Con 14 años menos, Rita Barberá es una alcaldesa sin canas, chaqueta oscura de rayas y blusa blanca. Una alcaldesa de indiscutible mayoría absoluta que fuma compulsivamente desde la presidencia del hemiciclo. Es el 25 de enero de 2001 y, entre cigarro y cigarro, escucha con calmoso desdén a los vecinos que se oponen a su proyecto urbanístico estrella: el derribo de 1.651 viviendas en el histórico barrio del Cabanyal para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. Muchos de los afectados han pasado la noche a las puertas del Ayuntamiento golpeando sartenes y soplando silbatos. Josefa Nicolau interviene desde la tribuna: “Nuestras casas no las tiraron las bombas de la guerra, ustedes tampoco las tirarán”. Barberá retuerce la colilla en el cenicero y manda votar. “Por 20 votos a favor y 12 en contra se aprueba el dictamen”. Y desde los palcos, una decena de activistas de Salvem el Cabanyal, plataforma opuesta a los derribos, manchan sus caras con pintura roja y quedan en silencio, de pie y con los brazos en alto, hasta que son desalojados poco después.

Este jueves, a partir de las 10.00, se repetirá la escena, pero a la inversa. En el primer pleno de Joan Ribó, de Compromís, su primera gran decisión como alcalde está incluida en el puesto número 21 del orden del día: la derogación del Plan del Cabanyal. El reloj crujirá entonces hacia atrás en un ejercicio de vértigo hasta poner el cronómetro a cero. No estará Josefa Nicolau, que murió en 2010 en su casa de la calle de San Pedro, repleta de solares y viviendas tapiadas. Tampoco Rita Barberá, que tras perder la alcaldía el pasado 24 de mayo, renunció a su acta de concejal y puso pies en polvorosa en dirección al Senado.

Sí que acudirán algunos de los vecinos que aquel día se pintaron de rojo para simbolizar la herida que se abría para doler mucho durante demasiado tiempo. Por ejemplo, Maribel Domènech, actual portavoz de Salvem el Cabanyal, quien reconoce que por primera vez en lustros duerme a pierna suelta. “Antes me despertaba tres y cuatro veces por la tensión inconsciente de vivir permanentemente bajo amenaza”. Una amenaza de 17 años, ya que aquel 25 de enero se aprobó definitivamente el plan, pero desde 1997 la propuesta demoledora había pasado de los periódicos a las comisiones de urbanismo, y de ahí a los anteproyectos donde se decretaba suspensión de licencias como preludio a las excavadoras.

“Fue un época muy dura, muy bestia”, recuerda Ana Civera, presente en el histórico pleno y aporreada por la Policía el 8 de abril de 2010, fecha de los últimos derribos pese a estar en vigor una orden ministerial que los impedía al considerarlos un expolio del patrimonio español. “Fue una atrocidad y una barbarie de principio a fin”, rememora Adelina Serna, actual abogada de Salvem, para quien han sido “17 años de Edad Media en pleno siglo XXI”.

Una comparación que va más allá de la retórica, ya que Barberá ha llegado a comportarse como el caudillo de un ejército al asedio de una plaza apetecida. En el Cabanyal se han negado reformas, traspasos, cédulas de habitabilidad y la limpieza básica en la calles condenadas. Y se ha permitido la venta de droga e incentivado la conformación de bolsas de pobreza. El Ayuntamiento de Barberá compró 500 viviendas cuatro veces por debajo del precio de mercado, las destrozó por dentro para hacerlas inhabitables, las tapió, las abandonó. Marrón y ocre han sido los colores con los que se pintaban las propiedades municipales. Estética militar, zona de guerra. Una de las primeras medidas que han exigido los vecinos es la eliminación de los colores del estigma. El Ayuntamiento se ha comprometido a dejar los muros limpios para septiembre.

Compromiso millonario

No es el único compromiso. Joan Ribó ha expresado que la avenida de Blasco Ibáñez “acaba donde acaba”. Y ha destinado 10 millones del Plan Confianza (el que impulsó Francisco Camps para contrarrestar el Plan E de Zapatero), asignados a demoliciones y a regeneración de espacios urbanos. Otros 4,5 millones irán a parar a la red arterial de colectores y cerca de 6 más a pavimentación de calles. Además, se solicitará en octubre 120 millones a Europa para un programa de rehabilitación de espacios urbanos que se gestiona a través del Ministerio de Hacienda. Por su parte, la Concejalía de Medio Ambiente ya ha comprometido 234.000 euros hasta fin de año para refuerzos en la limpieza diaria.

Más difícil de delimitar y consensuar es el destino de las 500 viviendas de propiedad municipal. Desde la Concejalía de Urbanismo se ha anunciado una auditoría para analizar el estado de salud de las casas. Algunas de ellas están gravemente afectadas y otras están ocupadas por familias sin recursos. “Una de las líneas rojas de este Ayuntamiento es cero desalojos”, ha explicado reiteradamente Consol Castillo, concejala de Bienestar Social, de Compromís. Además, en el Cabanyal habita un centenar de familias gitanas rumanas que viven de la chatarra. Son materiales que guardan en las casas y que provocan protestas en una parte del vecindario. La Policía Local ya ha empezado a identificar y a clausurar algunos de estos almacenes.

La comunidad rumana, congregada a través del culto evangélico, lamenta que esta presión les deja sin recursos para alimentar a sus familias. Y aunque Policía y Servicios Sociales supuestamente trabajan codo con codo en una comisión de urgencia creada el 2 de julio pasado, la propia Castillo reconoce que los medios de Servicios Sociales hasta ahora “son ridículos” y Jordi Peris, segundo teniente de alcalde y concejal de Participación Ciudadana (València en Comú), admite que el Consistorio carece de recursos “para que mediadores interculturales trabajen en el barrio”. Esta descompensación entre la sanción y la alternativa ha puesto en guardia a algunos colectivos del barrio como Millorem, asociación en su mayoría de población gitana. Su portavoz, Tomás Correas, demanda “empleo, educación y atención social a colectivos que han sido deliberadamente marginados para provocar una fractura en el barrio y a los que el nuevo Ayuntamiento no puede seguir dándoles la espalda”.

“No es una etapa fácil”, subraya Adelina Serna. “Todo es sencillo cuando el objetivo es común. Ahora hay muchos objetivos y no podemos fallar a ninguno”, opina sobre la puesta en hora del viejo reloj parado 17 años y los riesgos de que las manillas empiecen a girar a demasiada velocidad.

La intervención es obra del fotógrafo Jorge López y está apadrinada por el reconocido artista JR, quien en 2011 obtuvo el premio TED, que comparte con figuras como Bono, vocalista de U2, y el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Este proyecto, bajo la marca de Inside Out Project, ha llenado decenas de lugares del planeta depauperados, como las favelas de Río o los suburbios de grandes urbes africanas, con los rostros de sus habitantes. El objetivo es visibilizar y dignificar población marginada.

En el caso del Cabanyal, la obra se ha localizado en el bloque Portuarios, en el camino de la prolongación, y habitado en su mayoría por población gitana de origen humilde dedicada a la chatarra, los rastros y los mercados. “Es un acto de vandalismo político”, lamentaba José Luis Jiménez, pastor evangélico que veía como su rostro era rasgado de la pared como si fuera la hoja de una libreta. “Era algo bonito a la vista, es imposible pensar que pudiera ser ofensivo para nadie”, le seguía Tomás Correas, vecino del bloque y portavoz de la asociación Millorem el Cabanyal, quien manifestaba que si la cuestión es de limpieza, “podrían empezar con los solares que rodean al edificio, que sí son municipales y están llenos de escombros y jeringuillas”.

Por su parte, Jorge López presenciaba hundido como los operarios eliminaban los retratos con agua a presión. “32 horas ha durado esto”, pronunciaba apenas con un hilo de voz. López lleva más de dos años trabajando sobre el terreno y documentando la rutina de las familias del bloque. “Los niños están indignados, dicen que la alcaldesa no nos quiere y que nos va a tirar las casas”, se quejaba Herminia, participante en la muestra con sus cuatro hijos. De las cinco fotos, dos las recuperaban más tarde, hechas girones, de un contenedor cercano.

“No conozco el tema, no puedo opinar”, declaró Barberá a los medios tras finalizar su acto en el paseo. “Pero sí les diré que llevaré a cabo mi proyecto de prolongación en El Cabanyal”, prosiguió. Por su parte, Maribel Doménech, portavoz de Salvem el Cabanyal, plataforma que se opone a los derribos, calificó el acto de “pura censura y atentado contra el arte”. Doménech es además catedrática de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. “El Ayuntamiento deberá pagar por haber deshecho una obra creativa y pedir perdón a los vecinos que viven justo enfrente y que estaban allí representados y han sido humillados”, explicó. No es la primera vez que las brigadas de limpieza atentan contra manifestaciones culturales en el barrio. Muchos grafitis han sido borrados al poco de efectuarse, así como también intervenciones reivindicativas de Salvem en los solares que han dejado las casas demolidas. “La alcaldesa sabe que el arte ha sido un herramienta que hemos utilizado para denunciar sus proyectos destructores y ha establecido un toque de queda al respecto”, criticó Doménech.

El documental, dirigido por Sergi Tarín, se centra en los convulsos meses entre enero y mayo de 2010. Los antecedentes se sitúan en diciembre de 2009, cuando el Ministerio de Cultura aprobó una orden que prohibía el plan municipal que permitía el derribo de edificios al considerarlo un expolio del patrimonio. La alcaldesa, Rita Barberá (PP), intentó sortear la orden gracias a un decreto ley de la Generalitat que pretendía dejar sin efectos la declaración de Bien de Interés Cultural, que protegía el barrio desde 1993. "El Cabanyal es un bien de interés cultural, pero Barberá considera este expolio su gran firma", explica Sergi Tarín.  

Tras ser aprobado el decreto ley, que permitía abrir el camino a las excavadoras, se sucedieron en la barriada del Cabanyal, entre los días 6 y 8 de abril, momentos de gran tensión debido al derribo de una decena de casas. "Estos días fueron el clímax, con momentos muy duros y tensos", recuerda Tarín, que señala que lo que hizo el Ayuntamiento fue "retorcer las instituciones y aprovechar su mayoría para aprobar esta ley".

Fueron también los días en los que se vivieron fuertes cargas policiales –las cuales se pueden ver en el documental– contra los ciudadanos que se oponían a los derribos. "Todo acabó en un cruce de denuncias entre la policía y los vecinos", explica Tarín. El documental incluye las imágenes del juicio de faltas de diciembre de 2012, en el que algunos vecinos fueron juzgados por desobediencia y lesiones a policías. "Los testimonios de los agentes durante la vista demuestran cómo se manipularon los atestados para criminalizar la tarea cívica de Salvem. Los agentes se desdecían de lo sucedido aquellos días", detalla Tarín, que sañaló además que los atestados policiales eran una "chapuza". "Sin embargo, es difícil demostrar la mano del PP en la causa. Pero viendo la secuencia de los hechos, es bastante verosímil que hubiera un intento de criminalizar la lucha de Salvem El Cabanyal", apostilla.

La maniobra política del PP fue paralizada poco después por el Tribunal Constitucional y, con el paso del tiempo, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han dado la razón a los vecinos argumentando quela competencia para evitar expolios patrimoniales reside en el Estado y la orden ministerial está plenamente vigente.

"Llegados a este punto, el Ayuntamiento debería suspender las obras hasta modificar el plan para que sea más respetuoso". Sin embargo, añade Tarín, "lo han cambiado de una manera tramposa". "Mantienen la avenida y continúa habiendo derribos de edificios que están protegios por ser bienes de interés cultural", lamenta. "Lo único que puede hacer el Ayuntamiento es apelar a su imprudencia política, intentar que el Ministerio de Cultura derogue la orden ministerial y redacte una nueva que diga que su nuevo plan no supone un expolio, algo que sería verdaderamente escandalaso". 

Con el documental, Tarín pretende homenajear a los vecinos que "resisten con la amenaza del derribo de sus casas". "Muchos de ellos son gente mayor –subraya– que ha vivido durante 17 años con el aliento de las excavadoras en el pescuezo y con mentiras en los periódicos diciendo que la avenida iba hacia delante".

El realizador quiere además dar a conocer la "lucha" de Salvem El Cabanyal, la asociación que, según Tarín, ha conseguido "para los pies" a la alcaldesa que, a su juicio, "ha destrozado partes emblemáticas de la ciudad como la huerta del Campanar". "Lo que quiero es poner de sobreaviso a la ciudad de que el plan de la alcaldesa sigue vivo y continúa siendo tan amenazante y expoliador como su proyecto inicial", sentencia Tarín.

Entre las dos imágenes hay 13 años de distancia. El lugar es el mismo: el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. El debate, también: la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de la demolición de centenares de viviendas de alto valor histórico en el barrio marinero del Cabanyal. El 25 de enero de 2001, Josefa Nicolau, de 85 años, se encaró desde el palco a la alcaldesa Rita Barberá: “Nuestras casas no las tiraron ni las bombas ni la riada. Ustedes tampoco. No podrán, ya que delante de las casas estaremos las personas”. Josefa murió en el 2010 en su vivienda de la calle San Pedro, la más antigua del Cabanyal. Este viernes, Mar, su nieta, de 17 años, recogió el testigo. “El relevo está preparado y eso quiere decir que estamos preparados para volver a empezar. Más preparados y más fuertes”, le arengó a una alcaldesa de gesto imperturbable.

Minutos después, la docena de miembros de Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a los derribos y apuesta por la rehabilitación integral del barrio, pintaron sus caras de rojo. Igual que hace 13 años. Idéntica escena e idéntico resultado, ya que, mecánicamente, los concejales del Partido Popular levantaron sus manos de mayoría absoluta y aprobaron someter a exposición pública la modificación del Plan del Cabanyal.

Imperativo legal

Se trata de una transformación escasa, a regañadientes y por imperativo legal. En diciembre de 2009, el Ministerio de Cultura emitió una orden que declaró expolio los planes de Barberá. Y la instó a corregirlos. Desde ese momento, la alcaldesa buscó todo tipo de brechas para evitar tocar una coma. La munición jurídica fue de alto calibre: una ley autonómica para despojar al Cabanyal de su condición de BIC (Bien de Interés Cultural) que acabó en el Tribunal Constitucional; una querella por prevaricación contra la entonces ministra del ramo, Ángeles González-Sinde, que fue archivada; un recurso contra la orden en la Audiencia Nacional, que sentenció a favor del Ministerio. Y, finalmente, otro recurso al Tribunal Supremo, que este 7 de julio refrendó a la Audiencia Nacional y agotó la pólvora judicial de Barberá.

Pero no la política. En los últimos meses, la alcaldesa ha estirado hasta el límite sus influencias en Madrid. A mitad de junio amenazó a Mariano Rajoy con dimitir si no obtenía de Cultura un pacto para adaptar la orden. Y el 20 de junio, Barberá convocó a los medios de urgencia para presentar su acuerdo: un correo electrónico del ministerio, sin firma ni informe técnico en el que instaba al consistorio a enviar sus modificaciones como medida previa a un posterior estudio. "Humo y más humo". Así calificaron todos los partidos de la oposición la oferta difundida por el Ayuntamiento.

Mismos vicios

De hecho, el nuevo proyecto de la alcaldesa es un ejercicio de mínimos retoques. Si antes demolía 674 edificios, ahora son 637. Si el ancho de la avenida era originariamente de 107 metros, ahora lo sería de 84. Y las nuevas edificaciones pasarían de cinco a tres alturas por el tramo BIC. Pero en lo sustancial, se mantienen los mismos vicios que llevaron a Cultura a declarar el plan un expolio: abrir un boquete sobre la trama de las antiguas barracas y demoler edificios protegidos, de gran valor artístico por su tipología modernista, para substituirlos por fincas de ladrillo visto. De hecho, las críticas al nuevo proyecto, que se expondrá al público en agosto y septiembre, han sido unánimes entre los expertos.

Europa Nostra, presidida por el tenor Plácido Domingo, emitió este miércoles un dictamen en el que mostraba “satisfacción” por la sentencia del Supremo. El texto expone crudamente el resultado de 16 años de presión urbanística: “Muchos edificios se han deteriorado; mientras que algunas casas han sido abandonadas, otras han sido ocupadas ilegalmente por grupos marginales; también ha aumentado la sensación de inseguridad, desconfianza y especulación inmobiliaria”. La reflexión concluye: “Es necesario respetar la ley, los intereses legítimos de las personas y el valor del patrimonio cultural como parte integrante del modelo humanista de la sociedad que se halla en el corazón de la construcción europea”.

Se trata de un argumento muy similar al expresado, el 21 de julio, por la World Monument Fund (WMF), institución norteamericana que el 2012 incluyó al Cabanyal en su listado de patrimonio mundial en riesgo. Sus responsables lamentan la obcecación de Barberá. “Analizados los planes municipales, se puede concluir de manera objetiva que la propuesta municipal que se presenta es muy similar a la que en su día provocó la Orden Ministerial por expolio”, observan.

Ambas misivas van más allá de la denuncia y la retórica, ya que, soterradamente, dan fuerza a los técnicos dentro del avispero del presiones en los que se ha convertido el ministerio. Un pulso de larga tramitación, ya que, tras la exposición pública, se deben atender las alegaciones ciudadanas y someterlas a un informe positivo de la consejería de Cultura. Solo así se remitiría al ministerio, quien consultaría con instituciones de elevado prestigio artístico antes de redactar una nueva orden. En el caso anterior, este último trámite se alargó alrededor de ocho meses.

“Barberá quiere llegar viva a las elecciones y con un proyecto que pueda vender a sus votantes”, opina Vicent Gallart, arquitecto y vicepresidente de la asociación de vecinos del Cabanyal-Canyamelar. Según Gallart, que este viernes calificó durante el pleno de “cúter en el corazón del barrio” el nuevo plan de la alcaldesa, “los vecinos llegamos a esta recta final con más argumentos, más apoyos y un relevo generacional para la resistencia del que carece del Partido Popular”. Una idea que personificó Mar Villora, quien recordó a la alcaldesa las palabras que hace 13 años pronunció su abuela: “Tenemos un compromiso tan fuerte con nuestra historia, que nadie será capaz de romperlo”.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso que la Generalitat valenciana interpuso contra la orden dictada por el Ministerio de Cultura que en 2009 paralizó el Plan Especial de Reforma Interior (Pepri) del barrio del Cabanyal de Valencia al considerar que existía expolio. El Alto Tribunal considera que "los casos de expoliación del patrimonio cultural son competencia del Estado".

Según consta en la resolución, la Sala Tercera del Supremo ha rechazado las alegaciones del Gobierno valenciano contra la suspensión del plan urbanístico mientras se llevara a cabo la adaptación del mismo para garantizar la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron su calificación como conjunto histórico.

En su recurso, el Consell alegaba "que la actuación del Estado en esta materia era excepcional y subsidiaria, solo legitimada cuando la comunidad autónoma no actuara en defensa del bien protegido". Frente a este argumento, el TS señala que "los casos de expoliación del patrimonio cultural, artístico y monumental son una competencia exclusiva atribuida por la Constitución al Estado".

Tras un par de días de escepticismo de los grupos políticos de la oposición respecto al anuncio del acuerdo entre el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el consistorio, este martes, el ayuntamiento insistió en la existencia de un escrito que sella el pacto. La opinión del PP es unánime: Barberá ha hecho de El Cabanyal uno de los ejes de su carrera política y mucho de lo que ocurra en los próximos meses –Génova tiene que decidir las candidaturas a la vuelta del verano– tendrá una ramificación en lo que ha ocurrido en este tradicional barrio de pescadores. Es, coinciden las fuentes consultadas, su principal herramienta para garantizarse un futuro político. Su forma de vender que ella no sólo manda en Valencia, sino también en Madrid.

Antecendentes inmediatos

Uno de los primeros pasos que conducen a este anuncio se produjo en octubre de 2013, cuando el Gobierno de Rajoy anunció la retirada anunció la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional que interpuso el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y que impedía ejecutar el plan de El Cabanyal. "Empieza a deshacerse el nudo", mantenía la alcaldesa por estas fechas. Deshacerse el nudo implicaba el desbloqueo de un plan que afectaba a 1.600 viviendas.

Los antecedentes se remontan a diciembre de 2009, cuando una orden del Ministerio de Cultura –del PSOE– PSOEdeclaró ilegales los derribos al considerar que se trataba de un expolio del patrimonio. La zona fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993. Pero los conservadores, gracias a su mayoría absoluta en Les Corts, dieron luz verde a una ley en 2010 que acabó de un plumazo con la calificación de BIC. Esto condujo a que ese mismo mes, se derribaran una decena de casas. Pocos días después, el TC paralizó cautelarmente las obras. Lo hizo a instancias del Ejecutivo.

El futuro de Barberá

Rita Barberá es uno de los puntales del PP valenciano. Alcaldesa de la ciudad desde 1991, durante años, hasta su marcha tras el escándalo de los trajes, formó tándem electoral con Francisco Camps. Con ellos, la formación conservadora se convirtió de uno de los principales feudos del ahora partido de Gobierno. Mayoría absoluta tras mayoría absoluta.

A pocos meses de que Rajoy elabore las listas, y siempre que se confirme el guión que apunta a que el Gobierno ha cedido a sus pretensiones, Barberá saldría reforzada puertas adentro del PP, sobre todo del valenciano. "Rita es mejor valorada fuera de la Comunidad Valenciana que en la Comunidad Valenciana", valora un diputado.

¿Implica esto que la alcaldesa vaya a repetir en las listas? Sus compañeros de partido se muestran convencidos de que Rajoy la escuchará y será candidata si ella quiere. Y que ella tomará la decisión definitiva en base a encuestas electorales. Lo que sí se ha garantizado es tener esa puerta abierta. Y es que hay en el PP quien se muestra convencido de que Barberá, en todo este proceso, ha llegado a amagar con no volver a repetir al frente de una candidatura si el Gobierno no engrasaba su proyecto.

Es la foto de la resistencia y la dignidad. Caraval empuja la silla de ruedas de su mujer, Conchín, enferma de Alzheimer. Ellos fueron de los primeros en colgar la pancarta de Rehabilitación sin destrucción de sus ventanas en el grueso edificio de la plaza Martí Grajales, junto al mercado del Cabanyal. Era 1998 y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acababa de diseñar su pirámide: la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta al mar sobre las ruinas de cerca de 1.651 viviendas. Y la apertura de un bulevar de norte a sur que borraba del callejero decenas de inmuebles, entre ellos la colmena de Martí Grajales. Muchos de sus propietarios, vendedores del mercado, enarbolaron las pancartas hasta que Barberá indultó el edificio para ganarse el favor de los comerciantes. En la mole sólo quedó al aire la solitaria misiva de Caraval y Conchín. Y como la conciencia suele ser un espejo deformador y amenazante, muchos vecinos les retiraron el saludo y la palabra.

La de los dos ancianos es uno más de los incontables relatos de un barrio en pie contra la barbarie. Pequeños gestos que suman una lección de ética y decencia. Historias de héroes minúsculos. Como Emilio, a quien la alcaldesa le envió en 2007 una carta de expropiación forzosa de su casa de la calle San Pedro. La angustia y la tensión le costó el matrimonio. O Vicent, a quien le expropiaron hace décadas su alquería de la huerta de Vera para ampliar la Universidad Politénica. Y a los pocos años de mudarse al Cabanyal, la alcaldesa planeó demoler su casa después de indemnizarle cuatro veces por debajo del precio de mercado. Ayer, al paso de la marcha, Vicent saludaba desde el balcón junto a un puñado de cañas secas, último recuerdo de la alquería de su infancia.

Plan consensuado

Por un nuevo plan en El Cabanyal con participación ciudadana. Este fue el lema de la manifestación convocada por la plataforma Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos, que reunió a miles de ciudadanos contra el proyecto urbanístico de Barberá de derruir este antiguo poblado marinero, declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Un plan contestado en la calle y en los tribunales, y que ha situado a la alcaldesa en una evidente posición de insumisión política. En 2009 el Supremo requirió al Ministerio de Cultura que elaborara un informe sobre los efectos que provocaría en el barrio la ampliación de la avenida. La orden ministerial de 29 de diciembre de 2009 fue categórica: prolongar Blasco Ibáñez supondría un expolio del patrimonio español.

Pero Barberá, apoyada por la mayoría del PP en Les Corts, promovió una ley favorable a los derribos y liquidó un decena de inmuebles entre el 6 y el 8 de abril de 2010. El litigio finalizó con una paralización cautelar por el Tribunal Constitucional. Recientemente, el Consejo de Ministros ha pedido al PP valenciano que acate la orden y preserve un conjunto histórico único de calles trazadas a escuadra sobre el solar de las antiguas barracas y con fachadas decoradas siguiendo los patrones del modernismo popular de principios del siglo XX. “Iré a la cárcel por El Cabanyal”, ha llegado a decir en alguna ocasión Barberá, quien esta semana destacó que el ayuntamiento ha adquirido casi un tercio de las 1.651 viviendas afectadas.

Muchas de estas casas de propiedad municipal están tapiadas y otras tantas utilizadas como despachos de venta de droga o ocupadas por familias sin recursos con años en listas de espera en los servicios sociales. Algo que, según Faustino Villora, líder histórico de Salvem, “es una estrategia del PP para, al mismo tiempo, promover y criminalizar la pobreza, y degradar el barrio, las personas y la convivencia en favor de las excavadoras”. Villora cerró la marcha con un aviso en forma de comunicado para los representantes de los partidos de la oposición que acudieron a la marcha. “El plan de rehabilitación que vendrá no se redactará en los despachos. Saldrá de los vecinos y vecinas del Cabanyal sin exclusiones”, advirtió.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reconoció ayer la vigencia de la Orden del Ministerio de Cultura de diciembre de 2009 que suspende los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal al considerarlos un expolio del patrimonio español. “Tendremos que adaptar nuestro plan a esa orden”, reconoció. Un plan que consiste en la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa de la demolición de 1.600 viviendas de alto valor histórico y la ruptura en dos del antiguo barrio de pescadores de Valencia.

La rectificación llega después de tres años y medio de insumisión y acoso a la orden. En marzo de 2010, el Partido Popular (PP), con mayoría en Les Corts, aprobó una ley autonómica que validaba los derribos y planteaba un conflicto de competencias con la norma estatal. El clímax se alcanzó durante el 6 y 8 de abril cuando las excavadoras echaron abajo una decena de viviendas y la Policía cargó con dureza contra los vecinos que las defendían. Finalmente, el Gobierno de Zapatero presentó un recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite el 14 de abril y, a continuación, suspendió cautelarmente las demoliciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comunicó este jueves que el Consejo de Ministros había acordado retirar el recurso de inconstitucionalidad tras el compromiso de la Generalitat a derogar, en tres meses, la ley que lo motivó. “La sentencia del Consitucional debía estar preparada y con un contenido muy negativo para el Ayuntamiento. Han preferido evitar el ridículo”, explicó Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia.

Barberá, sin munición

De hecho, Barberá se había quedado sin munición, ya que en el transcurso de los tres años y medio, la primera edil, en su afán por tumbar la orden, recibió informes en contra del Defensor del Pueblo y la Abogacía del Estado. Y en julio de 2012, la Audiencia Nacional falló en contra del ayuntamiento y avaló la orden ministerial. Barberá también maniobró en contra de la entonces titular de Cultura, Ángeles González Sinde. En mayo de 2011 presentó una querella por “prevaricación y usurpación de funciones”. La denuncia fue desestimada cuatro meses después por el Tribunal Supremo.

“La orden ha salido reforzada. Barberá ha perdido”, apuntó Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal, plataforma vecinal que se opone a los derribos y apuesta por una rehabilitación integral de la zona. Pese a ello, la noticia fue recibida entre el vecindario con más incertidumbre que alegría. Tras la aprobación del plan por parte del ayuntamiento en 1998, el barrio ha sufrido un duro boicot administrativo que ha dejado un vastísimo paisaje de abandono y desolación. “La orden suspende los derribos, pero también obliga al ayuntamiento a adaptar su proyecto a la protección y rehabilitación del barrio. ¿Cederá también en esto Barberá?”, cuestionó Doménech.