Los tunecinos acuden a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Beyi Caib Essebsi, fallecido en julio, en unos comicios que se consideran cruciales para la consolidación de la transición democrática en el país que vio nacer la Primavera Árabe Primavera Árabey en el que la inestabilidad social y el declive económico están haciendo mella, informa Europa Press.

La muerte de Essebsi, justo el Día de la Independencia el 25 de julio, obligó a un adelanto electoral de los comicios que estaban previstos para noviembre, alterando el calendario electoral y pillando a contrapié a los partidos, que tenían su vista puesta primero en las elecciones parlamentarias de octubre.

Unos 7,2 millones de tunecinos están registrados para votar en esta ocasión, pero desde que se produjo la caída del régimen de Zine el Abidine Ben Alí en enero de 2011, la participación electoral ha ido en declive en medio de la desconfianza de los ciudadanos en el sistema político.

Un sondeo de 2016 publicado por Arab Barometer mostró que solo un tercio de los tunecinos confía en el Gobierno. La pérdida de confianza ha quedado reflejada en una serie de protestas y huelgas en los últimos años, con los trabajadores de distintos sectores reclamando mejores salarios y condiciones laborales.

Los jóvenes en la ciudad de Sidi Bouzid, la cuna de las protestas que dieron el pistoletazo a la Primavera Árabe, no tienen esperanzas en el resultado de las elecciones. "Las elecciones no tienen sentido (...) no va a cambiar nada", afirma Hafez al Hidori, un joven de 27 años desempleado. "Hemos perdido la esperanza por la mala actuación del Gobierno. Los políticos no tienen una voluntad real de reforma", se queja.

La tasa de desempleo en Túnez se mantiene en el 15,3 por ciento. Karim Fadel, un portavoz de los desempleados en Sidi Bouzid, afirma que "desde las elecciones de 2014, no se nos ha tenido en cuenta en el proceso político. Los políticos vienen a la ciudad y hacen promesas durante las campañas, luego se van y sus promesas se olvidan por completo", denuncia.

El país norteafricano está también bajo presión de los acreedores internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que adopte drásticas medidas que permitan recuperar su economía. El FMI, que en 2016 aprobó un préstamo a cuatro años por unos 2.800 millones de dólares, ha dicho este año que la economía tunecina ha mejorado desde 2017. Sin embargo, Túnez aún necesita reducir su déficit fiscal y exterior y reducir la inflación.

26 candidatos se disputan la jefatura del Estado

En total, 26 candidatos concurrirán este domingo en los comicios, después de que la Comisión Electoral rechazara las candidaturas de otros 71 potenciales candidatos. Entre ellos, solo hay dos mujeres.

El movimiento islamista Ennahda presenta candidato a la Presidencia por primera vez. El elegido es su vicepresidente, Abdelfatá Morou, cuya designación se produjo tras un fuerte debate en las filas del partido, otrora prohibido bajo Ben Alí y actualmente muy influyente.

Una victoria de Morou, de 71 años y que actualmente es presidente interino del Parlamento -su titular Mohamed Ennaceur tuvo que ser nombrado presidente a la muerte de Essebsi-, generaría preocupación en otros partidos y podría generar alianzas de cara a las elecciones parlamentarias de octubre con el fin de evitar que Ennahda controle tanto la jefatura del Estado como el Legislativo.

El primer ministro, Youssef Chahed, en el cargo desde agosto de 2016, también es candidato. A sus 43 años es uno de los más jóvenes y cuenta con el respaldo del partido Tahya Tounes, que fundó en 2018 tras desertar del partido del presidente a raíz de disputas con Essebsi y altos cargos de la formación. La disputa política y la mala situación económica del país han provocado una caída en la popularidad de Chahed.

Por su parte, el partido de Essebsi, Nidaa Tounes, apoya al ministro de Defensa, Abdelkarim Zbidi, si bien este concurre como candidato independiente. Zbidi es visto como el responsable de mantener la estabilidad en los últimos meses del mandato de Essebsi, cuando el presidente fue hospitalizado varias veces, según destaca Laryssa Chomiak, experta de Chatham House.

La principal candidata femenina es leal al dictador Ben Alí

La candidata femenina más destacada es Abir Moussi, que ha depositado su esperanza en lo que calificado de "una mayoría silenciosa" que comparte sus puntos de vista anti-islamistas. Considerada como leal a Ben Alí, Moussi busca cambiar el sistema político para dar al presidente más poderes.

Otro de los principales candidatos es el empresario y magnate mediático Nabil Karoui, detenido la semana pasada por blanqueo de dinero y evasión fiscal y que el jueves inició una huelga de hambre para protestar por su arresto, que ratificó a la espera del juicio el viernes un tribunal. La comisión electoral ha aclarado que aún puede ser elegido pese a que permanece en prisión. También figuran entre los candidatos el expresidente Moncef Marzouki, quien ocupó la Presidencia del país tras la caída de Ben Alí, y el antiguo primer ministro Mehdi Jomaa.

Túnez es considerada como la única historia de éxito democrático tras la ola de levantamientos de la Primavera ÁrabePrimavera Árabe de ahí que estas elecciones sean vistas como una prueba de la capacidad de los candidatos para convencer a los tunecinos de que acudan a las urnas en lugar de salir a las calles a manifestarse.

Alrededor de 5,4 millones de tunecinos fueron llamados a las urnas este domingo para participar en las primeras elecciones municipales en ocho años y las primeras desde el levantamiento de 2011 que culminó con la caída del presidente Zine el Abidine ben Alí, informa Europa Press.

En disputa en estas elecciones están un total de 7.212 escaños en consejos locales en 350 distritos electorales en el país, en un proceso que es visto con esperanza por los activistas ante la posibilidad de que suponga un impulso al proceso de democratización.

Los soldados y los miembros de las fuerzas de seguridad votaron el 29 de abril, haciendo uso por primera vez de este derecho tras la aprobación en 2017 de una enmienda a la ley electoral de 2014.

En total, cerca de 36.000 soldados y miembros de las fuerzas de seguridad estaban llamados a votar, si bien la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones (ISIE) señaló el 30 de abril que sólo el 12% había acudido a depositar su papeleta.

El presidente del organismo, Mohamed Tlili Mansri, reconoció que la tasa de participación era "pobre" y dijo que era consecuencia de "los llamamientos de algunos sindicatos de las fuerzas de seguridad a boicotear las elecciones", según informó la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

La votación fue aplazada varias veces, planteando el temor entre los activistas de que figuras del antiguo régimen estuvieran intentando frenar los avances prometidos tras la revolución.

En los comicios concurren un total de 2.074 listas y 53.668 candidatos a los consejos locales, que son el primer nivel de gobierno en el país árabe según el sistema descentralizado contemplado en la Constitución Constitución aprobada en 2014.

Esta Carta Magna recoge que los partidos deben garantizar la paridad vertical y horizontal en sus listas de candidatos, por lo que en las mismas hay hombres y mujeres candidatos de forma alterna para permitir esta representación. Un total de siete listas fueron descartadas por no cumplir con esta norma.

Los miembros de los consejos locales serán elegidos a través de un sistema de representación proporcional de lista cerrada en una única vuelta.

Asimismo, el proceso contempla normas estrictas para los medios de comunicación, a los que se exige "neutralidad" durante la campaña electoral y se les prohíbe emitir espacios electorales. Además, los candidatos tienen prohibido dar declaraciones a la prensa extranjera.

El proceso de descentralización

Estas elecciones, las primeras municipales desde 2010, permitirán avanzar en el proceso de descentralización del país, que antes de la revolución estaba marcado por la falta de decisión de las autoridades locales, que dependían de lo que decidiera Túnez.

Para poner fin a esta situación y aumentar la autonomía y la capacidad de respuesta, la Constitución de 2014 consagró esta descentralización y reclamó un aumento de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno central.

De hecho, el Parlamento está debatiendo en la actualidad una nueva ley sobre municipalidades que podría ser aprobada este mismo domingo, coincidiendo con las elecciones.

Sin embargo, estos avances chocan con la desafección de parte de la población con el proceso de democratización debido a su ralentización en los últimos años, las involuciones registradas en algunos campos desde 2011 y la falta de avances a nivel económico.

El pasado septiembre, el Parlamento aprobó una ley que garantizaba la amnistía a responsables vinculados con el antiguo régimen acusados de corrupción, y ese mismo mes el primer ministro, Yusef Chahed, anunció un nuevo gabinete en el que hay antiguos cargos que sirvieron con Ben Alí.

Las condiciones de seguridad

Una de las principales preocupaciones durante la jornada electoral será la seguridad de los votantes y los centros de votación, en un país que vive bajo estado de emergencia desde noviembre de 2015.

El estado de emergencia fue declarado después de un atentado contra un autobús de la Guardia Presidencial en la capital y desde entonces ha sido extendido en numerosas ocasiones.

La medida da poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad, permitiendo, entre otras cosas, limitar el movimiento de la población o prohibir manifestaciones o huelgas susceptibles de derivar en desórdenes.

Una de las principales amenazas es el grupo yihadista Estado Islámico, que cuenta con una presencia reducida en el país pero que ha estado detrás de varios atentados, por lo que se sospecha que pueda intentar perpetrar ataques durante la jornada electoral.

Desde el levantamiento de 2011 contra Ben Alí, la democracia tunecina ha sido vista como un modelo para la región, pero los milicianos islamistas son uno de los mayores retos para las autoridades del país.

Entre 3.000 y 4.000 tunecinos se han ido a Siria y a Irak, 500 de ellos han vuelto y unos 400 han sido arrestados, según las cifras que manejan las autoridades de Túnez que permiten evaluar la amenaza terrorista en Túnez. En Libia, el primer contingente de yihadistas extranjeros también es tunecino, sobre todo en el seno de la franquicia libia del Estado Islámico (EI). Aunque Túnez cuenta con un batallón de combatientes vinculados con Al Qaeda en el Magreb islámico (Okba Ibn Nafa), todavía no tiene una organización vinculada con el EI.

En suelo tunecino, el fenómeno terrorista no se remonta al atentado del pasado miércoles –que ha causado 21 víctimas, el ataque más sangriento en la historia del país– ni siquiera a la revolución tiene su origen en la revolución, como a veces se dice. Pese a la imagen que la dictadura del expresidente Ben Alí trató de trasladar del país, el terrorismo ya era una realidad, llegándose a producir varios ataques durante su mandato.

Meses antes de que Ben Alí tomase posesión de su cargo, en la noche del 2 al 3 de agosto de 1987, se produjeron cuatro explosiones en otros tantos hoteles de Sousse y de Monastir, zonas turísticas de la costa. Era la época del fin del reinado de un Habib Burguiba cansado y que sería depuesto meses más tarde –oficialmente por razones médicas– por Ben Alí (el 7 de noviembre). Sin embargo, los ataques no quedaron ahí. En febrero de 1995, en Tamerza (sur del país), un comando del grupo islámico argelino (GIA), después de franquear la frontera, degolló a siete guardias fronterizos tunecinos del puesto de Sondes. En el año 2000, en Kasserine, el mismo grupo argelino llevó a cabo otro ataque. El 11 de abril de 2002, en la isla de Djerba, un atentado perpetrado con un camión bomba, conducido por un kamikaze, alcanzó la sinagoga de la Ghriba y provocó la muerte de 19 personas. En el invierno 2006-2007, un grupo llamado Ibn Al-Fourat logró llegar hasta la ciudad de Soliman donde libró un combate con las fuerzas del orden.

Desde 2011 y tras la salida de Ben Alí, han surgido dos nuevas organizaciones. Inicialmente, Ansar Al-Sharia organizó y estructuró el movimiento yihadista hasta sumar varios miles de integrantes. Al día siguiente de la revolución, con la recuperación de la libertad de expresión, se podía militar –en un primer momento– “abiertamente”, tal y como relata un militante yihadista, entrevistado en Túnez a finales de 2014: “Hace tres años, pudimos salir a la calle, militar, nuestro mensaje llegaba a las mezquitas, incluso a veces se nos invitaba a ir a la tele. Ahora ya no es así. Se ha recuperado el control de casi todas las mezquitas, apenas nos queda una decena en Túnez”.

Ansar Al-Sharia –a día de hoy una organización durmiente por falta de dirigentes, ya que la mayor parte de ellos se han unido al Estado Islámico en Siria y en Irak o se ha marchado a Libia– está prácticamente desmantelada. Sin embargo, su auge coincidió con la vuelta del terrorismo a Túnez, en 2013. Además del asesinato de los opositores políticos Chokri Belaïd y Mohamed Brahmi, reivindicados por el Estado Islámico en un vídeo difundido a finales de 2014, el 30 de octubre de 2013 se frustraron dos atentados en Túnez: uno en Sousse, a unos 140 km al sur de Túnez, y el otro en Monastir, a 20 km de Sousse. Ambas, ciudades simbólicas del turismo tunecino. En Sousse, un hombre trató de pasar a un hotel con la bomba que llevaba, que explotó en la playa. El otro atentado se frustró en Monastir, donde se encuentra la tumba de Habib Burguiba, primer presidente del Túnez independiente.

En 2013 se comenzó a hablar de la existencia de otro grupo, Okba Ibn Nafa, supuestamente integrado por varias decenas de combatientes especialmente activos en el monte Chambi (centro este del país, próximo a la ciudad de Kasserine y a la frontera argelina). Durante meses, el ejército trató de neutralizar a dicho grupo terrorista vinculado con Al Qaeda en el Magreb islámico (AQMI). El 29 de julio de 2013, varios soldados fueron hallados decapitados. Sus armas y uniformes, desaparecieron. Ocupaban un puesto avanzado próximo a la frontera, en la región de Kasserine. El ejército llevó a cabo una operación aérea y terrestre de “gran magnitud” para “erradicar” a un grupo armado de “terroristas”, según informó entonces el portavoz de las fuerzas armadas tunecinas, Taoufik Rahmouni. Además de su vinculación a Al Qaeda, Okba Ibn Nafa cuenta supuestamente entre sus filas con rebeldes del norte de Mali.

Pese a todo, el 16 de julio de 2014, dos nuevos ataques terroristas se saldaron con la muerte de 14 soldados, la mayor tragedia sufrida por el ejército desde la independencia de 1956. Dos ataques simultáneos alcanzaron dos puestos de vigilancia del ejército, en las proximidades de Kasserine, en torno a las 19.40, a la hora que concluía el ayuno del Ramadán. El Ministerio aseguró que se trataba de un ataque con “ametralladoras y lanzacohetes” ejecutado por dos grupos distintos. Según las autoridades tunecinas, entre los “terroristas” figuraban argelinos. El asalto fue reivindicado por la brigada Okba Ibn Nafa.

Actualmente, el ejército tunecino, sin apenas recursos y abandonado bajo la presidencia de Ben Alí, no ha conseguido acabar con este grupo que sigue actuando desde el monte Chambi. De hecho, el enorme caos que reina en los servicios de seguridad –un precio que todavía sigue pagando el país– ha favorecido el auge del terrorismo en Túnez.

Reestructuración anárquica

Los servicios tunecinos contra el terrorismo –pilar básico con Ben Alí, que dejó de lado en 2000 la dirección del Ministerio del Interior para crear un servicio de inteligencia al servicio de su dictadura– se organizaban entonces conforme al siguiente modelo:

De 2001 a 2007, la oficina de inteligencia antiterrorista (DPAT, Dirección de Prevención Antiterrorista) dependía de la dirección de la Seguridad del Estado. La DPAT, reformada en 2007, tras los sucesos de Soliman de 2006, aumentó su número de efectivos en 700 personas y fue apartada de la Seguridad del Estado. Pasó a convertirse en una dirección general dependiente del Ministerio del Interior.

Hasta 2007, tras los tiroteos registrados en Soliman, la brigada antiterrorista (BAT) era la única encargada de la intervención. La brigada multidisciplinar (intervención, tratamiento de los explosivos etc.) en la lucha antiterrorista dependía en aquel entonces de la Dirección General de Unidades de Intervención. En 2007, tras la creación de la BNDNE (Brigada Nacional de Detección y de Neutralización de los Explosivos) logró mayor número de efectivos. En esta fecha, la BNIR (Brigada Nacional de Intervención Rápida) pasó a integrar a los comandos de intervención no dependientes de la BAT. Las tres unidades de intervención (BAT, BNDNE, BNIR) alumbraron la Dirección Antiterrorista de las Unidades de Intervención, hasta sumar 1.700 efectivos y encargada de intervenir en todo el territorio en situaciones de crisis.

Desde enero de 2011, la reestructuración anárquica del Ministerio del Interior disminuyó notablemente su eficacia. A partir de 2007 y hasta la revolución, el funcionamiento del sistema antiterrorista tunecino se desarrollaba según un modelo de funcionamiento estricto; la Dirección de Prevención Antiterrorista (DPAT) trataba la información y podía intervenir sobre el terreno y llevar a cabo arrestos o, en función de la naturaleza de la amenaza, alertar a la Dirección General de la Seguridad Nacional que, en su caso, ordenaba a la Dirección Antiterrorista de Unidades de Intervención que pusiera en marcha una operación especial.

Al día siguiente de la revolución, con la reestructuración del Ministerio del Interior se puso fin a la “cadena de mando”, como la denominaban los militares, sobre todo después de que en marzo de 2011 el entonces ministro Farhat Rajhi, acabara con la Dirección de Seguridad del Estado. La destitución ese mismo mes de los principales responsables de la DPAT derivó en la falta de formación y de competencia y amputó la lucha contra el terrorismo en Túnez ya que la privaba de su recurso principal: los servicios de inteligencia, sin ellos todos los medios puestos a disposición de las unidades de intervención carecen de sentido.

A esta desorganización hay que añadir un conjunto de factores que favorecieron el desarrollo del fenómeno salafista yihadista y del terrorismo en Túnez. En primer lugar, se liberaron miles de detenidos, indultados después del 14 de enero de 2011, varios de los cuales permanecían encarcelados por asuntos relacionados con el terrorismo –aunque bajo la presidencia de Ben Alí, se trataba esta de una acusación recurrente–. Tras la primavera de 2011, florecieron los grupos yihadistas como Ansar Al-Sharia, que reagrupa actualmente a varios miles de militantes. A la situación que se vivía en el interior del país se sumaron otros elementos contingentes: la situación caótica de Libia, después en Mali, y por tanto la entrada de armas de guerra en territorio tunecino; más tarde, el regreso de los tunecinos de Siria...

Sin embargo, en el verano de 2013, el segundo asalto político de un opositor (Mohamed Brahimi) provocó una auténtica sensibilización sobre la necesidad de acelerar las reformas. No obstante, habrá que esperar a la primavera de 2014, y con ella al Gobierno de Mehdi Jomaa, para que se vuelva a crear una dirección unificada contra el terrorismo, por expreso deseo de varios responsables del Ministerio del Interior.

A partir de entonces, se han sucedido las detenciones, lo que permitió que las elecciones de 2014 se desarrollaran con normalidad, pese a que en ocasiones se temió por las libertades públicas, tal y como sucedió en Kasserine, donde a finales de octubre de 2014, dos mujeres de 18 y 24 años murieron tiroteadas por una patrulla de Policía. La Policía negó haber cometido un error, aunque el caso despertó las iras del Ministerio alemán de Asuntos Extranjeros ya que entre las víctimas había una ciudadana germana de origen tunecino. A día de hoy, las circunstancias del drama todavía no se han esclarecido.

Hay otro asunto que se ha convertido en recurrente en la vida política tunecina posterior a la revolución. Se trata de la aprobación de una nueva ley antiterrorista en sustitución de la de Ben Alí, que data de 2003: “Cambiar esta ley liberticida era una prioridad tras la revolución”, recuerda Selim Kharrat, analista política tunecino. “Sin embargo, a la hora de votar en la Asamblea, en julio de 2014, no se alcanzó el consenso necesario a la hora de votar. Y a día de hoy, temo de que se someta a votación un texto mal elaborado y poco respetuoso con las libertades públicas”. Mientras la Comisión de legislación general de la Asamblea estudia el texto, varios diputados, entre ellos Sayida Ounissi (Ennahda), tratan de alertar a la opinión pública de los defectos de un texto “demasiado rígido sobre todo los artículos relativos a la vigilancia, el secreto profesional, los derechos del hombre o la detención”, señala a Mediapart.

Varios sindicatos del Ministerio del Interior reclaman que se apruebe un un texto ad hoc que criminalizaría que se “atente contra las fuerzas de seguridad”. Al no haber sometido a votación una ley antiterrorista, en el marco del texto constitucional de 2014, Túnez corre el riesgo de tener que volver a hacer frente a tiempos difíciles.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés: 

Un tribunal tunecino ha condenado in absentia este martes al expresidente de Túnez Zine el Abidine Ben Alí a cinco años de cárcel y le ha impuesto una multa de 3,5 millones de euros por un caso de corrupción, pena que se suma a las dos cadenas perpetuas a las que ha sido condenado por ser responsable de la muerte de manifestantes durante la oleada de violencia que sacudió al país a mediados de enero de 2011.

El expresidente ha sido declarado culpable por utilizar su posición política en beneficio propio y de terceros y causar daños a la Administración, según ha informado la agencia estatal de noticias tunecina TAP.

A la luz de este mismo caso, el empresario Jaled Kobbi, detenido en julio de 2011, ha sido sentenciado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 3,5 millones de euros.

La semana pasada, Alí bin Fetais al Marri, designado por la Organización de Naciones Unidas como el encargado de recuperar el capital en manos de los líderes derrocados durante las revueltas árabes, entregó un primer tramo de 22 millones de euros al actual presidente de Túnez, Moncef Marzuki, correspondiente a los activos que tienen en el extranjero Ben Alí y su familia. Hasta la fecha, el dinero había permanecido en una cuenta bancaria libanesa a nombre de la esposa de Ben Alí, Laila Trabelsi, que huyó con su familia a Arabia Saudí el 14 de enero de 2011, después de las protestas que pusieron fin a los 23 años de mandato del presidente.