Regantes y políticos de Levante, también del PSOE, convocados por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), se han manifestado este miércoles 11 de enero frente a la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) por el Trasvase Tajo-Segura, ha informado Europa Press.

"Nos estáis ahogando y no con agua" o "En el Levante, sin agua, desisto y paro", han sido algunos de los cánticos que han coreado los, según los organizadores, cerca de 15.000 asistentes, que han pedido "frenar la locura" de la ministra Teresa Ribera durante cerca de 3 horas.

Los manifestantes, que han comenzado a concentrarse en la madrileña Plaza de San Juan de la Cruz en torno a las 10.30 horas, han protestado bajo el lema En el Levante, sin trasvase, desierto y paro contra el acuerdo para aumentar el caudal ecológico del río Tajo de aquí a 2027, que supondrá una disminución de las aportaciones del acueducto Tajo-Segura a los caudales de las provincias de Alicante, Murcia y Almería de unos 105 hectómetros cúbicos.

Los regantes protestan porque estiman que este recorte a las transferencias de agua de riego provocarán la pérdida de 15.000 empleo y una reducción de valor patrimonial de 5.692 millones de euros y defienden que "no hay alternativa a la disminución del volumen de agua disponible".

Entre los asistentes se encontraban los alcaldes socialistas de Lorca, Murcia y Águilas o las consejeras de Agricultura de Valencia y Andalucía, así como una representación de la Generalitat valenciana, que dirige el también socialista Ximo Puig, según han informado a Europa Press los organizadores.

En la concentración, el alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, que ha asistido para "apoyar" a los agricultores de la zona levantina y "luchar para que no se acabe con el Trasvase Tajo-Segura, considera que el agua tiene que llegar a la Región de Murcia porque "es donde una gota de agua es mucho más eficiente que en cualquier otro lugar".

"Es muy importante que no se entre en guerra del agua. Tiene que haber unidad en esta zona en los grupos políticos y buscar otras alternativas que nos permitan tener agua para siempre, como tener más desaladoras", ha manifestado el socialista Serrano, al tiempo que ha defendido que la protesta de este miércoles "no es una cuestión de color político", sino que es una cuestión de que todas las personas de la región levantina sienten "este problema".

Además, han asistido representantes del Partido Popular, Ciudadanos o Vox, como el líder de la formación, Santiago Abascal, o el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith.

Para el presidente de Vox, es necesario "un mismo discurso del agua en toda España, con una interconexión de todas las cuencas que garantice la prosperidad económica y que dé oportunidades de futuro y sobre todo que salve a todo el Levante español".

Abascal, en declaraciones a Europa Press, también ha reclamado "coherencia". "No vale estar en el Gobierno de España y luego venir a manifestarse aquí los alcaldes socialistas y de otros partidos que nunca han hecho nada por el agua ni por Levante. Este Gobierno solo escucha la ambición de Pedro Sánchez", ha criticado.

En la misma línea, Ortega Smith ha resaltado que los regantes "están pidiendo justicia y que de una vez por todas se les deje de tomar el pelo". "Es imposible, inviable, que se pueda sacar adelante la agricultura y por tanto el pan de tantas familias en el Levante si no se apuesta decididamente por una interconexión de las cuencas, por un Plan Hidrológico Nacional", ha comentado.

"Hay que dejar de arrodillarnos ante las malditas Agendas 2030 que vienen a generar miseria y paro. En España hay agua suficiente, lo que hay que hacer es distribuir el agua entre toda España", ha afirmado el portavoz de Vox.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho que "abrir el grifo se va a convertir en un lujo" para miles de familias del Levante español si el Gobierno central no da marcha atrás en su decisión de "recortar" el volumen de agua trasvasada.

En declaraciones a los medios de comunicación, López Miras ha subrayado que una de las reivindicaciones del Gobierno murciano en materia hídrica es que "todos los españoles tengan acceso al agua en las mismas condiciones", algo que, a su juicio, "no está pasando", porque "hay españoles que no saben si el mes que viene tendrán agua y a qué precio en sus hogares".

"No estoy hablando solo de las empresas o de los agricultores. Este es un problema que va más allá de la Región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Almería o de un sector como el agrícola. Afecta a todas las familias y a todos los sectores de forma transversal", ha apostillado el jefe del Ejecutivo murciano.

En representación de Ciudadanos, el concejal en el Ayuntamiento de Murcia Pedro García Rex ha reivindicado su "compromiso" con los regantes del Levante español. "No vamos a permitir que políticas electoralistas condenen el crecimiento de nuestra región. Desde Cs volvemos una vez más a insistir en la necesidad de un gran Pacto de Estado del Agua que aborde todas las soluciones posibles", ha agregado.

Pasadas las 11.00 horas, tres mujeres ha realizado un baile representando a las tres provincias afectadas por el recorte del Trasvase Tajo-Seguro: Alicante, Murcia y Almería. Durante la representación, las bailarinas han lanzado cubos de agua frente al Ministerio para denunciar la sequía que afecta al Levante español.

Los agricultores han colocado dos tractores frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y han aparcado varios camiones en el Paseo de la Castellana, que no han dejado de pitar como forma de protesta.

"Pedimos agua y si no nos dan el agua pedimos la dimisión de la ministra, pero como no va a dimitir que su jefe, Pedro Sánchez, la cese", ha coreado uno de los organizadores desde el escenario situado en la puerta del MITECO, desde donde ha pedido a Ribera que "salga de su despacho" para hablar con los agricultores.

La concentración ha concluido con la intervención del presidente del Círculo por el Agua, Lucas Jiménez, quien ha exigido a Teresa Ribera que dimita: "Vete, y si no te vas, que alguien te eche. Ya está bien de jugar con las personas, que es lo que está haciendo".

"Ribera no entiende de vuestras angustias. No sabe los apuros y miedos a que no llueva o que lo haga en demasía. Ministra, estamos frente a su casa, hemos venido a exigirle que deje la política a un lado y se centre en gobernar contando con las personas, porque el agua no es una batalla política entre las comunidades autónomas, sino un asunto de Estado", ha sentenciado Jiménez.

El presidente del Círculo del Agua ha calificado de "decisión sectaria" de la ministra el recortar el Trasvase "de forma innecesaria", ya que, a su juicio, "es posible no elevar caudales invirtiendo en modernización del regadío".

"No ponga en riesgo el honrado trabajo de los agricultores. No sea inconsciente y provoque miles de despidos. Tiene que dejar la chaqueta del partido político en casa y defender a todos. Es una radical del agua", ha concluido.

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha informado este sábado de que el Tribunal Supremo ha anulado el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Esta sentencia, emitida el pasado 11 de marzo, resuelve el recurso contra el vigente Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo aprobado por el Real Decreto 1/2016.

El recurso fue interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, según ha indicado la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo en nota de prensa.

El Alto Tribunal, añade la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, declara la nulidad de varios artículos de la normativa del Plan, en concreto el artículo 9 en sus apartados 1, 3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3, así como el artículo 10.2 en lo relativo al inciso que afirma que los de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo "no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan". La sentencia entiende, según la Plataforma, que estos artículos suponen "el incumplimiento" de la obligación que tiene la Administración del Estado de establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo (con caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca, con carácter vinculante y para el horizonte temporal del Plan (2015-2021).

De igual manera se critica en la sentencia –añade la Plataforma– el que no se hayan fijado caudales ecológicos expresamente en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sino solamente unos caudales "legales" (6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera de la Reina), "contraviniendo" así los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010 (10,37 m3/s en Almoguera, 10,86 m3/s en Aranjuez, 14,10 m3/s en Toledo y 15,92 m3/s en Talavera de la Reina). Dicho caudal ecológico debe establecerse, según el Tribunal, para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera.

La Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá ahora establecer estos regímenes de caudales ecológicos en el Tajo y resto de ríos de la cuenca, conforme a la legislación vigente que "ha incumplido", advierte la Plataforma.

Embalses de la cabecera

De igual manera, la sentencia insiste –asegura la Plataforma– en que los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, Buendía y Bolarque) deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo como sus necesidades ambientales, incluyendo el régimen de caudales ecológicos.

"Estas demandas se anteponen a las del trasvase Tajo-Segura, por lo que, una vez fijados según esta sentencia los caudales ecológicos con todos sus componentes, el régimen de explotación del trasvase tendrá que adaptarse, limitándose los volúmenes a derivar y su garantía de disposición", añade.

Al reconocer que los embalses reguladores de cabecera tienen la función de garantizar las demandas ambientales y consuntivas de la propia cuenca del Tajo, "será también necesario aumentar los umbrales de reservas no trasvasables en los embalses de cabecera por encima de los insuficientes 400 hm3 establecidos en la legislación del Memorándum del Tajo". Aunque la sentencia no estima otros puntos de la demanda, la argumentación que traslada ofrece "una visión muy optimista de cara al futuro", dice la Plataforma, "garantizando la prioridad de las necesidades reales del propio Tajo, los usos del río y del mantenimiento de reservas adecuadas para los usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía".

Desde las plataformas y asociaciones ciudadanas que interpusieron la demanda valoran "muy positivamente" esta sentencia, y la consideran "un hito" en la conservación y recuperación ambiental del Tajo y sus ríos, pues "la fijación de un régimen de caudales ecológicos completo y adecuado, constituye el factor clave para que el Tajo vuelva a fluir". "Queda aún mucho por hacer, pero el Tribunal Supremo obliga a revisar en profundidad el vigente Plan de cuenca del Tajo y ha empezado a deshacer el nudo gordiano con el que durante cuarenta años se ha amordazado a nuestro río", concluye la nota de prensa.

El Gobierno respeta y acata la sentencia del Tribunal Supremo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado en un comunicado que respeta las decisiones judiciales, y acatará la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.

El Gobierno ha destacado que trabaja "con el máximo respeto a la legalidad" y en particular a la Directiva Marco del Agua y que "se encontró" en junio con unos caudales legales fijados que "está costando deshacer". Por ello, ha apuntado que trabaja para que las decisiones en materia de agua "se tomen en base a los caudales ecológicos. La definición de temas de importancia en la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo, actualmente en tramitación, ya incluye en el caso del Tajo, la dotación de caudales ambientales. "Esta sentencia confirma que la nueva política del agua en la que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica va en dirección correcta", concluye el comunicado.

Page: "La mejor noticia de mi vida política"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por alcanzar "un gran acuerdo" en materia de agua, y ha matizado que este "consenso" en materia de política hidrológica "no debe ser ficticio, sino un acuerdo real", afirmaciones realizadas tras conocerse que el Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo. A preguntas de los medios antes de participar en un acto en Albacete, García-Page ha subrayado que ese gran acuerdo hídrico "es buscado y defendido por el PSOE, tanto en el centro de España como en el Levante".

García-Page ha asegurado que esta ha sido "la mejor noticia" de toda su vida política. "Después de tanto aguantar, Castilla-La Mancha acaba de ganar su mayor batalla con el agua. El Supremo da la razón a la región". "Hoy el Tribunal Supremo nos da la razón cuando estábamos en contra de este atropello ecológico", ha celebrado García-Page. "Hoy hemos empezado a ganar una batalla que, os advierto, tiene que acabar bien para toda España. No se trata de ganarle ni a Murcia ni al Levante, sólo decirle que no a la mala política de Rajoy y Cospedal y echar por tierra la traición que hicieron en toda regla". En todo caso, ha defendido el "planteamiento solidario" del PSOE, avisando de que esta carrera tiene que acabar "con un acuerdo".

Reacciones de Comunitat Valenciana y Murcia

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha instado a evitar "hacer otra vez un ejercicio de confrontación que no lleva a ningún sitio" tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo y ha agregado: "Puede abrir paso incluso a mejorar la regulación del Tajo-Segura". "Aún no hemos visto la sentencia, y hay que hablar con rigor, pero quiero insistir en que la Generalitat Valenciana siempre estará al lado de los regantes, y más concretamente los de la Plataforma de Alicante, sin ningún lugar a dudas", ha manifestado. Así se ha pronunciado el líder del ejecutivo valenciano en el balcón del Ayuntamiento de València antes de la mascletà de este sábado.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado que se trata de una sentencia "que alude a unos artículos específicos de ese plan, una sentencia que no tenemos y que ya hemos solicitado para poder estudiarla".Aunque ha adelantado que, tanto él como presidente como el gobierno regional "va a estar siempre al lado de la Región de Murcia, que es lo mismo que decir, que vamos a estar al lado de los regantes y los agricultores".

Tras estudiar la sentencia, López Miras añade "nos plantearemos todo tipo de acciones sin límite, evidentemente dentro del ordenamiento jurídico". En este sentido, se ha preguntado que, "si en España hay agua, una reserva hídrica suficiente, ¿cuál es el problema para que todos los españoles tengamos el agua que necesitamos? ¿España se ha construido rompiéndola o sin ayudarse unas comunidades a otras? ¿La Región de Murcia no exporta también parte de su potencial y recursos naturales?".

Plataforma del Tajo de Talavera insta a paralizar el trasvase para fijar caudales ecológicos

En declaraciones a los medios, los portavoces de la Plataforma, Soledad de la Llama y Miguel Ángel Sánchez, han calificado dicha sentencia de "histórica" pues el Supremo exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el eje del río Tajo y en todos los ríos de la cuenca, por lo que supone "un triunfo del movimiento ciudadano por el Tajo". "Es una labor conjunta que ha costado dinero y mucho esfuerzo ciudadano el pagar este recurso", ha señalado De la Llama.

También Miguel Ángel Sánchez ha destacado que es una sentencia que "cambia la historia del Tajo de los últimos 40 años" ya que, a su juicio, el Supremo le dice al Gobierno central que "ha hecho trampas para mantener unos excedentes que no existen y que tiene que fijar caudales ecológicos en todo el río Tajo".

En su opinión, el Supremo "ha liquidado" todo lo que había establecido de caudales en el Tajo y el Gobierno "debería urgentemente paralizar el trasvase hasta que se fijen esos caudales ecológicos". Establecer dichos caudales, ha manifestado el portavoz, no es solo "muy importante" para Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Almoguera, donde lo dice explícitamente la sentencia, sino para toda la cuenca. "El Gobierno de España ha hecho dos Planes de Cuenca olvidando que el Tajo necesita agua, lo cual va a hacer que caiga como piezas de dominó toda la política hidrológica, no solo del Tajo sino también de otros ríos de España", ha puntualizado. Para el portavoz, es una sentencia "muy importante porque no es normal que el Tribunal Supremo se pronuncie con tanta contundencia en un tema ambiental y en un asunto como es el río Tajo tan conflictivo".

Sánchez ha recordado que la primera denuncia se presentó en el año 2014, lo cual ha supuesto una espera de cinco años para una sentencia que es, en su opinión, "un triunfo de los ciudadanos de Talavera, Toledo, Aranjuez, municipios muy pequeños como Mantiel en el Alto Tajo y de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía".

El decreto 198/2015 regula el artículo 112 de la Ley de Aguas, para determinar que lo recaudado por el canon que se le aplica a las centrales hidroeléctricas deberá dedicarse a "actuaciones de protección y mejora del dominio público hidráulico", es decir, los ríos y arroyos y sus cauces, los embalses, los lagos y los acuíferos. El pasado martes, el Ejecutivo reconoció, en una respuesta parlamentaria, que, al contrario de lo que estaba previsto en la norma, no ha previsto ni un solo euro en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este propósito. En plena crisis de sequía, reconoce que no ha cumplido con el decreto para mejorar el estado de las masas de agua continentales y sus cauces, a pesar de que "la mitad de ellas no cumplen con el estado de conservación que requiere la Unión Europea", según Julia Martínez, portavoz de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Cuidar el dominio público hidráulico es cuidar recursos esenciales para la vida, para los ecosistemas, para el sector primario, para la industria y el turismo. Y, también, cuidarnos del impacto del cambio climático, que puede precipitar que, simplemente, nos quedemos sin agua.

La respuesta parlamentaria al diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde desarrolla con precisión el artículo del decreto que establece el uso del canon a las hidroeléctricas para terminar reconociendo que "sin embargo, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado no ha habido ni hay una cantidad equivalente dedicada a protección y mejora al dominio público". "Estamos ante una estafa cuya víctima son nuestros ríos", asegura el autor de la pregunta. El decreto 198/2015 establece un gravamen del 22% anual sobre el valor económico de la energía producida por las centrales que se encuentren en cuencas intercomunitarias: cuencas cuyo ámbito de acción se encuentre en más de una comunidad autónoma. En el artículo 12, establece que el 2% de lo recaudado se ingresará directamente a los organismos de gestión de cada cuenca y el 98% irá directamente al Tesoro público. Con una condición que convierte al impuesto en finalista: cada año, los PGE deben destinar "al menos un importe igual a dicha cantidad prevista" para la protección de ríos, arroyos y embalses. Este martes, el Ejecutivo aseguró que no lo había cumplido. El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no ha respondido a la pregunta de infoLibre sobre las razones del incumplimiento.

No es la primera vez que este canon, concebido como un impuesto ambiental de los que hacen falta en España, se pone en cuestión: los primeros en criticarlo fueron los que lo pagan, las centrales hidroeléctricas. En mayo de 2015, la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) interpuso un recurso contencioso administrativo contra el decreto. El Tribunal Supremo, entendiendo que la norma podía contravenir el derecho comunitario, planteó en julio de 2017 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial, en la que busca determinar si la ley es incompatible con el principio de quien contamina, paga, básico en todas las directivas europeas en materia medioambiental, así como con el "principio de no discriminación" que contempla la directiva que regula el mercado interior de electricidad. Considera la sala que la norma podría perjudicar a la libre competencia, al aplicarse a las instalaciones en cuencas que pasan por más de una comunidad y no al resto.

El Supremo niega con rotundidad que el canon a las hidroeléctricas se trate de un impuesto medioambiental. "El canon que nos ocupa no responde a este perfil porque no vela por proteger los supuestos daños medioambientales", plantea en el sumario de la cuestión prejudicial, aún pendiente de respuesta por parte del TJUE. No vela por proteger al medioambiente porque, tal y como plantea el TS en el texto y ha reconocido el Gobierno, no existe la partida en los PGE que repercuta positivamente en el agua del país.

El mandato que establece destinar una cantidad equivalente a lo recaudado en la protección de ríos, arroyos y embalses "no aparece cumplido en los PGE para el año 2016 (…) al destinar los ingresos del canon a financiar el déficit del sistema eléctrico", afirma el Supremo. La Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, donde se introdujo el canon, establece, efectivamente, que una cantidad igual o superior a lo recaudado por los tributos presentes en dicha ley debe destinarse en los PGE a el déficit de tarifa: la diferencia entre lo que las eléctricas reciben de la factura y lo que les cuesta producir la energía, que durante años ha sido deficitaria para las grandes empresas. No es incompatible cumplir con ambos mandatos. Según el tribunal, con uno se ha cumplido; del otro, el medioambiental, no hay noticias.

Agua en el ojo del huracán

La "estafa" de la que habla Unidos Podemos es un capítulo más de la polémica que rodea siempre a la gestión del agua en España, atenazada por el calentamiento global, germen de tensiones entre comunidades y, según ecologistas y la Unión Europea, poco proclive a respetar cuestiones medioambientales. Los recursos hídricos son administrados por los las confederaciones hidrográficas, entidades públicas que se encargan de establecer los derechos de explotación de las aguas, planear las infraestructuras y cuidar por la calidad del agua de la cuenca en la que se encuentren. Hay una para cada gran río. Cada demarcación hidrográfica –los territorios designados por la ley para la gestión– debe contar con un plan de cuenca. Actualmente nos encontramos en el segundo ciclo de estos planes, que empezó en 2015 y durará hasta 2021, y no todos han sido aprobados: faltan los que son responsabilidad de las comunidades autónomas de Cataluña y Canarias, al estar circunscritos al territorio de cada región. Los intercomunitarios son asunto del Estado.

Los tirones de oreja de la Unión Europea por estos planes de cuenca son ya habituales. El primer ciclo, de 2009 a 2015, casi cuesta una multa a España por la tardanza en aprobar las normativas, aunque finalmente el proceso sancionador se detuvo. La Comisión Europea, en un análisis de los planes de este primer periodo, recomendó a España que mejorara el cuidado medioambiental de los ríos y sus cuencas, al entender que los criterios verdes no estaban primando sobre los económicos, tal y como establece la Directiva Marco del Agua. Un segundo informe de dos parlamentarios europeos y aprobado por la Comisión de Peticiones del órgano, más duro, sentenciaba que los segundos planes de las cuencas del Ebro y del Tajo seguían sin preservar el caudal ecológico, que establece el agua necesaria para preservar el buen estado del ecosistema fluvial garantizado por su flora y fauna, su paisaje o la ausencia de contaminación. El análisis al completo de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del club comunitario, de los segundos planes está aún sin ver la luz. A estas reprimendas europea se le suma otro proceso sancionador de la Comisión con respecto a las aguas residuales generadas por los núcleos urbanos, gestionadas con deficiencias por España, según Europa, y que afectan de manera severa a los ecosistemas a donde van a parar.

El Tajo y el Ebro son dos de los grandes ríos de España, en los que se centra el informe negativo de los parlamentarios europeos y dos de los más señalados por la contaminación de sus aguas. La sequía está haciendo estragos en el Tajo a su paso por municipios que necesitan de un caudal abundante para vivir. Muchos apuntan con su dedo acusador al polémico trasvase Tajo-Segura, pero la falta de lluvias no ayuda precisamente a los niveles bajísimos en los embalses a lo largo de su curso, que causan despoblación en los pueblos y la necesidad de distribuirles el líquido elemento con cisternas. A su paso por Toledo, por ejemplo, el agua aparece con espuma y en otros muchos tramos son comunes los peces muertos, los olores nauseabundos y las plagas de insectos. Hay poca agua y la que hay está en un estado muy pobre. 

En el caso del Ebro, el asunto se complica cuando la corrupción se une a la presencia de la industria en la ribera. La empresa pública Acuamed fue contratada para la depuración del embalse de Flix, en Tarragona, en un pésimo estado de conservación debido a la actividad de la química Ercros durante años. Según los pinchazos de la Guardia Civil, la compañía planeó verter ácido –y matar prácticamente a toda vida en la zona– en el Ebro para beneficiar a la contratista, FCC. Los análisis de las aguas del río también han encontrado mercurio, medicamentos, otros químicos o incluso droga, procedente de las aguas residuales de las grandes ciudades. Y estos dos ríos son solo dos ejemplos del mal estado de todo el dominio público hidráulico español, al que los Presupuestos no destinan los euros que debe por ley.

Nos quedamos sin agua para vivir por culpa de la excesiva presión sobre los recursos hídricos, necesarios para casi cualquier tipo de actividad humana, y que, desde el punto de vista del conservacionismo, convierte a los ríos en lugares donde a la vida le cuesta cada vez más germinar. España cuenta con un impuesto, supuestamente ambiental, para ayudar a reducir esta tendencia, común en toda la UE, donde al igual que en España casi la mitad de los ríos están en mal estado. Lo recauda pero no lo destina a este propósito.

El año hidrológico ha sido desastroso y en lo que llevamos de año prácticamente no ha llovido en toda España. Y donde ha habido precipitaciones han sido torrenciales, pero no para llenar pantanos ni aumentar estable y naturalmente el caudal de los ríos, sino para destrozar cosechas y causar otros estragos. Y lo peor no es eso, ni que el cambio climático negado por los necios origine un panorama extraordinariamente anómalo de modo que ni las temperaturas ni las lluvias se correspondan con lo esperado según el mes o la estación del año, y que no haya llovido suficiente en demasiado tiempo. Lo peor es la tendencia. No hace falta ser un adivino o un augur, sino simplemente haber venido haciendo un seguimiento de la pluviometría desde hace una o dos décadas, para saber que la lluvia es un meteoro dramáticamente decreciente y decreciente además de manera exponencial. Hasta tal punto es así que si esta civilización empezó tras un Diluvio Universal, ésta en la que nos encontramos parece abocada a una sequía universal...

Las lluvias, ya lo he dicho de otra manera, son irregulares o intempestivas y no responden en todo caso a la secuencia correspondiente a las estaciones del año y a las previsiones de los cultivos.

Por otro lado, los “expertos”, en multitud de asuntos, son los menos indicados para ser escuchados y esperar de ellos remedio de lo remediable y menos de lo irremediable, pues a menudo ellos mismos y su estrabismo y deformación sensorial que acompaña a toda especialidad fuera del objeto de su estudio, son los causantes de los males de causa incierta o confusa. Por eso, antes que con un meteorólogo o que con un físico que además no se atreverán a anunciar pésimas noticias para no causar a los gobernantes alarma social siempre difícil de controlar, y desde luego antes que con un profeta, es preferible en este caso consultar con un fino anciano, con un provecto sensible o con un pastor de ovejas, si se quiere penetrar en lo que sucederá en el sombrío e inminente futuro que nos espera, anticiparse y ajustar las precauciones necesarias para evitar un cataclismo súbito.

El caso es que el gobierno, en lugar de fijarse en lo que ocurre en Venezuela y malgastar energías vitales para impedir la consulta en Cataluña, lo que debe ir preparando es un Decreto de emergencia nacional. Está en juego antes que nada la salud pública de toda la población. Luego la supervivencia.

Habida cuenta de esa tendencia a la que me refiero, septiembre, octubre y meses sucesivos pueden estar sujetos a las mismas veleidades térmicas que estos últimos tiempos y no llover si no de un modo ocasional. Las restricciones de agua ya han empezado en algunos sitios. Y las restricciones es de temer que hayan de ir siendo graduales. Por lo visto, se consume mucha más agua para regadío que para el consumo ordinario humano. No obstante, y dada esa tendencia marcada, habrá que ir pensando cómo actuar severamente cuando los embalses y fuentes de agua lleguen al límite... Se puede contar con el agua embotellada para beber; se puede prescindir temporalmente del agua para limpiar vajillas o recurrir a útiles de cartón de usar y tirar que sustituyan a vasos, tazas, cubiertos, etc. Pero –y aquí está el problema capital que relaciono al principio con la sanidad–, el agua de las cisternas de inodoro son vitales después de la que necesitamos para beber y para vivir. Y entonces, si el agua falta para ese uso imprescindible en las urbes ya en todas partes, me dispenso de relatar o describir las consecuencias.

De modo que arriésguese el gobierno a dictar ese Decreto de emergencia nacional cuanto antes, desarrolle luego las medidas oportunas para retrasar en lo posible un desenlace que se perfila catastrófico y no espere a la fatalidad que con desgraciada probabilidad parece no sucederá: que llueva en abundancia en la península en los meses próximos. Napoleón sólo quería generales con suerte. No sabemos mucho de la suerte y de las capacidades del presidente del gobierno español más allá de su aptitud para observar con detalle los “hilillos de plastina” que salían hace años de un buque naufragado que devastó la costa galaica. Pero ahora tiene la oportunidad de dar la medida como hombre y dirigente intrépido al tiempo que como sagaz previsor en el bien de todo el país. Si acierta se lo recordará la población toda la vida que le quede por delante. Y luego, si diluvia y aquí no ha pasado nada, al menos el mundo reconocerá la buena voluntad de un ser que sólo ha sobresalido por no decir nunca nada sustancioso y por su espantosa mediocridad. Al menos, en este Decreto que le propongo por el bien de todos, tendrá la ocasión de dar la medida de sí mismo y de lo que dice representar: España. Porque si las cosas suceden como los agoreros barruntamos, ya puede ir preparándose todo el mundo para el ¡sálvese quien pueda! mucho antes de lo que aconseja la prudencia. ___________________

Jaime Richart es socio de infoLibre

El cambio climático ha dejado de ser una amenaza difusa, un cuento para asustar a los niños. Está teniendo repercusión en tiempo presente  y los Gobiernos ya trabajan en resistir a sus efectos en el futuro. En España, el previsible –y ya real– aumento de las temperaturas y el descenso de las precipitaciones afectará principalmente a los recursos hídricos. El agua no es ilimitada y el derecho a consumirla, para alimentar los sembrados y para abastecer los núcleos de población, ha sido históricamente un foco de tensión en el país. Aunque la lucha contra el calentamiento global se intensifique a partir de este momento, aunque las emisiones se reduzcan drásticamente y el compromiso de los Gobiernos sea radical en vez de transitorio, cada vez habrá menos del líquido elemento en nuestro país. Así lo aseguran todas las predicciones, hasta las más conservadoras. Las autoridades regionales y estatales ya están en la tarea de salvar ríos, lagos y embalses, fiscalizados por las asociaciones ecologistas, aunque el criterio de las instituciones ha sido puesto en duda: El Parlamento Europeo ha pedido retirar varios planes hidrológicos por su presunto desprecio al medioambiente.

El primer paso es vaticinar hasta dónde llegará el calentamiento global. Las Vías de Concentración Representativas (RCP, siglas en inglés) son trayectorias de predicción del aumento de la temperatura media del planeta a partir de cuatro escenarios de emisiones contaminantes. Las cuatro previsiones llevan el nombre del rango de grados en los que el clima podría variar, en comparación a los valores preindustriales: RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5. RCP 2.6 trabaja sobre un escenario en el que el pico de emisiones se alcanza esta misma década, y luego decrece: en la predicción más catastrofista, RCP 8.5, la polución no frena hasta que termine el siglo. Estas trayectorias son usadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés), organismo de referencia internacional en este ámbito, y sustituyen desde su quinto informe de 2014 a los ya antiguos escenarios A2 y B2.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) utiliza las RCP para realizar sus pronósticos sobre la incidencia del cambio climático en España, y dan miedo, una auténtica "barbaridad" en boca de fuentes del organismo. Si no hacemos nada (RCP 8.5), para finales del siglo XXI la región mediterránea experimentará incrementos medios de temperatura de 3,8º y de 6,0º en los meses invernales y estivales, respectivamente. Las precipitaciones se reducirían un 12% en invierno y un 24% en verano. Si el Acuerdo de París no se convierte en papel mojado y las emisiones echan el freno, las predicciones son más benignas. Pero del calor nadie nos libra. "La atmósfera tiene una gran inercia", explica a infoLibre el técnico de Aemet Ernesto Rodríguez. "En mayor o menor grado vamos a sufrir un aumento de temperaturas y un descenso de las precipitaciones".

Una situación que los ríos sufrirán con especial intensidad. Afectará al nivel de evapotranspiración –el agua que vuelve a la atmósfera desde el suelo, que aumentaría hasta un 21% a final de siglo en el peor escenario– de precipitaciones en las cuencas españolas –que perderán entre un 5% y un 17% en este siglo–, y, en consecuencia, de escorrentía: la cantidad de agua que circula por nuestros ríos. Las aguas subterráneas también se verán perjudicadas. En total, el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), que sirve de referencia a los principales agentes, pronostica a partir de varias proyecciones que, si no echamos el freno, contaremos en España con un 28% menos de agua en 2070 (un 14% aunque el planeta deenga las emisiones). Sea cual sea el escenario final, hay mucho que gestionar.

España cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas. La mayoría ya trabaja con los planes hidrológicos de segundo ciclo (2015-2021), que regulan la administración del agua en estas divisiones territoriales y, entre una multitud de detalles, establecen las medidas a llevar a cabo para mitigar los efectos del cambio climático. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015 trabajaba con una previsión de un 5% menos de aportaciones de cara a 2027 y propuso un programa de acciones a ejecutar por administraciones y usuarios con un coste de 4.800 millones de euros por año. En la redacción del documento se incidió en el saneamiento y la depuración de los ríos para reducir la vulnerabilidad de los sistemas ante la disminución de la aportación, la restauración ambiental de estos espacios naturales, la mejora de zonas con contaminación puntual y en la necesidad de una vuelta de tuerca a la gestión de los cultivos de regadío, ya que las plantaciones consumen la mayor parte del agua del país.

El Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro 2010-2015 planteaba en este sentido la modernización de los regadíos, con intención de continuar el esfuerzo realizado para reducir la cantidad de contaminantes que retornan al medio natural y, por consiguiente, fortalecer a los ríos ante las acometidas del efecto invernadero. Ecologistas en Acción, en un informe de 2015, alerta de que la incidencia del cambio climático en las aguas españolas solo se podrá capear si no se crea ni una hectárea más de regadío en el país, aunque apoya firmemente el trabajo en la eficiencia de los cultivos. No se quedan ahí: añaden que "debería iniciarse una reducción progresiva de la superficie de regadío actual, de algo más de cuatro millones de hectáreas, hasta alcanzar un máximo para el conjunto del país de tres millones de hectáreas regadas".

No es la única crítica que la asociación ecologista vierte sobre el plan del Ebro en particular y sobre los planes hidrológicos en general. Consideran que los del segundo ciclo (2015-2021) contienen previsiones sobre los efectos del clima "deficientes", ya que el último año cuyas aportaciones hídricas consideran es 2011/2012. "En algunos planes la situación resulta especialmente penosa", denuncian, puesto que en ciertas demarcaciones el último año analizado es 2007/2008 o 2005/2006, como en el caso del Ebro.

Además, Ecologistas en Acción señala un presunto sesgo en el cálculo. Para estimar las reducciones en las aportaciones en las últimas décadas, las demarcaciones comparan series de registros. La asociación acusa a las autoridades de que en los planes que cuentan con 2012 como último año analizado se compara la serie corta (de 1980/81 a 2011/12) con la serie larga (1940/41 a 2011/2012), lo que puede desviar las conclusiones. "Las reducciones quedan parcialmente enmascaradas o al menos suavizadas, pues de hecho se comparan series que cuentan con 15 años comunes a ambas", explica el informe, que concluye el capítulo arguyendo: "Subyace la intención por parte de las administraciones hidráulicas de minimizar el dato que refleja la reducción de los recursos hídricos disponibles en los últimos años".

La Dirección General del Agua contesta a estas acusaciones en un correo electrónico remitido a infoLibre en el que sostiene que la elaboración de los datos que contienen las series de referencia es un proceso "lleno de dificultades", por las "particulares características físicas" que condicionan la escorrentía de cada cuenca y por las actividades del hombre en el territorio. Cada plan recoge, con todos los datos finalmente disponibles, "la información que los expertos de la propia cuenca han considerado más precisa", señalan.

El Parlamento Europeo pide retirar dos planes

Más allá de los debates relativos al cambio climático, los planes hidrológicos del Ebro y del Tajo saltaron a la palestra la semana pasada por la enésima reprimenda de Europa a la gestión medioambiental española. El europarlamentario Pal Csaky, del Partido Popular Europeo, visitó las cuencas del Ebro y del Tajo el pasado mes de febrero y emitió un informe muy crítico con la labor de las autoridades españolas que este miércoles fue aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Recomienda retirar los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y del Ebro. 

En teoría, los planes de gestión deben ser acordes con la Directiva Marco de Agua (DMA), una norma del Parlamento Europeo del año 2000 que establece que los criterios medioambientales deben pesar tanto como los económicos a la hora de regular los recursos hídricos y garantizar un uso sostenible del agua. Una de las herramientas para apuntalar la sostenibilidad es el caudal ecológico, que establece el agua necesaria para preservar el buen estado del ecosistema fluvial garantizado por su flora y fauna, su paisaje o la ausencia de contaminación.

El documento, a grandes rasgos, concluye que los segundos ciclos aprobados siguen sin cumplir la DMA y, por ello, siguen sin preservar con la suficiente intensidad el entorno natural de nuestros ríos. Señala que el caudal ecológico no solo hace referencia a la cantidad de agua, sino que ésta debe contar con una correcta composición química, y pide al Gobierno un informe independiente sobre si los caudales ecológicos establecidos en los planes son los suficientes para proteger la biodiversidad por la que vela la Red Natura 2000.

Las reacciones han sido variopintas. La Plataforma en Defensa del Ebro fue la que solicitó la intervención europea en la gestión del río. Señalaron que, aunque el informe no es vinculante, es un "punto clave" para que la queja prospere y la Comisión Europea abra un procedimiento de infracción, según recoge La Vanguardia. El periódico se hizo eco también de las palabras de uno de los portavoces del colectivo de entidades, que afirmó que la petición "reconoce que la gestión del agua en España no es adecuada para un país moderno". En el otro lado del espectro de intenciones, prioridades y pretensiones se encuentra la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, cuyo presidente, Andrés del Campo, quitó legitimidad al Parlamento Europeo para analizar la gestión hídrica española y aseguró que los caudales ecológicos ya son "demasiado ambiciosos" y que los usuarios "ya han cedido mucho".

La Dirección General del Agua asegura a infoLibre que el 53% de la inversión –45.000 millones de euros– de las medidas de todos los planes de cara a 2033 es relativa a cumplir objetivos ambientales. "La planificación hidrológica española da prioridad" a estas metas ecológicas, defienden.

El agua y sus tensiones históricas

La lucha contra el cambio climático y la preservación del medioambiente en las cuencas de España son dos nuevos frentes que se suman al histórico de los trasvases, un recurso para repartir el agua española y satisfacer las demandas de toda la población, y que son motivo periódicamente de las llamadas guerras del agua. El Gobierno autorizó el pasado 8 de julio un nuevo trasvase del río Tajo al Segura de 20 hectómetros cúbicos, que se suma a varios aprobados durante 2015 y 2016. El conflicto afecta incluso a compañeros del mismo partido, como fue el caso del que recibió luz verde en febrero de este año y que enfrentó al PSOE de Castilla-La Mancha y al de Valencia. Los primeros criticaron la medida por la mala situación de los embalses y a los primeros los diez hectómetros firmados les parecieron insuficientes.

Pero el que se lleva la palma es el gigantesco y polémico proyecto del trasvase del Ebro, que iba a repartir las aguas del río por la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. En esta última provincia fue donde Aznar puso la primera piedra en 2004 de un proyecto incluido en el Plan Hidrológico Nacional, al que Zapatero dio carpetazo para, en teoría, no volver a retomarse nunca más. Fue una de las primeras batallas de la gestión del agua en España, a la que le quedan múltiples retos que afrontar para no convertirse en un verdadero problema social.