La tensión en la planta donde trabajaba tras la muerte de Verónica es máxima: si hasta hace dos semanas la comidilla era saber quién era la chica que aparecía en ese vídeo que uno a uno se habían ido pasando por el móvil, esta semana allí se ha vivido una caza de brujas por señalar culpables. El primero su ex pareja, al que de momento la policía, tras prestar declaración de forma voluntaria, ha dejado en libertad sin cargos.

Su coche, el de un familiar y el de otros compañeros de trabajo han aparecido con pintadas en las que se podía leer “asesino”. Les han señalado, sin pruebas, como culpables, supongo que por aquello de quitarse los demás la culpa de haber sido cómplices. Nadie ha salido a confesar que efectivamente le dio a reenviar, abrió el vídeo y luego, experimentó el morbo de acercarse hasta el puesto de trabajo de Verónica para verla en directo. Nadie ha confesado que durante la hora de descanso las conversaciones giraban entorno a eso, susurraban cuando pasaba o callaban cuando aparecía. Porque todo eso es lo que pasó y todo eso es lo que llevó a Verónica a denunciar ante la dirección que la situación para ella era insoportable. El 80% de la plantilla vió el vídeo, unas 2.000 personas, de las 2.500 que trabajan en esa planta.

Su ex pareja, aquella con la que estaba hace cinco años, se ha sentido igual de perseguido, señalado y amenazado que Verónica esta semana. Y ha decidido acudir de forma voluntaria para declarar que él no fue quien difundió el vídeo, que no la coaccionó ni la amenazó. La investigación determinará si su declaración es verídica, si hay indicios contra él o no. De momento la policía ha entendido que no. Ha revisado su teléfono y le ha dejado en libertad.

Pero es que hay más. Hay una barbaridad más para sumar a toda esta cadena de despropósitos. Ya pasó con el vídeo que La Manada grabó durante su agresión en Sanfermines y se ha repetido en este caso. El vídeo de Verónica se ha convertido en uno de los más buscados en las páginas pornográficas. Las imágenes que Verónica se grabó en su intimidad y que, al parecer, alguien difundió sin su consentimiento, se han convertido en el vídeo más buscado entre quienes quieren seguir alimentando el morbo.

Estos días se ha hablado mucho de esos vídeos que se reciben en el teléfono y que sí o sí, algunos parece que tienen la necesidad de darle a reenviar. Son decenas los chats en los que de forma muy recurrente, se reenvían imágenes de alto contenido sexual. Se ha escrito y opinado mucho sobre esto durante la semana. Sólo quiero decir una cosa: háganselo mirar y sobre todo, no generalicen. Porque hay hombres que efectivamente reciben esos vídeos y ni siquiera los abren. Y mucho menos los reenvían. Hay hombres a los que no les excita ver a una mujer en su intimidad. Una mujer a la que no conocen de nada o sí. Da igual. Se trata de aprender a vivir la sexualidad de otra forma. De aprender a no ser jauría, a amar sin necesidad de dominar, a respetar el cuerpo y la intimidad de la otra persona, sea quien sea.

Verónica tuvo todo el derecho del mundo a disfrutarla a su manera, grabándose vídeos, enviándoselos a quien ella creyó oportuno, confiando en que esa persona no la traicionaría. Verónica fue juzgada por cientos de ojos que reprobaban lo que veían porque la libertad de una mujer para amar y amarse como quiera parece sólo restringida a ellos.

Vamos a seguir, me temo, en esta espiral de sumar despropósitos. Porque el caso sigue sin cerrarse, porque se sigue investigando y porque hay muchos interrogantes en esta historia que no todos quieren responder. Y porque muchos, ni siquiera así, con el suicidio de Verónica, han aprendido que visionando esos vídeos la han sentenciado poco a poco, con cada clic.

Porque cambia el mercado y hacen falta más trabajadores para satisfacer el aumento de la demanda. Citroën e Iveco dieron marcha atrás en sus respectivos expedientes de regulación temporal de empleo tras crecer la carga de trabajo. El del automóvil es un sector expuesto a fuertes subidas y bajadas de demanda, a las que las empresas intentan ajustar su producción con reducciones de jornada o suspensiones de contrato.

En otros casos, la negociación con los sindicatos consigue sustituir los despidos por medidas alternativas, la llamada “flexibilidad interna” y otras de reducción de costes. Ocurrió en el Banco Sabadell, que accedió a suspender las aportaciones al fondo de pensiones de la plantilla durante dos años, abrir un plan de excedencias voluntarias y reducir en tres días las vacaciones anuales, en lugar de suspender los contratos durante seis meses a 1.420 trabajadores. Es decir, pretendían mandarlos al paro la mitad del año. Según aseguró entonces UGT, la medida era “innecesaria, injustificada y discriminatoria”.

Otro tanto ocurrió con Ombuds, una de las empresas que presta el servicio de seguridad en el Metro de Madrid. Quería despedir a 151 trabajadores tras reducir Metro el número de horas de servicio en el pliego de contratación con la empresa. La plantilla convocó paros en Nochevieja y Año Nuevo, que no llegó a ejecutar tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos: bastó cambiar los despidos por traslados voluntarios y bajas incentivadas.

El ultimátum de Sniace

En la química Sniace la negociación está siendo mucho más complicada. La empresa cántabra anuló el pasado julio el despido de 364 trabajadores y lo sustituyó por una suspensión temporal de contratos durante dos meses para toda la plantilla, 581 empleados. Sin embargo, un mes después, la empresa presentó otro ERE, esta vez para despedir a todos los trabajadores, a modo de ultimátum a la Administración. Incluso lo calificó de “preventivo”: anunció unas pérdidas de 41,1 millones en el primer semestre y prometió ejecutar los despidos si los gobiernos central y autonómico no atendían a una serie de “compromisos” antes de que terminara septiembre: la reducción del céntimo verde –impuesto sobre la producción de gas natural–, la modificación de los parámetros de inmisión de disulfuro de carbono, la inclusión de las turbinas de gas en el régimen económico especial a precio de tarifa y la adecuación del canon de saneamiento.

Finalmente, despidió a 533 personas y entró en concurso de acreedores en octubre. Desde entonces la plantilla no ha dejado de movilizarse, en busca de un plan que salve la fábrica de Torrelavega. Mientras, la empresa ha utilizado uno de los recursos que le ofrece la reforma laboral para pedir a la Audiencia Nacional que ratifique que el ERE se hizo conforme a la ley. Esa demanda ha paralizado, a su vez, las individuales que han presentado los trabajadores despedidos.

“Las empresas comienzan con planteamientos de máximos porque, tras la reforma laboral, tienen que justificar muy poco”, asegura Julián Iglesias, de la Secretaría de Empleo de CCOO. De hecho, cree que, tal y como está diseñado ahora el procedimiento para el despido colectivo –sin necesidad de autorización administrativa– se ha “vaciado de contenido la negociación”, toda vez que el empresario despedirá tanto si llega a un acuerdo con el comité como si no.

Aun así, José Antonio Gracia, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT, apunta que negociar proporciona “estabilidad” a la empresa, le evita una muy indeseable conflictividad permanente. Porque en su sector, el de servicios como las concesiones de limpieza o seguridad privada, los sindicatos juegan con la “ventaja” de la presión que ejercen sobre las empresas sus clientes. Es lo que ocurrió con la limpieza viaria y el Ayuntamiento de Madrid. Además, en ese caso contaban con “capacidad sindical para plantear alternativas en la mesa” y capacidad para movilizar a las plantillas. Algo que no ocurre en las pequeñas y medianas empresas, que suman el 90% de las españolas.

El miedo en el cuerpo

En cualquier caso, Gracia recalca que muchas empresas utilizan la “amenaza” del ERE como estrategia. No sólo para conseguir rebajas en las condiciones laborales y salariales de las plantillas, sino incluso para presionar en la negociación de los convenios colectivos. Así ocurrió en el sector de la seguridad privada, precisa.

“Lanzan el órdago de los despidos, te meten el miedo en el cuerpo y piden cosas que sólo son posibles ahora con la reforma laboral”, explica el dirigente de UGT. “Somos conscientes de las dificultades que tiene el sector, con la morosidad de las administraciones públicas y la competencia desleal”, añade, “pero no podemos permitir que las empresas repercutan el impacto sólo sobre las espaldas de los trabajadores”. No se puede bajar el salario de trabajadores que cobran menos de 1.000 euros, recalca.

Para Julián Iglesias, buena parte de la decisión de despedir se debe a la “visión cortoplacista” de los empresarios, que gracias a la reforma laboral se encuentran, además, con “un campo perfectamente abonado” para "descargarse de mano de obra estable". “Si en la negociación se pueden cambiar despidos por otras medidas, es que el planteamiento de la empresa era un farol, no se correspondía con la realidad”, desvela José Antonio Gracia.

La huelga como arma

En la mayoría de los ERE retirados por las empresas, ha mediado una huelga o al menos su convocatoria. Fue el caso de la FNAC el pasado mes de marzo o de la celulosa Ence, que anunció 144 despidos pese a acreditar unos beneficios de 43 millones de euros. Seis días de huelga dieron al traste también con el ERE que las concesionarias del alumbrado público de Madrid presentaron para 720 trabajadores. Como ocurrió con la limpieza viaria, la medida siguió a la rebaja de 40 millones de euros en el contrato municipal del servicio. En Caja 3 –resultado de la fusión de Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz– fueron los paros parciales convocados por los sindicatos los que consiguieron revocar el ERE para 592 trabajadores.

Huelga indefinida convocaron igualmente los trabajadores de la farmacéutica vasca Vascofar y huelga convocaron los de Abante, una empresa de telemarketing de A Coruña. Los despidos fueron retirados.

No obstante, ambos sindicatos se muestran muy cautelosos sobre el uso de esa “herramienta”, la “última” a la que recurren. “Tiene mucho desgaste para todos”, argumenta José Antonio Gracia, “para los trabajadores, porque pierden salarios y perjudica las relaciones, y para la empresa, la conflictividad le hace daño”. Tampoco es un recurso que se pueda utilizar igual en las grandes que en las pequeñas empresas, apunta Julián Iglesias. A su juicio, son los jueces quienes se han convertido en el “último dique” frente a la pérdida de derechos laborales. Gracia no lo tiene tan claro, dado que la ley ha “fortalecido” la capacidad de decisión del empresario y “ata de manos” a la justicia.

Para comprobar el éxito del pulso que mantienen los trabajadores de la factoría de Panrico en Barcelona, después de tres meses de huelga contra un ERE con 154 despidos, habrá que esperar aún. También el de los 207 empleados de los servicios de lavandería de los hospitales públicos de Madrid, que llevan desde el pasado 6 de diciembre en huelga contra la rebaja del 40% que la nueva concesionaria quiere aplicarles a sus sueldos. Protestan porque se los quieren dejar en 640 euros brutos al mes.