El juzgado central de los Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha ordenado a los operadores de Internet en España que bloqueen el acceso a The Pirate Bay en 72 horas, según informó este viernes el diario El Mundo. Meses antes, en junio, ya se había iniciado la toma de medidas contra The Pirate Bay, fijando un plazo de 48 horas para que retirara contenidos con derechos de autor o, al menos, se impidiera su acceso. The Pirate Bay se negó a ello. 

Un comunicado de Promusicae, recogido por el citado periódico, señala que el magistrado toma esta decisión dos años y medio despúes de que la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (Agedi) denunciara a los propietarios del grupo por atentar contra la propiedad intelectual.

"Se trata del primer bloqueo de una página web dedicada al pirateo de música y otros contenidos que tiene lugar en España al amparo de la llamada Ley Sinde", especifica Promusicae en el comunicado, en el que celebran la decisión judicial "con alegría, especialmente al conocer que este estandarte de la piratería ha caído también, por fin, en España".

Esta web, que facilita el acceso a archivos Torrent, ya fue bloqueada en diciembre de 2014 por las autoridades suecas, pero volvió a ofrecer sus servicios el pasado 1 de febrero.

"Quieren poner puertas al campo"

La reacción de la plataforma Xnet no se ha hecho esperar. En una nota de prensa emitida la tarde de este jueves, señalan que "los matones del copyright lo celebran sin haberse enterado de que hasta los propios fundadores de Pirate Bay ya han dicho que está pasado de moda".

"La gente que quiere poner puertas al campo no está actualizada ni ama la innovación", añade la plataforma, que apunta que "es muy grave" y, por ello, se debe "reaccionar", ya que se trata, a su juicio, "de una carrera hacia atrás hasta el medievo más oscuro".

Así, aseguran tener "material interesante sobre los empresarios del copyright", por lo que piden colaboración ciudadana, mediante filtraciones de información que pueda compremeter a quienes, apuntan, "tanto se rasgan las vestiduras con las páginas de intercambio, los lobbistas que fuerzan leyes de censura para poder enriquecerse con ello".

Hasta que se ha caído la entrevista de David Bravo:

Esta es la explicación que ha recibido el letrado:

Y esta es la versión que ha dado el programa en la Red, ante la insistencia de algunos tuiteros:

“La piratería ha aumentado en España porque no ha habido ningún mensaje claro del Gobierno”, ha asegurado Navarrete. “No hay voluntad política por resolver este asunto”. Preguntada por la propuesta de la entidad a la que representa para mejorar las funciones del grupo antidescargas creado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, puesto en marcha hace un año, ha respondido: "Nos da igual qué modelo elijan, pero que funcione”.

“[José María] Lassalle [secretario de Estado de Cultura]  decía en la oposición que luchar contra la piratería era proteger los derechos del creador”, ha explicado Navarrete, quien reprocha al número dos de José Ignacio Wert que, un año después de la puesta en marcha del grupo, “el sector se siente defraudado porque los resultados son decepcionantes”. Además, ha advertido de que esta comisión ha recibido durante este tiempo 361 solicitudes de actuación contra servicios o páginas que “suministran ilícitamente contenidos protegidos”, de las cuales Navarrete asegura que unas 200 fueron declaradas por un único usuario “cuyo propósito fue colapsar a la comisión”.

De este modo, durante el último año la comisión creada para eliminar de la red contenidos que puedan ser descargados de modo ilegal, sólo retiró 17 álbumes, 20 películas y cuatro libros. Entre tanto, las cifras de descargas superan los 2.118 millones en el caso de la música, 536 millones de películas y los 226 accesos a libros. Navarrete ha destacado que la tasa media alcanzó el 86% y el valor de los contenidos pirateados alcanzó los 15.200 millones de euros en 2012, un 40% más que el año anterior, siempre según sus cálculos.

El almacenaje ilimitado, la gratuidad, la facilidad de acceso y la ausencia de consecuencias legales son los principales motivos, según han indicado desde la organización de creadores. 

La conciencia de no estar haciendo daño a nadie

De las personas que han accedido a algún producto ilegal, el 43% descargó películas, el 32% música, el 12% libros y el 7% videojuegos. Entre los motivos registrados en este estudio, un 75% de las personas argumenta que no paga por algo a lo que puede acceder sin coste. Por su parte, el 61% no compra contenido que pueda no gustarle y el 60% alude su decisión de acceder a contenidos ilegalemente al aumento del IVA. Asimismo, para un 58% es una manera más rápida y fácil de acceder al contenido y el 38% encuentra en ello una manera de estar al día.

Por otro lado, desde la organización de creadores aseguran que uno de cada tres usuarios que acceden de manera ilegal a contenidos cree que no hace daño a nadie y que esa actividad no es ilegal ni censurable, mientras que uno de cada seis no ve consecuencias negativas para ninguna industria.

El informe resalta también que, según los cálculos realizados desde la coalición –nombre con el que se denomina a este colectivo en el sector– el número de empleos que proporciona el sector aumentaría en 24.766 personas –actualmente el sector emplea de modo directo a 57.358 personas– en un escenario sin piratería. Además, si el usuario no pudiese acceder de manera gratuita a los contenidos, el valor de la industria de la música aumentaría un 361% y el de las películas un 42,5%. Esto, según el dossier, supone que las arcas públicas han dejado de ganar 494,7 millones de euros –249 en concepto de IVA, 189 millones por la Seguridad Social y 55,9 corresonden al IRPF–.

El informe ha recibido fuertes críticas, especialmente en las redes sociales, donde los internautas han recordado algunos aspectos metodológicos que desvirtúan las conclusiones del Observatorio. Sobre todo ha sido muy criticada la extrapolación matemática que el informe hace de las descargas ilegales y las compras en el "top manta" como ventas potenciales no realizadas legalmente.

Actualización: Este artículo ha sido editado para matizar algunas afirmaciones e incorporar otros puntos de vista.