Un estudio realizado en 2025 en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) manifiesta que el absentismo en sus aulas puede llegar al 40% del alumnado, aunque con diferencias entre asignaturas y contextos. Intuyo que el problema puede ser similar en casi todas las universidades públicas. Se atribuye principalmente al malestar personal de los estudiantes, su desconexión con los estudios, una vivencia desmotivadora y al hecho de ser una generación con una profesionalización débil. Más allá de estos factores, les desmotivan también las clases magistrales y la falta de competencia del profesorado, que les inducen a una actitud pasiva y a apoyarse en los apuntes de otros compañeros para suplir su presencia, porque creen que pueden obtener ese conocimiento fuera del aula. En resumen, se ha instaurado la idea de que no es preciso asistir a clase para superar los estudios. El resultado de todo ello, en opinión del profesorado, es que se ha reducido significativamente el rendimiento de los alumnos y su motivación, lo que implica mayor riesgo de abandono de los estudios. Según la información publicada, ante este problema estructural la UAB no se plantea el absentismo “sólo como un problema, sino que asume este reto como una oportunidad para repensar y mejorar su acción educativa con un conjunto de líneas de acción para lograr una formación más motivadora, flexible y centrada en el estudiantado”. Para ello se pretende la promoción de un entorno universitario más conectado con el bienestar emocional de los alumnos.

Loable discurso si con ello mejora la calidad del resultado, esto es, la formación de los egresados universitarios. Además de la preocupación por el estado psíquico de los estudiantes echo en falta algunas consideraciones de carácter más estructural que vienen de lejos. En su ámbito educativo (más allá de la investigación y la transferencia de tecnología) el papel de la universidad no es sólo facilitar la inserción profesional de sus egresados, sino sobre todo formarlos en un sentido más amplio que la mera lógica del mercado laboral (también en un sentido cultural, cívico y humanístico). Para ello la presencialidad y la interacción profesor-alumno es un recurso para nada despreciable. En el desarrollo de sus funciones, las universidades públicas (me centro en las públicas porque las privadas se rigen por otra lógica) se han de dotar de recursos suficientes (personal e infraestructura) para atender la demanda de todos aquellos ciudadanos que desean acceder a unos estudios superiores (que no son obligatorios, sino voluntarios), con independencia de su poder adquisitivo. Primer problema: se debe atender una demanda que, en la práctica, no es real. Hay que disponer de suficientes plazas para (caso de la UAB, equiparable a la mayoría de universidades publicas) un 40% de alumnos que, en algunos estudios, no van a usarlas. Esto tiene un coste. Segundo problema: estas plazas están financiadas con recursos públicos, de todos los ciudadanos, incluso de aquellos a quienes gustaría acceder pero que, por circunstancias diversas, no pueden. Tercer problema: existe un desajuste conceptual entre oferta y demanda. La oferta es de formación universitaria. La demanda es de títulos para el acceso al mercado de trabajo incluso por parte, a veces, de quienes adolecen del nivel académico requerido. Conclusión: estamos malgastando los recursos afectados a un 40% de plazas universitarias. Este derroche casa mal con el reiterado discurso de la insuficiencia de recursos de las universidades públicas, sobre todo a la luz de algunas consideraciones.

Primera consideración: debería ajustarse oferta y demanda. A la universidad se va, en primer lugar, a estudiar; para obtener un título, sí; pero hay que ir, y para estudiar, a partir de haber acreditado unas capacidades mínimas. La universidad pública tiene que ser selectiva en el proceso de acceso (no en función de la capacidad económica, sino en función de la capacidad académica de los candidatos) porque los recursos son limitados. No puede ser que la selección consista en que prácticamente todos los candidatos accedan a este servicio público, aunque no tengan el nivel académico para ello.

Segunda consideración: deberían ajustarse los costes. La matrícula en una universidad pública no cubre el coste total de la plaza, sino sólo un porcentaje mínimo. O reducimos la oferta de plazas a la ocupación real, o incrementamos el precio de las matrículas para sufragar el coste real de las plazas existentes no ocupadas. No puede ser tan barato matricularse que te puedas permitir el lujo de no asistir a clase. No puede ser más barato matricularse en la universidad que en un jardín de infancia.

Tercera consideración: a pesar del incremento de precios de las matrículas, garanticemos el acceso a las plazas universitarias, con independencia de las capacidades económicas, a aquellos que realmente desean sacar provecho de este servicio público pagado con los impuestos de todos. Para ello, instauremos préstamos universitarios para sufragar el coste real de las matrículas de los estudiantes; préstamos que se reconviertan en becas (que no haya que devolver) a medida que el estudiante cumple con sus objetivos académicos. De este modo el absentismo universitario en las universidades públicas será un lujo que sólo los más ricos podrán asumir, eso sí, pagándoselo con su dinero, no con el de todos.

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Ramon-Jordi Moles Plaza es ex secretario general de Universidades de la Generalitat de Catalunya.

La Junta de Extremadura ha remitido a Fiscalía información sobre el caso de las dos alumnas del colegio Alba Plata de Cáceres cuyos padres no quieren que usen mascarilla en el aula, por lo que la Junta de Extremadura ha prohibido el acceso a las clases de las dos hermanas, de 3º y 5º de primaria, hasta que no usen esa medida de protección contra los contagios por coronavirus, informa Europa Press.

El expediente gubernativo ha llegado a la Fiscalía Superior de Extremadura pero, al no ser éste el órgano competente para asumir la investigación del caso, se va a remitir a la Fiscalía Provincial de Cáceres, según ha confirmado este jueves la propia fiscal jefe provincial, Marta Abellán, que, no obstante, ha indicado que desconoce los términos de la denuncia porque todavía no se ha recibido en la Fiscalía Provincial, por lo que no sabe nada "formalmente".

Abellán, que ha presentado en rueda de prensa la memoria del órgano judicial, ha estado acompañada por la teniente fiscal y fiscal de menores, Yolanda Forte, que será quien se encargue de las diligencias de investigación, sobre la que ha indicado que habrá que estudiar "todas" las circunstancias que se derivan de este caso, cuyos detalles conoce solo por los medios de comunicación.

No obstante, Forte ha avanzado que la fiscalía de menores "velará por los derechos y el interés de las dos menores" y ha añadido que el derecho a la educación es uno "fundamental". "Si cercenas el derecho a la educación estás privando a esa persona de su vida futura, de sus acciones, de su opción a formarse, a desarrollarse, etc", ha resaltado.

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A la pregunta de cómo se puede proceder en el caso de que la familia siga en sus treces de no llevar a las dos niñas al colegio, Forte ha recordado que existe un protocolo de absentismo escolar y "en varios casos en los que se puede constatar una intencionalidad o una dejación intencial de los deberes parentales de los progenitores o tutores, se ha llegado a formular denuncia por abandono de familia".

"Es un delito que se recoge en el Código Penal", ha subrayado la fiscal de menores, que añade que una vez que se derivan todas las diligencias se debe velar por la protección de los derechos de los menores. "En este caso, nos derivarán las diligencias y veremos qué incidencia tiene la decisión de los padres de no permitir el acceso a sus hijas al colegio", ha subrayado.

Forte ha insistido en que lo que compete al fiscal de menores es "velar por que los derechos de esas dos menores sean respetados, incluido el derecho a la educación", ha concluido, que insiste en que habrá que investigar "múltiples circunstancias" como la postura de los padres, la decisión del centro y de la propia Administración regional para dirimir las responsabilidades de este caso.

Los padres explicaron en el juicio que ellos educaban a la niña con el refuerzo de un profesor que acude tres horas diarias y durante tres días a la semana, han publicado este viernes los diarios Segrey La Mañana.

En la sentencia, la jueza absuelve a los acusados al considerar que no se ha hallado en los progenitores "una infracción del deber de educar a los hijos de tal gravedad que merezca un reproche penal".

Alargar la educación obligatoria hasta los 18 años, es decir, que todos los alumnos tengan que empezar a estudiar el bachillerato o una FP de grado medio. Esta es una de las propuestas en materia educativa con las que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones, según adelantó este lunes la Cadena Ser. La idea no es nueva –de hecho, la propuso el entonces ministro socialista Ángel Gabilondo en 2009, aunque no llegó a plasmarse en el programa de las generales de 2011– pero ha puesto sobre la mesa varios asuntos.

Entre ellos, cómo puede contribuir a luchar contra el abandono escolar, hasta qué punto es viable obligar a estudiar a alumnos casi adultos, si puede mejorar la perspectiva laboral de los jóvenes u otro aspecto muy relevante: la financiación. Sobre esta última cuestión los socialistas no han dado más detalles. Para conocer cuál es el impacto económico de esta medida habrá que esperar a mitad de noviembre, cuando el PSOE definirá su programa en una conferencia política, señala un portavoz.

Aunque con matices, los analistas a los que ha preguntado este periódico valoran la propuesta, pues entienden que dejar la escuela sin tener como mínimo una credencial de educación superior es salir muy poco preparado para el mercado de trabajo. Consideran, además, que la única vía para asumir el objetivo de Europa 2020 de lograr un 85% de titulados de Educación Secundaria Superior implica la escolarización universal de ese tramo de edad y, por tanto, gratuita. 

No obstante, subrayan otros problemas que esta medida puede plantear. Entre ellos, el citado de la financiación, pero también cómo puede influir en un profesorado que tendría que enfrentarse al reto de ver cómo cambia el perfil de su alumnado. Hay quien piensa también que habría que empezar por mejorar lo que ya existe y no funciona y que, si hay que elegir, mejor enfocarse en garantizar el acceso gratuito a la educación de 0 a 3 años, pues se considera muy sólida la evidencia científica que relaciona la educación infantil con el rendimiento de los estudiantes, además del retorno que esta escolarización genera en materia, por ejemplo, de conciliación laboral. 

La adaptación del profesorado

"Lo que yo buscaría sería asegurar lo que ya tenemos y garantizar cuestiones como la educación de los más pequeños, los que tienen entre cero y tres años, pero en escuelas infantiles y con profesionales y con recursos adecuados", dice Jurjo Torres, catedrático de Organización Escolar de la Universidad de A Coruña.

Es cierto que los socialistas proponen también retomar el proyecto de ampliación de la educación infantil Educa3 que ya pusieron en marcha en 2008, con 100 millones de presupuesto anuales que las comunidades autónomas debían completar. En 2012, este programa fue eliminado con el argumento del Ministerio de Educación de que esta etapa es “asistencial” y no educativa. Ahora, el PSOE tampoco ha concretado cómo lo financiará.

Torres ve también el "peligro" de que es una ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 años puede ser algo económicamente muy costoso. Y apunta que esta medida supondría también aumentar los conciertos educativos a esa etapa. "Yo pondría la condición de que esta propuesta no acabe convirtiéndose en un negocio con la concertación de nuevos ciclos", añade. También Rafael Feito, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, alude al componente económico, si bien añade que parte de las dificultades pueden partir de la adaptación del profesorado.

"El tipo de alumnado cambiaría y eso requiere también una actualización por parte de los docentes, que son los que tienen que hacer el esfuerzo de que la escuela sea un lugar atractivo, no algo soporífero... Desde luego, lo destacado es que si no conseguimos que prácticamente el 100% de nuestros chicos acaba en FP o bachillerato nos va a seguir yendo tan mal como nos va", asevera. 

José Saturnino Martínez, sociólogo especializado en educación y desigualdad social, coincide con Feito en destacar las consecuencias que puede tener sobre el profesorado. "Lo que aprendimos con la LOGSE es que al ampliar de 14 a 16 la edad de escolarización cambió el perfil de los alumnos. Entonces, el profesorado no se reconvirtió al nuevo tipo de alumnado. Y eso es algo que sí debería ocurrir de ponerse en marcha esta medida. Eso requiere formación adicional y cambio de cultura en los docentes. No se trata de cambiar la ley y poner más recursos, sino de que lo suceda dentro de las aulas sea más atractivo para los chavales de 16 y 17 años", asevera. 

Coto al fracaso escolar

En este punto sale a colación uno de los principales problemas del sistema educativo español: el elevado número de jóvenes que abandona los estudios sin graduarse, al menos, en bachillerato o FP. Actualmente España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar, con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema. La clave es saber si alargar por ley la educación obligatoria contribuirá a modificar este escenario. 

En términos generales, los expertos consideran que no. "Este cambio normativo debería ser el último paso de una serie de reformas que llevarían mucho tiempo. Si durante cinco o diez años haces esos cambios podrías conseguir que el abandono educativo terminara siendo algo residual y, entonces, no sería problemático obligar por ley a los pocos que quedaran a seguir en el sistema. Ahora, si empiezas con ley, es muy posible que se generen disfunciones", analiza José Saturnino Martínez. 

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, abre, además, el melón de hasta qué punto puede ser contraproducente obligar a permanecer en las aulas a jóvenes que no quieren estar en ellas. "El objetivo debe ser que todos los estudiantes sigan hasta los 18 o más, pero no vía obligatoriedad", señala. A su juicio, tendría que hacerse eliminando los costes directos e indirectos de la escolarización –libros, material escolar, transporte, comedor...– y ofreciendo "una enseñanza más atractiva, pertinente y relevante a unos jóvenes que ya no pueden ni deben ser obligados a permanecer en las aulas contra su voluntad".