El 27 de julio de 1982, las principales cabeceras españolas traían en portada el "inminente" acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Yasir Arafat, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), había aceptado en diez palabras todas las resoluciones de la ONU sobre estos territorios. La incredulidad de Israel y Estados Unidos fue tal que acusaron al líder palestino de estar tramando una ofensiva encubierta. Ese mismo día, los diarios informaban del primer portazo de la OTAN a las peticiones militares españolas. No hacía ni dos meses que España había suscrito el Tratado de Washington para acceder a la Alianza Atlántica y el Gobierno de Calvo-Sotelo ya había pedido un mando militar subordinado con base en Cartagena. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

Israel había invadido Líbano en junio de 1982 para expulsar a la OLP del país. La Organización para la Liberación de Palestina había nacido en 1964 al calor de la Liga Árabe y había sido reconocida de inmediato por la ONU como representante del pueblo palestino. No obstante, con la invasión de Líbano por Israel −en la que llamó Operación Paz para Galilea−, daba comienzo la Primera Guerra del Líbano, un sangriento episodio más en el histórico enfrentamiento judío-árabe −primero− e israelí-palestino −después−. Yasir Arafat, el "líder de los palestinos", como ya le definió el presidente egipcio Abdel Nasser a finales de los sesenta, decidió aceptar todas las condiciones del Consejo de Seguridad de la ONU para detener la guerra en el Líbano y ganar apoyo internacional para Palestina y la OLP en el conflicto con Israel.

"Chairman Arafat accepts all U.N. resolutions relevant to the Palestine question" ("El presidente Arafat acepta todas las resoluciones de la ONU relacionadas con la cuestión palestina") fueron las palabras de Arafat en un documento que dio la vuelta al mundo y que puso los focos sobre Estados Unidos e Israel. El periódico La Vanguardia informaba de la acogida de la noticia por Israel: "El documento es sólo una maniobra propagandística de la OLP para ganar tiempo". De esta forma, el Gobierno del Estado judío interpretaba la misiva de Arafat como "un pedazo de papel que nadie ha visto" que "tiene como objetivo alterar las relaciones entre Estados Unidos e Israel", y describía al propio Yasir Arafat como alguien que "miente para ganar tiempo y nunca será un interlocutor válido para alcanzar la paz". Todo ello para desviar inmediatamente el discurso y recordar que había facciones de la OLP instaladas en suelo libanés y que Israel tenía el firme propósito de expulsarlas.

Lo cierto es que la brevedad del documento de Arafat desplegó un gran interrogante. ¿Aceptaba la OLP las resoluciones número 242 y 338 −el reconocimiento del Estado israelí− al afirmar "todas las resoluciones de la ONU"? Lo que habría sido un "auténtico terremoto político-diplomático en el complejo tramado de intereses de Oriente Próximo", explicaba el diario El País, fue "tomando a lo largo de la jornada de ayer un perfil más nítido con las precisiones realizadas por la propia OLP: no asumía las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, que reconocen explícitamente el derecho de Israel a existir". El portavoz de la Casa Blanca, Larry Speakes, sentenció que el reconocimiento de Israel "debe hacerse de una manera clara e inequívoca. La declaración de Arafat no cumple estas condiciones". Un supuesto inicio de conversaciones entre Washington y la OLP habría sido "un golpe muy difícil de encajar para el Gobierno de [Menájem] Beguin [primer ministro de Israel]", reflexionaba el cronista de El País.

Yasir Arafat hubo de abandonar Beirut a los pocos días, en agosto de 1982, camino de Atenas con escolta francesa, inglesa y norteamericana, aunque la ofensiva se alargaría hasta 1985. Ariel Sharón, primer ministro israelí, declararía en 2002 en una entrevista al periódico israelí Maariv:"Deberíamos haber matado a Arafat en 1982", en alusión a sus competencias como ministro de Defensa que condujo la invasión del Líbano. Si bien el icono palestino y Premio Nobel de la Paz falleció en 2004 a causa de un supuesto derrame cerebral, una investigación de la televisión catarí Al Jazeera descubrió en 2012 −y así lo confirmó la exhumación y autopsia del cuerpo por forenses suizos− que Arafat había sido envenenado. Sus fluidos corporales contenían restos de polonio 210 en una cantidad 18 veces superior a la normal.

La OTAN dice no y el Gobierno insisteno

El 30 de mayo de 1982, el Gobierno de Calvo-Sotelo firmó la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte como miembro número dieciséis de la alianza militar. Diario 16 abría portada ese 27 de julio de 1982 con un titular en letras mayúsculas y a página completa: "PRIMER 'NO' DE LA OTAN A LAS DEMANDAS ESPAÑOLAS". El ministro de Defensa, Alberto Oliart (de Unión de Centro Democrático), ya había adelantado las intenciones del Gobierno en el acto oficial de entrada de España a la organización Atlántica. Pero la delegación de la OTAN negó a las autoridades militares y diplomáticas españolas la creación de ese cuarto mando militar dirigido España. La Alianza Atlántica, precisaba Diario 16, "ha obligado al Gobierno español a retirar este tema de la agenda de negociaciones".

No conformes con la contundente respuesta de la OTAN, el Gobierno español y su representante diplomático, el almirante Ángel Liberal Lucini, conversaron con el presidente de la Organización para crear un "submando" a partir del desdoblamiento del Cuartel General para el sur de Europa. Una forma de participar bajo el emblema de la OTAN dentro de un plan ya existente de trabajo ("el dominio naval del eje Canarias-Estrecho-Baleares") sin crear más discordia dentro del organismo militar.

Como es conocido, existe un amplio consenso político y jurídico en la sociedad internacional (esto es, entre sus actores estatales e instituciones internacionales) acerca de la resolución del conflicto palestino-israelí sobre la base de dos Estados. Dicha resolución tiene una amplia base legal, asentada en las resoluciones de la ONU. De hecho, su Asamblea General reconoció de facto el Estado palestino en noviembre de 2012. Del mismo modo que lo han hecho algunas de sus agencias especializadas, como la UNESCO, en la que Palestina es Estado miembro de pleno derecho desde finales de 2011 (también con el voto favorable de España).

El Estado israelí existe y tiene reconocido el derecho a existir. De lo que se trata ahora es de reconocer este mismo derecho al Estado palestino, que también tiene derecho a existir y a convivir en paz y seguridad con los otros Estados de la región, incluido el israelí. De hecho, la mayor garantía de seguridad y de integración definitiva del Estado israelí en la región pasa ineludiblemente por el derecho a la existencia e implementación de un Estado palestino.

En el otoño de 1991 se iniciaron en Madrid las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. Más de dos décadas después de infructuosas negociaciones no han concluido en la resolución de este dilatado conflicto. Por el contrario, sus ciclos de violencia se han repetido e incrementado desde entonces como dramáticamente se ha presenciado en la franja de Gaza durante el pasado verano. Sin olvidar la sistemática expansión colonial que aplica la política de ocupación militar israelí, amenazando la continuidad territorial, viabilidad económica y cohesión demográfica de un Estado palestino y, por consiguiente, la propia resolución del conflicto sobre la mencionada opción de los dos Estados.

Sin solucionar las causas estructurales del conflicto, éste se repetirá inexorablemente de manera cíclica y violenta. Para salir de este círculo viciado, los diferentes Estados miembros de la sociedad internacional cuentan con una herramienta política y diplomática como es el reconocimiento del Estado palestino. Más que ayuda humanitaria, lo que verdaderamente demanda la sociedad palestina es justicia. En este mismo sentido, se estaría reconociendo y compensando el sacrificio, esfuerzo y concesiones realizadas tanto por la sociedad palestina como por su movimiento nacional de aceptar un mini-Estado en el 22% de su territorio histórico para poner fin a este prolongado conflicto.

España tiene la oportunidad de renovar su adelantada posición con el reconocimiento del Estado palestino, en sintonía y coherencia con su propia trayectoria exterior. No cabe olvidar que España fue el primer país de Europa occidental en recibir al presidente palestino. La imagen del recibimiento de Yasser Arafat por Adolfo Suárez, en septiembre de 1979, hizo historia. La relación bilateral entre España y Palestina ha pasado a ser más un asunto de Estado que de Gobierno. Sus presidentes de Gobierno, desde Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y, cuando era jefe de la oposición, Mariano Rajoy, han recibido a los presidentes palestinos. También sus Jefes de Estado, el rey Juan Carlos I y el actual, el rey Felipe VI, cuando era príncipe, han mostrado su apoyo al pueblo palestino y a una solución justa y duradera del conflicto. La propia política española de cooperación internacional para el desarrollo ha contribuido de manera muy significativa a la construcción institucional de un Estado palestino. En coherencia, por tanto, con esta trayectoria, España debería reconocer al Estado palestino.

Además de una amplia y sólida base jurídica, política y diplomática internacional, el reconocimiento del Estado palestino por España se asentaría sobre una amplia y significativa base de apoyo sociopolítico. Junto a los partidos políticos, el conjunto de la sociedad civil española vería favorablemente la adopción de esta toma de decisión. Intelectuales, artistas, juristas, activistas sociales, fuerzas sindicales y movimientos sociales se han pronunciado en repetidas ocasiones y por diferentes medios a favor de los derechos nacionales del pueblo palestino. Por tanto, el reconocimiento del Estado palestino satisface también una demanda sociopolítica interna en sintonía con su agenda exterior.

Lejos de cualquier complejo, y sin mayor dilación, España debería reconocer al Estado palestino. En coherencia con su propia política exterior, Madrid no debería menospreciar ni derrochar el capital político acumulado a lo largo de su historia. Por el contrario, debería seguir contribuyendo a la historia, en particular, a la europea, donde su relación con la cuestión palestina ha señalado la dirección correcta a otros Estados europeos desde tiempos más tempranos. La consideración que tiene España en la región no es precisamente ajena esta histórica posición, que tiene hoy día la oportunidad de renovar con el reconocimiento del Estado palestino.

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Marwan Burini es presidente de la Comunidad Hispano-Palestina