Un gran jurado de Estados Unidos ha aprobado una nueva acusación contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, por el supuesto reclutamiento de 'hackers' vinculados al movimiento clandestino 'Anonymous' y por alentar en sus charlas que otras personas obtuviesen información clasificada susceptible de ser publicada, informa Europa Press.

El Departamento de Justicia ha confirmado estas nuevas acusaciones, aunque ha matizado que no añade ningún cargo adicional a los 18 que ya se le habían imputado a Assange previamente. Sí amplía el alcance del posible delito de "conspiración relacionada con supuestas intrusiones informáticas", que ya pesaba sobre él.

El nuevo documento recoge, además, que Assange conspiró con la exanalista militar Chelsea Manning para burlar una contraseña y poder acceder a datos clasificados en un ordenador del Departamento de Defensa norteamericano.

El promotor de Wikileaks se encuentra detenido en una cárcel de Londres, a la espera de que se resuelva el proceso por la orden de extradición presentada por las autoridades estadounidenses. Las vistas, que en principio durarán tres semanas, han sido aplazadas al menos hasta septiembre.

Assange siempre se ha negado a su posible traslado a Estados Unidos, ante el temor a no ser sometido a un juicio justo. Este miedo le llevó en 2012 a recluirse en la Embajada de Ecuador en Reino Unido --pasaría dentro casi siete años-- para evitar una entrega inicial a Suecia, donde estaba siendo investigado por presuntos delitos sexuales.

La organización de activismo informático Anonymous ha hackeado la página web de Vox y accedido a los datos personales de unas 30.000 personas de toda España. Según ha informado el diario El Mundo, los piratas informáticos han sorteado los cortafuegos de la web del partido y, tras extraer las tablas con la información, la han publicado en la red y filtrado a la prensa.

A través de Twitter, el grupo La Nueve —vinculado al movimiento Anonymous— ha avisado del hackeo, ha anunciado la publicación de los datos en Internet y su filtración a los medios y, tras evidenciar las  pocas medidas de seguridad de la web del partido, ha declarado: "Lo que pase a continuación, nos resbala".

Desde la formación ultra también han respondido en Twitter. Los de Abascal han informado de que el incidente está en manos de la Policía.

Los responsables del ataque informático dejaron al descubierto un total de 30.000 registros de los usuarios de la web de Vox, entre los que se incluían pagos y donaciones al partido liderado por Santiago Abascal. "¿Eres tú, Santiago?", ironizaban desde el perfil de la cuenta en un tuit con una captura de pantalla de un registro a nombre del presidente de Vox.

Los activistas justificaron el asalto a la web de Vox en la "lucha contra el franquismo", y le dieron "un tiempo prudencial" a la formación para "curar y tapar" las "heridas" y recuperar el control de su web. "Hasta a la gentuza más despreciable le damos un tiempo prudencial para que cure sus heridas y las tape", agregaron.

El Juzgado número 3 de Gijón absolvió este miércoles a los tres miembros del colectivo Anonymous, R.T.S., JM. Z. F. y Y. L. I, uno de ellos vecino de Gijón, acusados de organizar ataques informáticos contra la Junta Electoral Central, la web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la del Congreso de los Diputados con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011.

La sentencia destaca que "no ha sido acreditado que los acusados pertenecieran al colectivo Anonymous con el objeto de cometer de forma concertada uno o varios delitos menos graves o de la perpetración reiterada de faltas, ni que con ocasión de la celebración en España de las elecciones locales y autonómicas de fecha 22 de mayo de 2011, con la finalidad de entorpecer el proceso electoral se hubieran puesto de acuerdo y hubieran preparado dos ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS9)".

Uno de los ataques se produjo el día 18 de mayo de 2011 bajo el nombre de operación Spanish Revolution contra el entorno informático de la Junta Electoral Central residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web de la Unión general de Trabajadores y contra la página web del Congreso, que hubiera afectado de forma importante al normal funcionamiento del correo electrónico obstaculizando los trámites previos al proceso electoral y remitiendo múltiples peticiones simultáneas ocasionando el bloqueo de la página web de la Junta electoral central, ni que hubieran acordado realizar sobre las 16.00 horas del día 20 de mayo de 2011 la operación V de Votaciones, contra las páginas web del PP, del PSOE y de CIU".

La Fiscalía consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de grupo criminal y de un delito continuado de daños y solicitaba que se impusiesen las siguientes penas: a los acusados bajo los sobrenombres de Tuerinator y Wicker, un total de 5 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 5.600 euros.

Al acusado con el nick de Mugen, un total de 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 4.200 euros. Además, el Ministerio Fiscal solicitaba que los tres acusados indemnizasen, de forma conjunta y solidaria, con 700 euros, más los intereses legales correspondientes, al Congreso de los Diputados, como órgano que provee los medios materiales de la Junta Electoral Central.

La plataforma de piratas informáticos Anonymous difundió los datos personales de 5.400 agentes de la Policía Nacional en protesta por la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana a la que se refieren como ley Mordaza. "España es el único país de la Unión Europea que permite y se aplica la censura. ¡Nosotros, Anonymous, no podemos tolerar este comportamiento!, protestaron.

Los datos de los agentes los extrajeron pirateando la página web de Mupol Mutualidad de Previsión Social de la Policía a la que están afiliados unos 17.000 agentes. Fuentes de la Dirección General de la Policía confirmaron a Europa Press que su Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) ya inició una investigación para detectar a los responsables de este ataque.

"Hoy nos vamos a centrar en usted, la gente de España. Vivís en un país hermoso, con lugares hermosos. ¡Sois buena gente!", dice Anonymous para los que, sin embargo, la ley Mordaza coloca al país "en un grupo exclusivo de los estados dictatoriales que aplican la censura, y niegan la libertad de expresión y los derechos humanos básicos, grupo que también está formado por Bielorrusia, Rusia, Sudán, Etiopía, Cuba".

También cargaron contra la Policía: "Cuerpo de Policía Nacional de España, que ha intentado hacer daño a nuestros hermanos con cargos falsos que sólo demuestran cómo su institución está podrida". En el año 2011 la Policía llevó a cabo una operación en la que, según dijo, desarticuló la cúpula de Anonymous en España con el arresto de tres personas a las que acusó de ser los máximos responsables del colectivo.

Acción-reacción

Los piratas informáticos anunciaron la publicación de estos datos personales de los policías "con el fin de hacer que entiendan lo delgada que es la cortina detrás de la cual se esconden". "Con cada acción viene una reacción contraria y todos tenemos que pagar por nuestros actos", añadieron en un comunicado recogido por Europa Press, que fue difundido junto a los datos de los agentes a través de la cuenta de twitter @FkPoliceAnonOps.

Según explicaron, se publicó la información correspondiente a "aproximadamente 5.400 miembros de la Policía". La filtración de datos afecta a sus identidades, sus números de identificación, correos electrónicos y sus contraseñas. El objetivo, dicen, era mupol.es al que definen como "un fondo de inversión para los policías españoles".

En realidad, Mupol es una mutua creada en su día por la Dirección General de la Policía, que actualmente actúa como entidad privada sin ánimo de lucro y en la que están afiliados 17.000 policías, según explicó en declaraciones a Europa Press el presidente de la entidad Julián González.

No lograron acceder a la base de datos central

"Nos hemos enterado esta mañana cuando hemos abierto la página web, ayer funcionaba perfectamente", relató González, quien aclara que los piratas informáticos no lograron acceder a la base de datos central de la mutua ya que a ella no se puede acceder con contraseña, sino certificado digital, un obstáculo más difícil de franquear.

A los que lograron acceder, según el presidente de Mupol, es a los datos que se incluyen en un formulario previo que tienen que rellenar todos aquellos que quieren afiliarse a la mutua. Confirma González que en ese formulario previo había datos de aproximadamente 5.400 agentes.

"Es un fastidio", lamentó, al tiempo que informó de que ya presentaron una denuncia "para que la Policía pueda detectar a estos caraduras". Celebra sin embargo el presidente de Mupol que los piratas no hayan podido acceder a la base de datos centrales en las que, según dice, hay datos económicos e información más sensible.

El Ministerio fiscal rebajó la petición de condena a los tres acusados del ataque informático a la web de la Junta Electoral Central en mayo de 2011 por el tiempo transcurrido desde la detención, casi cinco años, al tiempo que retiró la atenuante de confesión a uno de ellos por haber rectificado su declaración y negado los hechos durante el juicio oral.

En concreto, pide para cada uno de ellos un total de cuatro años, tres meses y 17 días de prisión, el pago de una multa de 1.400 euros e indemnizar, en este caso conjuntamente, en 700 euros al Congreso, donde se alojaba la web de la Junta Electoral Central. Inicialmente pedía cinco años de prisión y multa de 4.200 euros, para el acusado al que se le aplicaba la atenuante y 5 años y 4 meses de cárcel y multa de 5.600 euros a los otros dos.

Así lo indicó durante la segunda sesión de la vista oral del juicio, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, en la que el fiscal solicitó siete meses y 16 días por el delito continuado de daños, que sostuvo que quedó acreditado, y tres años, ocho meses y un día por el de pertenencia a grupo criminal, que diferenció de asociación delictiva.

El fiscal se basó en las declaraciones de los policías que participaron en la investigación, y negó que el agente que participó en los chat de Internet para conseguir la identificación de los acusados incitara a delinquir, sino que utilizaba su jerga para ganarse su confianza.

También defendió que la actuación de los acusados encaja en la conducta delictiva que el Código Penal prevé para pertenecer a un grupo criminal. Según el Ministerio Público, los procesados se pusieron de acuerdo para obstaculizar la web de la Junta Electoral, que aunque no se cayó de forma definitiva o continuada, sí lo estuvo "medio paralizada", aseguró. Incidió, asimismo, en que la acción es doble grave, por el daño hecho y por la institución a la que se hace, siendo próximas las elecciones locales y autonómicas.

Además, rechazó que uno de los acusados, J.M.Z.F., se declarara "coaccionado" bajo amenazas de que se le iba a poner un mono naranja como los que se usan en Guantánamo.

Respecto a otro de los procesados, R.T.S., le atribuyó ser el titular del servidor que facilitó la infraestructura para el ataque pero también el haber animado a participar en el mismo, a través de un tuit. El fiscal remarcó que hay "indicios claros" de ser quien actuaba bajo el nick de NedNuller.

En cuanto al tercer acusado, Y.D.L.I., resaltó que se encontró en su ordenador una carpeta llamada "ataques" y que hacía investigaciones de la vulnerabilidad de páginas Web, lo que hizo, esto último, para facilitar el ataque.

Ninguna prueba

Por parte de la defensa de R.T.S, el abogado, David Maeztu, aseguró que no hay "ninguna" prueba que relacione a su cliente con el ataque, como tampoco se produjo, a su juicio, "ningún daño". Además, recalcó que nada relaciona a su cliente con los otros dos procesados.

Cuestionó, asimismo, la validez de la prueba de los volcados informáticos. "Decidieron que mi cliente era culpable y ya no había nada más que investigar", se quejó sobre la Policía, a la que acusó de un "ataque brutal y desproporcionado" contra su defendido.

En cuanto al letrado Miguel Capuz, que defiende a J.M.Z.F., puso en duda igualmente la validez de las pruebas policiales y la cadena de custodia de los equipos informáticos. A esto sumó que, a su juicio, el consentimiento voluntario para acceder a los equipos informáticos de su defendido no es válido por no estar presente su abogado.

Remarcó, también, que el denunciante del ataque a la web de la Junta Electoral no ratificó la denuncia ni compareció en el juzgado, como tampoco se invitó a hacerlo a otras organizaciones sindicales y políticas que habían sido atacadas o se había anunciado que iban a serlo, como es el caso de UGT o de PSOE, PP y CIU.

Incidió, además, en que en todo caso habría que hablar de falta de daños y no delito y enfatizó que Anonymous nunca reivindicó el ataque. Es más, señaló que el responsable TIC del Congreso no acusa a Anonymous y tampoco se miró el contenido de los correos electrónicos.

También resaltó que no se ha hablado de dolo en el juicio, es decir, el motivo por el que e hizo. Y aunque apuntó que el daño acreditado es "cero", indicó que su cliente consignó ya 312 euros para que, en caso de condena, se tenga considerado como atenuante de reparación del daño causado.

Responsabilidad policial

Respecto al tercer acusado, Y.D.L.I., su abogado Carlos Sánchez Almeida defendió la inocencia de su cliente y achacó el caso a una operación policial organizada con la finalidad de destruir la imagen de la revuelta del 15-M y criminalizar el movimiento.

Negó, en esta línea, que se produjera un ataque a la Web de la Junta Electoral, sino que "esta película va de control social", aseguró. Acusó a la Policía que participó en el caso, incluso, de mentir y de tener "memoria selectiva", al tiempo que mostró su preocupación por que la Brigada Tecnológica de la Policía estuviera en manos de agentes que no dicen la verdad.

Es más, sostuvo que se hizo una investigación "a medida" para destruir la imagen de los acusados y criminalizar a todo el colectivo del 15M. Es por ello, que dijo causarle "absoluta repugnancia" la actuación del policía que participó en el chat para identificar a los acusados y adelantó que estudiará, en función de la sentencia, emprender responsabilidades disciplinarias e incluso penales contra los agentes y, especialmente, el comisario jefe de la Brigada Tecnológica en aquella época.

En cuanto a la acusación a su cliente, indicó que si por tener una carpeta llamada "ataques" en su ordenador y por estudiar la vulnerabilidad de web es culpable, él también lo era. "Me autoinculpo de ese delito", ironizó, para después atribuir el bloqueo de la web de la Junta Electoral al descontento de los indignados ante la "cacicada" de la Junta Electoral de prohibir las acampadas del 15-M. Según él, ante esa "cacicada" respondieron mandando correos a la Junta Electoral Central.

Recalcó, además, que para que haya delito de daños debe ser permanente y grave, mientras que incidió en que no puede haber delito de pertenencia a grupo criminal si no se conocían entre ellos.

Durante el juicio, además, el abogado Carlos Sánchez Almeida, llamó la atención sobre que la investigación policial que dio pie a la detención de los tres acusados se inició antes de que los ataques informáticos se consideraran delito en el Código Penal.

Así lo hizo después de que el agente del Cuerpo Nacional de Policía instructor del caso explicara que la investigación se inició en diciembre de 2010 con una denuncia del Ministerio de Cultura por un ataque informático, a partir de la cual se comenzaron a monitorizar diversos chat. Asimismo, señaló que es "prácticamente imposible" conocer quién orquesta el ataque informático a posteriori.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicitó la condena de tres miembros del colectivo Anonymous, uno de ellos vecino de Gijón, acusados de organizar ataques informáticos contra la Junta Electoral Central, la web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la del Congreso de los Diputados con motivo de las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, informó Europa Press.

La vista oral se celebrará este miércoles, 18 de mayo de 2016, en el Juzgado de lo Penal número 3 de Gijón, a las 09.30 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que, con motivo de las elecciones locales y autonómicas que se iban a celebrar en España el 22 de mayo de 2011, y con la finalidad de entorpecer el proceso electoral, el colectivo Anonymous, del que formaban parte los tres acusados, preparó dos ciberataques.

El 18 de mayo de 2011, bajo el nombre de operación Spanish Revolution, organizaron un ciberataque contra el entorno informático de la Junta Electoral Central (JEC), residente en el Congreso de los Diputados, contra la página web del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y contra la del Congreso. Este ataque afectó de forma importante al normal funcionamiento de los servicios de correo electrónico y a la página web de la JEC, obstaculizando los trámites previos al proceso electoral.

De esta forma, los buzones del secretario general y del director de la Secretaría Técnica de la Junta, así como el de la propia Junta, recibieron el día 19 un total de 130.841 mensajes y, el día 20, un total de 214.103, colapsando su funcionamiento.

Asimismo, la página web recibió un gran número de peticiones simultáneas sin esperar respuesta, que en algunos momentos alcanzaron la cifra de dos millones de paquetes de comunicación en menos de un minuto desde una misma dirección IP. Ello ocasionó su bloqueo, impidiendo su normal funcionamiento, al quedar inaccesible para los usuarios de forma intermitente durante dos días.

El coste estimado del trabajo para responder a los ataques contra el entorno informático de la JEC fue de 700 euros, correspondientes a dos jornadas de un consultor externo en seguridad, si bien fue el impacto negativo en el normal desarrollo del trabajo, al no poder utilizar las herramientas informáticas ni accederse a la página web de forma normal, lo que ocasionó mayores perjuicios.

Para facilitar estos ataques, el acusado que utilizaba los apodos (nicks) de Tuerinator y Devnuller, creó una red de servidores casera, desde la cual se coordinaban los atacantes y se daban instrucciones sobre los ataques.

La línea telefónica a la que se había asignado esta dirección IP correspondía a la del domicilio del acusado, en Gijón. Practicada entrada y registro el 20 de mayo de 2011 en este domicilio, se encontraron los equipos que soportaban los servidores caseros creados por el acusado y utilizados para dar soporte a los ataques. Para poder llevar a cabo estos ataques, la coordinación y dirección se realizó también a través del servidor de chat Anonnet.

Un segundo acusado, con los apodos de Mugen, Seraf y Sipias, era uno de los principales administradores del canal de IRC de Anonymous anonnet, donde se ejecutaban los ataques previamente planificados. De esta forma, bajo el apodo Seraf, coordinó como administrador el hive durante el ataque a la página web de la JEC y dio la orden de iniciar el ataque.

Por su parte, el tercer acusado, con los apodos o nicks de Wicker, Némesis e Irae, entre otros, era también otro de los principales administradores de ese canal de IRC de Anonymous anonnet, donde se ejecutaban los ataques previamente planificados. Entre sus funciones estaban gestionar los servidores y crear y regular canales (salas de chat), fijar objetivos, analizar vulnerabilidades de las páginas web para facilitar los ataques y dirigir los ataques planificados.

El 20 de mayo de 2011, a las 16.00 horas, estaba preparada la llamada operación V de votaciones, contra las páginas web del PP, PSOE, y CiU. Este ataque no llegó a ser realizado por la intervención policial que lo impidió. A los acusados les fueron intervenidos diversos dispositivos informáticos usados para la realización de estos hechos.

Penas

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de grupo criminal y de un delito continuado de daños. En uno de los acusados concurre la atenuante de confesión.

Y solicita que se impongan las siguientes penas: para dos de los acusados un total de 5 años y 4 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 5.600 euros. Y para el tercero, un total de 5 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 4.200 euros.

Además, el Ministerio Fiscal solicita que los tres acusados indemnicen, de forma conjunta y solidaria, con 700 euros, más los intereses legales correspondientes, al Congreso de los Diputados, como órgano que provee los medios materiales de la Junta Electoral Central.

El grupo de hackers Anonymous desveló este jueves detalles de alrededor de mil simpatizantes del grupo extremista Ku Klux Klan (KKK), afirmando que se trata de "una forma de resistencia" contra la violencia racista.

La lista detalla perfiles en las redes sociales que se unieron o dieron 'me gusta' a grupos relacionados con el KKK en Facebook y Google+. Muchos de estos perfiles cuentan con imágenes y eslóganes racistas.

"Esto significa que los individuos en la lista han sido frecuentemente identificados por fuentes humanas de información tanto a través de métodos abiertos como encubiertos", indica el comunicado que acompaña la lista, tal y como informó la cadena de televisión británica BBC.

La publicación llegó apenas unos días después de que saliera a la luz una similar en la que se vinculó incorrectamente a varios políticos estadounidenses con el KKK, lo que llevó a Anonymous a aclarar que la única válida es la publicada a través de su cuenta en Twitter el 5 de noviembre.

El 5 de noviembre es una fecha importante para el grupo, ya que es el día en el que Guy Fawkes –cuya máscara popularizó la película V de Vendetta y que se asocia con Anonymous– intentó dinamitar el Parlamento británico en 1605.

La manifestación, mediante la que los organizadores pretendían denunciar el "estado de vigilancia" y las políticas de austeridad, comenzó pacíficamente con cánticos en Trafalgar Square, bajo el lema 'Una solución, revolución', pero derivó en actos de violencia por la noche, cuando varios grupos de manifestantes empezaron a encender bombas de humo en las calles de la ciudad.

En concreto, cientos de manifestantes se enfrentaron con la Policía antidisturbios en Parliament Square, una plaza situada frente al ala noroeste del Palacio de Westminster, tal y como informa el diario británico The Daily Telegraph.

Muchos jóvenes implicados en los disturbios llevaron puesta la máscara de Guy Fawkes, que se popularizó gracias a la película V de Vendetta y que se asocia con el colectivo Anonymous. La de Londres es una de las muchas marchas similares que se han convocado en todo el mundo coincidiendo con el 5 de noviembre, aniversario del intento fallido de atentar contra el Parlamento británico en la llamada Conspiración de la Pólvora.

La plataforma hacktivista Anonymous ha publicado este lunes la contabilidad oficial del Partido Popular entre los años 1990 y 2011. La filtración de estos documentos contrasta con la afirmación que realizó el partido, que alegó que tan solo conservaba sus datos contables desde 1995 cuando el juez Ruz les exigió estas cuentas para la investigación del caso Bárcenas.

Los documentos –que están compuestos por más de 5GB de archivos– han sido colgados por un ciudadano anónimo en el servidor AnonYourVoice para su descarga bajo la descripción "Cables contables. PPgoteras. Lo que debería ser público, será público". Su publicación ha provocado un gran debate en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde bajo el 'hashtag' #CuentasdelPP –que rápidamente se ha convertido en Trending Topic en España– han comentado las informaciones. Sin embargo, los documentos filtrados no son de los famosos papeles de Bárcenas, sino que es la documentación que el partido remite anualmente al Tribunal de Cuentas para su auditoría.

La revelación de estos documentos –firmados por el propio Luis Bárcenas y con varias anotaciones manuscritas a los márgenes– llega después de que la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, afirmara que su organización había realizado un "esfuerzo de estriptis" en referencia a su proclamada transparencia fiscal. 

El servidor al que se subieron en primera instancia los datos ha caído por exceso de tráfico. Sin embargo, han organizado grupos para analizar los documentos. Cuentas claras ha puesto en marcha una de estas iniciativas, y ha animado a los ciudadanos que quieran participar "a demostrar que la transparencia y la supervisión ciudadana son más efectivas que el Tribunal de Cuentas [...], ya que el Tribunal de Cuentas no parece dispuesto a reducir los 5 años de retraso con los que publica los informes pendientes".