Miguel Ángel Rodríguez es, sin duda, el jefe de Gabinete más famoso de la política española. Un trabajo que sus homólogos, tanto en el Partido Popular como en otras formaciones políticas, desempeñan con discreción ya que suele ser el político el que acapara las miradas. Pero MAR, como así se le conoce en la esfera político-mediática, domina a la perfección la comunicación política y ha logrado a lo largo de su trayectoria que la atención se centre en lo que él quiere utilizando para ello mensajes sencillos y efectistas y, habitualmente, plagados de falsedades. Es lo que ha ocurrido después de que el pasado miércoles 8 de enero prestara declaración ante el Tribunal Supremo como testigo en la causa sobre la filtración de los correos sobre los presuntos delitos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, para la que MAR trabaja desde el año 2020.

Tanto antes como después de la declaración, que duró aproximadamente 45 minutos, Rodríguez despachó con los medios de comunicación allí presentes y se erigió en defensor de González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal a través de su compañía, que ascenderían a 350.951 euros. "La verdad siempre pa'lante", afirmó antes de entrar al Supremo. Sin embargo, minutos después él mismo confesaba ante el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, que se inventó que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la defensa de del novio de Ayuso y después lo había retirado por "órdenes de arriba", apuntando al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Lo cierto es que tanto Ayuso como Rodríguez han mentido de manera reiterada en todo lo referido a los dos delitos fiscales admitidos por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña, que parece haber ligado su futuro político al futuro fiscal del empresario. Por el camino ambos no han dicho la verdad al negar que se hubiese cometido delito alguno, han denunciado una supuesta conspiración de fiscales socialistas, han amenazado a periodistas e incluso se han llevado a inventar que Ayuso estaba siendo acosada por periodistas encapuchados, estas dos últimas cuestiones obra directa de MAR. Él mismo lo admitía así esta semana en una entrevista en Todo es mentira, en Cuatro: "Me he lanzado al ataque cuando he entendido que la reputación de la presidenta se ponía en solfa. Si quieren pelea, la tendremos".

Como parte de esa estrategia, en los últimos días ambos han protagonizado una tournée mediática. En el caso de Ayuso, ha acudido al programa de Federico Jiménez Losantos en Esradio y también se ha dejado ver en el canal de Youtube de Frank Cuesta, además de participar en la manifestación en la Puerta del Sol para rechazar la investidura del venezolano Nicolás Maduro, mientras que MAR ha pasado por la Cadena Cope de la mano de Carlos Herrera, seguido de Antena 3 en el programa Espejo Público conducido por Susana Griso para acabar en el programa de Risto Mejide en Cuatro. Espacios mediáticos en los que se sienten cómodos —a excepción, quizá, de la entrevista de Risto— y en los que han dado barra libre a sus mentiras.

Lo que le sucede al novio de Ayuso no es una simple inspección fiscal ni un "desacuerdo" por dos facturas. Ha sido imputado formalmente por la supuesta comisión de dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsificación documental. La investigación sostiene que defraudó 350.951 euros mediante un entramado de facturas falsas para tributar menos por los beneficios que obtuvo en 2020 y 2021 por intermediar en la compraventa de mascarillas y guantes procedentes de China, así como por trabajar para el grupo sanitario Quirón. Estas actividades le permitieron multiplicar por seis los ingresos de su empresa, que pasaron de 357.773,87 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020. En plena pandemia, mientras morían miles de personas.

La pareja de Ayuso sí reconoció su culpabilidad a través de su abogado, que se dirigió así la Fiscalía antes de la interposición de la querella contra el empresario. "Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública), así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la Agencia Tributaria", escribió la defensa de la pareja de Díaz Ayuso al Ministerio Público el 2 de febrero. Sin embargo, el asesor estrella de Ayuso ha tratado disociar al empresario del abogado que lo representa.

La devolución de Hacienda proviene de un intento de regularización voluntaria que hizo González Amador mientras era investigado. Hacienda examinaba los ejercicios fiscales del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de la empresa con la que trató de defraudar, Maxwell Cremona. Y, casi dos años después, trasladó al Ministerio Público sus conclusiones. Un informe en el que, relata la magistrada, se recoge que las pesquisas han puesto de manifiesto que la empresa registró en los años 2020 y 2021 un "incremento" de sus ingresos de actividad. Cuando llegó la hora de presentar la liquidación del ejercicio 2022 (en julio de 2023) González Amador trató de compensar lo defraudado, pero ya era tarde para hacer la regularización.

La presidenta madrileña ha afirmado en más de una ocasión que ella y su pareja están siendo víctimas de una “cacería política”. Una idea que volvió a repetir ante los micrófonos de Esradio, donde aseguró que tanto ella, como su “difunto padre” y su “entorno familiar” han sido víctimas de persecuciones por parte del Ejecutivo central, pese a que las investigaciones nacen al margen del Gobierno. Es más, fue infoLibre quien desveló en 2019 que los padres de la entonces candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid –Leonardo Díaz y María Isabel Ayuso– le habían donado en 2011 un piso en la capital cuando empezaban a acumular deudas importantes, una operación cuyo objetivo era evitar que el inmueble fuese embargado por los acreedores. Por el mismo método, y el mismo día, su hermano, Tomás Díaz Ayuso, recibió también la donación de una vivienda unifamiliar ubicada en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada.

MAR tuvo que admitir ante Risto Mejide que lo de los "periodistas encapuchados" que trataron de entrar en el domicilio de la presidenta madrileña fue una invención de su cosecha, pero sí que afirmó que "los vecinos" le habían dicho que había informadores que "entraron cubriéndose la cara" rondando por el edificio e insistió en que desveló su identidad a “18 personas” de manera privada. Sin embargo, a quien envió ese mensaje fue a una lista de distribución creada por el propio Rodríguez a través de la cual da a conocer información oficial con el único objetivo de que sea divulgada. En su mensaje, MAR facilitó el nombre y apellidos de los dos periodistas de El País y una foto cenital de ambos mientras hacían su trabajo. Aseguró que ambos habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

El caso de González Amador es de interés público en tanto en cuanto el deudor es el compañero sentimental de la máxima responsable del Ejecutivo madrileño, gobierno que mantiene una relación contractual de primera con la empresa con la que este hace negocios. Y que además comparte con ella un piso de lujo valorado en un millón, comprado por él cuando Hacienda ya había iniciado su investigación en 2022 y que tardó un año en quedar inscrito en el Registro de la Propiedad, con lo que el cambio de titularidad se mantuvo en secreto hasta después de las autonómicas. Hasta que se presentó la denuncia, ni en la Agencia Tributaria ni en la Fiscalía sabían que se trataba de la pareja de Ayuso.

La investigación de Hacienda al novio de Díaz Ayuso y la posterior denuncia presentada por la Fiscalía no atentan contra la democracia. Tampoco la divulgación de esa denuncia, como no supuso atentado alguno en el pasado la publicación mde las investigaciones fiscales a las que fueron sometidos los futbolistas Lionel Messi, y Cristiano Ronaldo, el entrenador José Mourinho o la estrella colombiana del pop Shakira.

Solo en esta información ya se recogen algunas de las falsedades vertidas por Rodríguez. Se le podía tildar como un experto en el Galope de Gish, esa ametralladora de falacias "que abruma al oponente con el mayor número de argumentos posible sin tener en cuenta su exactitud o solidez". La estrategia de Rodríguez transmite una enorme habilidad para disparar –y repetir– datos contundentes y detallados que se visualizan como reales, aunque no lo sean.

Han pospuesto la fecha de la boda en dos ocasiones y tienen una hija inmovilizada a consecuencia de un accidente de buceo desde finales de mayo. Angela, estadounidense, y Michael, británico residente en España, han pasado la cuarentena a cientos de miles kilómetros de distancia. Su situación se agravó con el accidente de su hija; tras dos meses ingresada, trataron de volar a España desde Estados Unidos para someterse a un tratamiento de rehabilitación con el seguro médico privado que tienen contratado en nuestro país. Pero las restricciones fronterizas les impidieron reunirse.

Angela y Michael son una de las muchas parejas binacionales no registradas que han quedado separadas por el covid-19. En el BOE del pasado 17 de julio se prohibieron los viajes no imprescindibles a España desde los Estados ajenos a la Unión Europea y el espacio Schengen, con la excepción de Australia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez y Uruguay. Cónyuges y parejas de hecho no tendrían que acatar estos supuestos, tal y como aclararon en la cuenta de Twitter oficial del Ministerio de Exteriores.

Para dar cabida a las parejas no registradas procedentes de terceros países, se publicó una orden ministerial el 21 de agosto con instrucciones para que pudieran demostrar que tienen una relación "estable y duradera". Sin embargo, los supuestos que se tienen en cuenta son demasiado "restrictivos", como apuntan los afectados.

Algunas de las pruebas que se piden —de forma "no exhaustiva ni excluyente"— para demostrar su relación son cuentas bancarias conjuntas, contratos de alquiler a nombre de ambos, invitaciones a eventos familiares o facturas conjuntas. "Tener una cuenta bancaria conjunta puede ser útil para matrimonios, pero para parejas a distancia no le veo sentido", comenta a infoLibre María desde Estados Unidos. Ella y su pareja, Ángela, que vive en España, llevan sin verse desde el mes de febrero y con "PayPal y otras apps" del estilo no tienen necesidad de compartir titularidad bancaria. Además, denuncia que la única forma de haber convivido durante un año con su novia sería quedándose ilegal en España, ya que el visado de turista le impide pasar en nuestro país más de 90 días seguidos.

Por ello, las pruebas de su relación que envió al consulado español en Nueva York constaban de billetes de avión, transferencias de una cuenta a otra, regalos enviados a través de Amazon, facturas de hotel, tickets de conciertos y fotografías. No obstante, no fueron suficientes. Dos semanas después de enviar estos documentos, su email recibió una contestación rotunda: "La documentación presentada no demuestra el vínculo exigido para poder autorizar la entrada en España". "Hoy haré el último intento y enviaré actas notariadas de amigos y familia", comenta, "pero no sé qué más pruebas quieren de una relación de novias a distancia".

Demostrar convivencia en una relación a distancia

Esta es la razón por la que Asier, español, quiere iniciar los trámites para casarse con su novia Ekaterina, que reside en Moscú. "Al final, si queremos que se quede aquí nos tenemos que casar, así que va a ser el procedimiento más sencillo", comenta, aunque señala que tiene "muchas trabas burocráticas". Ni siquiera pueden registrarse como pareja de hecho porque, denuncia, "también le piden visado de residencia y convivencia de un año".

Ellos pudieron verse una semana en agosto en Turquía, aprovechando que el país aceptaba turistas de ambas nacionalidades y que la flexibilidad en sus trabajos les permitió el encuentro. Aun así, se han planteado recurrir la situación por la vía legal: "El problema es que al final pones el recurso, vas a juicio y tarda más el juicio de lo que puedan tardar en abrirse las fronteras". "Lo que nosotros queremos es un procedimiento rápido y sencillo para que puedan venir aquí las parejas igual que hicieron con los turistas", remata, y deja claro que están dispuestos a aceptar cualquier medida de seguridad preventiva: "Pruebas PCR, si se necesita cuarentena pues se hace cuarentena, sin ningún problema, pero no nos admiten nada de esto".

La respuesta oficial no parece estar muy unificada, ya que las parejas están recibiendo diferentes informaciones dependiendo del consulado al que deban dirigirse. Mientras que las instrucciones publicadas en Twitter por el Ministerio de Asuntos Exteriores hacen hincapié en que no son exhaustivas, el consulado de España en Moscú le exigió por email a Ekaterina demostrar un año de convivencia con su novio. "La presentación de pruebas de comunicaciones telefónicas, correspondencia postal, redes sociales puede servir como documentación de apoyo pero no se considerará como una prueba suficiente de pareja estable si los solicitantes no pueden probar documentalmente la convivencia", se lee en el email que recibió la joven y al que hemos tenido acceso.

La respuesta en redes manifiesta una queja conjunta por la falta de concisión de la medida y de respuestas por parte del ministerio. A través del hashtag #LoveIsNotTourism (El amor no es turismo) parejas de todo el mundo denuncian su situación de desamparo y exigen responsabilidad por parte de las instituciones. Una queja generalizada que sigue en vigor más de un mes después de que España estableciera el procedimiento específico para las parejas binacionales, porque la mayoría no ha podido beneficiarse de él.

"Los consulados contestan justo lo contrario; o año de convivencia o las parejas no pueden venir", responde un usuario de Twitter a la publicación del Ministerio. A Maria y Ángela les ha sucedido lo mismo: "A lo que le dan importancia es a la convivencia". Por lo que es "imposible" para ellas demostrar que son pareja, a pesar de llevar más de un año de relación o de verse con asiduidad antes de que estallara la pandemia.

En otros casos, la convivencia se hace imposible por razones más imperativas que la distancia. "Mi novio es musulmán, y por tradición religiosa no podemos vivir juntos antes de casarnos", comenta por teléfono María Jesús, que, desde España, también lleva meses peleando con el consulado de El Cairo para poder reunirse con Ahmad. "Yo podría viajar a Egipto, pero tengo a mi madre con problemas de salud y no puedo irme", lamenta.

Tras enviar "más de 70 páginas en Pdf" con pruebas de su relación, recibieron la misma respuesta: necesitan demostrar convivencia. María Jesús y Ahmad llevan un año comprometidos y su intención es que él viaje a España para poder celebrar la boda. Para ello, han optado por la petición de un visado de reunificación familiar, aunque todas las respuestas institucionales les apuntan en la misma dirección: o demuestran haber convivido juntos o no le permiten la entrada.

Todo ello, aún a pesar de que el secretario de Estado de España Global, Manuel Muñiz, aclarara en Twitter ya el 25 de agosto que "no es necesario haber convivido en el mismo domicilio más de un año. Es necesario probar que la relación ha tenido una duración de al menos un año. Así se ha trasladado a todos nuestros Consulados".

El amor no es turismo

España no es el único país que ha cerrado sus fronteras a los no comunitarios. Bélgica, por ejemplo, ha puesto en marcha un protocolo incluso más severo. Las parejas de comunitarios no registradas deberán demostrar que su relación es "estable" y que ha durado al menos dos años, presentando documentación que certifique un año de convivencia ininterrumpida y viajes asiduos por un periodo total de 45 días.

La indignación internacional de las parejas ante este contexto se ha manifestado en redes sociales y ha propiciado la creación de grupos de noticias y apoyo. Precisamente a raíz de uno de esos chats internacionales en Facebook, Ger M. se lanzó a administrar Spanish #LoveIsNotTourism, el grupo privado en el que los afectados nacionales han ido compartiendo sus experiencias y que tiene ya casi 1.200 participantes. "Hay mucha descoordinación en los consulados, cada uno decía una cosa y algunos ni siquiera sabían que había cambiado la normativa", comenta Ger a infoLibre. "En el grupo nos vamos avisando de qué documentos funcionan, se comparten peticiones, etcétera".

Su referente, apunta, ha sido Dinamarca: "Desde el principio tuvieron unas medidas específicas y además son menos estrictas". De hecho, todas las parejas, aunque no estén registradas como matrimonio o pareja de hecho, pueden entrar al país si adjuntan un test negativo de covid-19 en las 72 horas anteriores al viaje. Como nota aclaratoria, la página web de la policía danesa advierte que esto excluye a parejas que no se hayan conocido previamente en persona —algo que deben atestiguar mediante una declaración solemne—, pero abre la oportunidad a cualquier relación que haya durado más de tres meses.

Incluso cumpliendo todos los requisitos, hay parejas que siguen separadas. Es el caso de Angela y Michael. A pesar de haber convivido juntos durante un año y de que él, residente en España, era el principal sostén económico de Angela y su hija, estas no pudieron subir al avión en Londres que las llevaba a reunirse con Michael. Como justificación, en el aeropuerto le entregaron un papel desactualizado en el que se prohibía la entrada a cualquier nacional de terceros países a no ser que fuera personal médico.

La situación, que Angela califica como "descabellada", las ha obligado a pasar los últimos meses en Reino Unido, en casa de su suegra, a la espera de una regularización que no llega. "Nos íbamos a casar, pago un seguro privado en España, tuvimos un alquiler conjunto y una cuenta bancaria común, no sé qué más pruebas necesitan", denuncia.

En el grupo de Facebook de afectados están acostumbrados a este tipo de testimonios porque la gestión "varía mucho dependiendo del consulado y el país", como apunta el administrador del grupo: "El Estado tiene que cambiar esa infografía para esclarecer el procedimiento a las embajadas". Aún así, Ger señala que hay algunas historias que ya están terminando en final feliz, ya que "poco a poco, algunas parejas consiguen el visado".

Es el caso de Asier y Ekaterina que, tras pasar por una entrevista telefónica con el consulado de Moscú y otras comprobaciones, han conseguido que le aprueben a ella la entrada en España. Ekaterina ya tenía un visado de turista en vigor por lo que "le han dado un certificado diciendo que puede venir a España, y luego será la policía de frontera quien confirme o no la entrada", comenta Asier. Este visado solo le permite pasar 90 días en nuestro país. Por ello, los planes de boda siguen en pie: "Ya tenemos cita para presentar los papeles y seguir adelante con el matrimonio, porque es la única manera en que vamos a poder conseguir que ella esté aquí viviendo".

Es muy posible que lo imiten en otros países a la vista de los resultados. Reconocen que allí el problema de la infidelidad es de grueso calibre, sobre todo en lo que respecta a ellos, pues el 34% de los hombres y el 14% de las mujeres engañan a sus cónyuges. Por otro lado, la contratación de esos amantes falsos o probadores de fidelidad es muy asequible, oscila entre 2,5 y 165 euros. Lo que no comprendo es qué se puede demostrar a cambio de un precio tan bajo como el de 2,5 euros. Se me ocurre que más que una prueba se proporciona al contratante una sospecha. Y es que no se toman muchas molestias los contratados, ya que la investigación se realiza a través de redes sociales (mensajes y fotos) y conversaciones.

La realidad es que probar la infidelidad de una mujer es más caro que la de un hombre, pues las empresas dedicadas a esto afirman que probar la infidelidad de una mujer es más complicado, es de suponer que la razón estriba en que son más astutas o discretas. ¿Cuántos hombres y mujeres en nuestro país superarían con éxito una prueba de fidelidad?

Por si acaso, es mejor no tentar a la suerte, no jugar con fuego, confiar en la pareja y sólo dudar cuando las evidencias estén muy claras. Hay quienes dicen que el hombre es infiel por naturaleza, pero esto me parece un mito. El perfil psicológico de la persona infiel, según algunos estudios, no detalla si se trata de un hombre o de una mujer. Según la teoría de apego de John Bowlby, las relaciones primarias establecidas con los padres durante la infancia y los primeros años de vida influyen decisivamente sobre las relaciones que se entablan en la vida adulta. Explicaciones más o menos científicas aparte, todo el mundo cree que la gente con poder y de alto nivel económico es extremadamente propensa a ser infiel. _____________________

Antonio Nadal Pería es socio de infoLibre

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se basa en un principio básico de progresividad: paga proporcionalmente más quien más gana. Y su objetivo último es redistribuir la renta. Sin embargo, algunas de sus deducciones, particularidades y gravámenes tienen efectos no deseados, cuando no perversos: cuanto mayor es la renta, mayor es el beneficio que obtiene el contribuyente, o sólo pueden acogerse a esas medidas de descuento quienes ganan mucho. Éstos son algunos ejemplos.

DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD A TRABAJADORAS

La deducción de 1.200 euros por hijo menor de tres años en el IRPF se aplica sólo a las madres trabajadoras, ya sea por cuenta propia o ajena. No pueden acceder a ella las madres desempleadas, pese a que su situación de necesidad es obviamente mayor y sus ingresos, a buen seguro, mucho menores que los de las mujeres con trabajo. Además, éstas disfrutarán de la ayuda sin ningún límite de ingresos: una directiva con una nómina anual de 100.000 euros puede aplicarse esta deducción si tiene un hijo menor de tres años o lo ha adoptado, pero no una madre en la misma situación que cobre el paro.

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS DE ALQUILER

En algunas comunidades autónomas –Andalucía, Madrid, Galicia– existe una deducción para los jóvenes que alquilen un piso. Pero para acceder a ella el propietario del inmueble debe haber depositado la fianza en la agencia o instituto autonómico de la vivienda. Es decir, la deducción depende de que un tercero, el dueño del piso, cumpla un requisito.

COEFICIENTES DE ABATIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

Los coeficientes de abatimiento se aplican a las ganancias patrimoniales obtenidas por los contribuyentes, por la venta de una vivienda o de acciones antes de 1994. Suponen reducciones de entre el 11,12%  si la casa o los valores se compraron en 1994 y el 100% si se adquirieron antes de 1986. El Gobierno pensó en eliminarlos, pero finalmente optó por limitarlos a las ganancias inferiores a 400.000 euros. Lo que sí ha suprimido el Ejecutivo es el coeficiente de actualización, que corregía el efecto de la inflación en sólo en las plusvalías obtenidas por la venta de inmuebles. Se lo podían aplicar todos los contribuyentes sin excepciones. Alejandro Puyo, director del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cree que su supresión “carece de lógica”, a no ser que se haya hecho por “afán recaudatorio”. También considera “injusto” que tribute más quien se acaba de comprar una vivienda y poco o nada quien lo hiciera hace dos o tres décadas.

GANANCIA PATRIMONIAL TRAS DACIÓN EN PAGO

No es infrecuente que a un particular se le impute una ganancia patrimonial después de haber entregado su vivienda al banco en dación de pago porque no ha podido abonar su hipoteca. Puede parecer paradójico, pero si el valor que asigna la entidad financiera al inmueble es superior al coste de la hipoteca, el contribuyente se apunta un aumento patrimonial. Hasta la reforma fiscal de 2014 esa ganancia tributaba. Ahora se ha eliminado pero sólo para la vivienda habitual. Si se trata de una segunda residencia, de un garaje o de un local de negocios, el aumento patrimonial –teórico– tras devolvérselos al banco, paga impuestos. A juicio del presidente del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, es tan “absurdo” como que se considere que se impute a una empresa un aumento patrimonial cuando ha abandonado el concurso de acreedores y, por tanto, ha reducido su deuda.

DEDUCCIón DE VIVIENDA POR RAZÓN DEL CARGO

Hasta que fue suprimida esta excepción, quienes compraban la vivienda que disfrutaban “por razón de empleo o cargo” no necesitaban haberla habitado durante tres años ni haberla ocupado durante los 12 meses siguientes desde su compra. Unos requisitos que sí debían cumplir quienes quisieran aplicarse deducciones por vivienda habitual tras comprar una casa cualquiera. Es decir, la ley beneficiaba a contribuyentes de altas rentas, que son también a quienes las empresas o la Administración ofrece viviendas por su –alto– cargo en unas y otra.

PLANES DE PENSIONES

“La mitad de mi plan de pensiones me lo paga Hacienda”, es un cliché repetido. Y es así porque cuanto mayor es la renta del plan, mayores son los beneficios fiscales. De hecho, su atractivo estriba precisamente en su elevada rentabilidad fiscal, porque la financiera es muy reducidala financiera es muy reducida, explica José María Mollinedo. Para empezar, las aportaciones que cada año haga el contribuyente al plan desgravan en el IRPF. La reforma fiscal ha reducido estas aportaciones con derecho a desgravación de 10.000 euros –12.500 para los mayores de 50 años– a 8.000 euros anuales. Después, cuando el particular quiera rescatar su plan de pensiones, puede hacerlo como renta de capital o como renta de trabajo. En el primer caso, el contribuyente disfruta de una reducción fiscal del 40% o el 30% –según la fecha de las aportaciones–. Como rendimiento del ahorro, además, tributará a un máximo del 23%. En el segundo caso, deberá tributar según los tipos generales, cuyos máximos han bajado hasta el 47% este año y hasta el 45% en 2016, reduciendo así la presión fiscal a las rentas más elevadas.

Es decir, explica el presidente de Gestha, se benefician más quienes más renta poseen. En primer lugar, porque sólo quienes tienen altos ingresos pueden permitirse dedicar una parte de ellos al ahorro. De hecho, es habitual que muchos profesionales con elevadas retribuciones acudan a los planes de pensiones para desgravar.

LA PARADOJA WARREN BUFFETT

Lo explicó uno de los hombres más ricos del mundo. El estadounidense Warren Buffett, propietario de la firma de inversiones Berkshire Hathaway, reveló que él pagaba proporcionalmente menos impuestos que su secretaria. En España, hasta 2014, un contribuyente con un millón de euros en rentas de capital pagaba los mismos impuestos que otro con una base liquidable de sólo 30.300 euros procedentes de su trabajo, destaca José María Mollinedo. Tributaba al 26,93%. Tras la reforma fiscal, el primer contribuyente pagará en 2015 lo mismo que quien gana 25.800 euros al año, tributando al 23,39%. En 2016, seguirá abonando al fisco 25.800 euros, con un tipo de sólo el 22,89%.  Todos estos cálculos excluyen posibles bonificaciones y deducciones.

¿CONJUNTA O INDIVIDUAL? ¿MÓDULOS O ESTIMACIÓN DIRECTA?

Para el presidente de Gestha, el sistema adolece de excesiva rigidez: un autónomo debe optar a final de año si va a tributar por el sistema de módulos o por el de estimación directa el siguiente ejercicio. Si renuncia al primer método de cálculo, deberá utilizar el régimen de estimación directa durante tres años. Puede ocurrir que sus ingresos caigan una vez mediado el siguiente ejercicio, pero tendrá que seguir pagando de acuerdo con un cálculo que la realidad ha invalidado. Alejandro Puyo opone que también puede producirse el caso contrario: que el autónomo gane por encima de los módulos previstos y tribute por menos de lo que debería. “Hay que tener mucho cuidado con cambiar las reglas a mitad del partido”, advierte. También destaca que, por lo general, los módulos suelen estar bien ajustados, aunque no por eso deja de conceder que “Hacienda gana casi siempre”.

Otra rigidez se revela en la declaración conjunta o individual. Si un matrimonio ha optado por la primera, pero en una comprobación posterior de la Agencia Tributaria aparece una beca o una ayuda pública no declaradas y le hubiera resultado más favorable haber hecho dos declaraciones individuales, ya no puede cambiar el modelo. Es más, si no hacen ninguna declaración y la Agencia Tributaria lo descubre, sí pueden elegir entre individual y conjunta. “Sale mejor no declarar”, resume el presidente de Gestha.

Y un problema más con la declaración conjunta: sólo pueden hacerla los matrimonios y las parejas de hecho registradas. Las que no están inscritas, aunque tengan hijos que vivan en el mismo domicilio, están excluidas. Además, una madre con un hijo sí puede presentarla de este tipo, pero no un padre con su hijo, por mucho que lo haya reconocido.

DEDUCCIONES PARA RENTAS MUY BAJAS

Alejandro Puyo cree que hay muchas deducciones autonómicas dirigidas a beneficiar a las rentas más bajas –vivienda, gastos de escolaridad, nacimiento o adopción– que obedecen a una política social “justa” pero a las que sólo pueden acceder personas de ingresos “demasiado” limitados. “Lo honesto sería explicar que sólo una pequeña parte de la población va a poder disfrutar de esas deducciones por el bajo umbral que se dispone, y eso no se hace”, protesta.

DEDUCCIONES POR I+D+i

Mollinedo critica las deducciones por I+D+i que se concede a las grandes compañías para sus proyectos de inversión. En realidad, asegura, esos descuentos los utilizan las empresas “para desarrollar sus productos”, pese a que innovación no han hecho ninguna.  A juicio del presidente de Gestha, en general, son mucho más justas y eficaces las ayudas directas, tanto a las madres como a las empresas –tipo Plan PIVE para el automóvil– que las deducciones fiscales. Éstas nunca son “un estímulo suficiente para que una empresa tome una decisión de invertir o un contribuyente cambie sus hábitos de vida”. Mejor dar una ayuda cuando ya se ha tomado la decisión de compra o de tener un hijo, por ejemplo. 

Mollinedo atribuye la existencia de estos descuentos, sin embargo, a una “sobrevaloración de la política fiscal como instrumento de política económica”. Y la proliferación de efectos perversos o no deseados de algunas medidas, al continuo “parcheo” al que se somete a las leyes fiscales. “En lugar de redactar una nueva norma, se suceden las reformas, que generan estas distorsiones”, zanja.

En otras comunidades no hay problemas Desde CSI-F aclaran que "en la mayoría de las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el PP, no hay problema para expedir el título de familia numerosa a las parejas de hecho cuando acrediten su convivencia o estén inscritas en el Registro Autonómico de Parejas de Hecho".

Para este sindicato, "la realidad en Castilla-La Mancha vuelve a desmentir los anuncios progresistas del Gobierno de María Dolores de Cospedal, pues como en otros tantos temas, se da una vuelta de tuerca excesiva para desarrollar las políticas más restrictivas y menos sociales".

"Los ciudadanos castellano-manchegos vuelven a quedar así indefensos ante la aplicación extrema de las normativas, que otras regiones matizan, al mostrarse más sensibles con la realidad social de sus ciudadanos", ha añadido Rincón. Por ello, desde CSI-F exigen "cintura y sentido común, para restablecer los derechos de familias que han elegido un modelo alternativo, pero tan legítimo como cualquiera para formar una familia".