorresponsal de Le Monde en Jerusalén, los califica de “hormigas odiosas”. Y según René Backmann, “terminaron imponiendo la ley del silencio. Mis colegas tienen cada vez mayores dificultades para trabajar, y les dicen que no vale la pena hacer una nota sobre Palestina, que ya está, que hay que pasar a otra cosa”.

El “caso” Mohamed al-Durah es solo un ejemplo. Tras su reportaje sobre la muerte de ese niño palestino de 12 años asesinado por francotiradores en Gaza en el año 2000, Charles Enderlin, corresponsal de France 2, padeció una larga guerrilla pública y judicial. En su libro Un enfant est mort (“Murió un niño”) (Don Quichotte, 2010) y en sus recientes memorias profesionales, De notre correspondant à Jérusalem (“De nuestro corresponsal en Jerusalén”) (Seuil, 2021), el periodista relata en detalle las acusaciones de mentiroso que debió soportar. Tuvieron que pasar trece años de procesos para que Enderlin fuera totalmente exculpado por la justicia francesa y para que su principal acusador, Philippe Karsenty, fuera desestimado y condenado a pagar las costas judiciales.

Pero la herida es profunda, y el rumor, persistente. Hacerse tratar de manipulador, de mentiroso, escuchar “muera Enderlin” en reuniones públicas fue terrible para el periodista. Y si bien su empleador lo apoyó durante todo el proceso, así como su redacción, que firmó casi unánimemente una petición lanzada por el Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ, según sus siglas en francés), “Charles fue apartado rápidamente y no tuvo una vida fácil”, relata Dominique Pradalié, secretaria nacional del SNJ y una de sus excolegas en France 2. “Dejaron de transmitir sus reportajes, y David Pujadas, que en ese entonces era el conductor del noticiero de las 20 horas, lo había puesto en la lista negra”, agrega Pradalié.

Otra petición para apoyar a Enderlin, creada por René Backmann, reunió cientos de signatarios, entre los cuales había varios periodistas del diario semanal Le Canard Enchainé, Le Nouvel Observateur, la Agencia France-Presse y medios audiovisuales. Pero el texto no fue firmado por ningún propietario de medios de prensa, salvo Didier Pillet, de La Provence, y Claude Perdriel (y su mano derecha en ese momento en L’Observateur, Denis Olivennes). “Las jefaturas” de los diarios, para usar el término empleado por Dominique Pradalié, no manifestaron la más mínima solidaridad hacia Charles Enderlin, cuando lo que estaba en juego era el deber de informar. Al contrario, Denis Jeambar, director de L’Express, fue uno de sus principales acusadores, y diarios como Le Figaro retomaron en varias oportunidades los argumentos de Karsenty y de sus colegas, como Luc Rosenzweig, o Élisabeth Lévy de la revista en línea Causeur. Y ni que hablar de algunos sitios más restringidos, cuya masa de desinformación es casi imposible de rastrear y que siguen denunciando a Enderlin. ¿Un signo de los tiempos? Francia 2 tardó más de dos semanas en mayo 021 en enviar un enviado especial...

Además, otros procesos iniciados por proisraelíes, en particular contra Edgar Morin, Danielle Sallenave y Sami Naïr (absueltos por la Corte de Casación en nombre de la libertad de expresión por una tribuna publicada en Le Monde en 2002) o el periodista Daniel Mermet, que tenía un programa de radio en France Inter (también absuelto), ciertamente fracasaron, pero terminaron convenciendo a las jefaturas de redacción de que era mejor mantenerse al margen. Aunque todos los acusados ganaban ante la justicia, los proisraelíes, amarga ironía, salían vencedores de las polémicas envenenadas que iniciaban. Lamentablemente, no podemos decir que todo resultó mucho ruido y pocas nueces.

Así que ahora impera el silencio. Hay mucha información que hoy simplemente ya no se difunde. Por ejemplo, ¿dónde ha podido leerse en Francia, a fines de abril de 2021, que oficinas de “seguridad” israelí habían abusado de la identidad de periodistas para montar operaciones secretas en beneficio de “clientes” de Abu Dabi? La información del sitio norteamericano The Daily Beast fue ampliamente retomada en Estados Unidos, en Reino Unido y… en Israel. Pero no en Francia, donde los medios audiovisuales parecen todavía más timoratos sobre Israel que la prensa escrita, porque sus responsables son más pusilánimes, o más proisraelíes. De hecho, en contadas ocasiones se han visto voces críticas en los estudios de televisión. Rony Brauman, israelí como Charles Enderlin, asegura que, al igual que muchos otros, no lo invitan más a los medios: “Soy persona non grata, salvo en France 24. Una vez me invitaron tras una nota en el programa ‘Complément d’enquête’ sobre los judíos en Israel. Me cancelaron la invitación el día anterior, y me remplazaron por Bernard Henri Lévy. Parece que la productora determinó que yo era ‘un tipo polémico’”.

“Se puede criticar a Israel en Francia, nadie va en prisión por eso. Pero el que critica a Israel va a tener en su contra a los amigos de Israel, que son numerosos”, explica un embajador de Francia jubilado. “No lo dramatizo, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero en Francia hay protecciones legales contra el antisemitismo, así que uno podría pensar que el debate está abierto, lo cual no es el caso”. “La ofensiva política para hacer pasar el antisionismo como un nuevo antisemitismo les permitió ganar algunos puntos en la opinión pública”, señala Frédérique Schillo, universitaria también francoisraelí. “Fue una jugada exitosa y significó un beneficio doble para Israel: poder decir que actualmente el antisemitismo se disfraza de muchas maneras y bajar el nivel de lo prohibido en el marco de la crítica política”.

El temor de ser acusado de antisemitismo paraliza a varios colegas, y la adopción de parte de diferentes colectividades –las ciudades de París, Mulhouse, el Consejo General del departamento de los Alpes-Marítimos– de la definición de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) que asimila la crítica de Israel al antisemitismo no facilita las cosas, ni siquiera en las redacciones. El espectro político que se ha sumado a la dichosa defensa de Israel, de Manuel Valls a Gérard Darmanin, de Anne Hidalgo a Emmanuel Macron, no carece de influencia en la esfera mediática.

En lo referido a la defensa de Palestina y el derecho de los palestinos, “no es un tema muy popular”, agrega Bruno Joncour, diputado del Movimiento Demócrata (Modem) de Saint-Brieuc. “Así que muchos prefieren evitar ese asunto, algo que no es ni valiente ni glorioso”. “En Francia todavía hay una adhesión profunda a la causa palestina, hay un movimiento de solidaridad impulsado por las asociaciones, pero no hay ningún tipo de cobertura mediática, nadie dice una palabra, todo está muy tapado”, asegura Jacques Fath, exresponsable internacional del Partido Comunista Francés (PCF). Los estragos causados por el terrorismo islamista jugaron un papel fundamental en ese silencio. Los proisraelíes no dejan de repetir que apoyar a los palestinos significa apoyar a Hamás y por lo tanto, el terrorismo. El argumento, falaz, hizo y sigue haciendo mella.

Los medios ya no se comprometen. Desde el fracaso de los procesos de Oslo, el tema se volvió secundario, y las amenazas de hostigamiento de los proisraelíes más empecinados llevan a los redactores en jefe a mantener el perfil bajo y a imponérselo a su redacción. ¿Autocensura? ¿Cobardía? ¿Pereza? ¿Aprobación? “Un poco de todo”, dice suspirando el director de Orient XXI, Alain Gresh, quien sigue el desarrollo de la región desde hace décadas y quien, como Brauman, fue “desinvitado” por los medios audiovisuales, para luego ni siquiera ser invitado.

Continuando con la metáfora animal de las “hormigas odiosas”, podríamos hablar de sus compinches: las lagartijas perezosas y los topos miopes. Nos referimos sobre todo a los numerosos directores y subdirectores en el marco de una profesión bastante jerarquizada, que dicen que la opinión pública ya no está interesada en el tema, lo cual es una manera de evitar abordarlo. Y mientras tanto, les dan columnas y aire a muchísimos proisraelíes. Hay que darle la razón a Frédéric Encel, conocido proisraelí. En una conferencia brindada en Estrasburgo en 2013 que Pascal Boniface sacó a la luz, Encel alardea como un gallo vencedor cuando habla de los medios de comunicación y de Israel: “En términos generales, la situación está… iba a decir bajo control, pero es más bien favorable. Encontramos medios verdaderamente favorables a Israel, equilibrados, honestos, en todas partes: esto es cierto para la prensa escrita, la radio y la televisión”. Para Rony Brauman, “Encel hablaba objetivamente de un lobby que existe objetivamente. Es algo asumido, reivindicado”.Por cierto, en ese momento Frédéric Encel contribuía a la gloria mediática israelí con su trabajo temporario como cronista de geopolítica durante el verano en France Inter, un puesto que le debió a Philippe Val, otro proisraelí que en ese momento dirigía la radio.

“Los mismos que reclaman una ‘objetividad’ imposible sobre Israel de parte de los periodistas son por lo general los más intolerantes”,escribió Piotr Smolar, excorresponsal de Le Monde, que perdió la cuenta de las injurias y la difamación luego de la publicación de algunos de sus artículos. Es una situación particularmente francesa, porque los medios israelíes, norteamericanos y británicos son más libres en su tónica como en la elección de los temas.

Es cierto que son menos numerosos –el canal de televisión TF1 cerró su oficina en Jerusalén, el corresponsal permanente del diario Libération fue de momento sustituido por colaboradores autónomos de calidad –, pero varios colegas, sobre todo independientes, están presentes en Tel Aviv, Jerusalén y Ramala, y ofrecen una cobertura exhaustiva y variada de la situación en esos lugares. Deben hacer malabares entre la cobardía de los directores parisinos y las invectivas en línea de los cabilderos de la derecha israelí, por no hablar de su precariedad económica. De ahí que sus observaciones sean aún más preciosas, aunque tengan cada vez menos espacios para informar. Su silencio significaría la más amarga de las derrotas. Eso todavía no sucedió.

Traducción de Ignacio Mackinze. Aquí puedes leer la versión en francés.Aquí

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Jean Stern es ex miembro de Libération y La Tribune, colaborador de La Chronique d’Amnesty International. Publicó en 2012 Les Patrons de la presse nationale, tous mauvais, en La Fabrique, y en 2017 Mirage gay à Tel Aviv en Libertalia.

Las causas del doble derrumbe de la libra libanesa (LL) y siria (LS) son múltiples: agotamiento de las fuentes de ingresos, múltiples y colosales déficits públicos, ausencia de gobernanza –incluso de gobierno–, corrupción endémica y políticos nihilistas, en un contexto de inestabilidad y de conflictos regionales. Ambos países tienen sistemas políticos y económicos divergentes. El del Líbano es ultraliberal, está corrompido hasta la médula y desde luego, es prooccidental. El de Siria es más planificado, con un cierto giro liberal –y una dosis de corrupción– durante las últimas décadas, antes que la guerra desatada en 2011 destruyera todo a su paso.

Esa guerra de diez años dejó fracturas profundas, imposibles de llenar sin una gigantesca ayuda internacional, y que escasea debido a las sanciones financieras y económicas de Occidente. Los dirigentes sirios –la misma familia autocrática que ocupa el poder desde hace medio siglo– redujeron a la nada las esperanzas de una vida mejor.

Pero aunque el Líbano y Siria hayan tomado caminos diferentes, comparten numerosos puntos en común. Muchas familias libanesas tienen parientes sirios, y viceversa. Varias familias sirias contribuyeron al desarrollo en el Líbano de un sector bancario que durante mucho tiempo fue próspero, y en el sector industrial se han tejido relaciones dinámicas. Al comienzo de la década de 2000, algunos bancos libaneses tomaron participación o crearon filiales en Siria, donde se gestaba una tímida liberalización del sector financiero.

Ni contigo ni sin ti

También cabe recordar que ambos países compartieron la misma moneda hasta el 24 de enero de 1948, cuando el Líbano creó su propia divisa luego de su independencia y de disolver cualquier relación jurídica con la potencia mandataria francesa y con Siria. En 1950, Siria suprimió a su vez la unión aduanera entre ambos países.

Desde octubre de 2019, la libra libanesa en el mercado oficial, que como garantía de estabilidad está atada al dólar (a una tasa de 1.507 libras por dólar), no deja de hundirse a niveles abismales en los mercados paralelos. Su depreciación alcanza actualmente el 90%, con una tasa de cambio en el mercado informal que roza las 15.000 libras por dólar (contra 9.800 en julio de 2020). Nadie sabe cuándo se detendrá la caída, mientras el país está sin gobierno desde el mes de agosto, cuando una explosión en el puerto de Beirut destruyó un barrio entero de la capital y provocó la renuncia de un gobierno encargado de iniciar reformas.

“Con estos responsables políticos insensibles, tenemos la sensación de estar en contacto con un peñasco inmenso o un muro de acero”, señala con amargura Jad Tabet, figura de la sociedad civil y secretario general del Sindicato de Ingenieros y Arquitectos. Los bancos, que fueron la joya y el motor de la economía antes de 2018, están al borde de la quiebra y prohíben en completa ilegalidad el retiro de dólares de las cuentas bancarias, salvo a cuentagotas y a una tasa desventajosa. En una economía ampliamente “dolarizada” y dependiente de las importaciones, los comerciantes sufren, y las quiebras y el desempleo se multiplican.

En este contexto, el primer ministro saliente, Hasán Diab, advirtió que las reservas del Banco del Líbano (BDL) no permitían financiar todos los subsidios (trigo, combustible, medicamentos, material médico y productos alimenticios) más allá del mes de junio.

“Vivir en una ilusión”

¿Dificultades o quiebra? Lo más sorprendente es que los bancos libaneses nadaban en ingresos gracias a los depósitos de los libaneses mismos, de los expatriados, de las monarquías del Golfo y de Siria. Para ese país, el Líbano era a la vez una válvula de seguridad, un refugio y un lugar desde el cual industriales y comerciantes podían efectuar sus operaciones aprovechando atractivas tasas de interés hasta el año 2019. Todo parecía ir viento en popa antes del naufragio, y las pérdidas de ingresos acumuladas del Estado libanés y la incapacidad de las autoridades monetarias para equilibrar el déficit abismal de la balanza de pagos resultó ser el principal factor de la crisis. Ya no ingresaban más divisas, mientras países como Arabia Saudita se resistían a colocar sus excedentes en el país.

De hecho, el BDL alentaba a los bancos locales a aumentar sus tasas de interés para equilibrar los déficits de los servicios públicos, que acumulaban montañas de deudas (60.000 millones de dólares, o 49.000 millones de euros, solo en el sector de la electricidad). Las alertas de los expertos y de las instituciones internacionales sobre la situación, que pasó a ser insostenible (el porcentaje de deuda sobre PIB rozaba el 180% desde hacía años), no surtieron ningún efecto, ya que a corto plazo nada es más tranquilizador que la ceguera.

Así, unos meses después de las protestas del otoño boreal de 2019 y las medidas draconianas de los bancos, que penalizaban a sus depositantes limitando el acceso a sus cuentas, el primer ministro Hasán Diab anunció el 7 de marzo de 2020 que por primera vez en su historia, el país se declaraba insolvente sobre una parte de su deuda pública (eurobonos vencidos por 1.200 millones de dólares o 999 millones de euros). De esa manera, enviaba una señal muy negativa a los mercados financieros. “Los libaneses vivieron en la ilusión de que todo estaba bien, mientras el Líbano se ahogaba en un océano de deudas”, agregó el primer ministro.

El mismo mes, el Estado libanés declaraba su insolvencia sobre el conjunto de su deuda en divisas extranjeras: 35.800 millones de dólares (32.000 millones de euros) sobre una deuda total de 95.500 millones (79.000 millones de euros) para fines de noviembre de 2020.

Quienes aconsejaban más prudencia no fueron escuchados. El barco se estaba inundando y a bordo reinaba el pánico. En julio de 2020, Alain Bifani, ex director general de finanzas, afirmaba que a pesar de las rigurosas restricciones y de la prohibición de transferencias de capitales, desde octubre de 2019 se habían fugado del país cerca de 6.000 millones de dólares (5.000 millones de euros)

Se necesitaban culpables. El gobernador del BDL, Riad Salameh, y los banqueros fueron designados como responsables de un sistema viciado y vicioso que solo podía perdurar con tasas irreales aplicadas a clientes embaucados y en muchos casos sin otra fuente de ingresos en un país casi paralizado.

Adulado, luego despreciado

Hoy la confianza se evaporó. Coronado de gloria hasta ayer mismo por los círculos financieros internacionales, que le atribuían la mejor nota como director del banco central por su gestión, Riad Salameh –acusado de haber implementado un esquema Ponzi, una construcción financiera fraudulenta– ahora es señalado por su desempeño “calamitoso”, aunque sus errores también deben los comparten los políticos y el sistema que él ayudó a construir.

La justicia libanesa acaba de abrir una investigación preliminar con la mira puesta en transferencias de fondos ilegales de parte del gobernador del banco hacia Suiza, a pedido de la justicia helvética. Riad Salameh –que durante mucho tiempo fue el banquero de negocios personal de Rafiq Hariri, ex primer ministro y empresario en la época en que trabajaba en el banco de inversiones norteamericano Merrill Lynch– desmintió cualquier falta profesional.

En paralelo, considerándose perjudicados, numerosos depositantes iniciaron procesos judiciales contra bancos libaneses por su actuación y contra el BDL, considerado durante mucho tiempo como una fortaleza intocable, una especie de Estado dentro del Estado.

¿Existe algún rayo de luz en este cielo oscuro donde las tormentas se suceden día tras día? “El Líbano padece una depresión económica severa y prolongada”, escribe el Banco Mundial en un estudio publicado a comienzos de abril, con un PIB real en retroceso desde hace tres años y una inflación que alcanzó el 84,3%, mientras el 55% de la población vive bajo la línea de pobreza según la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental. “El Líbano está amenazado por un colapso total y peligroso […], sin equivalente con lo que pasó en Grecia, Venezuela o Argentina”, advirtió por su parte el experto libanés Paul Salem, presidente del Middle East Institute, con sede en Washington, en una entrevista con una radio libanesa el 11 de abril, mientras se realizaban reuniones con el FMI, el Banco Mundial y responsables de la nueva administración estadounidense. El experto agregó que el gobierno de Biden había tomado conciencia de esos peligros y estaría dispuesto a actuar con sus socios. “Se necesita con suma urgencia prevenir una explosión financiera y social, en coordinación con el FMI. La comunidad internacional está preocupada”, señaló Salem.

Siria, en un callejón sin salida monetario

¿Una perspectiva de salida de la crisis en el Líbano tendría efectos positivos, aunque sean limitados, en Siria? También la libra siria cae a sus valores más bajos de la historia. Paradójicamente, el calvario comenzó con el final oficial de los combates, en 2018-2019. Golpeada por la crisis en el Líbano, la libra siria cayó a principios de diciembre de 2019 en el mercado negro a 1.000 libras por dólar, mientras que la tasa oficial publicada en el sitio web del Banco Central de Siria era de 434 libras. Incluso en los años negros de la guerra, la libra nunca había caído a niveles tan bajos en el mercado paralelo.

De hecho, miles de millones de dólares de los depositantes sirios de repente fueron bloqueados por los bancos libaneses, generando una escasez de dólares en el mercado sirio y provocando la caída de la libra siria. Sin olvidar el hecho de que el monto de los depósitos sirios colocados en bancos libaneses se estima en varios miles de millones de dólares. El propio Bashar al-Ásad aventuró la cifra de 40.000 millones de dólares (33.000 millones de euros), aunque probablemente la cifra real es muy inferior.

Sea como sea, a comienzos de abril de este año, la libra se negociaba en el mercado informal a 3.700 LS por dólar, luego de que el 17 de marzo tocara el piso de 4.700 LS, es decir, cuatro veces menos que hace dos años. Los círculos de negocios sirios se acostumbraron a los sobresaltos de su divisa y lo atribuyen a manipulaciones. ¿El presidente Bashar al-Ásad no habrá pedido la renuncia el martes 13 de abril, al comienzo del ramadán, del gobernador del Banco Central, Hazem Karful, para calmar las aguas? “¿Una farsa o una pantalla de humo más?”, se preguntaba un comerciante de Damasco, mientras el desempleo aumenta, la escasez de combustibles se prologa y los precios están por las nubes en todas partes.

¿Era el momento justo?, se preguntan otros observadores. Porque al-Ásad está en plena preparación de su reelección, prevista para el 26 de mayo. Lo cierto es que el despido no tiene mucho sentido en un país devastado, con una oposición aplastada, miles de prisioneros aún encarcelados, una epidemia de covid que sigue causando estragos, y atentados y ataques de islamistas indómitos que volvieron a atacar al ejército. Y una población totalmente desesperada.

“Ayer un amigo me invitó a comer y la cuenta se elevaba al monto equivalente al salario mensual de un profesor”, relató a OrientXXI un residente de Damasco que pidió conservar el anonimato. Por lo menos algunos pueden comer, aunque sea a un precio exorbitante. Porque a algunas centenas de kilómetros de la capital, en un paisaje apocalíptico, unos 2,8 millones de desplazados de la guerra sirios se amontonan en campos improvisados en la provincia de Idlib, en el noroeste del país, una región otrora próspera y agrícola, hoy bajo el control de un grupo yihadista.

“Nuestro aire es distinto al suyo”

El 24 de marzo se generó una polémica luego de una visita sorpresa a Damasco del ministro de salud libanés, Hamad Hasan. Siria dio su visto bueno para entregar 75 toneladas de oxígeno a los hospitales del Líbano, en particular a los enfermos de covid-19, debido a la escasez en las fábricas libanesas.

“A pesar del aumento de las necesidades de oxígeno para tratar a los pacientes sirios, la respuesta fue positiva […]. Contar con el hermano y amigo [Bashar al-Ásad] en tiempos de crisis es una apuesta ganadora”, declaró Hasán, ministro del movimiento chií Hezbolá del gobierno libanés saliente.

La cantidad de oxígeno disponible en el Líbano apenas es suficiente para un solo día, mientras que las unidades de cuidados intensivos están casi saturadas, con un millar de pacientes utilizando respirador artificial, indicó el ministro. En el Líbano hay dos fábricas que producen oxígeno, y el vicepresidente de una de las fábricas más grandes del país, Khaled Hadla, aseguró que la producción local era insuficiente y que su país importaba una parte de sus necesidades de Siria antes de que Damasco limitara sus exportaciones para abastecer a su proprio mercado.

Farès Souhaid, exdiputado libanés del bando antisirio, reaccionó a través de un tuit dirigido al presidente sirio: “No queremos su oxígeno… Nuestro aire es distinto al suyo”. La reacción enardeció las redes sociales, ya que el tema reaviva las profundas divergencias en el Líbano sobre la pertinencia o no de una normalización de las relaciones con Siria, anhelada por una parte de los libaneses y rechazada por la otra.

Desde el comienzo de la pandemia, en el Líbano se han contabilizado oficialmente 455.381 casos de covid-19 y 6.013 fallecimientos. En Siria, las zonas gubernamentales –aproximadamente dos tercios del territorio– registraron 17.743 casos y poco más de mil muertos, pero en realidad el balance sería muy superior a las cifras oficiales.

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Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Ex periodista de la Agencia France Presse (AFP). Trabajó como jefe de puesto en Beirut y Rabat, así como en los departamentos económico y diplomático de la sede de la agencia.

Aquípuedes leer el texto original en francés.

Aunque para la mayor parte de los yemeníes la prioridad es evitar el agravamiento de la catástrofe humanitaria, e incluso de la hambruna, la comunidad internacional parece hacer oídos sordos al problema. El 1º de marzo de 2021, al dirigirse a los proveedores de fondos durante la conferencia anual de donantes, el secretario general de las Naciones Unidas recordó que “este año padecen hambre más de 16 millones de personas. Y ya mueren cerca de 50.000 yemeníes en condiciones próximas a la hambruna”. Unas horas más tarde, António Guterres dijo estar decepcionado por el escaso monto de las promesas de donaciones, que rondaron los 1.700 millones de dólares (1.400 millones de euros), es decir, menos de la mitad de los 3.800 millones de dólares (3.160 millones de euros) solicitados. El subfinanciamiento de las convocatorias humanitarias es moneda corriente. La única excepción ocurrió en 2019, cuando la ONU recibió el 86% del monto solicitado más elevado de la historia, ya que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contribuyeron con casi 2.000 millones de dólares (1.600 millones de euros) cada uno, lo cual representa, por supuesto, una pequeña fracción de sus gastos en la guerra en Yemen.

Aunque la atención de todo el mundo se concentra en los ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudita, la mayoría de los fallecimientos y de los padecimientos se deben al bloqueo naval de los puertos del mar Rojo, en particular Al-Hudayda, adonde llega la mayor parte de los víveres, del combustible y de los suministros médicos. El combustible es esencial para el transporte de mercancías, para el funcionamiento de las estaciones de bombeo de agua y de numerosos generadores de electricidad privados (más o menos grandes) que han remplazado la red estatal, destruida durante la guerra. Los buques petroleros son retrasados sistemáticamente por la coalición dirigida por Arabia Saudita, con el acuerdo del gobierno reconocido internacionalmente (GRI): durante el primer trimestre de este año, solo se descargó el 8% de las necesidades de combustible diésel y el 0% de gasolina. Así que no es sorprendente que, además del cierre de fábricas y otros establecimientos, los hospitales hayan suspendido el uso de sus generadores debido a la falta de electricidad.

Escalada en Marib

A pesar de la hambruna, las enfermedades y otras calamidades, la guerra continúa, y los aprovechadores de toda monta se benefician de la situación. Desde comienzos de febrero, las actividades militares se concentraron en la nueva ofensiva de los hutíes, que amenaza la ciudad de Marib y sus alrededores, a unos 170 kilómetros al este de la capital, Saná. La ofensiva comenzó a principios del año 2020 y recientemente se intensificó, con una importante cantidad de ataques aéreos saudíes que impidieron que los huzíes ganaran la corta distancia restante de terreno despejado que los separa de la ciudad, a pesar de que ya ocupan algunos de los 130 campos donde se refugiaron los yemeníes desplazados. La ciudad de Marib ahora posee más de un millón de habitantes, de los cuales centenas de miles son desplazados internos de Yemen.

La importancia de Marib queda demostrada por la determinación de ambas partes. Las fuerzas antihutíes han desguarnecido otros frentes para reforzar la resistencia, incluso en zonas donde la relación con el GRI es como mínimo problemática. Marib es la última gran ciudad que permanece bajo el control total del GRI, que está poco presente en la capital oficial “provisoria” de Adén debido al conflicto actual dentro de las fuerzas antihuzíes con una facción separatista conocida con el nombre de Consejo de Transición del Sur (CTS). Marib alberga a los altos responsables militares del GRI, principalmente a los originarios del norte del país, y el poderoso gobernador de esa provincia es fiel a ese gobierno, liderado por Mansur Hadi.

Hasta el momento, los ataques de la aviación saudí permitieron que las fuerzas del GRI resistieran, pero no logran avanzar en el terreno por la insuficiencia de apoyo material para las tropas regulares y tribales de primera línea, que carecen de municiones. Algunos piensan que la corrupción dentro de la cadena de suministro militar contribuye a la debilidad de las fuerzas antihutíes, y que las penurias se deben al temor de los saudíes de que importantes cantidades de material terminen, como ya ha sucedido en el pasado, en manos de los huzíes.

Otra explicación, menos evidente pero igual de importante: la rivalidad secreta entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan firmemente a sus aliados separatistas del sur, el CTS, rival del GRI, aunque ambos comparten oficialmente el poder desde diciembre de 2020. Los intereses del CTS, con su programa separatista, pueden coincidir con los de los hutíes, ya que la derrota del GRI podría conducir a negociaciones entre el “norte” y el “sur”, región a la que el CTS pretendería representar. Sin embargo, los hutíes siguen afirmando que apoyan un Yemen unido en el que ejercerían, si no un poder exclusivo, al menos una influencia considerable. La pérdida de la ciudad y de la gobernación de Marib significaría un revés mayor para el GRI así como para los saudíes, ya que los debilitaría considerablemente en cualquier negociación.

Los hutíes continúan con su ofensiva, a pesar de pérdidas muy importantes en un terreno desfavorable para sus fuerzas y su equipamiento. Aunque atacan la ciudad de frente, su prioridad se encuentra en otra parte: durante el año pasado, tomaron gran parte de la gobernación y actualmente se concentran en un movimiento de pinza para alcanzar los recursos de hidrocarburos, la refinería y la central eléctrica. Si logran tomarlos intactos, resolverían gran parte de sus problemas financieros, además de sus necesidades de combustible. Eso también les aportaría un beneficio suplementario, que sería cortar la ruta principal que conecta la frontera saudí con las gobernaciones de Shabwah y Hadramaut, lo que les abriría el camino a esas gobernaciones, y eventualmente, hasta Al Mahrah y la frontera omaní, a pesar de que está alejada (a unos 900 kilómetros a vuelo de pájaro).

Mientras la batalla por Marib se prolonga, en cada bando aumentan las tensiones internas. Entre los hutíes, algunos están dispuestos a negociar a partir de la posición de fuerza actual, mientras que otros quieren aprovechar la ventaja militar y continuar hasta el final. Para el GRI es esencial mantener el control de Marib, pero mientras tanto, la lucha contra el CTS empieza a ser desfavorable. El CTS no abandonó el control de Adén y a principios de abril parecía prepararse para una nueva ofensiva militar contra el grupo de Mansur Hadi, el presidente de jure, mientras que los combates ya comenzaron en Abyan.

Iniciativas de Joe Biden y de Arabia Saudita

Desde el comienzo de la administración Biden, Yemen se encuentra a la cabeza de su agenda: el 4 de febrero, en su primer discurso de política exterior, el presidente Joe Biden anunció que el final de la guerra en Yemen era una prioridad diplomática “para imponer un alto el fuego […] y restablecer negociaciones de paz suspendidas desde hace mucho tiempo”. Estados Unidos “cortará cualquier tipo de apoyo a las operaciones ofensivas en la guerra en Yemen, incluida la venta de armas”, pero también seguirá “apoyando y ayudando a Arabia Saudita a defender a su pueblo, su soberanía y su integridad territorial”. Habida cuenta de los ataques casi cotidianos de drones y de misiles huzíes contra Arabia Saudita, tal vez no sea el mejor momento para que Estados Unidos termine con la venta de armas a Riad, porque es muy probable que el GRI sea derrotado en pocas semanas si no cuenta con los ataques aéreos saudíes en torno a Marib. El enviado especial norteamericano Tim Lenderking, que fue nombrado ese mismo 4 de febrero, ya realizó una larga gira por la región y se dio cuenta de que para terminar con la guerra no basta con presionar al régimen saudí.

Biden tal vez cayó en un error al creer que la cuestión yemení era relativamente fácil en comparación con otras trampas que le dejó Donald Trump, como las grandes tensiones con China y Rusia, la situación en Corea del Norte, el flujo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos y, dentro de su propio país, la crisis de covid-19. Una parte importante del Congreso estadounidense es favorable a la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudita, para demostrarle al príncipe heredero Mohammed bin Salmán (MBS) que la época del apoyo incondicional estadounidense es cosa del pasado. Eso podría ayudar en las negociaciones con Irán por el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), el tratado sobre el programa nuclear iraní. Pero dos meses más tarde, queda claro que la situación es mucho más compleja.

Además del hecho de que los ataques cada vez más frecuentes de drones y de misiles hutíes en territorio saudí justifican el mantenimiento del apoyo militar a Riad, existen otras dificultades. El objetivo declarado de la administración Biden de trabajar en el marco impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU constituye un obstáculo mayor. La resolución determinante sobre Yemen es la 2216, de abril de 2015, que en pocas palabras exige la rendición y el retiro de los hutíes a sus posiciones previas a 2014. Como los huzíes controlan actualmente la mayoría de la población de Yemen y zonas que exceden las de su influencia en 2014, la probabilidad de que acepten la demanda es igual a cero.

A lo largo de los años se han formulado numerosos llamamientos para que la resolución 2216 sea remplazada por un texto más realista, que reconozca la realidad en el terreno y constituya la base de negociaciones serias. Pero cayeron en oídos de un sordo, el Reino Unido, que en el Consejo de Seguridad privilegia sus relaciones con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos en detrimento del bienestar de 30 millones de yemeníes. La administración Biden podría tomar la iniciativa gracias a su influencia sobre el Reino Unido.

Casi dos meses después de la iniciativa de Biden, los saudíes anunciaron, como antes del Ramadán del año pasado, su propio “plan de alto el fuego”, que apenas redujo el nivel de los combates. El plan actual corre el riesgo de terminar igual que el anterior: fue rechazado inmediatamente por los hutíes, que lo consideraron totalmente inadecuado y declararon que no constituía una mejora en comparación con las propuestas previas. La lectura del plan confirma esa evaluación, ya que recurre nuevamente a las “tres referencias”: la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU, los resultados de la Conferencia de Diálogo Nacional (que finalizó a comienzos de 2014) y el acuerdo del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) de 2011. Si bien estos dos últimos son bastante imprecisos, la resolución de la ONU solo puede dar como resultado el rechazo terminante de los hutíes. Sus propuestas para la reapertura del aeropuerto de Saná y el acceso al puerto de Hodeida están sujetas a condiciones, ignorando la demanda de los huzíes del levantamiento incondicional y completo del bloqueo y la suspensión total de los ataques aéreos.

Embrollo interno

Durante los últimos seis años, los dirigentes yemeníes, la ONU y todos los otros responsables internacionales involucrados no han dejado de repetir que la única solución a la crisis era política, mientras en los hechos aplicaban una estrategia militar. Los esfuerzos diplomáticos apoyados por la ONU dieron como resultado tres reuniones durante los dos primeros años, incluidos tres meses de negociaciones infructuosas en 2016. El Acuerdo de Estocolmo de diciembre de 2018 fue presentado en varias ocasiones como un primer paso hacia la paz, pero solo logró un alto el fuego limitado en Hodeida y el establecimiento de la misión de la ONU en la ciudad. Esa misión interrumpió sus actividades hace más de un año. Y el GRI sigue aferrado a su lema de las “tres referencias”.

La parálisis de la política oficial yemení de los últimos años es sorprendente. Hemos visto la creación de organizaciones rivales del Sur, separatistas u otras, y disputas individuales por puestos dentro del gobierno. Esa situación podría estar a punto de cambiar: el 25 de marzo, Tariq Salé, sobrino del expresidente Alí Abdalá Salé y jefe de la principal organización militar apoyada por los Emiratos Árabes Unidos, anunció la creación de una oficina política operativa en Tihama. Desprovista de programa, la oficina proponía participar en las futuras negociaciones, con la misma base que el CTS.

Poco tiempo después de la propuesta se reveló información sobre negociaciones para establecer un Frente de Salvación Nacional: sus miembros iniciales conforman un grupo heterogéneo integrado por sudistas, por el partido Al-Islah (proveniente del movimiento de los Hermanos Musulmanes) y por integrantes aislados del Congreso General del Pueblo, el partido creado por el expresidente Salé. El grupo no dio a conocer ningún programa político. El surgimiento de nuevas agrupaciones políticas podría ser bienvenido, pero estas dos últimas están compuestas por líderes de la vieja guardia, con antecedentes cuestionables. Es poco probable que funden organizaciones que logren responder a las exigencias sociales, económicas, de desarrollo o políticas de la mayoría de los yemeníes. Sin embargo, la creación de esas mismas agrupaciones podría motivar a proponer alternativas a otras personas comprometidas seriamente con la justicia y el desarrollo.

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Traducido del francés por Ignacio Mackinze.

Helen Lackner es investigadora independiente, trabajó y vivió en el Yemen durante más de quince años, cinco de ellos en la República Democrática del Congo entre 1977 y 1982. Ha publicado 'Yemen en crisis, autocracia, neoliberalismo y la desintegración de un Estado' (Saqi, 2017), cuya edición fue publicada en Estados Unidos por Verso en junio de 2019 bajo el título Yemen en crisis: el camino a la guerra.

Aquípuedes leer el texto original en francés.