El embajador de China en la India advirtió este domingo a Nueva Delhi de que el proceso de sucesión del dalái lama es una prerrogativa de Pekín y que "no se permitirá ninguna interferencia externa" en la reencarnación del líder espiritual budista tibetano, que cumple hoy 90 años, según recoge EFE.

"El Gobierno chino defiende el principio de independencia y autogobierno en materia religiosa y administra la reencarnación de los budas vivientes, incluida la del dalái lama, de conformidad con la ley. No se permitirá ninguna interferencia externa", dijo el embajador Xu Feihong en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

El embajador indicó que "la concesión de su estatus (el de dalái lama) y títulos religiosos es prerrogativa del Gobierno central de China".

"El Gobierno chino se opone a cualquier intento de organizaciones o individuos extranjeros de interferir o dictar el proceso de reencarnación", añadió Xu Feihong.

"Xizang (el nombre chino del Tíbet) es parte inalienable del territorio chino. El budismo tibetano tiene sus orígenes en la meseta Qinghai-Tíbet de China. Las principales regiones donde se practica el budismo tibetano de encuentran en China. El linaje de los dalái lamas se formó y evolucionó en la región tibetana de China", recalcó el representante diplomático.

El mensaje del embajador tiene lugar después de que el ministro de Asuntos de Minorías indio, Kiren Rijiju, afirmase el pasado jueves a medios locales que la decisión acerca de la reencarnación del dalái lama corresponde exclusivamente al líder espiritual del budismo tibetano, que se encuentra exiliado en la India desde 1959.

Un día antes, el dalái lama, Tenzin Gyatso, aseguró que su linaje continuará tras su muerte y que su reencarnación será gestionada por su círculo más cercano, el Gaden Phodrang Trust, la fundación que gestiona su autoridad y su patrimonio, desafiando así las intenciones de Pekín de dirigir la sucesión del líder espiritual.

En un comunicado posterior, el Gobierno de la India enmarcó la sucesión del dalái lama como un tema puramente religioso y afirmó que Nueva Delhi no toma "ninguna posición" sobre asuntos de fe.

El dalái lama ha celebrado este domingo junto a autoridades indias, lamas supremos y su círculo más cercano su 90 cumpleaños en la ciudad india de Dharamshala, donde permanece exiliado.

Aunque la India no reconoce formalmente al Gobierno tibetano en el exilio, su decisión de acoger y proteger al líder espiritual es un punto constante de fricción diplomática entre Nueva Delhi y Pekín, que mantienen sus propias disputas fronterizas en el Himalaya.

Tras la anexión china del Tíbet a principios de la década de los cincuenta del pasado siglo, decenas de miles de tibetanos huyeron a la India, el país que alberga más refugiados provenientes de este territorio.

Al menos 95 personas perdieron la vida y 130 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6,8 registrado este martes en el condado de Tingri de la región occidental china del Tíbet que se hizo notar además en Nepal y la India, informó la agencia oficial Xinhua y recogió EFE.

El seísmo se produjo a las 09:05 hora local (01:05 GMT) en el condado de Tingri de la prefectura de Shigatse a una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

En el citado condado de Tingri, el más afectado, se derrumbaron más de 1.000 viviendas, según el diario Nanfang Daily.

Según Xinhua, residen en un radio de 20 kilómetros alrededor del epicentro unas 6.900 personas.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió "esfuerzos exhaustivos para salvar vidas y minimizar el número de víctimas", al tiempo que pedía trabajar para "prevenir desastres secundarios" y "reasentar de forma adecuada a los residentes afectados".

El líder chino enfatizó además la urgencia de "reparar las infraestructuras dañadas" y "garantizar que las necesidades básicas de los residentes se cubran", indicó la agencia.

Asimismo, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma del país asignó de urgencia 100 millones de yuanes (13,6 millones de dólares, 13,1 millones de euros) para ayudar en las tareas de alivio tras el desastre.

Tras el temblor, la Oficina de Mando Antisísmico y de Socorro en Casos de Catástrofe del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) y el Ministerio de Gestión de Emergencias pusieron en marcha un dispositivo de urgencia y enviaron un grupo de trabajo a la zona del seísmo para orientar las labores antisísmicas y de socorro.

Según la cadena estatal CCTV, los equipos de bomberos locales han movilizado a más de 1.500 efectivos para las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes.

El condado de Tingri, que cuenta con una densidad de población de 4,2 personas por kilómetro cuadrado, está situado a los pies de la cordillera del Himalaya y tiene una altitud promedio de 5.000 metros sobre el nivel del mar, según la información oficial del gobierno local.

Según los pronósticos meteorológicos, está previsto que las temperaturas en el condado lleguen a un mínimo de 16 grados bajo cero y un máximo de 3 grados este martes.

El epicentro se situó a unos 85 kilómetros del monte Everest, ubicado justo en la frontera entre China y Nepal y el cual ha sido cerrado al público hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de los visitantes y el personal.

El temblor se sintió en zonas de Nepal y en varios estados del norte de la India, informaron medios de ambos países, aunque aún no han sido reportados muertes ni daños en ninguna de las dos naciones.

Tíbet y otras zonas del oeste de China son frecuente escenario de terremotos, por la cercanía del punto de fricción de la placa tectónica asiática con la india, pero debido a la baja densidad de población en la zona, en muchas ocasiones los seísmos se producen en áreas escasamente habitadas.

En diciembre de 2023, un temblor de magnitud 6,2 dejó más de 150 fallecidos en la región vecina de Qinghai y en la provincia occidental de Gansu.

Este domingo se cumple el 60 aniversario de la huída al exilio desde Tíbet del Dalai Lama después de un levantamiento fallido contra el Gobierno chino; seis décadas durante las que China ha gobernado la región con puño de hierro, denunciando constantemente al religioso como un peligroso separatista disfrazado bajo el semblante de un hombre de paz que solo pide una autonomía para la que considera su patria, según informa Europa Press.

Desde el siglo XV, el reino budista evolucionó a un estado religioso liderado por el Dalai Lama y con Lhasa como capital. En 1950, la recién fundada República Popular de China invadió la región del Tíbet y en 1965 estableció la llamada Región Autónoma del Tíbet. Ante el temor de los tibetanos a que su líder fuera secuestrado, en el 10 de marzo de 1959 se desató una revuelta en la que el líder espiritual tibetano y sus seguidores consiguieron abandonar la región y exiliarse en India.

Este aniversario sucede en medio de un intento diplomático para alterar ligeramente la situación. Esta misma semana, el Senado de Estados Unidos aprobó la llamada Ley de Acceso Recíproco a Tíbet, una iniciativa para promover el acceso a la región de diplomáticos norteamericanos, periodistas y otros ciudadanos.

El presidente del país, Donald Trump, todavía no la ha ratificado, pendiente como está de la evolución de las duras negociaciones comerciales con China, que ya ha condenado la inciativa como "una injerencia en los asuntos internos de China", merecedora de las "fuertes protestas" que sus diplomáticos ya han presentado al respecto ante sus homólogos en Washington. China recuerda que la entrada a Tíbet dista de ser imposible, y que permite cada año la entrada allí de miles de turistas e incluso de políticos extranjeros, pero las circunstancias ahora mismo son diferentes. Ahora mismo la entrada en la región está cerrada hasta el 1 de abril, según han podido constatar las agencias de viajes con sede en la ciudad china de Chengdu, el principal punto de partida para las visitas a Tíbet.

Deterioro de la situación humanitaria

El grupo de estudios Freedom House coloca a Tíbet como una de las zonas del mundo con menores derechos y libertades. "A los residentes de etnia china y tibetana se les niegan los derechos fundamentales, pero las autoridades son especialmente rigurosas en la supresión de cualquier signo de disidencia entre los tibetanos, incluidas las manifestaciones de creencias religiosas y de identidad cultural exclusivamente tibetanas", apunta el grupo. "Las políticas estatales", prosigue, "alientan la migración a otras partes de China, reduciendo la participación de la población étnica tibetana". Esta valoración es compartida por la inmensa mayoría de las agencias internacionales y Naciones Unidas. Su Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló el verano pasado un "rápido deterioro" de las condiciones humanitarias.

Este deterioro coincide, según la histórica campaña de Save Tibet, con un aumento del control ejercido por las autoridades chinas sobre la región, cuyo aniversario han elegido precisamente para introducir "un nuevo elemento de autoritarismo": el reconocimiento facial y el control en tiempo real en los taxis en la capital, Lhasa. "Incluso en un taxi, las autoridades podrán seguir cada conversación y el movimiento de personas en la capital histórica y cultural del Tíbet", añade.

"Durante este período las autoridades chinas han hecho particularmente peligroso que los tibetanos se comuniquen con el mundo exterior, y existen severas restricciones de información en el contexto de una escalada constante en su control sobre todo Tíbet y la imposición de una vigilancia total", añade.

Se cumplen hoy 60 años de ese levantamiento nacional del pueblo tibetano frente a las fuerzas de ocupación chinas, que finalizó con una orden del Consejo de Estado Chino que ordenaba la disolución del gobierno tibetano, que había intentado coexistir con la presencia del Ejército de Liberación Popular en el país. Sofocado de modo brutal, el décimocuarto Dalai Lama y buena parte de sus fieles se vieron obligados a partir al exilio. Al pasar la frontera india, emitió la célebre Declaración de Tezpur, en la que acusaba a China de ocupar militarmente el Tíbet. De forma inmediata, el primer ministro de la India, Nehru, no sólo dispuso de todos los medios para acoger a los miles de refugiados tibetanos que escapaban por los altos pasos del Himalaya, sino que permitió el establecimiento en la localidad de Dharamsala, de un Gobierno Tibetano en el Exilio. Mao no perdonaría esta injerencia india en "sus asuntos internos" y, meses después, estallaría una guerra fronteriza entre las dos potencias asiáticas. Desde entonces, ni el Dalai Lama ni los tibetanos huidos han podido regresar a su país y reunirse con sus familias, ni mucho menos ha quedado resuelta la disputa fronteriza chino-india. Es más, esta enemistad a cuenta del Tíbet, años después, provocó que Pekín contribuyera a que Pakistán se convirtiera en una potencia nuclear. Todo lo cual no solo ha enconado más las ya deterioradas relaciones indo-pakistaníes, sino que todo enfrentamiento en Cachemira, como el que se vive estas últimas semanas, hace planear la sombra de la amenaza atómica.

Desde 1959, la única autoridad en el Tíbet pasó a ser la del EPL, con el establecimiento de Comités de Control Militar en todas las ciudades y aldeas. El resultado directo de la represión armada en el distrito central del Tíbet en los primeros meses de la nueva "administración" impuesta por una ley marcial fue la muerte de más de 87.000 tibetanos, según un informe del propio servicio de inteligencia del propio ejército chino. Pero, sobre todo, la represión desatada el 10 de marzo, al margen de transformar la geopolítica regional sembrando una permanente amenaza a la paz y seguridad internacionales, supuso el inicio de uno de los genocidios más olvidados del siglo XX. Bajo la supervisión directa del primer ministro, Zhou Enlai, se consideró que el levantamiento del pueblo tibetano constituía "crímenes monstruosos", que amenazaban la unidad del país y que la tarea prioritaria en esos momentos en Tíbet era la de "limpiarlo de todos los rebeldes", que engañan a la población con supersticiones religiosas. Para tal propósito se creó la Comandancia Militar para el Tíbet que, sólo en tres días, provocó la matanza de diez a quince mil tibetanos en la capital, Lhasa. Ese mismo año la Comisión Internacional de Juristas publicó un informe en el que argumentaba que se estaba cometiendo un genocidio nacional y religioso contra el pueblo tibetano. El problema no pasó desapercibido a la Asamblea General de la ONU, en cuyos debates por vez primera se acusó formalmente a un país de estar cometiendo este crimen. Aquella sesión finalizó con la resolución 1723 (XVI) de 20 de diciembre de 1961, que reconocía el derecho de autodeterminación del pueblo tibetano, el cual continúa siendo papel mojado e ignorado por toda la comunidad internacional.

Pues bien, hoy, en este 60 aniversario de la masacre, por si alguien albergaba dudas, se ha publicado un informe de Freedom House que sitúa al Tíbet como el "territorio menos libre" entre 195 países examinados, sólo por delante de Siria, con una puntación de 1 sobre 100. La última medida, la nueva "muralla china", es la prohibición de entrada al Tíbet para cualquier turista o periodista durante los meses de febrero y marzo.

Pese a la incesante propaganda del régimen de Pekín, lo cierto es que éste no puede acreditar los supuestos "avances sin precedentes" que han beneficiado al pueblo tibetano en este ya largo medio siglo. En efecto, desde hace décadas, otra realidad se sobrepone a la oficial con tanta resistencia e intensidad que debe silenciarse o, llegado el caso, reprimirse. Cada 10 de marzo los miembros del Politburó en Pekín temen que el pueblo tibetano vuelva a reivindicar los derechos que les son propios, como se manifestó de forma notable en el 2008.

Pero, claro está, la China maoísta a las puertas de su Revolución Cultural no es la China actual, en la que convive formalmente la ideología y el gobierno único del Partido Comunista con un sistema capitalista salvaje que interesa mantener y alimentar a los Estados occidentales y sobre todo a sus grandes corporaciones. Hoy, los postulados de la real-politik parecen imponer inexorables consecuencias que conducen al olvido de lo que tiene todos los elementos para ser considerada una causa justa.

En efecto, ese pragmatismo explica el crucial giro diplomático emprendido por el gobierno español de Rajoy que, en línea con lo ya adelantado por el Gobierno de Zapatero respecto a Israel, reformó la jurisdicción universal para archivar el caso del genocidio del pueblo tibetano ante las exigencias diplomáticas de Pekín. El Gobierno socialista del presidente Sánchez, con la firme decisión de la ministra de Justicia, pretendió recuperar esa jurisdicción universal pero finalmente volvió a imponerse la real-politik a través de la Asesoría Jurídica del ministerio de Asuntos Exteriores, que se opuso a recuperar esa misma justicia universal mientras desplegaba la alfombra roja en el Palacio Real al presidente Xi Jinping. Para cerrar el círculo, esta misma semana el Tribunal Constitucional ha acabado de sepultar la esperanza de justicia, denegando el amparo a las víctimas tibetanas y sellando así el círculo de la impunidad. Una vez más, las vías pacíficas ajustadas al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos han perdido una nueva partida ante la cada vez más indiscutible hegemonía de los mercados.

Y, sin embargo, la lucha por los derechos debe continuar: así lo manifestarán las protestas pacíficas del 10 de marzo que se despliegan en ciudades de todo el planeta. No olvidemos esta causa que arrastra masivas violaciones de derechos humanos y la imposición de genocidio y exilio. Ciertamente, como lo muestra la del pueblo palestino, no es el único ejemplo, pero sí parece el más olvidado. Free Tibet!

  * Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía política y Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, del que es fundador.

* Jose Elías Esteve es profesor titular de Derecho Internacional y autor del libro El Tíbet: la frustración de un Estado.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y varias organizaciones pro derechos humanos habían reclamado la liberación del monje, de 65 años de edad, que cumplía una pena de 20 años de cárcel por "crímenes de terrorismo e incitación al separatismo".

"El hecho de que no se le permitiera una libertad condicional por motivos médicos y el deseo de sus seguidores de verle refleja la línea dura adoptada por el Gobierno de China", dijo Lobsang Sangay, que encabeza el Ejecutivo tibetano en el exilio. "Este maltrato sólo generará más resentimiento entre los tibetanos", agregó.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su tristeza por la muerte y pidió a las autoridades chinas "que investiguen y hagan públicas las circunstancias que rodean el fallecimiento".

El grupo Free Tibet aseguró que las fuerzas de seguridad se desplegaron en la provincia de Sichuan, de donde era originario Tenzin Delek, después de que miles de personas se manifestaran tras tener noticia de su muerte.

Tenzin Delek era un seguidor del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, quien vive en el exilio en India desde 1959 tras el fracaso del levantamiento tibetano contra el Gobierno central.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Ismael Moreno que cierre el sumario que sigue contra China por el genocidio que se habría producido en el Tíbet para que sea la Sala de lo Penal, órgano superior jerárquicamente al instructor, la que valore si procede llevar al Tribunal Constitucional la reforma que limita la justicia universal.

En un escrito remitido este jueves, el fiscal Pedro Martínez Torrijos sostiene que procede "de forma urgente" acordar la conclusión de esta causa y su elevación a la Sala de lo Penal, a fin de que "se pronuncie sobre la concurrencia de los requisitos" que motivarían o no su archivo o bien proceda a "adoptar la decisión que estime procedente en relación con la constitucionalidad de la citada forma".

Siguiendo el planteamiento que expuso este miércoles con el caso Couso, la acusación pública recuerda en su escrito que el sobreseimiento provisional de las actuaciones corresponde a la Sala de lo Penal, encargada del enjuiciamiento de los hechos, y no al juez instructor.

La limitación de la justicia universal, aprobada por Congreso y Senado a partir de una proposición de ley del Grupo Popular tramitada con carácter de urgencia, obliga a que los procedimientos por genocidio o lesa humanidad tengan que dirigirse contra un ciudadano de nacionalidad española o extranjero que resida en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. También será requisito imprescindible que exista una querella del agraviado o del Ministerio Fiscal.

El juez Moreno preguntó el pasado martes a la Fiscalía si debe archivar las dos causas que instruye contra China en virtud del principio de justicia universal después de la limitación de la norma impulsada por el Grupo Popular en el Congreso, que entró en vigor el pasado sábado.

En la causa sobre el Tíbet, Moreno investiga el genocidio, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se habrían producido en los últimos cincuenta años y que habrían causado la muerte a un millón de personas. En el marco de esta causa están imputados los expresidentes chinos Jiang Zemin y Hu Jintao.

En febrero el juez ordenó la detención del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 también preguntó si debe archivar las investigaciones que sigue sobre el Holocausto nazi, en la que imputó a cuatro antiguos miembros del denominado Batallón de la Calavera de las SS; los vuelos de la CIA con parada en el aeropuerto de Palma; y la muerte en 2010 del ciudadano español Babi Hamdai Buyema en el campamento saharaui de El Aaiún.

El embajador chino en España, Zhu Bangzao, espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda visitar "este año" China, después de que se solucione de manera "adecuada" el "problema" que provocó la decisión de la Audiencia Nacional de dictar órdenes de busca y captura contra una serie de dirigentes chinos por su presunta responsabilidad con el genocidio en el Tíbet.

En declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a un acto en el Palacio de Viana de la Fundación Consejo España China, ha negado que China haya ejercido "presiones económicas" sobre las autoridades españolas para que reformaran la aplicación del principio de la jurisdicción universal, que se ultima actualmente en el Senado.

El embajador ha dicho que su Gobierno se ha limitado a trasladar a las autoridades españolas sus "opiniones" al respecto. No obstante, ha calificado de "muy buena cosa" la reforma de la justicia universal española, que dará carpetazo a la investigación sobre el genocidio en el Tíbet y otras causas abiertas.

China "está extremadamente descontenta y totalmente opuesta a las acciones equivocadas adoptadas por un relevante órgano español ignorando la solemne posición de China", ha afirmado una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, tras ser preguntada por la decisión del juez español en una rueda de prensa.

"Sea o no tratado apropiadamente este tema está relacionado con el saludable desarrollo de las relaciones" bilaterales, ha indicado Hua. "Esperamos que el Gobierno español pueda distinguir lo correcto de lo equivocado", ha afirmado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, antes de que asegurar que los intentos de mancillar el nombre de China en el extranjero con casos como el de Tíbet nunca tendrán éxito.

Interpol, la organización internacional de cuerpos de Policía, emite alertas rojas sobre las personas buscadas, basándose en las órdenes judiciales de tribunales de sus 190 países miembro. En esos países, las fuerzas de seguridad pueden arrestar a las personas buscadas por esas alertas.

Las declaraciones de la portavoz ministerial china llegan después de que el viernes pasado el mismo departamento reclamara a España que impida que se tramiten más investigaciones judiciales sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha reaccionado así este martes a la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ha ordenado la busca y captura del expresidente chino Jiang Zemin y de otros cuatro antiguos dirigentes del país asiático para que ingresen en prisión incondicional y sin fianza por presuntos delitos de genocidio, tortura y lesa humanidad cometidos en el Tíbet.

El magistrado tiene constancia de que todos ellos se encuentran en paradero desconocido y ordena librar la orden internacional de detención de Jiang, junto con la del ex primer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tíbet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación Familiar Peng Pelyun por su presunta participación en el genocidio perpetrado en el Tíbet.

El magistrado ha acordado también que se acuerde también la expedición de las correspondientes órdenes de busca y captura para su ingreso en prisión incondicional del exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun por su presunta participación en el genocidio perpetrado en el Tibet.

Según Moreno, Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana.

"Teniendo en cuenta lo ordenado por la Sala, hayándose Jiang Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar lo ordenado por la Sala y librar la orden internacional de detención y en virtud de los artículos 503 de los chinos y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar la prisión provisional incondicional y sin fianza del mismo, y librar orden internacional de detención ordenada por la Sala de lo Penal", recoge en el auto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha pedido al Gobierno de España que no permita que se use su territorio "para actividades separatistas" contra China, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidiera rechazar el recurso de la Fiscalía para revocar las órdenes de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng.

Tras la decisión del magistrado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei, ha explicado que su Gobierno ha pedido al Ejecutivo de Madrid que "clarifique" lo que está sucediendo en el contencioso judicial por el Tíbet y ha confiado en que España impida que vuelvan a suceder un caso así.

"El tema del Tíbet es de interés central para China y para los sentimientos del pueblo y es extremadamente sensible", ha afirmado, en su rueda de prensa diaria. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha hecho hincapié en que España no debería "enviar un mensaje equivocado a las fuerzas separatistas tibetanas" sino dar pasos "para no permitir que el territorio español sea usado para actividades separatistas contra China" e "impedir que estos incidentes vuelvan a ocurrir".

El caso que investiga la Audiencia Nacional parte de una denuncia de dos grupos protibetanos y un monje con nacionalidad española que denunciaron al expresidente Jiang y al exprimer ministro Li en 2006 por considerar que habían cometido un genocidio en el Tíbet. Los dos exdirigentes y otros tres exaltos cargos chinos que trabajaban en el Gobierno en los años 80 y 90 están acusados de haber perpetrado abusos contra los Derechos Humanos en el Tíbet.

Los denunciantes se valen de la aplicación de la jurisdicción universal que realizan los tribunales españoles, un principio que se verá limitado en los tribunales españoles cuando se apruebe la reforma que ha planteado el Partido Popular en el Parlamento.

Las fuerzas gubernamentales chinas ocuparon Tíbet en 1950. China mantiene que llevó a cabo una "liberación pacífica" para poner fin a su pobreza, la explotación y el estancamiento económico.

Los grupos de defensa de los Derechos Humanos y los exiliados tibetanos acusan al Gobierno chino de estar socavando los derechos lingüísticos, culturales y religiosos de los tibetanos y de emplear métodos brutales para imponer su autoridad.

Aunque es improbable que Jiang o Li terminen compareciendo en los tribunales españoles, este caso recuerda al que llevó a la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet, detenido en 1998 en Londres por orden del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha exigido al juez Ismael Moreno que ordene la busca y captura del expresidente chino Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun por su presunta participación en el genocidio perpetrado en el Tibet.

En un auto hecho público este martes los magistrados Angela Murillo, Carmen Paloma Gonzalez y Juan Francisco Martel admiten el recurso presentado por el Comité de Apoyo al Tibet, la Fundación Casa del Tibet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa contra la decisión del juez instructor de no emitir las órdenes como le pidieron.

Los cinco están imputados por el presunto genocidio sufrido por el pueblo tibetano y la comisión de crímenes de guerra. Tras la ocupación del territorio en 1950 más de un millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas, denunciaban las organizaciones querellantes.

Los tres magistrados consideran que "existen indicios de la participación en los hechos" de los cinco altos cargos imputados "habida cuenta de la responsabilidad política o militar de cada uno de ellos en el periodo a que se remontan los hechos que se investigan".

La Sección Cuarta imputó el pasado 10 de octubre a otro alto cargo más, el también expresidente Hu Jintao, al considerar que su cargo de secretario general del Comité del Partido Comunista en el Tíbet, que desempeñó entre 1988 y 1992, le confería "la competencia y capacidad orgánica suficientes para dirigir acciones y campañas tendentes a hostigar a la población".

Moreno investiga las prácticas que las autoridades chinas llevaron a cabo durante la década de 80 y 90 destinadas a "eliminar la idiosincrasia y existencia del país" a través de la imposición de la ley marcial. Entre las prácticas habituales chinas en el Tíbet se describen los desplazamientos forzosos de población y la "eliminación paulatina de la población autóctona".

La trayectoria del profesor de Derecho Internacional José Elías Esteve está muy relacionada con las reivindicaciones de justicia para el Tíbet. Autor del libro El Tíbet: la frustración de un Estado y de varios artículos académicos al respecto, Esteve fue el redactor de la querella que, finalmente, ha supuesto la imputación del expresidente chino Hu Jintao por el genocidio tibetano. “Su imputación es un impulso para las víctimas del Tíbet y un reconocimiento a su sufrimiento”, explica en declaraciones a infoLibre.

Tal y como informa Europa Press, la Audiencia Nacional ha imputado a Hu Jintao por el genocidio del Tíbet en los últimos 50 años al considerar que su cargo de secretario general del Comité del Partido Comunista en el Tíbet, que desempeñó entre 1988 y 1992, le confería "la competencia y capacidad orgánica suficientes para dirigir acciones y campañas tendentes a hostigar a la población".

La querella que redactó Esteve fue presentada en 2005 por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y la Asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa.  “Entonces Hu Jintao no estaba entre los querellados porque tenía inmunidad diplomática al ser presidente de China”, aclara Esteve puesto que esa inmunidad podría haber sido un motivo para que se rechazara la querella. Sólo quince días después de que dejara el cargo (marzo 2013), ampliaron la querella a Jintao por su responsabilidad en el Tíbet a finales de los años 80, “uno de los periodos más duros de la represión”, dice Esteve.

Además, el profesor detalla que el juez y el fiscal se opusieron a la documentación y los argumentos de los querellantes “con un simple párrafo”. Entre las alegaciones en contra dijeron que la justicia china era la competente en este caso. “¿A quién se le ocurre declarar competente a la justicia de un estado dictatorial?”, se pregunta Esteve. Al final, la querella llegó a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que decidió imputar a Hu Jintao, al también expresidente chino Jiang Zemín y a otros seis altos dirigentes chinos.

Otro escollo que tuvieron que sortear los querellantes fue la “conexión relevante con España” que exige la Audiencia Nacional para juzgar hechos cometidos en otros países. Esteve explica que en este caso fue sencillo ya que “uno de los querellantes, que sufrió torturas y cuya madre y hermana desaparecieron durante la represión, tiene nacionalidad española”. Pese al espaldarazo que supone la imputación para las reivindicaciones de justicia en el Tíbet, Esteve recuerda que “están pendientes de resolverse las órdenes de arresto internacional”.

Por último, Esteve se refiere a la polémica surgida por la negativa de España a juzgar los crímenes del franquismo, algo que sí se está intentando desde Argentina. “Esta decisión no se ajusta a Derecho Internacional. La Comisión de Derechos de la ONU exige a España que derogue la Ley de Amnistía”, afirma Esteve, “pero las autoridades se niegan y así continúan con este despropósito”. "Antes las víctimas de las dictaduras de Chile y Argentina acudían a España y ahora es al revés. Parece mentira", lamenta. 

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente chino Hu Jintao por el genocidio perpetrado en el Tíbet en los últimos 50 años al considerar que su cargo de secretario general del Comité del Partido Comunista en el Tíbet, que desempeñó entre 1988 y 1992, le confería "la competencia y capacidad orgánica suficientes para dirigir acciones y campañas tendentes a hostigar a la población".

Hu Jintao abandonó la secretaría del Partido Comunista chino (PCCh) en noviembre de 2012 y en marzo de este año dejó su cargo como presidente del país.

La Audiencia Nacional precisa en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, que el papel de Jintao en los hechos no implicaba "una participación directa en el acoso al pueblo y la nación tibetana". En la causa, que investiga el juez central de Instrucción número 2 Ismael Moreno, está también imputado otro expresidente, Jiang Zemín, y otros seis dirigentes chinos.

El auto describe el genocidio tibetano y asegura que las autoridades chinas llevaron a cabo durante aquellos años acciones destinadas a "eliminar la idiosincrasia y existencia del país" a través de la imposición de la ley marcial.

Entre las prácticas habituales chinas en el Tíbet los magistrados describen los desplazamientos forzosos de población y la "eliminación paulatina de la población autóctona".

La Sección Cuarta precisa, además, que la investigación encaja en las competencias de la Audiencia Nacional porque una de las víctimas tiene nacionalidad española. Agrega que no existe constancia de "que las autoridades chinas hayan iniciado ningún tipo de investigación sobre los hechos objeto de la querella".

El juez Ismael Moreno investiga el presunto genocidio sufrido por el pueblo tibetano tras admitir a trámite la querella que presentaron el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y la Asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros seis ex responsables comunistas en el Tíbet o el Gobierno chino.

En abril de 2011, el magistrado accedió a la petición de las acusaciones para ampliar la querella por delitos de genocidio contra este pueblo, de modo que ahora también se les investiga como presuntos crímenes de guerra al suponer una violación grave de Convenciones de Ginebra de 1949, ratificadas por España.

En este caso, los hechos denunciados por la ONG de apoyo al Tíbet supondrían violaciones graves del citado convenio internacional en relación con los artículos 608 y 611.5 del Código Penal español.