El Consejo General del Poder Judicial ha cuestionado la reforma del Código Penal impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón. La portavoz del máximo órgano de los jueces, Gabriela Bravo, se ha referido a las medidas contra la corrupción, al considerar que "reforzar las instituciones que ejercen labores de control, como el Tribunal de Cuentas o el Banco de España, sería más útil que elevar las penas de cárcel a los corruptos".

"Tenemos uno de los códigos penales más duros de Europa y no siempre la elevación de las penas puede solucionar los problemas", ha apuntado Bravo. 

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha insistido este jueves que la decisión de la Junta de Andalucía de expropiar a los bancos el uso de las viviendas hasta un máximo de tres años para evitar el desahucio de sus inquilinos, es "positiva", siempre y cuando estas medidas encajen con el ordenamiento jurídico español.

En declaraciones a Radio Nacional recogidas por Europa Press, Bravo ha dicho que es "muy positivo" que las administraciones "demuestren" ya "preocupación" y "sensibilidad" por la situación de exclusión social en la que se encuentran muchas familias españolas que "están en el umbral de la pobreza" y ,según ha insistido, los poderes públicos "no pueden ser ajenos a esa situación".

Asimismo, ha indicado que aplaude esta medida "siempre y cuando" tengan "plenamente" encaje en la legislación española y además esté "marcada" en el ejercicio de las competencias que les corresponde a las comunidades autónomas.

Bravo ha insistido en que el análisis jurídico del decreto que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) "no corresponde" al CGPJ hacerlo porque "no es su función" ya que es algo que le "corresponde a otras instancias".

Precisamente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón dijo este miércoles que "el Gobierno va a estudiar el encaje legal de esa medida" según la cual la Junta de Andalucía podrá expropiar temporalmente a los bancos el uso de las viviendas en ciertos casos para evitar el desahucio de sus inquilinos, y cuáles son "sus hipotéticos efectos".

Ante la posibilidad de que los jueces tengan más funciones respecto a las ejecuciones hipotecarias, ha expresado que los jueces ya están "demostrando" su actuación diaria. Según la portavoz del CGPJ, la justicia tiene además una función "social" y por tanto "no puede estar al margen del contexto en que se está aplicando" ya que puede "integrar" la norma y puede "inferir" determinadas situaciones.

El hecho de que gracias a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos (TDH) se haya podido modificar ya la legislación hipotecaria y esto permita a los jueces, a su vez, poder entrar en el análisis de las cláusulas de los contratos para determinar si son abusivos o no, le parece que es ya un "éxito".

No obstante, ha señalado que espera que, como el problema "es de tal envergadura", en el trámite parlamentario, la reforma "conceda instrumentos efectivos a los jueces para poder paliar también la situación en la que se encuentran las familias españolas".