El presidente de EEUU, Donald Trump, revocó este jueves el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009, que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud, informa EFE.

Trump defendió la medida como "la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense" y aseguró que rebajará enormemente los costes para fabricantes de vehículos y consumidores.

"Esta medida ahorrará billones de dólares a los consumidores estadounidenses y reducirá el costo promedio de un vehículo nuevo en casi 3.000 dólares. Piénsenlo. Durante mi campaña, prometí eliminar 10 regulaciones antiguas por cada regulación nueva, y lo hemos superado", dijo Trump en el acto celebrado en la Casa Blanca, en el que estuvo acompañado por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin.

El pasado marzo la EPA ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a gases contaminantes, motivando la condena de distintas organizaciones medioambientales.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato del presidente demócrata Barack Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión de los coches, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, suponen un riesgo para la salud.

Desde su regreso al poder en enero de 2025, el mandatario republicano ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en estados demócratas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, rescindirá el 12 de febrero el llamado dictamen de peligro que la Agencia de Protección Medioambiental estadounidense (EPA) aprobó en 2009 para establecer que seis gases de efecto invernadero son un riesgo para la salud, informa EFE.

"El presidente Trump estará acompañado por el administrador Lee Zeldin (que está al frente de la EPA) para formalizar la rescisión del dictamen de peligro de la era Obama de 2009", ha explicado este martes en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al anunciar la fecha en la que el magnate neoyorquino anulará la resolución.

El pasado marzo la EPA ya anunció que revisaría una treintena de regulaciones con respecto a gases contaminantes, ocasionando la condena de distintas organizaciones medioambientales.

La revisión del dictamen de peligro se enmarca en una serie de revisiones destinadas a "rebajar el coste de la vida para las familias estadounidenses", según el Gobierno Trump.

El dictamen, aprobado durante el primer mandato del presidente demócrata Barack Obama, estableció que seis gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera terrestre y emitidos por los motores de combustión de los coches, como el dióxido de carbono o el óxido nitroso, suponen un riesgo para la salud.

Desde su retorno al poder en enero de 2025, el mandatario republicano ha subrayado su intención de eliminar regulaciones para los vehículos de gasolina y limitar los subsidios federales para los eléctricos, además de condenar el uso de energías renovables como la solar o la eólica, con su Gobierno cancelando varios proyectos de este tipo en estados demócratas. 

La concentración de dióxido de carbono (CO2) alcanzó en mayo un valor promedio mensual de 430,6 partes por millón (ppm) en el observatorio atmosférico de Izaña (Tenerife), el más alto desde que se iniciaron las mediciones en 1984, según una nota de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este organismo ha apuntado que el máximo anual de concentración de CO2 suele registrarse en primavera en el hemisferio norte, por lo que este valor promedio de mayo se puede considerar también como el máximo anual de 2025.

Además, esta cifra supera al anterior máximo histórico que, con 427,45 ppm, se registró en mayo del año pasado en esta estación situada en el Parque Nacional del Teide.

La Aemet ha precisado que el observatorio atmósferico de Izaña, situado en Tenerife a 2.373 metros de altitud y alejado de influencias urbanas, es "idóneo para medir las concentraciones de fondo de gases de efecto invernadero en la troposfera libre".

Su ubicación hace que sus medidas sean muy parecidas a los promedios mundiales, por lo que los incrementos recientes en la concentración de CO2 que ha registrado constituyen una buena proyección de los incrementos en los promedios anuales a escala global.

El crecimiento anual del CO2 desde la década de 1980 es de un aumento de 2 ppm por año en promedio pero, "este ritmo de crecimiento muestra una tendencia a aumentar", ha alertado el organismo, que sitúa el aumento en 2,4 ppm por año en el último decenio.

La Aemet ha señalado que la media anual de C02 en Izaña se incrementó en 3,4 ppm en 2024, una diferencia interanual respecto a la media de 2022 y 2023, que se ubicaba en un aumento de 2,3 ppm, y que la institución explica por el fenómeno climático de El Niño.

Este fenómeno favorece un mayor aumento de la concentración atmosférica de CO2, mientras que la fase fría, La Niña, suele estar asociada a tasas de crecimiento más moderadas.

"En mayo de 2023 se produjo una transición desde una larga fase de La Niña, de casi tres años, hacia una fase de El Niño. Este cambio podría explicar la aceleración en la tasa de crecimiento observada en Izaña en el último año", ha finalizado la Aemet.

Las emisiones totales de CO2, que incluyen las emisiones fósiles y las derivadas del cambio de uso del suelo, alcanzarán los 41.600 millones de toneladas este año, un nuevo récord que muestra que el mundo aún no ha llegado al pico de contaminación, según informa EFE.

Global Carbon Budget de 2024 incluye datos sobre las tasas de reforestación y el uso de los combustibles fósiles en el mundo, y cuantifica las emisiones de CO2 y la capacidad de los sumideros naturales (plantas y océanos) para capturarlas, lo que da una idea global de la situación del ciclo del carbono. Las cifras, recopiladas por 119 científicos de 86 organizaciones de diecinueve países del mundo, se publican este miércoles en la revista Earth System Science Data, coincidiendo con el inicio de la Cumbre del Clima de Bakú (COP29).

En una sesión informativa organizada por el Science Media Centre España, el director ejecutivo del Global Carbon Project e investigador jefe del Centro de Ciencias del Clima CSIRO en Canberra (Australia), Pep Canadell, ha explicado que, pese al avance de las energías limpias, el crecimiento del gas natural y del petróleo han vuelto a impulsar las emisiones de CO2 de origen fósil que llegarán a los 37.400 millones de toneladas este año, el 0,8% más que en 2023. En la última década estas emisiones no han dejado de aumentar.

En paralelo, las emisiones mundiales de CO2 derivadas del cambio de uso de suelo siguen siendo muy elevadas: se calcula que a final de este año alcancen los 4.200 millones de toneladas (el 60% emitidas solo por Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo), aunque en los últimos años estas emisiones se han reducido cerca del 20% gracias a la reforestación.

En total, en 2024 se enviarán 41.600 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera (frente a los 40.600 millones de toneladas del año pasado), una cifra que aunque lleva una década estancada y refleja los avances en la lucha contra el cambio climático, es insuficiente para frenarlo. A final de año, la concentración de CO2 en la atmósfera alcanzará las 422,5 partes por millón, un 52% por encima de los niveles preindustriales, un nivel cada vez más peligroso.

Si las emisiones siguen a este ritmo, existe un 50% de posibilidades de que la temperatura media mundial rebase el límite de 1,5 ºC en seis años, lo que significa que el tiempo que queda para evitar un nuevo escenario con los peores impactos del cambio climático casi se ha agotado. En este contexto, el papel de los sumideros naturales (bosques y océanos) que absorben casi la mitad del CO2 emitido a la atmósfera, es crucial.

El año pasado, el fenómeno El Niño, los incendios en Canadá y Brasil y la sequía en la Amazonía redujeron la capacidad de almacenamiento de los sumideros un 40% en 2023 respecto a 2022, y un 28% sobre la media de toda la década (datos que reflejan la fragilidad de estos sistemas naturales) pero se espera que en 2024 la capacidad de los sumideros se recupere.

Los datos preliminares muestran que las emisiones fósiles volverán a crecer en 2024 impulsadas por el creciente uso del gas natural (2,4%) y el petróleo, que incrementará el 0,9% aupado por la aviación internacional que aún no ha recuperado sus niveles previos a la pandemia. El petróleo aporta un tercio de las emisiones mundiales y el gas el 21 %.

El carbón, que supone el 41% de las emisiones mundiales, crecerá de forma marginal (0,2%) y el cemento (4% de las emisiones) se reducirá incluso en países como China y la India.

Por territorios, las emisiones disminuyen en Europa (3,8%) y Estados Unidos (0,6%), pero suben en la India (4,6%) y China (0,2%), aunque por primera vez, este país responsable de un tercio de las emisiones mundiales, podría finalmente registrar un aumento "cercano al cero o incluso negativo", gracias al uso de tecnologías de bajas emisiones. En el resto del mundo, que emite el 38% de las emisiones mundiales, el CO2 crecerá el 1,1%.

Además, el informe destaca que 22 países (que representan el 23% de las emisiones) lograron reducir sus emisiones sin que sus economías dejasen de crecer (18 países europeos, entre ellos España, Estados Unidos, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Somalia). En España, las emisiones de este año bajarán el 2,4%, en línea con la reducción de los últimos años.

Para Canadell, la tendencia a la reducción de emisiones es ya "imparable" porque los países que han apostado por las renovables seguirán haciéndolo pero ha reconocido que, con la reelección de Trump, se ha perdido un liderazgo importante en la lucha contra el cambio climático y que su mandato ralentizará el proceso. "También dependerá de cuántos 'Trumps' puede haber en otros países", ha avisado.

El 2030 va a ser un año trascendental y un hito intermedio para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Las cada vez más frecuentes catástrofes naturales, entre otros fenómenos extremos producidos por el cambio climático, exigen un aumento de la ambición de la acción de los países en este campo. En este sentido, en el mes de octubre la OCDE organizó un evento en París sobre “La financiación de la descarbonización de la industria”, con participación de representantes de ésta, de los gobiernos y de la sociedad civil. Por parte de los think tanks españoles, la Fundación Alternativas pudo asistir e intervenir activamente en el debate. 

Es importante recordar que el sector industrial supone el 40% de las emisiones totales de CO2. También que, a diferencia de lo que ocurre con el sector energético, el desempeño del primero, en cuanto a la reducción de las mismas se refiere, ha sido considerablemente menor. En el ámbito europeo ello se ha debido, en buena parte, a que ciertos sectores de la industria se han beneficiado de la proliferación de “permisos gratuitos de emisión”, que eximen a su titular de pagar un precio por su contaminación. La reforma del régimen europeo de derechos de emisión del 2023 establece la supresión gradual de los mismos de aquí al 2034.

Para muchos economistas, la tarificación del carbono o carbon pricing, que consiste en poner un precio por cada tonelada de carbono emitida, es el instrumento económico más costo-eficiente a la hora de reducir las emisiones. Es una expresión del principio “quien contamina paga”, que implica trasladar los costes ambientales de las externalidades negativas a sus responsables. Es importante que el coste de la lucha contra el cambio climático sea asumido, en buena parte, por aquéllos que más contribuyen a él.

La tarificación del carbono es un instrumento que sirve también para rebajar los costes de producción de tecnológicas verdes (venta o compensación de derechos de emisión), al igual que ocurre con las políticas industriales verdes usadas en varios países. Adicionalmente, al incrementar los costes de producción de las industrias más intensivas en carbono, el carbon pricing facilita el acceso al mercado a las tecnologías verdes incipientes, retirando las barreras de entrada a las que se tienen que enfrentar como recién llegadas, y permitiéndoles competir mejor con las más consolidadas (como las basadas en el uso de combustibles fósiles).

Ahora bien, no se trata de crear un dilema entre tarificación del carbono o política industrial verde. La combinación adecuada de políticas climáticas dependerá de cada país y deberá ser coherente y costo-efectiva desde el punto de vista de los objetivos del Acuerdo de París. De hecho, la UE ha reaccionado reforzando su propia política industrial ante los ingentes programas de inversión verde establecidos por China o EEUU, entre otros. Prueba de ello es que, en la anterior legislatura, se puso en marcha el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo, y que la presidenta Von der Leyen se ha comprometido a presentar en el inicio de ésta un “pacto por la Industria Limpia”.

Ahora bien, tal y como advierte el FMI, los países “no deben apoyarse mayoritariamente en políticas industriales basadas en el gasto público para alcanzar los objetivos climáticos”. Esto podría implicar fuertes riesgos desde el punto de vista del aumento de la deuda y de sus costes de financiación, especialmente para los países en vías de desarrollo.

No todos los países tienen el mismo espacio fiscal para ayudar a sus empresas, por lo que, con un exceso de subsidios, las condiciones de la libre competencia se verían falseadas en favor de aquéllos con mayor músculo fiscal. Este exceso puede ser causa de distorsiones en el comercio, y generar dinámicas de fuerte competencia entre distintas zonas del mundo. Como bien apunta Zuchman, “económicamente los créditos fiscales para las empresas son como impuestos negativos y, desde ese punto de vista, la carrera actual por los subsidios puede ser vista como una continuación a la tendencia de competencia fiscal corporativa internacional”.

De ahí la importancia de que exista una coordinación internacional, como la que se da en el ámbito de la fiscalidad. La OCDE ha sido consciente de la necesidad de esta cooperación en varias de sus iniciativas. Esta es la razón de ser, por ejemplo, del “Club Climático”. Se trata de un foro cooperativo cuyo secretariado actual ostenta la OCDE junto a otras organizaciones, y con la vocación de abrirse al mayor número de países que compartan la inquietud por lograr la efectiva aplicación del Acuerdo de París.

Pero dicha cooperación internacional entronca igualmente con la agenda multilateral para la descarbonización. No hay que olvidar que la COP 29 del mes de noviembre está abordnado, además de la cuestión vital de las ayudas para la financiación de la transición verde de los países en vía de desarrollo, el camino hacia la nueva ronda de actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs). Este proceso, que culminará en la COP 30 de Brasil, va a tartar de alinear (y elevar la ambición) los planes nacionales de energía y clima con los objetivos climáticos.

En este contexto, hay que destacar la iniciativa del “Marco para la Transición Cero Neta en Emisiones de la Industria”, donde la OCDE propone una estrategia paso a paso para apoyar a los países en vías de desarrollo en lo relativo a la financiación de la transición de su industria. El resultado del trabajo de este marco servirá como contribución para perfeccionar las políticas climáticas y de financiación.

El referido evento de octubre de la OCDE sobre financiación de la descarbonización de la industria trae causa de dicho “Marco para la Transición”, y sirvió para encuadrar los retos de cara a esta financiación. Se enfatizó en el denominador común existente entre los distintos subsectores industriales (acero, cemento, sector petroquímico y textil, plásticos, etc…), cuya descarbonización se quiere acelerar.

Asimismo, se abordó el tema de los distintos tipos de financiación disponibles. Financiación que va a tener que ser masiva de aquí al 2030 y necesitará recurrir a diferentes fuentes de ingreso, desde los recursos sólidos que proporciona la tarificación del carbono hasta la decisiva contribución de la inversión privada. A este respecto, se destacó el papel que deben jugar los incentivos para que el flujo del dinero privado se dirija hacia la transición verde. También se hizo hincapié en crear las condiciones idóneas para que el riesgo de los inversores, en determinados sectores especialmente “delicados”, se comparta con el sector público. Aquí jugarán un papel clave los nuevos esquemas de reparto y disminución de riesgos, como la financiación combinada. Es esta una manera de asegurarse que la tasa de rentabilidad de las inversiones privadas no caiga por debajo de determinados umbrales. 

En definitiva, como dijo en la clausura del acto la directora ejecutiva de Medio Ambiente de la OCDE, Kumi Kitamori: “El enorme esfuerzo que va a suponer la urgente descarbonización sólo podrá ser efectivo si colaboran los países entre sí, y especialmente el sector público y el sector privado”.

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José Luis Escario es consultor en Energía y Clima y analista de la Fundación Alternativas.

La concentración de gases de efecto invernadero volvió a romper todos los récords en 2023, y en las últimas dos décadas los niveles de dióxido de carbono (CO2), el principal de ellos, aumentaron un 11,4%, indicó este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que aseguró que esto "condena el planeta a muchos años de aumento de las temperaturas".

Según el informe anual sobre concentración de estos gases, que la agencia de la ONU publica dos semanas antes de que se inicie la Cumbre del Clima en Bakú, se alcanzaron el pasado año niveles de dióxido de carbono de 420 partes por millón, lo que supone un aumento del 151% respecto a niveles preindustriales (antes de 1750).

Se midieron además 1.934 partes por mil millones de metano y 336,9 partes por mil millones de óxido nitroso, los otros dos gases causantes del calentamiento global, con niveles que suponen aumentos con respecto a la era preindustrial del 265% y del 125%, respectivamente.

"Otro año, otro récord. Esto debería hacer saltar todas las alarmas ante las instancias decisorias, no cabe duda de que estamos muy lejos de cumplir el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales", subrayó al presentarse los datos la secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo.

El dióxido de carbono, que se calcula que contribuye en un 64% al calentamiento global y procede principalmente de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento, aumentó en 2023 hasta 2,3 partes por millón con respecto a 2022, una cifra superior al año anterior aunque inferior a los tres ejercicios anteriores.

Influyó en ese aumento la transición del fenómeno de La Niña al de El Niño (ligado este último a un aumento de las temperaturas en el Océano Pacífico) y la funesta temporada de incendios, cuyas emisiones de CO2 fueron un 16% superiores a la media de años anteriores, con grandes fuegos forestales en países como Canadá o Australia.

El metano y el óxido nitroso, generados por causas naturales pero también antropógenas como la agricultura, la ganadería o la quema de biomasa, experimentaron aumentos de concentración menores a los de 2022, según el informe de la OMM.

Éste reiteró que la última vez que se registró en la Tierra una concentración de dióxido de carbono comparable a la actual fue hace entre tres y cinco millones de años, cuando la temperatura era entre dos y tres grados más cálida y el nivel del mar entre diez y 20 centímetros superior al actual.

La agencia meteorológica de Naciones Unidas advierte que aunque las emisiones se redujeran rápidamente hasta alcanzar un nivel cero neto (es decir, que fueran paliadas por fenómenos de absorción como los que ejercen los bosques) se tardaría décadas en reducir los actuales niveles de temperatura, por la larga permanencia del CO2 en la atmósfera.

La OMM advierte además del riesgo de que el aumento de las concentraciones de los gases causantes del calentamiento global sea cada vez más intenso.

"Los incendios forestales podrían liberar más emisiones de carbono a la atmósfera, mientras que el aumento de la temperatura de los océanos podría reducir su capacidad de absorción de CO2, por lo que se podría acumular más este gas en la atmósfera y acelerar el calentamiento global", señaló en este sentido la secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett.

Algo menos de la mitad de las emisiones de dióxido de carbono permanecen en la atmósfera, el océano absorbe aproximadamente la cuarta parte, y los ecosistemas terrestres en torno al 30%, aunque estos porcentajes varían debido a fenómenos como La Niña o El Niño.

Queman el cielo, el medio ambiente y la salud humana. Las grandes petroleras europeas occidentales, como BP, ENI, TotalEnergies y Shell, figuran entre los 10 empresas que más contaminan quemando gas en las antorchas de los yacimientos que explotan en África y Oriente Próximo. Así lo revela la investigación Burning Skies, conducida por la red de periodismo de investigación medioambiental EIF (Environmental Investigative Forum) junto con infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), así como la plataforma de televisión libanesa Daraj Media, y los medios de investigación SourceMaterial (Reino Unido) y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism (Sudáfrica).

La quema de gas en antorcha –flaring en inglés–, una práctica habitual de las petroleras, que prenden fuego al exceso de gas natural de sus yacimientos de hidrocarburos, depósitos y refinerías, tiene costes demoledores para la población y la biosfera, además de ser uno de los principales productores de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de los combustibles fósiles, con graves repercusiones en el cambio climático.

Según el último informe anual del Banco Mundial, la quema de gas en antorcha emitió 381 millones de toneladas de CO₂e en todo el mundo en 2023. El CO₂e es el resultado de multiplicar la masa de los gases de efecto invernadero por su potencial de calentamiento global, obteniendo así su valor equivalente en dióxido de carbono. Esta enorme cantidad representa el 1% de las emisiones globales, más que las emisiones anuales de un país como Francia –315 millones– para el mismo año, según la Base de Datos Europea de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global.

Pese a su volumen, las llamas tóxicas de las grandes petroleras no han sido visibles hasta ahora, debido a la falta de transparencia de las empresas. Los datos disponibles sólo ofrecen las emisiones totales por países. Algunas petroleras que se han adherido a las iniciativas del Banco Mundial y del Carbon Disclosure Project (CDP), sí declaran sus cifras de combustión en todo el mundo, pero no dan más detalles.

Por primera vez, la investigación Burning Skies revela las responsabilidades individuales de las grandes petroleras que están detrás de esta perniciosa práctica.

Utilizando datos geográficos y de satélite proporcionados por el Grupo de Observación de la Tierra del Payne Institute for Public Policy y la ONG medioambiental Skytruth, completados con una investigación en fuentes abiertas, este proyecto ha vinculado miles de señales de combustión a más de 650 instalaciones petrolíferas y de gas situadas en 18 países de África y Oriente Próximo. Así se han estimado las emisiones de 2012 a 2022, y atribuido a las empresas operadoras, por cada yacimiento petrolífero, planta de gas natural licuado (GNL) o refinería.

En estas dos regiones, se ha asignado un volumen estimado de emisiones totales de 1.370 millones de toneladas de CO₂e durante esta década a las petroleras que las producen. Las europeas son las que más contaminan, con un 33% de las emisiones, por delante de las empresas de Oriente Próximo (31%) y Norteamérica (14%).

Cinco grandes petroleras europeas figuran entre las 10 más contaminan con sus antorchas, de acuerdo con las estimaciones de Burning Skies: la británica BP ocupa la segunda posición con 133 millones de toneladas de CO₂e  emitidas entre 2012 y 2022, seguida de la italiana ENI –121 millones–. La francesa TotalEnergies es la quinta –63,4 millones–, la franco-británica Perenco es la sexta –50 millones– y la holandesa-británica Shell es la séptima –47 millones–.

El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil ocupa el cuarto puesto, con 90 millones de toneladas de CO₂e . Pero el mayor contaminador con diferencia en estos 18 países es la empresa estatal argelina Sonatrach: su quema de gas en antorcha emitió 235 millones de toneladas de CO₂e  en una década, casi cuatro veces más que TotalEnergies.

Contactada por Daraj, Sonatrach no ha hecho ningún comentario sobre estos resultados. Por su parte, TotalEnergies indicó a Mediapart que la utilización de “imágenes por satélite”, como se ha hecho en Burning Skies, es “muy poco precisa en comparación con las mediciones in situ” y puede dar lugar a “sobreestimaciones”, pero la empresa no ha facilitado sus propias estimaciones para cada uno de los yacimientos que explota.

En los yacimientos de petróleo y gas, pero también en las infraestructuras donde se almacenan hidrocarburos, se acumula un exceso de gas natural, compuesto sobre todo por metano, que precisa ser liberado. En algunos casos, por motivos de seguridad, para evitar explosiones. La primera solución es liberarlo al aire, una práctica llamada venteo –venting en inglés–, que es devastadora, ya que el metano atrapa 84 veces más calor que el CO₂ durante 20 años.

Como alternativa, la quema en antorcha consiste en prender fuego al metano, lo que se considera mejor para el clima, al convertir la mayor parte del gas en CO₂. Sin embargo, la antorcha sigue generando enormes niveles de emisiones, además de producir un cóctel tóxico de compuestos volátiles, óxidos de nitrógeno y partículas finas, conocido por sus funestos efectos: no sólo contaminan el aire, sino también el suelo y el agua. Además, ponen en peligro la salud de millones de personas que viven cerca de las zonas de combustión, provocando enfermedades respiratorias y cutáneas, cánceres y nacimientos prematuros. Según un estudio publicado en el Journal of Public Economics, las patologías empiezan a aumentar incluso en poblaciones situadas a 90 kilómetros de las llamaradas.

Las redacciones asociadas en esta investigación Daraj, NRC Handelsblad, SourceMaterial, Oxpeckers y la plataforma estadounidense Mongabay visitaron siete países distintos –Irak, Kurdistán, Egipto, Túnez, Argelia, Nigeria y Angola– para informar sobre el destructivo impacto de la quema de gas en las poblaciones locales, con zonas residenciales enteras expuestas a sólo 10 kilómetros de las teas tóxicas operadas por grandes petroleras como BP, ENI, Shell o TotalEnergies.

Sin embargo, algunas de estas compañías señalan a las propias poblaciones. A preguntas del periódico holandés NRC Handelsblad sobre la exposición de quienes residen cerca de sus yacimientos en Nigeria, Shell declaró que su “derecho de paso” había sido “invadido” por las comunidades locales. “Muchas de nuestras instalaciones de producción de petróleo y gas no estaban situadas originalmente en zonas densamente pobladas”, indicó Shell. “Seguimos trabajando con los gobiernos estatales y otras partes interesadas para disuadir a las comunidades de invadir las zonas operativas”.

A pesar de las promesas de gobiernos y petroleras, la lucha contra la quema de gas en antorcha ha sido hasta ahora un fracaso. Según el Banco Mundial, las emisiones de las teas aumentaron un 7% en 2023 con respecto al año anterior, y no se ha producido ningún descenso desde 2010. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que la quema de gas en el mundo “no va por buen camino” para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

Es “urgente” tomar medidas, insta el último informe del Banco Mundial, publicado en junio de 2024: “Lo que hace recaer en los operadores la responsabilidad de garantizar que el petróleo y el gas se produzcan de la forma más limpia posible durante la transición energética”.

Pero el problema se agrava aún más si se tiene en cuenta que las antorchas son, además, un gran despilfarro: se quema gas para nada, pese a que ya existe una tecnología madura para recuperar el metano y utilizarlo en la generación de electricidad. Un recurso muy necesario en los países de África y Oriente Próximo estudiados en esta investigación, que sufren una gran escasez de electricidad. Según el Banco Mundial, el volumen de metano quemado alcanzaría para “abastecer de electricidad a toda el África subsahariana”.

Según el Banco Mundial y la AIE, bastarían inversiones por valor de 200.000 millones de dólares para reducir las emisiones de metano bruto y poner fin a la quema rutinaria. Una cifra que equivale sólo al 5% de los beneficios de explotación anuales del sector de los combustibles fósiles (cuatro billones de dólares en 2022).

Las grandes petroleras han introducido sistemas para reducir la quema en algunos de sus yacimientos, pero siguen mostrándose reacias a invertir a gran escala. Porque quemar en antorcha es más barato, y la recuperación del metano puede afectar a la producción de petróleo.

“El caudal que llega a la antorcha es variable, por lo que no es gestionable. Se necesita un caudal constante para producir electricidad”, explica José Antonio García Fernández, catedrático de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. “Cuando investigamos el flaring en Irak con la BBC, un ingeniero nos dijo que, debido a estos problemas de presión, para recuperar más gas hay que reducir la producción de petróleo, pero las petroleras optan por preservar la producción», explica Aidan Farrow, científico senior de la unidad científica internacional de Greenpeace.

Según Farrow, la principal razón de que haya fracasado la reducción de las emisiones de gas quemado es la “falta de una legislación que realmente tenga fuerza y consecuencias”. Así lo confirma también Burning Skies.

Los datos de esta investigación revelan que, durante la última década, las compañías petroleras emitieron un volumen estimado de 451 millones de toneladas de CO₂e  en nueve países africanos donde la quema está prohibida por ley o autorizada sólo excepcionalmente, desde hace pocos años: República del Congo, Angola, Camerún, Gabón Nigeria, Ghana, Guinea Ecuatorial, Mozambique y Argelia. Más de la mitad de estos volúmenes –263 millones de toneladas– han sido emitidos por grandes petroleras occidentales como TotalEnergies y BP.

Se demuestra así que estos países en desarrollo son bastante indulgentes con las petroleras, contraviniendo el espíritu de sus propias leyes, para maximizar los ingresos y la producción. La situación no es mejor en los países donde la quema en antorcha no está regulada o lo está de forma deficiente, como Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Además, la Unión Europea, que es el mayor importador de hidrocarburos del mundo, lleva mucho tiempo haciendo la vista gorda. El pasado 13 de junio entró en vigor un nuevo reglamento comunitario destinado a atajar las emisiones de metano del sector energético, que los activistas medioambientales consideran decepcionante.

El reglamento prohíbe tanto el venteo como la quema en antorcha en el territorio de la UE, salvo excepcionalmente por razones de seguridad. Pero el texto es mucho más laxo con las importaciones. Se prohibirá vender en Europa petróleo y gas cuya intensidad de metano sea demasiado alta, aunque sólo a partir de agosto de 2030, y la intensidad máxima de metano no se definirá hasta 2029. En resumen, no hay garantías de que la UE vaya a imponer que los hidrocarburos importados sean tan limpios como los producidos en su territorio.

En la actualidad, la lucha contra la quema se basa en gran medida en iniciativas internacionales voluntarias activadas por el Banco Mundial, cuya eficacia es muy cuestionable.

La Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas (GFMR por sus siglas en inglés), lanzada en 2023, está compuesta por gobiernos, organizaciones multilaterales y compañías petroleras, que se comprometieron a aportar 255 millones de dólares en “nuevas subvenciones”. Pero se trata de una fracción ínfima de los 100.000 millones de dólares necesarios, según el propio Banco Mundial, para acabar con la quema rutinaria, es decir, la combustión continua de gas y no sólo por razones de seguridad.

El programa insignia del Banco Mundial, denominado Iniciativa Quema Rutinaria Cero (ZRF, por sus siglas en inglés), se puso en marcha en 2015. Ha sido respaldado por gobiernos y empresas petroleras, incluidos los principales operadores de quema que aparecen en esta investigación, excepto la francesa Perenco. Todos ellos se comprometieron a poner fin a la quema rutinaria para 2030.

Pero en sus declaraciones al Banco Mundial las siete petroleras europeas –BP, ENI Equinor, Repsol, Shell, TotalEnergies y Wintershall– revelan que, por término medio, sólo el 32% de su quema es “rutinaria”. Es decir, que, aun respetando su compromiso, la gran mayoría de sus emisiones seguirán en el aire.

Las diferencias entre las cifras sobre quema rutinaria que publican las empresas son tan grandes que ponen en duda la exactitud de su metodología. A pesar del enorme nivel de emisiones, BP considera que sólo el 1,7% de sus quemas son ordinarias, y TotalEnergies sólo el 17,5%, mientras que ENI y Repsol declaran al Banco Mundial que superan el 50%.

Estos números también parecen contradecirse con un estudio publicado por la AIE, que afirma que el 66% de las quemas en todo el mundo son rutinarias. Preguntado por EIC, Tomás de Oliveira Bredariol, analista de política energética y medioambiental de la AIE, explica que el estudio define la combustión rutinaria como las antorchas “que funcionan más del 85% del tiempo”. “Las empresas”, precisa, “pueden considerar una definición diferente”.

Zubin Bamji, director de Global Flaring and Methane Reduction (GFMR), calcula que la quema rutinaria representa una media de “aproximadamente el 70% de la quema” en todo el mundo. Según Bamji, se han declarado tasas de hasta el 100% en Níger y Camerún, pero del 0% en Dinamarca o Arabia Saudí.

Lo cierto es que, a día de hoy, no existe ni una definición común ni una verificación independiente de los volúmenes de quema rutinaria. Una carencia muy conveniente para las grandes petroleras.

“Lo que necesitamos es hacer un seguimiento de la quema con mediciones y controles directos, y ya tenemos ahora todas las herramientas para hacerlo”, comenta Daniel Zavala-Araiza, investigador de la ONG Environmental Defense Fund (EDF) la Universidad de Utrecht. “Y más allá de este problema de definición de la combustión rutinaria, es la quema en su conjunto lo que hay que reducir de forma significativa”.

Las compañías petroleras también tienden a subestimar su responsabilidad. Todas las grandes empresas europeas declaran únicamente los volúmenes de emisión de los activos que operan, sin incluir los yacimientos en los que son socios minoritarios, a pesar de que obtienen beneficios de ellos.

Uno de los ejemplos más llamativos es Rumaila, en el sur de Irak, el yacimiento petrolífero más contaminante de esta investigación, con más de 105 millones de toneladas de CO₂e quemadas entre 2012 y 2022. El gigante petrolero británico BP considera que no tiene ninguna responsabilidad, aunque posee el 47,63% de Rumaila y figura como operador en el registro petrolero iraquí durante este periodo.

Incluso teniendo en cuenta sólo los activos operados, también observamos discrepancias entre los resultados de Burning Skies y las declaraciones de algunas grandes petroleras europeas, lo que sugiere que infradeclaran sus emisiones.

En el caso de las cifras de emisiones de BP, estimamos que, sólo en los 18 países analizados, las emisiones atribuidas a la empresa duplican las declaradas por BP en todo el mundo. La petrolera británica explicó a SourceMaterial que está “trabajando para gestionar y reducir la quema en antorcha” en los activos que explota, pero rechazó comentar esta discrepancia. En el caso de ENI, Burning Skies estima unas emisiones de CO₂e 2,8 veces superiores a las emisiones mundiales declaradas por la empresa. Contactada por Domani, ENI informó al cabo de 10 días de que los datos originales que Burning Skies había utilizado “no permiten identificar individualmente los activos y asociarlos al operador correspondiente” y pidió revisar la lista de yacimientos que la investigación había tenido en cuenta. Tras facilitársela, la empresa italiana respondió que “algunos activos no están explotados o se encuentran fuera del perímetro de ENI”, pero no especificó cuáles.

Por si fuera poco, dos estudios científicos recientes consideran que las estimaciones de emisiones de la quema en antorcha, medidas en CO₂ equivalente, podrían ser en realidad mucho más altas de lo que se pensaba. Los estándares científicos utilizados por el Banco Mundial –que también se utilizan en esta investigación–, consideran que el 98% del metano enviado a la antorcha se quema, lo que se denomina “eficiencia de combustión”.

Los cambios en esos índices de eficiencia pueden tener un gran impacto en los cálculos: si se quema menos gas, las emisiones de metano serán mayores y hay que recordar que el metano tiene un efecto en el calentamiento global mucho mayor que el CO₂. Para el Banco Mundial, una eficiencia de combustión del 92% implica un 30% más de emisiones equivalentes de CO₂.

Así, un primer estudio, realizado en 2021 por la ONG Environmental Defense Fund (EDF), midió la eficiencia de combustión en condiciones reales en la Cuenca Pérmica, la mayor zona de producción petrolífera de Estados Unidos, utilizando satélites y helicópteros con cámaras infrarrojas. El estudio reveló que las empresas emiten 3,5 veces más metano del que declaran a la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU.

Un segundo estudio, publicado en 2022 en la revista académica Science y realizado en tres regiones petrolíferas de EEUU, confirmó estos resultados y descubrió que se quema el 91% del metano, en lugar del 98%. Lo que sugiere una “subestimación sustancial” de las emisiones reales de las antorchas.

“En otros países del mundo, las antorchas son aún más ineficaces, ya que queman menos del 91% del gas”, advierte Daniel Zavala-Araiza. “Además, ocurre que si las antorchas se apagan, el flujo de metano se mantiene y las empresas no informan de los incidentes, las emisiones reales son altísimas”, añade.

Otro factor agravante es la producción de hollín por la quema de gas. Estas finas partículas, también conocidas como carbono negro, se consideran 1.500 veces más potentes que el CO₂e y proceden de la combustión incompleta de combustibles fósiles. La Unión Europea de Geociencias considera que se puede atribuir a la combustión en antorcha puede el 40% de los depósitos anuales de carbono negro en el Ártico, que se cree se liberarán durante el deshielo en un futuro próximo. Sin embargo, debido a la falta de datos sobre la eficiencia de las antorchas en todo el mundo, el carbono negro no se tiene en cuenta en las actuales normas de información sobre combustión de gas en los yacimientos petrolíferos.

“Es importante reducir la quema en antorcha y las fugas de metano, pero dudo que el problema pueda resolverse sólo con inversiones y tecnología”, critica Aidan Farrow, el científico de Greenpeace. “Deberíamos tener una visión más amplia. El problema de la combustión en antorcha demuestra que debemos abandonar el uso de combustibles fósiles”, zanja.

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Esta investigación forma parte de la serie Burning Skies: Behind Big Oil's toxic flames, llevada a cabo por el consorcio mundial de periodistas de investigación medioambiental EIF, en colaboración con la red European Investigative Collaborations, a la que pertenece infoLibre, y sus socios Daraj, SourceMaterial y Oxpeckers Investigative Environmental Journalism. Esta serie ha contado con el apoyo de JournalismFund Europe.