El PP abrirá un expediente informativo al concejal de Torrelodones (Madrid) Ángel Viñas, que intentó chantajear a la alcaldesa del municipio, Elena Biurrun, para que su partido, Vecinos por Torrelodones, no se presente a las elecciones municipales de mayo de 2019. En la conversación, difundida por la Cadena Ser, Viñas le ofrece a Biurrun y a su concejal de Urbanismo y esposo, Santiago Fernández, no denunciar ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas una supuesta irregularidad en una obra a cambio de que Vecinos por Torrelodones se abstenga de repetir en las urnas. Pese a que el concejal del PP reconoce que el equipo de gobierno municipal no actuó “de mala fe” en ese proyecto, presenta su oferta como un intento para evitar un “conflicto” y las consecuencias políticas e incluso “personales” que supondría la denuncia, “demasiado castigo”, resalta, para gente “que no se ha metido ni un puto euro en el bolsillo”.

Además del intento de extorsión, que Ángel Viñas intenta vender casi como un favor a unos “adversarios políticos” a quienes no deja de elogiar y expresar su “admiración” por haber echado “nada más y nada menos que al Partido Popular”, la grabación deja al descubierto inesperadamente las disputas internas en el PP local, así como las relaciones entre éste y los grandes promotores inmobiliarios de la zona.

Viñas repite en varias ocasiones a lo largo de la conversación que “nadie” en el PP local sabe que está haciendo esa propuesta a la alcaldesa, sin ahorrarse críticas mordaces a sus compañeros de partido. “Con vosotros tengo adversarios políticos”, dice refiriéndose a Vecinos por Torrelodones, “en mi partido tengo auténticos hijos de puta alrededor”. “Los hijos de puta crecen como champiñones en esta casa”, abunda. Incluso llega a asegurar que “probablemente” estaría “más cómodo en Vecinos por Torrelodones que en el Partido Popular”. “Yo soy muy poco del PP”, deja caer nada más comenzar la conversación. Y tras insistir a sus interlocutores en que “desde junio” ha intentado “ralentizar” la presentación de la denuncia, les advierte de que el proceso “está en marcha” y que lo sabe todo el comité ejecutivo del PP local, “que son unos bocachanclas”bocachanclas. Antes ya había alabado la “capacidad que tiene el PP para hacer juego sucio” e incluso admite “lo indigna” que puede ser la historia del PP de Torrelodones.

A la reunión, el concejal Viñas acudió acompañado de Jorge García González, quien fue portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelodones entre 2015 y 2017. Ese año presentó su dimisión tras perder las primarias locales del partido frente al actual presidente, Arturo Martínez Amorós. Obtuvo el 39% de los votos en unas elecciones donde participaron 85 del centenar de afiliados. En un momento de la conversación, Jorge García acusa a un promotor inmobiliario de Torrelodones, José Luis Velasco Sanz, de haber comprado los votos de Arturo Martínez: “A mí se me acusó de comprar votos y resulta que fue Velasco quien fue soltando pasta, hubo ahí un lío de la leche”. A continuación revela que de las personas afiliadas fraudulentamente al partido para participar en esas primarias, “ahora sólo queda el 2% o 3% de los que votaron, queda uno”.  

Jorge García dimitió, tanto de su cargo orgánico como de concejal, porque, según explicó entonces, no se sentía “identificado en absoluto” con la candidatura que había ganado en el PP local. Anunció que seguiría militando en el partido, pero que sus “principios y valores” le impedían representar al nuevo comité.

Cuando en la reunión el concejal de Urbanismo, Santiago Fernández, le reprocha a Ángel Viñas que, con su maniobra, puede conseguir que José Luis Velasco “vuelva a manejar Torrelodones”, el edil del PP le responde que, si tiene “la posibilidad de hacer algo, evidentemente no será contando con esta calaña de gente”. En los primeros minutos de la conversación, Viñas recalca que Jorge García es la única persona de su grupo de la que se fía, “la única”. García González trabaja como director general de ECorreduría en el grupo Shopnet Brokers, que fundó y preside el propio Ángel Viñas. También se sienta en su consejo de administración. La empresa, creada en 2000, se dedica a la venta y administración de carteras de seguros por internet.

Pelotazos urbanísticos

José Luis Velasco Sanz es promotor inmobiliario y uno de los principales propietarios de las 128 hectáreas del Área Homogénea Norte (AHN), unos terrenos rústicos y especialmente protegidos que el Ayuntamiento de Torrelodones quiso recalificar en 2008 para construir 1.536 viviendas, un hotel, un campo de golf y un centro comercial. El proyecto no se llevó a cabo finalmente, pero provocó un cisma político dentro del PP local y levantó duras acusaciones contra el gobierno municipal, entonces en manos del PP. De hecho, fueron dos concejales populares, Jesús Pacios y Reyes Tintó del Val, quienes denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades en la gestión del alcalde, Carlos Galbeño, quien había intentado despojar a los terrenos de la AHN de su especial protección para urbanizarlos. Tras ser destituidos de sus cargos, los concejales rebeldes fueron expulsados del partido. Según su denuncia, esos terrenos habían sido adquiridos, tras hacerse público el proyecto municipal, por José Luis Velasco, que era “amigo” de Galbeño, y por otro conocido promotor urbanístico local, Eduardo Morales, al frente de la constructora C-15 y a su vez relacionado con un exalcalde, Mario Mingo, a través de una fundación municipal.

El préstamo otorgado a otra empresa de Eduardo Morales, Proyectos Inmobiliarios Burke, para adquirir una de las parcelas de ese proyecto fallido, terminó llegando igualmente a la Fiscalía Anticorrupción. Los 20,7 millones de euros concedidos a esa empresa por Caja Ávila 20,7 millones de euros concedidos a esa empresa por Caja Ávilase convirtieron en uno de los activos tóxicos que años después Bankia –fruto de la fusión de esa caja de ahorros con Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia, Caja Canarias, Caixa Laietana y Caja Rioja– traspasó a la Sareb, el banco malo. La promotora no los devolvió y la Sareb jamás los reclamó. Al ser recalificado por el Ayuntamiento como urbanístico, este terreno, de 14,5 hectáreas, multiplicó por 41 su valor.

Velasco Sanz era dueño entonces de la promotora Real Estate Accord, ahora en concurso de acreedores, así como presidente de la Agrupación de Propietarios del Área Homogénea Norte. Además, es hijo del último alcalde franquista de Torrelodones, José Luis Velasco Serrano. El País informó el 2 de marzo de 1978 de la sospechosa adjudicación del casino de Torrelodones, que se construyó en terrenos de los que era copropietario el alcalde. Velasco Serrano figuraba también como socio, con un 13% del capital, del adjudicatario Enrique Uzal, que representaba a Casino de Juego Gran Madrid. Según el periódico, el alcalde de Torrelodones y su familia directa –los terrenos estaban a su nombre y el de sus hermanos– iban a cobrar 57,5 millones de pesetas (345.582 euros) por el suelo vendido.

El túnel bajo la A6

Otro de los proyectos urbanísticos de hace una década, el Área Homogénea Sur, ha vuelto a primera línea de fuego con el intento de chantaje del concejal Ángel Viñas. Sus promotores deberían haber construido un túnel bajo la autopista A-6 como condición para que pudieran urbanizar y construir en la zona. Pero el Ayuntamiento de entonces, 2007, concedió licencias para 707 viviendas y un centro comercial a  pesar de que no existía el paso inferior necesario para que los coches tuvieran acceso. No fue hasta 2014 cuando los promotores –el Casino, Kutxabank, Corio y Alcampo (Centro Comercial Espacio Torrelodones)– pagaran 6,7 millones de euros para ejecutar la obra. La corporación se la adjudicó a FCC con un precio cerrado.

Pero, según el PP, la constructora “construyó menos, por tanto debería habérsele pagado menos”, en concreto 388.177 euros menos. La cifra es el resultado de un informe encargado a “un ingeniero colegiado” que ha costado “miles de euros” pagados por el PP, en palabras de Ángel Viñas. El actual equipo municipal lo niega: la obra la pagaron los promotores, no el Ayuntamiento y, como fue a precio cerrado, por definición no hubo sobrecoste. El PP ya ha anunciado que el expediente a su concejal en Torrelodones no impedirá que lleve la denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

A pesar de los intentos de negociación por parte de la familia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), finalmente Jorge, Yolanda y sus hijos de 3 y 9 años y un recién nacido de 21 días han sido desahuciados de la casa donde vivían desde hacía un año, en el madrileño barrio de Usera. Esta era la tercerca vez que la comisión judicial acudía al domicilio acompañada por la Policía para llevar a cabo el desalojo, pero en las ocasiones anteriores la presión de la PAH y el avanzado embarazo de Yolanda pospusieron la expulsión. La intención de los activistas de frenar el desahucio se saldó con cinco detenidos y varios heridos tras las cargas de la Policía.

Más de veinte personas encadenadas en la escalera, unas diez en el portal de la casa y otras veinte en el interior junto a Jorge, el padre de la familia, pasaron la noche acampando para tratar de evitar el desahucio, que estaba fijado para las siete de la mañana. Poco antes de esa hora, decenas de personas se concentraron frente al inmueble, que se encontraba rodeado por furgonetas y agentes de la UIP hasta por cuatro calles diferentes, cerrando el paso a la zona desde las 6:40. Ni siquiera la prensa pudo acceder a la zona, supuedtamente "por motivos de seguridad".

A lo largo de la mañana más vecinos y miembros de la PAH, que ha publicado en su cuenta de Twitter imágenes del interior del edificio durante del desalojo, fueron llegando al grito de "¡Vecina, despierta, desahucian en tu puerta!. La tensión entre los activistas y los policías fue aumentando con discusiones y algún que otro forcejeo. En torno a las nueve de la mañana los cámaras y periodistas que se encontraban en la casa fueron desalojados. Los que salían decían que los agentes habían obligado a los reporteros a salir antes que a los activistas, a lo que estos últimos se negaron "por miedo a que no hubiese testigos de la represión". Seis personas fueran detenidos mientras salían del edificio por mostrar "resistencia y oposición", según la Policía.

Entre las ocho y media y las nueve y media todos los que acamparon fueron desalojados, incluidos los abogados de la familia. Solo quedó Jorge con la comisión judicial que puso por condición para que pudiera recoger sus objetos personales que no quedara en el interior ninguna persona ajena a la familia. El matrimonio había decidido que Yolanda y sus tres hijos no estarían presentes durante el desahucio por el bien de los niños. Según informan desde la PAH, Jorge sacó todas sus cosas de casa y a continuación la Policía destrozó todo el piso para que quedara inservible.

Mientras tanto, en el exterior, casi una centena de personas trataban de hablar con los policías para convencerles de que no permitieran el desahucio. "¿Es que no os da vergüenza? ¿No sentís empatía? ¡Podría ser vuestra familia!", le decía un activista a uno de los agentes, "Muy bien chaval", le respondió el funcionario público dándole unas palmadas en el hombro.

En uno de estos enfrentamientos se produjo el momento de mayor crispación cuando uno de los agentes se rió de los comentarios que le hacía un activista. La fuerte discusión por la actitud del policía fue creciendo y los agentes acabaron cargando contra los activistas con enorme violencia, golpeando con las porras y apartando a los vecinos por el cuello. En la carga fue detenido un joven y varios salieron con heridas en brazos y abdomen; uno de ellos con un gran chichón en la cabeza que fue trasladado posteriormente al hospital Gregorio Marañón por contusiones.

Tras el encontronazo, la hermana de Yolanda, que se encontraba presente, sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida por varios técnicos del Samur, aunque la ambulancia debió quedarse al otro lado de la calle puesto que las furgonetas de la Policía Nacional seguían cortando ese tramo. Los vecinos se quejaron de que sólo algunos policías se preocuparon por la salud de la joven, embarazada de un mes. "¿Llamáis vosotros o llamamos nosotros?, es gratis", preguntó un antidisturbio a un activista.

Kutxabank se niega a negociar

La PAH ha denunciado la actitud de la entidad bancaria, que se ha opuesto en todo momento a cualquier tipo de negociación. "Hemos hablado con la directora de la oficina, incluso con Irantzu Irastorza, directora del departamento jurídico de Kutxabank, responsable máxima de desahucios, y se niegan a ofrecer un alquiler social o cualquier otra opción", comentó Mercedes Salamanca, portavoz de la plataforma. La abogada de la familia, Alejandra Jacinto, que fue la última en salir de la casa antes que Jorge, afirmó lo mismo: "nos han dicho que nada de negociaciones, no hay posibilidad".

"Tanto el IVIMA [Instituto de la Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid], como la EMV [Empresa Municipal de la Vivienda], que han hecho alquileres de protección social con precios más bajos para la gente más humilde, están desahuciando a cientos de familias y vendiendo los hogares a fondos buitre", señaló Mercedes Salamanca. "Estamos hablando de deudas de 2.000 euros por las que los echan", añadió. La portavoz denucia que los afectados no pueden hacer frente a esas cantidades "porque la penuria es abrumadora", por eso desde la PAH les ayudan a ocupar casas de los bancos que están vacías.

Entre las decenas de vecinos movilizados en la calle estaba una joven que llevaba en brazos a su hijo pequeño. Alos dos los desahuciarán de su casa dentro de 15 días.