El exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, redujo su patrimonio en 51.000 euros durante 2021, según la declaración de bienes publicada este miércoles en el BOE, junto con la de otros altos cargos que tomaron posesión el pasado ejercicio o que cesaron de sus obligaciones en el Ejecutivo. Pero una de las personas que más ha reducido su patrimonio ha sido la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, que lo reduce en 697.815 euros.

Entre los que dejaron el Gobierno se encuentra Pablo Iglesias, quien en la declaración publicada en 2020 presentaba unos activos de 539.880 euros y un pasivo de 231.156 euros, lo que arrojaba un patrimonio neto de 308.724 euros. Sin embargo, la declaración correspondiente a 2021 refleja una reducción del patrimonio de 51.285 euros, tras declarar 478.939 euros de activos y 221.500 euros de pasivo, lo que arroja un saldo neto de 257.439 euros.

Las diferencias fundamentales están en la declaración de bienes inmuebles, que hace dos años estaban valorados en 233.282 euros y ahora lo están por 218.689; además, sus depósitos han caído de los 111.098 euros que declaraba en 2020 a 64.250 el pasado ejercicio. Los seguros de vida y planes de pensiones se mantienen en 187.500 euros y los demás bienes suben de 8.000 a 8.500. Durante el año pasado, Pablo Iglesias también amortizó parte de su deuda, bajándola de 231.156 euros a 221.500.

También la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya declara una caída considerable de su patrimonio neto, que pasa de ser de 870.815 euros a 173.000. Según su declaración de bienes, en 2020 la entonces titular de Exteriores declaraba bienes inmuebles por valor de 79.957 euros y 790.858 euros en depósitos y sin ningún pasivo.

Sin embargo, un año después, aumenta el valor de sus bienes inmuebles, hasta los 388.300, se reducen sus depósitos a 15.000 euros y aparece una deuda de 230.000. Lo que arroja un patrimonio neto de 173.000 euros. Comparado con el año anterior, González Laya ha sufrido una pérdida de 697.815 euros en su patrimonio.

El exministro de Universidades, Manuel Castells, mantiene una situación económica muy saneada con un patrimonio declarado en 2021 de más de dos millones de euros (2.802.189 euros), aunque éste se ha visto reducido en unos 26.000 euros desde 2020, cuando declaró 2.828.218 euros. Según los datos aportados por el exministro, sus bienes inmuebles en se han devaluado al pasar de 2,19 millones de euros a 2,12 millones.

Los depósitos en cuentas corrientes pasaron de 324.280,95 a 162.765 euros; también redujo los seguros de vida y planes de pensiones de 1.405.604 euros a 1.354.581, mientras que otros bienes y derechos pasaron de 21.878,66 euros a 16.400. Pero estas reducciones de los activos han ido acompañadas también de una importante reducción del pasivo, que era de 1.115.000 euros y en 2021 se situó en 857.984,5.

Otro que ha experimentado una reducción patrimonial ha sido el entonces todo poderoso jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, quien contaba en 2020 con 126.325 euros en depósitos y 19.102 euros en seguros de vida y planes de pensiones y ha pasado a 92.581 euros en sus cuentas y 24.070 euros en planes de pensiones. Estos datos arrojan una reducción patrimonial de 39.000 euros en 2021, el año de su salida del Gobierno.

Por el contrario, la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha visto incrementarse su patrimonio en 116.236 euros el pasado año. En el último ejercicio, Calvo amortizó el pasivo que tenía en 2020 de 123.038 euros. Redujo el valor de sus bienes inmuebles de 264.803 euros a 175.716 euros; aumentó los depósitos al pasar de 66.883 euros hasta los 175.444 y bajó la cifra de seguros y planes de pensiones de 132.404 euros a 106.128. Estos datos reflejan un patrimonio neto en 2021 de 457.288 euros.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos está entre los que mejoran su patrimonio, aunque el neto de éste es mucho menor que el de su compañera de partido, ya que se sitúa en 63.966 euros después de descontar a los 264.542 euros de activos, los 200.576 euros del pasivo.

También su entonces compañero de Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, incrementó su patrimonio neto en 2021 en 40.840 euros, al pasar de 362.964 euros a 403.804. Campo no tenía deudas en 2020 y siguió sin tenerlas en el pasado ejercicio.

Otro de los ministros que cesaron en el Gobierno, la de Educación, Isabel Celaá, también cuenta con unas cuentas saneadas y un patrimonio neto que supera el millón de euros y que ha aumentado en 2021 en 26.717 euros hasta llegar a 1.168.741 euros. La exministra mantuvo el valor de sus inmuebles, redujo sus depósitos en cuentas al pasar de 132.350 euros a 80.401; pero aumentó el valor de sus acciones, de 565.825 euros a 620.226 y redujo los seguros y planes de pensiones en casi 1.000 euros, para situarse en 108.791 y también otros bienes pasaron de 62.000 a 60.000 euros. Celaá destinó 26.622 a amortizar deudas, que ahora son de 96.328 euros.

El incremento patrimonial de Salvador Illa, exministro de Sanidad, es similar al de su excompañera de Educación, siendo de 22.236 euros en 2021, al pasar de 148.573 euros a 170.809 el pasado ejercicio, habiendo reducido además su pasivo, de 18.053 a 7.387 euros.

Finalmente, el exministro de Cultura, José Miguel Rodríguez Uribes, también aumentó su patrimonio en 19.558 euros, hasta los 166.558. No tiene deudas y la única variación importante son los depósitos de sus cuentas, que pasaron de 30.000 euros a 48.000.

Objeto de especulación en varias ocasiones durante lo que va de legislatura, la salida del Gobierno de Manuel Castells, adelantada este jueves por elDiario.es, se hizo irreversible hace apenas unos días. El propio ministro de Universidades comunicó personalmente al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta tercera su decisión de abandonar el Ejecutivo. Les explicó a ambos que esa decisión no tenía marcha atrás, que se debía a problemas de salud y que tenía que producirse cuanto antes. 

En la conformación de Gobierno, Castells formó parte de la cuota de la rama catalana de Unidas Podemos, los comunes de Ada Colau, aunque por su trayectoria y por su propia personalidad siempre se le ha considerado un hombre independiente, “que va por libre y no se atiene a ninguna disciplina de partido”. Tanto es así que llamó la atención que durante la noche electoral de las elecciones madrileñas de mayo a las que se presentó Pablo Iglesias, el ministro decidió acompañar al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, y no al de Unidas Podemos. 

La versión oficial que se traslada desde el Gobierno es que se marcha por problemas de salud y por “recomendación de los médicos”, aunque se espera que sea él mismo quien dé explicaciones sobre su adiós en los próximos días. Este mismo viernes, Castells acudirá a su último Consejo de Ministros en la Moncloa. Al tratarse de una decisión personal relacionada con su propia salud y que, por tanto, requería de cierta urgencia, no se planteó que la salida del ministro de Universidades fuese acompañada de ningún otro cambio en los equipos ministeriales de PSOE y Unidas Podemos. Los socialistas ya afrontaron un profundo cambio de ministros justo antes del verano. Los morados, en primavera tras la salida de Iglesias. 

En el espacio confederal de Unidas Podemos explican que para la salida de Castells se ha respetado el reparto de cuotas establecido durante la conformación del Gobierno y que incluía, además de las carteras de Podemos para Irene Montero (Igualdad) y ahora Ione Belarra (Derechos Sociales), la de Consumo para Izquierda Unida (Alberto Garzón) y la de Universidades para los comunes (Yolanda Díaz, aparte). Es decir, que han sido Ada Colau y su espacio los que han propuesto el nombre de Joan Subirats, el sustituto de Castells, sin que se haya producido oposición por parte de la vicepresidenta tercera y líder de Unidas Podemos en la coalición. Según ha podido saber infoLibre, sí estuvieron sobre la mesa otros nombres como el del eurodiputado Ernest Urtasun. 

Hombre de la máxima confianza de Colau e impulsor del proyecto político de Barcelona en Comú, Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política aunque también cuenta con experiencia de gestión pública. Hasta hace solo unos meses, de hecho, Subirats desempeñaba el cargo de concejal de Cultura y Educación en el Ayuntamiento de Barcelona. Es estrecho colaborador y hombre de máxima confianza de la alcaldesa Ada Colau desde sus inicios políticos y se presentó como número dos en las listas a las municipales de 2019. 

Al igual que Castells, Subirats es considerado uno de los intelectuales de referencia para el espacio de los comunes del que es fundador. Cuenta, además, con una amplia trayectoria académica a sus espaldas y está especializado en políticas públicas. Su nombre ya se había barajado con anterioridad en las quinielas de ministrables. 

De 79 años y con una trayectoria intelectual y académica de gran prestigio, Manuel Castells se marcha tras dos años al frente de la cartera de Universidades, desligada de Ciencia tras la conformación del Gobierno de coalición. Algo que el propio Castells criticó durante su toma de posesión como ministro. 

Con escaso perfil político y poca presencia pública, durante sus dos años de gestión tanto la comunidad universitaria como la oposición le han criticado ser una figura política “demasiado ausente”. Sin embargo, entre manos ha tenido una ley de universidades que no ha llegado a ver la luz y que ha contado con gran oposición por parte de rectores y estudiantes. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una declaración institucional para este viernes a las 9 de la mañana desde el Palacio de la Moncloa para hacer oficial la salida de Castells y el nombramiento de Joan Subirats. 

El ministro de Universidades, Manuel Castells, dejará su cargo en el Ejecutivo de coalición, según ha adelantado elDiario.es. Según ha podido confirmar infoLibre, su sustituto al frente del departamento será el catedrático Joan Subirats, que fue concejal de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau.

Castells, que lleva casi dos años en el Gobierno de Pedro Sánchez a propuesta de Unidas Podemos y era el único representante de los comuns en el Ejecutivo, dejará su cargo en el Ministerio de Universidades por razones personales. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que Castells comunicó que "por motivos de salud" su renuncia debía realizarse antes de final de año y los comuns han apostado por situar al número dos de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en su lugar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado al rey Felipe VI sobre la dimisión de Castells, según han confirmado fuentes de Casa Real. El jefe del Ejecutivo se encuentra en Bruselas donde participa en el Consejo Europeo.

Castells ha sido el impulsor de las dos reformas del ámbito universitario en la que actualmente trabaja el Ministerio. Por un lado, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada por el Consejo de Ministros el pasado verano y para la que el ministro buscaba lograr el mayor consenso posible antes de su tramitación parlamentaria.

Por otro, la Ley de Convivencia Universitaria, que derogará un decreto franquista de 1954, y actualmente en trámite parlamentario -ya ha sido aprobada por la Comisión de Ciencia y Universidades del Congreso-. Este proyecto ha suscitado las críticas de la derecha por los cambios introducidos acordados con ERC.

Con Castells al frente del Ministerio, también se han aprobado varios reales decretos, entre ellos el que recoge los nuevos requisitos de creación de universidades. Según este real decreto, las universidades no podrán ser consideradas como tal si no disponen de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de Grado, 6 de Máster y 2 programas oficiales de Doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento.

Con 79 años, Castells ha mantenido un perfil bajo en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con apariciones públicas escasas, lo que ha propiciado en estos dos últimos años las críticas por parte de la oposición.

La salida de Castells supone la décima salida de ministros del Gobierno de Sánchez a lo largo de esta legislatura, dos de ellos del socio de coalición, Unidas Podemos, y el resto del PSOE.

El primero en abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez fue el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien dejó el Ejecutivo el 27 de enero de 2021 para concurrir como cabeza de lista por el PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero, que ganó, aunque no pudo gobernar por el pacto de ERC con Junts. Le sustituyó en Sanidad la actual ministra Carolina Darias.

Dos meses después salía también del Gobierno el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, el 31 de marzo de 2021, y lo hizo con el propósito de concurrir a las elecciones a la comunidad de Madrid que se celebraron en mayo de este año por la coalición Unidas Podemos. Tras los malos resultados cosechados en estos comicios, Iglesias también dejó la secretaría general de su partido. Este fue el primer relevo en el Ejecutivo de un ministro de Unidas Podemos. Le sustituyó como vicepresidenta tercera, en aquel momento, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que después ascendería a vicepresidenta segunda en la remodelación de julio. Ione Belarra asumió la cartera ministerial de Derechos Sociales que también dejaba vacante Iglesias.

El resto de los miembros que han abandonado el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo hicieron en julio pasado durante la remodelación que llevó a acabo el presidente del Gobierno y que supuso una profunda revolución con los ascensos de Nadia Calviño a vicepresidenta primera y de Félix Bolaños a ministro de la Presidencia y la salida de hasta ese momento el jefe de Gabinete, Iván Redondo.

Así, el 10 de julio pasado, salieron del gabinete ministerial la vicepresidenta primera Carmen Calvo; la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la ministra de Educación, Isabel Celaá; el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Martínez Uribes y el de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

La salida de Carmen Calvo supuso el ascenso a vicepresidenta primera de Nadia Calviño y por ende, el de Yolanda Díaz a la vicepresidencia segunda y el de Teresa Ribera, a vicepresidenta tercera, quedando suprimida la vicepresidencia cuarta que ocupaba la también ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

José Manuel Albares sustituyó a González Laya; Pilar Llop a Juan Carlos Campo, en Justicia, después de que este llevara los indultos parciales de los condenados por el 1-O al Consejo de Ministros; Pilar Alegría se hacía con el Ministerio de Educación que hasta ese momento había dirigido Isabel Celaá; Raquel Sánchez sustituyó al Ministro de Transportes; a Uribes le sustituyó Miquel Iceta en Cultura; y a éste, Isabel Rodríguez, en Política Territorial, asumiendo también la Portavocía del Gobierno que había ejercido hasta ese momento la ministra de Hacienda y la cartera de Pedro Duque, Ciencia e Innovación, la asumió Diana Morant.

El Gobierno ha entregado este miércoles los certificados de reparación a los cinco rectores de la Universidad Complutense que fueron represaliados durante el franquismo en un acto encabezado por el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y el ministro de Universidades, Manuel Castells, informa Europa Press.

De este modo el Ejecutivo ha rendido homenaje a Blas Cabrera, Fernando de los Ríos, José Gaos, José Giral y Claudio Sánchez-Albornoz, que ejercieron la máxima autoridad en la universidad y fueron señalados por desafección al régimen y empujados al exilio.

"Representan lo mejor de nuestro país. Les quitaron sus bienes y trataron de quitarles su prestigio, pero fueron grandes españoles muy comprometidos que, en realidad, ganaron porque la España democrática que hoy disfrutamos es la España que ellos soñaron", ha asegurado Bolaños. "En nombre del Gobierno de España, hacemos este acto de reparación moral, de reconocimiento y agradecimiento", ha concluido.

Así, ha afirmado que lo que supuso el golpe de estado del 36 es una "etapa negra" de la historia de España y supuso una persecución "sistemática" al mundo de la universidad, a la libertad de pensamiento y al avance del país, que la democracia ha conseguido superar.

La reparación a los rectores, como ha recordado la secretaria general de la UCM, Araceli Manjón-Cabeza, es simbólica, sin consecuencias jurídicas y se fundamenta en el reconocimiento de que las sanciones que les impusieron fueron "injustas" e "ilegítimas".

Por tanto, ha pedido aspirar a más y que las resoluciones y sentencias que les condenaron sean declaradas nulas y con ello "inexistentes en derecho". "Confiemos en que el texto de la Ley de Memoria Democrática que se tramita en el Parlamento se convierta en ley y repare jurídicamente la condena que hoy todavía padecen", ha reclamado.

Por otro lado, Castells, ha recordado a los rectores de las universidades españolas que fueron fusilados, Salvador Vila, de la Universidad de Granada, Leopoldo García Alas, de la Universidad de Oviedo y Juan Peset Aleixandre, rector de la Universidad de Valencia, además de "decenas" de profesores y trabajadores de estas instituciones "fusilados".

Finalmente, Castells ha afirmado que el franquismo fue algo más que una dictadura, fue "terrorismo de Estado", tal como ha sostenido el historiador británico Paul Preston, que considera que existió una destrucción sistemática de las instituciones y las personas.

"Nuestro Gobierno quiere a través de la política superar definitivamente el horror que se vivió, devolver los asesinados a sus familias y sentar las bases para que de verdad nos reconciliemos todos con nuestro pasado, lo cual no se puede hacer sin mirar de frente a ese pasado", ha terminado.

Estudiantes universitarios se han manifestado este jueves en varias ciudades del país para protestar contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), en la que trabaja actualmente el Gobierno, y contra la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), en trámite parlamentario, informa Europa Press. 

Las movilizaciones, convocadas por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, han tenido lugar este jueves en varias ciudades del país como Madrid, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Córdoba, Granada, Gran Canaria, León, Logroño, Málaga, Navarra, Sevilla, Tenerife, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En la capital, la protesta se ha desarrollado frente al Congreso, mientras que en la ciudad condal ha sido en la Plaça Universitat.

A las protestas se ha unido también el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE), órgano colegiado adscrito al Ministerio de Universidades. Este órgano, que se reunió esta semana con el ministro Manuel Castells, trasladó su malestar al ministro por ambas reformas.

A juicio del CEUNE, la futura LOSU (en la que trabaja el Ministerio) no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades (LOE) vigente desde 2001, mientras que la Ley de Convivencia Universitaria (que fue aprobada esta semana en el Congreso con los cambios introducidos por PSOE, Unidas Podemos y ERC) "elimina el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley" original presentado por Castells.

"El estudiantado ha hablado y ha salido a la calle para reclamar que se les escuche y tengan en cuenta", ha señalado en declaraciones a Europa Press la vicesecretaria del CEUNE, Laura Alcaide. "Hoy nos hemos movilizado para mostrar nuestro rechazo al contenido de la LCU y la LOSU, porque sin el estudiantado no hay universidad". Según expone Alcaide, los estudiantes llevan "mucho tiempo" reclamando una "nueva perspectiva que no deje de lado a su estudiantado" en la futura Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU).

Mientras que, en cuanto a la Ley de Convivencia Universitaria, que era un proyecto consensuado con los sectores de la comunidad universitaria, según recuerda Alcaide, ha sufrido "una gran modificación en el Congreso" que "repercute en los mecanismos de medicación comunes para las universidades españolas, posibilitando que puedan generarse desigualdades entre universidades y mermando los derechos del estudiantado".

La vicesecretaria del CEUNE espera que el poder legislativo decida "cambiar el rumbo" de ambas reformas. "De lo contrario, continuaremos reclamando y mostrando nuestro desacuerdo en todos los foros que nos sean posibles", advierte.

Además de las movilizaciones, que han sido también apoyadas por sindicatos como el CSIF, las asociaciones convocantes han llamado a realizar "paros académicos" para realzar la protesta. Estos paros han sido secundados en casi todas las provincias españolas, según ha indicado Alcaide. 

El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE), que reúne a representantes de estudiantes de todas las universidades españolas, ha acordado convocar un paro para este jueves en rechazo a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y a la Ley de Convivencia UniversitariaLey Orgánica del Sistema UniversitarioLey de Convivencia Universitaria. Este paro se suma a las movilizaciones convocadas ya para el 18 de noviembre, y que marca el inicio de un ciclo de protestas contra ambos proyectos legislativos, según recoge Europa Press.

El Pleno del CEUNE en una sesión presidida por el Ministro, ha emitido un informe desfavorable a la LOSU al entender que no supone ningún avance con respecto a la Ley Orgánica de Universidades vigente desde 2001. A su vez, la organizacion ha incorporado en el acta el sorporte a la convocatoria de movilizaciones realizada por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP) mediante la convocatoria de un paro académico a nivel estatal para el 18 de noviembre.

Así, el pleno del CEUNE se suma a la oposición mostrada a la enmienda presentada por Esquerra Republicana, Unidas Podemos y PSOE que eliminaría de la Ley de Convivencia Universitaria el espíritu de mediación y resolución de conflictos que caracterizaba al proyecto de ley, el cuál sí recibió informe favorable por parte del órgano estudiantil que preside el Ministro.

Esta enmienda será previsiblemente aprobada el 17 de noviembre, tras el adelanto de las votaciones por la mesa de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en previsión de las movilizaciones estudiantiles convocadas para el 18 de noviembre.

A este rechazo se le une el informe desfavorable emitido este martes a la LOSU, quedando los principales proyectos normativos del Ministerio sin el apoyo del colectivo universitario mayoritario.

Los estudiantes han manifestado ante Castells que "el proyecto de ley de universidades no avanza de forma firme y clara en la cogobernanza universitariaCastells, quedando estancado en la Ley Orgánica de Universidades (LOU), actualmente vigente, y sin proponer una mejora universitaria".

Tampoco avanza la "ley Castells", en opinión del CEUNE, en "solucionar los principales problemas del estudiantado, como la ausencia de procedimientos que garanticen sus derechos o la falta de innovación docente y modernización de los títulos universitarios, ni incrementará las vías de participación estudiantil en la toma de decisiones o en la vida universitaria".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Universidades, el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, dando paso así a su tramitación parlamentaria. Esta Ley ya fue presentada, como anteproyecto, el pasado 25 de mayo en Consejo de Ministros, segun recoge Europa Press.

La futura Ley, que sustituye al Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco en 1954, establece qué tipo de acciones son constitutivas de ser faltas (calificándolas en tres grados de gravedad: muy graves, graves y leves) en el entorno universitario, así como su correspondiente sanción.

La norma considera como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso y acoso sexuallas novatadas, el plagio, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre académico.

La discriminación, la falsificación documental, el incumplimiento de las normas de salud pública, la suplantación a un miembro de la comunidad universitaria, o impedir el correcto desarrollo de los procesos electorales de la universidad, también son consideradas faltas muy graves, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

Según ha indicado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, el decreto de 1954 estaba "al margen de la nueva arquitectura" de España, por lo que esta Ley viene a ser una actualización de la misma al marco constitucional. La Ley, según ha dicho, "viene a reconocer el ejercicio de las libertades, de los derechos fundamentales, a buscar vías de encuentro y convivencia en el ámbito universitario".

Faltas graves

Asimismo, se consideran faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente los bienes del patrimonio de la universidad; utilizar indebidamente contenidos y/o medios de reproducción y grabación de las actividades universitarias sujetas a derechos de propiedad intelectual; acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad; realizar cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo; e impedir la celebración de actividades universitarias.

Para todas estas faltas graves, la sanción sería la expulsión de hasta un mes de la universidad, no pudiéndose aplicar esta expulsión durante los periodos de evaluación y de matriculación, o bien se sancionará con la pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante el curso o semestre académico en el que se comete la falta y respecto de la asignatura en la que se hubiera cometido.

Si bien, las universidades podrán prever "medidas de carácter educativo y recuperador" en sustitución de las sanciones establecidas para las faltas graves, salvo cuando la falta de que se trate implique "actuaciones fraudulentas en cualquiera de los ámbitos relacionados con el proceso de evaluación de los aprendizajes". Dichas medidas podrán consistir en la participación o colaboración en actividades formativas, culturales, de salud pública, deportivas, de extensión universitaria y de relaciones institucionales, u otras similares.

Tanto en el caso de sanciones de faltas muy graves como graves, la ley establece que "la pérdida de derechos de matrícula no podrá afectar a los derechos relativos a las becas en los términos previstos en su normativa de desarrollo".

Faltas leves

Por último, se consideran faltas leves acceder indebidamente a instalaciones universitarias; utilizar los servicios universitarios incumpliendo los requisitos establecidos de general conocimiento; y realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada. Con respecto a la prescripción de las faltas y las sanciones, las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Y las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas graves y por faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y al año.

Tal y como establece el documento, se atribuye a las universidades públicas la potestad de sancionar disciplinariamente las infracciones del estudiantado que quebranten la convivencia o que impidan el normal desarrollo de las funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter económico o penal que pudiera derivarse de tales infracciones. En este sentido, la persona titular del Rectorado será competente para ejercer la potestad disciplinaria.

Modificaciones en su aplicación 

La Ley aprobada este 7 de septiembre en Consejo de Ministros no sólo será de aplicación para los estudiantes (como establecía el anteproyecto, medida que generó críticas entre los estudiantes), sino también al Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades públicas y sus centros públicos adscritos.

Además, lo dispuesto por la Ley será de aplicación a las universidades públicas del sistema universitario español (y los centros públicos adscritos), pero también a las privadas y sus centros privados adscritos. En su caso, tendrán que desarrollar sus Normas de Convivencia con base en los principios contenidos en la Ley.

Estas Normas de Convivencia deberán garantizar el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables; la libertad de expresión; el derecho de reunión y asociación; la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra; la eliminación de toda forma de violencia, discriminación y/o acoso; la transparencia en el desarrollo de la actividad académica; o la utilización y conservación de los bienes y recursos de la universidad de acuerdo con su función de servicio público, entre otros.

Las universidades, tanto públicas como privadas, incluirán en dichas Normas medidas de prevención y respuesta frente a los casos de violencia, discriminación, y/o acoso, que serán de aplicación al estudiantado, al PDI y PAS.

La mediación como eje central de la ley 

Según la Ley, las universidades crearán una Comisión de Convivencia, integrada de manera paritaria por representantes del estudiantado, del PDI y PAS, elegidos por el Claustro a propuesta de cada uno de los sectores, garantizando el principio de composición equilibrada entre mujeres y hombres. Los integrantes del equipo rectoral no podrán formar parte de dicha Comisión.

Esta Comisión será la encargada de canalizar las iniciativas y propuestas para mejorar la convivencia en la universidad, promover la utilización del mecanismo de mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, tramitar el procedimiento de mediación como alternativa al régimen sancionador. La Comisión promoverá la utilización del mecanismo de mediación y podrá realizar sesiones informativas para comunicar a las personas involucradas en un conflicto, su disponibilidad y alcance.

De este modo, la Ley pone en el centro de la convivencia la mediación como vía principal de resolución de conflictos. Así, el régimen disciplinario únicamente entrará en juego en tres supuestos: cuando las partes rechacen acudir al procedimiento de mediación, cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador esté expresamente excluida de ese procedimiento (como los casos de acoso y violencia de género, el fraude universitario o la destrucción de patrimonio) o cuando las partes no consigan llegar a un acuerdo.

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobado este martes, 31 de agosto, en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación, informa Europa Press.

La nueva Ley pone las bases para acabar con la precariedad del profesorado en la universidad, entre otras cuestiones, y forma parte de la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años, cuya implantación pretende que sea "gradual".

Esta reforma del sistema universitario se marca cuatro objetivos: promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.

La aprobación de la LOSU iría encaminada a lograr el objetivo número tres: garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador, según constaba en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español enviado a Bruselas a principios de mayo.

Un 55% de funcionarios y temporalidad del 20%

Con el objetivo de acabar con la "situación estructural de precariedad" en las universidades, se establecen tres niveles de progresión en la carrera académica (incorporación, consolidación y promoción), se reduce la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador de las universidades, pasando del 40% en la antigua Ley (LOU) al 20%, y se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas.

Asimismo, se establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesorado asociado con título de Doctor y con una relación contractual previa mínima de 5 años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.

También se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor, destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de 5 cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de Doctor y se introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

La norma impulsa también los doctorados industriales, la formación permanente a lo largo de la vida, así como el reconocimiento y las pasarelas con los estudios de Formación Profesional Superior para "ayudar desde las universidades a nuestra sociedad y economía en la búsqueda de un empleo estable y de calidad".

Igualdad y equidad

Por otro lado, la LOSU otorga relevancia a la producción y transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación, asegurando una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores, promocionando el liderazgo de los jóvenes investigadores, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.

Asimismo, con el ánimo de aumentar el grado de internacionalización del sistema universitario español, la LOSU insta a fomentar alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras así como doctorados de cotutela internacional, garantiza la movilidad nacional e internacional del profesorado universitario, del estudiantado y del personal de administración y servicios a través del refuerzo de programas como el Erasmus+, y modifica la figura actual del profesor visitante e introduce una nueva de profesorado distinguido para atraer talento a la universidad.

La Ley incorpora también diferentes medidas que ponen énfasis en esa equidad, tanto por razones de género como por otras razones. Entre estas medidas, se encuentran la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo o un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios.

También incluye acciones positivas en concursos de selección, una composición equilibrada de todas las comisiones de selección y evaluación, medidas de conciliación, corrección de los usos del tiempo, impacto de género del presupuesto universitario, e impulso de proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales en las universidades.

Cambio en el proceso de elección del rector

La Ley establece también dos sistemas de elección de un rector. El primero de ellos es la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establecía la LOU.

El segundo sistema es la elección mediante un órgano específico (que podrá determinar la universidad a través de sus Estatutos), órgano que estará formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio, según recoge el texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Otra novedad es que ya no hará falta el requisito de ser funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para acceder al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario y reunir los siguientes requisitos: tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

70 reuniones para elaborar la Ley

"Nuestras universidades todavía se rigen por una Ley Orgánica de hace 20 años; en estas dos décadas ha habido cambios profundos en el mundo, en nuestra sociedad, y dos graves crisis económicas que han golpeado extraordinariamente a las universidades públicas", ha comenzado afirmando el ministro de Universidades, Manuel Castells, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Tal y como ha destacado, la LOSU "respeta escrupulosamente las competencias autonómicas", así como "la autonomía de las universidades establecida en el art 27.10 de la Constitución Española".

El ministro ha resaltado también el proceso de consulta llevado a cabo durante el último año para elaborar la Ley. Según ha subrayado, este proceso de consulta ha supuesto la realización de 70 reuniones con órganos colegiados como la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo Estatal de Estudiantes, o el Consejo de Universidades, agentes sociales como los diferentes sindicatos mayoritarios y la CEOE y CEPIME, CRUE Universidades Españolas, los grupos parlamentarios y otros agentes de la comunidad universitaria.

Los universitarios se oponen

Los estudiantes universitarios denuncian que la LOSU "supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades, así como en los derechos estudiantiles".

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) rechaza que la Ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años, pues considera que "perjudicaría gravemente la democracia interna de las universidades".

Además, rechaza la fórmula establecida para este nuevo sistema de elección a rector, en el que dicho órgano estará formado por entre 20 y 30 miembros, lo que supondrá una "devaluación del voto de los estudiantes".

Desde la Coordinadora consideran que una "verdadera democracia efectiva" es aquella en la cual cada persona representa un voto, algo que no se veía reflejado en la LOU, pero que se ha visto "empeorado" en la ya denominada Ley Castells, en honor al ministro de Universidades, Manuel Castells, promotor de la norma.

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Según afirma la CREUP, una vez aprobado el anteproyecto de Ley, la Coordinadora se reunirá con el Ministerio y los agentes sociales, con el objetivo de "presionar para lograr una universidad que respete los derechos de los estudiantes".

También el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (CEUNE) se ha manifestado en contra de la Ley Castells. "Al parecer, en el presente anteproyecto de ley han dejado atrás la participación del estudiantado a todos los niveles universitarios", lamentan desde el Consejo en declaraciones a Europa Press.

En opinión del CEUNE, en lo relativo a la gobernanza y la representación estudiantil, "se ha visto una merma significativa" respecto a la LOU, por lo que esperan que se les escuche y se puedan modificar dichos apartados en su totalidad para "acercar de verdad la universidad a la sociedad y no dejarla como un ente gobernado por unos pocos".

El ministro de Universidades, Manuel Castells, también se ha mostrado a favor de acabar con la memorística en la educación, al igual que su excolega Isabel Celaá, recientemente sustituida por Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y FP.

"Por mi experiencia de décadas de enseñante, yo creo que el componente memorístico de la educación tiene cada vez menos sentido, entre otras cosas porque la información está toda en Internet", opina el ministro en una entrevista con Europa Press.

En este punto, asegura que "lo importante no es acumular información" ni "repetir como papagayos", ya que "la información es obsoleta al cabo de muy poco tiempo", sino "desarrollar la capacidad autónoma del estudiante de procesar información, innovar y aplicarla a aquellas tareas que quiere desarrollar por sí mismo", algo que "ni se discute en la inmensa mayoría de universidades de referencia del mundo". Y considera que los profesores, tanto de Secundaria como universitarios, han de convertirse en "guías intelectuales del procesamiento de información".

Con respecto a cuáles son las causas de que cada vez haya más aprobados en la EBAU (cada año ha ido subiendo el porcentaje de aptos hasta situarse este año por encima del 96%), Castells es cauto en su respuesta porque dice no haber visto estudios al respecto. "Yo prefiero pensar que es porque los alumnos están mejor preparados", contesta.

En cualquier caso, que haya cada vez más aprobados en estas pruebas es una buena noticia para el ministro, pues para él significa que "habrá cada vez más graduados universitarios". "Un graduado universitario tiene tres veces más probabilidad de encontrar empleo que uno que no lo tiene y dos veces más que uno que tiene Formación Profesional", justifica Castells, que insiste en que es "falso" que la Universidad sea actualmente una "fábrica de parados". "Prepararse para el mercado de trabajo quiere decir cada vez más tener un diploma universitario", agrega.

Para el ministro, la clave está en permitir que "todos" los que aprueban Selectividad puedan acceder a la Universidad, "independientemente de sus capacidades económicas". Sobre esta premisa trabaja el Ministerio, afirma el ministro, que recuerda que el Gobierno ha aumentado el número de becas en los últimos tres años y que bajará las tasas universitarias, ya que España tiene "los precios públicos más altos de Europa".

Sobre esto último, Castells opina que se puede llegar a la total gratuidad de los estudios universitarios, pero emplaza la responsabilidad a las administraciones autonómicas. "Que las comunidades autónomas empiecen a utilizar los presupuestos que tienen; Si hay que financiar la Universidad y no la financian los fondos públicos, lo financian las familias", advierte.

Bajada de precios en las universidades privadas

Con el ánimo de posibilitar el acceso igualitario a los estudios universitarios, el ministro se congratula de haber conseguido que todas las comunidades autónomas (a excepción de la Comunidad de Madrid) apoyasen la propuesta del Ministerio de igualar los precios de los másters habilitantes (aquellos obligatorios para ejercer de psicólogo, abogado o profesor, por ejemplo) al de los grados a partir del curso 2022-2023.

"La presidenta Ayuso declaró que iba, como gran concesión, a bajar los precios de los grados y los másters en 2022-2023, exactamente en la misma proporción que por Ley tiene que hacer, porque le obligamos nosotros", ha precisado el ministro sobre las intenciones del Ejecutivo madrileño.

Aunque esta medida sólo sería de aplicación a las universidades públicas –ya que el Gobierno no puede "meter mano" en las privadas–, el ministro cree que provocaría un descenso en los precios de estas últimas. "Si no, se quedarán sin estudiantes", vaticina.

El objetivo del departamento que dirige Castells es la gratuidad de la Universidad. "Si puede haber una sanidad gratuita pública, ¿por qué no puede haber una enseñanza pública (gratuita)? Si la enseñanza obligatoria es gratuita, y abierta todo el mundo, el que la universitaria no lo sea es la vieja idea de que la universitaria no hace tanta falta", lamenta.

La idea de que todo el mundo pueda acceder a la Universidad "no necesariamente" está reñida con el impulso que quiere dar el Gobierno, a través del Ministerio de Educación y FP, a la Formación Profesional, según el ministro. "No quiere decir que todo el mundo tenga que ir a la universidad, si no es su proyecto profesional... Ahora bien, todo el mundo debe poder tener derecho a ir a la universidad si eso es lo que le corresponde", matiza.

Estudiantes trabajadores

Preguntado sobre las dificultades que tienen las personas trabajadoras a la hora de poder cursar estudios universitarios, Castells reivindica el papel de la UNED, que "tiene más estudiantes en enseñanza online que varias de las mayores universidades privadas online en España", alegando además que no han sido las universidades privadas las que han "creado" la enseñanza online.

Según ha dicho, "muchas universidades privadas enseñan online para América Latina". "Lo que es más frecuente son las escuelas de negocio online, cursos específicos de formación para profesiones que te dan un diploma y te crees que puedes tener un trabajo; ahí hay un área gris", ha comentado.

De todos modos, aunque Castells siempre ha reivindicado la presencialidad de la universidad, es partidario de que las universidades públicas refuercen su docencia online. "Todo lo que sea aumentar la capacidad de la universidad y de las buenas universidades públicas, de desarrollar enseñanzas, que además de sus enseñanzas normales, sean online, con distintos programas, yo creo que es positivo", considera el ministro, que afirma que ya "hay toda una tendencia en este sentido que se va a reforzar".

No obstante, preguntado sobre la regulación de la dispensa académica (instrumento que los estudiantes pueden solicitar para no asistir a clase o presentarse a un examen por causas justificadas, como el estar trabajando), Castells es tajante: "Si una persona no puede asistir a clase de manera sistemática, no puede estudiar. Todo el mundo puede formarse, pero no puede formarse sin formarse".

El Ministerio de Universidades limitará los precios públicos de las tasas universitarias para el próximo curso 2021/2022. La propuesta del Departamento que dirige Manuel Castells se ha abordado este lunes en la Conferencia General de Política Universitaria.

Según han informado a Europa Press fuentes de este departamento, durante la reunión, se ha preguntado sobre si había alguna objeción a esta medida, siendo País Vasco la única región que se ha manifestado en contra recordando que ya se había opuesto a la misma el año pasado.

La medida acordada hoy supone una prórroga de las condiciones aprobadas en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria del 27 de mayo de 2020 de los precios públicos en segunda, tercera, cuarta matrícula de Grado y Másters no habilitantes para el curso 2021/2022.

Por entonces, votaron en contra de esta propuesta cinco regiones: País Vasco y las cuatro que gobiernan el PP y Cs (Andalucía, Castilla y León, Madrid y Murcia).

Así, los precios máximos de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Grado, en segundas y sucesivas matrículas, quedan fijados en los vigentes en el curso 2020/2021 en cada comunidad autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.

También los precios máximos de aquellos Másteres no habilitantes serán aquellos vigentes en el curso 2020/2021 en cada comunidad autónoma para cada tipo de experimentalidad que estas hubieren establecido.

Asimismo, las comunidades autónomas podrán fijar el precio de los estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado y de Máster, en primeras y sucesivas matrículas, para los estudiantes nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea como consideren adecuado, teniendo presente que se establece como valor máximo los vigentes para esta tipología de estudiantado en el curso 2020/2021.

Esta medida acordada este lunes se suma a la aprobada el pasado miércoles 29 de marzo de este año, también a propuesta por el Ministerio de Universidades, para establecer la equiparación de los precios de primera matrícula de los Másteres habilitantes y vinculados a los precios medios de la primera matrícula de Grado para el curso 2022/2023.

Galicia, donde más barato se estudia

Según un informe del Ministerio de Universidades, durante este curso 2020/2021, el precio medio por crédito en las titulaciones de Grado en primera matrícula bajó más de un 7,6%, pasando de los 18,61 euros del curso anterior a 17,18 euros.

Por comunidades autónomas, el precio medio del crédito de Grado en primera matrícula más alto es el de la Comunidad de Madrid (23,17 euros). En el otro extremo se sitúa Galicia (11,78 euros por crédito).

En cuanto a los Másters no habilitantes, durante el curso 2020/2021, el precio medio del crédito en primera matrícula descendió más de un 4% con respecto al curso anterior, pasando de 35,53 euros el crédito a 33,99 euros.

Por comunidades autónomas, la mayoría mantuvo este curso académico los precios del curso anterior, a excepción de Galicia y Cataluña, que los bajaron un 50% y un 15% aproximadamente con respecto al curso 2019/2020, respectivamente. El precio más alto lo alcanza la Comunidad de Madrid (52,29 euros). En el extremo opuesto se encuentra Galicia, con 11,87 euros el crédito.

En lo que respecta a los precios de los Másters habilitantes, el precio medio del crédito en primera matrícula es de 22,48 euros. Castilla y León es la comunidad donde más caro está el crédito en la primera matrícula, con 31,14 euros, frente a los 10,98 euros de Galicia.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha afirmado ser favorable a la creación de universidades privadas, siempre y cuando sean "de calidad" y no sean "negocios", porque "aumentan la oferta educativa".

Así lo ha señalado este jueves en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, donde ha dado cuenta de los objetivos de su Departamento para este año 2021, según informa Europa Press.

Durante su comparecencia, el ministro ha recordado que su Ministerio está preparando un Real Decreto (que sustituirá al Real Decreto 420/2015) que establecerá nuevos requisitos para la creación y reconocimiento de universidades, tanto públicas como privadas, que garanticen la calidad de las enseñanzas universitarias.

Según ha manifestado, este nuevo Real Decreto no supondrá en modo alguno "una cortapisa" a la creación de universidades privadas, sino "más bien al contrario". "La política del Ministerio es favorable a la creación de universidades privadas", ha afirmado.

En este sentido, reconoce que también podrá haber "toda clase de centros y escuelas que no sean universidades", pero para este caso, tendrán que crearse y regirse "siguiendo la normativa general de empresas". "No tenemos ningún problema con eso", ha asegurado Castells, que sin embargo quiere que estos centros "no induzcan a engaño a los estudiantes" al definirse como universidades.

"Apoyamos las universidades privadas de calidad, pero aseguramos que sean universidades, que no sean negocios, y si son negocios, son empresas bienvenidas", ha dicho.

En cualquier caso, ha dejado claro que la universidad pública es la "prioridad absoluta" de las políticas de su Ministerio, ya que "es la universidad que pagan todos los españoles y ha de estar al servicio del conjunto de la sociedad".

El Real Decreto ya tiene el informe favorable del Consejo de Universidades y de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria desde el mes de febrero y está "en la última fase de tramitación antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros", según ha avanzado.

El Ministro de Universidades, Manuel Castells, ha atribuido a los recortes de la última década que la mayoría de universidades tenga más de un 40% de contratos temporales, incumpliendo de este modo la ley, según informa Europa Press. 

Así lo ha expuesto este miércoles en una rueda de prensa al ser preguntado por el estudio publicado el pasado jueves por el Observatorio del Sistema Universitario, que revelaba que el 77% de las universidades no pueden ser consideradas como tales porque incumplen alguno de los requisitos del vigente Real Decreto de creación de universidades de 2015, porcentaje que aumenta al 85% en caso de los requisitos del nuevo Real Decreto que prepara el Ministerio de Universidades.

"La información que se publicó es fidedigna, pero en cierto modo no refleja exactamente el problema que señala porque los criterios de calidad que el decreto de creación de universidades añade solamente los incumplen 11 universidades de las 87, y alguno de los criterios", ha señalado el ministro.

Lo que sucede es que, según Castells, la mayoría de universidades están incumpliendo la LOU (Ley Orgánica de Universidades de 2001), en vigencia, y en particular lo que él considera "un criterio básico": el porcentaje de temporalidad fijado en un 40%, que según el informe del Observatorio es superado por la mayoría de las universidades analizadas.

"¿Qué pasa, que son ilegales las universidades? No", ha dejado claro el ministro, que a continuación, ha justificado tal incumplimiento generalizado. "Con un 21% de reducción de los fondos para las universidades públicas en la última década prodigiosa, las universidades, con toda la buena voluntad del mundo, han intentando funcionar como han podido y han hecho contratos de lo que han podido", ha asegurado.

De este modo, Castells ha advertido de que se ha credo una "precariedad extraordinaria" en el sistema universitario y, "por tanto, se ha incumplido la Ley". "Esa es la cuestión", ha zanjado.

Misma justificación de los rectores

El mismo día en que se presentó el estudio, Crue Universidades Españolas achacó a los recortes de plantilla en la pasada crisis económica los resultados del informe, al igual que ha hecho ahora Castells.

"En aspectos como los datos relativos a las plantillas de las universidades públicas, por ejemplo, se aprecian ahora y en toda su crudeza, las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas en la pasada crisis económica; medidas que aún no se han revertido en su totalidad", defendió Crue.

El Ministerio de Universidades fijará con carácter general los planes estudios de Grado de 240 créditos, es decir, de 4 años de duración a través del nuevo Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias y el procedimiento de aseguramiento de su calidad. De este modo, acaba con el modelo 3+2 implantado por el exministro del PP José Ignacio Wert, en el que se articularon carreras de tres años de Grado más dos de Máster, como recoge Europa Press.

Así lo ha dado a conocer este martes el departamento que dirige Manuel Castells, que ha finalizado la redacción del borrador definitivo del citado real decreto.

De este modo, el Ministerio ha explicado que las acciones que conforman este nuevo decreto "están dirigidas a la mejora de la calidad, la agilización de los trámites de evaluación de los títulos, así como la modernización e innovación de las enseñanzas universitarias".

En concreto, ha destacado que se mantiene la estructura básica de la oferta académica, actualmente vigente, configurada en tres etapas (Grado, Máster y Doctorado) y consolida el que los Grados sean de 240 créditos, con la única excepción de aquellos que por directrices europeas deben ser de 300 o 360 créditos.

Respecto a la estructura esencial del modelo universitario español, ha detallado que consiste en Grados de 240 créditos; Másteres de 60, 90 y 120 créditos; y el Doctorado, al que se accede habiendo superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.

Universidades ha puesto de relieve que este real decreto introduce la posibilidad de "adoptar formas específicas de articulación del plan de estudios en las enseñanzas oficiales y, por tanto, de singularizar su proyecto académico". Junto con estas novedades, se aporta una regulación básica de la formación permanente desarrollada por las Universidades.

Según el departamento de Castells, la experiencia acumulada por las Universidades durante los últimos años, y el trabajo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y del conjunto de agencias de calidad de las comunidades autónomas, "ha guiado un replanteamiento procedimental con el objetivo de, asegurando la calidad de la oferta académica, simplificar los procesos administrativos y la documentación necesaria, para focalizarse éstos en aquellos temas que efectivamente constituyen el núcleo del proyecto académico formativo que es un título oficial de Grado, Máster o Doctorado".

En este sentido, ha defendido que la evaluación institucional de los centros "se configura como una pieza esencial en el engranaje del aseguramiento de la calidad de la oferta formativa universitaria y de desburocratización de los procedimientos implicados en el mismo".

Además, ha indicado que aquellas universidades que desarrollan estrategias metodológicas de innovación docente específicas y diferenciadas y que hayan sido valoradas en el proceso de verificación del título por la agencia de evaluación correspondiente, podrán reconocerlas en el Suplemento Europeo al Título.

"Dichas propuestas podrían ser la docencia a través del aula invertida, el aprendizaje basado en el trabajo por proyectos, el desarrollo del trabajo colaborativo y cooperativo, la docencia articulada en el uso intensivo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, y otras iniciativas que impulse la Universidad o el centro", ha apuntado.

Por otro lado, las universidades podrán ofrecer programas de enseñanzas de Grado con itinerario académico abierto que permitan al alumnado cursar asignaturas de dos o más títulos universitarios oficiales que pertenezcan al mismo ámbito de conocimiento o ámbitos de conocimiento afines.

Por último, los títulos oficiales de Grado y Máster podrán incluir la mención dual, que comporta un proyecto formativo común que se desarrolla complementariamente en el centro universitario y en una entidad colaboradora. La actividad formativa que se realice en la entidad se concretará en la ejecución de un contrato laboral que tendrá como objeto fundamental el desarrollo de la formación del estudiante y estará mediado por un Convenio Marco entre la universidad y la entidad.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha respondido este jueves a los rectores (Crue) por la polémica generada sobre la celebración o no de exámenes de forma presencial en el contexto actual de pandemia, según informa Europa Press. 

La Crue reafirmó ayer a última hora de la tarde su postura de que los exámenes se celebraran de manera presencial, ya que horas antes, el Ministerio de Universidades había enviado un comunicado en el que exigía a las universidades que celebraran los exámenes de manera online si no se podía garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Para la Crue, el ministro se hacía eco de "situaciones puntuales", por lo que insistieron en que los exámenes deberían seguir siendo presenciales.

"No voy a entrar en polémicas de ningún tipo, en este momento el seguir debates con trasfondo político, o incluso personal, me parece poco digno de una parte o de otras en una situación en que, en conjunto, estamos todos en peligro", ha asegurado el ministro en una rueda de prensa este jueves tras ser preguntado por este tema. "Lo único que pido es que escuchen a los estudiantes y que respeten las medidas sanitarias", resume.

En este sentido, el ministro ha lamentado que el ser humano sea "la única especie" que en momentos difíciles se pone a "pelear" en lugar de "resolver las cosas juntos".

Castells también ha contestado al consejero de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia, que le ha exigido este jueves que rectifique por generar "alarma" entre los universitarios madrileños, por pedir ayer la celebración de los exámenes online.

"No voy a rectificar nada, estoy de acuerdo con todo lo que he dicho, la alarma social está creada, no la he creado yo, si alguien no se entera, que lea la prensa seria, no las redes sociales, y que vea la televisión y la radio competentes y profesionales", ha señalado al respecto.

"Este país se va a la porra"

Castells ha insistido en que pidió ayer la celebración online de exámenes porque "las universidades hoy en día están mejor preparadas y equipadas" para hacerlo porque "precisamente han utilizado los fondos covid" para adaptarse al entorno online.

Por ello, ha advertido de que no va a rectificar, dado que, según ha manifestado, desde marzo esa ha sido siempre la postura del Ministerio, esto es, que "en situación de pandemia, hay que priorizar la salud de los estudiantes, del personal y profesorado, y respetar la inquietud de las familias". "Y no estamos en cualquier situación", ha avisado.

En cualquier caso, ha rehuido de "abrir un debate" sobre qué tipo de enseñanza ha de implantarse en la universidad en la actualidad, así como el modo de celebración de los exámenes, porque ahora "no es el momento".

"No hagamos política de cualquier cosa o este país se va a la porra –ha dicho–. La salud tiene que estar por encima de la política, y luego hablaremos de la calidad de los exámenes, de la privacidad... pero con 900 de incidencia en el país no es de recibo que haya un debate político sobre esto".

Asegura que hay "alarma social" 

Castells sí que considera que las medidas sanitarias se están cumpliendo de manera generalizada en las universidades, pero también que hay "muchos estudiantes" y organizaciones estudiantiles que están transmitiendo al Ministerio lo contrario, denunciando "la falta de seguridad sanitaria en algunas facultades", e incluso se han llegado a difundir vídeos en los que se muestra la realización de actividades universitarias, en particular la celebración de exámenes, "sin respeto de la distancia física".

En este sentido, admite que, entonces, en estos momentos hay una "alarma social". "No sabemos exactamente si esto es así, habría que hacer una investigación", propone. "Lo que no podía ser este Ministerio es ser indiferente a la preocupación expresada de forma múltiple", agrega Castells.

El ministro insiste en que "hay que mantener esas distancias" y ha advertido a las universidades de que cuentan con la "capacidad tecnológica" para adaptarse al entorno online "cuando no hay otro remedio", así como que "estaban preparadas" y disponían de protocolos para hacer frente a situaciones así.

Con todo ello, el ministro ha anunciado que este mismo jueves ha convocado una Conferencia General de Política Universitaria para abordar este asunto, pero no sin aportar una reflexión a los rectores: "Si me dicen que las universidades las respetan (las medidas sanitarias), no hay ningún problema, pero entonces, que me expliquen por qué hay tanta gente que piensa que hay problemas". "Lo único que estoy pidiendo a las universidades es que escuchen a los estudiantes y que respeten las normas sanitarias", ha resumido.

En cuanto a la situación universitaria en el contexto de pandemia, ha explicado que "hay mucha dificultad en los profesores, más que en los estudiantes, en acostumbrarse a la idea de la enseñanza online", por lo que ha defendido que la presencialidad debe ser preferente, respetando las medidas sanitarias.

Sobre cambiar la selectividad, ha sostenido que le parece "difícil a corto plazo", aunque no está en contra, siempre que detrás haya mucha investigación pedagógica.

Acuerdo para los indultos

Preguntado sobre si dentro del Gobierno están de acuerdo en la necesidad de conceder los indultos a los políticos presos por el 1-O, ha dicho: "Sí, hay acuerdo. Pero los indultos requieren un proceso jurídico". "Yo los haría mañana, el problema es que si no se hacen bien jurídicamente se pueden anular", ha añadido.

Y preguntado por si la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont es comparable con la que vivieron los republicanos exiliados durante el franquismo -en referencia a las declaraciones del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias- ha respondido que no, aunque cree que sí que es un "exiliado".

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha defendido este miércoles la reforma educativa (LOMLOE) que se encuentra en trámite parlamentario también conocida como ley Celaá, y que supondrá la derogación de la LOMCE, la ley conocida como ley Wert. En concreto, se ha mostrado partidario de que la ley rectifique el carácter vehicular del castellano en la enseñanza –al igual que el de las lenguas cooficiales–, al recordar que antes de que se aprobara la ley Wert en 2013, "no había una indicación legal en ningún sitio de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular".

"Y nunca hubo ningún problema en Cataluña, eso sí lo puedo decir por mi propia experiencia", ha señalado el ministro, que tiene una vinculación muy fuerte con la comunidad tras haber estudiado en la Universitat de Barcelona (UB) y por ser catedrático de Sociología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), informa Europa Press.

Según ha dicho, con la LOMLOE "lo que se hace es volver a la situación que existía" antes de 2013, situación que, a su juicio, "fue alterada por una serie de iniciativas de distinto tipo que, en el fondo, envenenaron el clima de convivencia en una situación en que no había todos esos problemas".

No sólo ha defendido este punto de la LOMLOE, que ha suscitado la polémica y las duras críticas por parte de la derecha, sino que el ministro afirma estar "totalmente de acuerdo" con "todo el contenido de la ley sin ninguna excepción". "Cada proyecto de ley de cada ministerio es un proyecto del Gobierno, aquí sí, como ministro, quiero dejar claro mi total solidaridad y apoyo con todo el contenido de la ley sin ninguna excepción, porque se aprobó en Consejo de Ministros y, por tanto, todos los ministros apoyamos lo que aprobamos", ha aseverado.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha señalado este lunes que ve "exagerado" que se proponga inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque se trata de una "provocación a una situación de por sí complicada".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, ha sugerido que "parece que todo el mundo ya sabe que (la inhabilitación) va a ser de año y medio". No obstante, ha recalcado que "hay que respetar siempre las decisiones de la justicia", aunque en este caso se trata de la Junta Electoral, "que no es exactamente judicial", sino un órgano administrativo.

En cualquier caso, Castells ha insistido en que "colgar una pancarta en función de una serie de cuestiones que el president Torra estima y que esto signifique pasar por encima de la voluntad popular expresada a través del Parlamento de Cataluña", le parece "una provocación".

Sobre la actitud de Torra, el titular de la cartera de Universidades ha señalado que "trata de mantener la idea de que la voluntad del pueblo de Cataluña es más determinante que lo que diga un órgano administrativo. Entonces es el Tribunal Supremo el que debe juzgar", ha apostillado.

La situación en Cataluña "políticamente es insostenible"

Sobre la convocatoria de elecciones, Castells cree que la tenían que haber convocado hace tiempo porque la situación en Cataluña "políticamente es insostenible" y porque "la coalición que había de Gobierno está rota en la práctica". Además, ha criticado que en un momento de pandemia "no se puede estar en estas condiciones de provisionalidad".

Ha incidido en que tenían que haber ya convocado elecciones, no por la inhabilitación de Torra, sino porque "alguien tiene que estar a cargo y llevar a cabo la negociación con el Gobierno de España que se ha interrumpido por esa crisis". "Nosotros como Gobierno estamos dispuestos a llevar a cabo la negociación", ha remarcado, pero ha objetado que para ello se necesita "un interlocutor".

"La posición de nuestro Gobierno es que en Cataluña hay un conflicto político que hay que reconocer. Elección tras elección hay una mayoría absoluta en el Parlamento de partidos independentistas, pero al mismo tiempo la población catalana está dividida", ha zanjado.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, considera que las comunidades autónomas pueden hacer "un poquito más" para financiar la universidad y evitar que la carga recaiga sobre las familias. 

Castells, en una entrevista en Carne Cruda recogida por Europa Press, se refería así al acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para fijar precios máximos en las tasas. Ha apuntado, no obstante, a la necesidad de buscar financiación a través de la empresa privada. "Uno de los grandes problemas de la universidad española es que las empresas no ayudan a mantenerla", ha indicado Castells quien ha apuntado también la importancia de que las instituciones académicas puedan garantizar su independencia.

"Las universidades deben fijar las condiciones para esos fondos, pero todo lo que las financie sin cortapisas de su independencia y autonomía lo doy por bienvenido", ha indicado el ministro, que puso como ejemplo el caso de la Universidad de Berkeley, donde trabajaba antes de incorporarse al ministerio. "Era una Universidad pública de gran prestigio ligada a la financiación de empresas privadas", ha añadido. 

Castells se ha mostrado, no obstante, confiado en los presupuestos generales del Estado para el año 2021. "Estamos con los presupuestos de 2017, y estoy en conversaciones con la ministra de Hacienda que está muy abierta a la financiación de la Universidad, porque sin financiación pública no puede haber una reducción de tasas". 

El titular de Universidad también se ha referido a las críticas recibidas por su escasa agenda pública en los últimos meses. "No estoy desaparecido, estoy trabajando", ha dicho Castells quien ha recordado que en los últimos meses ha concedido 12 entrevistas. 

"La política mediática consiste en decir lo que conviene a la gente que intenta crear una imagen, lo que es verdad o no es verdad no importa, estamos en el mundo del fake", ha indicado el ministro. 

El responsable de la cartera de Universidades ha asegurado que desde su nombramiento ha pasado el tiempo "en hacer cosas para la gente, intentando que haya becas, que se bajen las tasas, que los profesores tengan una condiciones dignas, dando entrevistas y compareciendo en el Congreso y el Senado", ha indicado. Sobre sus comparecencias públicas durante el estado de alarma, ha atribuido la responsabilidad a la Secretaría de Estado de Comunicación. "Las ruedas de prensa no dependieron de cada ministro, sino que fueron centalizadas por la secretaria de Comunicación que me pidió una rueda de prensa y luego hicimos otra en septiembre", ha explicado. A partir de ahora, su intención es convocar una comparecencia ante los medios de comunicación al mes.

Docencia online, cierre de centros, evaluaciones extraordinarias… la pandemia del covid-19 en España ha supuesto una crisis sin parangón en todos los niveles de enseñanza que ha llevado al sistema a acelerar una transformación pedagógica y digital, ya de por sí atrasada, para la que no estaba preparado. Las universidades salvaron el curso pasado a través de las clases telemáticas y, ya a las puertas del próximo, se abre ahora un escenario de incertidumbre en el que muchos temen la consolidación de un modelo para las élites ante el crecimiento de la brecha digital y social reforzadas por los modelos no presenciales.

Con el establecimiento de la distancia interpersonal, la reducción repentina de ratios, y la amenaza del cierre de los centros educativos ante posibles rebrotes, una de las principales consecuencias de la pandemia es la desaparición del aula como espacio de socialización, clave para que la educación pública cumpla su papel como vehículo para una igualdad efectiva. En un primer momento, los centros decidieron adoptar un modelo completamente online online ante las restricciones en la movilidad decretadas en el estado de alarma del 14 de marzo. Jorge Traver, estudiante de segundo año de ADE en la UC3M, relata cómo ha sido la transición a este nuevo curso frente al caos vivido durante el confinamiento. “El lunes 9 de marzo nos llegó la noticia del rector de la universidad, Juan Romo, de que toda actividad presencial quedaba cancelada hasta nuevo aviso”, explica. “La gente se marchó a sus casas y estuvimos un par de semanas a la espera de que llegasen correos o noticias del profesorado para saber cómo íbamos a continuar con las clases”, prosigue. “Obviamente ante una situación así como es la del covid, estuvieron saturados a la hora de organizar toda la docencia online y la forma en que nos examinarían, pero finalmente todo fue rodado y a finales de marzo ya teníamos un horario online online asentado para la mayoría de los estudiantes y se nos había proporcionado los nuevos criterios de evaluación debido a la actividad no presencial”, narra Traver.

Tras una apresurada transformación digital, el periodo lectivo llegó a su fin en verano. Pero la batalla no terminaba ahí, y con la mirada puesta en el siguiente curso académico, las universidades empezaron a desarrollar sus planes de regreso a las aulas utilizando las experiencias del confinamiento y reforzando la docencia a distancia.

Ante este panorama, docentes y sindicatos estiman que los modelos presenciales son los garantes de la igualdad educativa, y por ello establecen como una prioridad el regreso a las aulas. Con la crisis sanitaria vigente, y hasta el desarrollo de una vacuna, la vista está puesta en el desarrollo de protocolos y medidas que puedan garantizar esa presencialidad, a la vez que la salud de la comunidad educativa.

El pasado 31 de agosto, y con el inicio del periodo lectivo a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Universidades actualizaba sus recomendaciones a la comunidad universitaria para adaptar el curso a la situación del covid-19. Las nuevas medidas, anunciadas tras la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria por el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, incluyen la ventilación de las aulas o la designación de un responsable covid-19, así como la asignación de un espacio en el que aislar a las personas con síntomas compatibles con el virus.

Sin embargo, el Ministerio de Universidades delega en los centros universitarios ciertas competencias, como el establecimiento de protocolos de actuación ante la aparición de un caso sospechoso de covid-19, o la toma de medidas más drásticas como el cierre de las facultades previa reunión con las autoridades sanitarias y educativas.

Ante la evolución de la epidemia en el país y los posibles escenarios en otoño, los centros han ido desarrollando paralelamente al Ministerio sus propios planes de regreso a las aulas. Entre ellos destaca el protocolo establecido por la Universidad Carlos III y desglosado en su página web. Aprobadas el pasado 7 de junio, las medidas de la universidad madrileña se adelantaron a las recomendaciones del Gobierno, y esclarecen las principales lagunas generadas por el departamento de Manuel Castells.

Juan Julián Elola, médico del trabajo en la UC3M, detalla en conversación con infoLibre como fue el proceso de elaboración del documento: “El protocolo se empieza a desarrollar antes del verano, alrededor de junio y julio. Cuando ya se hacen las matrículas y se empiezan a formalizar, nosotros ya estábamos trabajando en ello”, relata. “Se suponía que iba a haber algún documento oficial, pero claro, no puedes esperar al 3 de agosto para ponerte a trabajar. No puedes esperar”.

Con el cierre de las aulas, y tras el periodo estival, el profesional señala cómo el centro ha ido trabajando en la elaboración de las medidas para garantizar una vuelta segura a las aulas. “Hemos estado trabajando todo el verano. Hemos tenido tiempo para establecer las medidas con margen sin tener que hacerlo mientras andamos”, razona Elola.

Desde el rectorado de la universidad se apuesta por un modelo semipresencial, que combine las clases ordinarias con periodos de docencia a distancia. De este modo, se organizan modelos de rotación, organizados en grupos lectivos para que todo el alumnado pueda recibir clases presenciales, mientras que los estudiantes que permanezcan en sus casas pueden seguir la docencia de forma síncrona. “Yo por ejemplo voy a ir presencialmente lunes y martes, el resto de la semana online, y esos dos días los cuales voy a acudir a clase no estaré en contacto con ningún grupo que no sea el mío”, apunta Traver.

El uso de la mascarilla, obligatorio

Entre las medidas sanitarias planteadas por la universidad, la que más dilema supuso fue el uso obligatorio de la mascarilla. “En los primeros documentos teníamos claro que había que consultar a la asesoría jurídica para que nos confirmasen que efectivamente la universidad puede imponer el uso de mascarillas, aunque no estuviera decretado fuera del centro”, recuerda Elola. “Pero luego al final el uso de mascarillas se generalizó, ha sido impuesto y es obligatorio, por lo que ya no da lugar a debate”.

Finalmente el protocolo recoge su imposición tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones, y nunca podrá disponer de válvula de respiración, mientras que los alumnos que no puedan usarla por motivos sanitarios estarán exentos de la norma si así lo recoge una prescripción médica.

En cuanto al uso de los espacios comunes, este se tendrá que realizar siempre respetando la distancia de seguridad de 1,5 metros, evitando aglomeraciones, y circulando por la derecha en pasillos y escaleras, mientras que el uso del ascensor estará limitado a única persona, salvo personas que precisen un acompañante. En los aseos se mantendrá una ocupación máxima de la mitad de sus cabinas y urinarios.

La entrada y salida de las aulas deberá ser organizada, y en su interior estarán señalizados los asientos que cumplan la distancia interpersonal, nunca superando el aforo máximo establecido. Dichos asientos tendrán asignado un número y un estudiante en caso de que la universidad tenga que determinar su ubicación en el aula en caso de que se realice un rastreo de contactos. Además se establecerán controles de acceso en las entradas de los edificios para regular el aforo.

El médico destaca cómo la elaboración y aplicación de estas medidas han exigido un trabajo “enorme” para el centro. “Solamente las mascarillas del personal, profesores y trabajadores han supuesto un esfuerzo que nunca ha tenido el servicio de prevención” comenta Elola, que añade que la dificultad no solo ha sido económica, sino organizativa. “A todo esto hay que sumarle el dimensionamiento de las aulas y de los espacios” para garantizar una distancia efectiva de los alumnos reduciendo las ratios y distribuyendo las mesas.

Además, el cierre de espacios como bibliotecas o salas de estudio suponen otro reto para la universidad. “Los espacios de lectura y las salas de estudio están cerradas porque no tiene sentido tener un hueco que no puedes controlar”, destaca el médico. “Las bibliotecas y otros espacios están cerrados, y los que eran aptos se han utilizado para ubicar nuevas aulas”.

Entre otras medidas, se estipula que antes del inicio de la jornada lectiva se realizará una desinfección general del centro, prestando atención a las zonas de uso común y aseos. Los espacios se ventilarán a través del sistema de aire acondicionado dos horas antes y después de la jornada, mientras que el aire se renovará entre 5 y 8 veces por hora. En caso de que no se disponga de este sistema, se favorecerá la ventilación natural, cerrando puertas y ventanas durante el horario lectivo para evitar la creación de corrientes de circulación.

La universidad también establece mecanismos para atender las necesidades de las personas más vulnerables. Los estudiantes que formen parte del grupo de riesgo, deberán notificar sus medidas de prevención específicas al Centro de Orientación a Estudiantes. Además, se han habilitado recursos en las aulas para aquellos que no puedan hacer uso de la mascarilla. “En el supuesto de que una persona no pudiera ponerse mascarilla, se ha previsto de un espacio para que esas personas puedan mantener una distancia mayor en el aula y no haya un peligro”.

Detección de casos

Cuando el estudiante presente síntomas compatibles con el covid-19, deberá quedarse en casa y avisar al centro a través de los canales de comunicación establecidos por la universidad, así como al centro asistencial de atención primaria a la espera de instrucciones.

En caso de que el alumno presente síntomas durante la estancia en el centro, este tendrá que informar al profesor, que se pondrá en contacto con el Servicio Médico, y abandonar el centro inmediatamente a espera de los resultados de la prueba PCR.

Si se confirmara la sospecha, el alumno notificará de su situación y enviará sus datos de contacto con el servicio médico del Centro de Salud Laboral de la universidad, que trasladará la información al Decanato, Dirección de la Escuela o Centro de Postgrado. En este momento, el Servicio Médico establecerá los posibles contactos previos. En ese momento, los estudiantes que se encuentren en aislamiento o en cuarentena, ya sea a la espera o tras el resultado de las pruebas PCR, no podrán acceder a los centros educativos hasta su finalización.

Sin embargo, el médico apunta que la prioridad es evitar que ese contacto se produzca. "Lo principal es potenciar las medidas de seguridad y los controles para evitar que dentro del campus no haya peligro alguno de que haya un positivo y que no lo pueda difundir por toda la universidad. Eso es mucho más importante que el seguimiento posterior, que significaría que algo ha fallado", razona Elola. "Si tuviésemos algún contagio estrecho eso quiere decir que hemos hecho algo mal, porque no debería haberlos. Ese es nuestro objetivo primero".

Pero tras la actualización de las medidas contra el covid-19 en los centros realizada por Castells el pasado 31 de agosto, el Ministerio establece que “las universidades deberán definir un espacio para el aislamiento de la persona detectada como caso sospechoso de covid-19”. Un espacio que las universidades inesperadamente han tenido que acondicionar en los últimos días. “Hay que llevarlos a un sitio donde estén aislados, ventilados, pero que no haya riesgo de que se expanda”, recuerda Elola, que apunta que “estamos ante un problema organizativo y económico, porque son espacios que quitas de otros servicios”.

Aunque habrá que esperar a que los alumnos vuelvan a pisar las aulas para comprobar la efectividad de las medidas, desde la UC3M se muestran convencidos de su eficacia. “Creo que las medidas que se han tomado, si fallan, no será porque no sean adecuadas sino porque no será posible el cumplimiento al cien por cien”, apunta el médico. “Obviamente cualquier tipo de medida preventiva es susceptible de ser mejorada, pero no creo que la universidad sea un sitio donde vayamos a aumentar el problema”.

Jorge Traver se muestra satisfecho con el protocolo. “Creo que la Universidad Carlos III ha llevado la situación lo mejor que ha podido. Dentro de lo que ha dejado hacer el Gobierno la universidad lo ha aprovechado al máximo, ha tomado unas medidas muy estrictas pero con margen de regulación, y ha sabido posicionarse rápidamente para dar un servicio óptimo, dentro del covid-19 claro está, a todos sus estudiantes y personal que trabaja en la universidad”, concluye.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha calificado este jueves de "leyenda urbana" su falta de actividad durante los meses de pandemia, así como su ausencia en los medios de comunicación, pese a las acusaciones de la oposición al respecto.

Tal y como recoge Europa Press, el ministro ha aclarado que su única desaparición se produjo la semana pasada en la que estuvo ingresado en el hospital, según ha indicado, por una intervención de la columna vertebral. Sin embargo, ha señalado que desde el fin del estado de alarma, ha ido dos veces al Senado a comparecer sobre las medidas tomadas en su departamento ante la crisis sanitaria del covid-19, y también ha respondido a "varias preguntas parlamentarias".

Dedicado a trabajar

Del mismo modo, ha relatado en rueda de prensa, ha participado en una de las ruedas de prensa celebradas en Moncloa durante la crisis sanitaria. Ahora, ha explicado, la situación de la pandemia "no es la misma" y, por tanto, habrá más conferencias de prensa "propias" del ministerio.

En cuanto a la supuesta "desaparición de los medios", el responsable de Universidades, ha explicado que "desde marzo hasta ahora" ha concedido "once entrevistas en distintos medios de comunicación".

Castells dice que no entiende las críticas y apunta que el hecho de no salir en los medios no implica que no esté trabajando. "Que es a lo que me he dedicado fundamentalmente", ha añadido. Aún así, se ha ofrecido a los medios para señalar que si quieren que "aparezca mucho más" lo hará.