España ha dado esta semana el primer paso real para la eliminación de las visas oro, los permisos de residencia que desde 2013 se conceden a extranjeros a cambio de una inversión inmobiliaria. Y lo ha hecho siete meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase el fin de las visas: la comisión de Justicia del Congreso aprobó el pasado lunes el informe sobre el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia de la Justicia en el que el PSOE ha colado la medida en una enmienda. La supresión de las visas había conseguido en la ponencia previa el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que no pidieron ningún cambio sobre el texto socialista. Finalmente, el informe sobre el conjunto del proyecto de ley –se pactaron 106 enmiendas transaccionales– sólo encontró el rechazo de Vox y el PP.

La eliminación de las visas oro tendrá que ser aprobada ahora por el pleno del Congreso, así que es posible que la abolición no entre en vigor hasta enero. Mientras, aprovechando la demora legislativa, se siguen concendiendo permisos a toda prisa. Hasta el punto de que a final de año podrían rozar las 4.788, de acuerdo con la estimación realizada por infoLibre, un 63% más de los concedidas en 2023. Los despachos de abogados consultados cifran en al menos un 25% el aumento de las visas tramitadas sólo desde abril, cuando el Gobierno hizo su anuncio.

Según los números del Ministerio de Vivienda, el 94% de las visas oro concedidas desde 2013, cuando se crearon, hasta diciembre de 2023 fueron a cambio de invertir en un inmueble: 14.576. Y de ellas, el mayor número las consiguieron ciudadanos chinos, el 22,8%. Es decir, 3.325 ricos asiáticos tienen permiso de residencia en España –y pueden viajar sin visado a los países del espacio Schengen– tras comprar un inmueble valorado en un mínimo de 500.000 euros.

Hay otras modalidades de visas oro: si la inversión es en deuda pública, ésta debe superar los dos millones de euros; si es en acciones, fondos o depósitos, el millón de euros. También puede obtenerse el permiso de residencia si se presenta un proyecto empresarial. Pero estas opciones han sido absolutamente marginales en la década de vida de estos incentivos a la inversión: Un 3% –371– se otorgaron a cambio de depósitos bancarios, pero sólo un 1% –114– por proyectos empresariales, otro 1% –167– a cambio de comprar acciones y un 1% más –214– a cambio de invertir en fondos. Sólo ocho visas se han concedido por adquirir deuda pública.

En la foto finish de las visas españolas, los chinos superan por poco a los rusos –3.175–, pero triplican a los británicos –1.098–, la medalla de bronce del podio. La mayoría de las propiedades adquiridas por estos extranjeros de oro se sitúan en Barcelona, un tercio, casi el doble que en Madrid –un 19%–. Aunque a nadie le sorprenderá que la zona favorita de inversión sea la costa, desde Cataluña hasta Málaga, pasando por la Comunidad Valenciana y Baleares.

A las visas oro les ha rodeado la polémica casi desde que nacieron. Y no sólo en España. De hecho, desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Así que Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

En cualquier caso, la mala fama de estos permisos de residencia selectivos va más más allá de los riesgos a la seguridad. Y de la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda las compras de los millonarios extranjeros. Aunque tampoco es desdeñable. En Marbella las adquisiciones de inmuebles a cambio de visas oro supusieron el 7,1% en 2023, y el 5,3% en Barcelona, según las cuentas hechas por el Gobierno, que justifica así la necesidad de abolirlas en la “importante concentración geográfica, a nivel de municipio o distrito” de estas operaciones. “Localmente”, asegura el Ejecutivo sobre las visas, “están ejerciendo una presión anormal sobre la demanda y, por tanto, sobre el precio”.

Pero hay un factor adicional. Una investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia y del periódico portugués Expresso, socios de infoLibre en el consorcio internacional de medios OCCRP, revela que, en Portugal, Chipre y Malta, las visas oro se han visto envueltas en casos de corrupción, tráfico de influencias y clamorosas puertas giratorias, algunos de los cuales tienen como nexo común el grupo chino Delsk.

En Chipre, el exministro de Transportes Marios Demetriades es acusado de corrupción, soborno y blanqueo de capitales en una trama de pasaportes oro, un programa distinto al de las visas a cambio de inversiones que el Gobierno de la isla tuvo que cancelar en 2020 ante el cúmulo de irregularidades que lo rodeaban. Ese programa permitía obtener no la residencia, sino la ciudadanía chipriota. Demetriades y el dueño de Delsk, Jing Wang, están acusados de presentar facturas falsas a un banco de la isla para justificar una transacción de 3,6 millones de euros a JWP Pegasus, una sociedad chipriota propiedad del empresario chino. La fiscalía de Chipre sostiene que el exministro ayudó a acelerar la solicitud de ciudadanía de un ciudadano chino y a JWP le pagaron 2,5 millones para conseguirlo. Unos cargos que Delsk Cyprus negó a Times of Malta, el periódico que publicó parte de la investigación de la Fundación Daphne Caruana Galiza y OCCRP. Jing Wang tiene pasaporte chipriota e intentó, sin éxito, conseguir uno maltés.

En Malta, Delsk contrató como consultor al ex primer ministro del país Joseph Muscat, para que le asesorara sobre el programa nacional de visas oro en diciembre de 2020. Le pagaba un sueldo de 5.900 euros al mes. Según la investigación publicada por Times of Malta, los pagos de Delsk a Muscat fueron señalados como “sospechosos” por el proveedor de pagos maltés. Como se sabe, las empresas de servicios de pago, al igual que los bancos y otros agentes financieros, tienen la obligación de informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa de blanqueo de dinero. Y en el caso de Muscat, al ser una persona políticamente expuesta (PEP), el proveedor de pagos levantó una bandera roja: Muscat podía haber aprovechado sus relaciones con funcionarios del Gobierno para “influir” en los programas de ciudadanía y residencia de Malta. Además, destacó la naturaleza “vaga” del contrato que había firmado con Delsk. Muscat ha negado cualquier irregularidad, mientras que la empresa china asegura que recurrió al ex primer ministro “por su experiencia en Europa” y que su actividad en Delsk se centró en “elaborar análisis sobre la economía maltesa, el mercado inmobiliario y otras oportunidades de negocio”.

La investigación de la Fundación Daphne Caruana Galizia también revela que el agente local de Jing Wang en Malta gestionó casi la mitad de las solicitudes de visa cursadas por ciudadanos chinos en la isla entre 2016 y 2021. Además, destapó que al menos siete personas políticamente expuestas (PEP), un presunto delincuente y un individuo bajo sanciones internacionales figuraron entre quienes solicitaron una visa de oro maltesa en esos años. Un patrón que ya se desveló en 2023 en Grecia: 45 ciudadanos iraquíes intentaron conseguir una visa oro con documentos falsificados.

A modo de presentación en su página web, Delsk sitúa su nacimiento en 2008 en la ciudad alemana de Colonia. Pero su dueño es el empresario chino Jing Wang, sus oficinas centrales están en Pekín y presume de ser “una de las primeras empresas en introducir en China el negocio europeo de la inversión inmobiliaria”. Según la investigación de la Fundación Daphne Caruana, la propiedad real de Delsk se sitúa en las islas Caimán, adonde Jing Wang transfirió sus acciones en 2017. Tiene filiales en más de 30 países de todo el mundo. También cuenta con una en España.

Se llama Immocompletisimo Spain SLU y tiene su sede en Barcelona. Durante un tiempo funcionó bajo la marca Hooli Home, que aún mantiene activa Delsk en el resto del mundo. Pero en España el negocio no fue muy exitoso. Al menos a la luz de las cuentas que Immocompletisimo Spain ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado infoLibre. Creada en 2016, es propiedad al 100% de la filial portuguesa del grupo, Imocompletissimo Consultoria de Imóveis SA, y como administrador único figura el propio Jing Wang.

Delsk se define como “una plataforma global de servicios de inversión” que se ofrece a sus compatriotas no sólo para gestionar inversiones inmobiliarias e inversiones en fondos, sino también para proporcionar todo tipo de asesoramiento profesional a los que quieren emigrar invirtiendo más allá de sus fronteras. Un mercado sin duda muy tentador: China es el país del que más millonarios emigrarán este año, 15.200, según el último informe sobre migración de patrimonios privados que elabora la consultora británica Henley & Partners. Serán un 10% más que en 2023. El segundo país que más millonarios perderá este año es Reino Unido, sólo 9.500. El informe no menciona la riqueza que unos y otros se llevarán consigo, pero en 2017, el periódico especializado Investment Immigration Insider cifraba en 10.000 millones de dólares el mercado de los inversores chinos que querían salir del país con sus patrimonios. Para hacerse una idea de la altura que alcanza la ola de emigrantes ricos chinos en todo el mundo, basta con recordar que más del 70% de las 81.125 visas a inversores concedidas por EEUU entre 2010 y 2019 las recibieron ciudadanos del gigante asiático, según cifras oficiales. En 2018, el 59% de los solicitantes de visas oro en Portugal eran chinos, el doble que en España. En Malta, el 88%. En Irlanda, se elevaban al 91%.

Según han informado a infoLibre fuentes del sector y exempleados de Hooli Home en Barcelona, la empresa china aterrizó en esa ciudad con una gran inversión y la vista puesta en abrir hasta seis oficinas. Finalmente puso en marcha tres. Al principio contaban con una flota compuesta de media docena de vehículos de alta gama y los chóferes y traductores necesarios. A los clientes chinos se les ofrecían tours por Barcelona, también visitaban Port Aventura u otros lugares de Cataluña. Incluso contrataron a un comercial ruso para atender a los clientes de esa nacionalidad.

Pero el negocio fue decayendo poco a poco y entró en barrena con el covid. Hasta que hubo periodos en los que no se vendía nada, aseguran las fuentes consultadas. “Se derivaban muchos clientes a Grecia, donde el importe mínimo para comprar una vivienda era menor, de 250.000 euros, también a Malta y a Portugal”, precisan. Malta, de hecho, era la delegación que “más funcionaba”.

En sus dos mejores años, 2017 y 2018, Immocompletisimo Spain llegó a facturar más de 1,1 millones de euros. Y a contar con una plantilla 24 personas. La empresa estaba dividida en dos secciones bien diferenciadas: los jefes chinos y los comerciales españoles. Estos buscaban las propiedades, aquellos cerraban las operaciones. Pero la comunicación entre ambas era inexistente, lamentan las fuentes: “Eran impermeables, no compartían información, no sabíamos cómo cerraban las operaciones”. “Opaca” es el adjetivo que utilizan para describir a la empresa.

Los clientes, añaden, venían del fondo de inversión de Hong Kong que forma parte del grupo Delsk. De hecho, las únicas operaciones con partes vinculadas que Immocompletisimo declara al Registro Mercantil son las que realiza con Hong Kong Delsk Business Co, propiedad al 100% de Jing Wang. Al principio la empresa se llamaba Jing Wang Properties (JWP), el nombre de otras sociedades constituidas por el empresario chino en otros países, como Malta o Irlanda. En esta última isla, se presenta como “distribuidora de un fondo autorizado por el Banco Central llamado JWP, que invierte el dinero del programa [de visas oro] en residencias de ancianos”. Las residencias son una de las opciones de inversión del programa irlandés de visas.

Según fuentes del sector, cuando se trata de clientes chinos, lo usual es trabajar con agentes freelance, de esa misma nacionalidad. “El mercado viene a través de esas agencias”, apuntan. Que les venden a los millonarios asiáticos “paquetes cerrados, que incluyen el inmueble y los trámites legales de la visa”. De esa burocracia se encargaban en Hooli Home despachos de abogados externos. Pero a veces la forma de actuar de estos intermediarios ha despertado suspicacias. “Dejamos de trabajar con ellos porque cobraban comisiones muy elevadas por inmuebles que no valían el precio que ofrecían a sus clientes”, indica un abogado de Barcelona a infoLibre. Lo inflaban hasta el mínimo legal de los 500.000 euros o les ofrecían oficinas o locales comerciales con una rentabilidad exagerada, detalla.

Otras fuentes inmobiliarias advierten de que, como a los chinos no les gusta pagar intermediarios, “la comisión iba incluida en el precio de la vivienda”.

La Fundación Daphne Caruana Galizia también refiere casos de precios inflados en Grecia y de clientes chinos que fueron estafados y, cuando llegaron al país, la propiedad prometida sencillamente no existía.

La emigración de millonarios chinos plantea además no pocos problemas legales. El Gobierno chino prohíbe a sus nacionales sacar más de 50.000 dólares al año por persona. Por lo que quienes invierten cantidades millonarias en el extranjero deben saltarse al mismo tiempo sus propias restricciones nacionales y las cada vez más estrictas regulaciones de la banca internacional. “Sacan el dinero a través de Hong Kong”, confirman varias abogados. O bien utilizan “hasta 10 familiares” y cada uno de ellos saca 50.000 euros... “Los bancos españoles no aceptan esa forma de trabajar”, zanjan enseguida.

Transparencia Internacional publicó en 2023 un informe sobre las visas oro españolas en el que criticaba “la falta de controles sobre diversos intermediarios, agentes y facilitadores”. Y pedía “regular adecuadamente las empresas y agentes facilitadores e intermediarios que ofrecen servicios de gestión de los visados”, por los “elevados riesgos de corrupción, blanqueo de capitales y delitos financieros” que plantean. “Muchas de las empresas que ofrecen estos servicios operan incluso fuera de la jurisdicción española y los riesgos aumentan exponencialmente cuando estos intermediarios tienen políticas opacas y complejas estructuras de propiedad”, advertía.

No son los únicos. La OCDE y el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también alertaban el año pasado del mal uso que se hace en muchos países de los programas que regalan la residencia a cambio de inversiones. En concreto, ponían el foco en el “uso frecuente de intermediarios” y “el abuso por parte de facilitadores profesionales”, que “aumentan el riesgo de delitos financieros y corrupción, incluido el soborno en el extranjero”. Citan a los agentes inmobiliarios, los gestores de patrimonios, los abogados que tramitan las visas y las consultoras como posibles facilitadores del abuso de estos programas.

A fecha de diciembre de 2022, las últimas cuentas que ha presentado en el Registro Mercantil, Immocompletisimo Spain acumulaba pérdidas por importe de 1,47 millones de euros. No ha tenido beneficios en seis años y registra un patrimonio neto negativo de 1,64 millones. Es decir, está en causa de disolución, puesto que su capital social es el mínimo requerido para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La ley española establece que, si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, una sociedad debe disolverse.

Immocompletisimo Spain ha quedado reducida ahora a una oficina en un bajo de Barcelona, donde ni siquiera figura en los buzones, según ha podido comprobar este periódico. En sus cuentas de 2022 consta que sólo tiene tres empleados fijos, una cifra de negocio de 53.696 euros y unas pérdidas de 202.156 euros. En la página web china de Hooli Home se pueden encontrar las ofertas de la empresa en Barcelona. Se limitan a alquileres en residencias de estudiantes universitarios, con precios entre 875 y 1.575 euros al mes. Lo mismo en Madrid. Hasta 2.000 euros al mes con todos los servicios incluidos.

Los números de su empresa matriz, la portuguesa Imócompletissimo Consultoria de Imóveis SA, tampoco son mucho mejores. Según las cuentas enviadas al Registro Mercantil, acumula 6,2 millones de euros de números rojos en sus 11 años de actividad. No tiene ni un solo empleado, pero en 2023 facturó 270.000 euros, no mucho pero por encima de los raquíticos 15.425 euros ingresados en 2019. Cerró el año pasado con unas pérdidas de 14.202 euros, lejos de los 2,35 millones que se dejó en 2019. A diferencia de su filial española, Hooli Home sí mantiene activa su página web portuguesa y tiene oficinas en el Parque de las Naciones de Lisboa.

En Portugal, según datos del Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), entre 2012 y 2022, 29.666 personas consiguieron una visa oro, como inversores o familiares de inversores. Más de la mitad procedían de los 30 países con mayor riesgo de lavado de dinero. Hasta 2023, el programa generó casi 7.000 millones de euros en inversiones y 10,7 millones en adquisiciones de propiedades, pero creó sólo 22 puestos de trabajo.

En teoría, pues, un buen negocio: los compradores con visa oro aportaron cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector inmobiliario portugués, por sólo un 1,5% en España, según los datos de la Fundación Daphne Caruana Galizia.

Hay razones que explicaban el atractivo de las visas oro portuguesas hasta su eliminación el año pasado. Por ejemplo, tras cinco años de residencia, durante los cuales los solicitantes sólo deben pasar 63 días en el país, pueden pedir un pasaporte portugués. Porque a los titulares de la visas oro lusas les basta permanecer siete días en el país durante el primer año y 14 los siguientes para ser considerados residentes.

Además, el programa fiscal de Residente No Habitual (RNH) ofrece tipos impositivos favorables sobre la renta extranjera durante 10 años. Y no existe impuesto sobre el patrimonio ni de sucesiones.

infoLibre ha intentado ponerse en contacto con Immocompletisimo Spain, su matriz portuguesa y el propio grupo Delsk, pero no ha obtenido respuesta.

El presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano Álvarez, mostró su confianza en que la Conferencia Episcopal Española (CEE), con la que esta pasada semana firmó un acuerdo de colaboración, alcance en los próximos dos años la nota "máxima" en nivel de transparencia y confía en que todas las diócesis españolas cumplan con el compromiso de crear sus propios portales de transparencia, informa Europa Press.

"Habremos de medir en el futuro el nivel de transparencia de la CEE a través del progresivo cumplimiento de este convenio, y lógicamente esperamos que la calificación sea la máxima posible en este terreno", explicó Lizcano en declaraciones a Europa Press. Si bien, destacó que, por lo que han podido apreciar durante la redacción del convenio, la CEE ya viene esforzándose desde hace dos años por ser más transparente.

Uno de los compromisos más importantes del acuerdo, en cuanto que ofrecen mucha información a los ciudadanos, son los portales de transparencia de las 70 diócesis españolas y Lizcano espera que el cien por cien de ellas lo pongan en marcha ya que el convenio se debatió en el Pleno de la Conferencia Episcopal y contó con la aprobación de los propios obispos.

Asimismo, el acuerdo establece que la CEE deberá desarrollar unos manuales de buenas prácticas, algunos de ellos destinados a "prevenir eventuales prácticas irregulares, como pueden ser el blanqueo de dinero y otras posibles actuaciones ilícitas o ilegales".

"Aunque los manuales no están acabados, por lo que vamos conociendo son bastante detallados y van a poder así resultar muy eficaces desde el punto de vista preventivo de este tipo de prácticas, ya que la prevención es sin duda la mejor solución si la comparamos con la adopción de sanciones para hechos ya consumados", subrayó.

Para Lizcano, es muy importante que una organización como la CEE haya dado el paso hacia una mayor apertura informativa con la firma de este convenio, en un momento como el actual en el que los ciudadanos demandan a las instituciones públicas y privadas que sean más transparentes.

Además, considera que independientemente de la confesionalidad de los ciudadanos, "siempre es de interés conocer lo que hace, cómo lo hace y lo que gasta una institución como la CEE, dado que, además, una parte importante de sus recursos la aportan los propios ciudadanos".

A Lizcano no se le "pasa por la cabeza" que la CEE incumpla los compromisos asumidos en el acuerdo pero en el "hipotético" caso de que lo hiciese, una situación que cree "muy improbable", está previsto en el texto del convenio la extinción del acuerdo.

Entre las instituciones que han firmado convenios con Transparencia Internacional se encuentran el Consejo General del Poder Judicial –órgano que integra a los 5.300 jueces activos en España–, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española –que aglutina a los 83 Colegios de abogados existentes en España– o el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Por el momento, el acuerdo con la Conferencia Episcopal marca un precedente ya que hasta ahora no hay suscritos convenios similares con instituciones eclesiales en otros países. Por ello, Lizcano no descarta que quizá en un futuro inmediato otras conferencias episcopales o instituciones eclesiales se pongan en contacto con ellos.

La ONG Transparencia Internacional publicó un informe este jueves, en el marco de la VII Cumbre de las Américas que se celebra este fin de semana en Panamá, en el que tacha de "lamentable" el desempeño de los países de la región ante la corrupción y critica la debilidad de las instituciones frente a estas situaciones, lo que "pone en riesgo la democracia" en el continente.

En este sentido, advierte de que todos los puntos que pretenden ser abordados en este encuentro –Educación, Salud, Energía y Medio Ambiente, Migración y Seguridad, Gobernabilidad Democrática y Participación Ciudadana– "se ven afectados por la corrupción en casi toda la región". "Por ahora solo hay avances en el papel, que no corresponden a la realidad", denuncia la organización, cuando se cumplen 19 años de la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El portavoz de Transparencia Internacional, José Ugaz, insiste en que los escándalos de corrupción –que son "cotidianos" en la región y considerados por el propio Ugaz como "un mal endémico"– "lo que hacen es reforzar la opacidad, la impunidad, la inseguridad ciudadana y el saqueo de los Estados en beneficio de unos cuantos".

"Escándalos de corrupción en Brasil, México, Panamá, Chile, Guatemala, Argentina, Colombia, Perú, Republica Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y demás países de las Américas, revelan que las necesidades básicas de los ciudadanos han sido desplazadas por los intereses egoístas de algunos sectores de las clases política y económica de estos países", ha apostillado.

Por su parte, Alejandro Salas, director para las Américas de Amnistía Internacional, considera que los corruptos "están encontrando nuevas maneras de navegar entre las leyes y reglamentos que se implementan débilmente, dejando a los ciudadanos de la región en situación de riesgo". Por ello, urge a implementar medidas reales "para asegurar que la corrupción no supere los acuerdos destinados a mantener la democracia a salvo". "El texto de las convenciones en sí mismo no requiere grandes reformas, lo que se requiere es el compromiso en su aplicación, con garantía de participación de ciudadanos a través de organizaciones con autonomía, independencia y seguridad jurídica que puedan visibilizar y enfrentar la corrupción e impunidad que afecta a los estados en la región", agregó.

La ONG aludió al caso concreto de Venezuela, donde "la represión ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil" constituye "un atentado inaceptable contra derechos fundamentales como la libertad personal y de expresión". También se refirió a la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, con el "caso dramático" de la desaparición de 43 estudiantes en México.

Por todo ello, Transparencia Internacional reclama a los países que participan en la Cumbre de las Américas "que abandonen la retórica y asuman un compromiso real con sus pueblos adoptando mecanismos reales y efectivos para detener la corrupción desde los niveles más altos del poder". "Sólo así evitaremos asistir a una Cumbre más sin capacidad de impacto y transformación de la realidad", concluye el texto.

Con una nota de seis y medio (65 puntos sobre los 100 posibles), la Comunidad de Madrid ha sido, durante 2014, la menos transparente de España, según ha anunciado esta mañana la ONG Transparencia Internacional en la presentación del Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas 2014 (INCAU). Con dicha calificación experimenta una caída de siete puntos y medio respecto al último ejercicio, realizado en 2012, y una disminución de 15 puntos si atendemos a los resultados publicados en 2010.

Si atendemos a la media global de las 17 comunidades autónomas, podemos ver que la presidida por Ignacio González se encuentra muy atrasada respecto al grado de transparencia. Madrid se se sitúa casi 24 puntos por debajo del global, que este año ha estado en 88,6 puntos, rozando el sobresaliente.

Si prestamos atención al apartado que analiza la información sobre la comunidad autónoma, Madrid suspende con 47, 6 puntos, muy lejos de los 91,6 de la media general. Las relaciones con los ciudadanos y la sociedad tampoco ha sido su punto fuerte, obteniendo un notable bajo frente a la media general situada en el sobresaliente.

Para calcular el índice, que se evalúa atendiendo a 80 indicadores diferentes, se realiza una valoración previa que se envía a las diferentes comunidades autónomas, que tienen un plazo corto de tiempo para intentar mejorar su situación. En dicha valoración previa, la Comunidad de Madrid sólo cumplía positivamente 26 de estos, consiguiendo mejorar su resultado de cara a la publicación definitiva, en la que cumplió positivamente con 52 de los indicadores valorados.

Castilla y León, Cataluña y País Vasco han subido al podio de las CCAA con mayor grado de transparencia de toda España, consiguiendo 100 puntos. Sin embargo, en la parte baja de la clasificación, Murcia (78,8) y Canarias (80) han acompañado a Madrid en el grupo de comunidades menos transparentes de España, aunque con puntuaciones bastante superiores a esta.

Mejora generalizada

Al igual que ocurrió en los resultados del INCAU relativos al año 2012, las CCAA han vuelto a mejorar sus resultados globales, superando los 79,9 puntos obtenidos en 2012 y los 71,5 del año 2010.

"No hay duda de que algunas de las leyes de transparencia aplicadas están mejorando los resultados", sentenció el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los integrantes del comité de dirección de la ONG, Manuel Villoria. Además ha agregado que "ahora corresponde a la sociedad civil hacer su trabajo. Controlar la eficiencia y honestidad de nuestras administraciones".

Falta transparencia económico-financiera

De todas las áreas analizadas, la transparencia económico-financiera es la que presenta una menor puntuación media (76 puntos), aunque muestra una mejoría frente a anteriores ejercicios.

Sin embargo, la transparencia en materias de ordenación del terrirorio, urbanismo y obras públicas, así como las relaciones con los ciudadanos y la sociedad han obtenido buenos resultados globales, con puntuaciones medias generales de 95 puntos en el caso de la primera y 94,1 atendiendo a la segunda.

El Congreso, el Senado y los diecisiete parlamentos autonómicos analizados por Transparencia Internacional (TI) aprueban el test de transparencia elaborado por la organización. El Índice de Transparencia de los Parlamentos (IPAR), presentado la mañana de este lunes, apunta el interés de las instituciones por mejorar la información y la transparencia que ofrecen desde sus plataformas a los ciudadanos. 

Con una puntuación de 98.8 sobre 100, Cantabria se sitúa en el número uno de los parlamentos más transparentes, seguida por Navarra y el Senado. En la cola aparece Murcia con una calificación de 42 puntos, justo por debajo de Canarias y Baleares. Son las tres únicas instituciones que, según los datos de TI, no superan el umbral del aprobado. Del total de 19 instituciones analizadas, el Senado ocupa el tercer puesto y el Congreso, el décimo.

El IPAR tiene dos objetivos: evaluar el nivel de transparencia de los 19 parlamentos presentes en España –los 17 autonómicos y las dos Cámaras de las Cortes– e impulsar el aumento de la información pública por parte de cada uno de ellos, explican en la organización. Desde que Transparencia Internacional España iniciara la evalución provisional en diciembre de 2013, "ha habido un incremento de la transparencia y la mayor parte de las instituciones han mejorado su índice", señala Jesús Lizcano, miembro del comité ejecutivo de TI-España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. La puntuación media inicial del conjunto de parlamentos fue de 25,6, mientras que la calificación definitiva se sitúa en 64,1 puntos. "La transparencia no cuesta nada salvo que haya algo que ocultar", subraya Lizcano ante esta mejora. 

Para llevar a cabo el IPAR, la organización ha evaluado seis áreas diferentes: información sobre el parlamento, información sobre el funcionamiento y la actividad parlamentaria, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros e indicadores de las nueva Ley de Transparencia. El área relativa a la transparencia económica-financiera es "el área pendiente" de estas instituciones, recalcan desde TI: con una media de 49,2, el grueso de los parlamentos no alcanzan el aprobado. 

Desde la ONG recuerdan que el informe valora la cantidad de información accesible para los ciudadanos, pero no su calidad. Transparencia Internacional "no tiene la capacidad de comprobar si los datos que publican estas instituciones son reales o no", puntualiza Lizcano. "Desde TI perseguimos aumentar la transparencia, esto disminuye las posibilidades de fraude y corrupción; defendemos la transparencia como un derecho del ciudadano", añade Antonio Garrigues, miembro del comité ejecutivo de la ONG. Recuerda, además, que TI no tiene ningún medio para sancionar a las instituciones que no publican información básica para la sociedad o no cumplen con los requisitos de transparencia.