El Ministerio de Sanidad ha denegado a la Comunidad de Madrid la autorización para desplegar menús mediante las empresas de restauración Telepizza y Rodilla a 11.5000 alumnos con beca de comedor por ser sus padres perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI), según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, recalcó que esta iniciativa, que requería el visto bueno del Gobierno central, estaba lista para que a partir de este martes para este "los 11.500 alumnos que tenían precio reducido de comedor por percibir la RMI, puedan recoger su comida también en sus locales".

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba en su cuenta de Twitter que "la Consejería de Educación ha organizado un dispositivo para que, a partir del martes, los alumnos que tenían precio reducido de comedor por percibir la RMI, puedan recoger su comida en los locales de Telepizza", y ha apuntado que estaban a la espera de que el Ministerio de Sanidad lo autorizara.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha espetado que le "hierve la sangre" esa negativa. "Estamos en una guerra contra un virus. No puedo entender que mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se dedica a intentar salvar vidas haya quien esté preocupado porque algunos niños coman pizza una vez a la semana mientras dure", ha trasladado en Twitter.

Por su parte, desde el PSOE-M han señalado que la negativa del Ministerio de Sanidad es una decisión "coherente" porque pizza y sándwiches no son un menú "saludable" para los niños "más vulnerables". "Solidaridad y no dejar a nadie atrás sí, pero con sentido común", han desgranado.

Telepizza confirmaron a Europa Press que la Consejería de Educación les planteó ayudar a que estas familias siguieran haciendo uso de la beca de comedor pese al cierre de los centros escolares, por lo que pusieron a disposición sus 97 tiendas en la Comunidad de Madrid para que los escolares pudieran acudir a recoger su menú diario.

No obstante, como con el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación se permite el servicio a domicilio de los restaurante, pero estos deben permanecer cerrados al público, la Comunidad solicitó al Ministerio que autorice esta "excepción por un tema social".

Así, los escolares podrían acudir a cualquiera de las tiendas de la cadena a elegir su menú, "que no va a ser pizza todos los días", porque "hay también pasta, enrollados, ensaladas, hamburguesas y, por supuesto, pizza". "Nosotros estamos listos para empezar mañana", aseguraron.

Por su parte, la secretaria de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, Isabel Galvín, exigió a la Comunidad de Madrid la retirada "inmediata" de ese acuerdo.

Según explicó el sindicato en un comunicado, considera "intolerable" la medida y ha instado al Ejecutivo regional a que se articulen "urgentemente" medidas para que estas familias tengan una dieta equilibrada. "Por otra parte, considera muy grave que la cobertura de esta necesidad principal se realice con empresas de ese tipo dedicadas a la comida rápida, alimentos totalmente desaconsejables en edades tempranas", censuró.

Así, entiende que se debería articular un protocolo urgente entre las consejerías de Educación y la de Política Social para que las familias con menores en situación de dificultad o exclusión social tengan garantizada "al menos una comida diaria, sana y equilibrada".

Además, solicitó que si el estado de alarma se prolonga, como medida de apoyo, se dé catering a las familias que lo necesiten en función de su situación laboral. "Los comedores escolares no son un servicio aislado, y que juegan un papel fundamental en la vida de los centros escolares y también son parte de la formación integral del alumnado", han zanjado.

La movilización se fraguó en Zaragoza y llega ya hasta Barcelona. Madrid parece también predispuesta a tomar el relevo, mientras Burgos y Bizkaia comienzan a organizarse. Es el balance, hasta el momento, que hacen los sindicatos sobre las protestas de los trabajadores de Telepizza. En Zaragoza suman dos huelgas y Barcelona se prepara para otra el próximo sábado 6 de julio. Su demanda es clara: quieren que la empresa cumpla con la subida salarial fijada por real decreto para alcanzar el salario mínimo interprofesional que, desde enero del presente año, debe ascender a 900 euros al mes o 12.600 anuales divididos en catorce pagas.

El movimiento comenzó a gestarse en la capital aragonesa. Los trabajadores de Telepizza acumulan atrasos en los pagos necesarios para adaptar su salario al mínimo fijado por el Gobierno de Pedro Sánchez. La situación se volvió insostenible con el anuncio de la franquiciación de las ocho tiendas que posee Telepizza en Zaragoza. Así lo denuncia Darwin Henríquez, delegado sindical de UGT en Telepizza Zaragoza. En conversación con infoLibre, el sindicalista explica que "el conflicto se inicia a partir de la negativa de la empresa a cumplir con el salario mínimo", a lo que conviene añadir que "desde el 1 de junio ha franquiciado sus ocho tiendas en Zaragoza". Los trabajadores, relata Henríquez, siguieron la vía de la negociación para lograr una subida de los salarios y a su vez solicitaron información sobre el contrato con la franquicia, QSR North, para conocer bajo qué condiciones se llevó a cabo y si implicaba algún cambio en la situación de los trabajadores. La respuesta de la empresa, explica, fue una negativa a ambas cuestiones.

Ocurre, además, que la empresa matriz asegura que el pago de los atrasos depende de la nueva empresa, mientras que ésta "dice que sólo va a responder de junio a diciembre", siempre según la versión de los sindicatos.

El 31 de mayo se celebró la primera huelga en Zaragoza, convocada por UGT y CGT. Aquella jornada pasó a la historia además por ser la primera huelga de Telepizza desde su nacimiento en 1987. La empresa pareció reaccionar y ofreció entonces una subida de 50 céntimos brutos la hora, pero los sindicatos "no aceptan limosnas", sostiene Henríquez. Piden un aumento de 1,28 euros la hora, suficiente según sus cálculos para arañar el umbral del salario mínimo decretado.

A finales de junio, miembros del comité de empresa se reunieron con la dirección de la compañía en el Servicio de Mediación y Arbitraje de Aragón (SAMA), pero no lograron alcanzar un acuerdo. "La autoridad laboral, un mediador que conoce a ambas partes, planteó una subida a 60 céntimos, pero no fueron capaces de subir ni diez céntimos miserables", lamenta el sindicalista. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre empresa y sindicatos cristalizó este sábado 29 de junio en una segunda jornada de huelga celebrada en suelo aragonés.

"Tanto la primera como la segunda fueron un éxito importantísimo", comenta al otro lado del teléfono Iván –que prefiere no revelar su apellido–, miembro del comité de empresa de Telepizza Zaragoza por la CGT. De acuerdo con sus estimaciones, el seguimiento durante la primera jornada osciló entre el 50% y el 60%, mientras que la segunda fue respaldada por cerca del 75% de los empleados. "Es un éxito no sólo por la cantidad, sino también porque desde cierto punto de vista es un hecho histórico, nunca en esta empresa se habían producido huelgas de estas características", celebra el sindicalista, quien destaca que el sector está atravesado por la baja edad de sus trabajadores, un alto índice de rotatividad y toda una serie de condiciones precarias. Hablamos, dice, de "un sector que a simple vista no se mueve". Hasta ahora.

UGT, en añadido, ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que durante la primera huelga la empresa sustituyó a los trabajadores que habían participado en la misma. Vulnerar el derecho a huelga es, afirma Henríquez, "algo habitual dentro de esta empresa".

La segunda huelga celebrada el sábado, subrayan desde CGT, marcó además "un nuevo hito por la participación de los trabajadores de Glovo y Uber Eats", lo que consideran "una demostración de que más allá de la división que impone la patronal es posible unir a la clase trabajadora". En Madrid y Barcelona, por su parte, se organizaron concentraciones de apoyo por parte de sindicatos, colectivos sociales y organizaciones políticas. "En Barcelona, además, se demostró que cuando la clase obrera golpea unida, aliada a los movimientos sociales, puede marcar el camino para lograr la unidad de nuestras filas", añade la CGT mediante un comunicado, "como se vio cuando decenas de manifestantes del Orgullo fueron a apoyar y protestar en las puertas de Telepizza".

Los trabajadores catalanes han dado de hecho un paso más y han decidido convocar una huelga el próximo 6 de julio. Esteban Díaz, miembro del comité de empresa de Telepizza Barcelona por la CGT, explica en conversación con este diario que "las exigencias son las mismas", pero con un matiz: Telepizza Barcelona franquició sus tiendas a QSR North en enero de 2019, de manera que los atrasos tendrán que ser asumidos en su totalidad por esta empresa.

Las únicas noticias de la patronal, señala Díaz, llegan a través de un comunicado que el Grupo Telepizza hizo público a través de redes sociales. En él asegura que la compañía está cumpliendo "escrupulosamente para el ejercicio 2019 las cuantías del SMI establecido en el Real Decreto 1462/2018 en el marco del Convenio Colectivo vigente pactado con los sindicatos", de manera que "ningún trabajador a jornada completa cobre por debajo de los 12.600 euros anuales". También Telepizza afirma respetar el derecho a huelga que sus trabajadores, asegura, pueden "ejercer libremente".

Los representantes sindicales de ambos territorios coinciden en que la estrategia de Telepizza y QSR North pasa por retrasar las subidas lo máximo posible debido a la "alta rotación de los trabajadores". En ese sentido, "cuanto más lo alarguen, menos atrasos tendrán que asumir", porque aquellos empleados que dejen de trabajar para la empresa sólo podrán optar por la vía de la denuncia, un proceso que no todos están dispuestos a seguir por el alto coste que supone.

La batalla de los complementos

Otro de los conflictos en el seno de la empresa, directamente relacionado con el salario mínimo, surge a raíz de los complementos salariales. Díaz explica que los trabajadores cuentan con una serie de complementos, como los de nocturnidad, ayuda al transporte o limpieza de ropa, que se suman al salario base. Telepizza tiene en cuenta todos esos complementos dentro del propio salario de sus empleados, pero los sindicatos quieren dejarlos al margen. "Son un extra, tienen que estar fuera", razona Díaz. Coincide con él Henríquez, quien además reclama que la empresa "detalle cómo hace el análisis de los complementos".

A mediados de junio, la Audiencia Nacional dictaminó, al respecto, que los complementos salariales sí forman parte del salario mínimo. UGT ya ha recurrido la decisión al Tribunal Supremo.

Este diario contactó con Telepizza para plantear una serie de cuestiones con el objetivo de conocer, de forma pormenorizada, la versión de la empresa. La respuesta fue un comunicado muy similar al ya publicado por la compañía [disponible a través de este enlace], en el que puntualiza que el salario de los trabajadores "varía en función del tiempo que llevan trabajando en la compañía, a lo que hay que sumar las cuantías añadidas en concepto de nocturnidad, y otros pluses". Las actuaciones de la compañía, afirma, "además de ceñirse rigurosamente al Real Decreto, están amparadas por las recientes sentencias de la Audiencia Nacional y la resolución de la Dirección General de Trabajo".

Franquiciación y división

Los sindicatos denuncian también la decisión de Telepizza de franquiciar varias de sus tiendas. "Uno de los problemas principales es que deja a los trabajadores sin capacidad de organización", explica Díaz, "cuántos menos trabajadores, menos representantes". Hasta el momento, detalla, cuando era Telepizza quien gestionaba las tiendas, "toda Barcelona estaba en el mismo comité, pero ahora no es así".

El sindicalista subraya además que no se trata de una franquiciación permanente, sino que se hace "por un periodo de diez años". Para entonces, reflexiona, "no quedará nadie en la empresa y la posibilidad de organización será mínima".

Precisamente por este motivo los sindicatos llaman a que las movilizaciones se extiendan por otras comunidades. "No podemos asegurar que la situación sea exactamente la misma en toda España, pero podemos hacer una extrapolación", argumenta Díaz. A día de hoy, dice, existe una organización clara en Madrid, Zaragoza y Barcelona, mientras que en Burgos y Bizkaia comienzan a tejer redes. El objetivo último, dice, es que "se visibilice que la explotación no es algo que se esté dando ahora, sino que viene desde hace tiempo".

Los líderes de CCOO y UGT enumeraron desde el escenario montado este miércoles en la Puerta del Sol para dar sus discursos del Primero de Mayo los efectos de las reformas laborales y de pensiones cuya derogación reclaman al Gobierno. “Sirvieron para devaluar los salarios, poner en duda el sistema público de pensiones y reducir peligrosamente la recaudación fiscal”, describió Unai Sordo. Pese a que la participación en la convocatoria de este año redujo la de años anteriores, las pancartas desplegadas continúan revelando las heridas que han dejado la crisis y la relajación de las normas laborales. También los cambios en el perfil de la clase trabajadora. La precariedad se ceba en el sector servicios: reparto de comida a domicilio, restauración, supermercados, hostelería, subcontratas…

Los trabajadores de Domino’s Pizza, Telepizza o Papa John’s, entre otras empresas dedicadas a la preparación y reparto de comida a domicilio, pelean con la patronal del sector, Prodelivery, para que su convenio les mejore sus condiciones laborales. “Nos cambian el horario sin previo aviso y nuestro salario no llega a los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”, explica Adrián, que es subgerente de una tienda y pertenece al comité de empresa por el sindicato CCOO. Ya el año pasado los trabajadores tuvieron que acudir al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para conseguir que Prodelivery se aviniera a pagar a repartidores, auxiliares administrativos, auxiliares de tienda, ayudantes de cocinero y obrador, conductores y mozos de almacén, el salario mínimo, entonces situado en 735,9 euros al mes. En 2017 había ocurrido otro tanto.

En el Grupo VIPS el convenio es mejor. El 86% de la plantilla tiene contrato fijo, según el informe de responsabilidad social corporativa de 2017, el último que publica la empresa en su página web. Pero el porcentaje de empleo a tiempo parcial es muy elevado, se queja Francisco Cáceres, del comité intercentros del grupo. A VIPS lo compró el pasado octubre el grupo mexicano Zena-Alsea, que también posee las cadenas Foster’s Hollywood, Burger King, Domino’s Pizza o Cañas y Tapas, entre otras. El convenio caducó el pasado 31 de diciembre y desde entonces la plantilla, que supera los 9.600 empleados, se ha quedado sin revisiones salariales o sin reparto de incentivos, por ejemplo, a la espera de que los nuevos dueños se sienten a negociar.

También se encuentran sin convenio, pero nada menos que desde 2010, los trabajadores del transporte de mercancías por carretera de Madrid. “La patronal [Confederación Madrileña del Transporte (Comat)] se aprovecha de la atomización del sector y se niega al acuerdo”, lamenta Manuel, delegado de CCOO. Así que los conductores llevan desde 2007 sin revisiones de sueldo y con las tablas salariales congeladas desde hace nueve años. “Quieren convertirnos en el sector del taxi”, acusa el sindicalista.

En Supersol la situación ya es crítica. La cadena de supermercados quiere despedir a 400 empleados, el 10% de su plantilla, en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuya negociación concluirá el próximo día 8. También cerrarán 21 tiendas. Su propietario, el grupo lituano Máxima Grupé, dice que sólo ha tenido pérdidas desde que aterrizó en España en 2012. En 2017 sus números rojos ascendieron a 1,3 millones de euros. La empresa, cuenta Antonio Martínez, miembro del comité, ofrece a los despedidos 27 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 18 meses. Los sindicatos luchan por aumentar la compensación a 30 días y 22 meses, además de por reducir el número de cierres y de despedidos.

Despidos para reformar un hotel

Con el ERE a las puertas se encuentran igualmente los trabajadores del Hotel Holiday Inn Bernabeu de Madrid. El próximo lunes se sentarán con la empresa para negociar las condiciones de despido de todos sus trabajadores, unos 70, indica el presidente del comité, Javier del Pozo. El fondo buitre Blackstone lanzó una OPA sobre el grupo Hispania en julio de 2018. Pagó casi 2.000 millones de euros por la socimi hotelera, entonces propiedad del multimillonario George Soros. Los nuevos dueños están reformando 20 de los 46 hoteles que han adquirido, lo que se ha traducido en el cierre del Holiday Inn madrileño y en el despido de sus 70 trabajadores.

Una vez remodelado, pasará a ser un Hilton y tendrá una nueva plantilla. “No quieren ni oír hablar de un ERTE [un ERE temporal] mientras dure la reforma”, protesta Del Pozo. Así que los empleados se concentran todos los viernes delante de las oficinas de Blackstone, en la céntrica calle de Serrano. Una protesta que no ha gustado al fondo de inversión. “Nos han dicho que no es un acto de buena fe”, se sonríe el presidente del comité.

También acudieron a la manifestación del Primero de Mayo los trabajadores del servicio de desratización y desinsectación del alcantarillado de Madrid. En enero, el Ayuntamiento de la capital adjudicó el contrato a la empresa Lokímica. La ley obliga al nuevo concesionario –si así lo indica el convenio colectivo o el pliego de condiciones del concurso público– a subrogarse en la plantilla, a la que hasta entonces pagaba Rentokil, otro especialista en control de plagas. “Pero Lokímica echó a una parte de los trabajadores y al resto nos quiere quitar la antigüedad, como si nos contratara desde cero, y aplicarnos una cláusula de movilidad geográfica”, critica Antonio Reguera, delegado de UGT. Unos 30 trabajadores se han visto afectados.