Cuatro antiguos empleados del principal medio de comunicación en cuanto a investigación periodística de Kirguistán, Kloop, se sentaron en el banquillo hace unos días en Bishkek, la capital del país, acusados de conspirar para "incitar a disturbios masivos". 

Los acusados forman un grupo poco común: dos contables y dos cámaras. Los cuatro se han declarado culpables, aunque su abogado y la dirección de Kloop siguen insistiendo en que el caso se ha basado en una premisa falsa. 

En una vista judicial celebrada el 5 de agosto, la fiscalía reveló detalles de la acusación que pocos, aparte de los acusados y sus abogados, habían visto, lo que supone una desviación del procedimiento penal habitual en Kirguistán. Kaisyn Abakirov, abogado de Kloop, afirmó que gran parte del caso se basa en cinco vídeos críticos con el Gobierno, que según la fiscalía los cámaras ayudaron a producir. 

Pero esos vídeos nunca fueron publicados por Kloop. Aparecieron en Temirov Live, otro medio de comunicación de investigación desmantelado en una brutal represión un año antes, y que ahora opera desde el exilio con capacidad limitada.

La acusación también acusa a los contables de Kloop de transferir dinero a los cámaras en el marco de lo que la Fiscalía describió como investigaciones conjuntas con el periodista exiliado Bolot Temirov. Los vídeos, críticos con los responsables políticos del país, fueron presentados como intentos de "incitar a la desobediencia activa" y "a disturbios masivos".

Kloop niega que su equipo haya trabajado con Temirov Live en los vídeos señalados y sostiene que el juicio es la última fase de la ofensiva a gran escala de Kirguistán contra los medios independientes.

"La persecución penal no está vinculada a ninguna historia concreta", afirma Rinat Tukhvatshin, cofundador de Kloop. "En nuestro caso, no hay ni una sola pieza en la acusación que se haya publicado en Kloop. [...] Las autoridades kirguisas están simplemente buscando cualquier forma de causar el máximo daño al medio, a la organización y a las personas vinculadas a nosotros".

Las autoridades apenas han ocultado sus intenciones. A principios de este año, un portavoz presidencial acusó públicamente a Kloop de colaborar con Temirov para llevar a cabo "encargos especiales contra el Estado" disfrazados de periodismo.

Incluso los propios dirigentes de Kloop —que se exiliaron a comienzos de año— han acabado atrapados en la redada. Tukhvatshin ha sido imputado en un proceso penal separado, aunque, según su abogado, nunca llegó a ver la acusación. Tanto él como la redactora jefa, Anna Kapushenko, y la directora ejecutiva, Galina Gaparova, vieron cómo este verano se congelaban sus cuentas bancarias.

Antaño conocido como la "isla de la democracia" de Asia Central, Kirguistán ha sufrido un notable retroceso hacia el autoritarismo bajo la presidencia de Sadyr Japarov, un político que llegó al poder tras el levantamiento popular que derrocó al anterior Gobierno en octubre de 2020.

Desde 2022, las autoridades kirguisas han detenido a varios periodistas y cerrado medios que investigaban la corrupción en las altas esferas, incluido el propio presidente. El periodista Bolot Temirov fue despojado de su ciudadanía y expulsado del país, mientras que cabeceras como Kloop o April TV fueron desmanteladas por orden judicial.

La campaña contra la prensa independiente se reflejó en los rankings internacionales. En 2024, el país cayó más de 50 puestos en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, mientras que Freedom House y otras organizaciones también documentaron un claro deterioro.

Antes de a Kloop, le pasó a Temirov Live. En enero de 2024, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la redacción de Temirov Live y detuvieron a 11 periodistas y exempleados, entre ellos la directora del medio, Makhabat Tazhibek kyzy, esposa de Temirov. Todos fueron acusados de "incitar a disturbios masivos".

El momento no pasó desapercibido: las detenciones llegaron pocos días después de que Temirov Live publicara un vídeo en el que acusaba al ministro del Interior, Ulan Niyazbekov, de abusos de poder.

Aunque las autoridades negaron que el caso tuviera relación alguna con las investigaciones del medio, los expedientes judiciales revisados por OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre, apuntan en otra dirección. Las transcripciones de los interrogatorios muestran a los agentes presionando a los periodistas para que revelaran cómo se armaban las historias y quién, dentro del Gobierno, podría estar filtrando información. No formularon ni una sola pregunta sobre los supuestos actos de incitación de los que realmente se les acusaba.

Las rutinas cotidianas de una redacción, como las reuniones editoriales, la edición de vídeos o el pago de salarios, fueron reinterpretadas como pruebas de conspiración. Los empleados fueron etiquetados como "cómplices y asistentes", mientras que el uso de aplicaciones cifradas, como Signal, se describió como una evidencia de que los periodistas "discutían temas negativos con el objetivo de incitar disturbios masivos". Según la versión de la Fiscalía, la propia redacción era la escena del crimen.

El caso se sostuvo en gran medida sobre informes de lingüistas convocados por los fiscales para visionar los vídeos y determinar si realmente contenían llamados a la incitación, aplicando metodologías que expertos legales han calificado de dudosas. Un análisis aseguraba que los vídeos de Temirov Live contenían "indicios de llamados a la resistencia masiva, a disturbios y, en última instancia, a un cambio de poder". Otro concluía que "no había incitación directa", pero que los vídeos tenían un tono que podía "influir en la opinión pública de manera desestabilizadora".

Los investigadores también elaboraron extensos "mapas de interacción" en los que conectaban a las fuentes, colegas y familiares de Temirov Live, presentándolos como una red de subversión.

El juicio concluyó a finales de 2024. Siete trabajadores fueron absueltos. Dos jóvenes reporteros, tras ocho meses en detención, fueron puestos en libertad condicional. Pero otros dos recibieron condenas de prisión efectivas: Tazhibek kyzy fue sentenciada a seis años y Azamat Ishenbekov, a cinco. Esta primavera, Ishenbekov fue indultado por el presidente, un recordatorio de que la libertad de prensa en Kirguistán depende ahora del capricho político.

Pero la represión no se detuvo ahí. Los métodos probados con Temirov Live pronto se perfeccionaron y se volvieron a aplicar contra Kloop.

En una tranquila mañana de miércoles de mayo de este año, la periodista de Kloop Ziyagul Bolot kyzy, de 25 años, escuchó golpes en la puerta de su casa en la ciudad sureña de Osh. En cuestión de minutos, agentes de paisano del Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán (GKNB) entraban en su vivienda, incautándole el teléfono y el portátil. Le dijeron que sería trasladada a Bishkek para ser interrogada, pero nadie le explicó por qué.

No fue la única. Ese mismo día, el GKNB lanzó redadas coordinadas en la capital, deteniendo a otros cinco reporteros y trabajadores de Kloop. Dos más fueron arrestados al día siguiente.

"La gente está siendo retenida en régimen de incomunicación", denunció ese día el cofundador de Kloop, Tuhvatshin, en un comunicado público. "No les permitieron llamar a sus familias ni a sus abogados. Yo no lo veo como una detención. Lo veo como un secuestro".

La mayoría fueron liberados en menos de 24 horas, pero pronto reaparecieron en un vídeo producido por el GKNB difundido en redes sociales y en la televisión nacional, en el que se comprometían a romper con Kloop y pedían perdón por sus supuestas actividades "destructivas".

Dos cámaras, sin embargo, permanecieron entre rejas durante meses, mientras que a dos contables de Kloop se les prohibió salir del país.

En el momento de las redadas, las autoridades no presentaron cargos concretos. Solo más tarde quedó claro que el caso estaba vinculado a los cinco vídeos —ninguno de ellos publicado por Kloop—.

El GKNB se limitó entonces a emitir un comunicado de prensa acusando al personal de Kloop de "incitar a disturbios masivos". La declaración repetía el mismo lenguaje vago que ya se había utilizado en el caso contra Temirov Live.

Las organizaciones de derechos humanos condenaron las detenciones como parte de un patrón más amplio. "Cualquiera que diga algo crítico contra las autoridades o sus acciones es considerado ahora como alguien que llama a disturbios masivos", explicó a OCCRP Syinat Sultanalieva, investigadora para Asia Central de Human Rights Watch. "Esta es una tendencia muy peligrosa que recuerda a caminos similares en países vecinos».

Para la dirección de Kloop, el mensaje del Gobierno ha sido inequívoco —aunque aseguran que seguirán informando, pese a la presión—. "Continuaremos con nuestro trabajo", dijo Tukhvatshin. "No dejaremos de producir investigaciones. […] Como nadie puede hacerlo en Kirguistán, seremos nosotros quienes lo hagamos".

Dos periodistas kirguises que no pueden ser nombrados por motivos de seguridad han contribuido en este reportaje.

Dos periodistas de Temirov Live, canal de investigación de YouTube de Kirguistán asociado al consorcio de medios de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, y de su canal afiliado Ait Ait Dese han sido condenados a penas de prisión por incitar a disturbios masivos. Makhabat Tazhibek kyzy, directora Temirov Live, es también la esposa de su fundador, Bolot Temirov, a quien se ha retirado la nacionalidad y obligado a exiliarse. Tazhibek kyzy ha sido condenada a seis años de prisión y, dado que su marido ya no se encuentra en Kirguistán, el juez anunció que el hijo de ambos será enviado a un orfanato.

El otro periodista condenado es Azamat Ishenbekov, que además es poeta y contaba historias sobre la corrupción en la república exsoviética a través de canciones y raps para conectar mejor con el público kirguís. Cumplirá cinco años de cárcel. “No hay justicia ni honestidad en este país, todo está muerto”, dijo Ishenbekov en un mensaje publicado en Telegram justo después de conocerse el veredicto.

Dos periodistas más, Aktilek Kaparov y Aike Beishekeeva, han sido condenados a tres años de libertad condicional, mientras que los siete periodistas restantes han sido absueltos por falta de pruebas.

Los fiscales habían acusado a un total de 11 periodistas de Temirov Live, uno de los medios de investigación más destacados de Kirguistán que ha informado ampliamente sobre la corrupción gubernamental, de incitar y organizar disturbios masivos. Fueron detenidos el pasado mes de enero en una redada nocturna.

“Amordazar a los medios de comunicación independientes es propio de un régimen autoritario”, ha declarado Drew Sullivan, editor de OCCRP. “Este veredicto”, añade, “no es sorprendente dada la trayectoria descendente de Kirguistán durante los últimos años, pero es extremadamente decepcionante porque se está negando al público kirguís información veraz y se está criminalizando el acto periodístico”.

“La condena de Makhabat Tazhibek kyzy es cruel y trágica”, critica por su parte Miranda Patrucic, redactora jefe de OCCRP. “El Kirguistán de [el presidente Sadyr] Japarov se ha ensañado con un solo hombre que dijo la verdad, y ahora se ensaña con su familia. Mientras tanto, a los corruptos y a quienes saquearon millones de dólares del país se les da un tirón de orejas”, denuncia. “La única culpa de Azamat Ishenbekov fue llevar las historias de Temirov Live a un público más amplio a través de formas con las que pudieran identificarse. Debería ser puesto en libertad”, explica además Patrucic.

OCCRP ha denunciado el retroceso democrático en Kirguistán, que ha incluido ataques a los medios de información. Bolot Temirov, el fundador del canal, fue detenido por cargos falsos de tráfico de drogas y deportado. Otro medio, Kloop, también miembro de OCCRP, ha sido clausurado por “ejercer el periodismo sin licencia”, entre acusaciones de “afectar a la salud mental de los ciudadanos” alterándola con información negativa.

En mayo de este año, OCCRP y sus socios publicaron una investigación en la que mostraban cómo el presidente kirguís, Sadyr Japarov, ha reducido drásticamente la transparencia en el gasto público y cómo los proyectos del gobierno están siendo ejecutados por empresas propiedad de personas aparentemente cercanas al presidente.

En marzo, OCCRP había lanzado Sin censura: The Kyrgyzstan Project, que incluía la campaña #FreeKyrgyz11, donde presionaba para que se retiraran los cargos contra los 11 periodistas de Temirov Live y se pedía a los ciudadanos que grabaran vídeos en apoyo de los periodistas encarcelados. Personas de todos los sectores y de todo el mundo respondieron al llamamiento.

Temirov Live sigue informando desde fuera de Kirguistán, ya que hacerlo desde el exilio es cada vez más habitual a medida que más gobiernos recurren a leyes draconianas y acusaciones espurias para silenciar a la prensa del país.

Los grupos de defensa de la libertad de prensa consideran el proceso contra Temirov Live un caso político, que relacionan con la actual represión de la libertad de expresión por parte del gobierno kirguís. “El clima mediático en Kirguistán, que antes era relativamente libre, se ha deteriorado significativamente debido a las redadas del gobierno, las detenciones de periodistas, los cierres forzosos de medios de comunicación y el bloqueo de sitios web de noticias”, denuncia la organización International Partnership for Human Rights en un informe publicado el 30 de septiembre.

Además, el pasado día 2, Amnistía Internacional pidió al gobierno kirguís que retirara los cargos contra los 11 periodistas de Temirov Live. “Estos cargos no son más que un intento políticamente motivado de reprimir la libertad de expresión y castigar a los periodistas por su trabajo”, criticó la organización en su comunicado.