La política es, también, la observación de un puente lejano. Los sanfermines nos han permitido detenernos en las generaciones que hoy llegan a la mayoría de edad y sólo han vivido un periodo de la existencia nutrido de crisis. Probablemente se han visto empujados a tener una idea demasiado catastrófica de la vida y de cómo deben vivirla sin poder detenerse un momento a pensar y decidir qué es lo que quieren.

Arreglar una de cada seis de ellas es quizá una buena media. De eso van las primarias entre Enma López y Reyes Maroto en el Madrid D.F. y, por distante que parezca, de eso también va la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que podría permitir a Puigdemont regresar a Catalunya. La plurinacionalidad es un buen pegamento para reparar fracturas. Hoy la divisamos como un viaducto construido para forjar una alianza no sólo reactiva frente al futuro terror, sino para unir a los españoles en su nuevo periodo de existencia, ese que acaso verá a un presidente de Bildu en el gobierno de Navarra, como ha visto previamente a un alcalde en Pamplona que convocaba al optimismo al grito alegre y festivo de ¡Viva San Fermín! 

España tiende a la entropía desde que el algoritmo Marchena, algoritmo defectuoso, dicta sentencias que generan demasiada desconfianza en el Poder Judicial. Hace falta, pues, algo que ordene el caos, que controle el principio de entropía político de este país. Y ese algo viene hoy desde dentro y desde fuera. Desde dentro, a través de unos presupuestos sociales y, desde fuera, a través del TJUE. Efectivamente, este jueves el TJUE publicará su sentencia sobre la ley de amnistía para cerrar completamente la herida del procés y apuntalar la convivencia constitucional en el sistema España. Probablemente, esa sentencia no afirme explícitamente que Puigdemont es un hombre libre pero sí reforzará el sentido histórico de la amnistía, acentuando el dilema sobre lo que quiere ser Junts, si un partido asimilado a Aliança Catalana o el verdadero partido democristiano en Catalunya. Dicho de otra manera, Nogueras y Puigdemont deben elegir si van con Trump o con León XIV.   

Europa, como Catalunya, es siempre una solución para este país de países que ni siquiera el algoritmo judicial es capaz de entorpecer. El sello europeo viene a significar el corolario final de un periodo político que empezó en 2018 y termina ahora en 2026 con una decisión que permitirá en algún momento a Carles Puigdemont aterrizar en el aeropuerto Josep Tarradellas y acaso volver a repetir el emblemático "Ja sóc aquí". Mucha agua ha corrido bajo este puente, un puente entonces lejano que hoy colmata la democracia española desde la plurinacionalidad y permite afirmar que en Catalunya gobiernan fuerzas constitucionales dispuestas a protagonizar el nuevo ciclo político. 

La plurinacionalidad es siempre un puente lejano que ordena territorios, orienta alianzas y afianza el modelo de un país transversal, plural y democrático que permite que la conversación pública, constante y perfectible, fortalezca a los partidos que se dispongan a caminar siguiendo su curso. Por ese motivo, ni Junts ni el PNV deben dejarse llevar por la soberbia, ni dar la espalda a la ciudadanía que ha dado sentido y sensibilidad a la materia social que permite, en última instancia, que el sistema España funcione mejor por dentro y se reconozcan sus potencialidades más allá de sus propias fronteras. 

Acaso sorprenda a algunos que el partido que mejor ha entendido la importancia estructural de este puente lejano que es la plurinacionalidad haya sido EH Bildu. Desde el entorno de la izquierda independentista vasca se ha defendido la necesidad de preservar los puentes con Carles Puigdemont. A pesar de los momentos de tensión (como las votaciones conjuntas de Junts con PP y Vox en el Congreso para forzar la dimisión de Pedro Sánchez), el entorno de Otegi tiene muy claro que ahora mismo es el único viaducto que mantiene relaciones con todo el bloque de investidura. Efectivamente, alguien tiene que mantener la relación con Puigdemont tras la caída de Cerdán, primero, y de José Luís Rodríguez Zapatero, después. 

Aunque las últimas encuestas dan a Junts tres diputados en la Corte de los Leones, el partido del de Waterloo sigue siendo un engranaje indispensable para taponar el acceso al poder del consorcio PP-VOX. No obstante, el objetivo de la alianza de los partidos de la investidura debe ser más ambicioso: ya no puede limitarse a ser una herramienta meramente reactiva, frenando a la ultraderecha, sino que debe avanzar con brío y valentía en la transformación social y plurinacional.

Por este mismo motivo, los presupuestos que Pedro Sánchez entregue antes de que termine el verano no pueden ser sólo los del Gobierno. Conviene sustituir la clave presidencial por la parlamentaria. Las cuentas de 2027 deben ser, sin excusas, las cuentas de todos, el puente.

Pamplona, capital plurinacional, donde convergen múltiples imaginarios, fue el primer paso y la izquierda abertzale llegó a su Ayuntamiento con el respaldo del socialismo navarro. Semilla de un nuevo ciclo que progresivamente se va asentando y que puede cristalizar con el gran momento fundacional que inaugure una nueva etapa con presidente de Bildu en su gobierno, desplegando sus políticas para el conjunto de los navarros. Así es; la chica de 18 años que no votó la Carta Magna ya no sube al Barrio Viejo si no es para disfrutar del ocio. La Txantrea es periferia, pero Sarriguren es periferia de la periferia. También ha pasado mucha agua bajo ese puente. Y, sin embargo, en Navarra también se preparan las bases para la política de los que vienen, o sea, de los que ya están ahí y necesitan saberse representados. 

Navarra, reino histórico, ha sido el libro abierto sobre el que se ha ido escribiendo la plurinacionalidad de este siglo que es, antes que una aplicación mecánica de trasvase de competencias o el levantamiento de muros, una arquitectura de caminos y puentes que fraguan alianzas, futuros, emancipaciones. Y en ese tiempo invertido para el levantamiento de una nueva arquitectura política dentro de la ya existente, ha sido y será necesaria una gran dosis de optimismo, la aceptación de lo que somos pensando en el futuro. La política, a fin de cuentas, siempre es la arcilla con la que se va modelando un porvenir colectivo.

Enma López tiene cartas. Y las está jugando bien. Su objetivo es convertir el Madrid D.F. en capital abierta y plural. Tras conseguir los avales para ser candidata y disputar la victoria a Reyes Maroto, continúa en la carrera con todos los poderes. Enma López ha transformado la desidia en ilusión y la está liderando porque forma parte de un nuevo ciclo político que rompe mayorías absolutas. Maroto es la reliquia de otro ciclo que se acaba, que termina.

En política ganan aquellos que quieren ganar y no los que sólo quieren ocupar un espacio. Como ya indicamos aquí, en la rula no preguntan, apuntan. Efectivamente, Maroto ha perdido las primarias antes de que los afiliados hayan decidido por quién votar. En la esperanza y en la democracia nunca hay espacio para la deslealtad.

El algoritmo Marchena falla. La última encuesta publicada en El Periódico le da al PP un 29,5% de los votos. Las sentencias sirven para hacer justicia y aplicar el derecho y no para cambiar gobiernos. El electorado español es muy estable. El algoritmo Marchena no funciona pero se corrige y modula a sí mismo en la sentencia que condena a David Sánchez a 9 años de inhabilitación. Bastan los indicios para llegar a una conclusión "con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón que permitan alcanzar la plena convicción de la culpabilidad del acusado". En el algoritmo judicial no hacen falta pruebas, tan sólo indicios que apuntalen las convicciones. Aun así, el hermano del presidente se libra de la cárcel, quizá porque la crueldad se negocia en la garita de Argüello, el arzobispo impío.

Mariano Rajoy ha conseguido convertir una columna de opinión sobre el Mundial de fútbol en un conflicto diplomático, que es una manera muy suya de seguir haciendo política sin parecer del todo consciente de estar haciéndola. Escribió sobre Francia tirando de un gracejo que no tiene y ocurrió lo que pasa con los que van de graciosos: acabó tocando una fibra sensible. Ni más ni menos que quién pertenece de verdad a un territorio. A estas alturas ya sabemos todos que la camiseta nunca es sólo una camiseta, y voy a pedir perdón desde ya a algunos de los fieles de El cuarto de máquinas a quienes no les gusta este deporte, porque van ya dos columnas seguidas, pero es que Rajoy me la ha dejado botando.

En el fútbol metemos la infancia y los colores, y reímos o lloramos a la vez desde mundos muy distintos. Rajoy ha venido, supongo que sin ser consciente, a trazar una frontera racial en la selección francesa. Dijo que no había franceses en el combinado galo, cuando realmente lo que quería decir es que no había franceses como él imagina a los franceses: blancos. 

Es cierto que el fútbol organiza bien los afectos colectivos: los buenos y los peores. Nos permite reconocernos en los otros, pero también reconocer instantáneamente a quién no queremos parecernos. Y, por lo visto, también sirve ahora para identificar, por el color de su piel, a los que dejamos fuera. Rajoy no ha inventado nada, sólo ha dejado escrito, con su prosa de sobremesa y carajillo, que hay ciudadanos de primera y de segunda y que estos últimos nunca lo serán del todo si no tienen el color, el apellido o el dinero necesarios.

Lo interesante del tema es que la política en la que se desenvolvió durante décadas Mariano Rajoy siempre ha querido administrar afectos: quiénes somos, con quién y cómo debemos vivir, quién pertenece a nuestra tribu o qué heridas no conseguimos cerrar. En estos días se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, una de esas heridas. Hay algunas emociones (públicas y compartidas) que sostienen lo mejor de una sociedad democrática. La conmoción por su asesinato fue una forma civil de ponernos frente al terror. Traigo este recuerdo aquí como ejemplo de que no todos los afectos colectivos son sospechosos. Unos nos llevan a sobrevivir a la intemperie y otros levantan muros dentro de los vestuarios. 

Pensé en esto al leer la entrevista en El País a Yuval Noah Harari, en la que el filósofo y escritor israelí explica cómo la IA podría convertirse en una gran psicópata manipuladora. Harari apunta hacia algo serio: las redes sociales se diseñaron para atraer nuestra atención y ahora las aplicaciones de IA aspiran a convertirse en compañía, a ayudarnos a gestionar nuestras emociones… a ocupar un espacio reservado a los amigos y la familia. El salto político está ahí.

Una encuesta reciente elaborada por una universidad estadounidense cifra en un 27% los internautas adultos que ya han mantenido interacciones sociales con modelos de inteligencia artificial. No estamos ante una sustitución masiva de las relaciones humanas ni ante el final de la amistad, que ya bastante fatigada llega a algunas edades como para cargarle ahora con esa épica terminal. Pero el dato basta para dejar de tratarlo como una rareza de solitarios con mucho tiempo libre. Millones de personas empiezan a usar estas herramientas para algo más íntimo que resolver una duda. 

No hace falta creer que la máquina siente para entender el negocio. Quizá precisamente porque no siente es por lo que le resulta tan fácil decirnos lo que queremos oír. No se cansa, no se ofende, no siente que le estamos contando lo mismo una y mil veces ni tiene un mal día. Tampoco la estamos interrumpiendo como si tuviera algo mejor que hacer. Está ahí siempre. Y dócil, además. ¿Qué ocurrirá cuando el consuelo se convierta en un servicio? Ojo, que conviene recordar que ese consuelo tendrá que ser rentable. Y de cómo se aprovecha la máquina de nuestras emociones tenemos ya ejemplos: el enfado se magnifica en X; del aburrimiento se encarga TikTok; la vanidad hace caja en Instagram… Amplifican el miedo porque retienen la atención, y la indignación se convierte en un espacio en el que mostrar publicidad. Esa maquinaria deterioró la convivencia democrática y estamos pagando las consecuencias. 

Una sociedad democrática está mejor preparada para discutir una mentira pública que una dependencia íntima. La mentira, ya se sabe, tiene las patas cortas. Puede investigarse y señalarse. Incluso se puede desmentir. La dependencia emocional se cocina despacio y en conversaciones privadas. Una no sale de una charla íntima con ChatGPT diciendo: “Acabo de ser persuadida por un modelo de negocio”. Sale pensando que la han entendido. Y no deberíamos menospreciar el poder de sentirse entendidos. No pretendo caricaturizar a los que buscan compañía en una máquina. Entiendo bien la necesidad de compartir las horas nocturnas con una voz amigable en medio del desvelo y las mil y una maneras en las que hace daño la soledad no deseada. Ahí es donde veo el gran peligro que se viene. Hay soledad, hay cansancio, hay vidas difíciles, hay relaciones rotas… y hay poco tiempo para el acompañamiento emocional. Si usted encuentra algún tipo de alegría en hablar con una IA, el problema nunca será su fragilidad, sino una industria entera trabajando para hacer negocio con ella.

La política debería llegar, en mi opinión, antes de que ese mercado se normalice. Antes de lo que llegó a las redes. Habrá que hablar de límites, de transparencia, de menores… de qué emociones puede simular una máquina y bajo qué condiciones. De cómo se protege a una persona vulnerable cuando la máquina que la acompaña también necesita retenerla. A ver si va a resultar que los afectos también son territorio político.

Por eso lo de Rajoy no me parece sólo una anécdota futbolera. Las emociones compartidas pueden generar comunidad, pero también pueden expulsar. Ha tocado con torpeza y prejuicio el reverso excluyente de esa materia sensible. La inteligencia artificial afectiva abre otra puerta: la de una emoción privada, solitaria y rentable. Durante años, las plataformas quisieron nuestra atención y ahora empiezan a querer nuestra confianza. Y ahí, justo ahí, debería empezar la política. 

Nos vemos a la vuelta de las vacaciones.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ley que reconoce al embrión como un miembro más de la unidad familiar. Feijóo dice que implantará esa misma ley en todo el Estado. Miguel Ángel Rodríguez puso su consabido tuit para molestar y para señalar por dónde va la cosa, por si a alguien se le había escapado: según los reaccionarios, esa célula que es el propio cuerpo de la mujer no es ella, sino una persona con derechos que la habita, incluso si es en contra de ella.

Al día siguiente aparecen todas las explicaciones sobre el tuit, sobre el significado de la ley y, finalmente, sobre el derecho al aborto en sí. Proliferan los artículos que afirman que más valía que se ocuparan de los niños nacidos que de los no nacidos, etc. Es decir, se insiste en aplicar racionalidad a determinadas políticas, en este caso, antifeministas. Se supone que, si desvelas la realidad, la gente lo entenderá, se dará cuenta de que los niños y las niñas que ya están en el mundo son más importantes que aquellos que no han nacido.

Lo malo es que no funciona así. Estoy convencida de que, en realidad, ni ellos mismos se creen que un óvulo fecundado sea una persona con derechos o, de lo contrario, tendrían que, por ejemplo, cerrar las clínicas de fecundación, donde hay miles de embriones fecundados sin derecho alguno, obviamente. Y podríamos meternos en discusiones bizarras acerca de qué hacer con los embriones abortados naturalmente y que se caen por el váter sin ninguna ceremonia; sin nombre, sin oración, sin culpa —a mí me pasó, que conste—.

Y, por supuesto, está la cuestión de que es metafísicamente imposible que a políticos que han demostrado con creces que no les importan los niños en absoluto —Madrid es una comunidad con más de 250.000 niños y niñas en riesgo de pobreza— les importen en realidad los no nacidos. Finalmente, si hay alguna persona inocente por ahí que se haya tragado verdaderamente eso del derecho a la vida, bla, bla, bla, a esa no la vamos a convencer con ningún argumento.

Esto no va de argumentos. Esta discusión es una cuestión ideológica irreductible a cualquier razonamiento, como casi todo hoy en día: las personas trans, el cambio climático, las vacunas, el feminismo, tomar el sol, la maldad de Pedro Sánchez o, según nos vaya, los catalanes. Detrás de todo esto hay una lógica reaccionaria que manipula emociones y no razones, que manipula la ira, el descontento o el miedo; que busca culpables y los encuentra.

En el caso del aborto, además, esta es una discusión antigua que ha ido evolucionando y transformando sus argumentos según se hacía necesario. A más derechos de las mujeres, más presión sobre su autodeterminación. Hasta el siglo XIX, nada menos que hasta el XIX, la Iglesia consideraba que el feto masculino no era “persona” —que abortarlo no tenía importancia— hasta la sexta semana de embarazo. El femenino, en cambio, no era persona hasta la decimoprimera, fecha en que abortar ya era pecado. Las mujeres somos más lentas en la personificación, al parecer de la Iglesia.

No es el aborto, aunque no deje de serlo. Ahora mismo, la cuestión del aborto es la clave de bóveda de todos los derechos de las mujeres. Sin ese derecho, todos están en riesgo. Si una mujer no tiene derecho a decidir si quiere o no quiere continuar con un embarazo, entonces es que no es una ciudadana capaz de tomar decisiones sobre su propia vida.

Si no tiene derecho a tomar esa decisión, entonces es que su cuerpo —por tanto, su vida, ella misma— no le pertenece enteramente, sino que pertenece al Estado, a una ideología, a su marido, a Dios o a quien sea, pero no a ella misma. Y eso es equivalente a la expulsión del ámbito público, a la subordinación completa. Por lo mismo que para nosotras el aborto es importante, lo es para la ultraderecha, cuyo proyecto de sociedad pasa por volver a una sociedad indiscutiblemente patriarcal donde los hombres sean los cabezas de familia y las mujeres, las reproductoras sometidas.

En el año 2017 me reuní, en mi calidad de diputada de la Asamblea de Madrid, con representantes de EPF —European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights—, el lobby encargado de luchar por los derechos reproductivos de las mujeres en Europa. Se trata de un conglomerado de asociaciones organizadas en torno al objetivo de trabajar políticamente en las instituciones europeas para que no se produzcan retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Estuvimos hablando de la emergencia de la extrema derecha en todo el mundo y del riesgo que eso podría suponer para el derecho al aborto, que es, desde hace décadas, el objetivo a batir por las derechas. Lo que aquella tarde de 2017 me trasladaron las personas del lobby europeo por los derechos reproductivos fue que el aborto iba a dejar de ser el centro de la estrategia de la extrema derecha. El centro de su estrategia, pero no su objetivo final.

La razón que me dieron entonces es que la extrema derecha había podido comprobar que el derecho al aborto ha arraigado fuertemente en la mayoría de las democracias europeas, hasta el punto de que ya no son únicamente los votantes progresistas los que lo defienden, sino que lo hacen incluso votantes conservadores, especialmente las mujeres, pero no solo ellas.

En definitiva, que se ha impuesto un sentido común que ya no pone el derecho al aborto en cuestión. La práctica en sí se ha desideologizado, ha dejado de estar relacionada con el feminismo y se ha normalizado socialmente. Ahora, en lugar del derecho al aborto, estos grupos de extrema derecha recomendaban centrarse en otras cosas —fundamentalmente, las leyes LGTB y trans— y, en todo caso, embarrar, dividir, crear un medio ambiente hostil al feminismo.

Por eso, ya no se dice que hay que prohibir el aborto. Simplemente, van a ir presentando al embrión como una persona con derechos. La estrategia se llama fetal personhood, o personalidad jurídica fetal. Si presentamos al embrión, a ese conjunto de células, como destinatario de políticas públicas, terminaremos entendiéndolo como un ser humano completo.

Da exactamente igual que, en realidad, no le demos ningún derecho porque legalmente, en el caso de España, no se pueda; da igual que sea impracticable, da igual que sea ridículo. Varios años hablando de personitas pequeñas con derechos y llegará el día en que una mujer que aborta sea una asesina. Antes hablábamos de un embrión, ahora decimos “concebido no nacido” y ahí ya han ganado, porque concebido parece algo que tiene vida propia.

Un embrión es un término médico, no tiene más vida que la de la mujer embarazada y es una célula o un conjunto de ellas. La palabra “concebido”, además, tiene importantes resonancias bíblicas y sagradas.

En varios estados de EE. UU. los embriones ya tienen personalidad jurídica plena y la policía puede entrar en una casa para ver si hay pruebas de que una mujer ha pretendido abortar, si ha comprado un medicamento abortivo; pueden controlar cuándo visita una embarazada al médico, lo que este le dice, pueden seguir el embarazo con ánimo de control, represión y castigo de cualquier intento de abortar.

También se restringe el derecho a la anticoncepción y cada vez hay más voces —y hay un movimiento— que claman por restringir el voto de las mujeres. No hace falta recordar Afganistán para entender lo rápido que puede ir esto. En Argentina, un proyecto de ley pretende castigar con cárcel las “denuncias falsas”, es decir, que impedirá denunciar la violencia machista. De ser uno de los países más feministas del mundo a meter en la cárcel a las mujeres que denuncian. Y en todo el mundo los derechos de las mujeres retroceden.

Si por un momento piensas que esto no puede pasar aquí, es que no has visto actuar a los líderes europeos delante de un bebé gigante, medio loco, francamente estúpido, violador y pedófilo, como es Trump. Sonrisas, buenas palabras, no se vaya a enfadar, sumisión, indignidad. ¿Estas son las personas que van a defender los derechos de las mujeres europeas?

¿Quién va a defender entonces los derechos de las mujeres? Nosotras, como siempre. Pero ahora, me temo, no estamos igual que cuando Gallardón quiso recortar el derecho al aborto y el rugido del feminismo lo escuchó hasta Rajoy, que tuvo que dar marcha atrás. Ahora sería difícil que hubiera unidad de acción ni siquiera en un asunto en el que estamos todas de acuerdo.

El caballo de Troya es el “concebido no nacido”, pero antes de eso el caballo de Troya ha sido conseguir un medio ambiente feminista que nos impide mirarnos, escucharnos, solidarizarnos unas con otras cuando es necesario, entender los verdaderos peligros y resistirnos a las agresiones externas; que nos impide poner lo fundamental de lo que nos une por delante de lo que nos separa.

El lobby antiaborto es el que quiere acabar con los derechos de las mujeres, está muy bien financiado, tiene muchos medios de comunicación a su disposición, tiene universidades, tiene un objetivo claro, aliados importantísimos… Lo tienen todo. ¿Y nosotras? Nosotras estamos solas y puede que ahora ni siquiera nos tengamos a nosotras mismas.

No creo que haya nada más importante para el feminismo, para nosotras ahora, que ser capaces de parar cualquier retroceso en el derecho al aborto. Margaret Thatcher dijo que el objetivo de sus políticas no era solo cambiar la economía, sino “cambiar el corazón y el alma de la gente”; y a veces creo que el alma ya nos la han cambiado. Ojalá estemos a tiempo de recuperarla.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

¿Después se puede echar de menos lo que antes no te gustaba? ¿Es posible sentir nostalgia de lo que en su día quisiste dejar atrás o te hizo sentir miedo? Siempre me divierte recordar aquella frase del entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, con la que se burlaba de la supuesta apuesta por la moderación de sus adversarios de la oposición conservadora, aunque no sé bien si lo diría de AP o del PP, que para el caso es casi lo mismo: “¿Pero de dónde viene esta gente que lleva 15 años viajando hacia el centro y no llega nunca?”.

En aquellos tiempos excitantes de la Transición, el sarcasmo nos hizo gracia, pero ahora mismo nos provoca cierta melancolía al acordarnos de esa derecha con un tanto por ciento de mala conciencia, que proyectaba, según ella misma, dejar atrás los ecos de la dictadura que sonaban en algunos de sus apellidos, renunciar a una parte de sus ideas, lo mismo que lo hicieron el resto de los partidos, empezando por el PCE, y cambiar lo que fuese necesario para integrarse en la joven democracia que tantos ríos de sangre había costado recuperar. 38 años es mucho tiempo, sobre todo cuando el reloj está en manos de un asesino.

Lo contrario de aquella derecha civilizada es la derecha sin complejos de José María Aznar. Eso dijo este hombre que tiene la arrogancia de los caudillos: que la suya era una derecha sin complejos. “Pues estamos listos”, pensé, “si proviniendo de donde provienen, pensando como piensan y defendiendo lo que defienden, no tienen nada que ocultar, que dios nos pille confesados”. Y así fue, él y su Gobierno actuaron a cara descubierta, alardeando de su neoliberalismo de manual y sin esconder sus cartas; se mostraban orgullosos y seguros de sí mismos, y convencieron con sus promesas de bienestar y regeneración a la mayoría electora, que les votó con la esperanza de que el país mejorase económicamente. El resultado, ya lo sabemos: los ministros de sus gabinetes llevándose millones de dinero público; la entrada en la cárcel de varios de ellos, la guerra de Irak, la foto con George Bush y Tony Blair en la isla Terceira de las Azores; el 11-M, las mentiras, el nombramiento a dedo de M. Rajoy, la Gürtel y las otras decenas de tramas delictivas de sus colaboradores más cercanos… Y luego su advenimiento como ideólogo y su canción del verano, aunque el lema tenga un aire un poco involucionista y tal: “El que pueda hacer, que haga”, una llamada a la acción en la que hay quienes sitúan el asedio sin cuartel y por tierra, mar y aire al presidente Sánchez, al que, por otro lado, le crecen como setas los secretarios de organización ladrones: será que hay humedades en el edificio.

Y así llegamos a Feijóo, que estuvo a un puñetazo en la mesa de llegar a La Moncloa y prefirió usar la mano para dársela a la ultraderecha. Si le hubiera puesto una línea roja a Vox, no le habrían adelantado. Si hubiera roto, la habría arreglado. Pero él y su PP han preferido el hambre para hoy y el pan para mañana, que a mí no me parece que esté tan claro: ya veremos. Por el momento, ya no sólo es que dependa cada vez más de sus peligrosos socios y tenga que ir asumiendo sus órdenes a cambio de mantener el poder autonómico, sino que para competir con ellos se mueve, otra vez, en la dirección equivocada y con ello está provocando un efecto dominó preocupante: como él se va más a la derecha y con ello invade el territorio de Abascal y los suyos, estos se van todavía más hacia el extremo y, de postre, empiezan a aparecer grupúsculos neonazis que se sitúan aún más lejos y se presentan en sociedad con su parafernalia falangista, sin sentir, al dictado de la doctrina Aznar, ni la más mínima vergüenza o molestarse en disimular.

Quedamos a la espera de que se devoren entre ellos o de que las y los ciudadanos abran los ojos y vean a Feijóo decir que cuando estén de baja les van a descontar la enfermedad del sueldo y les van a poder despedir. Su argumento, entre líneas, es que los médicos son cómplices de esa estafa: otra vez la sanidad pública en el punto de mira. Mientras tanto, la patronal sonríe, que con sus sueldos es más fácil, y algún portavoz de la Iglesia se apunta al bombardeo y lanza sermones contra la libertad sexual de las personas y veneno contra los políticos de izquierdas. Ojalá sea que el cáliz estaba muy cargado, que una copa de más se le perdona a cualquiera, porque, como lo que dijo represente el pensar colectivo de la institución, sería para echarse a temblar. Sin complejos.

Mariano Rajoy escribió el viernes en El Debate, con esa suficiencia que confunde la sorna con la inteligencia, que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. Siete palabras. Siete palabras que no son un desliz, no son sarcasmo, no son un piropo mal redactado a La Roja. Son la expresión más desnuda de una ideología que lleva décadas instalada en una parte de la derecha española y que, cuando baja la guardia, aflora sin filtros.

El texto de Rajoy es, ante todo, un error de hecho. De los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps, 23 nacieron en Francia. Solo tres nacieron fuera del territorio nacional: Michael Olise, en Londres; Marcus Thuram, en Parma, mientras su padre jugaba allí; y Brice Samba, en la República Democrática del Congo. Todos son franceses. No “casi franceses”, no “franceses de papel”, no “franceses con asterisco”. Franceses.

La propia embajada de Francia en Madrid tuvo que tomarse la molestia de recordar los hechos con una precisión pasmosa: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. Una embajada explicando el diccionario a un expresidente de Gobierno. Difícilmente podría describirse mejor el nivel al que ha caído este debate.

Pero el error de hecho es solo la superficie. Lo que late debajo es algo más grave: la convicción de que la nacionalidad no es un vínculo jurídico y político —como establece cualquier ordenamiento democrático moderno, incluido el español—, sino un atributo racial, étnico o cultural que se porta en el cuerpo y se hereda en el apellido.

Cuando Rajoy escribe “sin franceses” mirando a un equipo de ciudadanos franceses cuya melanina o cuyos abuelos no cuadran con su imagen mental de lo que debe ser un “verdadero” francés, está reproduciendo exactamente el núcleo de la doctrina de la prioridad nacional: la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda según su origen, su color o su genealogía. No es una ocurrencia. Es una ideología con nombre, con genealogía y con consecuencias.

Esa ideología tiene una genealogía precisa. El concepto de préférence nationale —prioridad nacional— fue acuñado en Francia en la década de 1980 por el ideólogo del Frente Nacional François Duprat y sistematizado jurídicamente por Jean‑Yves Le Gallou, para ser convertido luego en columna vertebral del programa de Marine Le Pen.

La idea es simple: los ciudadanos no son iguales ante la ley en función de lo que hacen o aportan, sino en función de lo que son —de dónde vienen, cómo se llaman, qué aspecto tienen—. Aplicada al deporte, esa lógica conduce exactamente adonde llegó Rajoy: a negar la condición de “verdaderos” franceses a ciudadanos franceses porque sus padres emigraron desde África.

Este debate no es nuevo en Francia. Estalló con fuerza tras el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo multicolor representara a la “verdadera” Francia. Se repitió en 2018. Y resurge, con una puntualidad casi perfecta, cada vez que los Bleus ganan y en el campo hay jugadores cuya presencia incomoda a quienes confunden nación con raza.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez lo ha dicho con claridad: Francia es “una República de diversidad” en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar. Varios miembros del Gobierno de Emmanuel Macron han calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” y han recordado que cuestionar el origen de los seleccionados no refleja lo que es Francia ni sus valores republicanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido igual de nítido: las declaraciones de Rajoy son “xenófobas” y “avergüenzan” a España. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, escribió, ligando de forma directa el marcador deportivo con un combate mucho más profundo: el que libra la democracia frente a los discursos de odio que describo en La democracia amenazada.

El ministro de Exteriores francés, Jean‑Noël Barrot, fue lapidario: las palabras de Rajoy son “una estupidez, racismo, o una combinación de ambas cosas”. No hay mucho más que añadir, salvo señalar que esas tres categorías —la estupidez, el racismo y su combinación— no se excluyen entre sí. Pueden darse juntas, y en este caso se dan.

La reacción del Partido Popular ante este escándalo es, en sí misma, un documento político de primer orden. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó las palabras de Rajoy de “sarcásticas”, dijo que “van sin mala intención” y que son “comentarios a favor de España”. Con los micrófonos apagados, fuentes del Comité de Dirección del PP consideran que la polémica fue “promovida desde el Gobierno” y aspiran a que se diluya “por sí sola”.

Hay que detenerse aquí. El PP no ha condenado las palabras de Rajoy. No las ha desautorizado. No ha pedido disculpas. Ha dicho que son sarcásticas. El sarcasmo, que es un recurso retórico legítimo, consiste en decir lo contrario de lo que se piensa para ridiculizar algo. Pero requiere que el interlocutor lo entienda como tal.

Cuando el ministro de Exteriores de Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, la ministra de Deportes, la ministra de Igualdad, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la derecha republicana francesa responden con indignación —no porque sean incapaces de entender el humor español, sino porque lo que leen es racismo—, apelar al sarcasmo no es una defensa: es una coartada.

Pero la banalización que practica Sémper —como tantas veces antes— no es solo políticamente torpe: es activamente peligrosa. Banalizar estas afirmaciones equivale a normalizarlas, y normalizarlas equivale a potenciarlas.

Las palabras de Rajoy no son meramente “desafortunadas”: son la expresión de una visión de superioridad racial y colonial que arrebata a ciudadanos plenos la condición de tales en función de su origen o su apariencia. Una visión que no solo es moralmente inaceptable, sino que contradice frontalmente los principios básicos del Estado de derecho y el ordenamiento constitucional español, así como los valores fundacionales de la Unión Europea.

No estamos ante una opinión discutible en el espacio público democrático. Estamos ante una afirmación que, presentada como provocación o como broma, introduce en la corriente principal del debate político un principio de jerarquía racial incompatible con cualquier noción seria de ciudadanía.

Y hay un daño colateral que merece señalarse con igual firmeza: la apropiación del campo deportivo para proyectar esa confrontación. El deporte —y el fútbol en particular— se rige por principios exactamente opuestos a los que encarnan estas palabras: esfuerzo individual y colectivo, igualdad de condiciones de partida, mérito medido sobre el terreno de juego sin que importe el apellido ni el color de la piel.

Introducir la lógica racista en la previa de una semifinal envenena un espacio que debería encarnar encuentro y dignidad compartida. Es una auténtica profanación de lo que el deporte representa.

Cada vez que alguien convierte un partido en instrumento de confrontación identitaria basada en el origen étnico, envenena algo que debería estar por encima de esas mezquindades. Y cuando ese alguien no es un ultra anónimo en la grada, sino quien ha presidido el Gobierno, el mensaje que se emite a la sociedad es devastador: se legitima desde lo alto lo que luego se grita desde abajo.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy —que es, conviene recordarlo, militante activo del PP y expresidente del Gobierno de ese partido. Feijóo no lo ha hecho.

El PP, en cambio, ha optado por blindar a Rajoy, minimizar el daño y esperar a que el partido de fútbol lo tape todo. Esa decisión no es inocua. Es una posición política. Significa que el PP, como partido, no considera que llamar “sin franceses” a 26 ciudadanos franceses sea un problema que merezca corrección pública.

No desautorizar no es una postura neutral: en este terreno, la ambigüedad no es centrismo, es complicidad. Quienes hemos estudiado la progresión histórica del discurso de odio sabemos bien cómo funciona: lo que no se condena se normaliza. Lo que se normaliza se amplía. Lo que se amplía se institucionaliza. La tolerancia con el racismo de baja intensidad —el del chiste, el del “era sarcasmo”, el del “no hay mala intención”— es el sustrato en el que crecen formas más violentas y estructurales de discriminación.

España tiene un artículo 14 en su Constitución que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición. Tiene un artículo 510 del Código Penal que tipifica la incitación al odio. Esas normas no existen por capricho. Existen porque la historia enseñó, a golpe de catástrofes, lo que ocurre cuando el discurso de deshumanización del otro no encuentra diques jurídicos ni políticos.

La doctrina de la prioridad nacional no ha quedado en los márgenes de la extrema derecha europea. Ha colonizado gobiernos, ha inspirado leyes, ha guiado redadas. Lo hemos visto en Italia con Meloni, en Hungría con Orbán, en los debates sobre inmigración en Francia, en la política de Trump en Estados Unidos. La pregunta que debería hacerse el PP es si quiere ser parte de esa corriente o si quiere trazar una frontera nítida con ella.

Rajoy no es ajeno a este contexto. Sus palabras no son un chascarrillo aislado: son coherentes con una determinada concepción de la identidad nacional que ha guiado políticas concretas y que hoy alimenta acuerdos como los de PP y Vox, donde se habla de “prioridad nacional” con una ligereza incompatible con la Constitución. Ya he dicho y repito: esa prioridad nacional “no es legal”, es “una barbaridad y un planteamiento absolutamente xenófobo y racista” que merece una línea roja clara por parte de la Justicia y del Tribunal Constitucional.

Conviene no aislar este episodio como si fuera un accidente. Las palabras de Rajoy no son ajenas a una determinada concepción de la identidad nacional que contempla la integración como asimilación y mira con sospecha al ciudadano de origen foráneo aunque haya nacido aquí, estudiado aquí, pagado sus impuestos aquí, amado a alguien aquí. Esa visión es incompatible con un Estado de derecho que se tome en serio la igualdad ante la ley y con una política exterior que pretenda presentarse como socio confiable de sus vecinos europeos.

No es casual que la polémica sobre Rajoy coincida con el bloqueo del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia. El patrón es coherente: se cuestiona la composición de la selección francesa, se alimenta un conflicto diplomático innecesario y se frena, en paralelo, un instrumento de cooperación política con ese mismo país.

Lo que resulta profundamente incoherente es pretender gobernar España con esa orientación y, al mismo tiempo, reclamar respeto para sus instituciones.

Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno durante dos mandatos conoce perfectamente el peso de las palabras. Rajoy sabe —o debe saber— que un comentario racista, revestido de chanza, no es una travesura verbal, sino una señal dirigida a quienes comparten esa mirada excluyente. Por eso su conducta no es solo reprochable; es incompatible con la altura ética e institucional que se exige, incluso años después de abandonar el cargo, a quien ha representado al conjunto de la ciudadanía. Hay licencias que un ciudadano puede permitirse en un bar; un expresidente del Gobierno, sencillamente, no.

Como jurista que ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos, sé que el racismo nunca es un fenómeno aislado ni inocuo: cuando se tolera en el lenguaje, se abre camino en las normas y en las prácticas cotidianas. Por eso resulta especialmente grave que un expresidente del Gobierno contribuya a legitimar, siquiera bajo la coartada del humor, una visión de la nacionalidad en clave étnica, que degrada a ciudadanos plenos a la categoría de “otros” a los que siempre se les podrá discutir si son “de verdad” lo que son.

En el deporte, ese discurso tiene un efecto devastador: convierte lo que debería ser un espacio de igualdad y reconocimiento en un escaparate de exclusión, y envía a millones de niñas y niños racializados el mensaje de que, hagan lo que hagan, siempre habrá quien les niegue pertenecer del todo.

Por todo ello, asumir la responsabilidad que corresponde implica rechazar sin matices estas palabras y la ideología que las sostiene, y defender con la misma claridad un principio elemental: todo ciudadano francés es francés y todo ciudadano español es español, con independencia de su origen, del color de su piel o de los apellidos de sus abuelos.

No se trata de una cuestión de corrección política, sino de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y, sobre todo, a la dignidad humana. En un momento en que los discursos de odio avanzan disfrazados de chanza o de sentido común, la política —y muy en particular quienes han ostentado las más altas responsabilidades— tiene el deber de marcar una línea nítida: en democracia, el racismo no se banaliza, se combate.

La selección francesa jugó el sábado y marcó. Sus jugadores son franceses. Lo eran antes del partido y lo serán después. Nadie necesita el certificado de ningún expresidente de ningún Gobierno para acreditar lo que una ley, una constitución y un pasaporte ya certifican.

Lo que sí necesitamos, en cambio, es que las fuerzas políticas de este país entiendan que blanquear el racismo, aunque sea con el envoltorio del sarcasmo, mirando para otro lado o esperando que la polémica “se diluya por sí sola”, tiene consecuencias reales para personas reales. Para los hijos de inmigrantes que leen que no son “de verdad” lo que son. Para los ciudadanos naturalizados que ven cuestionada su pertenencia. Para todos aquellos a quienes se les recuerda, con cada broma de estas, que hay quienes no los considerarán nunca suficientemente de aquí.

El PP tiene una decisión que tomar. Puede seguir protegiendo a Rajoy bajo el paraguas del sarcasmo. O puede decir, con claridad, que un ciudadano francés es francés, que un ciudadano español es español, y que la identidad nacional no se mide por el color de la piel ni por el origen del apellido.

No parece una decisión difícil. Que no la tomen dice mucho de quiénes son.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

El pensador camerunés Achille Mbembé define en su libro Necropolítica (Melusina, 2011) este concepto como la capacidad de los gobernantes para exponer a poblaciones enteras a la muerte. Para ellos el sentido de la política ya no sería proteger la vida, sino seleccionar quién o quiénes se exponen a la muerte. La soberanía y el poder, según Mbembé, vendrían a ser, de esta manera, la capacidad de decidir quién se expone a la muerte, quién muere.

La pasada semana un incendio de sexta generación en Almería acabó con 13 fallecidos y 23 desaparecidos (la cifra incluye personas con las que no se ha podido contactar y que podrían estar entre los evacuados). No son ni los primeros ni los últimos cuerpos calcinados o asfixiados por un incendio. Sumen a ellos los 237 muertos por la dana de Valencia y añadan también las muertes provocadas por las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas. Los datos provisionales de junio hablan de 900, pero sabemos que serán más cuando todos los casos se reporten y analicen. Todos estos ejemplos —y otros muchos más que no caben en esta columna— tienen su raíz en el cambio climático. Ese que todo lo cambia y que nos obliga a cambiarlo todo para poder hacerle frente.

Y mientras esto pasa, los acuerdos PP-Vox en las comunidades autónomas cuestionan las políticas ambientales y reducen las medidas de adaptación y de protección. Cojamos como ejemplo el último, en Andalucía: “Rechazo a la reforma de la PAC y la condicionalidad climática”, “Andalucía, libre de cargas climáticas derivadas del Pacto Verde Europeo”, etc. Y, como colofón: “La Junta de Andalucía se compromete a no promover, financiar, subvencionar ni incentivar con fondos propios la creación, ampliación, o endurecimiento de las zonas de bajas emisiones en los municipios andaluces”. Si no han ido más lejos es porque es contrario a los planes de la Unión Europea, y acciones más rotundas podrían acabar provocando multas y sanciones. Todo esto en una comunidad en que el presidente Moreno Bonilla anunciaba en 2019 toda una “revolución verde” y la dotaba con 350 millones de euros (para ver más sobre las referencias ambientales en el resto de acuerdos PP-Vox en las comunidades autónomas, consulten este artículo de Daniel Lara en infoLibre).

Cuando desde las instituciones no se protege la vida, sino que se van limitando o anulando aquellas medidas destinadas a ello, están poniendo en peligro la salud y, por tanto, a las personas. Los que entendemos que el fin último de la política es proteger y mejorar la vida, podemos pensar que esto es un ejercicio de antipolítica, pero Mbembé lo definió de forma más precisa cuando habló de “necropolítica”. En efecto, en la medida en que hay no un descuido ni una desatención, sino una actitud activa, se trata de una política. Mbembé se refirió a esta necropolítica pensando fundamentalmente en las “máquinas de guerra” en que se han convertido algunos Estados y grupos de mercenarios en países donde la violencia campa a sus anchas. Pero la ausencia premeditada —ya no cabe alegar ignorancia— de medidas eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, o lo que es peor, el retroceso y la reducción de lo que ya existe, ¿no es también un ejercicio de necropolítica?

Ojalá me equivoque, pero temo que las consecuencias derivadas del cambio climático como incendios de sexta generación, inundaciones, olas de calor o aquellas enfermedades que provocan la contaminación atmosférica van a seguir creciendo, y este verano es más que probable que tengamos muchos más casos. Es difícil paralizar el cambio climático, pero por cada 0,1ºC de incremento medio de temperatura que se consiga evitar y por cada medida de adaptación que se pueda implementar se estarán salvando millones de vidas humanas. Recuerden esto cuando voten.

“Explíquese” es una de las más fecundas frases que puede emplear un periodista en una entrevista. Al menos aquellos que somos refractarios al conflicto y que evitamos la tensión con el entrevistado. Es cierto que hay una tradición anglosajona para las entrevistas que consisten en apretar al entrevistado, confrontarlo con llaneza o agresividad y ponerlo en el brete de que su respuesta, muy a menudo ensayada y en alguna ocasión manifiestamente falsa, no sea suficiente o aceptable. Requiere un cierto avío de carácter y una erótica de la tensión, pero este mecanismo solo es realmente útil si la entrevista es audiovisual, y uno nunca lo ha interiorizado por haberse desempeñado en entrevistas por escrito, en las que es muy difícil e incluso inconveniente trasladar las tensiones del encuentro. En la transcripción, han de reducirse, resumirse, las intervenciones del periodista para dar vuelo a las respuestas del sujeto de la noticia, pues son sus palabras, explicaciones y desempeños los que les debemos al lector, y no el supuesto brillo del que pregunta o reprocha.

En el marco de impostores español, ustedes han visto desenvolverse con soltura en el género de abrazar, si es menester, la tensión del reproche, la interrupción y la repregunta a Ana Pastor, Jordi Évole, Silvia Intxaurrondo o Carlos Alsina, por mencionar algunos de los que más provecho han sacado de no rehuir la subida de temperatura de una entrevista en los últimos años. En el medio escrito, uno es devoto de las entrevistas de José Enrique Monrosi, uno de los pocos que en el marco político trasladaba al texto pautado (pregunta/respuesta) la vibrante y bulliciosa cabeza del oficiante que imprimía tal velocidad a la conversación que obligaba a su contraparte a estar a la altura y ofrecía al lector un itinerario de conversación estimulante, amena y exigente, superadora de lugares comunes.

Pero cada uno hace de sus avíos atributo y trata de que operen a favor del producto periodístico, aun cuando estos sean —como es el caso del arribafirmante— la alergia a la confrontación y la voluntad de armonía. Y uno de ellos es devolver el balón al primer toque. Un “¿perdón?” a tiempo o un “explíquese”, que lo obligue a seguir hablando cuando ha terminado lo que el entrevistado traía preparado, abren un abismo bajo los pies del entrevistado hipócrita que no quiere dar una respuesta auténtica o sincera. Como todo centrocampista que no tiene una idea memorable de qué hacer con la pelota, a veces basta con tocarla de vuelta para que el paisaje cambie.

El guionista Aaron Sorkin nos enseñó en The Newsroom, para lo bueno y para lo malo, lo útil que es dejar que la gente se explique en detalle y trate de ser exhaustiva. En sentido positivo, el periodista republicano Will McAvoy (Jeff Daniels) construye el mejor monólogo de un prólogo de ficción cuando, en un coloquio, el moderador que le había preguntado por qué América (Estados Unidos, claro) es el mejor país del mundo, le pide que siga hablando: “Quiero una respuesta auténtica”. Lo que sigue, esos cuatro minutos de plática de McAvoy, es ya historia de la televisión. Pero la propuesta la había usado antes. En la película Algunos hombres buenos, de Rob Reiner, con un guion de Sorkin basado en su propia obra teatral, la hipótesis del abogado Daniel Kaffee (Tom Cruise) es que el coronel Nathan R. Jessep (Jack Nicholson) no solo ordenó el código rojo que costó la vida al teniente William Santiago sino que está orgulloso de haberlo hecho porque esa práctica disciplinaria ilegal es imprescindible en un mundo hostil. Y que, en el fondo, arde en deseos de contarlo. El famosísimo interrogatorio final pone a prueba esta hipótesis, acorralando al coronel para que diga lo que quiere decir. Y lo hace. Por supuesto.

Si lo piensan detenidamente, es la mecánica que aplicaba a sus entrevistas el incomparable Jesús Quintero, cuando sonreía en silencio tras una respuesta invitando al entrevistado, con su silencio aquiescente y su mirada siempre amable, a seguir hablando. Esos silencios y esas sonrisas nos han regalado alguna de las mejores entrevistas de la historia de la televisión, y el correlato contemporáneo de este principio de mínima intervención con gesto amigable lo podemos contemplar en las entrevistas de Carlos Alsina en Onda Cero —imprescindible verlas en vídeo, en su versión de YouTube— o, en un sentido menos incisivo —por no tratarse de políticos—, del excepcional programa La noche de Aimar, en el que Aimar Bretos se ha reivindicado como legítimo heredero de la tradición quinteriana.

Conste que se ha saltado uno aquí la habitual cortesía de jamás mencionar los nombres propios de los compañeros de impostura —detalle en el que los seguidores habituales de este púlpito habrán reparado— porque se hace con el propósito de elogio de quienes se desempeñan con haberes que uno envidia por carecer de ellos. Entiéndase bien, uno ha publicado entrevistas estupendas, pero solo porque lo eran los entrevistados, y el plumilla se limitó a actuar a favor de obra; nunca en 30 años ha arrancado una buena entrevista a quien no respetaba, por esa cierta incapacidad para confrontar e irritar.

Pero quédense con que a menudo basta con dejar que el contertulio se exprese en largo, se confíe y no se sienta acosado sino comprendido. La cara de arrobo, de querubín que pasaba los deberes a limpio con bolígrafo de tres colores, que pone siempre Évole ante los personajes más infames le ha dado los mejores momentos de su notable trayectoria televisual.

En los últimos meses, uno ha descubierto que ocurre algo muy parecido con los juristas vanidosos: las explicaciones en largo, las profusas aclaraciones, los hacen desmoronarse como un coronel Jessep gritando al teniente Kaffee “¡¡¡Por supuesto que lo hice, joder!!!”, cuando este lo provoca con el memorable “¡¿Ordenó usted el código rojo?!”. Lo vemos en los deliciosos doscientos folios con los que la sala segunda del Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por algo que nunca ocurrió, y lo vemos en cada escrito del juez Juan Carlos Peinado, en su operación de acoso procesal a la esposa del presidente del Reino de España.

No somos conscientes de lo que vamos a echar de menos la torpísima literatura jurídica de este leguleyo cuando en septiembre se consagre a sus labores de jubilado —que, dados los arreos disponibles, casi seguro no serán los crucigramas—, leyendo su último escrito en el que intenta explicar que no quiso ofender a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al decir que pueden ser cómplices de la fantasmagórica huida de Begoña Gómez y acaba citando el caso del ex primer ministro italiano Bettino Craxi, huido a Túnez en 1994 debido a los casos de corrupción que lo atosigaban en el periodo de Tangentopolis, para decir que en realidad, sí, muy bien podrían los agentes organizar la huida. Lo que viene siendo, ponerse a escribir y venirse arriba que tan bien conocemos en esta columna semanal.

La paciencia pedagógica y la escrupulosidad jurídica de la Fiscalía y de la representación legal de Gómez irritan al extremo a este magistrado y, como un personaje de Sorkin, es incapaz de controlar la ira que le provoca esa mesura y condescendencia de quienes —salta a la vista— son más duchos en el conocimiento de la ley y el procedimiento. Así que en su última gloria escrita reprocha al letrado de la esposa de Pedro Sánchez su “innecesaria y prolija exposición de los argumentos (…) como si tratara de enseñar algo que ignora [a la Audiencia Provincial de Madrid, que ha de resolver sobre si el caso puede pasar a juicio oral y convertirse en otro baldón en la maltrecha imagen de las magistraturas españolas]”. El cabreo se transparenta en la línea en la que invoca el latinajo: “…olvidando un principio que también rige en nuestro ordenamiento jurídico que es el principio de iura novit curia”. Significa, literalmente, que los jueces conocen el derecho, asunto que en se plasma en el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En su patente irritación, olvida el chusquero —“dicho de un suboficial o de un oficial del Ejército, que ha ascendido desde soldado raso por edad, sin particular mérito militar ni habilidad”—, que el iura novit curia se complementa con el da mihi factum, dabo tibi ius (“dame los hechos, y yo te daré el derecho”), que establece que son las partes las que deben delimitar el terreno de lo cierto, aportando la historia fáctica y probatoria, sin necesidad de ser expertas en la ley, pues serán los togados los que apliquen a ellos la norma.

Bendito seas mil veces, Aaron Sorkin.

No sé si os habéis enterado de que estamos en pleno Mundial de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, es una de las pocas ocasiones en la vida en las que podemos ver a a multimillonarios sentados en un banquillo.

Hoy quiero poner en valor otros pelotazos que me han llamado la atención estos días y que igual quedan injustamente opacados por las hazañas de los dioses del balompié: los Mbappé, Messi, Haaland, Lamine Yamal…

Empezamos por Madrid, el kilómetro cero de la especulación en nuestro país.

El alcalde y la presidenta de la Comunidad, dos expertos en pelotazos –incluso vía transmisión sexual–, han acordado la cesión de 19 parcelas públicas para residencias de mayores con explotación “público-privada” que, os traduzco, significa que los recursos públicos van a parar a manos privadas.

Cuando estas parcelas vuelvan a la titularidad pública no es que se nos haya olvidado su existencia, es que habrá acabado la nuestra, porque su explotación –nunca mejor dicho en el caso de residencias de mayores– la van a disfrutar durante 75 años de nada.

Unas cesiones que se unen a las que se vienen haciendo en la capital para favorecer los negocios de la Iglesia, de los colegios privados y concertados o de ese nuevo modelo de negocio que consiste en vender terreno público para construir viviendas de cooperativas dedicadas al alquiler durante 15 años, pero que pueden alquilarse ¡a sí mismos! Economía circular.

Hakuna Matata, el círculo de la vida cañón para los especuladores.

Pero no sólo de Madrid viven los pelotazos urbanísticos. Pasa también, por ejemplo, en Navarra, donde más de 500 viviendas financiadas con un tercio de dinero público y social siguen estando en manos privadas y cobrando alquileres abusivos.

O en Alicante, aunque lo de allí más que un pelotazo es una goleada:

Viviendas públicas cuyos beneficiarios son exconcejales de Urbanismo, exjefas de contratación el Ayuntamiento, un arquitecto municipal, policías locales o, en el mismo rellano, la exmujer y la excuñada del alcalde.

La guinda al pastel es que se dieron las concesiones de estas viviendas a personas que falsearon sus datos, incluso a algunas que se empadronaron allí aunque vivieran en el extranjero, o que hay nada menos que cinco miembros de una misma familia viviendo en ellas.

Pero no os preocupéis, porque hay un control estatal; la única pega es que a la mujer del funcionario encargado de ese control también le adjudicaron uno de los pisos.

En Asturias, en la playa de la Isla, en Colunga, se están proyectando 28 chalets unifamiliares a sólo 20 metros del mar, gracias a una modificación “puntual” de las normas que prohiben construir a menos de 200 metros de la playa.

Total, ¿qué son unos cuantos chalets que impedirían bajar a la playa por ese lado de la costa o que están en medio de una zona de tránsito? Detalles sin importancia. Pelillos a la mar, nunca mejor dicho.

Pero si hablamos de pelotazos no podemos dejar de hablar de la nobleza, expertos desde hace siglos en el noble arte de hacerse Robin Hood inversos, robar a los pobres para repartírselo entre los ricos.

La penúltima es de la ilustrísima Casa de Alba, que construyó unos pozos ilegales de agua, nada menos que en Doñana, para regar sus abundantes posesiones, previamente subvencionadas también por Europa y por nuestro país.

Un beneficio “ilícito” durante más de una década calculado en más de 5 millones de euros, sin contar los daños medioambientales en un entorno protegido que ahora, ¡sorpresa!, el Parlamento andaluz de PP y Vox quieren legalizar.

¿El truco para conseguir tanta impunidad? Fácil, rápido y para toda la familia, como diría Arguiñano: al ser los nueve pozos ilegales, no tenían contadores de agua y a la Guardia Civil que investiga el caso le es imposible calcular el volumen del agua que se ha extraído.

Ya sabemos que lo nuestro es suyo y lo suyo es suyo.

A seguir disfrutando del Mundial de fútbol ,pero sabiendo que, en el caso de estos pelotazos, nosotros no somos la corrupta FIFA, somos los árbitros y con nuestro voto podemos sacarles tarjetas roja y del partido. Que no se nos olvide.

Los grupos de whatsapp de los jueces han echado fuego esta semana, y no ha sido por la ola de calor permanente en la que vivimos. Para su sorpresa, los españoles no confían en la imparcialidad de la Justicia, que es el principio en el que se asienta su legitimidad. ¿Pero cómo es posible que la sociedad no les reconozca inmaculados y por encima del bien y del mal? La imagen de una justicia activista y militante coincide más con el sentir de la gente, tal y como muestran las encuestas de opinión. Las de El País y La Vanguardia, que es medio conservador, evidencian que la credibilidad de los jueces está por los suelos. Es lo que tiene sentirse superior y pensar que la ciudadanía se lo traga todo porque adolece de la inteligencia suficiente para distinguir entre lawfare y la exigible neutralidad que está garantizada en el artículo 24 de la Constitución. 

Alardear de activismo se ha normalizado entre la judicatura. Hace tres años que los togados se quitaron las caretas y se manifestaron a la puerta de los juzgados en contra de iniciativas legislativas que aún no se habían aprobado. Un hecho insólito en democracia. El poder judicial se la ha estado jugando desde entonces. Con gesto adusto y embutidos en el uniforme moral que se atribuyen, salieron en tromba contra la ley de amnistía. Total ¿para qué? si ahora Feijóo les ha dicho a los suyos que hay que dejar atrás el procés y normalizar la situación en Cataluña. La amnistía iba a destruir el país pero ya sí que mola. Desde entonces han llevado a gala un posicionamiento político tan descarado que hasta los votantes de derechas desconfían de sus resoluciones. 

Un 55% de electores de Vox y un 41% del PP reconocen que hay jueces que hacen política, según el sondeo de Ipsos para La Vanguardia. En la de 40dB para El País, el 60% no duda de la existencia de lawfare. La verdadera noticia sería: ‘Los españoles creen en la Justicia’. Perelló, presidenta del Poder Judicial, ha respondido con que va a encargar su propio barómetro. Igual se ofrece a hacerlo el juez Peinado en sus vacaciones, ya que es muy servicial y vale para todo. Pocas empresas de prospección de mercado con cierto prestigio se atreverán a mostrar resultados muy discordantes, sobre todo después de lo tocada que quedó su reputación tras vaticinar en las anteriores elecciones que PP y Vox las tenían ganadas de antemano. 

Hasta los que están a favor de la cruzada para expulsar a Pedro Sánchez de Moncloa son conscientes de la asimetría de las resoluciones judiciales y de la pasividad en los tribunales cuando, por ejemplo, el juez Antonio Viejo niega el permiso a Begoña Gómez para acudir al viaje de Estado a Ankara por riesgo de fuga pero obstaculiza la investigación tributaria a Alberto González Amador –Alberto Quirón para los amigos–. 

La celeridad con que se ha condenado a Ábalos a 24 años de cárcel y la Sala de lo Penal del Supremo ha dejado en libertad al corruptor e instigador Víctor de Aldama, librándole además de devolver casi cuatro millones de euros en comisiones que exigía la Fiscalía, es un tanto llamativa. Más aún que se haya convertido en el testigo más fiable de diversas causas contra los socialistas. Esta misma semana el 'pequeño Nicolás' quedaba eximido de entrar en prisión por los 12 años a que fue condenado gracias a la benevolencia de la Audiencia de Madrid, que le considera ya rehabilitado. Qué delicia observar lo generosos que son los magistrados con las penas de delincuentes de derechas. 

Hay una parte de la sociedad que no confía ciegamente en el poder judicial y mucho menos puede estar de acuerdo con la versión de que el Gobierno trata de intervenir en las resoluciones judiciales. A las pruebas me remito, que diría el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que acaba de señalar al Ejecutivo como una panda de ladrones. Si la justicia no fuese independiente del Gobierno, no podría estar abriendo el rosario de causas que apuntan al mismo objetivo. Esto sí que es un problema grave que mina la democracia.