El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno asumirá la investigación sobre los directivos del banco chino ICBC detenidos en febrero en la operación Shadow por "favorecer masivas transferencias de fondos en efectivo entre los años 2011 al 2014", concretamente por una cifra aproximada de 90 millones de euros, informa Europa Press.

El Juzgado Central de Instrucción número 2 asumirá la investigación que se inició en el número 7 de Parla después de que el pasado 4 de mayo la Fiscalía señalara a los directivos del ICBC por "ocultar y encubrir" el origen delictivo de unos fondos provenientes de organizaciones criminales.

Gao Ping, supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales desarticulada en octubre de 2012 en la operación Emperador, aparece como uno de los clientes de este banco que abrió sucursal en la madrileña calle Recoletos y, posteriormente, también en Barcelona. También se sigue el rastro de la conexión de este banco con otras operaciones policiales como Snake o Juguetes.

"Desde el principio", sostiene la Fiscalía sobre el banco chino, "su modelo de negocio bancario se dirigió a captar el efectivo de sus nacionales, que acudían físicamente a la sucursal de la calle Recoletos portando mochilas, bolsas y cajas las remesas de efectivo que abonaban en las cuentas de sus sociedades o en las personales para transferirlas en un breve plazo de tiempo, a veces de inmediato, a China".

El juez investiga los delitos, entre otros, por conductas de contrabando por declaraciones falsas de infravalor en la Aduana Española, fraude en las declaraciones de IVA a la importación o falsificaciones en documentos mercantiles y oficiales, así como delitos contra la propiedad industrial.

Las periciales de los análisis aduaneros han revelado que introducían los contenedores "casi a pérdidas" en la Unión Europea, "lo que generaba una cadena de ventas opacas sucesivas e ingentes sumas de dinero en efectivo procedentes todo ello de la economía sumergida", continúa el escrito del fiscal.

Para ocultar los flujos de salida al exterior a ojos de las autoridades supervisoras, el ICBC troceaba las cantidades en importes inferiores al umbral de 50.000 euros. También dividían los importes en diversas sociedades de organizaciones criminales investigadas en las operaciones Emperador y Snake.

Maniobras para ocultar 78 clientes

El fiscal acusa a los directivos del banco chino de maniobrar para impedir la investigación cuando fue conocedor de las "pesquisas policiales y judiciales" sobre sus clientes. De esta forma, se infringió la obligación de colaboración con organismos como el Sepblack cuando seguía el rastro a 78 clientes del ICBC.

El juez Moreno justifica que la Audiencia Nacional asuma esta causa por tratarse de conductas que han perjudicado "seriamente" a la economía nacional realizadas por una entidad bancaria que estaba obligada por la normativa de prevención de blanqueo a colaborar con la investigación.

La Audiencia Nacional ordenó al juez Fernando Andreu que reabra la causa contra ocho policías acusados de favorecer a un ciudadano chino investigado en el caso Emperador, proporcionándole información reservada de las bases de datos policiales, inspeccionando locales de la competencia o incluso poniéndole en contacto con un concejal de Urbanismo. A cambio, exigieron entradas para ver la Supercopa en el Santiago Bernabéu o un vuelo en clase business desde Pekín a Madrid, tal y como informó Europa Press.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó el recurso de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo imputar por delitos de revelación de secretos y cohecho a los policías Manuel Patricio Rodríguez San Román, Blas Donoso Adán, Federico Sánchez de Frutos, Ángel Luis Olmedo, Oscar Francisco García Frade, Miguel Angel Gómez Gordo, Pablo García Lozano, el agente de la Policía Local de Fuenlabrada Mario José Selas Martínez y el ciudadano chino Y. W. L.

Además, está conforme con el sobreseimiento del caso solicitado por el Ministerio Público para la funcionaria del Ayuntamiento de Coslada Amanda Martin, del policía nacional Roberto Ruiz Ortega y del policía local de Fuenlabrada José Pablo Roldán.

La operación Emperador estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidos un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, alias Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó este jueves la libertad para Gao Ping, supuesto líder de la red de blanqueo de capitales desarticulada en la operación Emperador. Andreu le ha impuesto más de una comparecencia semanal, le ha retirado el pasaporte y tiene prohibición de abandonar el país.

La decisión del juez se produce solo unas horas después de que la comunidad china en Madrid reuniera 400.000 euros –a través de 93 cheques firmados por personas distintas– como fianza para que Gao Ping puediera salir de la cárcel.

El hijo del empresario presentó los cheques a primera hora de la tarde del jueves, en el Juzgado Central de Instrucción número 4, que verificó su validez y ordenó su puesta en libertad.

El juez Andreu rebajó la fianza de Gao Ping de 800.000 a 400.000 euros en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que tuvo en cuenta "los antecedentes que obran en la causa sobre la conducta procesal del encausado", quien "cumplió rigurosamente las obligaciones que se le impusieron durante los aproximadamente cinco meses en que estuvo en situación de libertad provisional" y tuvo que acudir al juzgado "diariamente".

El magistrado, que admitía de esta forma un recurso de reforma presentado por el abogado del empresario, Jaime Sanz de Bremond, revocó de esta manera un auto dictado por él mismo el 2 de junio y en el que acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, imponer la fianza de 800.000 euros.

Andreu también valora el tiempo que Gao Ping lleva "privado de libertad" en este procedimiento, "el arraigo personal y social" que tiene en España y el hecho de que "se hayan embargado todos sus bienes conocidos" en el país, lo que "reduce sus posibilidades económicas".

Petición de la Fiscalía

No obstante, destaca la necesidad de imponer una fianza para garantizar la presencia del imputado en "todos los requerimientos que se le efectúen desde la instrucción o desde el tribunal enjuiciador, eliminando en la medida de lo posible la prisión provisional derivada de la gravedad delictiva".

"Los hechos imputados son de una gravedad tal que exige adoptar las precauciones necesarias para asegurar el buen fin deproceso, que se podría ver truncado en caso de que los imputados se evadieran de la acción de la justicia", señala la resolución judicial.

La Fiscalía, que también pidió que se prohibiera a Gao Ping acercarse a una testigo a la que presuntamente habría intimidado, justificó su petición argumentando que, aunque las imputaciones contra él se mantienen "intactas", algunas de ellas, "singularmente las de carácter económico", son de "una sobresaliente complejidad", lo que provoca "la dificultad lógica de cerrar la investigación judicial en los plazos que permitían sostener la proporcionalidad de la prisión provisional".

La operación Emperador estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidos un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, alias Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.

Las conversaciones sobre blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra (BPA) eran el pan de cada día. Así lo indica el vídeo que ha hecho público este viernes el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, unas imágenes en las que se observa como Yong Jun Yang, un supuesto representante de la mafia china muy cercano a Gao Ping –el empresario detenido como cabecilla de la operación Emperador–, es informado por Mauricio Escribano, dirigente del banco, sobre la mejor manera de legalizar alrededor de 100 millones de euros al mes.

Yong Jun Yang se lo plantea claramente a Escribano al inicio de la conversación: "Eso es como blanqueo de...". Pero al banquero no parece importarle, ya que contesta al cliente que para la entidad "no lo es". "Con la idea de que no te bloqueen la operativa nosotros le damos un poco de contenido", explica. Y, a partir de ahí, Escribano se dedica a explicar a Yang la mejor forma de sacar el dinero del país, asegurando que lo mejor "en estos casos" es mandar la mitad del dinero a China y dejar la otra mitad un tiempo en Andorra.

La conversación, que consta en el sumario abierto de la Audiencia Nacional "Es decir, que si tu metes 100.000, 50.000 los puedes enviar y los otros 50.000 se quedan a un plazo en tu cuenta", explica el banquero, que no tiene reparo en admitir que lo que necesita BPA es "justificar" la operación. "Es decir 'mira, realmente es un inversor que aparte nos utiliza para su negocio internacional, tiene parte de inversión y parte de negocio internacional'", le relata Escribano a Yang. "De esa manera", asegura, "vestimos mejor la historia".

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a nueve agentes, siete de la Policía Nacional y dos de la Policía Local de Fuenlabrada (Madrid), acusados de prestar favores a los miembros de la red china de blanqueo de capitales Emperador, presuntamente dirigida por el empresario y marchante de arte Gao Ping.

En una providencia dictada este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que sustituye a Fernando Andreu en la investigación después de que éste se inhibiera por su amistad con un comisario investigado, acuerda la imputación por los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos.

El magistrado, que accede de esta forma a la petición formulada por los fiscales Anticorrupción Juan José Rosa y José Grinda, cita a los imputados entre los próximos días 6 y 9 de mayo. Entre ellos se encuentra el comisario de Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, con el que el juez Andreu alegó mantener una amistad.

Los primeros en comparecer serán Manuel Patricio Rodríguez San Román, Blas Donoso Adán y Roberto Ruiz Ortega, que declararán el día 6 de mayo. Al día siguiente lo harán el comisario Salamanca, Federico Sánchez Frutos y Ángel Luis Olmedo Ovejero. El 9 de mayo será el turno de Francisco García Frade, José Pablo Roldán Juez y Mario José Selas Martínez.

Moreno se hizo cargo de la instrucción después de que el pasado 2 de abril la Sección Tercera de la Sala de lo Penal considerara "justificada" la abstención de Andreu, al reunir los requisitos que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y entender que su amistad con el comisario Salamanca "podría viciar la necesaria imparcialidad del juez instructor".

Andreu pidió su abstención después de recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se solicitaba la imputación de diez agentes, siete de la Policía Nacional, dos de la Policía Municipal de Fuenlabrada y uno de la Guardia Civil. Sin embargo, la Fiscalía retiró la petición de imputación del agente del instituto armado al recibir dos informes de sus superiores, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Anticorrupción, que contó con el aval del Departamento de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía para solicitar las nuevas imputaciones, según fuentes jurídicas, sostenía en un escrito que los agentes pudieron favorecer a algunos miembros de la organización de Gao Ping en distintos trámites.

Entre ellos se encontrarían la obtención del documento nacional de identidad, una denuncia por el robo de un bolso en Fuengirola (Málaga) y la petición de permisos de inmigración. Al menos uno de los agentes supuestamente relacionados con la red trabajó la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía.

A Salamanca, además, se le relaciona con el presunto miembro de la red Y. W. L.,, con quien mantenía una relación fluida y acudía habitualmente a comero o ver partidos de fútbol o baloncesto. La Fiscalía también relaciona a otros policías para los que pide la imputación con la mujer de Gao Ping, Lizhen Yang.

La operación Emperador estalló en octubre de 2012 cuando fueron detenidas un total de 83 personas. Entre los arrestados estaban el actor porno Ignacio García Jodrá, Nacho Vidal; el exconcejal de Seguridad de Fuenlabrada (Madrid) José Borrás y el policía nacional Miguel Ángel Gómez Gordo.

En junio de 2013 el magistrado imputó a otras 15 personas, entre ellas primas lejanas del rey Juan Carlos por haber blanqueado dinero presuntamente a través de la denominada rama hebrea de la red de Gao Ping, que dirigía, según los investigadores, la imputada Malka Mamman Levy

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado a la Sala de lo Penal que le aparte del caso Emperador, en el que se investiga a una red china dedicada al blanqueo de capitales, después de recibir la petición de la Fiscalía Anticorrupción para imputar a diez agentes, siete de la Policía Nacional, dos de la Policía Municipal de Fuenlabrada y uno de la Guardia Civil, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El magistrado ha elevado este lunes un escrito a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en el que solicita inhibirse de este procedimiento por amistad con el comisario de Policía Nacional en el aeropuerto de Barajas, Carlos Salamanca, para el que los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, piden la imputación.

Los representantes del Ministerio Público sostienen que de lo actuado en la causa se desprende que este comisario y los otro nueve agentes a los que se relaciona con la red liderada por el empresario Gao Ping podrían haber cometido los delitos de cohecho, prevaricación y revelación de secretos.

En concreto, Anticorrupción sostiene en un escrito remitido el pasado viernes al juez instructor que los agentes pudieron favorecer a algunos miembros de la organización de Gao Ping en distintos trámites, entre ellos la obtención del documento nacional de identidad y una denuncia por el robo de un bolso en Fuengirola (Málaga).

A Salamanca, de hecho, se le relaciona con el presunto miembro de la red Y. W. L., con quien mantenía una relación fluida y acudía habitualmente a ver partidos de fútbol o baloncesto. La Fiscalía también relaciona a otros policías para los que pide la imputación con la mujer de Gao Ping, Lizhen Yang.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal tiene ahora un plazo de diez días para resolver la petición de inhibición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4. En el caso de que la aceptara la investigación recaería por el sistema de reparto de causas de la Audiencia Nacional en el magistrado Ismael Moreno.

El empresario Fernando Gigi Sarasola ha negado este viernes en la Audiencia Nacional haber blanqueado dinero procedente de la red liderada por el marchante de nacionalidad china Gao Ping y ha asegurado que no tiene ninguna relación con esta trama, según informaron fuentes jurídicas.

El juez Fernando Andreu ha tomado declaración al exjinete Fernando Sarasola como imputado en el marco del caso Emperador, en una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado medidas cautelares en su contra.

Durante su declaración, Sarasola ha aseverado que ni él ni sus empresas han efectuado las transferencias de Suiza a China que son investigadas en el marco del caso Emperador y ha agregado que no conoce a los integrantes de la organización dirigida por Gao Ping.

Sarasola, imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se habría valido presuntamente del entramado para realizar operaciones de blanqueo de capitales, tras lo que habría recibido pagos en metálico por parte de la denominada trama hebrea de la organización, que lideraba presuntamente la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, según las fuentes consultadas.

Andreu imputó en junio pasado por este mismo procedimiento a 15 empresarios, entre los que se encontraban tres primas lejanas del rey Juan Carlos. Una de ellas, María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, admitió ante el juez que en diciembre de 2012 se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos en Suiza.

La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.

Las actividades de la red corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".

Fernando Gigi Sarasola Gigi , el jinete de la alta sociedad que durante años encandiló a la prensa rosa y sus protagonistas habituales, declarará el viernes como imputado ante el juez que investiga la trama mafiosa china que supuestamente capitaneaba Gao Ping.Gao Ping

Fuentes de la investigación confirmaron ayer a infoLibre que el empresario, hijo del ya fallecido Enrique Sarasola Lerchundi y hermano del propietario de los hoteles Room Mate, comparecerá ante el juez Fernando Andreu por las conexiones descubiertas entre una de sus empresas, Grupo Salermar 98, y la red de blanqueo que operaba en asociación con el grupo de Gao Ping.

Las mismas fuentes indicaron que la declaración debía haberse celebrado el día 24 pero que, finalmente, tuvo que aplazarse. Este diario intentó anoche sin éxito contactar con el empresario. En el domicilio familiar de los Sarasola Lerchundi tampoco nadie atendió las llamadas.

Dirigida por ciudadanos hispanoisraelíes, la red de blanqueo ligada a Gao Ping se convirtió en un verdadero cajero automático de dinero negro para aristócratas, hombres de negocios y otras representantes de la jet local. Entre ellos figuraban tres parientes del rey, el exconsejero delegado de Banesto en la época de Mario Conde y uno de los miembros de la familia que construyó en Marbella el lujoso Puerto Banús.

Los informes policiales no mencionaban a Sarasola pero sí a su empresa Salermar, a la que los intermediarios en las operaciones de blanqueo se referían como “los de Génova”, la calle madrileña en la que la compañía tiene su sede. Este verano ya desfiló ante el juez Andreu el apoderado de Salermar, José Antonio Gil, a quien la Policía señalaba como “el principal representante” de la compañía, aunque su presidente es Fernando Sarasola.

Salermar es el acrónimo de Sarasola Lerchundi Marulanda. Es decir, los dos apellidos del fundador de la saga empresarial, el desaparecido Enrique Sarasola Lerchundi, y el primero de su esposa, Marulanda.

A “los de Génova” los cazaron las escuchas policiales, que captaron un intenso ir y venir de los intermediarios de la trama de blanqueo hacia el piso de esa calle donde se localizan Salermar y otra sociedad de Fernando Sarasola, Fersamar.

En enero, cuando trascendió el informe que definía a “los de Génova” como “uno de los grupos de empresarios más prolíficos” en sus relaciones con la red de tráfico de dinero negro, Enrique Sarasola hijo ya recalcó que no comparte negocios con su hermano Fernando desde hace años.

Utilizando un sistema habitual de organizaciones terroristas como Al Qaeda, la llamada hawala, la red de blanqueo trabajaba con clientes que tuvieran cuentas no declaradas en paraísos fiscales o en países con distintos grados de opacidad bancaria.

El sistema funcionaba de forma sencilla y siguiendo las pautas de los primitivos bancos: el usuario de la red de blanqueo, poseedor a su vez de una cuenta en algún paraíso fiscal, utilizaba esa cuenta opaca para cursar a China transferencia siguiendo instrucciones precisas.

Una vez la trama verificaba in situ que el dinero había llegado al depósito localizado en China, descontaba su comisión y encomendaba a los integrantes de la red hispanoisraelí que hicieran llegar el dinero a sus destinatarios en España. Que el grupo de Gao Ping apadrinara esas operaciones explica por qué almacenaba en sus locales más de 10  millones de euros en metálico: el dinero no solo salía al extranjero sino que servía para abastecer de fondos en España a sus clientes vip.

Los tuiteros le han sacado jugo a la noticia al instante:

Dudas razonables:

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado como imputados a 12 empresarios y a tres familiares del rey Juan Carlos por participar, presuntamente, en el blanqueo de capitales que realizaba la trama dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización, informan fuentes jurídicas a las que ha tenido acceso Europa Press. 

Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentra el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes de monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.

Tanto Banús Ferré como Ortega Cedrón han quedado en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con fianzas de 50.000 y 80.000 respectivamente.

Los dos empresarios han admitido que tenían cuentas en Suiza, aunque han asegurado que no sabían el origen del dinero que las nutría proviniera de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la operación Emperador. 

Dos de las familiares del rey no declararán por problemas de salud

De momento, el juez Andreu no citará a declarar a María Margarita Borbón Dos Sicilias y a María Inmaculada, por problemas de salud, pero la hija de ésta lo hará este martes. 

El magistrado también ha imputado a José Velasco Meseguer y a Santiago Callé Quirós, que declararán el próximo miércoles; a José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez-Arregui, que lo harán el jueves; y a José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirán a la Audiencia Nacional el viernes.

El lunes 17 de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 interrogará a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.

A través de la trama hebrea

La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a joyeros de la comunidad judía asentados en España e Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía.

En las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas lejanas del rey, se relacionaban con la trama a través de la empresaria María Illia García de Sáez.

Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por Malka Mamman Levy, a la que Anticorrupción considera el "eje vertebrador de la organización criminal especializada en el blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".

La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de Meni. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de un reputado joyero y expero diamantero, "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y que actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.

El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.

El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental".

El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos".

El Cuerpo Nacional de Policía recuerda en su informe que la industria de diamantes de Israel es "una de las más importantes en lo que se refiere a la producción de diamantes cortados en bruto para su comercialización", ya que aproximadamente la mitad de las gemas que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo. En 2004, según este informe, Israel vendió más de 6,3 millardos de dólares en diamantes pulidos.

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado este martes el ingreso en prisión incondicional a Gao Ping por riesgo de fuga, además a media docena de supuestos cabecillas de la trama.

El presunto líder de la red china de blanqueo de capitales, desarticulada el pasado año, ha sido interrogado junto a otros supuestos implicados en el marco de la investigación de la operación Emperador. 

Gao Ping fue excarcelado el pasado 29 de noviembre y con la intención de evitar una fuga, el juez instructor del caso le retiró el pasaporte, le prohibió salir del territorio nacional y le obligó a que compareciera en la Audiencia Nacional a diario, que ha venido cumpliendo desde entonces.

La excarcelación de los 20 principales imputados en la investigación sobre la trama de Gao Ping que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu puede tener los días contados. El Tribunal Supremo ha decidido no admitir la querella que, por delito contra la libertad individual, interpuso una de las presuntas lugartenientes de Gao Ping contra el juez del caso por haber ordenado los ingresos en prisión una vez transcurridas más de 72 horas desde las detenciones. Pero el auto del Supremo sostiene que no hubo infracción de los plazos legales máximos de arresto y tumba así la resolución por la que la Sección Tercera de la Audiencia obligó a Andreu a poner en libertad a los 20. Al desbaratar las tesis de la Sección Tercera, el alto tribunal abre la puerta a que la Fiscalía Anticorrupción pida de nuevo prisión para los 20 máximos implicados. Fuentes conocedoras de la investigación dan por hecho que esa solicitud se producirá en breve.

En su auto, la Sala sostiene que la sentencia del Tribunal Constitucional invocada contra Andreu por la Sección Tercera de la Audiencia no es válida como precedente. Porque aquella sentencia, relativa también a una detención prorrogada más de 72 horas, se refería a un caso en que el arresto solo tenía por objeto la puesta a disposición del detenido ante el juez. Aquí, en cambio, la Policía tuvo que realizar más de un centenar de diligencias –registros, por ejemplo- que exigían la presencia de los implicados. Y eso significa que tras las 72 horas bajo jurisdicción policial se abría un nuevo plazo de otras tantas horas para que los detenidos estuviesen a disposición del juez. Esa conclusión, que fue la alegada por el ministerio público para oponerse a la querella contra Andreu y los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa, “ha de ser calificada de razonable”, dice el auto del Supremo.

Y ha de ser calificada así, razona el tribunal, porque la Policía, “lejos de ser, como decía el Tribunal Constitucional, un 'mero instrumento de ejecución' de lo acordado judicialmente, asumió un papel activo en la investigación de los hechos, ejecutando el resto de las diligencias que le habían sido encomendadas; las cuales, por otro lado, eran relevantes para decidir sobre la situación personal de dichos detenidos”.

Notificada ayer al juez Andreu y a la Fiscalía, la Sala de lo Penal del Supremo decidió inadmitir la querella el 28 de febrero, según consta en la resolución. El jueves de la semana pasada, 14 de marzo, infoLibre preguntó al Supremo por qué el tribunal no había resuelto aún sobre una querella formulada el 26 de diciembre y a la que la Fiscalía se había opuesto el 22 de enero. Ese día, portavoces autorizados del alto tribunal respondieron que el asunto estaba en manos del ponente y presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y que todavía no había fecha para las deliberaciones.

Ayer, esos portavoces explicaron que aunque el auto lleva fecha del 28 de febrero no fue hasta “el jueves o el viernes” de la semana pasada cuando los cinco integrantes de la Sala firmaron la resolución. La deliberación de la Sala se produjo, por tanto, el 28 de febrero pero el trámite final llegó a finales de la semana pasada. Auto Tribunal Supremo inadmisión querella trama Gao Ping by Libreleaks

Dos meses y medio después de que una de las cabecillas de la trama china de Gao Ping interpusiera una querella contra el juez Fernando Andreu por 20 presuntos delitos contra la libertad individual al haberlos encarcelado con un auto luego anulado, el Tribunal Supremo todavía no ha decidido si la admite o no.

Pese a que la Fiscalía ya se opuso el 22 de enero a su admisión, la Sala Segunda del alto tribunal ni siquiera tiene aún fecha para las deliberaciones. La lentitud del trámite, inusual según las fuentes consultadas, mantiene a Andreu bajo una auténtica espada de Damocles.

Fuentes cercanas al juez precisaron ayer, no obstante, que la querella no ha tenido ningún efecto práctico sobre la instrucción. Es decir, que ni ha retrasado ni retrasará la investigación sobre un entramado que desde 2009 ha blanqueado entre 800 y 1.200 millones de euros y presuntamente capitaneado por Gao Ping, relevante empresario de la comunidad china y que no ha perdido contacto con su país, uno de los grandes compradores de deuda española.

Las parientes del rey y otros miembros de la jet

El entorno del juez subraya que la instrucción se enfrenta a una fase laboriosa y técnicamente difícil: la traducción y análisis de cientos de documentos incautados. Y niega, por tanto, que la incertidumbre sobre el destino de la querella guarde el menor vínculo con el hecho de que Andreu todavía no haya resuelto sobre la petición formulada hace más de un mes por Anticorrupción para que impute a 13 españoles de la alta sociedadpetición formulada hace más de un mes por Anticorrupción para que impute a 13 españoles de la alta sociedad que usaron los servicios de la llamada subtrama hebrea, ligada a la red de Gao Ping. Entre esos 13 españoles figuran tres parientes del rey -de la rama Borbón Dos Sicilias-, otro aristócrata y el  que fue consejero delegado de Banesto durante la etapa de Mario Conde.

Pero en ámbitos relacionados con la investigación hay quien cree que la querella sí puede pesar en el ánimo del juez. “No se actúa con la misma libertad”, resume una fuente jurídica que conoce de primera mano lo sucedido en este caso, donde los imputados superan el centenar sin tener en cuenta a aquellos 13 cuya imputación reclama ahora la Fiscalía.

Ayer, portavoces autorizados del Supremo relataron a infoLibre que, una vez incorporado el escrito por el que la Fiscalía se opone a la admisión de la querella, llegó “a finales de febrero” un escrito de la querellante, Xiaoshuan Zhu. Será la Sala Segunda del alto tribunal la que decida sobre el futuro de Andreu después de que su presidente, el magistrado Juan Saavedra, prepare su ponencia sobre el caso. Es decir, fije posición y la redacte. Ni se sabe cuándo ocurrirá ni hay señalada fecha para las deliberaciones de la Sala. 

La querella entró en el Supremo, ante el que Andreu está aforado, un mes después de que la Sección Tercera de la Audiencia tumbase en noviembre los autos de prisión de Andreu y abriera así la puerta de la libertad a los 20 principales imputados, entre ellos el propio Gao Ping.

Dos choques, un mismo grupoLa resolución de la Sección Tercera llegaba 28 meses después de otra teñida de discordia

: aquella donde, el 5 de julio de 2010, el Pleno de la Sala Penal tumbó la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el mismo grupo al que pertenece Gao Ping. La Sala rechazó entonces abrir las investigaciones que solicitaba el ministerio público.

Lo hizo al negar que con los indicios en la mano cupiera hablar de organización criminal dedicada al blanqueo de capitales en el extranjero. Entonces, Anticorrupción encajó el golpe y llevó sucesivamente a dos juzgados de instrucción el caso, que finalmente aterrizó de nuevo en la Audiencia.

Uno de los tres miembros de la Sección Tercera que en noviembre anularon la orden de prisión de Andreu fue la magistrada Clara Bayarri. Y se da la circunstancia de que Bayarri redactó el auto de inadmisión de querella dictado en julio de 2010 por la Sala Penal del Supremo.