El caso Ana Obregón ha puesto de nuevo la gestación subrogada, una práctica ilegal en nuestro país, en el centro de la agenda pública nacional. Un debate bioético, político y jurídico que las diferentes exclusivas de la revista ¡Hola! han ido enrevesando cada vez más. Este miércoles, la propia actriz y presentadora reconocía en una entrevista con la misma publicación que el bebé nacido por vientre de alquiler en Miami es hija de su hijo fallecido, Alejandro Lecquio. Es decir, que realmente es su nieta. Sin embargo, Obregón sostiene que "legalmente" la recién nacida figura como su "hija". Y se muestra convencida de que no habrá problema alguno para que así se reconozca en suelo español. Pero no será tan sencillo. Alrededor de este caso hay, a nivel jurídico, numerosos obstáculos.

La actriz y presentadora cuenta que cuando a Lecquio le diagnosticaron cáncer, el joven decidió guardar "muestras de su esperma" en Nueva York. Y que su "última voluntad" antes de morir era la de "traer un hijo suyo al mundo". "Así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama 'testamento ológrafo' y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente", ha explicado. Dicho tipo de testamento, efectivamente, aparece recogido en el artículo 688 del Código Civil. Pero para que sea válido "deberá estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue".

El ordenamiento jurídico español contempla la posibilidad de la fecundación artificial post mortem. Ahora bien, en circunstancias muy concretas que no se ajustan, ni de lejos, a este caso, en el que se utilizó el esperma de Lecquio, un óvulo donado y una mujer que se encargó de la gestación. Así, la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida contempla en su artículo 9 que el "material reproductor" del hombre "pueda ser utilizado en los doce meses siguientes a su fallecimiento" y para fecundar "a su mujer". Además, el "marido" deberá "prestar su consentimiento" en "escritura pública, en testamento o documento de instrucciones previas".

Aunque la práctica de los vientres de alquiler es ilegal en España, una instrucción de 2010 de la Dirección General de los Registros y del Notariado permite la inscripción de nacimiento de un menor nacido por gestación por sustitución en el extranjero siempre y cuando haya una sentencia o resolución judicial emitida en el país de origen que acredite "la filiación del menor". Ahora bien, dicha resolución parece orientada para aquellos casos en los que el recién nacido tenga material genético de quien pretende hacer la inscripción.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre este tipo de inscripciones en el Registro Civil. Y ha llegado a condenar a países como Francia por negarse a llevarlas a cabo –caso Mennesson o caso Labassee–. Al fin y al cabo, apuntaba Estrasburgo, "debe primar el interés del menor". Sin embargo, en ambos casos los bebés tenían lazos biológicos con uno de los miembros de la pareja.

Pero todo cambia cuando no existe dicha vinculación. Veamos el caso Paradiso y Campanelli contra Italia, sobre el que se pronunció la Gran Sala de Estrasburgo. Lo que se trataba en este asunto era la retirada por parte de las autoridades italianas de un menor nacido por gestación subrogada en Rusia sin material genético de nadie de la pareja. Se dio la razón a Italia: "Teniendo en cuenta la ausencia de vínculo biológico entre el niño y los padres de intención, la corta duración de la relación con el niño y la incertidumbre de los vínculos desde una perspectiva jurídica, y a pesar de la existencia de un proyecto parental y la calidad de los vínculos afectivos, la Corte considera que no se dan las condiciones que le permitan concluir que existió una vida familiar de hecho".

El Supremo ya se pronunció hace justo un año en un caso en el que no existía ese vínculo genético. Y concluyó que la mujer, que había tenido un bebé a través de gestación subrogada sin aportar material genético propio, tenía que recurrir a la vía de la adopción del recién nacido para que se reconociera en nuestro país esa relación de filiación. Ahora bien, esto también sería imposible en el caso de Ana Obregón. En primer lugar, porque el artículo 175.3 del Código Civil establece que "no puede adoptarse" a un "descendiente", y en este caso el bebé sería su nieto. Y segundo, porque ese mismo precepto establece que la diferencia de edad entre adoptante y adoptando "no podrá ser superior a cuarenta y cinco años". En este caso, son 68 años.

En 1973, cuando el niño que yo era tuvo el inmenso privilegio de salir al monte con el añorado Félix Rodríguez de la Fuente, faltaba más de una década para que naciera el término “biodiversidad”, y casi tres para que fuera pronunciado en un telediario. Pero, aunque fuese sin nombre y sin eco, la biodiversidad ya estaba allí. Siempre estuvo allí. La naturaleza, el conjunto armónico de todo lo viviente, la vivacidad, como le gusta decir al maestro Joaquín Araújo, ya nos arropaba entonces, como llevaba arropando a la Humanidad desde antes de la cuna. En España daba sus primeros y precarios pasos el movimiento ecologista, y con él nos asomábamos a puertas y ventanas que no sabíamos exactamente adónde conducían, pero que olían bien, porque traían el aroma de las plantas y de los animales, de los campos silvestres que, pese a grandes adversidades, nos han acompañado hasta hoy, y que ahora nos preocupan seriamente.

Cuenta el más ilustre de los biólogos vivos, Edward Osborne Wilson, fundador de ciencias como la biogeografía de islas y la sociobiología, que en 1986 un colega suyo, Walter Rosen, convocó un seminario académico para debatir si las categorías que la ciencia utilizaba al clasificar y estudiar las relaciones entre los seres vivos y su ambiente (biotopos, ecosistemas, biomas...) daban respuesta cabal a la variedad de la naturaleza, y en especial a su carácter sinérgico, es decir, al hecho de constituir un todo mayor y más complejo que la suma de las partes. En el transcurso del simposio, buscando aunar el retrato global y la economía del lenguaje, Rosen acuñó por primera vez el término “biodiversidad”, y dos años más tarde un Wilson ya famoso lo popularizó de forma irreversible al titular con él uno de sus libros más conocidos.

El concepto nació con un sesgo inequívocamente científico, pero quienes le dieron vida eran conscientes desde el principio de su dimensión extraordinaria, y de la carga de valores de otra clase que llevaba aparejada. Muchas veces, desde aquellos días pioneros, ha defendido Edward Wilson que la conservación de la biodiversidad es un imperativo ético que nos implica a todos como seres humanos. Al afirmarlo, no hace sino recoger, revitalizar y derramar sobre el pensamiento de Occidente las voces ancestrales de tantos pueblos originarios e indígenas, cuya sabiduría se sustenta en un pilar de gratitud y reciprocidad en las relaciones con la naturaleza; en una manera milenaria de relacionarse con el entorno que nuestra sociedad quiere imitar hoy con el llamado “aprovechamiento sostenible”. Tomar solo lo que se nos ofrece. Nunca lo primero. Nunca lo último. Nunca más de la mitad. Nunca dañando. El respeto como guía de nuestro uso imprescindible de otras especies.

La biodiversidad colma nuestras necesidades básicas, y es lógico que podamos acercarnos inicialmente a ella de modo utilitario. Me viene a la memoria la metáfora que suele emplear otro conocedor maestro de la biología, Miguel Delibes: la lavadora. Un día se le cae una tuerca, no sabemos ni de dónde, y no pasa nada, no le damos importancia, la máquina sigue lavando la ropa. Al cabo de varios días se desprende el tornillo que había quedado flojo, y tampoco nos alarma porque, aunque traquetea un poco, la lavadora sigue cumpliendo su función. Pero en las semanas y los meses siguientes, como hacemos caso omiso de la máquina tocada, se rompe un manguito que tampoco arreglamos, se agrieta una goma pero no la vemos, se desajusta una polea que nos sorprende con un ruido raro... y se acaba desequilibrando el tambor, que golpea la carcasa y rompe el mecanismo, dejando un charco sucio, un rastro de grasa y un olor a quemado. Adiós lavadora. La tuerca era importante. Los ecosistemas son nuestra lavadora. Las distintas especies son las piezas. Cada extinción es una seria avería. La biodiversidad nos sirve, pero solo podrá seguir haciéndolo mientras funcione, mientras se mantenga intacta y sana, mientras le devolvamos conciencia y cuidado. Aunque solo sea por puro egoísmo, nos interesa preservar el andamiaje de la vida y su funcionamiento.

Por eso es importante comprender que la biodiversidad no es sólo aquello que llama la atención, lo emblemático o espectacular. Está en los parques nacionales y en las reservas, desde luego, pero también, incluso más, fuera de ellos, en los campos y montes corrientes, en los cultivos, en los pueblos y hasta en las ciudades. En todo el territorio, los paisajes que habitamos, entendemos, usamos y alteramos son edificios construidos con ladrillos de biodiversidad. La biodiversidad es la herramienta que consigue la regulación de los procesos naturales, en su visible faceta trófica de predadores y presas, sí, pero también en niveles más ocultos o profundos, como los equilibrios de energía y los intercambios de información que determinan la dinámica de los seres vivos.

Cuando hablamos de biodiversidad no estamos ante una cuestión decorativa, ni solamente estética, por placentera que nos resulte su contemplación. No es un adorno ni una broma. Es un asunto vital. La variedad de las especies es la clave de nuestra capacidad de adaptación a los muchos y grandes cambios (climático, oceánico, sociodemográfico, económico) que definen nuestra época. Nos guste o no, la biodiversidad determinará la supervivencia de nuestras civilizaciones.

En consecuencia, y en contra de lo que parecen pensar (aunque no lo digan) casi todos los políticos y muchas otras personas, empresas y administraciones, tampoco es una hermana menor de los otros factores ambientales, sino que debe abordarse en pie de igualdad y en combinación con la acción climática y energética.

Parezca cara o barata (¿son caras o baratas las inversiones en aquello que nos da la vida?), la defensa de la biodiversidad, y de la urgencia de frenar su pérdida y lograr su restauración, es políticamente costosa, por el hecho de que no es cortoplacista, ni directamente monetarizable. Aunque apenas queda tiempo y es preciso actuar ya, la mayoría de sus efectos no son visibles de manera inmediata, mientras que exige negociaciones con poderosos aquejados de la miopía del beneficio instantáneo (que además piensan que el acceso a la biodiversidad para ellos y sus círculos cercanos estará siempre garantizado).

Ignoran (o desprecian) que se trata de una cuestión íntimamente ligada a la excelencia de la condición humana, a la dignidad de nuestro paso por la vida, al respeto que debemos a todas y cada una de las especies que comparten el planeta con nosotros, y que literalmente hacen posible nuestra existencia. Más allá del pragmatismo egoísta de nuestra propia subsistencia, nos reclama, aunque no lo reconozcamos, el agradecimiento a la vida no humana, la comprensión profunda (tanto científica como espiritual) de la hermandad de todo lo viviente. Por eso, detener el ecocidio y reparar la biodiversidad es una prioridad irrenunciable, aunque hacerla valer exija coraje y determinación.

El respaldo social a la conservación de la biodiversidad ha crecido mucho, pero ni de lejos lo suficiente. Ni Jane Goodall ni Sylvia Earle predican ya en el desierto como tuvo que hacer Félix, pero sigue habiendo líderes indígenas o vecinales, periodistas, ecologistas, guardaparques, personas anónimas de toda condición, que se juegan y acaban entregando la vida por defender la biodiversidad; héroes y mártires a su pesar que engrandecen la lucha de todos por lo que es vital y éticamente inaplazable: la recuperación de la diversidad biológica y ecológica del planeta Tierra.

Esta lacra solo cesará cuando aceptemos y apliquemos, cada uno desde su lugar, que la biodiversidad es, para nuestras sociedades, el sinónimo más claro de potencia, de alegría, de capacidad creadora y evolutiva, de futuro. El sinónimo de humanismo. El sinónimo de juventud. Biodiversidad, divino tesoro.

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Eduardo Crespo de Nogueira y Greer es doctor ingeniero de Montes

Unos tipos están gastándose un pastón en la búsqueda del secreto de la vida eterna. Dicho así, parece que estoy comentando la noticia de una pandilla que se ha encerrado en un rancho de Dakota, siguiendo la estela de un líder espiritual, para practicar sexo a tutiplén y hacer tortillas de alucinógenos, pero no. Voy a contarlo bien:

Jeff Bezos, Yuri Milner y otros millonarios del mundo están invirtiendo en la investigación de la reprogramación celular con el objetivo final de rejuvenecernos. Dicho así, parece que hablo de un sérum de hialurónico, pero no. Voy a contarlo bien:

Varias empresas de biotecnología trabajan en la consecución de lo que es un sueño quimérico para las personas normales y un proyecto alcanzable para los que han hecho del éxito su esencia vital: prolongar la vida y acabar con la única certeza que tenemos en esta, la muerte.

Una de estas empresas, Altos Labs, que podría haberse llamado “Altos vuelos” –no por el ratico de Bezos en el espacio, sino por lo lejos que pretende llegar con la investigación–ha fichado a científicos de gran prestigio. Entre ellos, dos investigadores españoles, Manuel Serrano y Juan Carlos Izpisua Belmonte, y un premio Nobel de Medicina, Shinya Yamanaka.

El proceso se iniciaría con el rejuvenecimiento de células en el laboratorio, después lo intentaría con cuerpos animales y finalmente seríamos los humanos los beneficiarios de esta longevidad.

Claro, a priori, una piensa ¿¡Qué maravilla, no!?. ¿Te imaginas que la vida fuera eterna, que nunca se acabara el baile, que pudiéramos ver amaneceres sin parar y ninguno de los atardeceres fuera definitivo? ¿Te imaginas que un hallazgo científico como el que pretenden Bezos y sus colegas del grupo de whatsapp de millonarios del mundo hubiera llegado a tiempo para que todavía vivieran mi hermana, mi padre, mis amigos del alma y todos los que se me fueron?

Pero un poco después, cuando llevas un rato centrifugando la idea dentro de la escafandra de tu cerebro, abandonas la nave de los sueños y te preguntas: “un momento, una vida más longeva… ¿con qué pensión, con qué atención, con qué calidad de vida? ¿Una vida eterna con una eterna hipoteca, eternamente compartiendo piso, durmiendo para siempre en un cajero automático con cartones, pagando el megavatio a precio de percebe navideño… toda la vida?. No lo sé, Rick, parece jodido…

Envejecer es una mierda. No porque la experiencia y la sabiduría –que solo se consiguen a fuerza de consumir años– no tengan enorme valor; no porque unas manos con pliegues en la piel no sean bellísimas; no porque las arrugas en un rostro no dibujen el mapa inequívoco de quien ha vivido. Envejecer es una mierda, sin entrar en muchos detalles, porque todo es más difícil. Y muchísimo más difícil si tienes menos.

Quizás en el cómputo global de una vida no importe tanto el cuánto como el cómo. Cómo de cómoda ha sido la tuya gracias a aquello que se paga con dinero, cómo de feliz, plena e interesante, gracias a aquello que no tiene precio. Al asunto de cómo hacer que cada minuto no se haga eterno por las dificultades, Bezos, si tenéis un rato, podríais darle también una vuelta tus colegas y tú en el laboratorio…

El Gobierno rechaza la objeción institucional a la que pretende acogerse la Iglesia para no aplicar la Ley de Eutanasia en sus centros y hospitales, recordando que se trata de un derecho "individual, nunca institucional o corporativo". En respuesta por escrito a infoLibre, el Ministerio de Sanidad es contundente: "Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia".

Como ha publicado este periódico, un informe del Comité de Bioética, organismo público que asesora al Gobierno, defiende que los centros sanitarios dependientes de la Iglesia puedan ver reconocida una objeción "institucional" de conciencia a la Ley. Dicho informe considera incluso que el "ideario" de los centros se puede "imponer" a los trabajadores, y que además se debe establecer una "garantía" de que no pierden sus conciertos públicos [ver aquí]. El comité, que ya se posicionó en contra del derecho a la eutanasia, avala así las pretensiones de la Conferencia Episcopal y de hasta cinco "instituciones religiosas" que trabajan en el sector sanitario.

El comité se expresa con total rotundidad a favor del derecho a la objeción institucional en el caso de las "comunidades, entidades, congregaciones y órdenes religiosas u otras organizaciones o instituciones seculares" con un ideario contrario a la eutanasia, y sólo admite que "pudiera ponerse algo más en duda respecto de las sociedades mercantiles". Además, defiende que las entidades religiosas deben poder seguir recibiendo dinero público y trabajando con conciertos.

La vocal Leonor Ruiz Sicilia emitió un voto particular en el que aprecia "incoherencias" en el informe, que "parecen tener un carácter finalista con el fin de reconocer derechos de protección a determinadas instituciones, al amparo de la figura de la objeción de conciencia". En cuanto a las entidades concertadas, "el tema es de mayor calado", recalca el voto discrepante: "Estas instituciones reciben recursos públicos y el conflicto se plantea entre el derecho [...] a que se respeten sus idearios institucionales y el derecho de la ciudadanía, que no las eligió, a recibir las prestaciones que la ley les garantiza". A juicio de Ruiz Sicilia, son necesarios contratos "claros, públicos y transparentes".

"Individual, nunca instititucional"

El Ministerio de Sanidad, que ya ha recibido el informe del Comité de Bioética, recuerda que se trata de "un órgano colegiado e independiente, cuyas propuestas y recomendaciones no son vinculantes". "Respecto al informe, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en la prestación pública-sanitaria de ayuda para morir es individual, nunca institucional o corporativo", señala el departamento dirigido por Carolina Darias (PSOE).

Sanidad se agarra tanto a la Ley de Eutanasia, que recibió luz verde del Congreso en marzo con el voto en contra del PP y Vox, como al manual de buenas prácticas aprobado en julio por el Consejo Interterritorial de Salud. Ambos documentos establecen que la objeción es un derecho individual. Sanidad, en su respuesta a este periódico, señala que el manual, previsto por la ley, fue "consensuado con las comunidades y ciudades autónomas y aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial". La objeción, añade Sanidad, "tiene carácter personal y no puede ejercerse por una institución, centro, servicio o unidad". "Una institución o centro no puede obligar a sus trabajadores a ser objetores de conciencia", concluye.

La posición del Gobierno choca con las pretensiones de la Conferencia Episcopal, que en junio solicitó el reconocimiento de los hospitales y residencias católicas como "zonas libres de eutanasia". Este posicionamiento es significativo. La última memoria de la CEE cifra en 878 las "casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad" y en 69 los hospitales de la Iglesia, sumando casi 850.000 usuarios. Además, cinco agentes de peso en el mapa sanitario suscribieron también en junio un manifiesto de frontal rechazo a la aplicación de la norma. Presentándose como "instituciones religiosas dedicadas a la asistencia sanitaria", la Orden de San Juan de Dios, la Federación Nacional Lares, Hospitales Católicos de Madrid, la Orden de Religiosos Camilos y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) declaraban su negativa a participar en la eutanasia. Sólo la Fundación Lares aglutina más de 1.000 centros y servicios.

La asociación Derecho a Morir Dignamente teme que la posición de la Iglesia, con un papel relevante en el mapa sanitario español, acabe dificultando el despliegue de la ley y que los trabajadores de los centros religiosos se sientan coartados. El temor del presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, es otro: que, si las instituciones religiosas perdieran espacio, lo ocupasen fondos de inversión y se deteriorase el servicio.

Críticas de PSOE, Unidas Podemos y Más País

Consultados por infoLibre, PSOE, Unidas Podemos y Más País expresaron este lunes críticas contra el informe. Si el referido a la eutanasia, de octubre de 2020, "contenía aseveraciones inadmisibles procedentes de un órgano asesor de este nivel por inciertas, si no directamente falsas", el publicado por el Comité de Bioética sobre la objeción "ha renunciado a cualquier esfuerzo argumental de veracidad y directamente es un compendio de declaraciones sobre las creencias personales de sus miembros", señala María Luis Carcedo, secretaria de Sanidad y Consumo del PSOE, en un artículo remitido a este periódico.

La exministra de Sanidad, clave en el impulso de la ley, critica que el Comité de Bioética abogue por la "objeción institucional de determinados centros sanitarios, propiedad de comunidades religiosas", mientras niega a sus trabajadores "la libertad de conciencia para optar a realizar la prestación de ayuda para morir".

"Buscan la argumentación para justificar la objeción institucional de las comunidades religiosas en su tradición histórica de hospitalidad, y en cambio advierten de los riesgos de las mayorías democráticas para lanzar sospechas de todo tipo sobre la capacidad de las Cortes para la aprobación de una ley orgánica", señala Carcedo. Y añade: "Nada que objetar al reconocimiento de los firmantes del informe sobre las bondades de las comunidades religiosas, pero todo que cuestionar a la descalificación de la toma de decisiones por las mayorías parlamentarias exigidas en cada acto de las Cortes, según mandata la Constitución".

Unidas Podemos también recibió con desagrado el informe del comité. "Si las instituciones religiosas no respetan la ley, había que iniciar el camino para que los pacientes sean atendidos en estructuras sanitarias de gestión pública directa, que sí respeten sus derechos", señalan fuentes del grupo morado. "La decisión del Comité de Bioética de posicionarse acerca de esta cuestión es principalmente unilateral", añaden. "No se produce en el seno de ninguna conversación acerca de la ley, especialmente si tenemos en cuenta que la ley no contempla la objeción de las instituciones que se plantea en su informe".

Más País respeta el derecho individual a la objeción, recogido en la ley, pero no "una imposición que pueda ejercer un hospital sobre todos sus trabajadores". "Como ocurre con la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la muerte digna está garantizado por ley, y es deber del Estado que la ciudadanía pueda acogerse a él tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados que reciben recursos públicos por concierto. Si reciben fondos públicos, tienen que ofrecerse los mismos servicios que en la sanidad pública", señala el partido de Íñigo Errejón.

Ni PP, que gobierna cinco comunidades, ni Vox, los dos partidos que han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, ni tampoco ERC se pronunciaron a requerimiento de este periódico sobre el informe del Comité de Bioética y sus posibles implicaciones. 

La conselleira gallega de Sanidade, Rocío Mosquera, ha descartado presentar su dimisión tras la dimisión de siete integrantes del Comité de Bioética de la Xunta, un órgano asesor del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Los dimisionarios aseguran que Sanidade ha censurado un documento en el que denunciaban desigualdades en la asistencia sanitaria en Galicia, según una información publivcada por La Voz de Galicia.

Mosquera quiso restar importancia a este asunto asegurando que "es un tema absolutamente interno y de organización interna. Se puede dimitir por muchas cosas y por muchas causas, pero lo que creo es que cuando los temas son de organización interna, lo que hay que hacer es resolverlos", ha respondido a los periodistas.

La conselleira confirmó que el informe trataba sobre desigualdades en el acceso al sistema sanitario, pero negó que hubiese "censura política" en la decisión de no publicarlo.