Zensaku Yoshida, con sus brazos enrojecidos, sumerge la masa de caciocavallo una y otra vez en el agua hirviendo y sin guantes. Mira con complicidad a su hijo Genya, de 40 años, que trabaja a su lado. Esta mañana, después de elaborar este queso italiano, harán ricotta y camembert con la leche de sus ochenta vacas pardas suizas. En Japón, la granja Yoshida es toda una institución: esta pequeña empresa familiar reserva su producción para las mejores mesas del país. 

Desde Italia a Bután, pasando por Marruecos y Turquía, Zensaku Yoshida, de 69 años, ha recorrido medio mundo para aprender los métodos tradicionales: comparte su excepcional saber hacer no sólo en el plato, sino también en sus libros. 

En Kibichūō, en la prefectura de Okayama, donde vive desde hace cuarenta años con su esposa Chifumi, pero también con sus hijos y nietos, Zensaku ha construido una casa de campo, a pocos kilómetros de su granja, alimentada por energía fotovoltaica: en el jardín adyacente, té, unas cuantas vides y un enorme horno de pan que importó de Europa. Curioso e insaciable de conocimientos, “le encantaría aprender a hacer pan a la antigua usanza”, dice con una sonrisa picarona.

Pero en octubre de 2023, Zensaku Yoshida habló por razones distintas a su trabajo como artesano. Una noche de octubre, su familia, al igual que el millar de habitantes de la localidad de Kibichūō (12.000 habitantes), le dijeron que dejara de beber agua del grifo. “Recibimos una llamada telefónica, y no entendíamos nada”, explica Zensaku. Se distribuyó agua embotellada a toda prisa y, en una reunión de crisis celebrada al día siguiente, los vecinos se enteraron de que los análisis mostraban la presencia de PFAS en el agua de la traída, una familia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, también conocidas como “contaminantes eternos” por su naturaleza indestructible, en niveles de 1.400 nanogramos por litro (ng/l). 

A modo de comparación, una directiva europea de 2020 fija los niveles máximos que deben respetarse en el agua potable en 0,50 microgramos por litro (μg/l) para el total de PFAS, es decir, 500 nanogramos; ó 0,10 μg/l, es decir, 100 nanogramos, para la suma de los veinte PFAS considerados más preocupantes. 

Cerca de la presa vecina se realizaron en noviembre de 2023 otras mediciones, llegando hasta 14.000 ng/l. El origen de la contaminación no es ningún misterio: se debe al almacenamiento por parte de una empresa local de seiscientas bolsas que con carbón activado en las inmediaciones de la depuradora que suministra agua a la población. Los asombrados vecinos se enteraron de que las bolsas llevaban allí desde 2008.

Enojados, quieren saber desde cuándo está contaminada el agua, por qué no se les avisó antes y cuáles son las consecuencias para su salud y sus explotaciones agrícolas. Se enteran de que, entre 2020 y 2022, se observaron niveles regulares de PFAS, de 800 a 1.000 ng/l, en los análisis del agua de la localidad, sin que se tomara ninguna medida. 

Por razones que siguen sin estar claras, el departamento de aguas de la ciudad no había medido los niveles de PFAS durante tres años. En 2020, los datos incluso se notificaron incorrectamente, indicando un nivel de 1 ng/l de agua en lugar de 1.200 ng/l. En una rueda de prensa celebrada en marzo, el alcalde de Kibichūō, Masanori Yamamoto, reconoció que se había tomado una decisión «inadecuada», afirmando que «el personal no tenía la experiencia ni los conocimientos» para responder con prontitud al problema de esos contaminantes eternos. 

La situación se aceleró a finales del año pasado porque Japón emprendió un inventario de PFAS en treinta y ocho de sus cuarenta y siete prefecturas. Un estudio puso de relieve las regiones donde se han superado los 50 ng/litro de agua (sulfonatos de perfluorooctano o PFOS y ácidos perfluooctanoico o PFOA), el umbral de tolerancia recomendado por el ministerio de Sanidad desde 2020. Kibichūō ostenta el triste récord de contaminación de todo el archipiélago. 

Para Zensaku Yoshida, que siempre ha apostado por una gestión ecorresponsable, este asunto le ha supuesto un mazazo: “He pasado una mala racha, he pensado en dejar mi negocio.” Junto con otros veintisiete residentes, se hizo un análisis de sangre, y los resultados le asustaron. «Mi nivel de PFAS (principalmente PFOA) era de 250 ng/ml. El de mi mujer era de 380 ng/ml. Ahora el sistema de distribución de agua del pueblo ya ha sido modificado, pero Zensaku no se da por vencido. Han pasado seis meses desde que se hicieron los análisis y “todavía no tienen seguimiento médico: las autoridades dicen que hay que esperar entre tres y cinco años para que los PFAS se eliminen por sí solos del organismo”. 

Pero expertos como el profesor Koji Harada, de la Universidad de Kioto, confirman que estas sustancias, ingeridas durante un largo periodo, pueden aumentar el riesgo de cáncer, cardiopatías y abortos. El tormento de Zensaku llegó a la obsesión: ¿y si los PFAS hubieran llegado a los quesos que vende en todo el país? “He hecho analizar a mis ochenta vacas. Están bien, pero ¡qué susto!”

 En Japón, la contaminación por PFAS no es nada nuevo: desde los años 80 está presente en las inmediaciones de las bases militares, principalmente americanas, “donde se detectan miles de ng/litro desde hace décadas”, afirma Takeshi Miyamoto, diputado del Partido Comunista que ha llevado el problema a la Dieta. Desde esas bases, “las sustancias se esparcen a través de los extintores, en forma de espuma”, explicó el periodista Takenori Ueda en una conferencia celebrada a finales de febrero. 

Japón prohibió en 2018 la fabricación e importación de sustancias PFOS, comúnmente utilizadas en extintores de espuma, seguidas de PFOA en 2021: en 2023 se añadió a la lista de sustancias prohibidas el ácido perfluorohexano sulfónico, PFHxS. Pero cerca de las bases americanas de Okinawa y Tachikawa, al oeste de Tokio, las redes de agua potable registran niveles de PFAS dos veces superiores al umbral tolerado. “En Tachikawa, los ciudadanos tienen una media de 120 ng/ml en sangre, menos que en Kibichūō (171 ng/ml) pero sigue siendo muy alto”, observa Takenori Ueda. 

Las bases militares también preocupan a industriales como el fabricante de aire acondicionado Daikin, con sede en Osaka, donde las mediciones de PFOA en un pozo de la localidad de Settsu llegaron a 440 veces la cantidad tolerada, informa el periódico del Partido Comunista Japonés, que hace referencia a un estudio reciente realizado por la prefectura de Osaka. 

"En Japón han aumentado las cantidades de PFAS desde hace unos quince años", afirma Takeshi Miyamoto. “Ahora se encuentra en los ríos, en las montañas, en pueblos como Kibichūō, muy lejos de las bases militares y los polígonos industriales." En un momento en que Europa está pensando en prohibir los PFAS, en Japón no se plantea la cuestión. "Toca el delicado tema de las consecuencias de la presencia de bases americanas en el territorio, según me explica un amigo mío, jubilado del ministerio de Sanidad", dice Zansaku. "Por eso puede que se tarde algún tiempo en prohibirlas por completo."

 Cuando Junko Abe, de 42 años, se mudó a Kibichūō con su marido y su hijo, se sintió atraída por el apacible estilo de vida de la región, "los campos de arroz, la oportunidad de cultivar verduras, el entorno para su hijo", entonces recién nacido. La pareja es diseñadora de moda y su marca Emiowasu confecciona ropa con el mismo enfoque ecológico que los Yoshida. El traslado a Kibichūō también estuvo motivado por el deseo de ampliar la familia. "Tenía 30 años cuando llegamos a Kibichūō, queríamos una familia numerosa". 

Pero Junko tuvo dos abortos espontáneos en los años siguientes a su llegada a Kibichūō. Después no se quedaba embarazada. Desde octubre, no ha podido dejar de pensar que "existe la posibilidad de que sea el agua". Sus amigas también han intentado quedarse embarazadas sin conseguirlo". También se ha dado cuenta de que los animales de la casa han dejado de tener crías. "Acogimos a una cabra: tuvo crías y luego, ya con 3 años, nada. ¿Por qué?". En su jardín hay un arroyo del que su perra bebe todos los días. "Sus cachorros murieron poco después de nacer."

Junko leyó en Internet todo lo que pudo sobre los PFAS y compró filtros para sus grifos. Se hizo un análisis de sangre y descubrió con pavor que su sangre contenía 130 ng/ml. "y 100 ng/ml mi hijo, que ahora tiene 12 años". Estaba preocupada y quería llamar la atención sobre la situación, pero a nivel local, el grupo de vecinos que quería actuar se topó con otro tipo de resistencia: la de quienes temían que su pueblo fuera etiquetado como "pueblo PFAS". 

"Esa es la mentalidad que hay en el campo japonés", explica. "Las generaciones más jóvenes piensan de otro modo, pero las mayores creen que no deben quejarse." Otro temor, sin duda, es el de la discriminación. En Japón, todo el mundo sabe lo que ocurrió con las víctimas de las bomba atómicas o de la contaminación industrial, y con las personas evacuadas tras el accidente nuclear de Fukushima. Tratadas a veces como contagiosas, sus vidas dieron un vuelco. 

"Estoy muy enfadado", dice Hiroshi Ogura, otro de los vecinos de Zensaku y Junko. "El pasado octubre fue la primera vez que oía esa palabra: PFAS." Este agricultor de 71 años cultiva arroz y verduras: vive bajo el mismo techo con su mujer, su hijo, su nuera y sus dos nietos. Tras un análisis de sangre, su nivel resultó ser de 256 ng/ml. "Me quedé de piedra, sobre todo por los pequeños", que tenían niveles superiores a 100 ng/ml, dice el hombre en voz baja. 

Lo que perturba a este nativo de Kibichūō es saber que las bolsas estuvieron almacenadas durante tanto tiempo antes de que se descubriera la contaminación. "La empresas e industrias tienen que reconocer sus responsabilidades". Añade que, a nivel nacional, "no deben tolerar más de 50 ng/l, y pedir una prohibición total". Los residentes de Kibichūō, asesorados por expertos, van a presentar una denuncia contra Man-ei Kogyo, la empresa responsable de las bolsas. "También vamos a exigir un seguimiento médico completo: los análisis de sangre no son suficientes y no vamos a quedarnos esperando", explica Zensaku. El artesano se pone serio: "Comienza una larga batalla". 

Hasta 2016 no se hizo oficial en Okinawa la relación entre las bases militares y la contaminación por PFAS. Un informe de ese año de la base militar americana de Futenma confirmó registros de PFAS de hasta 28.000 ng/l en zonas de entrenamiento contra incendios. Al igual que en Kibichūō, "los residentes de Ginowan que bebían agua del grifo fueron los más afectados", explica Isao Tobaru, un concejal de la localidad próxima a Futenma. "Fue la planta depuradora de Chatan, que da servicio a siete municipios, la que acabó contaminada", añade. Ginowan y Chatan se encuentran entre dos bases americanas: Futenma y Kadena. 

En 2019, análisis de sangre realizados a 400 residentes revelaron un nivel de PFOS en sangre cuatro veces superior a la media nacional (13,9 ng/ml en Ginowan frente a 3,5), así como un nivel de PFHxS de 16,3 ng/ml (la media nacional es de 0,3 ng/ml).

En abril, Masami Kawamura, investigadora y responsable de la web The Informed-Public Project, dio a conocer un mapa de puntos de contaminación por PFAS en la isla principal de Okinawa. Lo que tienen en común es que todos proceden de bases militares americanas y japonesas, y ninguna se ha librado. Según la investigadora, Okinawa tiene otro problema: "Nuestros recursos hídricos son limitados: ¿qué vamos a hacer si todos nuestros ríos están contaminados?" Y añade: "Si el gobierno americano decide prohibir los PFAS en su territorio, ¿no tiene también la responsabilidad de hacerlo en sus bases en el extranjero?".

 Traducción de Miguel López

El cambio climático podría obligar a unas 216 millones de personas de seis regiones a desplazarse dentro de sus países para el años 2050, según un nuevo informe del Banco Mundial recogido por Europa Press.

La segunda parte del informe Groundswell, publicada este lunes, concluye que los "impactos del cambio climático de evolución lenta" sobre la disponibilidad de agua, la productividad de los cultivos y el aumento del nivel del mar van a someter a los medios de subsistencia y al bienestar humano a una presión cada vez mayor.

El análisis se basa en un primer informe publicado en 2018, siguiendo el mismo enfoque de modelización basado en escenarios, que abarcaba el África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina, añadiendo proyecciones de Asia Oriental y el Pacífico, el norte de África y Europa Oriental y Asia Central.

Así, el informe indica que "la migración interna provocada por el clima podría aumentar en las próximas tres décadas", afectando "a las regiones más pobres y vulnerables con mayor intensidad" y amenazando con revertir los avances en materia de desarrollo. Según las proyecciones, en África Subsahariana hasta 86 millones de personas tendrían que migrar por el cambio climático para 2050, mientras en Asia Oriental y el Pacífico podrían ser hasta 49 millones y en Asia Meridional, 40 millones.

 "Los países podrían ver la aparición de focos de migración climática ya en 2030, que luego seguirán intensificándose y expandiéndose", han manifestado al respecto Kanta Rigaud y Viviane Clement, las dos autoras principales del informe.

Han añadido que, no obstante, "la ventana para actuar sigue abierta". "Ciertamente, reducir las emisiones y garantizar que el desarrollo sea ecológico, resiliente e inclusivo es el núcleo para frenar el coste humano del cambio climático", han subrayado. Según el informe, reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y garantizar un desarrollo inclusivo y resistente podría reducir la migración climática interna hasta en un 80 por ciento.

Más del 80% de las aguas residuales que se generan a nivel mundial vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. Es el mensaje que ha lanzado Naciones Unidas este miércoles 22 de marzo, durante el Día Mundial del Agua. En su informe Aguas residuales: el recurso no aprovechable, el organismo pone sobre la mesa las "oportunidades de explotar las aguas residuales como recurso" y constata que "el agua tratada de una forma segura es una fuente sostenible y asequible de agua y energía, así como para obtener nutrientes y otros materiales recuperables". La ONU también advierte de la importancia de la depuración: "1.800 millones de personas usan una fuente de agua contaminada por material fecal, poniéndolas en riesgo de contraer el cólera, la disentería, el tifus o la polio", destaca, y añade que "el agua no potable, y unas pobres infraestructuras sanitarias, así como la falta de higiene, causa alrededor de 842.000 muertes al año".

España se encuentra, actualmente, lejos de ser ejemplo en esta materia. En el 2015 la UE demandó al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido al incumplimiento de la normativa sobre depuración de aguas residuales urbanas. Además, el Foro de la Economía del Agua ya reveló en 2016 que tres de cada diez plantas depuradoras españolas están obsoletas, un 21% tiene una capacidad insuficiente y el porcentaje se eleva a un 31% en el caso de las que no están adecuadamente mantenidas.

El problema de la depuración

Las conclusiones del informe son compartidas por Santiago Martín Barajas, miembro de Ecologistas en Acción, que en conversación con infoLibre recuerda las "cientos de depuradoras que fueron construidas en España, en parte financiadas por la UE". El principal lastre, lejos de consistir en un mal funcionamiento de las mismas, surgió con la necesidad de renovación. "Hay que renovar, hay que mantener y hay que gestionar", subraya Barajas. 

En este sentido, el ecologista achaca a la crisis económica el deterioro de "aquellas depuradoras que dependen de ayuntamientos" que "en vez de gastar el dinero en mantenerlas, se lo gastan en elementos que consideran más prioritarios". Barajas replica, no obstante, que pocos asuntos hay más prioritarios. "Es una prioridad porque en la factura del agua se paga también la depuración" de modo que, a su entender, existe "una malversación cuando ese dinero se emplea en otros asuntos que no sea el funcionamiento de la depuradora".

Su diagnóstico indica que, a día de hoy, "la depuración en el país ha empeorado respecto a como estaba hace seis años, porque las depuradoras necesitan ese mantenimiento que no se les está dando". Barajas señala asimismo las diferencias entre regiones. En Andalucía, por ejemplo, "el 18% de las aguas residuales no se depura todavía", mientras que "hay regiones donde funciona mejor", pero, a nivel global, "las depuradoras existentes no están funcionando como deberían hacerlo".

Eva Hernández, responsable del Programa de Aguas y Agricultura de WWF España, recalca que España está "mejor que otros países del mundo, porque tiene un alto porcentaje de población atendida" y sin embargo, continúa, "la ONU ya ha dicho que los indicadores no son sólo cuantitativos sino también cualitativos, no es sólo cuántas depuradoras hay y a cuánta población atienden sino si realmente están depurando bien". Y la respuesta, en el caso español, es negativa: "El 73% de las depuradoras que hay ahora mismo no tienen capacidad de depurar los nutrientes del agua, que también son una forma de contaminación", denuncia Hernández.

Estos nutrientes, agrega, hacen que "se inicie un proceso en el que se mueren los ríos y los lagos, empiezan a proliferar algas, y nacen también especies invasoras en ambientes degradados, teniendo al final un efecto sobre la biodiversidad y la calidad de las aguas en general".

Reutilización, un recurso beneficioso pero no definitivo

La otra gran tarea pendiente en materia hídrica apunta a una cuestión directamente ligada con la depuración: la importancia de reutilizar el agua. "La reutilización implica que las aguas sucias se depuran y se vuelven a usar, por ejemplo en parques y jardines", señala Barajas, quien añade que "se empezó a hacer en la primera década del siglo XXI, pero se ha frenado en los últimos años".

La reutilización genera una serie de ventajas probadas, como "forma de obtener un recurso que vuelve a utilizarse, lo cual hace innecesario construir nuevas infraestructuras". En un país como España, donde los efectos del cambio climáticos son ya evidentes, "la reutilización cobra especial importancia". En 25 años, España "ha perdido el 20% de los recursos hídricos a causa del cambio climático, porque –además del problema de la escasez de lluvia– la subida de la temperatura hace que la evaporación sea mucho mayor", apunta.

Barajas puntualiza que aunque la reutilización sirve como empujón para proteger los recursos hídricos y revertir en cierto modo los efectos del cambio climático, no supone una solución definitiva. "Lo que hay que hacer –sentencia el ecologista–, es bajar el consumo todo lo que se pueda".

En este punto coincide también Eva Hernández, quien insiste en que la reutilización, pese a sus ventajas, es un recurso finito del que se puede "hacer un uso eficiente, pero al final es necesario dejar algo de agua para que vuelva a los ríos, porque si se consume todo los ríos van a estar secos, y ese ecosistema muerto no es fuente de más agua, sino un sumidero".

El crítico estado de los ríos

Precisamente la importancia de los ríos ha sido tradicionalmente una de las cuestiones prioritarias en el discurso ecologista. "El principal problema que tenemos en España es que no nos terminamos de creer que los ríos sirven para algo", apostilla Hernández, para a continuación lamentar que "parece que son o canales de riego o una amenaza constante, y no una fuente de servicios". La ecologista subraya que el cuidado de los ríos se torna imprescindible para no terminar con la principal fuente de agua, "porque además el cambio climático nos lo va a poner muy fácil", añade.

En cuanto a las políticas públicas para caminar hacia tal protección, Hernández recuerda que "la Directiva Marco de Agua permitiría hacer buenos planes de gestión, organizar nuestros recursos y cuidar nuestros ecosistemas de ríos y humedales para asegurar que su buena conservación nos siga dando agua en el futuro". No obstante, critica, España no termina de "aplicar esa normativa" y como consecuencia Bruselas ya cuenta con un procedimiento abierto en su contra. 

Erika González, miembro de Ecologistas en Acción, explica que "la gestión del agua y los desafíos existentes en relación a cómo se ha venido gestionando la conservación de los ríos y los usos del agua disponible" dejan tras de sí una evaluación necesariamente negativa . "Se han utilizado los ríos como sin considerar el estado en el que se encuentran ni el estado en el que se van a encontrar después de esos usos, de manera que se le ha dado vía libre a diferentes demandas de agua, sobre todo las del regadío" critica González, quien puntualiza que "más de un 80% de las demandas son para abastecer regadío, y eso ha generado, en las zonas con menos recursos, déficits hídricos importantes y por lo tanto un deterioro de los ecosistemas".

La principal consecuencia implica que "algunos de esos ríos se han llegado a secar, y en otros casos el agua que circula es muy inferior al que deberían tener para lograr unas condiciones adecuadas de los ecosistemas, su sostenibilidad a futuro y un cuidado de la biodiversidad".

Unida a la deficiente gestión del agua, González sitúa el punto de mira en "todas las infraestructuras que se han ido construyendo, como los embalses y trasvases". El Gobierno autorizó el pasado 8 de julio un nuevo trasvase del río Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos, mientras que el proyecto del trasvase del Ebro, que iba a repartir las aguas del río por la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, continúa generando reiteradas críticas por parte de los ecologistas. "En el plan hidrológico del Ebro se planifican decenas de embalses y a la vez el aumento de cerca de medio millón de nuevas hectáreas de regadío" algo que González reconocer ver "de forma crítica y con bastante preocupación".

Todo lo anterior se suma a la imparable huella del cambio climático, cuyos efectos hacen que "el agua que está circulando por los ríos sea muchísimo menor de la que se contempla". Erika González recuerda que "las confederaciones hidrográficas están teniendo en cuenta una reducción de las aportaciones del agua a los ecosistemas de en torno a un 5% o un 7% ", mientras que los datos del Ministerio de Medio Ambiente señalan que "la media en España está siendo de una reducción de un 15% ya, no de cara a un futuro". Como resultado, "el agua que circula por los ríos es cada vez menor y el agua disponible es también menor, si eso se junta con un aumento de las demandas y con un aumento de las infraestructuras para que se abastezcan esas demandas, tenemos una situación de colapso hídrico que en un futuro, o en breve, puede estallar".

Al menos un 73% de las depuradoras no dispone de tratamiento para eliminar nitratos ni fosfastos, con el consiguiente riesgo para el medio ambiente, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elaborado entre los meses de abril y mayo.

El estudio, que se realizó sobre el rendimiento de hasta una veintena de depuradoras de grandes ciudades y de otras más pequeñas como Mérida y Calatayud, determina que las aguas residuales reciben un tratamiento básico en los grandes núcleos urbanos y añade que hasta tres millones de españoles no cuentan con sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales.

Para OCU, el vertido de las aguas depuradas "no amenaza a la salud de la población", pero puntualiza que "pueden provocar daños en la fauna y la flora de las zonas afectadas. Esto se debe a que, tal y como informa, "muchas depuradoras siguen conteniendo altas cantidades de nitratos y fosfastos" que al vertirse en los ríos "actuan favoreciendo la proliferación de algas".

La organización asegura que mientras que plantas como la de Calatayud o Toledo son capaces de reducir las concentraciones de nitratos y fosfatos, otras mejor capacitadas como la de Málaga, no lo hacen.

Según recoge Europa Press, OCU también encontró sustancias que la legislación vigente no obliga a eliminar. Así, en la plantas de Murcia, Bilbao, Madrid o Barcelona el informe avisa de la existencia de plagicidas, mientras que en la de Tarragona se encontró el antibiotico azitromina en una cantidad 34 veces superior a lo normal.

El estudio también destaca la labor de depuradoras como las de Toledo o Mérida que tienen índices de eliminación total de contaminantes básicos como sólidos en suspensión o materia orgánica; labor que según OCU "no es posible encontrar" en la depuradora de Cádiz.

Barcelona redujo en doce años un 20% el consumo de agua. Ese porcentaje se eleva al 37% si se trata de los servicios municipales. Fue uno de los datos aportados este viernes por el alcalde, Xavier Trias, en un acto organziado en la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) en Cornellá de Llobregat con motivo de la celebración, este domingo, del Día Mundial del Agua.

El presidente de Agbar, Ángel Simón, afirmó que el compromiso de la compañía es el desarrollo sostenible. "Los acuerdos y las políticas públicas serán imprescindibles para el saneamiento, la reutilización y la conservación y mantenimiento de determinadas infraestructuras", dijo en su intervención en el acto organizado en el Museu de les Aigües de Cornellà. Esa cooperación es "imprescindible" para conseguir el objetivo que tiene el Área Metropolitana de Barcelona para ser una smart city (ciudad inteligente), informa Europa Press.

Al acto asistieron también el director general de Agbar, Ignacio Escudero; el alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón; el expresidente de la Generalitat José Montilla, y el Premio Nacional de Literatura de Chile Raúl Zurita. Trias destacó la importancia de gestionar el agua de la mejor forma posible por ser un recurso escaso, y constató que en doce años, la ciudad ha reducido el consumo de agua de forma ejemplar. Agregó el regidor que la capital catalana es una de las ciudades del mundo con un consumo de agua más responsable, y remarcó que hay que seguir este camino no solo con el agua, sino con todos los recursos energéticos para lograr ser autosuficientes. "De la misma forma que Barcelona lideró la revolución industrial del sur de Europa, hoy estamos en situación de liderar la nueva revolución urbana del siglo XXI, pero no lo podemos hacer solos", manifestó Trías.

La exprimera ministra de Noruega (1990-1996), exdirectora general de la OMS (1998-2003) y enviada especial sobre el Cambio Climático de la ONU (2007-2010), Gro Harlem Brundtland, destacó por su parte que el cambio climático afecta a la agricultura, los recursos hídricos, la salud humana y los ecosistemas terrestres y marinos y, además, también supone un "enorme riesgo" para la estabilidad económica y la seguridad de las naciones.

Por ello, consideró "básico" que los Gobiernos terminen de trabajar en un nuevo acuerdo climático universal este año. "Las naciones todavía piensan demasiado en clave nacional y no en clave mundial", lamentó, y señaló que hay que hacer más hincapié en la construcción de un entendimiento común entre los individuos a través de todas las fronteras. Mostró además su preocupación por el hecho de que científicos y responsables políticos conocen el peligro que supone el cambio climático desde hace una generación y, a pesar de ello, existen "los mismos desafíos urgentes", por lo que ha remarcado que urge aumentar el ritmo de los cambios.

El agua, un serio problema para 750 millones de personas

Cerca de 750 millones de personas carecen de agua potable adecuada en todo el mundo y los avances en potabilización no están beneficiando a las personas más vulnerables, según señaló este viernes Unicef, con motivo de la celebración el próximo domingo del Día Mundial del Agua. Así, la organización dependiente de Naciones Unidas destaca que el acceso al agua potable ha sido uno de los mayores logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero este servicio que califica de "esencial" sigue siendo "un serio problema" para 748 millones de personas en todo el mundo.

Así, el jefe de programas mundiales de agua, saneamiento e higiene de Unicef, Sanjay Wijesekera, manifestó que desde 1990 la historia del acceso al agua potable ha experimentando "enormes avances" pese a circunstancias "adversas en extremo difíciles".

Sin embargo, considera que aún "queda mucho por hacer" porque el agua es "la esencia de la vida" y 750 millones de personas, sobre todo los que están en situación de pobreza o marginalidad siguen privados de este derecho humano fundamental. De estos que se quedan fuera, el 90 por ciento viven en zonas rurales y están siendo marginadas del progreso en sus países.

La organización valora que alrededor de 2,3 millones de personas han accedido a fuentes de agua potable mejoradas desde 1990. Como resultado, la meta de reducir a la mitad el porcentaje de la población mundial sin acceso a agua potable se alcanzó 5 años antes de vencer el plazo, fijado para 2015.

En la actualidad hay tres países donde más de la mitad de la población carece de agua potable mejorada. Estos son Mozambique, Papúa Nueva Guinea y República Democrática del Congo. Pese a los progresos, Unicef denuncia que "sigue habiendo disparidades significativas".

Además, advierte de que la falta de agua apta para el consumo puede tener consecuencias trágicas para los niños, ya que cerca de 1.000 niños muere cada día por enfermedades diarréicas asociadas al agua potable contaminada, o un saneamiento deficiente o a malas prácticas de higiene.

En el caso de las mujeres y las niñas, recoger agua reduce el tiempo que pueden dedicar al cuidado de sus familias y al estudio. En zonas inseguras, salir a recoger agua conlleva el riesgo de ser víctimas de violencia y ataques. Unicef calcula que, solamente en África, la gente camina 40.000 millones de horas todos los años para abastecerse de agua.

La Fiscalía de Valencia cifra en 262.404,99 euros el dinero desviado por los exresponsables de Emarsa para abonar gastos de viajes particulares; en 629.740,45 euros lo destinado para satisfacer gastos por obsequios y de hostelería; y en 132.600 euros otros gastos en concepto de kilometraje u otros servicios.

Así consta en el escrito de calificación provisional que el ministerio público ha remitido al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia –que se dirige contra 24 imputados–, dentro de la pieza principal del procedimiento, en la que se ha investigado un agujero millonario en la gestión de la empresa responsable de la depuradora valenciana, que el juez ha cifrado finalmente en 23.766.765,50 euros.

En su escrito, la fiscal dedica un apartado al desvío de fondos para satisfacer gastos de hostelería y viajes particulares, en el que detalla que Esteban Cuesta –exgerente de Emarsa– y Enrique Arnal –ex director financiero–, "haciendo un uso abusivo" de los cargos que ocupaban en la empresa pública, entre los ejercicios 2005 a 2010 contrataron con la mercantil Viajes Benimamet S.L. múltiples viajes personales "que disfrutaban en unas ocasiones solos y, en otras, acompañados de amigos y familiares".

Estos viajes, agrega la fiscal, fueron abonados con los fondos públicos que Epsar ingresaba a Emarsa para hacer frente a los gastos de explotación y mantenimiento de la EDAR de Pinedo. "Todos estos viajes dieron lugar a la recepción por parte de Emarsa de múltiples facturas en las que el responsable de la empresa de viajes, Vicente Tomas Benlloch, por indicaciones de Arnal y Cuesta contempló el concepto de dichos documentos mercantiles con términos genéricos tales como el número de personas que hacían uso del servicio y el tipo de servicio contratado, desplazamiento y/o alojamiento". Entre los diferentes destinos, la fiscal recoge algunos como Berna, Varsovia, Andorra, Lanzarote, Bucarest y Rumanía.

Gastos personales

Así mismo, el ministerio público dedica un apartado a los "diversos gastos personales" de Enrique Crespo –expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises– y Cuesta, principalmente en restaurantes y obsequios ajenos al servicio público de depuración de aguas residuales que tenía encomendado de dicha sociedad por la Emshi.

Para proceder al pago de estos gastos personales, hacían llegar al responsable Santos Peral y a Ignacio Martínez, en ausencia del primero, los tickets, facturas y otros documentos justificativos del pago de los mismos, y éstos, con pleno conocimiento de su actuación por parte del director económico financiero, "procedían al reintegro en efectivo de dichos importes haciendo uso de los fondos públicos que había en la caja de la sociedad".

Por otro lado, la fiscal contempla un apartado sobre el desvío de fondos por el pago de comisiones y sobresueldos ilícitos con el fin de encubrir y permitir la actividad ilícita de los principales acusados. A este respecto, señala que Peral y Martínez desatendieron sus funciones para permitir a Cuesta, Arnal y Crespo "lucrarse sin medida" de los fondos públicos que la Epsar transfería a Emarsa para hacer frente a los gastos de la explotación de Pinedo.

Y esta desatención de sus responsabilidades "no fue gratuita", sino que fue "compensada" con pagos en efectivo que se sucedieron mensualmente "a modo de sobresueldo" a lo largo de los años a cambio de su silencio. Sin embargo, añade que Santos y Martínez no fueron los únicos beneficiarios de este tipo de práctica, ya que Cuesta también recibió mensualmente de mano de los otros dos acusados un sobresueldo mensual. Otros trabajadores también recibieron pagos en metálico en concepto de kilometraje.