Bruselas empieza a cumplir con las promesas que jugaron a favor de un cambio de Gobierno en Hungría. Este viernes, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, fue recibido en la Comisión Europea por la presidenta Ursula von der Leyen y regresó a su país con 16.400 millones de euros en el bolsillo.

El abultado cheque está compuesto principalmente por los 10.400 millones correspondientes a fondos Next Generation, los de recuperación de la pandemia, y el resto es dinero de las partidas de cohesión y educación. Más de lo que inicialmente se esperaba luego de varias semanas de negociaciones entre Bruselas y Budapest, aunque Magyar deberá corresponder con importantes reformas que desmonten la arquitectura legal de la era Orbán.

“Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común”, explicó Von der Leyen tras la reunión con Magyar, especialmente para financiar “proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, la vivienda, el transporte o las pequeñas empresas”.

El encuentro en la sede central de la Comisión Europea no fue el único de alto nivel mantenido por el nuevo dirigente ministro húngaro en Bruselas. Antes de verse con la política alemana visitó la sede de la OTAN y también la residencia del primer ministro belga. El viaje abre una nueva etapa en las relaciones de Hungría con la UE, la Alianza Atlántica y un importante socio europeo como Bélgica, pero también deja claroscuros.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó, tras verse con Magyar, la contribución de este país a la defensa colectiva y la disuasión en el este del continente, especialmente por liderar una de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza, albergar un cuartel general de una división en la ciudad húngara de Székesfehérvár y apoyar la seguridad en los Balcanes Occidentales a través de la fuerza de pacificación en Kosovo.

Sin embargo, más allá de las buenas palabras, el primer ministro húngaro mantuvo uno de los vetos polémicos de su antecesor, Viktor Orbán. Y dejó claro “al secretario general que Hungría no va a enviar ni armas ni equipamiento de combate a la guerra de Rusia-Ucrania”.

La negativa a ayudar militarmente a Kiev no gusta en Bruselas. Ni a los socios europeos, que llevan movilizados ya unos 75.000 millones de euros en equipamiento de defensa y han concedido un préstamo de 90.000 millones para que Ucrania pueda financiar su gasto militar, por ejemplo comprando armas a Suecia, ni a la OTAN, que acaba de pedir a sus miembros asignar un 0,25% de su PIB en asistencia militar para el país invadido.

Otro punto conflictivo del viaje que quedó pendiente de resolución tiene también como protagonista la relación entre Hungría y Ucrania. El primer ministro húngaro mantiene su negativa a abrir negociaciones para la incorporación de Kiev como Estado miembro de la UE hasta que “se alcance un acuerdo sobre los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia”, una región ucrania fronteriza. La reclamación exige reconocer y oficializar, por ejemplo, los derechos lingüísticos de ese colectivo. El conflicto podría desbloquearse cuando se produzca un encuentro entre Magyar y el presidente Volodymyr Zelensky, todavía sin fecha, pero mientras tanto Budapest seguirá bloqueando la futura adhesión.

Se trataba de una cuestión capital para Bruselas que durante las últimas semanas ha sido negociada entre los equipos de la Comisión y del nuevo gobierno húngaro. Para la UE, acercar más a Ucrania a su espacio es clave en la guerra de supervivencia que libra contra Rusia, una forma de garantizar su papel en futuras negociaciones de paz de las que la Administración Trump trata de apartarla. Y, por ahora, Hungría sigue sin poner las cosas sencillas. O de evitar que el país vuelva a la esfera de influencia rusa.

En dos semanas, la Comisión Europea propondrá formalmente abrir negociaciones de los primeros capítulos sobre la adhesión de Ucrania a la UE. Será el 16 de junio, dos días antes de una Cumbre en Bruselas entre los 27. Tiempo para que Kiev y Budapest acerquen posturas y el estreno de Magyar ante sus homólogos europeos no se vea ensombrecido. Por el momento, el político que derrotó a Viktor Orbán mantiene uno de los bloqueos más controvertidos de su antecesor. Y que le supusieron enfrentamientos con el resto de líderes comunitarios. En todo caso, el actual primer ministro insiste en que su postura sobre Ucrania es independiente del desbloqueo de fondos europeos a su país.

Los 16.400 millones de euros en fondos de recuperación, de cohesión y educativos desbloqueados por la Comisión Europea representan un botín alto que Magyar no esperaba, pero, como él mismo explicó tras la reunión, han “sido unos socios negociadores duros”. “La presidenta lo puede atestiguar, hemos luchado por cada último céntimo”. Von der Leyen se limitó a reconocer que “es una cifra importante, pero los húngaros lo merecen”.

La partida con la que el primer ministro regresó a Budapest es jugosa, aunque las arcas comunitarias no vayan a desembolsar el dinero hasta que las reformas prometidas no empiecen a aplicarse. Así lo explican en privado fuentes comunitarias y así lo confirmó en público la propia Von der Leyen al asegurar que “en el momento en que la reforma del Estado de derecho sea aprobada en el Parlamento, el dinero vinculado con ese hito podrá ser distribuido”.

El tiempo apremia para Budapest porque de estos cambios legislativos depende el monto principal del dinero prometido, 10.400 millones de los fondos Next Generation que deben entregarse antes de finales de agosto o se perderán, como estipula la regulación de ese programa nacido durante la pandemia. De ellos, 6.500 millones corresponden a transferencias que no deben devolverse y que aliviarán la débil situación presupuestaria de Hungría, con un déficit oficial del 4,7% del PIB en 2025 y que este año superará el 5%.

Los fondos de cohesión o para educación también tienen deberes aparejados. Budapest debe en las próximas semanas empezar a desmontar la legislación anti LGBTIQ+ de la era Orbán que, por ejemplo, impide distribuir en librerías cercanas a centros educativos libros o material audiovisual con contenido de ese estilo. El nuevo Gobierno de Péter Magyar cuenta con la mayoría parlamentaria para ello. Ahora debe demostrar a Bruselas la seriedad de sus promesas.

El director László Nemes se llevó una ovación en pie de varios minutos el 17 de mayo en la gran sala Lumière del Palacio de Festivales de Cannes, tras la proyección de su película Moulin, rodada en una antigua prisión de Budapest. Sonrisas, emoción y felicitaciones.

Pero el éxito del director húngaro, ya galardonado en Cannes en 2015 con el Gran Premio del Jurado por su película El hijo de Saúl, no debe ocultar el terreno ruinoso en que se ha convertido el cine en su país tras 17 años de “contrarrevolución cultural” liderada por la derecha nacionalista y conservadora de Viktor Orbán, una de cuyas primeras decisiones en 2010 fue suprimir el Ministerio de Cultura.

“El Estado nos ha asfixiado deliberadamente y hoy todo el mundo está sin aliento”, explica un productor que, junto con muchos otros, ha visto cómo sus proyectos eran descartados en favor de directores al servicio del ideal nacional cristiano ensalzado por el régimen.

“Nunca se ha demostrado, pero seguimos convencidos de que existía, en el seno del Instituto Nacional de Cine (NFI), una lista negra de directores y productores considerados incompatibles con el discurso nacional que Orbán quiere imponer”, explica la productora Julianna Ugrin, presidenta de la Asociación Húngara de Documentalistas (Madoke), que agrupa a unas cincuenta asociaciones profesionales.

“Personalmente, en general he podido trabajar a pesar de que me rechazaran algunos proyectos. Pero fue a costa de no expresar nunca públicamente la más mínima postura política, ya que, de lo contrario, no habría recibido financiación”, subraya.

Numerosos directores húngaros que no ocultaban su oposición a la política de Orbán fueron, de hecho, proscritos por el NFI, que, al igual que el Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada en Francia, se compromete financieramente con proyectos y permite a los directores y productores encontrar otras fuentes de ingresos. Ante las denegaciones del NFI, a menudo por motivos ideológicos, varios directores magiares se vieron obligados a buscar financiación en el extranjero y han sido premiados en los grandes festivales, pero no en nombre de Hungría…

Ese fue el caso de la película de animación 27, de la directora Flóra Anna Buda, que ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes en 2023, a pesar de que el NFI le había denegado la financiación. El guion narraba la vida errante de Alice, de 27 años, asfixiada por su día a día y que cambia radicalmente de vida tras una fiesta psicodélica. ¡Dar una imagen así de Hungría era algo impensable para los seguidores de Orbán!

Otros cineastas húngaros, a pesar de ser mundialmente reconocidos y galardonados con múltiples premios, han tenido que financiar sus películas en el extranjero. Como László Nemes y Kornél Mundruczó (White God, Gran Premio de la sección Un certain regard en Cannes en 2014, Pieces of Women, película canadiense premiada en la Mostra de Venecia en 2020).

En este contexto, se ha visto especialmente afectada la producción de documentales: LGTBIQ+, refugiados, pobreza, integración de los romaníes… y tantos otros temas sobre los que ha sido imposible trabajar en la Hungría de Orbán.

Con la victoria de Péter Magyar y sus promesas de reformar el sistema, los profesionales del sector han recuperado por fin la esperanza. Como señal de los tiempos, una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno fue suspender a Csaba Káel, un fiel de Orbán, al frente del NFI.

Durante su mandato, Káel dio prioridad a grandes producciones de corte patriótico que, en general, fueron fracasos de taquilla: una biografía del poeta revolucionario del siglo XIX Sándor Petőfi; otra sobre el primer ministro conservador József Antall; un thriller político sobre la década de 2000 de los social-liberales, etc.

Se estaba preparando una película espectacular y de gran presupuesto (140.000 euros solo para el guion) sobre la batalla de Mohács, que enfrentó a los magiares contra los otomanos en 1526, una fecha utilizada por los nacionalistas para justificar la represión contra la inmigración clandestina. Pero, sorpresa, pocos días después de la caída de Viktor Orbán, el 12 de abril, el NFI enterró el proyecto al anular la subvención de 2,5 millones de euros solicitada por el productor.

Desde la dura derrota de Viktor Orbán en las elecciones legislativas del 12 de abril, las asociaciones de profesionales no han tardado en presentar sus propuestas al nuevo Gobierno de Péter Magyar. En el marco del proyecto Filmreform 2026, presentaron un libro blanco en el que abogaban por “un sistema de financiación más transparente, políticamente independiente y dirigido por profesionales en Hungría”, así como por una nueva ley de cine destinada a restaurar su competitividad internacional.

Por otra parte, doscientos jóvenes cineastas que asumen “un papel social emancipador” han planteado sus reivindicaciones en una carta abierta al nuevo ministro de Cultura, Zoltán Tarr, para refundar los “pilares de la producción cinematográfica en un país más libre, más solidario y más igualitario”.

Presionado por la sociedad civil para romper con los años de Orbán, el nuevo equipo de Gobierno y su ministro Tarr ya han hecho promesas al sector, lo que ha suscitado un optimismo prudente. En una entrevista concedida a la revista Screen publicada durante el Festival de Cannes, Tarr prometió devolver la autonomía a la industria cinematográfica y nombrar al frente de las instituciones del sector a personas elegidas por la industria y no designadas por el poder político.

También promete transparencia en la financiación, “por méritos y no por lealtad política. […] La industria debe ser abierta, y el único aspecto a tener en cuenta es el cultural”.

Tanto para los profesionales como para el Gobierno, se trata de enterrar definitivamente la batalla cultural librada en todos los frentes por el Fidesz desde 2010.

Viktor Orbán, quien en su juventud se interesó por la doctrina de la “contrahegemonía cultural” desarrollada por Antonio Gramsci, filósofo y cofundador del Partido Comunista Italiano, la declaró abiertamente en 2018 durante un congreso de su partido, el Fidesz, en la Transilvania rumana, precisamente donde cuatro años antes había decretado el advenimiento del Estado “iliberal”.

Había anunciado allí: “La estabilización de nuestro sistema político sobre sus bases nacionales y cristianas es un éxito. […] Nuestra victoria de 2018 es un mandato para construir una nueva era. Esta es la tarea que nos espera: asentar nuestro régimen político en una era cultural. Nos enfrentamos a grandes cambios”.

La batalla cultural se cristalizó en 2020 en torno a la Universidad de Arte Dramático y Cinematográfico de Budapest (SZFE), transferida del Estado a una fundación (como la mayoría de las universidades) y puesta bajo la tutela de un director de teatro talentoso pero muy conservador, Attila Vidnyánszky.

Este director anunció el fin de la autonomía pedagógica y el “reajuste ideológico” de esta institución, la escuela de cine más antigua del mundo, que ha formado a los mayores talentos húngaros, desde Béla Tarr hasta Ildikó Enyedi.

Fue necesaria la crisis sanitaria del covid para poner fin a diez semanas de ocupación de la universidad y cuatro meses de pulso con el Gobierno de Viktor Orbán. Ahora, los estudiantes piden al Gobierno que devuelva la autonomía a la SZFE.

El colapso sorprendentemente rápido de las estructuras de Fidesz tras el cambio político se extiende también al conjunto de la cultura. A principios de mayo, el mismo Attila Vidnyánszky, también director del Teatro Nacional, dimitió de su cargo en el comité del Fondo Cultural Nacional (NKA) después de que se conocieran las sumas astronómicas distribuidas justo antes de las elecciones a organizaciones y asociaciones cercanas al Fidesz, bajo el pretexto del apoyo cultural.

Los recién llegados a los ministerios descubren ahora la magnitud de los medios desplegados por el Gobierno saliente para poner —además del cine— la cultura al servicio de su poder. Un ejemplo entre otros: el violinista estrella Zoltán Mága percibió el equivalente a 1,4 millones de euros por hacer campaña a favor del Fidesz.

En concreto, se trató de una serie de conciertos justificados, según su productora, por el hecho de que “la izquierda busca deliberadamente seducir al mundo artístico y al gran público. Es crucial para el bando nacional ganarse el apoyo de ciertos grupos sociales, en particular los votantes romaníes, las personas mayores y los indecisos”.

Pero no fue suficiente. Ironías de la historia, una película independiente rodada en el mayor secreto y a espaldas de toda la profesión pudo contribuir a derrotar el “orbanismo”. La película Tavaszi Szél (Viento de primavera), a medio camino entre documental y vídeo de campaña, que narra la marcha triunfal de Péter Magyar hacia el poder, acumuló 140.000 espectadores en las salas de cine y, sobre todo, 3,4 millones de visualizaciones en YouTube el fin de semana anterior a las elecciones. Esa es también la cantidad de votos que obtuvo el líder de Tisza el 12 de abril.

Traducción de Miguel López

Tras el pulso entre Hungría y Ucrania, llega el momento de la distensión. Es solo cuestión de horas para que el petróleo Urals, más denso y pesado que el Brent del Mar del Norte, llegue a Hungría y a su refinería de Százhalombatta, a orillas del Danubio.

La empresa UkrTransNafta ha informado a la petrolera húngara MOL de que el flujo de crudo procedente de Bielorrusia, a través del oleoducto Druzhba, se reanudó el 22 de abril a mediodía en Ucrania. En consecuencia, el primer ministro saliente, Viktor Orbán, al frente del país hasta el 9 de mayo tras su derrota histórica, ha levantado el veto húngaro al préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Kiev.

Este préstamo, crucial para las finanzas ucranianas, había sido aprobado por unanimidad por los Veintisiete en diciembre de 2025. Pero Orbán inició entonces un pulso, a raíz de un ataque militar contra el oleoducto el 27 de enero y su consiguiente paralización, durante el cual las autoridades húngaras y ucranianas se lanzaron insultos y amenazas.

Esta estrategia de tensión alimentó oportunamente la campaña electoral de Viktor Orbán, durante la cual acusó a su vecino de “intentar derrocar al Gobierno e instalar a un gobernante respaldado por Kiev”. El jueves 23 de abril, el pulso llegó a su fin con el anuncio, por parte de la presidencia chipriota de la Unión Europea (UE), de la aprobación del préstamo y de un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que también había sido bloqueado por Hungría con el apoyo de Eslovaquia.

Tras unos quince años de “apertura hacia el Este” y de inclinación hacia Rusia, este episodio indica que el "país transbordador” vuelve a mirar hacia la orilla occidental, tras haber estado varado en medio del río.

En los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, la derrota de Viktor Orbán se vivió como un inmenso alivio, con la perspectiva de una “normalización” de la diplomacia magiar. “Nos afianzaremos en el sistema de alianzas occidentales”, ha declarado Anita Orbán (sin parentesco con el primer ministro), que ocupará esta cartera en el próximo Gobierno.

“Anita Orbán es atlantista, con vínculos principalmente con el Partido Demócrata americano”, describe un empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hungría se mostrará mucho más cooperativa y ya no desempeñará el papel de malo dentro de la UE. Se establecerán relaciones pragmáticas con Rusia, pero Hungría se alineará mucho más con las orientaciones de la UE. Se normalizarán las relaciones con los países vecinos, en particular con Ucrania.”

La noche de su triunfal victoria el 12 de abril, en un ambiente de júbilo, Péter Magyar, que asumirá sus funciones el 9 de mayo, declaró que “Hungría [volverá] a ser un aliado fiable de la Unión Europea y de la OTAN”. El miércoles 22 de abril, el Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece su partido Tisza, le dedicó una ovación en pie durante una aparición por videoconferencia.

En cuanto a la cuestión ucraniana, el futuro primer ministro rechaza la idea de suministrar armas a Kiev, lo cual no supone una gran diferencia. Más importante aún, se declara contrario a la adhesión de Ucrania a la UE mediante un procedimiento especial, al considerar que “un país en guerra no puede entrar en la UE”.

En cuanto a Rusia, a la que ha calificado de “riesgo para la seguridad” de Europa, no aboga por un rechazo, sino por unas relaciones pragmáticas, lo que no ha impedido que esta última reclasificara a Hungría como “país hostil” al día siguiente de las elecciones.

“Magyar no tiene por qué ser proucraniano”, señala un diplomático ucraniano destinado en Kiev. “Que siga su propia agenda y el interés nacional húngaro tal y como lo define la estrategia nacional húngara de 2020, firmada por Orbán, ya supondrá una enorme diferencia.” “No hay grandes expectativas de los ucranianos respecto a Hungría”, añade. “Solo esperamos que no bloquee lo que ya está decidido, es decir, los préstamos europeos y la apertura de las negociaciones de los seis clústeres para la adhesión a la UE”.

“Estamos dispuestos a abrir un nuevo capítulo con Hungría y tenemos un gran interés en ello”, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, que ya ha entrado en contacto con su futura homóloga.

Péter Magyar anunció además que pondría fin a la retirada de Hungría del Tribunal Penal Internacional (TPI), que Viktor Orbán había iniciado el año pasado como muestra de apoyo a su aliado cercano Benjamín Netanyahu.

El próximo primer ministro invitó al primer ministro israelí a las conmemoraciones de la insurrección antisoviética de 1956 el próximo mes de octubre, junto a otros jefes de Estado, pero unos días después precisó que Hungría estaría obligada a detenerlo en virtud de su adhesión al TPI, lo que hace poco probable una respuesta favorable de Netanyahu a la invitación.

Con el cambio de gobierno en Budapest también ha llegado la hora de la diversificación energética para Hungría, que importa la inmensa mayoría de su gas y su petróleo de Rusia.

La futura jefa de la diplomacia, Anita Orbán, aboga públicamente por sustituir el gas ruso por gas natural licuado (GNL) norteamericano. Ella trabajó para la industria estadounidense del GNL, en Cheniere y posteriormente en Tellurian, donde era responsable de los mercados de Europa Central, el Sudeste Asiático y el Norte de África.

Anita Orbán también fue miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) hasta enero de 2026, y miembro del consejo de administración del think tank atlantista Globsec. Contará con un importante apoyo en el Gobierno en la persona del ministro de Economía y Energía, István Kapitány, quien ha desarrollado su carrera en altos cargos directivos de la petrolera británica Shell.

Siguiendo con el tema energético, sigue habiendo un gran interrogante sobre el futuro de Paks II, el proyecto de construcción de dos reactores nucleares VVER-1200 por parte de Rosatom, en la central de Paks. Este proyecto de 12.500 millones de euros, financiado en un 80 % por un préstamo del Estado ruso, selló el acercamiento entre Rusia y Hungría a partir de 2014.

Magyar ha hecho saber que los contratos —a los que aún no ha tenido acceso— se revisarán en profundidad antes de tomar una decisión sobre la continuidad o no del proyecto. Este último entró oficialmente en fase de construcción a principios de febrero, con el apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). No se descarta —aunque sigue siendo hipotético— que el futuro Gobierno recurra a la empresa francesa Framatome, que ya debe suministrar el sistema de control de los reactores rusos, o a la firma estadounidense Westinghouse.

En una entrevista con el canal de YouTube Patrióta cuatro días después de su derrota electoral, Viktor Orbán solo expresó un pesar: no haber llevado a buen término este proyecto nuclear, inicialmente previsto para 2022.

El primer ministro saliente, decano del club europeo, ni siquiera se presentó a su último Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, que se ha celebrado jueves y viernes en Chipre. Está demasiado ocupado gestionando el traspaso de poderes, según János Bóka, su ministro de Asuntos Europeos. Péter Szijjártó, su ministro de Asuntos Exteriores, que informaba a las autoridades rusas durante las reuniones con sus homólogos, tampoco se presentó a la reunión celebrada el martes. Fin de una época.

Traducción de Miguel López

La trampa del mal menor en política no está en elegir entre opciones imperfectas, sino en lo que ocurre después de elegir: el riesgo de convertir la derrota de la gesticulación autoritaria en la normalización ideológica del extremismo y tratar el alivio como si fuera un logro. La victoria de Péter Magyar y su partido Tisza en las elecciones húngaras de este domingo es el ejemplo más reciente y más nítido de ese mecanismo.

Las capitales europeas han celebrado el resultado como un retorno de Hungría a la “senda europea”. Lo que no han explicado es qué significa exactamente esa senda cuando el nuevo primer ministro mantiene la valla fronteriza de Orbán, rechaza el Pacto de Migración de la UE, no se ha comprometido a derogar las leyes que estigmatizan a la comunidad LGTBI y ha evitado cuidadosamente cualquier posición que incomode a su base electoral conservadora. Bruselas respira aliviada. La pregunta es si tiene razones para tanto alivio, o si simplemente ha decidido que ya no las necesita.

Magyar no llegó desde fuera a desafiar el régimen de Orbán. Fue miembro de Fidesz durante más de dos décadas y formó parte de su entorno de gobierno antes de romper con él. El politólogo Cas Mudde, una de las referencias más sólidas en el estudio del populismo europeo, lo ha formulado sin eufemismos: “Pasó años trabajando para el régimen de Orbán y está claramente alineado ideológicamente con su antiguo partido”.

Pero es “uno de los nuestros”, desde el punto de vista del PP Europeo, al que pertenece desde 2024. Lo que ya es un primer indicador de hasta qué punto la derecha tradicional, incluido el partido de Alberto Núñez Feijóo, se ha ido escorando hacia posiciones cada vez más extremistas.

Esa alineación tiene consecuencias programáticas concretas. En migración, Magyar ha sido explícito: mantendrá la valla fronteriza con amenazadoras cuchillas que Orbán levantó en la frontera con Serbia y una parte de Croacia, rechazará las cuotas obligatorias de reubicación de refugiados y se opondrá al Pacto de Migración y Asilo de la UE. Sus eurodiputados son del PPE, pero han votado en el Parlamento Europeo alineados con Fidesz en resoluciones sobre seguridad fronteriza.

La posición de Magyar sobre la mano de obra extranjera implica, además, una paradoja que dice mucho sobre la naturaleza de su conservadurismo. Orbán, pese a su retórica antiinmigración, permitió la entrada de decenas de miles de trabajadores asiáticos —filipinos, vietnamitas, indonesios— para cubrir las líneas de producción de las fábricas de baterías chinas instaladas en el país, con cuotas que rozaban los 35.000 trabajadores para 2026, los llamados “trabajadores invitados”.

Magyar ha calificado ese sistema de “traición” a los trabajadores húngaros y promete desmantelarlo: auditoría de los permisos vigentes, reducción drástica de las cuotas de contratación extranjera y fomento del retorno de los cerca de un millón de húngaros emigrados a Alemania, Austria o el Reino Unido mediante incentivos salariales.

No se trata, en su planteamiento, de una política de acogida más humana, sino de la versión economicista del mismo nativismo: primero los nuestros. La xenofobia de Orbán era identitaria y performativa; la de Magyar es laboral y tecnocrática. Salvo sorpresa, el resultado para los trabajadores extranjeros afectados será prácticamente el mismo.

En derechos LGTBI, su posición ha sido de neutralidad estratégica en un asunto que no admite equidistancias: no participó en la marcha del Orgullo de Budapest en 2025, no ha incluido en su programa la derogación de la ley de “protección infantil” de 2021 que prohíbe la representación de la homosexualidad ante menores, y no ha dado garantías sobre la retirada de cargos criminales contra activistas procesados por organizar marchas.

Donde Magyar difiere de Orbán es en las formas institucionales: promete desbloquear los 18.000 millones de euros en fondos europeos congelados, restaurar la independencia judicial, sumarse a la Fiscalía Europea y comprometer a Hungría con la eurozona en 2030. Son reformas sustanciales en términos procedimentales. Pero el procedimiento, por sí solo, no es un programa de derechos.

El problema no es elegir a Magyar sobre Orbán —dadas las circunstancias, esa elección, para muchos, tiene sentido—. El problema es la narrativa que acompaña esa elección: la que convierte un cambio de gestión en una victoria de valores, la que celebra el retorno al marco institucional como si fuera equivalente al retorno a los principios.

Cuando una sociedad acepta durante años que el debate se desplace hacia la derecha, el punto de referencia de lo razonable se desplaza con él. Lo que antes era la posición extrema se convierte en el nuevo centro, y lo que antes era el centro desaparece del mapa. Los politólogos llaman a esto el efecto ventana de Overton: el rango de ideas consideradas aceptables se mueve y lo hace sin que nadie firme ningún acuerdo. Basta con que las instituciones traten ciertas posiciones como normales para que lo sean.

Para muchos analistas, la celebración acrítica de Magyar es un acto de esa naturaleza: al presentarlo como la solución, Europa está ratificando que su programa —xenofobia gestionada, ambigüedad sobre los derechos LGTBI— y el contexto en el que lo desarrollará —un parlamento sin izquierda— son el nuevo estándar de lo aceptable.

Frente a las celebraciones de gran parte de la Europa progresista, algunos de cuyos dirigentes han hablado de “esperanza”, de “vibrante y sólida democracia”, e incluso de “punto de inflexión” para Europa, Manon Aubry, copresidenta del grupo The Left en el Parlamento Europeo, alzó una voz mucho más crítica que es toda una advertencia: “Péter Magyar no es una ruptura clara con la era Orbán. Liderará una política firmemente anclada en la derecha”.

La UE ha construido en los últimos años una doctrina implícita: si un gobierno es proeuropeo y antiputinista, el resto es negociable. Ese credo tiene una lógica geopolítica comprensible en el contexto de la guerra en Ucrania y de la erosión del proyecto comunitario desde dentro. Pero tiene un coste ético que raramente se contabiliza.

Al priorizar la estabilidad institucional sobre el progreso en derechos, Europa está diciendo a sus minorías —a los solicitantes de asilo que seguirán encontrando la valla, a la comunidad LGTBI húngara que seguirá viviendo bajo leyes discriminatorias— que su situación es un asunto de segunda categoría. Que lo que importa es el voto en el Consejo Europeo y el desbloqueo de fondos, no la arquitectura legal que regula sus vidas.

El contexto parlamentario completa un cuadro mucho más sombrío de lo que la mera caída de Orbán sugiere. Por primera vez desde el fin del régimen totalitario, en 1989, la Asamblea Nacional húngara no tendrá ningún partido de izquierda. Tisza, Fidesz y Mi Hazánk —centroderecha, derecha nacionalista y extrema derecha— ocuparán todos los escaños. 

Es como si en el Congreso solo tuviesen asiento Ayuso, Abascal y Falange. La Coalición Democrática (centro izquierda) no superó el umbral del 5%. El Partido Socialista Húngaro (MSZP), los partidos verdes y los centristas de Momentum, con escasas expectativas en solitario, renunciaron a presentar candidatos para facilitar la victoria del partido de la oposición mejor situado.

Tisza cuenta con una supermayoría de dos tercios que le permite reformar la Constitución. Sin una oposición parlamentaria progresista, esa capacidad de reforma se ejercerá en un espacio ideológico que va del conservadurismo moderado al ultranacionalismo.

Para los sindicatos, los movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos, eso significa operar sin representación institucional, dependiendo exclusivamente de la presión desde fuera del sistema. Es, en términos prácticos, la institucionalización del orbánismo bajo una dirección más presentable.

La derrota electoral de Orbán es real y todo hace pensar que tendrá consecuencias reales. El fin de la captura sistemática de instituciones, de la presión sobre la prensa independiente, del bloqueo a los fondos europeos como herramienta de chantaje político: todo eso importa.

Pero confundir el fin del síntoma con el fin de la enfermedad, advierten cada vez más analistas, es un error que la izquierda europea lleva cometiendo con demasiada frecuencia. La enfermedad es la normalización de un programa político que excluye a las minorías, cierra las fronteras a quienes huyen de la guerra o la pobreza y trata los derechos civiles como moneda de cambio electoral. Esa enfermedad no desaparece porque su portador aprenda a hablar en los foros de Bruselas con buenos modales.

Human Rights Watch ya ha señalado que la prueba real para el gobierno de Magyar será concreta y medible: si retira los cargos criminales contra activistas LGTBI, si reforma los criterios que permiten prohibir eventos del colectivo bajo estándares vagos de “daño a menores” o si da señales de que la arquitectura legal discriminatoria heredada de Orbán tiene fecha de caducidad. Hasta ahora, Magyar no ha dado esas señales.

Lo que queda, si se confirman los peores temores, no es una primavera democrática. Es algo más parecido a un invierno social: el fin de los ataques más estridentes del Estado, sin la voluntad política —al menos de momento— de desmantelar las estructuras que los hacían posibles. Una transición gestionada en términos conservadores, paradójicamente celebrada en términos progresistas. Y en ese desajuste entre lo que se celebra y lo que ha ocurrido realmente reside, para muchos observadores europeos, el problema más duradero de todos: el de una izquierda que lleva tanto tiempo gestionando derrotas que ha olvidado cómo se distinguen de las victorias.

“El nuevo Gobierno debe estar en marcha, estaremos en contacto inmediatamente” celebró Ursula von der Leyen con sonrisa pero sin excesivo triunfalismo la derrota de Viktor Orbán en Hungría y la llegada de un nuevo primer ministro, del que destacó su compromiso “muy claro con una senda europea”. “Para mí”, dijo Von der Leyen, “es muy importante que trabajemos de una manera intensa con el nuevo Gobierno húngaro sobre los fondos que deben entregarse, reformas que deben hacerse, pero, sobre todo, los fondos a entregar porque lo merecen los húngaros”.

Sin mojarse, la presidenta de la Comisión Europea aludía a frentes como los de la independencia judicial, la libertad académica, la lucha contra la corrupción o la cooperación intracomunitaria policial y de la fiscalía que tiene por delante el futuro mandatario Péter Magyar y su formación Tisza. Reformas necesarias para desbloquear los 10.000 millones de euros que Hungría no ha recibido de los Next Generation por la deriva iliberal contra el Estado de derecho de Viktor Orbán. Es la partida más jugosa, pero no la única guardada en un cajón de Bruselas.

En el día después de que Magyar y su Tisza obtuviesen 138 de los 199 escaños en juego en las elecciones generales al Parlamento húngaro, poniendo punto y final a la hegemonía de 16 años del Fidesz de Orbán y haciéndose con el control de las dos terceras partes de esa cámara, margen suficiente para revertir el sistema construido por el todavía actual primer ministro, la felicidad es evidente en Bruselas. El alivio por deshacerse del enfant terrible que lleva años bloqueando la UE se nota en el ambiente y los mensajes de la Comisión son optimistas, aunque marcados por la dificultad política que se avecina, y con respeto a los tiempos y la soberanía de los húngaros.

El nuevo Parlamento del país debe estar constituido para el 13 de mayo, justo cuando vence el estado de emergencia declarado por Orbán desde 2022 debido a “un conflicto armado en un país vecino”, es decir, la guerra en Ucrania. Posteriormente, con la cámara salida de las elecciones ya formada, se configuraría el nuevo Gobierno. Y entonces sí, Budapest y Bruselas pisarían el acelerador de la cooperación.

“Me gustaría decir que hoy Europa es húngara, los húngaros han hablado y han demandado una senda europea”, felicitó Von der Leyen, al tiempo que mostraba la disposición del Ejecutivo comunitario para “empezar a trabajar con el Gobierno elegido lo antes posible, para hacer un rápido y completo progreso en beneficio de los húngaros. Hay mucho que hacer”.

El tiempo apremiará al nuevo Gobierno húngaro cuando esté plenamente operativo si quiere obtener los 10.000 millones de euros que le corresponden del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el instrumento creado durante la pandemia. Tiene una fecha límite para solicitarlos, el 31 de agosto, y para ello debe elaborar un plan específico de reformas económicas, administrativas, judiciales o digitales junto con medidas concretas y un calendario de aplicación, como han hecho todo las capitales.

Acceder a ese dinero exige implementar 27 grandes condiciones exigidas por la UE, según la decisión del Consejo de diciembre de 2022 que denunciaba “la vulneración de los principios del Estado de derecho en Hungría”. Ese mandato concluía que el Gobierno de Viktor Orbán estaba incurriendo en “irregularidades sistemáticas, deficiencias e insuficiencias en los procedimientos de contratación pública” y que no había una “detección, prevención y corrección de los conflictos de intereses”. Además, denunciaba “una incapacidad, insuficiencia o falta de voluntad sistemáticas por parte de las autoridades húngaras” para solucionar esos problemas y validaba los análisis de la Comisión sobre “problemas relativos a la investigación y enjuiciamiento, así como al marco de lucha contra la corrupción, la organización de los ministerios fiscales” y de “vulneraciones de los principios del Estado de derecho. En particular de los principios de seguridad jurídica, de prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo y de tutela judicial efectiva”.

La Hungría de Orbán no cumplía unos mínimos estándares democráticos y garantistas en los relativo a la independencia de poderes –con el Gobierno asaltando al judicial–, ni tampoco sobre imparcialidad, transparencia o lucha contra la corrupción. Esta deriva iliberal es la que ahora deberá corregir Péter Magyar. Para ello, tendrá que incorporar al país a la Fiscalía Pública Europea , emprender una reforma judicial para limitar las injerencias en el Tribunal Supremo, aumentar los poderes de la independiente Corte Nacional Judicial y restar poderes del Supremo para intervenir en las cuestiones prejudiciales a la UE de los magistrados son claves para Bruselas. Con estas medidas llegarían también otros 7.000 millones vinculados a fondos regionales pendientes.

Si Magyar cumple con estos hitos, Bruselas abrirá también otro dossier en su favor: el plan de 16.000 millones destinados a financiar inversiones en seguridad y defensa dentro del nuevo fondo SAFE (por sus siglas en inglés, Security Action for Europe) de la UE. La Comisión mantiene paralizado desde hace meses este documento con inversiones y compras concretas de armamento sin más explicación que la de que su análisis está en marcha.

El cambio de Gobierno en Hungría refuerza la posición del PP europeo en la UE, una formación a la que se sumó Tisza en 2024 tras conseguir el 30% de los votos de su país en las elecciones europeas. Con 13 primeros ministros o jefes de Estado entre sus filas, los populares son amplia mayoría en el Consejo Europeo y ahora suman un miembro más. También controlan la Comisión con Von der Leyen y el Parlamento Europeo con su presidenta Roberta Metsola.

Los liberales sólo cuentan con cinco líderes, uno de ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con cuatro los socialdemócratas, encabezados por el presidente Pedro Sánchez y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Los populares dominan absolutamente la UE y presumieron de ello tras destronar a Orbán. “Es la victoria del pueblo de Hungría. Confirma que nuestras políticas de centroderecha y centradas en la gente ganan elecciones”, celebró el presidente del PP Europeo, Manfred Weber.

Con la derrota de Orbán, la extrema derecha y los ultranacionalistas pierden en la UE a su principal baluarte. El eslovaco Robert Fico se queda solo entre los euroescépticos prorrusos dentro del Consejo y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con posturas atlantistas y alineadas con Bruselas en el apoyo a Ucrania, no contará con un firme apoyo para empujar en favor de políticas migratorias más estrictas o del desmantelamiento parcial del Pacto Verde. El grupo de Patriots, donde está la formación francesa de Le Pen, la neerlandesa de Geert Wilders o Vox, sufre un varapalo inmenso en su objetivo de asaltar los debates de la Unión.

“El ciclo populista será pasajero. La derrota de Orbán es un fracaso para quienes subestiman la UE y la democracia liberal. La libertad está más de moda de lo que muchos pensaban en Budapest, España o Moscú”, analiza en clave comunitaria el eurodiputado del PP, Adrián Vázquez Lázara, sobre el resultado de las elecciones húngaras.

Con Péter Magyar sentado en la Cumbre Europea de junio en Bruselas y Robert Fico en una minoría total fácilmente superable con ofertas concretas en debates de interés para Eslovaquia, la UE tiene camino expedito para acelerar nuevas medidas contra Rusia por invadir Ucrania. En cuanto el nuevo Gobierno de Tisza esté operativo entre mediados y finales de mayo, los 27 podrían desbloquear ya a nivel interno de Consejo los 90.000 millones de euros en ayuda para Kiev, una medida paralizada hasta ahora por Viktor Orbán.