Hasta ahora, el PP había reconocido que Pedro Arriola, el asesor áulico de Mariano Rajoy –como antes lo fue de José María Aznar–, había cobrado más de siete millones de euros en diez años, porque así consta en la contabilidad interna entregada al juez Pablo Ruz. Pero Arriola también pudo recibir dinero en negro. Y eso fue lo que ayer lunes dijo Luis Bárcenas al magistrado, según informaron fuentes jurídicas a este diario. 

Ruz preguntó al extesorero de los conservadores qué soporte documental tenía de algunas salidas de fondos, y él las relató: recibos de Calixto Ayesa y Jaime Ignacio del Burgo, las entregas a favor de Libertad Digital... También dijo disponer de "mucha información" sobre los pagos a Arriola, que recibía "complementos" en contabilidad B. 

infoLibre contó el pasado 10 de julio que Arriola, marido de Celia Villalobos, exministra y actual vicepresidenta primera del Congreso, percibió 7,2 millones entre 2002 y 2011. Arriola fue también el nombre que el PP utilizó para enmascarar los pagos que a partir de 1994 hizo el partido al exdirigente socialista Ricardo García Damborenea, condenado por el caso GAL y luego indultado por el Gobierno de José María Aznar. 

720.000 euros por ejercicio

Arriola aparece en los papeles de Bárcenas ligado a cuatro salidas de fondos por valor de 341.000 euros entre 2002 y 2003. En esos dos años, sin embargo, la contabilidad oficial del PP señalaba que la empresa con la que el sociólogo facturaba al partido recibió 1.249.000 euros, así que no se sabe en concepto de qué quedaron anotados esos 341.000 euros. 

Por la primera marca empresarial, Instituto de Estudios Sociales, SL, Arriola cobró 6.845.590 euros entre 2002 y 2011. La segunda compañía, Consultores de Investigación Social, SL, entró en escena en 2009. Desde enero de ese año hasta diciembre de 2011, percibió otros 363.835 euros. Con las dos empresas, facturó legalmente por ejercicio al PP una media de 720.000 euros. 

Pedro Arriola, sociólogo de cabecera de Mariano Rajoy como antes lo fue de José María Aznar, cobró del PP 7,2 millones de euros entre 2002 y 2011, según la contabilidad interna entregada por la organización al juez Pablo Ruz, que investiga los llamados papeles de Bárcenas como pieza separada del caso Gürtel. Casado con la exministra Celia Villalobos, Arriola es el profesional cuyo nombre usó el PP como camuflaje para contabilizar los pagos que a partir de 1994 hizo por razones desconocidas a Ricardo García Damborenea, exdirigente socialista vasco luego condenado por el caso GAL e indultado por el Gobierno de Aznar.

Su apellido, inequívoco en el PP, aparece en los papeles de Bárcenas asociado entre 2002 y 2003 a cuatro salidas de fondos por 341.000 euros. La contabilidad oficial del partido señala que la única sociedad con que Arriola prestaba entonces sus servicios al PP recibió en ese bienio 1.249.000 euros. No es posible, por tanto, dilucidar en concepto de qué quedaron anotados los 341.000 euros de los papeles del extesorero.

La empresa de cabecera de quien durante las dos últimas décadas se ha erigido en asesor áulico de la cúpula conservadora se llama Instituto de Estudios Sociales SL. A través de ella, Arriola facturó al PP 6.845.590 euros entre 2002 y 2011.

La segunda marca del analista electoral de Mariano Rajoy, que le mantuvo como asesor tras suceder en 2004 a Aznar como presidente del PP, es Consultores de Investigación Social SL. Por lo que al PP respecta, la sociedad entró en escena en 2009. Entre enero de ese año y diciembre de 2011, endosó al PP facturas por 363.835 euros.

Al prestar servicios por partida doble al PP, Arriola alcanzó en 2010 y 2012 la cota más alta en ingresos procedentes del partido donde milita su mujer, ahora vicepresidenta primera del Congreso. En 2010, las dos empresas del sociólogo facturaron al PP 828.910 euros. En 2011, el año que dio la victoria electoral a Rajoy al tercer intento, las dos mercantiles percibieron una cantidad ligeramente inferior: 822.615 euros.

Reacio a ocupar el primer plano informativo, el asesor de Rajoy salió a escena en marzo de 2012 tras las elecciones andaluzas, aquellas que al permitir una alianza entre PSOE e IU asestaron un mazazo a quienes pronosticaban una holgada mayoría absoluta del PP. Las encuestas, dijo, no habían detectado el voto oculto.

Publicada esa noticia y una entrevista concedida al diario El Mundo en mayo de 2012, la pista pública de Arriola volvió a perderse. Y sigue perdida aun tras conocerse que fue quien canalizó los pagos del PP al hombre que en diciembre de 1983 redactó el comunicado con que los GAL reivindicaron el secuestro de Segundo Marey.

Este martes, un día después de que este diario desvelase cómo el entorno de Bárcenas incluía a Damborenea entre los receptores de dinero opaco del PP mientras el partido negaba tener constancia del asunto, el diario El País aseguró haber mantenido semanas atrás una conversación con el exdirigente socialista.

En esa charla, y siempre según el citado rotativo, Damborenea confirmó que había facturado al PP aunque no dio un solo dato sobre qué contrapartida obtuvo el PP. El diario del grupo Prisa expone así el relato de Damborenea: “Venía de una mala experiencia [el fiasco de la creación de Democracia Socialista] y tenía que rehacer mi vida económica. Tengo la mala costumbre de comer tres veces al día y he hecho trabajos no solo para el PP, sino también para el PSOE y para embajadores”.

En 1994, que es cuando según el entorno de Bárcenas comenzaron los pagos, Damborenea compartió mítines con Aznar en la campaña para las elecciones europeas. Y pidió abiertamente el voto para el PP. Qué tipo de asesoramiento, consejo o informes facilitó al equipo de Aznar a cambio de los pagos sigue siendo una incógnita. La denuncia del terrorismo de Estado, materializado en los GAL, fue una de las palancas motrices de la carrera de Aznar hacia la Moncloa. En esa época y al menos desde 1990, Arriola ya le aconsejaba.

Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo. Sostiene Bárcenas que, después de la publicación de sus papeles en El País, el presidente del Gobierno le puso un mensaje para pedirle "tranquilidad" y que después le comunicó con dos intermediarios (los exministros Michavila y Acebes) para controlar los efectos de la llamada contabilidad B del PP. Y se relata una reunión de Bárcenas con Mariano Rajoy y Javier Arenas en la que acuerdan que el primero deje el puesto de tesorero pero siga cobrando y manteniendo sus privilegios en el partido. Incluso después de hacerse público parte del dineral que Bárcenas esconde en Suiza, éste asegura que Rajoy le transmitió a través de Arenas que lo mejor era "dejarlo todo como estaba".

¿Por qué no hubo registros?

Y seguimos en las mismas, por surrealista que pueda parecer en términos políticos y morales, pero también en términos judiciales. Ya es difícil encontrar a un solo jurista capaz de explicar por qué en ningún momento se solicitó el registro del despacho que Bárcenas ocupaba en la sede nacional del PP; o por qué no se requisaron los ordenadores que utilizaba; o por qué no se comprobó la documentación que podía guardar en su propio domicilio; o la que podía conservar el extesorero Álvaro Lapuerta... Pero cuesta aún más entender que el presidente del Gobierno sea acusado directamente de haber conocido o incluso encubierto posibles delitos relacionados con la financiación ilegal de su partido y no haya respuesta alguna. Rajoy ha esquivado unas vez más las preguntas sobre el caso y prefiere el mutismo, el "ya escampará" o ese marmóreo "dejarlo todo como estaba" que tan excelentes resultados le ha dado en su trayectoria política.

Algunas insinuaciones conviene intentar aclararlas. Por ejemplo, la que alude a que en la contabilidad de Bárcenas figuran "pagos en negro a un ex dirigente del PSOE...". Fuentes muy cercanas al extesorero han confirmado a infoLibre que Ricardo García Damborenea, exdirigente socialista vasco condenado en 1998 por el caso GAL, habría cobrado del PP desde mediados de los años noventa, cuando empezó a reclamar el voto para el partido de Aznar. El señalado prefiere no responder. Al PP, como tantos otros datos de sus cuentas, no le "consta". Y es grave. La denuncia de los GAL y del terrorismo de Estado fue un asunto de capital importancia en la campaña electoral que aupó a Aznar hasta la Moncloa. Si el partido estaba pagando a uno de los principales condenados en aquella trama, toda reivindicación de ética política quedaría reducida a la más obscena hipocresía.

Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves. "Dejarlo todo como estaba" va a resultar imposible.

El PP negó este domingo haber realizado pagos a Ricardo García Damborenea, exdirigente del PSOE vasco condenado en 1998 por el caso GAL y quien según personas muy cercanas al extesorero Luis Bárcenas cobró del partido desde la primera mitad de los años noventa. Las entregas, “en metálico”, siempre quedaron camufladas, según las fuentes informantes. ¿Cómo? Anotándolas a nombre de la persona que en los papeles de Bárcenas aparece identificada como “Arriola”, asociado a cuatro salidas de fondos entre 2002 y 2003 cuya suma asciende a 341.000 euros. Ese es el apellido del sociólogo Pedro Arriola, consultor habitual del PP y a quien infoLibre no logró localizar ayer

Este diario tampoco ha conseguido recabar la versión de Damborenea, que en 1994 pidió el voto para el PP durante la campaña de las elecciones europeas y a quien un allegado a Bárcenas había definido como “un hombre que se viste por los pies y que no tendrá problemas en confirmar los pagos”.

El miércoles, y dos horas después de que este diario explicara por teléfono a su esposa el motivo de la llamada, la contestación siguió siendo la misma: “Mi marido no está interesado en hablar con periodistas”. ¿Ni siquiera de los pagos que le hizo el PP pese a que ni siquiera pertenecía formalmente al partido? “No sé de que está usted hablando y me temo que él tampoco”, fue la respuesta final.

En un momento de la segunda conversación, y tras exponerle este diario la relevancia de la información, la mujer de Damborenea habló así: “Publique usted lo que quiera pero Ricardo García Damborenea no está interesado en hablar con periodistas”. En ninguna de las dos conversaciones, la mujer que dijo ser la esposa de Damborenea formuló un desmentido de la información que se le estaba suministrando. Tras la publicación este domingo en El Mundo de que hubo pagos del PP en negro a un exdirigente de PSOE, infoLibre volvió a contactar con el domiciio de Damborenea. La respuesta fue idéntica: "No tenemos nada que comentar con periodistas".

El entorno de Bárcenas sostiene que los pagos a Damborenea se prolongaron mucho más allá de los noventa. “Probablemente, siga cobrando”, sugirieron los informantes, que sí datan con precisión el inicio de las entregas: 1994, el año en que, durante un mitin para las elecciones europeas celebrado en la plaza de toros de Zaragoza, Damborenea intervino como invitado estrella de José María Aznar. Allí, y ante 10.000 personas, pidió el voto para el PP.

Aznar presentó como un “viejo amigo” a quien hasta 1989 había sido secretario del PSOE de Vizcaya. El PP, proclamó el entonces líder del PP, nada había prometido a Damborenea. Según Aznar, el fundador de la efímera Democracia Socialista le había llamado meses antes. Ambos habían hablado “en muchas ocasiones”.

Condenado por el secuestro de Segundo Marey

Asistir al mitin, dijo Aznar, había sido iniciativa del hombre a quien el Tribunal Supremo condenó en julio de 1998 por el secuestro de Segundo Marey el 4 de diciembre de 1983, la primera acción terrorista reivindicada por el GAL. Fue Damborenea el autor del comunicado con las siglas del GAL que fue traducido al francés e introducido en el bolsillo de Marey cuando fue liberado, el 13 de diciembre de ese mismo año.

La sentencia le impuso siete años de cárcel. Pero, cinco meses más tarde, el 23 de diciembre de 1998, el Gobierno de José María Aznar le concedió el indulto. 

La medida de gracia alcanzó también a los principales sentenciados: José Barrionuevo, exministro socialista de Interior; y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad.