Las cuentas del banco en el centro de la mayor filtración de datos de África, el BGFI, están definitivamente llenas de secretos.

Permiten documentar detalladamente, con un grado de precisión sin precedentes, la forma en que las autoridades congoleñas, bajo el reinado de Joseph Kabila, se enriquecieron desviando decenas de millones de dólares de empresas públicas a las empresas del expresidente o de personas de su entorno.

Pero también contienen información importante sobre las redes económicas que operan fuera del Congo. Amparado por el secreto bancario, se reconstituyó un imperio industrial desmantelado que alimentó las cuentas bancarias de un empresario libanés sospechoso de financiar a Hezbolá.

Por entonces, otra red operaba discretamente tras los cristales tintados del BGFI en Kinsasa. Esta vez nos lleva a India –de donde proceden la mayoría de sus iniciadores–, pero también a Hong Kong, China, Reino Unido y Francia, donde tienen residencia sus beneficiarios.

Según los cálculos de RFI y de la Plataforma para la Protección de los Denunciantes en África (PPLAF), que han investigado juntos la filtración de documentos que conforman Congo hold-up (El expolio del Congo), consiguió transferir al extranjero cerca de 350 millones de dólares en cuatro años, a pesar de que todas las señales de alerta contra el blanqueo de capitales estaban en rojo: depósitos de enormes cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido, transferencias a paraísos fiscales y facturas falsas.

Varias fuentes, entre ellas de funcionarios congoleños, con la condición de permanecer en el anonimato por temor a represalias, confirman que se trata de un blanqueo de dinero a gran escala y que el BGFI no es el único banco que ha hecho la vista gorda.

De los 350 millones de dólares, 4,8 millones acabaron en Francia. A pesar de los documentos bancarios que prueban estos flujos de dinero, varias de las empresas francesas implicadas niegan estar vinculadas a una red de blanqueo de capitales.

Estas revelaciones son parte de Congo hold-up (El expolio del Congo), una investigación basada en la filtración de 3,5 millones de documentos bancarios confidenciales del banco BGFI obtenidos por Mediapart (socio editorial de infoLibre) y la ONG PLAAF, y compartidos con 19 medios de comunicación y cinco ONG bajo la coordinación de la EIC.

“¿Cómo es posible que con tan poca experiencia la empresa obtenga beneficios millonarios?”. Desde su despacho en París, la directora del departamento de Cumplimiento  de la sucursal del BGFI en París, encargada de comprobar la legalidad de las operaciones del banco, no puede ocultar su sorpresa. Ève D. estaba examinando varias transferencias realizadas por una empresa llamada Nizal y pidió detalles a sus colegas congoleños por correo electrónico.

Oficialmente, Nizal la constituyó el 31 de diciembre de 2015 un congoleño de 24 años, Benie Nsimba Madumukina, residente en Kinsasa. ¿Sus actividades? Varias: “Comercio en general, tránsito, transporte terrestre de personas y mercancías, minería y silvicultura, mantenimiento de edificios, carreteras, subcontratación, importación-exportación” y “todas las operaciones legales de cualquier tipo, ya sean industriales, mobiliarias, inmobiliarias o financieras”, dicen los estatutos de la empresa sin ningún orden.

Nizal no tiene presencia en la Red, ni ninguna marca en el país, ni contratos conocidos con grandes empresas o instituciones. Sin embargo, en sus primeros años de existencia, ha registrado una actividad espectacular.

Entre marzo de 2016 y enero de 2018, según los cálculos realizados por un perito contable a petición de Congo hold-up (El expolio del Congo) esta empresa cobró más de 135 millones de dólares en depósitos en su cuenta en el BGFI. Los fondos se depositaron en efectivo en varias sucursales del BGFI: en Kinsasa, la capital, pero también en Lubumbashi, en la antigua provincia de Katanga, y en Mbuji-Mayi, en el este de Kasai.

En cuanto se depositan, vuelven al extranjero. En el mismo periodo, Nizal transfirió 138 millones de dólares fuera del Congo. La joven empresa parece estar encontrando rápidamente salidas internacionales: envía dinero a los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Suiza –todos ellos paraísos fiscales–, pero también a China, Canadá, Egipto, Japón, Nigeria, Pakistán y Turquía.

En la sucursal parisina del BGFI, por la que pasan estas transacciones, su caso llama la atención. Ève D. pide a sus colegas del BGFI RDC detalles sobre esta sorprendente empresa, sus beneficiarios y sus actividades.

Las respuestas que le dan no tranquilizan al responsable del departamento de Cumplimiento. En un mensaje fechado el 21 de julio de 2017, enumera las señales de alarma. La lista es abrumadora; uno de los auditores que firmó los últimos estados financieros facilitados por Nizal no figura en el Colegio de expertos contables de la República Democrática del Congo (pero simula estarlo utilizando el número de identificación de otra persona); los estados financieros en cuestión contienen “numerosas incoherencias” y “graves errores contables”; en cuanto al único socio de Nizal, el banco no tiene “ninguna información” sobre él, “no sabe quién es esta persona” y está considerando la posibilidad de que sea un “testaferro”.

Sumando esto a las “incoherencias encontradas en varias facturas y recibos”, a la “sospecha en los SWIFT” o a las “dudas sobre la estructura y la facturación de las transacciones” y a las “falsificaciones de la empresa”, Eve D. concluye que ya no validará las transacciones relacionadas con Nizal.

Las transacciones de Nizal a través de BGFI no cesarían hasta seis meses después, en enero de 2018.

Los documentos Congo hold-up (El expolio del Congo) permiten identificar a otras ocho empresas que operan con el mismo modelo que Nizal y que están vinculadas entre sí. Se llaman Ets Nil Shop, Ets SMB, Ets Boboto, Ets Tuendeleye, Ets Mapendo, Dk-Doing business, Etablissement Aliya y Ets Karibu.

En pocos meses y sin actividad aparente, todas estas entidades han recibido cientos de millones de dólares en efectivo y los han transferido al extranjero. Muchos de ellos no tienen una existencia legal. Cuando la tienen, se reducen a un solo individuo, generalmente desconocido, que recauda millones de dólares de la noche a la mañana, sin ninguna publicidad, antes de caer en el olvido.

Están vinculados por relaciones comerciales, vínculos familiares o el origen geográfico común de sus directivos. El gerente en la práctica de Nizal, Mahmad Munir Khwaja Zulfikar, es también el director de Aliya. Socios de su hermano Tofik Khwaja aparecen entre los beneficiarios de las transferencias de estas nueve empresas. En cuanto a Nil Shop y SMB, están vinculadas a una empresa muy conocida en la RDC, UAC, dirigida por el presidente de la comunidad india en la República Democrática del Congo, Kamlesh Shukla.

La existencia de estos vínculos es uno de los indicadores que pueden señalar una red de blanqueo de capitales, recuerda Denisse Rudich, especialista en prevención de delitos financieros de la ONG The Sentry, colaboradora de Congo hold-up (El expolio del Congo). La experta ve en la información recopilada “muchas cuestiones preocupantes”, entre ellas “el recurso excesivo al efectivo [...], el envío de más dinero al extranjero del que se registra como ingresado en efectivo; la presencia de empresas vinculadas por relaciones familiares o comunitarias [...]; la transferencia de cientos de millones de dólares por todo el mundo, incluso a través de países conocidos por ser países de tránsito para el blanqueo de capitales [...]; la presencia de documentos fraudulentos [...]”. Para ella, todos estos elementos indican “la existencia potencial de una vasta red internacional de blanqueo de capitales”.

“Tenemos aquí todo el engranaje propio de una lavadora de dinero en efectivo que envía grandes cantidades de fondos al extranjero, libre de cualquier control”, abunda Henri Thulliez, director de PPLAAF, una ONG que también ha analizado estos datos durante varios meses.

Este diagnóstico es compartido en la cúpula del Estado congoleño. De más de una docena de funcionarios –del Gobierno, la Presidencia, el Parlamento y los servicios de seguridad– entrevistados en el marco de esta investigación, cinco confirmaron la existencia de redes de blanqueo de dinero dirigidas por ciudadanos indios residentes en la RDC, entre ellos dos poderosas familias del país: los Dhrolia y los Shukla. Estos funcionarios dicen que se basan en la información de sus servicios.

Contactados por RFI, Rahima Dhrolia y Kamlesh Shukla aseguran que no tienen “ningún vínculo con estas redes”. Incluso Shukla insiste en que su empresa es “bien conocida en la RDC”.

“Algunas de estas familias llegaron hace casi 40 años, los padres ya se dedicaban a este blanqueo, pero de forma más modesta”, dice uno de los funcionarios. “Fingen que importan mercancías, pero sus facturas nunca coinciden con lo que importan. Están [blanqueando] en todos los bancos del país”, dice, y añade: “No es fácil actuar contra ellos. Son muy poderosos”.

Mahmad Munir Khwaja Zulfikar y el BGFI RDC no quisieron responder a nuestras preguntas. No fue posible contactar con Béni Madumukina Nsimba, fundador de Nizal.

Varias empresas francesas parecen ser destinatarias de fondos transferidos al extranjero por esta red.

Se enviaron 4,8 millones de dólares a Francia, recibidos por una docena de empresas comerciales y mayoristas. Todos los que aceptaron responder a nuestras preguntas negaron estar implicados en una red de blanqueo de capitales. Sin embargo, algunos de ellos reconocieron que sí habían recibido estos fondos.

Emeraude International es una de ellas. Este grupo comercializador de plásticos “especializado en los países emergentes” cuenta con 150 asalariados. Según varios documentos del BGFI (incluyendo extractos de cuentas y órdenes Swift), entre septiembre de 2016 y abril de 2018, recibió 1,2 millones de dólares de cinco empresas sospechosas de blanqueo de capitales.

Contactado su director financiero, confirmó que la RDC era uno de los países con los que trabajaba Emeraude, pero negó formalmente estar implicado en una red de blanqueo de capitales, “con la RDC o con cualquier otro país”.

Asegura que estas empresas “nunca han formado parte de la clientela de Emeraude International”, pero admite haber recibido fondos de ellas. ¿Cómo es posible? “Estas empresas [...] pagaron las deudas que teníamos con algunos de nuestros clientes en la República Democrática del Congo”, explica.

En otras palabras, la empresa francesa cobraba algunas facturas de una posible red de blanqueo de dinero, que reembolsaba –por alguna razón desconocida– deudas contraídas por otras empresas congoleñas.

Un segundo ejemplo confirma este modus operandi. Otra empresa, ALM International, afirma que “nunca contrató” con Ets Tuendeleye, aunque la empresa aparece en los documentos del BGFI como emisora de una transferencia a ALM el 11 de diciembre de 2017. Pero las cantidades mencionadas, añade la empresa francesa, corresponden a una venta realizada con una tercera empresa.

Así pues, al igual que Emeraude International, la empresa francesa parece haber recibido el pago de ciertas facturas de empresas que no eran aquellas con las que había firmado un contrato.

¿Por qué no comprobaron el perfil de las empresas que les enviaban dinero? Emeraude International considera que no es responsabilidad suya: “Dejamos que los bancos comprueben el origen de los fondos, cosa que no podemos hacer por nuestra parte”, responde su director financiero.

Emeraude también ha tenido relación con dos empresas acusadas por las autoridades estadounidenses de tener vínculos con Hezbolá: Epsilon Trading FZE (que fue uno de sus clientes hasta 2016) y la empresa Optimum Multimodal (que transfirió 1.200 euros a Emeraude International en 2014 y 2015, antes de ser sometida a sanciones estadounidenses).

La segunda empresa francesa que ha recibido más dinero (1,3 millones de dólares) de esta red, Snetor Chimie, que, al igual que Emeraude International, está especializada en el comercio de productos químicos, no ha querido responder a nuestras preguntas.

La caja negra:

Todas las personas, empresas o entidades públicas citadas recibieron preguntas detalladas por escrito. Hicimos todo lo posible pos conseguir una respuesta. Pese a todo, dos empresas francesas beneficiarias de esa posible red de blanqueo, Snetor Chimie y CIPA, no contestaron a nuestras cuestiones, que recibieron por e-mail y por correo certificado.

Una tercera, la sociedad de negocio internacional Global Transit, nos respondió un breve mensaje indicando que las empresas sospechosas de blanqueo (cuyos documentos bancarios indican que recibió fondos) "no forman parte de sus clientes", sin más precisiones.

Saleh Assi (propietario de Optimum Multimodal) no ha respondido a nuestras preguntas sobre las acusaciones de financiación de Hezbolá que se ciernen sobre sus relaciones con varias empresas francesas, entre ellas Emeraude International.

Mahmad Munir Khwaja Zulfijar y el BGFI RDC tampoco han deseado responder a nuestras preguntas. Béni Madumukina Nsimba no ha podido ser localizado.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Enarbolando un kalashnikov y con un reloj de lujo en la muñeca. En esta foto tomada en marzo de 2010 por la revista Le Panafricain, André Grossmann parece encantado. Antiguo técnico aeronáutico suizo reconvertido en relojero de lujo, asistió al lanzamiento del programa “Armas por 50 dólares” en Kitshanga, en Kivu Norte, provincia del este de la República Democrática del Congo, asolada entonces por enfrentamientos entre milicias armadas y masacres de civiles. En las últimas semanas, el relojero ha encontrado otra vocación: la de “coordinador” en Suiza de la ONG congoleña PAREC (Programa Ecuménico para la Paz, la Transformación, el Conflicto y la Reconciliación), que dirige esta extraña operación.

Patrocinada por el presidente de la RDC, Joseph Kabila, la ONG organiza desde 2005 recogidas periódicas de armas y material militar, a cambio de un billete de 50 dólares, una bicicleta o un trozo de metal. Su fundador, el pastor metodista Daniel Ngoy Mulunda, considerado entonces asesor espiritual de Kabila, siempre ha explicado que el objetivo era “pacificar” esta parte del país. Sin embargo, en los círculos de la oposición congoleña, estas acciones de alto nivel suscitan muchas reservas sobre el origen del dinero utilizado para comprar las armas y sobre el posible tráfico que podría derivarse de ello.

Sea como fuere, André Grossmann tenía otras cosas en mente ese día. El suizo estaba a punto de conseguir un lucrativo contrato con el Estado congoleño para su empresa de relojería y joyería Horus, entonces con sede en Mónaco. Se trataba de un contrato extravagante, ya que implicaba el suministro y la instalación de cinco relojes monumentales ultramodernos en cinco ciudades de la República Democrática del Congo, en Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu y Mbuji-Mayi. El propio presidente Joseph Kabila, gran amante de los relojes de lujo, apoyaba este proyecto “Made in Switzerland”, financiado íntegramente por el gobierno congoleño en el marco de la celebración del 50º aniversario de la independencia del país en junio de 2010.

Las piezas, entre obras de arte y mobiliario urbano, son impresionantes, al menos sobre el papel. Tienen seis metros de alto y siete de ancho, y deben fabricarse con materiales y cristales de última generación y funcionarán con energía solar.

El análisis de 3,5 millones de documentos bancarios del BGFIBank, obtenidos por la ONG PPLAAF y compartidos con Public Eye, nos ha permitido reconstruir la historia que nunca vio la luz de este capricho relojero, mientras que el Estado congoleño, como hemos podido documentar, sí perdió varios millones de dólares hasta 2018, parte de los cuales fueron a parar al Banco Cantonal de Friburgo y a la cooperativa bancaria Raiffeisen de Suiza.

Esta rocambolesca historia cuenta la historia de cómo un pequeño joyero y relojero, lastrado por las deudas en Suiza y Mónaco, pero con el apoyo del entorno del presidente Kabila, puso sus ojos en uno de los países más pobres y corruptos del mundo para llevar a cabo sus negocios con poca transparencia, con la complicidad pasiva de Suiza, de sus bancos y de sus fiduciarios.

Hemos hallado un contrato por valor de más de 4,5 millones de dólares, firmado el 18 de enero de 2011 por André Grossmann (en nombre de Horus Monaco) y el ministerio congoleño de Infraestructuras, Obras Públicas y Reconstrucción, que actuaba a través del departamento de urbanismo Bureau d'Études d'Aménagement et d'Urbanisme (BEAU). El documento estipula que el “suministro e instalación de cinco relojes monumentales” debe realizarse en un plazo de veinte meses, y prevé, en el momento de la firma, el pago de un depósito del 30% del importe total. La operación se desarrolló sin problemas: el 1 de marzo de 2011, el relojero suizo recibió más de 1,3 millones de dólares en una cuenta abierta a su nombre en Rawbank, el principal banco privado de la RDC.  

El dinero procedía del Fonds National d'Entretien Routier (FONER), un organismo público congoleño [para el mantenimiento de la red viaria] dirigido en aquel momento por una persona cercana a Joseph Kabila. Al principio es difícil entender la lógica de esta transacción. El pago despertó así las sospechas en la sucursal parisina del BGFI, el banco por el que debe pasar el BGFIBank DRC para los pagos en moneda internacional. “Dada la identidad del beneficiario de la transferencia y la naturaleza de los productos que comercializa, existe un riesgo muy alto de que, si realizamos la transacción, los fondos sean bloqueados permanentemente por otro establecimiento”, advierte un responsable del servicio de Cumplimiento parisino en un correo electrónico. Mostraba así su preocupación por un artículo de prensa sobre André Grossmann, el miembro de la jet set y su negocio de relojería en la Costa Azul. En Kinsasa, los banqueros defienden la causa del “relojero” que quiere “embellecer las carreteras” para instalar sus relojes monumentales. Finalmente, se forzará el pago –la jerga empleada para la ejecución de un importe– a través de otro banco.

André Grossmann siempre se las ha arreglado para salir airoso. Así que cuando firmó el primer borrador del contrato en Kinsasa (porque habría otros), estaba al borde de la quiebra. El 28 de enero de 2011, su empresa Horus Monaco fue declarada en quiebra por el Tribunal de Primera Instancia de Mónaco. Rescatado con dinero público congoleño, el relojero suizo decidió entonces abandonar el pequeño país de la Costa Azul. En otoño de 2011, registró Horus Luxury (Switzerland) SA en el registro mercantil suizo. Domicilia la empresa en Vessy, en el cantón de Ginebra. Esta entidad sustituirá a Horus Monaco en el contrato congoleño y, un año después, abrirá varias cuentas bancarias en el BGFIBank DRC.

En el pequeño mundo de la relojería de lujo, André Grossmann, oriundo de Neuchâtel, ha dejado un colorido recuerdo. Una fuente lo describe como “un tipo muy simpático, derrochador, fascinantemente descarado, siempre misterioso y que cambiaba continuamente de número de teléfono”. El hombre irrumpió, con su marca Horus, en el panorama en 2008 en plena crisis financiera. Se movía entre Mónaco, Saint-Tropez, Montreux y Abu Dabi. Vendía joyas y relojes caros a los amantes de las piezas raras. “Cuesta una fortuna fabricarlos y Horus a veces hacía de 25 a 30 piezas, lo que no tenía sentido económico”, dice esa fuente, antes de añadir: “Suiza está llena de gente extraña que gira en torno a la industria relojera”.

En 2012, la web Business Montres & Joaillerie hizo una lista de “marcas desaparecidas (o casi)”. Horus estaba en ella. “En unos pocos meses de iniciativas extravagantes, fundió la tesorería disponible, los proveedores se preocuparon, los coleccionistas se vieron estafados y el creador [André Grossmann] desapareció de los horizontes europeos”, ironizaba la revista digital.

André Grossmann ya había puesto sus ojos en la RDC y había hecho amigos en los círculos kabilistas. El antiguo director de una de sus empresas suizas le confió que a menudo le oía hablar de sus contactos “en torno a la presidencia”. Como ya se ha dicho, está en la agenda del influyente pastor Daniel Ngoy Mulanda.

Este predicador recorrió el este de la RDC para explicar que “con la ayuda de Dios los delincuentes pueden convertirse en buenos ciudadanos”. No duda entonces en posar delante de montañas de viejos rifles oxidados y kalashnikovs, recuperados a cambio de un billete. Su carrera está en pleno ascenso al ser nombrado, para las elecciones de 2011, presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), acusada, entre otras cosas, de haber organizado el fraude electoral masivo que permitió la reelección de su mentor, Joseph Kabila. El clérigo duerme ahora en prisión, condenado en enero de 2021 por “incitación al odio tribal”.

En octubre de 2010, Daniel Ngoy Mulunda se encontraba de paso en Montreux, siguiendo el rastro del presidente Joseph Kabila, que había acudido a la XIII cumbre de la Francofonía. El predicador, siempre muy inspirado, dio una rueda de prensa en un palacio de Montreux sobre su “misión de pacificación” en el este del Congo. En un vídeo colgado en YouTube sele ve acompañado de los dos “coordinadores” en Suiza de su ONG PAREC: André Grossmann y un congoleño, representante del Partido del Pueblo para la Reconstrucción y la Democracia, Parti (PPDR), el partido pro-Kabila.

André Grossmann explica que había “sacado dinero de debajo de las piedras” para apoyar la “operación de armas por 50 dólares”, pero evitar mencionar los lucrativos contratos que negocia paralelamente a sus compromisos “humanitarios”.

Porque no sólo existe el contrato de los relojes gigantes. También está el contrato de los relojes de pulsera. André Grossmann consiguió establecerse como proveedor del Comité Organizador Nacional (CON) de la XIV Cumbre de la Francofonía, que se celebró en Kinsasa en octubre de 2012. Esto demuestra sus excelentes conexiones con la élite congoleña. El CON recibió decenas de millones de fondos públicos congoleños a través de un préstamo del BGFIBank DRC y gasta a manos llenas, comprando coches, muebles, ropa, equipamiento y regalos para repartir entre los participantes.

Mediapart (socio editorial de infoLibre) calculó que se gastó 90 millones de dólares en dos días de cumbre, mientras que a la prensa, en aquel momento, se le dijo que el presupuesto fue de 20 millones. Un derroche tremendo en un país donde la renta nacional bruta (RNB) per cápita era entonces de 32 dólares al mes. Pero no igual de lucrativa para todos.

Los documentos bancarios a los que hemos tenido acceso demuestran que, entre septiembre y octubre de 2012, el Comité Organizador Nacional compró 300 relojes de lujo al relojero suizo por un importe que superó el millón de dólares. Este dinero llegó al Banco Cantonal de Friburgo, sucursal de Châtel-St-Denis, en tres pagos. Los relojes estaban pensados para ser regalados y costaban entre 2.000 y 5.000 dólares cada uno. Un exadministrador suizo de Horus Luxury asegura que sí fueron entregados a la RDC.

“Confirmo estas compras”, indicaba el comisario general del comité organizador, Isidore Ndaywel, entrevistado por Mediapart. “No tienen ningún vínculo con la Francofonía. El jefe de Estado congoleño había decidido ofrecer a sus invitados relojes de lujo”. Este regalo también se menciona en una lista de regalos recibidos por el primer ministro canadiense, Stephen Harper. Un detalle curioso: estos relojes de lujo fueron pagados indirectamente con la ayuda oficial francesa al desarrollo. El Estado francés contribuyó con 1,6 millones de euros a la organización de la XIV Cumbre de la Francofonía.

El 10 de enero de 2013, el CNO realizó un último pago de 200.000 dólares, que esta vez sí, llegó al BGFIBank DRC, donde Grossmann tiene una cuenta, abierta en octubre de 2012, a nombre de Horus RDC SPRL, entidad que entonces no estaba registrada en el registro mercantil congoleño. Casi todo este dinero se retiró en efectivo –120.000 dólares el mismo día y 77.000 dólares al día siguiente– sin que se pudiera determinar a quién iban destinados los fondos. Aunque la mayoría de los pagos en la RDC se realizan en efectivo, la ley prohíbe en principio cualquier retirada de dinero en efectivo que supere los 10.000 dólares sin justificación. Esta es una norma que el BGFIBank ha ignorado en gran medida. En cualquier caso, Horus no necesitaba pagar a los proveedores locales para fabricar sus relojes suizos.

Al parecer, la cuenta de Horus RDC se abrió con el único fin de recibir los 200.000 dólares del Comité Organizador Nacional de la XIV Cumbre de la Francofonía, que fueron retirados inmediatamente en efectivo. Permanecerá inactivo, con los únicos movimientos del pago de las comisiones bancarias (agio)... hasta 2018, año en que se reactivará el otro proyecto, el de los relojes gigantes.

Pero mientras tanto, el megalómano proyecto en curso no ha llamado la atención de nadie. Nadie habla de ello, ni en los medios de comunicación congoleños ni en otros lugares. 

A finales de abril de 2011, un anónimo anunció en un foro de discusión que el presidente Kabila quería erigir en Goma (Kivu del Norte) “un monumento gigante con uno de los relojes más grandes del mundo”. También decía que una delegación había ido allí para realizar “estudios de viabilidad” y presentar un modelo. En una rotonda –llamada rotonda BDGL–debía emerger esta obra, “cuya finalidad es dar un brillo especial a la ciudad turística de Goma”. El anuncio no tuvo consecuencias.

Contactados por Public Eye, dos periodistas que viven en esta gran ciudad del este de la RDC dijeron que nunca habían oído hablar del proyecto. A día de hoy, la rotonda sigue tan verde como siempre. Hace poco más de un año, una emisora de radio local anunció que los jardineros responsables del mantenimiento del lugar llevaban dos meses reclamando sus salarios impagados. Parece que sólo los banqueros del BGFIBank DRC estaban informados de la evolución caprichosa del proyecto.

Tras recibir un anticipo de 1,3 millones de dólares en marzo de 2011, André Grossmann parece pasar por un periodo de vacas flacas. Su cuenta en el BGFIBank RDC tiene problemas, como muestran los datos de Congo Hold-Up (El expolio del Congo). A finales de 2015, presenta un descubierto de 12.245,73 dólares, y Horus RDC figura en la lista de créditos comprometidos del banco.

En una reunión con sus banqueros congoleños en febrero de 2016, la empresa suiza alude a “importantes retrasos en la ejecución de los pagos de los relojes monumentales y ultramodernos”. Presentó una carta del ministro de Infraestructura y Obras Públicas, fechada el 22 de septiembre de 2015, en la que se confirmaban tres pagos venideros: “Ascienden a un total de 2.389.447 dólares previstos en la cuenta del cliente en nuestros libros”, escribieron sus interlocutores, que aparentemente mostraron gran tolerancia. La cuenta de Grossmann estaba entonces bajo la responsabilidad del gestor de activos Moreau Khagoma, estrecho colaborador de Francis Selemani, director general del BGFIBank DRC, que supervisa las cuentas del clan Kabila.

Los millones prometidos no llegarán, y habrá que esperar otros tres años para que la situación se desbloquee. El 7 de marzo de 2018, el entonces ministro de Finanzas, Henri Yav Mulang, envió a su homólogo del Ministerio de Presupuesto una “solicitud de liquidación por procedimiento excepcional de 958.100 dólares”, “para el pago del saldo de las obras relativas al proyecto de suministro e instalación de cinco relojes en provincias”, según el documento al que hemos tenido acceso.

El Banco Central del Congo (BCC) acude al rescate del relojero suizo.

Entre el 5 de abril y el 5 de noviembre de 2018, Horus RDC recibió en su cuenta en el BGFIBank RDC cuatro pagos en dólares por un importe total de 928.085 dólares.

Para cobrar estos fondos estatales, André Grossmann se vio obligado a crear a toda prisa una estructura congoleña: Horus RDC SARL. El gobierno congoleño argumentó que Horus Luxury Switzerland no contaba con los estatutos “que le permitieran llevar a cabo dichas obras [los relojes gigantes] y no está en condiciones de cobrar los fondos del gobierno y llevar a cabo las diversas tareas administrativas”.

La entidad, inscrita en el registro mercantil congoleño el 6 de abril de 2018, cuenta con dos socios: el propio relojero suizo y una congoleña, Lydia Zaina Mwange, que tiene el título de directora.

Tras esta llegada de fondos públicos, la cuenta de Horus RDC en el BGFIBank cobró vida: al día siguiente del primer pago del Banco Central del Congo, André Grossmann retiró 122.000 dólares en efectivo. Luego, 100.000 euros un mes después. ¿Tenía proveedores a los que pagar en la RDC? El Bureau d'Etudes et d'Aménagement et d'Urbanisme (BEAU), que fue el gestor delegado del proyecto, recibió 46.000 dólares.

Una parte del dinero ingresado por el Banco Central del Congo en la cuenta de Horus RDC acabaron también en Suiza. André Grossmann se había sacado de la manga una nueva empresa, AWG HI-TECH CONCEPTS SA, que los banqueros del BGFIBank describen en su correspondencia como el “mayor proveedor” del relojero. 

Sin embargo, es una empresa que él mismo registró a finales de 2014 en su casa de Château-d'Oex, un tranquilo pueblo de los pre-Alpes de Vaud. El capital de AWG HI-TECH CONCEPTS SA está entonces en manos de acciones al portador, que permiten a sus titulares mantener el anonimato ante el banco y ante las autoridades. Este régimen, muy habitual entre los delincuentes de cuello blanco, desapareció en Suiza en mayo de 2021.

Entre el 7 de mayo y el 6 de noviembre de 2018, esta empresa, que 15 meses antes se había librado por poco de la quiebra, recibió en el banco Raiffeisen de Château-d'Œx 400.000 dólares y 95.783,89 euros. Los conceptos de los pagos eran “otros suministros de relojería”, “COMPRA DE EQUIPOS Y OTROS RELOJEROS” y “GASTOS DE INGENIERÍA”. 

Los 400.000 dólares se destinan a la “producción, el transporte y la instalación de las dos primeras obras en la RDC”, con 250.000 dólares para la compra de equipos, 40.000 dólares para la mano de obra, 30.000 dólares para los costes de ingeniería y 80.000 dólares para la logística Suiza-RDC en las distintas provincias. Y hasta ahí el dinero, ya que el contrato original era para un solo reloj de 900.000 euros. La factura de AWG HI-TECH CONCEPTS SA a Horus DRC –factura que Grossmann se emitió a sí mismo– menciona un anticipo de 100.000 dólares. 

Pero el dinero tardó en llegar. En ese momento, el relojero habla con su banquero del Raiffeisen de Vaud, que le pide documentos adicionales, incluido el antiguo contrato firmado en 2011, y le indica a su cliente cómo comunicarse en mensajes cifrados.

André Grossmann también se paga a sí mismo 45.000 dólares en concepto de derechos de autor, en el Banco Cantonal de Friburgo, en la cuenta de Horus Luxury (Suiza SA). Se trata de una medida insuficiente, ya que la empresa está en las últimas. Dos semanas antes, el Tribunal de Primera Instancia de Ginebra ordenó su liquidación. Desapareció del registro mercantil en marzo de 2019. 

¿Esta liquidez le permitió al empresario encarrilar por fin su proyecto?

En octubre de 2018, una emisora de radio local de la región del Jura difundió una curiosa noticia en la que alababa las proezas de una “jovencísima marca suiza, Amani, paz en suajili”, a la que se le había encargado la fabricación de cinco relojes de alta tecnología para la RDC. A continuación, la radio anuncia la inminente entrega de uno de los relojes a la RDC, siete años después de la puesta en marcha del proyecto. El periodista afirma además que el diseño y la construcción se encargaron a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Friburgo y que “60 personas” trabajaron en el proyecto.

Amani Time Switzerland SA es solo la última empresa que André Grossmann ha registrado –una más– en abril de 2019. Esta vez, lo hizo domiciliando su empresa con un fideicomisario en Lutry, un pueblo vinícola del lago Leman.

Contactado el portavoz de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Friburgo, no se mostró muy comunicativo, respondió que “este antiguo proyecto nunca había visto la luz” y que no quería decir nada más sobre el tema.

¿Podría ser ésta la historia de un pequeño relojero suizo que nunca pudo realizar el negocio de sus sueños, ante la mala gestión financiera y las prácticas depredadoras en la RDC? Es difícil de decir, dados los documentos a los que hemos tenido acceso, pero nos hubiera gustado escuchar la versión del principal interesado. André Grossman no respondió a nuestras preguntas, enviadas por correo electrónico en varias ocasiones. Volvimos a contactar con él a través de su fideicomisaria de Lutry. Sin éxito.

Ninguno de sus bancos en Suiza quiso hacer comentarios. El banco Raiffeisen respondió que “la información relativa a cualquier relación comercial está sujeta al secreto bancario”. El Banco Cantonal de Friburgo se remitió a su “obligación de discreción (art. 47 de la Ley Federal de Bancos) que no nos permite dar curso a su solicitud”. 

El Banco Central del Congo, el Ministerio de Infraestructuras congoleño y el Ministerio de Finanzas guardan silencio, al igual que el exministro Henri Yav Mulang.

En cualquier caso, los relojes gigantes parecen decididos a seguir viviendo su propia vida. El sitio web de Amani Time los sigue presentando como “un puente entre Suiza y la República Democrática del Congo”, así como “un formidable símbolo de modernidad y paz en el este de la RDC, que hace sólo unas décadas sufrió el mayor genocidio de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial”. También SE insiste en el impulso del proyecto por parte de “Su Excelencia, Joseph Kabila”.

Como mensaje de esperanza, el pueblo congoleño, víctima habituales del despilfarro o del robo de fondos públicos, podría soñar con algo mejor. Sus relojes gigantes “Made in Switzerland” ni siquiera dan la hora una vez al día.

Traducción: Mariola Moreno

Julio de 2020, Kassim Tajideen (66 años) vuelve a casa, a Hanaway. El empresario belga-libanés, que pasó tres años en una prisión estadounidense, es recibido como un héroe en el sur del Líbano. Saludando a través del techo solar de su Mercedes SUV, recorre las calles. Scooters y coches, que le acompañan como en una procesión, hacen sonar el claxon. En un vídeo se ve cómo le lanzan arroz a las puertas de su imponente villa. El camino de entrada es rojo por la sangre de las ovejas recién sacrificadas. En la pequeña localidad de Hanaway, los lugareños lo conocen como magnate y filántropo. Un hombre hecho a sí mismo que salió de la pobreza y construyó un exitoso imperio empresarial en Europa y África –Tajideen dio empleo a cientos de sus compatriotas y pagaba sus gastos de hospitalización–, pero en el resto del mundo su reputación es más turbia.

 En Bélgica fue condenado en 2009 por un fraude millonario a raíz de la investigación sobre la Liga Árabe-Europea de Dyab Abou Jahjah. El tribunal belga no pudo probar que hiciese llegar esos millones blanqueados a Hezbolá, el grupo armado chií y partido político del Líbano, y Tajideen lo negó. Sin embargo, ese mismo año, EEUU lo incluyó en una lista de sancionados como financiador del terrorismo, un mazazo para un empresario que tiene que comprar y vender en dólares en todo el mundo.

Los documentos filtrados en Congo hold-up (El expolio del Congo), la investigación llevada a cabo por el diario belga De Standaard y sus socios de la red de investigación EIC, muestran con detalle cómo Kassim Tajideen y sus socios comerciales burlaron las sanciones y desviaron 88 millones de dólares (77,8 millones de euros) a través de una filial del banco BGFI, que también usó el clan del expresidente congoleño Joseph Kabila para saquear las arcas del Estado. El misterioso belga pasó bajo los radares del gobierno más poderoso del mundo. Siguió comerciando con su red congoleña, que talaba la preciada selva tropical, transfería dinero a los de Kabila y también se embolsaba fondos europeos para el desarrollo.

Kassim Tajideen creció en una casa de una sola habitación, sin baño, aseo ni electricidad. Compartía el espacio con una vaca, sus padres y 15 hermanos y hermanas. Dos de ellos murieron al nacer y un tercero, a los seis años. De adolescente, Tajideen se fue a Beirut, donde el tío de un amigo le ayudó a encontrar un lugar para dormir en el hueco de una escalera. En la capital libanesa, el joven Tajideen trabajó de taxista –sin licencia ni permiso de conducir– hasta que vendió su coche de época y utilizó el dinero para comprar un billete a Sierra Leona.

En África Occidental, Kassim construyó rápidamente un pequeño imperio a los 20 años. Invitó a sus hermanos, se convirtió en un triunfador entre la importante diáspora libia y expandió su negocio a Bélgica y el Congo. En 1989, él y su familia se instalaron en Amberes, que es un centro de exportación a África occidental y central. Sus hermanos y socios comerciales permanecieron en África, desde donde siguieron controlando el negocio.

“¿Una tienda de Congo Futur, aquí? No, para eso hay que ir a Kimpese. Aquí no tenemos nada”. Un grupo de hombres enjutos están sentados en un bar, junto a una sucia carretera vacía en la provincia de Congo Central. Puede verse un cartel publicitario oxidado junto al bar que frecuentan. Debe de ser uno de los últimos del país en los que aún se publicita Congo Futur. “Ojalá hubiera un Congo Futur aquí”, dice uno de los hombres, “así podríamos comprar comida”.

Congo Futur es una de las enseñas más famosas del país. Sus tiendas, obras de construcción y almacenes estaban por todas partes. En sus colmados, como el de Kimpese, se vendían embutidos, harina de trigo y otros productos importados. Ahmed Tajideen, hermano de Kassim, dirigía la empresa en Kinsasa como “filial” de la compañía de importación y exportación de Kassim en Amberes, Soafrimex. Así lo aseguró a los diplomáticos estadounidenses en diciembre de 2000, según un telegrama diplomático que De Standaard encontró en la base de datos de Wikileaks.

Congo Futur generó controversia desde el principio. Los competidores se quejaron a la embajada estadounidense de que la empresa se había convertido en el mayor distribuidor de alimentos del Congo en tres años vendiendo a pérdidas. “Se pregunta [la competencia] si Congo Futur está comprando diamantes o haciendo contrabando con francos congoleños en las zonas rebeldes, donde el franco vale casi el doble que en Kinsasa”. Ahmed respondió a los diplomáticos estadounidenses en 2000 que Congo Futur sólo destacaba por sus grandes volúmenes comerciales y su “eficiencia”.

A finales de los años 90, su hermano Kassim, que entretanto había conseguido la nacionalidad belga, comenzó a defraudar con Soafrimex. Desde su oficina de Seefhoek, en Amberes, puso en marcha un sistema de evasión de impuestos, blanqueo de dinero y falsificación de facturas a gran escala con la ayuda de Ahmed, que manejaba los hilos de Congo Futur. Por una estúpida coincidencia, la Justicia belga los descubrió. A raíz de que, en noviembre de 2002, un hombre blanco de Amberes disparara a su vecino, un profesor de islam marroquí de 27 años, Bélgica se rindió a los encantos de la Liga Árabe-Europea (AEL) dirigida por Dyab Abou Jahjah. Fue por su hermano Ziad, que trabajaba en Soafrimex, como los Tajideen terminaron por aparecer en los radares de la Seguridad del Estado.

El sábado 30 de noviembre de 2002 por la noche, apenas cuatro días después del tiroteo, la esposa de Kassim, Huda Saad, recibió una llamada telefónica de su hijo poco después de las ocho de la tarde: la Policía estaba en la puerta de su piso en Berchem. La agencia de inteligencia nacional Staatsveiligheid sospechaba que Soafrimex apoyaba a la Liga Árabe Europea de Abou Jahjahs, comerciaba con diamantes de sangre y financiaba a Hezbolá.

Ese “partido de Dios” adquirió notoriedad tras un sangriento ataque en 1983 perpetrado en un cuartel de Beirut contra tropas estadounidenses y francesas. El movimiento se fue abriendo poco a poco a la democracia, pero recientemente se ha puesto del lado del dictador Bashar al-Assad en la guerra civil siria. Para el grupo chií, la diáspora libanesa en África es una importante fuente de financiación. A veces los libaneses extranjeros apoyan a la organización por convicción; otras veces son extorsionados. En 2004, por ejemplo, diplomáticos estadounidenses acusaron a Hezbolá de desviar sistemáticamente los beneficios del comercio de diamantes en África Occidental.

Los tribunales belgas no pudieron corroborar las sospechas más llamativas que pesaban contra Tajideen, pero la investigación sobre los flujos financieros de Soafrimex sí arrojó algo de luz: 50 millones de euros en fraude contable. En diciembre de 2009, el Tribunal de Apelación de Amberes condenó a Kassim Tajideen, a su esposa Huda y a su hermano Ahmed a penas de prisión de hasta dos años con suspensión de la pena. El tribunal también les requisó más de 19 millones de euros de ingresos ilegales.

Ziad Abou Jahjah “no estaba involucrado” en las actividades de Tajideen, afirma. “Fui absuelto de todos los cargos”. Dyab Abou Jahjah no parece haber estado involucrado en modo alguno. “Todo fue una difamación en mi contra”, responde ahora. “Los medios de comunicación y los políticos participaron con entusiasmo en ella”.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictaminó en 2009 que Kassim Tajideen y sus hermanos dirigían “empresas pantalla para Hezbolá en África” y proporcionaban al grupo en Líbano “decenas de millones de dólares”. Y acabó incluido en la lista de sanciones estadounidenses como terrorista global especialmente designado (SDGT). Tras los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001, este tipo de sanciones económicas se convirtió en una de las armas estadounidenses menos llamativas pero más poderosas en la guerra contra el terrorismo. En un correo electrónico enviado a De Standaard, Robert Clifton Burns, del bufete de abogados internacional Crowell & Moring, explica que los sancionados ya no pueden utilizar dólares, la divisa estadounidense que domina el comercio mundial. “Violar las sanciones conlleva multas elevadas”, precisa Burns. “Unos 300.000 dólares por violación”.

El hecho de que Washington persiga con ahínco a los bancos de todo el mundo que ignoren las sanciones disuade a las instituciones financieras. Y, de este modo, a Kassim Tajideen se le negó el crédito. El jefe de un entramado empresarial que facturaba miles de millones no tuvo durante 10 años “ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria”, explicó más tarde. Las sanciones sacudieron su imperio y se cobraron “un enorme peaje en los negocios de la familia”, según Tajideen.

El grado de vinculación con Hezbolá seguirá siendo un misterio. Al fin y al cabo, los estadounidenses no aportaron pruebas detalladas de sus acusaciones. Incluso ahora, años después, el Tesoro no puede comentar cuestiones específicas sobre el caso contra Tajideen, pero eso no le impidió tomar medidas contra toda la familia.

En 2010, el Tesoro de EEUU puso en marcha una red de búsqueda de los hermanos de Kassim y sus empresas. Ahmed quedó al margen, pero su empresa Congo Futur acabó incluida en la lista de sanciones como empresa pantalla de Hezbolá. Al igual que su hermano Ali, un empresario inmobiliario y, según los estadounidenses, un “comandante de Hezbolá” que aseguró “bastiones estratégicos” para el grupo.

En 2007, un reportero del Christian Science Monitor descubrió que Ali utilizaba dinero en efectivo para comprar casas a drusos y cristianos empobrecidos en pueblos del sur de Líbano cercanos a las bases de Hezbolá. En sus tierras, construyó casas, donde según los lugareños llegaron a vivir casi exclusivamente chiíes. Este cambio creó nuevos corredores chiíes donde los combatientes de Hezbolá, que se habían retirado más al norte después de la guerra de 2006 con Israel, podían actuar lejos de las miradas indiscretas. En 2016, Ali Tajideen negó haber comprado tierras al servicio de Hezbolá. “Adoro a Hezbolá”, dijo en una entrevista con The Wall Street Journal. “Todo el mundo adora a Hezbolá, pero yo no tengo ningún vínculo con ellos”.

Los negocios inmobiliarios “en nombre de Hezbolá”, según los estadounidenses, Ali los realizó a través de Tajco, una empresa que hace referencia al nombre de Tajideen. Kassim era uno de los accionistas iniciales. Hassan Tajideen, hijo de Alí y actual director general de Tajco, dice ahora a De Standaard que su empresa –que supuestamente está en liquidación– no tuvo nada que ver con las compras de su padre.

Kassim Tajideen ha mantenido durante años que hizo todo lo posible para distanciarse de Ali, Tajco y Hezbolá. Los principales abogados estadounidenses que contrató declararon que su cliente “renunció” a su participación del 20% en Tajco en agosto de 2010, un año después de que se viera afectado por las sanciones. Además, afirmaron que sólo era un “accionista nominal”, sin ningún papel activo en la empresa. En 2012, Kassim también se comprometió a cesar sus relaciones comerciales con Congo Futur.

José Conrado es el gerente portugués de Meat Plus, una desconocida empresa cárnica holandesa que recibió más de 50 millones de dólares de Congo entre 2011 y 2013. En ese periodo, cuando Tajideen ya había sido sancionado por los estadounidenses, Conrado recibió ayuda en su despacho de uno de sus comerciantes de Beirut, según cuenta en una conversación con dos periodistas del periódico holandés NRC, socio de De Standaard en la investigación Congo hold-up (El expolio del Congo). “Confío en Kassim al cien por cien. He estado en su casa, en la boda de sus hijos”, dice Conrado. “Es muy religioso. Reza al menos cinco veces al día, incluso en la oficina”.

Colas de pavo congeladas, MDM (una pasta espesa de restos de pollo deshuesado): los pedidos se sucedían tan rápidamente que la empresa de Conrado llegó a representar el 15% de todas las importaciones de carne al Congo. Cada pocos meses, Conrado fletaba un “barco de pollos” desde Amberes hasta Luanda, en Angola, o Matadi, en el Congo. Los buques transportaban al menos 5.000 toneladas de pollo congelado y otras carnes en su bodega, suficiente para llenar 250 camiones. A veces, Conrado viajaba en avión con una maleta con 10.000 dólares hasta el puerto de destino: “La descarga tenía que hacerse rápidamente, así que les daba a los trabajadores cerveza y un billete de 50”.

El portugués hojea sus libros de pedidos. “Sólo estaba haciendo negocios con Congo Futur”. ¿Y qué pasa con las sanciones? “Me lo dijo Kassim: José, me acusan de colaborar con Hezbolá, ¡pero todo el mundo en el Líbano colabora con Hezbolá! Hezbolá también construye escuelas y hospitales. Para ellos, eso es el Ejército de Salvación”.

En la metrópolis de Kinsasa apenas hay edificio altos. En la Torre Futur, en el céntrico Bulevar 30 de junio, los Toyota se detienen para aparcar. El sancionado Congo Futur, que da nombre a la torre, no aparece por ninguna parte. Pero en el interior del enorme edificio, según revela Congo hold-Up (El expolio del Congo), un pequeño grupo de personas se empeñó en ponerle un sucesor tras las sanciones: Glory Group.

Sobre el papel, Glory Group y sus empresas afiliadas ya no tienen ningún vínculo con la empresa sancionada, por lo que pueden hacer negocios sin el sello de Hezbolá. Sin embargo, reanudaron varias actividades de la empresa de Ahmed Tajideen. En las oficinas de la tercera planta de la Torre Futur, De Standaard pudo constatar hace unas semanas un ir y venir de libaneses con trajes a medida y mujeres con pañuelos en la cabeza.

El Glory Grupo y sus empresas afiliadas figuran entre los clientes más importantes del banco congoleño BGFI. Se dedican a la importación-exportación, al sector inmobiliario y, según las ONG Greenpeace y Global Witness, a la tala ilegal en la selva congoleña. Actúan como un grupo cerrado y mueven internamente grandes sumas de dinero: a veces 400.000, a veces 500.000 dólares. Entre bambalinas, sus cuentas las gestiona conjuntamente un exaccionista de Congo Futur y un socio comercial de la esposa de Ahmed Tajideen. El hermano de Kassim, jefe de la sancionada Congo Futur, lee a menudo los correos de Glory Group y de sus empresas afiliadas.

Esos correos revelan cosas extrañas. Por ejemplo, los documentos bancarios muestran que 1.984.226 millones de dólares salieron de la cuenta de una empresa afiliada de Glory Group hacia un exportador de carne europeo. 11 días antes de que se registrara la transacción, un empleado del banco envió a la empresa afiliada un extracto de pago en el que se describía exactamente la misma transacción, aunque ejecutada por un ordenante distinto. No se encontraron ni la ejecución de la transacción anterior ni la existencia del otro ordenante. Un extracto de pago con un ordenante inexistente podría ayudar a camuflar la verdadera identidad del ordenante ante los bancos asociados internacionales que tienen que acoger una transacción. ¿Es eso lo que ha ocurrido? Ninguna de las partes implicadas respondió a las preguntas de esta investigación.

Una de las empresas afiliadas más destacadas de Glory Group es la Société Congolaise de Construction Moderne (SCCM). A orillas del río Congo, la empresa está construyendo dos torres gemelas de 108 metros de altura, un hito en Kinsasa. En su página web, el gigante de la construcción lleva mucho tiempo presumiendo de “logros" anteriores, como la Torre Futur, sede de Congo Futur. Es notable, porque esa torre se construyó cuando no se hablaba de SCCM y cuando Congo Futur aún podía hacer lo que quisiera. Cuando SCCM necesita financiación, a Ahmed Tajideen le reclaman un aval, según los documentos de Congo hold-up (El expolio del Congo). Sin embargo, puestos al habla con él, un representante de la empresa insiste en que no tiene “ninguna relación” con Congo Futur y que no tiene conocimiento del aval.

También cabe destacar que buena parte de los contratos que gana SCCM se pagan con dinero europeo. Tanto la Comisión Europea como la SCCM confirman que la empresa ha recibido al menos 6,6 millones en fondos de desarrollo europeos, destinados a mejorar las deficientes infraestructuras congoleñas. Se trata de contratos para la renovación de astilleros, un centro nacional de formación para la judicatura y una academia de Policía.

Cabe preguntarse si la Comisión Europea estaba al corriente de que SCCM tiene vinculación con los sancionados Congo Futur y Ahmed Tajideen, condenados en Bélgica. “La Comisión desconocía estos supuestos vínculos”, responde un portavoz. Añade que ninguno de los fondos pagados son subvenciones directas: “Son contratos de obras y suministros, adjudicados tras un proceso de licitación”. En este sentido, se respetaron las normas, apunta, y añade que Congo Futur y Tajideen no están en las listas de sanciones europeas.

Tan interesante como las fuentes del dinero son los receptores. El 9 de marzo de 2016, uno de los empresarios del Glory Group envía un correo electrónico al director de operaciones del banco BGFI. “Buenos días, señor Moreau. Según lo acordado, le ruego que cargue en la cuenta en dólares de Glory Group –escribe– un importe de 1.000.000 de dólares a favor de la cuenta de Sud Oil”. Esa empresa, según revelaron De Standaard y sus socios la semana pasada, es una empresa carente de actividad de los Kabila que permitió desviar decenas de millones de dinero del gobierno congoleño.

Un mes antes, durante tres días consecutivos, se depositaron dos millones en la cuenta de Sud Oil, con la leyenda “depósito Glory” y –quizás por error tipográfico– “depósito Glody”. Los documentos bancarios indican que el primero de los tres depósitos –por valor de 705.000 euros– se cargo al Glory Group antes de ser transferido a la cuenta de Sud Oil. Esto demuestra que existe una conexión entre las empresas vinculadas a los Tajideen y el clan Kabila.

En 2017, el banco congoleño BGFI también entró en acción. Hace tiempo que se sabe que tiene clientes vinculados a empresas de la lista de sanciones de Estados Unidos, pero ahora también cierra una serie de cuentas, entre ellas las del Glory Group. Un informe de un año después, al que ha tenido acceso Congo hold-up (El expolio del Congo), reconoce que el banco ha seguido trabajando con empresas “vinculadas a Congo Futur” todo el tiempo. También habla del “fracaso de todo el sistema de control interno del BGFI Bank RDC”. Pero no se han encontrado pruebas de que Congo Futur fuera el propietario de estas empresas, ni tampoco de las transacciones con empresas controladas por Kassim.

Sin embargo, De Standaard los encontró. Entre 2013 y 2017, los clientes congoleños del banco BGFI enviaron más de 88 millones de dólares a Epsilon Trading en los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una empresa fantasma sin página web, situada en una zona de libre comercio cerca del aeropuerto del emirato de Sharjah, donde no se cobran impuestos sobre las mercancías comercializadas. Los pagos eran para una gran variedad de artículos: “Gallos y pollos para cocinar”, “tomates sin vinagre”, “motores diésel” y “sillas de aeropuerto”. En 2018 salió a la luz quién estaba detrás del anónimo Epsilon. Kassim Tajideen admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que utilizó Epsilon Trading como tapadera para seguir operando a pesar de las sanciones que pesaban sobre él. Mientras tanto, seguía embolsándose dinero de los sucesores de Congo Futur.

Meses antes, el 12 de marzo de 2017, Tajideen había sido detenido en Marruecos. Esa detención y su posterior extradición a Estados Unidos ese mismo mes fueron el resultado del Proyecto Casandra, una operación dirigida por el Departamento Antidroga Estadounidense (DEA). La DEA ya estaba investigando las redes de Hezbolá implicadas en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, pero los estadounidenses también querían acabar con la “red de apoyo criminal” más amplia del movimiento libanés.

La detención de Kassim causó un gran revuelo en Kinsasa. Durante su juicio, el agente de la DEA Patrick Picciano declaró que una fuente confidencial suya tenía información “sobre una recompensa de 20 millones”, ofrecida por personas de la comunidad libanesa en Kinsasa, “para quien pudiera sacar a Tajideen de una prisión marroquí”.

También en el Líbano, la acción estadounidense parece haber reforzado el apoyo a Kassim Tajideen entre sus partidarios. “Puede que haya empleado a 500 personas en África, del pueblo y de todo el sur”, señalaba un hombre en un reportaje de 2017 de la cadena de televisión libanesa Al Jadeed. El reportero calificó a Tajideen como “la última víctima del despotismo estadounidense” y también aparecía una mujer que explicó que su marido “no trabaja y él [Kassim] pagó su operación de corazón, lo pagó todo, todas las medicinas”. Preguntados sobre si los Tajideen tenían vínculos con Hezbolá, uno de los habitantes del pueblo replicó: “En absoluto. Trabajan en África y todo esto ocurre porque son competidores de los judíos en el comercio de diamantes”.

Tras su detención, Kassim Tajideen comenzó un exilio solitario en la cárcel de Estados Unidos que, según sus abogados, fue “devastador”. En El Líbano o Bélgica habría tenido “un flujo constante de amigos y familiares como visitantes”, allí estaba solo. Tras largas negociaciones, Tajideen llegó a un acuerdo con los estadounidenses a finales de 2018: se declaró culpable de blanqueo de dinero, pero con la condición de revisar la acusación. Se eliminaron todas las referencias a Hezbolá y al terrorismo. Tajideen fue condenado a cinco años de prisión y al pago de 50 millones de dólares. El fiscal adjunto Brian Benczkowski reaccionó: “El acusado violó a sabiendas las sanciones y puso en peligro la seguridad de nuestra nación”. Benczkowski calificó la condena de “ ejemplo de los esfuerzos continuos del Departamento de Justicia a la hora de desbaratar y desmantelar a Hezbolá y sus redes de apoyo”.

Cuando la pandemia del coronavirus estalla en marzo de 2020, los abogados de Tajideen insisten en liberarlo por razones médicas: su frágil estado de salud lo convierte en un paciente de alto riesgo. El juez está de acuerdo. En julio de 2020, se le permite regresar a su casa en el Líbano, donde le espera la procesión de bocinazos. Poco después de su liberación, altos funcionarios en Oriente Próximo, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, declaran que Tajideen no fue liberado por su estado de salud, sino por los “acuerdos indirectos” entre Irán y Estados Unidos sobre el intercambio de prisioneros.

En Bélgica no salen de su asombro. “Lo detienen en Marruecos, lo extraditan a EEUU, lo condenan y lo vuelven a soltar”, dice un agente de la inteligencia militar belga sobre la maniobra estadounidense, en declaraciones al sitio web de noticias estadounidense Business Insider. “Los iraníes y Hezbolá no tienen a nadie de Estados Unidos que tenga un valor comparable al de Tajideen, así que ¿cómo puede tratarse de un intercambio?”.

Tanto Tajideen como el Departamento de Estado estadounidense niegan que se trate de un intercambio. En la actualidad, el belga-libanés sigue figurando en la lista de sancionados de Estados Unidos. Según su abogado, Tajideen afirma que “los cargos finales en su contra en el procedimiento estadounidense no estaban relacionados con su implicación en el terrorismo, ni se pudo demostrar nunca”. Según él, las sanciones eran injustificadas desde el principio. “Nunca financié ni di ningún otro tipo de apoyo a ninguna organización terrorista ni a Hezbolá”.

Traducción: Mariola Moreno