Desde hace semanas, políticos, analistas, tenderos, vendedores de té, barqueros y profesores de Jartum temen despertarse con tiros de obuses, cazas en el cielo, eco de disparos automáticos... "Y aquí lo tenemos ya”, “lo esperábamos, pero es aún peor", dicen entre el fatalismo, la angustia y el horror los habitantes contactados en Jartum desde el sábado por la mañana. A medida que pasaban las horas y las informaciones eran más o menos ciertas, más o menos verificables, los sudaneses sentían como si el suelo se abriera bajo sus pies.

El domingo se intensificaron los combates en Jartum. "Las paredes tiemblan", dice Kholood Khair, analista, refugiada en su casa de un barrio cercano al aeropuerto. Otra residente, que vive cerca de uno de los puentes sobre el Nilo, describe por teléfono una situación "aterradora". Es imposible saber quién controla la zona, ya que los comunicados son muy contradictorios y la información difícil de contrastar. 

Lo único cierto es que los enfrentamientos se han extendido por todo el país. El sábado murieron en el este del país tres cooperantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA) . “Esta es una guerra de ciudades, se combate en las calles, entre los civiles", afirmó Ahmed Gouja, activista de derechos humanos de Nyala, capital de Darfur Meridional. “Ni siquiera en 2003, cuando comenzó la guerra en Darfur, habíamos vivido esto".

Pero "no lo llaméis guerra civil, no lo es", ruega el analista político Hamid Khalafallah en la red social Twitter. Aunque su casa fue tiroteada durante la noche. Y añade, dirigiéndose a sus conciudadanos civiles: "Esta no es nuestra lucha y sólo somos daños colaterales. No os involucréis, no apoyéis ni a un bando ni al otro".

De hecho, en el momento de escribir estas líneas, los dos bandos enfrentados forman parte del estamento militar. Ni los grupos rebeldes armados, activos o no, ni los civiles han tomado las armas.

A primera vista, la responsabilidad recae en dos hombres fuertes, cuya notoria enemistad se ha convertido en odio: Por un lado, el general Abdel Fattah Al-Bourhan, comandante en jefe del ejército nacional (SAF por Sudanese Armed Forces), por otro, el general Mohamed Hamdan Dagolo, conocido como Hemetti, jefe de la Fuerza de Apoyo Rápido (RSF, Rapid Support Forces), formada por paramilitares procedentes de las filas de los "janjawid", auxiliares de Jartum durante la sangrienta guerra de Darfur. La RSF es ahora tan poderosa que constituye un "ejército bis".

"Tenemos dos ejércitos en este país. Si estos dos no consiguen ponerse de acuerdo sobre una unificación de fuerzas, iremos hacia la confrontación y la destrucción del país", declaró hace sólo unas semanas Babiker Faisal, jefe del Partido Unionista, miembro de la coalición civil Fuerzas para la Libertad y el Cambio.

Sin embargo, esos dos generales son sin embargo, para quienes no conocen Sudán, como dos dedos de la misma mano. Sirvieron al mismo líder, el dictador Omar al-Bashir, participaron en la revolución palaciega que lo derrocó hace justo cuatro años, y luego formaron parte del mismo comité militar de transición. Juntos negociaron un acuerdo de reparto del poder con los civiles y cada uno ocupó un puesto en el Consejo de Soberanía, máximo órgano de la transición democrática. Finalmente, derribaron la frágil construcción de la transición junto con el gobierno civil el 25 de octubre de 2021. Y gracias a este golpe de Estado, el general Bourhan se convirtió en el líder de facto del país, y Hemetti en su número dos.

Aunque nada salió como esperaban. Los revolucionarios no se quedaron en casa con la cabeza gacha y los comités de resistencia, organizaciones de barrio y columna vertebral del levantamiento popular de 2018, protagonizaron manifestaciones y acciones de desobediencia civil. Los principales organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países occidentales, han suspendido los programas de asistencia financiera y técnica.

Pero sobre todo, la alianza de ambos sólo era circunstancial. Cada uno tiene su propia agenda y sus aliados regionales e internacionales. Bourhan simpatiza con los partidarios del antiguo régimen militar-islamista y cuenta con el apoyo de Egipto. Hemetti es odiado por los islamistas, que le acusan de haber precipitado la detención de Omar al-Bashir, y tiene fuertes apoyos en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Ambos tienen aliados en Israel y Rusia, pero no en los mismos círculos. Ambos tienen enormes fuentes de ingresos, principalmente del complejo militar-industrial para Bourhan, de la minería de oro para Hemetti. A lo largo de los años, aprovechándose de un régimen cleptocrático, ambos han conseguido diversificar su riqueza. Ambos tienen también mucha ambición.

La animadversión no se limita a esos dos hombres. El ejército sudanés ha sido moldeado por Omar Al-Bashir: muchos oficiales se adherieron a la ideología islamista del pasado régimen. Son amigos de los militares egipcios porque asistieron a las mismas academias. Las filas del ejército nacional representan a todos los grupos étnicos del país.

La RSF está compuesta principalmente por hombres de las tribus árabes ganaderas de Darfur. El propio Hemetti procede de una familia nómada y recibió una educación básica. En Jartum es habitual oír burlas de este "pastor de cabras". El ejército nacional nunca ha aceptado realmente que estos auxiliares, los janjawid temidos por sus ataques a las aldeas de Darfur, fueran declarados "fuerza regular" por Omar Al-Bashir quien, en 2018, los trasladó a Jartum.

Por su parte, Hemetti ha ido aumentando sus fuerzas, ayudado por el dinero que obtiene del envío de mercenarios a Yemen para ayudar a los saudíes. Su fuerza paramilitar tiene casi tantos hombres como el ejército nacional. Están bien pagados, bien entrenados y disponen de equipos modernos. La superioridad del ejército es que dispone de la fuerza aérea y de la artillería.

Por eso la RSF ha intentado apoderarse de aeropuertos y bases aéreas. No es de extrañar que la crisis abierta comenzara el pasado jueves en Meroe, al norte del país, donde pilotos egipcios se entrenaban con sus homólogos sudaneses. La RSF rodeó la base y ya el sábado por la mañana circularon vídeos que mostraban a oficiales egipcios prisioneros de los paramilitares, lo que agravó aún más la situación. Al parecer, los aeropuertos de varias ciudades fueron tomados por unos y retomados por los otros con el paso de las horas.

Hace varios meses, la RSF había intentado adquirir aviones y misiles antiaéreos, compras que fueron bloqueadas por el Estado Mayor. Todo el mundo se preparaba ya para la confrontación. “En los últimos tres meses, ha habido una gran oleada de reclutamiento tanto por parte de la RSF como del ejército en Darfur", explica Ahmed Gouja, de Nyala. La RSF ofrece más a los nuevos reclutas: la posibilidad de ser enviados a Yemen, que paga 50 ó 60.000 euros por una misión de nueve meses, y Land Cruisers para los líderes comunitarios. En consecuencia, el ejército nacional de Darfur es minoritario en comparación con la RSF.” El general Bourhan ha sido acusado de formar una milicia en el norte del país, de donde es originario.

Los civiles llevan negociando con esos dos componentes militares desde el inicio de la revolución, en diciembre de 2018. El primer acuerdo para compartir el poder, alcanzado en agosto de 2019, se hizo añicos con el golpe de octubre de 2021. Una coalición civil más amplia, las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FFC), una agrupación de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, volvió a retomar los trabajos. Las negociaciones posteriores contaron con el apoyo de una serie de hadas buenas: un mecanismo trilateral formado por la ONU, la Unión Africana y la IGAD, una organización regional; un cuarteto, formado por Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos; y Unitams (la Misión de la ONU de Apoyo a la Transición ).

El resultado fue un acuerdo marco firmado el 5 de diciembre de 2022 sobre el retorno del poder a los civiles, que fue visto inmediatamente con recelo y rechazado por algunos actores políticos y sociales.

Hay que decir que, aunque se preveía un gobierno civil, hay cinco cuestiones espinosas que se dejaron para negociaciones posteriores, y la cuestión del lugar de los militares no se decidió realmente. La conferencia sobre la reforma de las instituciones militares y de seguridad fracasó. “El ejército la redujo a la cuestión de cómo integrar la RSF, pero no debería haber sido eso", exclama Amgad Farid, ex jefe de gabinete del primer ministro civil Abdallah Hamdok. “La reforma debería desembocar en un ejército unificado sin agenda política y bajo control civil, no en una discusión sobre quién, Bourhan o Hemetti, conservará más poder".

Pero este enfrentamiento no está vinculado al proceso político que preveía el regreso de los civiles al poder. “Esta guerra formaba parte del golpe de Estado de 2021", afirma Amgad Farid. "La protagonizaron a partes iguales la milicia privada que es la RSF, al servicio de Hemetti y su clan, y el ejército. No podía haber equilibrio. Lo que está ocurriendo hoy es una lucha por saber quién controlará el país.”

El Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su gran preocupación, y los principales actores internacionales han hecho un llamamiento a un alto el fuego... Pero, dice con rabia Amgad Farid, "todos esos dirigentes han empezado a tratar con Bourhan y Hemetti después del golpe, considerándolos actores políticos con los que negociar. No son actores políticos, ¡son criminales que dieron un golpe de Estado!”

"Si Sudán se derrumba, todos los demás países de la región sufrirán las consecuencias en materia de seguridad", declaró recientemente un diplomático occidental. El término “colapsar" puede parecer una exageración, pero el país lleva mucho tiempo desgarrado por tensiones centrífugas, y éstas se han acentuado mucho más desde el golpe de octubre de 2021. Si los "amigos de Sudán" no toman medidas rápidas y firmes, los proyectiles que silban sobre las cabezas de los civiles podrían señalar el principio del fin de este país.

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[Este martes, el Ejército de Sudán y la RSF han anunciado un acuerdo para un alto el fuego de 24 horas, después de unos combates que estallaron el sábado y que han dejado hasta ahora al menos 185 muertos y cerca de 1.800 heridos, según el último balance facilitado por Naciones Unidas. El líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, que ha mantenido durante las últimas horas una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha indicado que al hilo de estos contactos con Estados Unidos y "otras naciones amigas", las RSF han dado su aprobación a "un armisticio de 24 horas". "Desafortunadamente, las Fuerzas Armadas de Sudán no han respetado este alto el fuego y han bombardeado zonas densamente pobladas, poniendo en peligro vidas civiles", ha agregado].

Traducción de Miguel López

Una investigación llevada a cabo por Amnnistía Internacional (AI) ha permitido recabar pruebas del uso reiterado de presuntas armas químicas contra civiles, incluidos niños de corta edad, por parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas en la remota región de Jebrel Mara, en Darfur, en los últimos ocho meses, según recoge Europa Press.

De acuerdo con los resultados de la investigación, para la que se usaron imágenes de satélite y se realizaron más de 200 entrevistas a supervivientes y expertos que analizaron imágenes de personas con lesiones, desde enero de 2016 en Jebel Marra se han producido al menos 30 ataques en los que probablemente se emplearon armas químicas, el más reciente de los cuales tuvo lugar el pasado 9 de septiembre. "La magnitud y la brutalidad de estos ataques es difícil de expresar con palabras", ha asegurado la directora de Investigación sobre Crisis de la ONG, Tirana Hassan, explicando que las imágenes y vídeos que han visto "son realmente impactantes". 

"En uno se ve a un niño pequeño gritando de dolor antes de morir, y en muchas fotografías aparecen niños y niñas de corta edad cubiertos de lesiones y ampollas. Algunos no podían respirar y vomitaban sangre", ha precisado en un comunicado. "Es difícil exagerar lo crueles que son los efectos de estos productos químicos cuando entran en contacto con el cuerpo humano. Hace décadas que se prohibieron las armas químicas en reconocimiento de que el grado de sufrimiento que causan nunca es justificable", ha lamentado.  En este sentido, Hassan ha defendido que "el hecho de que el Gobierno de Sudán esté usándolas reiteradamente contra su propio pueblo es algo que no se puede pasar por alto y exige una respuesta activa".

En base a los testimonios recabados por la organización, AI calcula que entre 200 y 250 personas podrían haber muerto por exposición a los agentes químicos. Muchas de las víctimas, o la mayoría, serían menores de edad. Además, varios centenares que se vieron expuestas desarrollaron en los días posteriores síntomas como afecciones gastrointestinales graves con diarrea y vómitos con sangre; ampollas y erupciones en la piel que se endurecía, cambiaba de color y acababa cayéndose; problemas oculares, incluida la pérdida total de la visión, y problemas respiratorios que eran la causa de muerte más habitual.

Agentes químicos empleados como armas de guerra

Una mujer que estaba con sus hijos en su casa, en la aldea de Burro, vio como salía humo negro de varias bombas que después se volvió azul durante un ataque. "Casi todos mis hijos están enfermos por el humo del bombardeo (...) Se pusieron enfermos el mismo día del ataque (...). Empezaron a vomitar y les dio diarrea (...). Tosían mucho (...). La piel se les puso oscura, como si estuviera quemada", ha relatado.

Según la información recabada por Amnistía Internacional, los agentes químicos se diseminaron mediante cohetes y bombas lanzadas desde aviones. La inmensa mayoría de los supervivientes dijo que el humo que se liberaba al estallar la bomba o cohete y cambiaba de color entre 5 y 20 minutos después, además de tener un olor nocivo. De acuerdo con la mayoría de los testigos, empezaba siendo muy oscuro e iba volviéndose cada vez más claro.

Los dos expertos a los que Amnistía ha presentado sus pruebas han concluido que apuntan claramente a la exposición a sustancias vesicantes (causantes de ampollas) como la lewisita, la mostaza sulfurada o la mostaza nitrogenada, todos ellos agentes químicos empleados como armas de guerra. "El presunto uso de armas químicas no sólo representa una nueva mancha en el catálogo de crímenes de Derecho Internacional cometidos por el Ejército sudanés contra civiles en Darfur, sino que muestra también el grado de altanería desconocido del que hace gala el Gobierno frente la comunidad internacional", ha incidido Hassan.

La investigadora de Amnistía ha recordado que "utilizar armas químicas es un crimen de guerra". "Los indicios que hemos reunido son creíbles y pintan el retrato de un régimen decidido a atacar directamente a la población civil de Darfur sin ningún temor a sufrir represalias internacionales", ha añadido.

Ataques intencionados contra la población civil

Los presuntos ataques con armas químicas se han producido en el marco de una ofensiva militar a gran escala iniciada en enero de 2016 por las fuerzas armadas de Sudán en Jebel Marra contra la facción del Ejército de Liberación de Sudán liderada por Abdul Wahid, a la que acusan de emboscar convoyes militares y atacar a la población civil. Desde entonces, Amnistía ha documentado decenas de casos de ataques intencionados contra la población civil.

En este sentido, supervivientes y observadores de Derechos Humanos han aportado los nombres de 367 civiles, 95 de ellos menores de edad, que murieron a manos de las fuerzas gubernamentales en Jebel Marra durante la primera mitad del año. Además, ha precisado la organización, muchas más personas, niños y niñas incluidos, murieron de hambre, de deshidratación o por falta de atención médica en el periodo posterior a los ataques.

Los mismos "crímenes de guerra" que en 2004

Imágenes de satélite han permitido confirmar a la organización que 171 aldeas han sufrido o han sido destruidas en los últimos ocho meses, sin que en la mayoría de ellas hubiera presencia formal de la oposición armada en el momento del ataque. Según Tirana Hassan, el Gobierno de Omar Hassan al Bashir sigue "cometiendo los mismos crímenes de guerra que se cometían en Darfur en 2004, cuando el mundo cobró conciencia por primera vez de lo que estaba sucediendo" y ha citado entre ellos "tierra arrasada, violaciones en masa, homicidios y bombardeos". 

"Esta región lleva más de 13 años atrapada en un ciclo catastrófico de violencia; nada ha cambiado, excepto que el mundo ha dejado de mirar", ha lamentado, denunciando que no se hayan tomado medidas efectivas para proteger a la población civil pese a que existe una fuerza de paz híbrida de la Unión Africana y la ONU. "Hasta ahora, la respuesta de la comunidad internacional ha sido deplorable. No puede seguir mirando hacia otro lado ante estos horribles e interminables abusos", ha defendido.

Así las cosas, Amnistía ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a que presione al Gobierno sudanés "con la intensidad suficiente para lograr que las agencias humanitarias y de mantenimiento de la paz puedan acceder a poblaciones remotas, como las de Jebel Marra". Asimismo, le pide que garantice que el embargo de armas vigente se aplica con rigor y se amplía a todo el país y que investigue urgentemente el uso de armas químicas y, si existen indicios admisibles suficientes, procese a todas las personas sospechosas de ser responsables.

La subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia, Valerie Amos, ha denunciado que 300.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido al nuevo brote de violencia en la región de Darfur, ubicada en el oeste de Sudán.

En la visita que ha realizado este miércoles a la localidad de El Fasher, en Darfur Norte, Amos ha señalado que esta cifra es superior a la suma de los desplazamientos forzosos que se han producido en los últimos tres años en esta región sudanesa.

Amos ha explicado la difícil situación que viven los residentes de Darfur, que "todavía tienen que caminar para coger agua", y subraya que las agencias humanitarias están haciendo lo posible por atender a los afectados por la violencia y facilitar provisiones. "Estamos intentando traeros comida cuanto antes", anuncia la subsecretaria general a tres madres que llegaron hace tres semanas al campamento de refugiados de El Fasher, donde actualmente viven unas 18.000 personas, procedentes de Labado, en Darfur Este.

"Aquí solamente tenemos la poca comida que pudimos traer con nosotros al abandonar nuestras cosas", cuenta Aziza, sentada en una tienda de campaña con un bebé en sus brazos.

La violencia en Darfur se ha reducido considerablemente desde el pico que alcanzó entre 2004 y 2005, pero las fuerzas gubernamentales siguen enfrentándose a los rebeldes y los grupos rivales entre sí. Los choques han aumentado desde el pasado mes de enero en la región debido a los disturbios entre la Armada de Liberación de Sudán y el Gobierno central.

Naciones Unidas calcula que el conflicto en Darfur ha acabado con la vida de 300.000 personas y ha obligado a abandonar sus hogares a 130.000. El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha acusado al presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir y a varios de sus ministros de crímenes de guerra por estos hechos.