La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este viernes que su formación política va a registrar una ley en el Congreso con el objetivo de luchar contra la desinformación para acabar con las noticias falsas y para democratizar los medios de comunicación, según ha recogido Europa Press.

En una entrevistada en TVE, Belarra ha adelantado que "una de las medidas más interesantes" que recoge esta ley es la cuestión de la "reparación". "En todos estos años de lawfare, particularmente contra mi formación pero también contra personas de la sociedad civil o contra los líderes independentistas, el objetivo muchas veces de los procedimientos judiciales no era tanto pensar que contra Podemos se iba a conseguir una condena, sino hacer un ejercicio de desprestigio de horas y horas de tertulias, horas y horas de radio en las que se ha desprestigiado a mi formación política por el mero hecho de defender lo que defendemos", ha argumentado Belarra.

En este sentido, la secretaria general y diputada de Podemos ha detallado que la ley que registrará Podemos en la Cámara Baja "recoge la reparación", es decir, "que los mismos minutos, el mismo tiempo que se dedicó a expandir ese bulo, a expandir esas fake news se utilice para reparar esa información y se dé de manera adecuada".

Por otra parte, según ha señalado Belarra, en Podemos consideran que "España tiene un problema muy serio, como otros países europeos evidentemente, de estructura de propiedad". Así, la líder de la formación morada sostiene que los medios de comunicación privados están "en gran parte en manos" de fondos de inversión y de grandes empresas de sectores "estratégicos, como la banca o las eléctricas, que tienen intereses económicos y políticos muy concretos", lo cual es "absolutamente invisible" para la población.

Belarra ha añadido que "la limitación en la estructura de propiedad es fundamental". Preguntada sobre en qué consistiría dicha limitación, la líder de Podemos ha respondido que "el detalle es bastante más elaborado", pero ha afirmado que, por ejemplo, se prevé que "las empresas de sectores estratégicos, como la banca o como las empresas eléctricas o los fondos de inversión, no puedan poseer más del 10% de un medio de comunicación".

Según ha criticado Ione Belarra, "hay muchas cuestiones" que el PSOE "no ha querido abordar en materia de comunicación en España", una de ellas, "el fortalecimiento de la financiación de la radiotelevisión pública", de manera plurianual, e "intervenir en los medios privados para poder equilibrar esa balanza y que la ciudadanía sepa lo que ve".

En este contexto, la secretaria general de Podemos ha avanzado que esta ley también prevé que los presentadores de programas de radio y televisión de "mucha audiencia" o los directores de los propios medios hagan una declaración de bienes. "Esperemos que salga adelante con el apoyo de la mayoría progresista", ha concluido.

Fuentes de Podemos han indicado que la iniciativa se registrará "en los próximos días" para "hacer frente, con medidas valientes, a la grave crisis de bulos y noticias falsas" que vive España. "La norma busca proteger el derecho constitucional a una información veraz y aborda problemas como la falta de pluralidad, la escasa transparencia en las estructuras de propiedad de los medios o la impunidad con la que se difunden 'fake news'", han añadido.

Entre las medidas que prevé la norma se hallan "la figura de la regla de los tres tercios, para distribuir el espacio televisivo y radiofónico a partes iguales entre los medios públicos, privados y comunitarios; normas antimonopolio que limiten el porcentaje de participación que bancos, eléctricas o fondos de inversión pueden tener en el accionariado de los medios; y medidas de transparencia, como la obligación de que grandes medios detallen sus ingresos y las sociedades que participan en ellos".

Además, las citadas fuentes han explicado que se incorpora un régimen sancionador que equipare la reparación al daño causado (por ejemplo, igualando el tiempo de emisión de la rectificación de una noticia falsa al de su difusión inicial); se crea el Consejo del Derecho a la Información, elegido por la ciudadanía, para garantizar el pluralismo e imponer sanciones; y se incorporan medidas para regular la publicidad institucional.

Cientos de personas se han concentrado este lunes de madrugada frente a la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, para celebrar que Alemania cuenta con una nueva ley que permite la tenencia de cantidades reducidas de cannabis para consumo propio y la plantación también a pequeña escala, fruto de una reforma impulsada por el Gobierno de coalición que encabeza el canciller Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata (SPD).

Los ciudadanos adultos pueden portar hasta 25 gramos de cannabis para consumo en lugares públicos, si bien no se podrá fumar a menos de cien metros de centros educativos o instalaciones deportivas. En el domicilio privado, la cantidad máxima asciende a 50 gramos, como recoge la norma aprobada en marzo.

El Gobierno alega que la prohibición generalizada no ha frenado el consumo de cannabis, por lo que aspira ahora a combatir el tráfico de esta droga en el mercado negro y reducir los riesgos sanitarios.

En Berlín, cientos de personas se han encendido a medianoche los primeros cigarros, en un ambiente festivo y junto a una gran hoja de marihuana. Un portavoz de la Asociación Alemana del Cannabis (DHV), Henry Plottke, ha aplaudido esta "nueva libertad". "Por fin podemos mostrarnos, ya no tenemos que escondernos", ha declarado a la agencia DPA.

Sin embargo, la oposición conservadora ya ha adelantado que, si vuelve al poder, tumbará la medida, como ha advertido el diputado Thorsten Frei. "En nuestra opinión, la política antidrogas, especialmente en lo que respecta a la protección de los jóvenes, es un asunto clave y revocaremos la legalización del cannabis cuando lleguemos al poder", confirmó el sábado en una entrevista al Augsburger Allgemeine.

El Gobierno de Países Bajos permitirá el cultivo de marihuana en diez municipios del país a partir de octubre, en un programa controlado por el Estado de cuyo resultado dependerá que se legalice por completo el cannabis en el país, conforme ha anunciado este miércoles el ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, según informa Europa Press.

Las tiendas coffee shops en las ciudades de Tilburgo y Breda, en el sur del país, podrán vender marihuana cultivada legalmente por diez agricultores a partir de octubre.

Actualmente, Países Bajos permite la venta y consumo en pequeñas dosis de marihuana solo en los coffee shops, pero no permite su cultivo o la venta de grandes cantidades, por lo que actualmente es imposible abastecer a todos estos comercios de forma regulada.

Esta anómala situación lleva a los comercios a comprar sus productos de vendedores e intermediarios de forma ilegal, una situación que el Ejecutivo lleva tiempo queriendo regularizar. El Gobierno explica en su página web que este experimento responde al debate público sobre la legislación: "Muchos municipios se han quejado de que esta política está causando problemas relacionados con el orden público, la seguridad, la salud pública y la lucha contra el crimen".

Este experimento se ha pospuesto en varias ocasiones, y de los diez agricultores encargados, solo uno puede producir marihuana en grandes cantidades, algo que también debería revisarse para asegurar el abastecimiento en caso de que finalmente cambie la legislación.

Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han registrado una proposición no de ley para pedir la regulación del cannabis no psicoactivo o cáñamo —aquel cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior a 1%—, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores, según informa Europa Press.

En concreto, el partido minoritario del Gobierno y sus dos aliados independentistas instan al Ejecutivo a "avanzar en la regulación integral del cannabis no psicoactivo para dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados del cáñamo industrial".

Según explican, en los últimos años se han comenzado a comercializar en toda Europa productos derivados del cáñamo con valores muy reducidos de THC, conocidos comúnmente como cannabis no psicoactivo, como por ejemplo el CBD, y avisan de que mantener un enfoque restrictivo y contrario a la realidad regulatoria de la Unión Europea relega al Estado español a una situación de atraso e inseguridad jurídica para las personas que producen y comercializan esta planta y sus derivados.

Su pretensión es aprobar una norma estatal que regule todos los aspectos que afectan a las actividades del ciclo de producción del cannabis no psicoactivo, así como legislaciones autonómicas en materia de agricultura, desarrollando las directivas europeas para el cultivo de cáñamo industrial de una manera más precisa.

La iniciativa, recogida por Europa Press, reclama que esa futura regulación del cannabis no psicoactivo limite el porcentaje de THC al 1%, para así asegurar tanto la ausencia de efectos estupefacientes como un mayor rendimiento de los cultivos y su sostenibilidad conforme al Pacto Verde Europeo. De lo contrario, creen que España estaría operando en este mercado en clara desventaja clara respecto a países de su entorno.

Asimismo, piden a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se comprometa con el orden jurisdiccional europeo realizando una declaración de conformidad con la resolución del TJUE de 19 de noviembre de 2020 relativa a la no fiscalización del CBD, al no tratarse de una sustancia estupefaciente.

Hace unos días, la televisión pública estatal y otros medios de gran alcance nos informaban del desmantelamiento en nuestro país de la mayor estructura ilegal europea de cultivo industrial y  distribución de marihuana. Treinta y dos toneladas de hierba envasada al vacío, procedentes de más  de un millón de plantas cultivadas en tres Comunidades Autónomas, eran incautadas junto con las naves, la maquinaria y los materiales implicados en el círculo productivo. El valor de todo ello en el  mercado ilegal se tasaba en cerca de doscientos millones de euros. Veinte personas eran detenidas  por la Guardia Civil, por su presunta implicación en el negocio.  

En la misma semana, la prensa generalista nos informaba también sobre el plan de Alemania (sí, de  Alemania) para legalizar el uso recreativo del cannabis, incluyendo previsiones para su cultivo, posesión, y venta con licencia. La noticia no ocultaba las reticencias iniciales planteadas tanto por el  sector farmacéutico como por la Comisión Europea, pero hacía énfasis en la madurez de la propuesta,  y en su actual momento de debate con argumentos técnicos, sociales y económicos.  

En la historia de la Unión Europea han sido frecuentes los ejemplos de avances a distintas velocidades, e incluso de rumbos no coincidentes entre unos y otros países. Lo que no ha sido tan habitual (al menos hasta la consumación del Brexit, o el enconamiento de los problemas de respeto a los derechos básicos en Hungría y Polonia) ha sido la coexistencia en el seno de la UE de avances y retrocesos en un mismo asunto. En nuestra opinión, la postura oficial española respecto a la marihuana está siendo absurdamente retrógrada, y perjudicial para el conjunto de la ciudadanía.  

Lo ocurrido recientemente en España, aunque llamativo por su envergadura, no es sino el enésimo episodio de una forma de proceder demasiado lastrada por la oposición irracional a cualquier presencia de la marihuana en el debate público. Más allá del uso terapéutico del cannabis (una senda  bastante silenciosa, en la que ya se han adentrado en mayor o menor medida una decena de países  europeos, y que parece claramente trazada), la mera idea de que la hierba pueda adquirir en nuestro país un estatus de normalidad social en el ámbito llamado “recreativo” es objeto de rechazo visceral,  cuando no de obstruccionismo. En los informativos de la televisión, la marihuana suele aparecer  “casualmente” vinculada a drogas de diseño y armas de fuego.  

Mientras tanto, millones de euros de gasto público en recursos humanos y logísticos, en operaciones policiales por tierra, mar y aire, en procesos judiciales, en reclusiones penitenciarias… siguen  exprimiendo las arcas del Estado, cuando todo ello podría sustituirse por millones de euros de ingresos  fiscales procedentes de un comercio reglado, con los necesarios registros y controles. Y en el sector  privado, en un contexto de desempleo crónico, la producción de marihuana legal podría generar  numerosos puestos de trabajo directos e indirectos.  

Por otra parte, ya anticipábamos que calificar el uso social de meramente “recreativo” resulta muy insuficiente. La presencia normalizada de la marihuana sin duda presentaría alcances y repercusiones en ámbitos tan diversos y significativos como el arte, la cultura, la integración social, e incluso la teoría económica y el modelo productivo. 

En esta época de regresión generalizada, no es fácil encontrar referencias sensibles a esos potenciales de la marihuana, ni recetas para su promoción. Sin embargo, si nos esforzamos en buscar, y nos remontamos lo suficiente hacia los manantiales, aún podemos hallar algunas luces de antaño capaces de alumbrar caminos diferentes de futuro. Es, por ejemplo, el caso de Don Ramón María del Valle.

Inclán, que, ya en 1916, en esa obra inefable que es La lámpara maravillosa, nos dejó unas pautas de  valor extraordinario: “…antes de montar para ponerme al camino había fumado bajo unas sombras gratas mi pipa de cáñamo índico… Fui feliz bajo el éxtasis de la suma, y al mismo tiempo me tomó un gran temblor comprendiendo que tenía el alma desligada… Con una alegría coordinada y profunda, me sentí enlazado con la sombra del árbol, con el vuelo del pájaro, con la peña del monte. La Tierra de Salnés estaba toda en mi conciencia por la gracia de la visión gozosa y teologal.”  

Generalizar en nuestra sociedad las ocasiones para una más intensa apreciación del paisaje, como construcción intelectual y emocional básica, conduciría directamente a un cambio en las necesidades y demandas individuales y familiares; a una generación de vínculos y sentimientos de pertenencia que se nutren de ritmos y velocidades más pausados que los que hoy causan muchos de los problemas que sufrimos. Países tan poco sospechosos de frivolidad como Bután, que han logrado elevar formidablemente sus indicadores de desarrollo humano priorizando la procura de la felicidad sobre el crecimiento, lo han conseguido implicando profundamente la percepción del paisaje en sus estrategias formativas. También en Occidente, ejemplos como el de Nueva Zelanda empiezan a mostrarnos caminos paisajistas de superación del PIB como indicador exclusivo del progreso. Nos haría bien emplear todas las herramientas disponibles para fomentar nuestro encaje no agresivo en el territorio. No puede subestimarse el poder transformador que vendría de la mano de una relación sana y no enfermiza con el cáñamo índico. La visión holística, y no de dominación antropocéntrica, que la marihuana contribuye a desplegar se postula como clave de la verdadera sostenibilidad.  

También la creatividad, que se encuentra en la base de la mejor producción, sin duda artística, pero también científica y tecnológica, se beneficiaría de una participación adecuada de la hierba. Y ese  nuevo vector cultural que se generaría daría lugar a una verdadera sinergia con otra realidad definidora de la civilización en nuestro tiempo: las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación. La horizontalidad inclusiva que poco a poco va caracterizando a aquellas sociedades que se niegan a renunciar a la democracia, a ceder al totalitarismo, se vería reforzada por unos estados de ánimo crecientemente tolerantes e igualitarios, capaces de reducir la agresividad, de priorizar la contemplación enriquecedora a la acción descontrolada, el empate a la victoria, y la lentitud vital a la prisa suicida.  

Hablamos de una hierba que, en último término, crece en el monte como una especie más allí donde las condiciones ecológicas le son favorables. Resulta sencillamente ridículo (y más en una sociedad que utiliza el tabaco y santifica el alcohol) que un grupo de seres humanos pretenda dictar a otros seres humanos cuáles plantas pueden consumir libremente y cuáles no, como si estuviésemos en los días del Génesis. Es hora de que el ejemplo de lo avanzado deje de estar en 1916, en tiempos de Ramón. Es hora de ser conscientes de que estamos en tiempos de María.

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Eduardo Crespo de Nogueira y Greer es doctor ingeniero de Montes y funcionario del Estado.

Unidas Podemos ha anunciado este viernes que para principios de octubre tendrá "lista" su ley para la regulación del uso del cannabis "en personas adultas", un texto que busca despenalizar el cultivo y la tenencia de esta sustancia, y que confía en que se pueda aprobar tras incorporar aportaciones de otros grupos parlamentarios y de la sociedad civil, informa Europa Press.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara Baja la portavoz del grupo confederal en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del problema de las Drogas, Lucía Muñoz Dalda.

Dalda ha detallado que el objetivo de esta norma es "dotar de seguridad jurídica a una realidad ya existente", como es la existencia de "alternativas al mercado ilícito", en referencia al autocultivo y la labor de las asociaciones, así como "solventar" los efectos negativos que tiene el mercado ilícito del cannabis.

Una vez tengan listo su texto lo abrirán para incorporar aportaciones de otros grupos parlamentarios y de la sociedad civil. Muñoz Dalda no ha fijado ningún plazo, pero se ha mostrado optimista ante la posibilidad de que la ley salga adelante.

¿Más allá del uso medicinal?

En concreto, ha señalado que se han dado "cambios de posición" que pueden favorecer su aprobación. El PSOE, socio de Gobierno de Unidas Podemos, se ha abierto en la ponencia marco de su próximo Congreso Federal a aprobar "un marco legal para el uso del cannabis medicinal a través del Sistema Nacional de Salud y con prescripción médica".

En su programa electoral para las generales de noviembre de 2019, los 'morados' iban mucho más allá y se comprometían a despenalizar "el cultivo y la tenencia a nivel personal y colectivo" y a regular "la actividad de los clubs sociales de cannabis".

También abogaban por establecer "el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo" de esta sustancia.

Por su parte, el pasado mes de junio el Pleno del Congreso aprobó, a instancias del PNV, la creación de una subcomisión para analizar las experiencias internacionales de regulación del cannabis para uso medicinal.

Médicos del Mundo ha informado que no apoya la creación de un sindicato de trabajadoras del sexo y ha rechazado la regulación de la prostitución como trabajo, pues considera que es "una actividad que perjudica gravemente la salud y la calidad de vida" y que constituye "una forma de violencia de género".

"Consideramos que su regulación vulneraría los artículos 9 y 14 de la Constitución Española y otros de la Declaración Universal de los Derechos Humanos relacionados con la dignidad de la persona y el derecho a no recibir tratos crueles y degradantes", ha subrayado la organización en un comunicado.

Médicos del Mundo ha considerado que "no hay plena libertad en la prostitución" y que "la mayoría de quienes la ejercen se encuentran en situación de vulnerabilidad, bien por pobreza, persecución, violencia de género u otras causas". Así lo reflejan, según han precisado, los testimonios de las mujeres con las que trabajan en sus programas.

En sus 25 años de experiencia con este colectivo, la ONG sanitaria ha atendido a cerca de 100.000 personas en situación de prostitución y ha constatado que esta actividad "les afecta muy negativamente a su salud física, psíquica y social".

En concreto, ha advertido de que las consecuencias del ejercicio de la prostitución para la salud mental "son las mismas que sufren las personas sometidas a torturas". Además, ha añadido que las causas de estas secuelas vienen como consecuencia "del estigma social y de la violencia sistemática, ya que son frecuentes los prostituidores que recurren al chantaje emocional para la realización de prácticas de riesgo, y las agreden física y verbalmente".

Médicos del Mundo ha solicitado una legislación estatal "uniforme" que implique a todas las administraciones en la inserción social y laboral de las personas en situación de prostitución, y que ofrezca alternativas a la misma.

Asimismo, ha sugerido "visibilizar el papel del prostituidor, educar a las futuras generaciones en la igualdad y el respeto mutuo" y trabajar para "la erradicación de la desigualdad estructural, de género, etnia y clase, que está en la base de la prostitución". También precisa que las medidas que se tomen con las mujeres en situación de prostitución "nunca deben ser coercitivas, sino de índole social, laboral y formativa".

El debate es tan viejo como el mundo. El ser humano siempre ha buscado paliar el dolor, aliviar las penas, celebrar las fiestas, despedirse a lo grande, incluso asomarse a esa frontera incierta del más allá buscándose a sí mismo o a quién allí habite. El hombre ha recurrido a las drogas para soñar y olvidar, para celebrar y morir, para honrar a los dioses o a la comunidad. Lo que sucede es que las cosas han cambiado mucho desde el momento que los Estados (que no entienden al chamán) penalizan su consumo, desde que los Estados recetan sus drogas a través del sistema sanitario, desde que los Estados han declarado la guerra a las drogas y han convertido al narcotráfico en una hidra de mil cabezas difícil de erradicar.

Cuando Ronald Reagan declaró en los Estados Unidos la War on Drugs (Guerra contra las Drogas), tristemente célebre, sabíamos todos el final de la película: las cárceles (un negocio lucrativo y semiprivado en los Estados Unidos) se iban a llenar de afroamericanos adictos al crack mientras los grandes laboratorios (Purdue a la cabeza) empezaban a recetar opiáceos como la Oxicodona a la respetable gente de clase media y alta sin importarle las consecuencias. La guerra tampoco afectó a los grandes cárteles del otro lado de la frontera que, desde Sinaloa, empezaron a diseñar y amoldarse a los nuevos hitos del consumo: de la marihuana (ya despenalizada en varios Estados para uso medicinal y recreativo) se pasó a la metanfetamina y, más recientemente, a una poderosa sustancia sintética del opio llamada fentanilo que se ha llevado por delante a celebridades añoradas como Prince o Tom Petty. 

Sobre las consecuencias de la Guerra contra las Drogas, y en forma de alegato a favor de la legalización, Javier Valenzuela firma en el número #55 de tintaLibre Legalizando a Satán. Mientras que el periodista Arturo Lezcano explica en un reportaje el auge del consumo de fentanilo y la preocupante adicción de decenas de miles de personas a analgésicos elaborados con opio, recetados por sus propios médicos. 

Lejos queda el panorama oscuro y suburbial de la epidemia de la heroína en España en los ochenta -al que Xosé Manuel Pereiro dedica una crónica titulada La culpa la tuvo Lou Reed-, un fenómeno que no ha remitido, pero que ha cambiado de protagonistas y hábitos de consumo. Los nuevos yonquis del mundo (véanse las calles de Oslo en el portfolio del fotógrafo Warren Richardson, ganador del World Press Photo 2015) son personas blancas y acomodadas que permanecen en el infierno de la adicción a veces sin salir de la cómoda habitación de la casa paterna. El umbral del dolor ha cambiado en nuestra sociedad. A veces da la sensación de que nos duele casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Con temas tan aleccionadores pero controvertidos como la legalización de la hierba en Uruguay (el problema es que el Estado no da abasto, falto de experiencia, para satisfacer la demanda registrada), sobre el que escribe la periodista Loreto Mármol; cabe preguntarse de una vez por todas por qué no acometemos la legalización de las drogas y ponemos coto tanto al narcotráfico y sus crímenes como al guante blanco de los laboratorios farmacéuticos que siguen lucrándose impunemente sin ningún pudor. El caballo de batalla es troyano, pero vale la pena plantarle cara a la cuestión y no dejar que un asunto de tanta importancia se convierta en “el opio del pueblo”.

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Era también un 9 de abril, pero del año 1977. Ese día, en el que media España estaba de vacaciones de Semana Santa, quedó marcado en el calendario como el de la legalización del Partido Comunista de España (PCE) tras 40 años en la clandestinidad. Este domingo se cumplen 40 años de aquella fecha, con un PCE mucho más pequeño y menos influyente que entonces, pero que continúa existiendo silenciosamente a la sombra de la marca IU y, sobre todo, de un hermano mucho más joven pero también más fuerte: Podemos.

2017 está siendo para el PCE un año de celebración, dado que el partido está organizando charlas y actos para conmemorar el primer centenario de la Revolución Rusa, a través de la cual los bolcheviques tomaron el poder en Rusia en 1917. Hace cuarenta años la situación era muy diferente: señalado por el régimen franquista como uno de los grandes enemigos del país, el PCE luchaba por hacerse hueco en una democracia incipiente tras cuatro décadas en las que había sido el principal partido de oposición a la dictadura.

Y es que "no estaba ni mucho menos claro que fueran a legalizar el partido antes de las elecciones" de 1977, que configuraron las Cortes constituyentes, explica Víctor Díaz Cardiel, entonces secretario general del Partido Comunista de Madrid y miembro del Comité Central y de la ejecutiva del PCE. Desde que fue nombrado presidente del Gobierno en 1976, el Ejecutivo de Adolfo Suárez y el líder del PCE, Santiago Carrillo –en España de manera permanente desde febrero de ese año–, habían mantenido algunas comunicaciones, pero, según explica Díaz Cardiel, Suárez no veía clara la legalización del partido.

"[El canciller alemán] Willy Brandt y [el primer ministro sueco] Olof Palme vinieron a España en diciembre de 1976 para apoyar el congreso del PSOE, y aprovecharon para reunirse con Suárez y recomendarle que dejase la legalización del PCE para después de las elecciones", rememora el exdirigente comunista. De hecho, durante ese mismo mes, tanto Díaz Cardiel como otros siete miembros de la cúpula del PCE, entre los cuáles se encontraba Carillo, fueron detenidos a la salida de una reunión de la dirección del partido y puestos en libertad días después. "A Carrillo le llegaron a decir que le ponían un avión para que se marchase a París. Él se negó", cuenta el antiguo líder comunista madrileño.

La matanza de Atocha

Pero en aquellos meses, los acontecimientos se sucedían muy rápido. Y hubo uno que, según todos los exdirigentes del PCE consultados, desequilibró la balanza para que los comunistas pudieran entrar en la legalidad: la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977, por parte de un grupo ultraderechista. El sepelio posterior fue multitudinario, y al mismo acudió la plana mayor de un partido que, pese a estar ilegalizado, demostró tener una fuerte capacidad de convocatoria: miles de personas abarrotaron las calles de Madrid en un desfile fúnebre en el que no faltaron los puños en alto y en el que, incluso, se exhibió la hoz y el martillo.

"El PCE asumió la responsabilidad de controlar la movilización y también de controlar a una masa nerviosa y con rabia en su interior", rememora José Alcázar, entonces militante de base del PCE y uno de los ocho sindicalistas de Airbus encausados y absueltos el año pasado. No hubo incidentes en la marcha, aunque eso, según defiende la actual dirección del PCE, no fue el elemento definitorio para la legalización del partido: "Reconocer esta actuación, no nos puede llevar a admitir que el PCE se ganó la legalización esos días y que de forma especial, se la ganó en la manifestación que supuso el entierro de los abogados, por haber demostrado capacidad de contención y autocontrol", señala la formación, que afirma que "la realidad es que al PCE se le legaliza porque su lucha de 40 años frente a la dictadura hacía imposible legitimar unas elecciones sin la participación de la fuerza más numerosa, organizada y con influencia social".

"La movilización del partido era fruto de la movilización de la sociedad civil, y eso se reflejó en el entierro de los abogados de Atocha", coincide Díaz Cardiel, que no obstante sí que considera que la manifestación influyó decisivamente en la legalización del PCE. "Carrillo se entrevistó con Suárez a finales de febrero de 1977", apenas un mes después del sepelio: fue en esa reunión en la que los comunistas pactaron su legalización a cambio de aceptar explícitamente la bandera rojigualda y la monarquía.

"Dictadura o democracia"

El acuerdo se ratificó en abril: el 9 de ese mes, el Gobierno anunciaba el registro del PCE como partido político, lo que ocasionó una dura queja por escrito de la cúpula militar y la dimisión del almirante Pita da Veiga como ministro de Marina. El 16 de abril, el Comité Central aprobaba con sólo 11 abstenciones aceptar la bicolor como bandera nacional y la monarquía como sistema político si actuaba "de manera decidida para restablecer la democracia", tal y como anunció Carrillo en rueda de prensa. "Si no fuera así, no tendríamos ningún compromiso en ese sentido. Hemos defendido la república, y las ideas de nuestro partido son republicanas; pero hoy, la opción no es entre monarquía o república, sino entre dictadura o democracia", zanjó entonces el secretario general comunista.

Para Díaz Cardiel, aquellas renuncias del PCE fueron un "trágala" necesario para conseguir la legalización y continuar el proceso de transición a la democracia. Pero, aunque minoritarias, hubo voces en el partido que no estaban de acuerdo con "los criterios que se formulaban" entonces por parte de la dirección sobre ese proceso, según explica Manolo Monereo, exdirigente de IU y el PCE y actual diputado en el Congreso por parte de Unidos Podemos. Monereo acababa de dimitir de la dirección granadina del partido cuando se anunció la legalización, que según él se produjo "porque no podía producirse una apertura democrática sin el PCE".

"La gran mayoría del partido estaba de acuerdo en la estrategia que se siguió, y quienes nos opusimos éramos una minoría muy minoritaria", admite el diputado. No obstante, Monereo señala que esa minoría estaba unida en la idea de que "el PCE tenía un mal análisis de la realidad". "Sobrestimamos nuestra fuerza, y subestimamos al franquismo", lamenta el exdirigente del PCE, que señala que el partido no pudo conseguir la "ruptura democrática" que planteaba y, con la "amenaza de las armas" presente, "legitimó la reforma e hizo concesiones gratis". La república es una de las cesiones que critica Monereo, que no obstante también se opuso al "pacto social de salida del régimen" en los términos en los que se planteó.

Las críticas de Garzón

Pero la voz del que fue la mano derecha de Julio Anguita durante su etapa como líder de IU no es la única crítica con el papel del PCE en la transición. El propio coordinador federal de IU, Alberto Garzón, también se ha distanciado públicamente de las acciones que llevó a cabo la dirección comunista de Carrillo durante aquellos años. "El PCE trajo la democracia en un momento muy difícil", pero lo hizo a cambio de ser poco exigente y abandonar sus postulados originales, lamentó Garzón hace apenas unos días en el programa La Sexta Noche.

"Imaginemos que el PCE pide diez, y en una correlación de fuerzas en la que desgraciadamente la izquierda no es suficientemente fuerte, consigue cinco. Bueno, pues es lo que hay [...]. Pero el problema viene cuando uno asume que cinco es exactamente lo que querías conseguir", criticó Garzón, que señaló que Carrillo tomó esta posición "y entonces empezó a asumir unas posiciones de defensa de lo que se había constituido muy poco críticas con la Constitución de 1978".

Y, 40 años después de su legalización, ¿dónde se encuentra el PCE? Según Garzón –que además de coordinador de IU está en la dirección comunista–, la formación "recoge toda la tradición histórica del PCE que trajo la democracia" y en él se mantiene "un colectivo muy amplio con mucha esperanza que mira hacia el futuro para construir un país mejor". No obstante, Monereo no lo tiene tan claro: "El PCE, como un partido en sentido estricto, como organización que agrupa a las fuerzas transformadoras, se presenta a las elecciones, tiene un comité central, células... hace años que no lo veo", señala. Pero eso no implica, según el diputado, que "el ideario comunista" desaparezca: quienes mantienen "ese ideal", sostiene Monereo, terminarán siendo una "corriente ideológica" de una organización más amplia: Unidos Podemos.

La Cámara de Representantes de Países Bajos ha aprobado este martes una nueva norma que legaliza, bajo ciertos criterios, el cultivo de marihuana, en un intento de romper el actual vacío que existe entre la producción prohibida y la venta autorizada de pequeñas cantidades cannabis en los locales conocidos como coffee shops, según ha informado Europa Press.

La medida, impulsada por el partido Demócratas 66 (D66), ha salido adelante con 77 votos a favor y 72 en contra. Entre las formaciones que han rechazado el texto figuran el partido del primer ministro, Mark Rutte, y el del ultraderechista Geert Wilders.

El texto pasa ahora al pleno del Senado, donde no existe una mayoría garantizada a favor de esta nueva ley, según han informado medios locales.

La diputada Vera Bergkamp, miembro de D66, ha abogado por esclarecer el actual marco legislativo para que los propietarios de las cafeterías donde se vende cannabis puedan tener una fuente clara de suministro. Las autoridades avalarían la creación de una red de productores locales.

El diputado de Podemos y vicepresidente tercero del Parlamento andaluz, Juan Ignacio Moreno Yagüe, se mostró convencido de que "si pillásemos a todos los diputados, un día por sorpresa, y les hiciéramos pruebas sobre consumo de cannabis, con precisión de unos meses, nos íbamos a reír un rato".

Así se pronunció el diputado de la formación morada en una entrevista realizada por Cannabis Magazine, recogida por Europa Press y que fue difundida por el propio parlamentario a través de su cuenta personal de Twitter.

Moreno Yagüe dijo que no tiene "ningún problema" en tratar el asunto del cannabis porque "lo conozco en profundidad". "He sido un consumidor, durante muchos años, que no tiene ningún problema con ello", apostilló.

Aseguró que la organización en Madrid no le ha dado prioridad a este asunto –la legalización del cannabis– porque "no se consideró una prioridad teniendo en cuenta la emergencia en otras áreas y ha pedido disculpas por el "retraso".

Opinó que el votante promedio de Podemos "no percibe la droga como un problema grave" y que la sociedad española sabe que lo que no ha funcionado "es la prohibición". "El votante de Podemos no tiene miedo y, sobre todo, exige mucho más que el resto: no le vale lo que han contado hasta ahora", argumentó.

"¿Alguna vez me dicen: ¿es que tú quieres que le vendan droga a tus hijos en la puerta del colegio? No, claro. ¿Tú eres tonto o piensas que yo lo soy yo? ¡Eso ya pasa!", afirmó Moreno Yagüe, quien indicó que sus hijos "no tienen ningún impedimento real para adquirir cualquier cosa en la puerta del colegio o tres calles más abajo".

En este contexto, dijo que lo que quiere para sus hijos es que "cuando crucen la puerta del colegio o instituto, reciban información para que sepan con seguridad qué tienen delante y las consecuencias que tienen todo abuso (drogas, televisión, móvil o consola), de manera que si van a hacer algo, sean conscientes de lo que van a hacer".

"Cobardía, mentiras e hipocresía"

Preguntado sobre por qué ningún partido que pasó por el poder trató el tema salvo para reforzar la prohibición y por qué aún estamos así en el año 2016, Moreno Yagüe cree que ello se debe al "electoralismo, en el sentido peyorativo de la palabra". "Todos han pensado: si cambio de política, aunque ésta no tiene sentido ninguno, dejan de votarme", señaló.

A su juicio, nadie ha probado a pensar: "oigan, esto no es un asunto menor, nos cuesta muchísimo y los resultados siguen, tras décadas, igual de malos que el primer día". El diputado de Podemos denunció "cobardía, mentiras e hipocresía. "Si pillásemos a todos los diputados, un día por sorpresa y les hiciéramos pruebas de drogas en sus cuerpos, con precisión de unos meses, nos íbamos a reír un rato", apuntó.

Explicó que una vez que conoces el asunto, lo primero que te pasa es que "no estás ni a favor ni en contra de las drogas". "Es tan tonto como estar a favor o en contra de los cuchillos", añadió.

Según destacó, "cuando comprendes eso, analizas qué puñetas pasa y por qué la humanidad ha convertido en problema su relación con las 'drogas', que nunca antes fueron un problema, para descubrir que en el momento en que alguien decide hacer de esto una cruzada moral y prohibir, empezaron los problemas".

La prohibición

"¿Acaso de no estar prohibidas las drogas íbamos a estar todo el día 'fumaos' o 'puestos'?", preguntó Moreno Yagüe, que defendió que se trata de "una idea absurda, una fantasía". "Jamás ha pasado, por la sencilla razón de que no nos lo podemos permitir: ya nos gustaría. Tenemos trabajos o estudios, hijos, pareja, familia, responsabilidades...", manifestó.

Así,explicó que hay un sistema que provoca que "un cuarto de la población reclusa lo sea por condenas relacionadas directamente con delitos de drogas, que los grandes traficantes no puedan siquiera ser controlados, que mucha gente vea afectada su salud porque, efectivamente, venden porquerías en vez una dosis determinada de lo que sea, o que de un hipotético problema de salud derivado del consumo se vaya a un problema mucho peor por la prohibición y no por otra cosa".

Para afrontar esta situación, dijo que habría, en primer lugar, que hacer estudios serios sobre las drogas, del mismo tipo que los que se hacen para cualquier fármaco y en las mismas circunstancias. "Ya que te acoges a la Farmacia para prohibir, vamos a comprobar si es verdad toda la leyenda. Vamos a ver por qué la mayoría de los consumidores, de la mayoría de las sustancias, no presentan problemas", relató.

Apuesta por dispensarios públicos

En su opinión, la idea sería comenzar a facilitar la distribución y adquisición de las sustancias en dispensarios públicos "con toda la protección de la intimidad posible y con dos garantías: control sobre pureza y calidad del producto, y que su coste para el público haga inviable la rentabilidad de un mercado negro, ya que sin prohibición el coste de producción es mínimo".

"Supongo que esto puede escandalizar, pero si las drogas de uso común no costaran más de un euro la dosis, incluyendo impuestos, no habría problemas con las drogas", defendió Moreno Yagüe, quien se preguntó a qué esperamos para "en vez de volver loca a la gente, haciendo ingeniería jurídica para cumplir las sentencias y poder fumarse un porro en paz, hacer una Ley del Cannabis, regulando todo de manera sencilla y clara en busca del beneficio de todos".

"Ese es el plan", explicó el diputado de la formación morada, añadiendo que debe tratarse de "una buena ley, empezando por la sustancia más usada y segura de todas como es el cannabis, votada con la participación de todos, sobre todo de los usuarios, y con toda la información posible. Tal vez nos encontremos con una agradable sorpresa: un problema menos".

Moreno Yagüe consideró "indefendible" que el Estado pueda decirle a los ciudadanos "qué pueden hacer o no con su cuerpo y su mente" porque ello equivale a que te digan "qué puedes pensar y qué no". "¿Qué se protege, la salud pública o unos cuantos intereses inconfesables?", se preguntó el diputado de Podemos Andalucía.

Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación del Gobierno de México, un cargo equivalente al de ministro del Interior, ha asegurado que en su día fumó marihuana y, posteriormente, llegó a una de las más altas responsabilidades en un ejecutivo.

"Yo fumé marihuana y llegué a secretario", ha afirmado Gómez, que fue secretario de Gobernación en la etapa de Felipe Calderón como presidente del país. Gómez ha lanzado este mensaje en una de las cinco mesas del segundo foro debate nacional sobre el uso de la marihuana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, después de que uno de los asistentes preguntara a los ponentes si alguna vez habían fumado marihuana.

"Yo hace muchos años y llegué a secretario de Gobernación", ha respondido el exministro, según informa el diario El Universal. El resto de ponentes que han participado en la mesa ha preferido no responder a la pregunta.

En el debate sobre la marihuana organizado por el Gobierno federal, Gómez Mont ha afirmado que siempre hay riesgo al hablar de este tema cuando se está en el Gobierno porque "las calidades de las libertades que se pretenden proteger se le adjudican al servidor público".

"Nadie quiere diputados marihuaneros, nadie quiere senadores marihuaneros, asambleístas marihuaneros, y esa manera de caricaturizar ese debate de libertades, genera un incentivo contrario para que sea un debate", ha explicado.

El "sí" se impuso de forma contundente en el referéndum sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado el pasado viernes en Irlanda. Un 62% de los votantes se mostró favorable al matrimonio homosexual frente a un 38% que rechazó la propuesta de legalización. La participación, según los datos ofrecidos por la Comisión del Referéndum en la página web habilitada para seguir los resultados, sobrepasó el 60%.

Durante la mañana de este sábado, el ministro de Igualdad irlandés, Aodhán O'Ríordáin, ya dejaba entrever en su cuenta de Twitter que la victoria del "sí" era casi segura. "Las urnas clave se abrieron. Y es un sí. Y un triunfo electoral aplastante en Dublín. Hoy estoy muy orgulloso de ser irlandés", apuntó en su cuenta oficial en la red social.

Por su parte, el ministro de Salud, Leo Varadkar, en declaraciones a la cadena pública RTE recogidas por el diario The Irish TimesThe Irish Times, definió la victoria del "sí" como un "faro de luz" para el resto de países del mundo en términos de libertad e igualdad y aseguró que era un "día histórico para Irlanda". 

De las 43 circunscripciones electorales, sólo en el condado de Roscommon se impuso el "no" en un resultado bastante ajustado: un 51,4% de los votantes se posicionó en contra frente a un 48,6% que se mostró favorable a la legalización.

Irlanda se convierte así en el primer país del mundo en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo a través de una consulta popular, algo que resulta sorprendente dado el enorme arraigo católico de la población irlandesa.

"Base importante"

La ONG Human Rights Watch (HRW) afirmó este sábado, a la vista de los resultados que se fueron conociendo desde que a las 10.00 horas comenzase el recuento de los votos, que el "sí" de Irlanda a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizará la igualdad matrimonial y disminuirá la discriminación contra el colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).

"La gente de Irlanda ha expresado su apoyo al derecho fundamental de casarse entre parejas del mismo sexo", sostuvo el director de HRW para la defensa de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, Boris Dittrich. "El voto también indica que la mayoría de los votantes irlandeses rechaza las tácticas bochornosas de la oposición", añadió.

Dittrich inició el debate en torno a la igualdad matrimonial cuando era miembro del Parlamento holandés en 1994. Tras tensos debates en el Parlamento y en la sociedad en general, la Cámara decidió aprobar la legislación del matrimonio entre personas de igual sexo en 2001, algo que convirtió a los holandeses en el primer país del mundo en reconocer legalmente el matrimonio entre parejas homosexuales.

"La conservación de la igualdad matrimonial en la Constitución supone una base importante para la continuación de la mejora de los derechos de la comunidad LGTB en Irlanda", dijo Disttrich. "El resultado del referéndum es positivo, pero el Gobierno debería ahora llevar cuanto antes todas sus leyes y políticas en consonancia con las normas internacionales referentes a la orientación sexual e identidad de género", explicó.

El resultado del referéndum pone de manifiesto que más de dos tercios de los votantes optó por el reconocimiento del derecho al matrimonio sin distinción del sexo u orientación sexual, lo que convierte a Irlanda en el primer país del mundo en aprobar la igualdad matrimonial por votación popular y en recogerlo en su Constitución. Esto significa que no puede modificarse excepto a través de la realización de otro referéndum.

Sin embargo, HRW ha sostenido que dejar que el derecho a la igualdad matrimonial sea elegido en referéndum significa que el reconocimiento de un derecho fundamental de una minoría queda en manos de la decisión de la mayoría. Esto también implica que las vidas personales del colectivo LGTB irlandés han estado sujetas a la intromisión, escrutinio y debate público durante meses simplemente para asegurar un derecho que ya disfruta la mayoría de las personas que viven en Irlanda.

Irlanda introdujo la unión civil entre parejas de igual sexo en 2010, pero esa institución tenía menos protección de los derechos fundamentales que el matrimonio y no estaba recogida en la Constitución. Con la igualdad matrimonial como derecho constitucional, las familias y parejas LGTB tendrán la misma protección.

El discurso dominante y el pensamiento único en esta materia gana y será el mismo para muchas organizaciones políticas, sean del signo que sean: la prostitución es violencia contra las mujeres. Parece mentira y de muy mal gusto que se recurra a semejante ardid cuando la cifra de asesinadas y víctimas de violencia machista no disminuye (y no se trata precisamente de trabajadoras del sexo).

Hetaira, junto a la Plataforma Estatal por los Derechos de lxs Trabajadorxs Sexuales, viene exigiendo que cualquier política pública que planifique y se ponga en marcha deberá contar, sí o sí, con sus protagonistas.

Ciudadanos ha anunciado que pretende la “legalización” de la prostitución y la reapertura del debate teniendo en cuenta a las personas afectadas y lo hace en plena campaña electoral. Esta es la parte positiva. La parte negativa es cómo se pretende hacer esta legalización, prevemos que al más puro estilo liberal (o neoliberal) y, además, tendremos que esperar a que se materialice la idea de contar con las organizaciones que trabajan directamente con prostitutas por decisión propia y que lo hacen desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.

Tal y como rezaba la propuesta de Ciudadanos del año 2010 a las elecciones catalanas, el problema, o la trampa, se encuentra en cómo llevar a cabo esa “legalización”. Es decir, Ciudadanos no pondrá problemas a que un cada vez mayor número de mujeres y hombres trabajen en prostitución, obligándoles previamente a hacerse autónomos (lo quieran o no, reúnan los requisitos para serlo o no). Tal y como está regulado en este país el trabajo autónomo no sólo no parece un gran chollo, además ya existen personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadoras autónomas del sexo. Quienes no puedan darse de alta por no reunir los requisitos quedarán excluidas de esta “legalización”.

Este punto, por tanto, no sería una gran novedad. La otra trampa es aún peor. Hombres y mujeres deberán trabajar siempre en “locales convenientemente legalizados”. Esto significa que los empresarios de locales de alterne están muy contentos con la propuesta: podrán tener a “falsas autónomas” en sus locales y no se responsabilizarán ni de sus derechos laborales, ni de sus condiciones de trabajo, etc… Un chollo que querrían emular los empresarios de cualquier otro sector.

Pero eso no es todo. Quienes no reúnan los requisitos (dependiendo de la edad, el aspecto físico, etc…) para trabajar dentro de un local tampoco podrán captar a su clientela en la calle porque Ciudadanos pretende prohibir el ejercicio en el espacio público. Es decir, que trabajadoras y trabajadores del sexo no podrán captar a su clientela en la calle. Quienes no cuenten con la aceptación de un club, quedarán excluidas y continuarán en la clandestinidad a la hora de ejercer.

También dice el programa de Ciudadanos que velará por la salubridad e higiene, pero no explica cómo. ¿Tal vez obligando a exámenes médicos como ya hacen algunos clubes de alterne? Porque si fuera así, tampoco sería beneficioso para trabajadoras y trabajadores del sexo, ya que las revisiones periódicas obligatorias son un mensaje que el club envía a sus clientes para demostrar que las personas que allí trabajan no son sospechosas de transmitir ninguna ITS, por tanto a la trabajadora le será más dificultoso negociar con su cliente las prácticas de sexo más seguro.

Lo que más nos importa a quienes defendemos los derechos de quienes realizan trabajo sexual, es que ninguna persona quede excluida.

Y no nos cuenten cuentos, contra la trata luchamos todas las personas interesadas en la defensa de los derechos humanos, quienes estamos en contacto con posibles víctimas más que nadie, porque lo vivimos cada día en las calles, parques y polígonos industriales. Los gobiernos, mientras tanto, que trabajen para garantizar los derechos de las verdaderas víctimas de trata (solo hay dos concesiones de asilo para dos de ellas en los últimos años), en perseguir el delito de trata (muy pocos juicios condenatorios en este sentido) y en garantizar una ley de justicia universal.

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* Firmantes:

Colectivo Hetaira. Comunidad de Madrid;Ambit Prevenciò/ Ambit Dona. Cataluña;Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA); Associaciò en defensa dels derets de les dones- Genera. Cataluña; Col.lectiu Lambda. Comunidad Valenciana; Colectivo de Lesbianas, Gays, Trasexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM); Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). Región de Murcia; El Lloc de la Dona. Cataluña; y Fundación Triángulo.

Izquierda Unida registró este jueves una proposición no de ley (PNL) en la que plantea que el Congreso inste al Gobierno a “adoptar las reformas legislativas necesarias, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, para despenalizar totalmente el consumo y la tenencia de los derivados del cannabis”.

La proposición no de ley, firmada por los diputados Gaspar Llamazares, Ricardo Sixto y Álvaro Sanz, defiende también la necesidad de un “estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes cannábicos”. Esta iniciativa tiene como objetivo “la total despenalización del consumo y la tenencia de cannabis, así como la creación de una ponencia para el estudio del problema de las drogas en aras a analizar la regulación del cannabis y sus derivados en España”.

La iniciativa se refiere a un informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, de la que forman parte el ex secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan, un grupo de expresidentes de gobierno de todo el mundo y personalidades de prestigio internacional. En este texto se subraya la necesidad de que la ONU cambie de forma radical sus políticas sobre la despenalización del consumo y posesión de sustancias a nivel internacional.

En el texto, IU sostiene que el debate sobre la legalización del "cannabis y sus derivados está de absoluta y plena actualidad". "Para muchos, no es propio mantener la vieja política prohibicionista en materia de drogas entrado ya el siglo XXI", subrayan, asegurando que "se trata de educar y no de prohibir".

"La postura prohibicionista ha sido ampliamente criticada y sus argumentos repetidamente rebatidos, especialmente en lo que se refiere al cannabis. Es indudable que las personas y organizaciones que defienden la postura antiprohibicionista son cada vez más numerosas”, sostienen los diputados que han firmado esta PNL.

Esta iniciativa de Izquierda Unida no es algo novedoso en la formación de Cayo Lara. En varias ocasiones, la federación ha mostrado su apoyo a la regularización del consumo de cannabis y su despenalización. De hecho, esta propuesta ya estaba incluida en el programa electoral de IU para las elecciones generales de 2011.

Regulación de los clubes cannábicos

La iniciativa parlamentaria de IU propone también la necesidad de un “estudio y desarrollo de un marco normativo claro para las asociaciones o clubes cannábicos”, con una importante presencia en ciudades como Barcelona, donde una reciente sentencia de la Audiencia Provincial insta a fijar "un marco normativo claro" sobre "una actividad que permanece en los limbos de la alegalidad".

Otro aspecto destacado por IU es que las tiendas de cannabis se encuentren "en pleno proceso de expansión", un negocio que consideran "totalmente legal", ya que su esencia "radica en la agricultura ecológica, pues no solo se vende cannabis, sino también semillas, fertilizantes naturales o abonos”. Además, sostiene que “parte del éxito de estos establecimientos se debe a las ya conocidas propiedades curativas del cannabis", debido a que los "clientes habituales de estas tiendas" suelen ser personas con enfermedades muy graves, como cáncer, o bajo duros tratamientos, como la quimioterapia, "por lo que encuentran en este producto un alivio para el dolor crónico o los efectos secundarios de algunos tratamientos”.

La situación internacional

En su propuesta, IU hace un repaso de la situación legal de esta sustancia a nivel internacional, donde consideran que el “único país abiertamente tolerante” es Holanda. No obstante, destaca las medidas impulsadas en otros países europeos, como Alemania, donde se "autorizó a enfermos crónicos a cultivar cannabis”, o Italia y República Checa, donde es legal el “uso terapéutico" con receta y determinados controles.

También analizan el "cambio metodológico impulsado por Bruselas" para que se "incluya la aportación de determinadas actividades, hasta ahora ilícitas, como parte del Producto Interior Bruto". En esta línea, la federación menciona a la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que ha planteado que determinadas drogas blandas, como la marihuana, “puedan llegar a ser legalizadas” para luchar mejor contra sus posibles efectos adversos y aumentar los ingresos públicos.

El consumo en España

Según la última Encuesta sobre alcohol y drogas en población general en España(publicada en 2013)delMinisterio de Sanidad, el 27,4%  de la la población de entre 15 y 64 años ha consumido cannabis alguna vez en su vida. Una cifra que se reduce de forma considerable si se tienen en cuenta los últimos doce meses. En este caso, un 9,4% reconoce haber probado esta sustancia. 

Esta proporción aumenta al 13,6% cuando se trata de hombres, pero se reduce a un 5,5% en el caso de las mujeres (en los últimos doce meses). La edad también es un factor a tener en cuenta: a mayor edad, menor consumo, llegando a haber variaciones de más de un 10% entre grupos de edad. No obstante, la edad media de inicio de consumo de esta sustancia se sitúa en los 18,7 años.

UPyD ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que pide al Gobierno que despenalice la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados, bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosa para la salud, legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor.

Se trata de una proposición, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que será debatida tanto en el Pleno de la Cámara, como en la Comisión de Sanidad.

UPyD defiende la libertad de las personas que deciden consumir cannabis bajo su responsabilidad no debe ser menoscaba por un Estado que sí permite consumir otras sustancias "muy nocivas" para la salud como el alcohol o el tabaco y reclama "hacer normal en las leyes lo que es normal en la calle".

La formación que lidera Rosa Díez denuncia en este sentido la "inseguridad política" existente en España respecto a este consumo y una "inseguridad jurídica sobre las conductas y tipologías ilegales".

Además, considera que resulta "demasiado ambigua e imprecisa" la distinción que la ley hace entre "cultivo y propiedad para un autoconsumo despenalizado o para el tráfico a pequeña escala, o entre el tráfico ilícito y el cultivo y elaboración para el consumo tolerado".

A su juicio, está demostrado que el prohibicionismo no consigue erradicar el consumo de estas sustancias y que, por el contrario, incentiva un tráfico ilegal floreciente, ligado a otras formas de delincuencia organizada.

"Se trata, en definitiva, de abordar el fin de la prohibición de consumo de cannabis y derivados regulando todos los aspectos del asunto: cultivo, venta y consumo, restricciones legales específicas (como la venta a menores o limitación de la publicidad), definición y supervisión sanitaria de los productos de venta legal, y tratamiento fiscal", concluye en su escrito la formación", defiende UPyD.

El estado de Washington (Estados Unidos) se ha convertido en el segundo del país en permitir la venta de marihuana para uso recreativo, lo que ha llevado aparejado la apertura este martes de las primeras tiendas tras la concesión de 25 licencias de negocio.

El país y el Gobierno federal monitorizarán el proceso de aplicación de la legislación en el estado, enmarcada en una tendencia de liberalización que está afectando otros puntos del país. Colorado ha estado recaudando millones de dólares en impuestos desde que reguló la venta de marihuana en enero.

Los medios locales han mostrado imágenes de dos personas apostadas con sillas plegables y libros a la espera de la apertura de Cannabis City, la única tienda que cuenta con autorización para la venta en la ciudad de Seattle, en la que residen unas 630.000 personas.

El propietario de la tienda, James Lathrop, ha afirmado haber vendido 4,5 kilogramos de marihuana durante la mañana del martes. "Tenemos de sobra. No nos vamos a quedar sin existencias hoy", ha dicho, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión CNN.

Los clientes pueden comprar legalmente hasta 28 gramos de marihuana antes de poder comprar más. Además, pueden comprar hasta 454 gramos de un producto compuesto por marihuana en su forma sólida o hasta dos kilogramos de un producto compuesto por marihuana en su forma líquida.

La posesión de marihuana es ilegal bajo la legislación federal, pero el Departamento de Justicia ha dicho que no intervendrá en los estados con "sistemas de aplicación y regulación firmes y efectivos".

"Se trata de un gran cambio en la política pública, así que no va a ser perfecto desde el inicio", ha dicho el portavoz del Proyecto de Regularización de la Marihuana, Mason Tvert. "Como con el alcohol, llevará un tiempo determinar qué regulaciones funcionan y cuáles no", ha remachado.

Un alto cargo de la Presidencia de Uruguay, Diego Cánepa, ha reconocido este lunes el interés de los laboratorios y empresarios extranjeros en la compra de cannabis, tras la aprobación de la nueva legislación sobre marihuana del país, aunque ha insistido en que la "prioridad" del Ejecutivo es regular el mercado interno.

Así, el funcionario ha explicado que la venta de cannabis "no era un objetivo de la ley", pero se ha mostrado "abierto y entusiasta" por el interés de empresarios de países como Chile, Canadá o Israel –algunos de los cuales se habrían comunicado con la Junta Nacional de Drogas–, tal y como ha detallado el diario chileno El Observador.

En concreto, en el caso de Canadá, Cánepa ha indicado que empresarios han iniciado contactos con políticos y organizaciones sociales para presentar sus proyectos o para comprar cannabis, tanto para uso medicinal como para investigación. Canadá compra marihuana a Países Bajos, pero la demanda local está superando los topes previstos por el mercado holandés.

"Es verdad que nos han consultado para instalarse en Uruguay, lo que implica un gran desafío. Es muy importante por todo lo que significa. Si bien no era un objetivo de la ley, Uruguay se transforma en un polo de biotecnología. Es un área de enorme competencia pero que está en pleno desarrollo", ha apostillado Cánepa.

Por su parte, el director de Servicios Agrícolas en el Ministerio de Ganadería e integrante de la comisión que trabaja en el decreto reglamentario, Inocencio Bertoni, ha señalado que no se está discutiendo sobre ese ámbito. "Estamos concentrados en la regulación del mercado interno", ha apostillado.

Un total de 366 diputados han optado por el sí, mientras que otros 161, en su mayoría miembros del Partido Conservador, han votado en contra de los planes propuestos por el Gobierno para legalizar las bodas homosexuales en Inglaterra y Gales, según confirma la cadena BBC. 

El Partido Conservador ha dado libertad de voto a sus diputados para pronunciarse a favor o en contra de ampliar las uniones civiles a todo tipo de parejas. La formación ha vuelto a anteponer la conciencia e ideología individuales a la disciplina de partido después de que, en febrero, la mitad de sus parlamentarios rechazasen la unión civil entre personas del mismo sexo.

El debate sobre el matrimonio homosexual en Reino Unido llega días después de su promulgación en Francia y en plena crisis de liderazgo de Cameron, asediado por euroescépticos y el sector más conservador de su partido.