El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha acordado, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, la libertad de la responsable de una residencia de Salamanca que había sido detenida previamente por explotar supuestamente a los trabajadores, según informa Europa Press. En cuanto a la segunda persona arrestada por estos hechos, "no ha llegado a pasar a disposición judicial ya que fue puesta en libertad por el propio cuerpo policial que la arrestó", han apuntado fuentes judiciales por una causa que se mantiene abierta por un posible delito contra los derechos de los trabajadores.

Según ha informado previamente desde la Comisaría Provincial, agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos mujeres, responsables de una residencia de mayores en Salamanca, que explotaba laboralmente a trabajadoras de la limpieza, que captaban en Perú y que mantenían "en condiciones de trabajo abusivas y en semiesclavitud", con condiciones de vida "infrahumanas" y "controlando sus condiciones de vida con libertad limitada".

Tal y como apuntado desde el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la presunta actividad delictiva que realizaba una empresaria, propietaria de una residencia de mayores.

La investigación desveló que, aprovechando los convenios existentes entre España y Perú "y bajo la apariencia de legalidad", la red ofrecía precontratos a personas vulnerables y en situación de necesidad en origen.

A través de una captadora residente en Lima, que aprovechaba la llegada de mujeres a congregaciones religiosas de Perú pidiendo ayuda, la red les pagaba el billete de avión y los gastos de viaje con destino a España, en concreto a Salamanca, donde les ofrecía "un trabajo legal y remunerado en limpieza", pero una vez en él "eran explotadas laboralmente", han apuntado desde la investigación.

Las víctimas, una vez llegaban a Salamanca, eran ubicadas en una residencia de ancianos y obligadas a trabajar en tareas de limpieza "en condiciones de semiesclavitud" y a vivir en la residencia "ejerciendo un control de su libertad de movimiento".

Además, "como consecuencia del traslado a España", las víctimas generaban "una deuda", la cual "se iba incrementando fruto de los gastos generados por su alojamiento y manutención en la propia residencia". Así, eran obligadas a trabajar "en condiciones de explotación, sin remuneración o con una remuneración insignificante" para "pagar la deuda contraída".

Trabajaban "todos los días de la semana y todas las horas del día", y eran controladas en su tiempo de descanso y sometidas a "vejaciones" y "desprecios constantes", según la investigación.

La explotación de la investigación tuvo lugar en la mañana del pasado 7 de marzo y la operación continúa abierta con la intención de localizar más víctimas, además la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones.

Más de un centenar de vecinos de Carboneras (Almería) se han reunido este jueves en el paraje de El Algarrobico para reivindicar que el hotel de 411 habitaciones y 22 plantas promovido por Azata sea "legal", para lo que han repintado la fachada del edificio en la que el pasado domingo miembros de Greenpeace escribieron 'Hotel ilegal' para cambiar el mensaje y pedir un "hotel legal".

En declaraciones a Europa Press, el promotor de la acción, Pascual Díaz, ha señalado la "activa participación" de los vecinos del pueblo y se ha mostrado "muy orgulloso de la gente" que ha participado en un acto con el que, según ha explicado visiblemente emocionado, "solo queremos lo mejor para Carboneras".

Según ha explicado, la convocatoria ha cumplido las expectativas. "Hemos hecho lo que teníamos pensado, todo ha ido muy bien. Hemos quitado la 'i' de "ilegal" y nos han sobrado dos latas de pintura, que devolveremos", ha explicado Díaz, quien ha agradecido la participación de los ciudadanos de Carboneras que se han dado cita frente al hotel a las 10.00 horas.

"Estoy muy contento. Nosotros ya hemos puesto nuestro granito de arena", ha apuntado este vecino de Carboneras que regenta un bar en el municipio donde diariamente "hablas con unos y con otros y te dicen lo mal que están las cosas". "El pueblo tiene ganas de que esto se abra porque la pesca va mal y la construcción también ha bajado", ha explicado al señalar los niveles de desempleo que soporta el municipio.

El ministro de Solidaridad Social de Egipto, Ahmed El Borai, ha afirmado este martes que Hermanos Musulmanes, registrada como organización no gubernamental desde marzo de 2013, no tiene capacidad legal, y la ha acusado de posesión de armas de fuego en su sede de El Cairo, según ha informado el diario gubernamental Al Ahram.

El Borai, responsable del registro de asociaciones y ONG, ha afirmado que se ha dirigido en repetidas ocasiones al líder de la asociación de Hermanos Musulmanes para exigirle una explicación, pero hasta ahora nunca ha recibido respuesta. "Sé que hay mucha tensión en las calles de Egipto, y que la gente me está atacando por no ordenar la disolución de Hermanos Musulmanes como asociación", ha asegurado El Borai, y ha añadido que para ello necesita una notificación de la federación de ONG.

"Tenemos que seguir la vía legal", ha asegurado el ministro, que ha afirmado que la disolución de la ONG de los Hermanos Musulmanes sin una orden judicial reforzaría las acusaciones contra el Gobierno golpista egipcio de querer liquidar el grupo. Este lunes, la junta de comisionados estatales recomendó al Tribunal Administrativo que emita una orden para disolver la asociación. "Hermanos Musulmanes no se ha registrado como organización no gubernamental para llevar a cabo su papel de acuerdo con la ley y para servir a la nación. Sólo quería ayudar al régimen y al partido gobernante a mantener al presidente [depuesto, Mohamed Morsi] en el poder", asegura el informe redactado.

El registro de Hermanos Musulmanes como asociación el pasado mes de marzo levantó una fuerte polémica, ya que tuvo lugar poco después de que la junta recomendara al Tribunal Administrativo rechazar un recurso de Hermanos Musulmanes contra una decisión tomada en 1954 que declaraba la ilegalidad del grupo y ordenaba su disolución. Los expertos aseguran que la organización ha infringido la ley 84/2002, que prohíbe a las ONG tomar parte en actividades políticas.