En estos tiempos de posibles presidentes corruptos y mociones de censura, echo de menos a Pablo Iglesias, echo de menos esos días en los que en política por la mañana querías café y por la tarde ron. Lo hemos llamado siempre patear el tablero, pero la mayor parte de las veces lo que había debajo, además de muy buenos spin doctors, era una apuesta por estrategias políticas más arriesgadas ante las situaciones más complicadas. Iglesias siempre entendió esto avant la lettre en España, y por eso Podemos no nació para ganar dentro del marco izquierda-derecha, o el del bipartidismo, sino que se convirtió en una operación política para patear ese tablero donde hasta ahora todos sabían jugar y proponer uno nuevo en el que las piezas pudieran desplazarse con reglas completamente diferentes. Si se confirma lo de Zapatero, ¿a qué va a jugar la izquierda? ¿Sabremos volver a patear el tablero?  

Hoy es difícil creer que podamos construir un ajedrez alternativo, estamos más bien en etapa parchís. Y por ello siempre viene bien una revisión al más puro spinoziano de nuestras potencias. No hay entre los nuestros un nuevo Pedro Sánchez a su izquierda, tampoco parece que Zapatero vaya a ser Lula. ¿Qué nos queda? En ajedrez el peón es la pieza con más restricciones del tablero, la menos valiosa que avanza, nunca retrocede, captura en diagonal pero no se mueve en diagonal, y solo lo hace de uno en uno, siendo así la pieza que más limitada está por la dirección que le impone el tablero. Sin embargo, si un peón llega a la última fila, la del adversario, se corona y puede convertirse en cualquier pieza, haciendo que esa pieza que antes solo podía hacer una cosa sea ahora la que puede hacerlo todo. Tengo la sensación de que aunque hemos conseguido cruzar el tablero entero jugando con las piezas que tenían menos valor, ahora que hemos llegado al otro extremo y que podemos decidir qué pieza queremos ser, no tenemos ni idea. ¿Qué sucedería si el truco final no era una ruptura de las reglas sino la coronación, la posibilidad de elegir cómo jugar la siguiente pantalla? Y claro, hay que ser tonto para no querer ser la reina.

Pero no nos despistemos aún con eso. Lo que hoy sigue habiendo debajo del tablero del PSOE en el que jugamos, además de no tan buenos spin doctors como en la época de Pablo, es exactamente lo que ese marco que Podemos trajo a la política quería dejar al descubierto: una estructura de acceso al Estado que el viejo marco llamaba gestión y el nuevo llamaba corrupción. Nadie ha olvidado de dónde venimos y para qué estamos en política (creo), pero sin duda el problema de la izquierda ahora es que lleva dos años intentando ganar dentro del marco que el PSOE controla mejor que nadie, que no es otro que el de la gestión, el de la estabilidad, el del mal menor, el del “si nos vamos viene la derecha”. Ese es el tablero, y en él el PSOE siempre tiene ventaja porque es quien lo fabricó. Mientras tanto la reducción de jornada no sale, la regulación del alquiler tampoco, y la gente que vive al día en este país no sabe en qué punto está la tramitación de nada ni le importa. El marco de la estabilidad no ha producido estabilidad para quienes la necesitaban y las mayorías parlamentarias menguantes aseguran que la posibilidad de cambio es cada vez menos posible. Por ello tan importante es que pensemos en qué debemos hacer si lo que se confirma el 2 de junio en la Audiencia Nacional hace que este gobierno no sea sostenible, como qué pieza vamos a querer ser si se acaba la posibilidad de competir virtuosamente, se supone, por ver cuántos euros de más que el PSOE en no sé qué medida estamos dispuestos a apostar.

Es importante explicar que cuando se dice que si se confirma lo de Zapatero no estamos esperando una sentencia sino que estamos hablando de política. Las sentencias llegan en este país cuando y como menos importan, cuando el daño político está hecho, cuando quienes las reciben llevan años gobernando con ellas en el cajón, o cuando quien más justicia y reparación necesitaba simplemente ya no está. Lo que el 2 de junio puede confirmar es algo más sencillo y más grave: que el juez Calama, tras escuchar al expresidente, mantiene los indicios y no archiva, esto es, que el auto de 85 páginas que lo sitúa como núcleo decisor de una estructura jerarquizada de tráfico de influencias tiene base suficiente para seguir adelante, que la carta enviada por Plus Ultra al vicepresidente del Santander con la fórmula “por instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero” era exactamente lo que parece, o que el mensaje interno entre directivos “pues ahora es meterle chola al Zapa” describe una relación funcional, no una esperanza. Con eso basta para que las izquierdas políticas nos pongamos a trabajar en impugnar todo aquello que sostenga la posibilidad de seguir confundiendo el miedo al lobo o la gestión estable con corrupción.

Por eso este no es un momento constituyente. No estamos aún ante la oportunidad de fundar algo nuevo ni de imaginar una arquitectura política para el próximo ciclo largo. Eso vendrá después, si viene. Lo que tenemos ahora ante nosotros es un momento destituyente, cuyas declinaciones van desde la retirada del apoyo al PSOE, pasando por nombrar incómodamente lo que hay (tiene narices que nos rompa el corazón el señor del 135), hasta forzar el fin de algo que ya no se sostiene. Los momentos destituyentes tienen su propia gramática, sustraen, desalojan, retiran legitimidad sin necesidad de proclamar nada, y confundirlos con momentos constituyentes es el error que convierte la urgencia en parálisis política.

Es por todo ello que las izquierdas se enfrentan hoy a una disyuntiva que no admite gradualismos cómodos ni prudencias ni silencios ambiguos. O forzamos el escenario o el PSOE lo coloca como mejor le venga. Y que nadie olvide que el PSOE lleva tres legislaturas siendo muy bueno en exactamente eso, en decidir cuándo explota cada crisis, en qué términos, con qué relato, con qué ganadores y qué víctimas. Las tentaciones son múltiples, y se extienden desde la posibilidad de construir una bicefalia tensionando desde los partidos mientras se gestiona desde los ministerios hasta la posibilidad de coser un proyecto provincia a provincia, pero todas ellas tropiezan con una pregunta que nadie puede responder aún: ¿quién es la cara? En los partidos no existe hoy ese perfil, salvo que se acepte a Irene Montero o a Gabriel Rufián, que es la opción que más daño puede hacer al PSOE y también la que más fácilmente se convierte en argumento de inestabilidad territorial. Rufián lo sabe, por eso amenaza con liderar sin liderar todavía. Montero lo sabe, por eso aún no se corona como reina, si es que eso es a lo que Podemos aspira ahora.

En mi opinión ninguno de los dos sobra. Quizás en este momento destituyente lo que corresponde es la política del mapa, la que supere la etapa del comunicado conjunto con la foto en una sala de Madrid y acepte la posibilidad de que para desbancar y destituir de una vez por todas a los que hasta ahora han marcado el juego, hace falta estar dispuestos precisamente a ser otra cosa. ¿No es acaso mucho más potente frente al PSOE presentar un frente de las periferias, que no necesita resolver el problema de la cara precisamente porque su lógica es confederal y no la de una lista con una cabeza visible que borre las diferencias, sino la de un acuerdo de acción común sobre lo que es destituyente: retirar el apoyo, forzar el ciclo electoral, llegar a él con un relato compartido sobre la corrupción como sistema, no como accidente? BNG, Bildu, ERC, Podemos, Sumar, IU, Comunes, Compromís, Chunta, Adelante Andalucía y los que hagan falta son la geografía de una izquierda que funciona cuando actúa articulada y que se destruye cuando compite por el mismo milímetro de espacio simbólico, y sobre todo pueden abrir la posibilidad de articular más allá de lo territorial. Porque puestos a revisar nuestras potencias, conviene no olvidar que periferia no es solo un concepto cartográfico, sino también el lugar desde el que hablan quienes el poder central lleva décadas administrando sin representar, es decir, las mujeres, las personas racializadas, los cuerpos y las identidades que el Estado gestiona pero no escucha, quienes pagan el alquiler que este gobierno no ha sido capaz de regular. La política del mapa no es ni puede ser ya un mapa de provincias. El frente de las periferias para destituir al PSOE tiene que ser una suma que produzca multitud y mestizaje absoluto, hasta rozar lo irracional. La idea es un frente de los diferentes contra los de siempre.

La única pregunta que queda es quién se mueve primero, esta vez para salirse de la foto. Porque si la izquierda que debería plantearlo no lo hace, lo hará Sánchez con el timing y el relato que más daño hagan a la posibilidad de una candidatura a su izquierda, y cuando eso ocurra ya no habrá decisión que tomar. El 2 de junio es mucho más que una fecha judicial, es la fecha en que la izquierda tendrá que decidir si todavía sabe mover ficha.

En 14 años, desde 2012, ha hecho 168 viajes internacionales. Todos por invitación: 61 a América, 26 a Asia, 55 a Europa y 26 a África. Conferencias, presentaciones, reuniones, mediaciones…. Muchas gratuitas. Otras remuneradas. Gertru y sus hijas trabajaban con él, y es triste tener que ponerlo en pasado. Se podrá discutir si cobraban mucho o poco, pero Zapatero siempre quiso que su actividad pasara por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, y por eso no montó –derecho tendría– ninguna empresa ni con ellas ni con nadie.

Entre los viajes internacionales no he contado los que ha hecho a Venezuela, país con cuya democracia se ha implicado hasta las cejas. Yo, que fui a visitar a Felipe González con Lilian Tintori mientras Leopoldo López estaba en prisión y que he trabajado para el valiente opositor venezolano al que Zapatero ayudó a liberar, he discrepado tanto con un presidente como con el otro en los matices, pero no puedo poner en duda la buena voluntad de nuestros expresidentes, incluido Aznar, en esa causa de un país hermano. Lo he comprobado de primera mano.

Resulta que por una investigación que se desarrolla principalmente desde 2023, cuando Zapatero sube a los escenarios en la campaña electoral a favor de Pedro Sánchez y del PSOE, se generan informes de la UDEF repletos de conjeturas y suposiciones, bajo las órdenes últimas del fiscal Luzón de lucha contra la corrupción, que han provocado la inevitable imputación por parte del juez.

A la relación de Zapatero con su secretaria, con sus hijas, con Thinking Heads (una empresa que tiene entre sus clientes también a Aznar y González) con el think tank Gate Center –creado por el propio Zapatero con luz y taquígrafos–, con la multinacional sueca Kreab, se la denomina “trama delictiva” con una “estructura jerárquica”, de la que Zapatero era el “líder” que fijaba la “estrategia”, generando “flujos financieros”. Si Gertru preguntaba el concepto de una factura o si dividirla en dos, los agentes de la UDEF interpretan que es una factura falsa. O si no hay constancia documental por un servicio facturado, eso es que el servicio es ficticio. Las conversaciones telefónicas, los informes orales, los viajes para desatascar asuntos, para resolver conflictos o para influir en decisiones, o generan un memorando escrito y una firma, o son falsos…. Eso parece interpretar la UDEF.

Y luego está Julio Martínez, al que no tengo el gusto de conocer, pero el presidente sí. ¿De verdad vamos a imputar al presidente Zapatero las sociedades mercantiles o las veces que usa su nombre el compañero de deporte del presidente? Zapatero ha negado y sigue negando taxativamente haber presionado a nadie para rescatar a Plus Ultra. Diré que, a mí, que lo intentara me parece legal e incluso pueril. Porque Zapatero no tiene evidentemente ningún poder para influir en una decisión que ha de tomar primero la SEPI y luego el Consejo de Ministros y que según todos los antecedentes fue legal y justificada. Pero es que, además, él niega ninguna acción de “influencia” en funcionario alguno. Y no hay ni un solo indicio razonable, por mucho que se empeñen en sugerir lo contrario los agentes de la UDEF.

Si la esposa del presidente cancela una hipoteca, los agentes creen que han encontrado un indicio más para detectar dinero ilegal saliente. Pero obvian, teniendo acceso a las cuentas, que esa hipoteca quedó cancelada por la propia venta de una casa. Si las hijas cobran cada una una cifra mensual por su trabajo (hagan la división entre las dos trabajadoras y entre los cuatro años de trabajo y verán que las cifras son dignas, pero no escandalosas), entonces han sido testaferros de su padre. Las hijas, testaferro del padre: eso es más o menos lo que se sugiere.

Pues bien, aun así, el presidente Zapatero, el presidente que abogó de manera inusitada por el matrimonio homosexual, que plantó cara a Bush hijo en la infame Guerra de Irak, que logró culminar con diálogo el final de ETA… ante esta pornográfica disección de su vida laboral y personal, no pierde la fuerza, ni la sonrisa, ni la esperanza en nuestro Estado de derecho. Cuando le recuerdo lo que le sucedió al fiscal general, condenado sin la más mínima prueba, a duras penas esboza una confirmación: "Fácil no es, pero hay que confiar en las instituciones", dice. Ese es el líder político que yo recuerdo y que está ahora preparándose para el día 2, precisamente por respeto al juez: el hombre del talante y del optimismo. Esa es la persona que las derechas están tratando de desprestigiar. No deberíamos permitirlo.

Después de todo lo ocurrido en el entrenamiento y del significado que guarda, la respuesta del club ha sido destacar que el problema está en la filtración que ha permitido que se conozca lo ocurrido, y se ha señalado hacia quien lo ha hecho para intentar adoptar medidas contra él, una iniciativa que refleja muy bien cuál es el sistema impuesto por el modelo androcéntrico, y cómo su exigencia es mayor conforme el ambiente donde se presenta el conflicto es más masculino.

Un sistema de poder se sostiene sobre la injusticia, y para que pueda perpetuarse necesita de dos elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de someter para que todo se ajuste a lo establecido por las jerarquías, a sabiendas de que cada pieza tiene que realizar su función a cambio de la recompensa correspondiente, y por otro, el silencio para que no se descubran las dinámicas, elementos y relaciones que se llevan a cabo dentro de él como parte de la injusticia. No basta con que cada uno haga su parte, sino que además debe guardar silencio sobre todos los demás.

Gracias a ese mutismo el sistema de poder se mantiene sobre la injusticia, y nadie cuestiona nada por ese silencio que invisibiliza, y por esa complicidad que obliga para que el todo y las partes obtengan su recompensa.

De ese modo, entre el silencio y la ceguera resulta difícil conocer y tomar conciencia de nada.

La desigualdad y la sumisión de las mujeres a lo que el modelo androcéntrico ha establecido se basan en esa injusticia de tomar lo masculino como superior, y en el silencio para cuestionar lo que sucede como parte de sus dinámicas y relaciones. Esa idea hace que cualquier situación que se presente sea integrada dentro de la normalidad definida por el sistema, de ahí que la violencia de género se aceptada, como manifiesta el 22% de los jóvenes al afirmar que “si es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (CRS 2025).

Por lo tanto, no hay desigualdad ni injusticia en que las niñas no fueran a la escuela ni las mujeres a la universidad, tampoco en que no pudieran votar o trabajar sin el permiso del marido, ni en que cobren menos por el mismo trabajo, ni en que no tengan las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad ni de representación política, todo es parte de esa organización creada por la cultura androcéntrica y su normalidad.

El problema está en quien rompe el silencio, en el chivato que muestra la injusticia y denuncia los hechos. Y quienes han roto el silencio masculino han sido las mujeres y el feminismo, de ahí toba la violencia desatada contra ellas, contra las “chivatas”.

Y como ocurre en otras situaciones, cuanto más masculinizado sea el contexto, más necesario es el silencio para que la invisibilidad se mantenga. Y nada más masculino en su definición y configuración que las relaciones familiares y de pareja, tanto que el sistema todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sustenta en las labores domésticas que realizan las mujeres en todo el planeta. 

Por eso el silencio es esencial sobre lo que ocurre en casa, y por esa razón siempre se ha dicho que la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja es un tema privado en el que no se debe entrar, salvo que el resultado sea grave. Recuerdo cómo en los años 2000 se decía desde algunas posiciones jurídicas que desarrollar una ley contra la violencia de género era “criminalizar las relaciones de pareja”, algo que no es muy diferente a lo que hoy critican muchos cuando dicen que “ahora todo es violencia”, para cuestionar que muchas conductas que antes ejercían con impunidad ahora son denunciadas y condenadas. 

De manera que para el machismo el problema de la violencia de género son las “chivatas” que denuncian lo que pasa en casa y, como el Real Madrid o cualquier otra persona, entidad o empresa, lo que hay que hacer es actuar con quien rompe el silencio con independencia de que una vez conocido lo ocurrido se tenga que actuar sobre el responsable.

Esa imposición del silencio, una vez que la sociedad es lo suficientemente consciente del problema de la violencia de género, es lo que lleva a hablar de denuncias falsas para que se mantenga la normalidad impuesta que cada agresor establece en su casa y en su relación. Ya no pueden imponer el silencio a las mujeres, pero tratan de taparles la boca con sus críticas y amenazas, y presentando sus palabras como falsas. 

La realidad de la violencia de género es muy clara, como recoge la Macroencuesta del 2024. Más de 2,4 millones de mujeres maltratadas cada año, de ellas más de 141.000 mujeres violadas al año por sus parejas, y solo un 9% de denuncias. El silencio predomina, pero cada vez es menor y el eco del conocimiento mayor. Y eso para el machismo es inaceptable, de ahí su violencia en las redes y su guerra cultural, y su estrategia de cuestionar a las mujeres que sufren la violencia de los hombres, en lugar de criticar a los agresores. En definitiva, es la misma “estrategia del chivato” que se mantiene como parte de su modelo para conseguir dos objetivos: uno, criticar todo lo relacionado con la violencia de género, y el otro, desviar la mirada del problema real para situarlo en temas secundarios, con el objeto de que la gente se mantenga lejos de su realidad y acepte que todo es un “invento ideológico”, como tanto repiten.

No lo conseguirán porque hoy sabemos que quien actúa contra una violencia estructural, como es la violencia de género, está defendiendo los Derechos Humanos y la democracia, y ante eso nunca nos van a callar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Don Fernando, don José, don Paco y don Manuel. Los dones del pueblo en el que uno se raspó las rodillas con la grava eran médico, cura, profesor o boticario porque los demás teníamos apócope o alias. Esa es la España desdentada de la que venimos, un país que aprendió servilismo temiendo a los dementores que paseaban en pareja y con tricornio y capa por los caminos carreteros de todo el país y cuyos arbitrarios podían cambiar vidas y —de esto iba todo— haciendas. Fuimos un país reverente a palos y algunos de esos viejos avíos de menesterosos obedientes afloran de nuevo al tratar a los oligarcas que quieren matar animales y a los que los guardeses —siempre hay un tío Tom entre los plebeyos esperando una palmadita en la cabeza— quieren pagar una alfombra roja de asfalto para que posen sus avioncitos y no tengan que mezclarse por el populacho en las autovías. Otros atavismos no vuelven porque nunca se fueron y el que atañe a este oficio indigente se explicita en su diferente trato con los poderes.

Sabemos que, convencionalmente, la democracia liberal se compone de tres poderes, un ejecutivo que gobierna, un legislativo que fija leyes y un judicial que las aplica. De los tres, atendiendo al diseño constitucional español, el segundo es el único que es encarnación directa de la única soberanía reconocida, la de los lugareños, y por tanto el dotado de las mayores dignidades. Con los tres poderes se las tiene cada día el cuarto, el nuestro, potente y desregulado, como ha de ser la acción civil en las sociedades liberales, pues estas se basan en el principio de la libertad por defecto. Ese dogma se expresa en el aforismo que señala que “todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido”.

Y sin embargo, los oficiantes no nos dirigimos en los mismos términos a los distintos poderes. Tuteamos a los integrantes de la cúspide de la soberanía, los diputados y senadores, y bajamos la cerviz y tratamos con gasa y reverencia a la casta togada. El “respeto” al poder judicial es expresión institucional que obliga a los otros dos poderes, pero no está claro por qué demonios el cuarto hace suya la salmodia reverente desde una posición garbancera de tiralevitas.

“Yo no soy usted”. Un juez de la Audiencia Provincial de Oviedo reprendía así a un abogado que protestaba por las continuas interrupciones de la presidencia de la sala a su interrogatorio. “Perdón, su señoría”, se corrigió el letrado bajando la cabeza. El joven cronista que uno fue levantó la suya y escrutó los tres segundos de silencio que siguieron, en los que casi pudo oírse al defensor tragar saliva. Algunos plumillas nos miramos con la picardía con la que se cruzan muecas los niños cuando alguien menciona el pompis en el aula de primaria y la seño se enfada. En la comprensión aún juvenil del sistema democrático, que uno consideraba ya indiscutible en los 90, los goznes de aquel ceremonial timorato chirriaban con quejido extremo.

El protocolo señala que los diputados y senadores son también “señorías”, y así se dirige a ellos la presidencia de cada cámara, pero dudo que hayan oído a ustedes decir a un parlamentario “yo no soy usted” ante la pregunta de un periodista. Pero quede claro que, atendiendo al protocolo democrático, tan o más señoría es Oskar Matute que Manuel Marchena. El diablo, ya lo ven, está en los detalles.

En el desempeño cotidiano, los periodistas tratamos al ejecutivo y al legislativo con familiaridad correspondida y con inmisericordes epítetos cuando los creemos merecidos. En cambio, en las salas y pasillos del tercer poder, lo convenido es comportarse como pudibundos seminaristas en el palacio episcopal. Nunca una señoría se ha dejado tutear y los plebeyos periodistas jamás se han atrevido a darle al magistrado el trato que le dan al parlamentario o al ministro. Ni en vivo ni en tinta. Hay distancia y reverencia, que el cuerpo de jueces, con sus vetustas sotanas volanderas y sus cursis puños de encaje, cultivan con soberbia calculada y no poco gozo endógamo.

Hay un motivo histórico detrás de esta bochornosa anomalía. Jueces ha habido siempre. España es un Estado complejo desde hace muchos siglos, con cuerpos administrativos y altos funcionarios, pero es una democracia desde anteayer. Diputados electos no ha habido tantas veces y apenas unos pocos ministros de los cientos que ha tenido el país han estado legitimados por el apoyo popular. Para mayor desgracia, el liberalismo político no ha tenido por estos lares capitanes ni tripulación desde aquella desgraciada captura en la playa de Málaga, habiendo presidido el debate del país la disputa entre las dos ramas del cristianismo, la pía de los reaccionarios y la igualitaria de los marxistas. A esa tradición estatalista, de castas oligárquicas y predemocráticas, obedece ese lenguaje retorcido que hoy trata de “politizado” todo lo que proceda de la expresión de la soberanía y en cambio exige “respeto” a todo cuerpo cuya raigambre histórica sea predemocrática y dinástica o tan sangrienta como la honda huella dejada por los tricornios en los pueblos de todo el país.

El ordenancismo latente en ese beato “respeto” a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a las togas y sus mazas puede ser una expresión de modales, pero se trata, sin duda, de modales predemocráticos, un acatamiento de los humildes de su condición, pues el liberalismo democrático solo puede ser irreverente —en el sentido literal del término—, y repelente al fórceps del “orden”, antítesis del “ascensor social”. Porque uno se basa en la perpetuación apolillada de los talcos y el otro en la permeabilidad y el dinamismo de las sociedades modernas. El invocado “orden” con el que tanta gente de bien se llena la boca no es “ausencia de delito” —bien lo saben los lomos amoratados de esta atribulada península, cuyas calles y senderos jamás han sido más seguros y tranquilos que hoy— sino un exhorto de obediencia y devoción.

Viene esto a cuento del menudeo, en esta semana tremenda para la socialdemocracia española —que se ha atrevido a desafiar al unísono a la internacional reaccionaria y a la internacional sionista—, del apotegma “hay que respetar a la Justicia”. Hay un profundo amaneramiento mendicante en esta expresión que ustedes jamás habrán leído aplicada a cualesquiera de los otros dos poderes del Estado. Como los encomios que se hacen de “la profesionalidad de las fuerzas del orden” —que son profesionales tras siglos metiendo en vereda a los humildes es tan obvio como que en los últimos 15 años han sido ocupadas por sindicatos de raigambre fascista—, se expresa en esa pacatería el temor a que se vayan a enfadar y se cansen de la democracia, ya que preexisten a ella y aspiran en secreto a domesticarla o sobrevivirla, como alguna vez hemos dicho por aquí.

Es sintomático del estado de la cuestión que el periodismo de tribunales, ese al que no le está permitido tutear a sus señorías, ha dedicado la semana a subrayar que el juez Calama, que ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por lobista —se supone que a los multimillonarios Felipe González y José María Aznar, que llegaron a la política con una mano delante y otra detrás, no les llegará la camisa al cuerpo pensando en la jurisprudencia que pueda sentar el caso—, es “diferente”. Un juez “diferente”. Es decir, lo que nos han dicho los corresponsales en la plaza de la Villa de París —sin querer pronunciarlo en voz alta— es que el juez que va a instruir la causa contra el único expresidente cuyos ministros no acabaron perseguidos por corrupción no es como el juez Peinado, el juez Hurtado, el juez Escalonilla, el juez Marchena o el juez García-Castellón. Como ven, se puede decir muchísimo con muy poco.

Nuestro Jaime Miquel —lúcido frecuentador de estas páginas— bautizó, en su fundacional La perestroika de Felipe VI (2015, RBA Libros), este estado de cosas como “posfranquismo”, etapa intermedia en la que estábamos sumidos mientras tratábamos de convertirnos en una democracia plena. Miquel, militante de “el mandato de los paisanos”, detestaba “la España de los castillos”, la del “porque lo digo yo”, la del “usted no sabe con quién está hablando”, la del “se acabó la broma”, que es la que metió en la cárcel a los procesistas y saboteó el surgimiento de nuevas formaciones de izquierdas. Jaime Miquel no llegó a ver cómo la sala segunda del Supremo rompía el precinto de la desfachatez con la condena al fiscal general del Estado, aunque sí vivió con idéntica incredulidad que el arriba firmante el momento en que esa misma sala segunda hostigaba a la presidenta del Congreso de los Diputados para que retirase el acta al diputado canario Alberto Rodríguez, violentando la voluntad democrática de decenas de miles de ciudadanos del archipiélago. Decía Quique San Francisco, en la obra La vida según San Francisco, que “la guardia civil te puede parar por muchas cosas; por ejemplo, porque sí”, que es exactamente el motivo de la condena del parlamentario insular.

No, no existe ningún motivo para que se presuponga “el respeto a la Justicia” como no lo existía para tratar de “don” al boticario, que no es más que un dependiente de comercio especializado; un ferretero con estudios. Existe la obligación de acatar las sentencias —en tanto se recurren, si es el caso—, como uno ha de detener el coche cuando la Guardia Civil le da el alto, pero ninguna otra gabela nos alcanza. El respeto no es una condición a priori sino una gracia que se amerita. Y es potestad del pueblo soberano concederlo o no.

El periodismo, seguramente el único oficio que vive bajo la obligación de la irreverencia y el escrutinio, no es un oficio de correveidiles consagrado a trasladar al respetable el contenido de una sentencia o un auto ni tiene por qué dispensar trato de “señorías” a ningún cuerpo de funcionarios sino que está obligado a leer con atención lo que produzcan las salas y pasarlo por el cedazo de los hechos ciertos y acreditados por sus mañas. Nosotros, pese al empeño genuflexo de algunos, no estamos para decir “don Manuel”, pues no somos el chófer del patrón que, ante la infamia y la sangre —bien lo sabemos en Asturias—, “con su gorra de plato, se siente desplazado; es un hombre prudente, bien domado”.

Quiero pensar que fue por la intensidad informativa de estos últimos días, y no por esa manía de fijarnos sólo en lo que no funciona y dejar de valorar los logros, que el pasado jueves pasó por debajo del radar de buena parte de los medios una noticia de alcance, de esas que desmienten los mantras instalados de la polarización, la imposibilidad de acuerdos y el “España se rompe”: todas las comunidades autónomas, todas, acordaron de forma unánime con el Ministerio de Vivienda el reparto de los 7.000 millones del nuevo Plan de Vivienda Estatal.¿Qué ocurrió para que obrara el milagro?

Como es habitual, no encontraremos un solo motivo, sino varios: la habilidad negociadora del ministerio, el correcto planteamiento del propio plan que permitirá ampliar el parque de vivienda asequible —especialmente la vivienda pública y protegida—, movilizar y dignificar la vivienda existente, e incrementar la protección para los colectivos con más dificultades… Pero más allá de todo esto, hay algo incuestionable: el papel que ha tenido la sociedad civil poniendo en el top de sus preocupaciones y sus movilizaciones la cuestión de la vivienda.

No es la primera vez que ocurre. De hecho, un recorrido que estudie la preocupación por la vivienda en los últimos años nos dice que ya en 1995 se encontraba —según el CIS— en el tercer puesto (por delante estaba el terrorismo de ETA y la crisis económica que golpeó con fuerza en 1992). Ya entrados en el siglo XXI, la vivienda volvió a ser objeto de enorme preocupación en los años posteriores a la crisis de 2008. De hecho, aunque ha desaparecido de la memoria colectiva, fue uno de los asuntos que hizo estallar la indignación el 15M, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros colectivos similares. A partir de 2013 va bajando en el listado de prioridades y en la primavera de 2023 empieza a repuntar.

Hoy, es un clamor: Oxfam analiza cómo la condición de inquilino es una brecha de desigualdad que atrapa en la “trampa del alquiler”, haciendo que, aun con mayores ingresos que los propietarios, los inquilinos tengan menor capacidad de ahorro; el Observatorio de la Emancipación acaba de publicar un informe en el que dice que la edad media de emancipación se ha elevado a los 30,2 años debido, fundamentalmente, al problema de poder hacer frente a un alquiler…. Los informes se suceden y las cifras no dejan lugar a dudas.

El clamor ha llegado a la calle en forma de una gran movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas, a la que se han sumado los sindicatos CCOO y UGT, además de otros colectivos sociales. Sin duda, el consenso político en torno al plan de vivienda no es ajeno a este clamor social. Luego podrán discutirse modelos de políticas de vivienda; habrá quien pondrá más el acento en la construcción de nuevos pisos y quién en el hecho de que sean públicos y/o asequibles, etc. Pero nadie puede negar que el problema de la vivienda ha entrado en la agenda política gracias a la preocupación y a la movilización social. Quien consiga dar con la tecla de cómo solucionarlo a corto —si es que eso es posible—, medio y largo plazo, contará con la confianza de la ciudadanía. 

Mientras tanto, extraigamos la lección y apliquémosla a otras cosas: cuando la sociedad civil se moviliza, la política no puede permanecer quieta.

Lo de la prioridad 'nazional' lleva pasando mucho tiempo. También esa con asterisco que va más allá de estar en situación regularizada por el Estado, de nacer en España o con un pasaporte español debajo del brazo.

 En realidad, tiene que ver con el significado que se otorgó a la palabra raza la primera vez que apareció en El Corbacho, un texto de 1458 firmado por el arcipreste Alfonso Martínez de Toledo y cuyo significado podría equivaler al de linaje. Desde entonces, y durante los dos siglos posteriores, tener raza era equivalente a pertenecer a una extirpe manchada. Al contrario de lo que podría pensarse, esto no tenía para nada que ver con el color de piel o el fenotipo sino con la confesión que se profesaba. De ahí lo de la limpieza de sangre, unos estatutos que otorgaron rango legal a la discriminación religiosa. Tener raza, esto es, ser incapaz de demostrar que se era cristiano viejo, con o, implicaba, además de no poder desempeñar labores en la Administración, vivir bajo permanente sospecha. 

Luego, los españoles llegaron a América y con la anuencia del Papa Alejandro VI y sus bulas, se quedaron con tierras ajenas y borraron del mapa a gente, lenguas y culturas para imponer las suyas y, por supuesto, la religión católica. Que ese fue el trato con el Sumo pontífice. Y ya que estaban, dado que tras años de abusos y contagios de enfermedades la población originaria se había diezmado, aprovecharon que los portugueses llevaban ya un tiempecito esclavizando a negros africanos, amparándose también en una bula papal, en este caso de Nicolás V, para favorecer que se llevaran a unos cuantos millones hasta eso que bautizaron como Nuevo Mundo. Y todo cambió. Se cruzaron, ahí sí, el fenotipo, la religión, la forma de ser y pensar el mundo y, por supuesto, hubo encuentros cordiales, claro, pero también (o sobre todo) jerarquización. Basta con observar los cuadros de castas para ver cómo se nomenclaturizaron con saña cada una de las mezclas que se produjeron: mulatos, lobos o saltos atrás y arriba del todo estaban no los blancos sino los españoles que, para el caso, eran lo mismo. Y así, hasta hoy, español igual a blanco y católico y lo demás es otra cosa. 

Así las cosas, cuando Vox habla de prioridad 'nazional', no inventan, recogen un legado. Por eso, les importa poco la nacionalización de quienes han venido puesto que no se trata de venir sino de ser y de tener solera en esta tierra. De que tus padres, abuelos y bisabuelos sean españoles, de que tu torrente sanguíneo esté tan libre de Islam como para que el mismísimo Torquemada se levante de la tumba y te felicite, bro.  

Para el partido verde (que no ecologista), no es una premisa para negociar sino una manera de imponer lo que entienden que debería ser su país pese a ser también el de todas las personas que lo componen, por mucho que les pese. Va de apellidos que pueden pronunciar (o apellidos, a sus ojos –o su lengua– impronunciables pero no noreuropeos), de santos patrones Matamoros y de la coletilla final “y cierra España”, de meterle cerdo, ya sea en en forma de chicharrones o de manteca, hasta a los dulces con el fin de que quede claro de qué pie no cojean. 

Está relacionado con celebrar que se celebre el 12 de octubre y obviar un genocidio que duró siglos. Con glorificar y ponerle un teatro a una obra que enaltece y convierte en princesa de Disney Pocahontiana a La Malinche. Con no cuestionar ni un poquito el pasado y, lejos de eso, marcarlo en rojo en el calendario y sacar a los militares para que desfilen por una hispanidad que hermanó por cojones y que, según el bando vencedor, pese a un derramamiento de sangre que también supuso un epistemicidio radical, dejó universidades. Sí, esas a las que todavía hoy la mayoría de quienes asisten o han asistido son los que tienen la piel más clara y siguen acordándose de su bisabuelo de Sevilla, Vigo o Salamanca porque les confiere estatus y piel clara. Esa prioridad 'nazional' es la que habla de territorios hermanos hispanos (que no latinos) únicamente cuando interesa y si su descendencia está lejos o vota a la derecha. De lo contrario, más que hermanos serán primos y si reclaman, denuncian o cuestionan serán relegados a parientes lejanos díscolos o hasta enemigos desagradecidos. Como si aquello hubiera sido un páramo de historia, cultura, idiomas, edificios o vida antes de que llegaran extranjeros de Europa y la liaran. 

De Guinea Ecuatorial y del Sáhara ni hablamos ya que unos son negros y los otros musulmanes negros y moros, así que no se les (nos) quiere ni para, mintiendo, llamarnos hermanos. Ya se han encargado de eliminarnos de los libros de historia e insistir mucho, mucho en decir que las últimas colonias se perdieron en 1898. Mentira y gorda. 

Pero como esto no va solo del pasado, volvamos al presente. 

Lo que los de Abascal se atreven a verbalizar es algo que existe antes de que lo convirtieran en eslogan electoral y se nota en las expectativas pero, sobre todo, en la falta de las mismas hacia cierta gente. En el asiento que se queda libre en el metro al lado de la persona racializada incluso si el vagón va lleno. 

Se hace patente cada vez que nos siguen en el supermercado, que nos mandan a la cola de extranjería a hacernos el NIE pese a que hayamos ido a renovarnos el DNI, en los controles “aleatorios” del aeropuerto o cuando la policía para sobre todo a los jóvenes racializados por la calle para pedirles la documentación pese a que lo único sospechoso que hayan hecho sea salir del portal de la casa de sus padres armados con una bolsa llena de tuppers. 

Pasa cada vez que nos felicitan, de forma condescendiente, por lo bien que hablamos el idioma del sitio en el que hemos nacido o crecido a pesar de que eso no tenga ningún mérito. O cuando opinas acerca de algo relacionado con España y te mandan callar como si no tuvieras derecho a cuestionar nada y toda la vida tuvieras que sentir que debes decir que sí a todo, sonreír y tragar complaciente debido a que estás de prestado en la que, lo quieran o no, es tu casa.

Pasa cuando te dicen que tú no eres como el resto, a modo de palmadita en el hombro condescendiente, salvándote de la quema en la que se halla ese resto infernal y homogéneo al cual te pareces pero del cual por supuesto que tú, como excepción a una regla inventada, no formas parte. 

Pasa cuando vas al hospital y hay quien murmura que la gente como tú colapsa las urgencias y el sistema sanitario que su familia, que se ha deslomado currando, ha contribuido a sufragar.

Pasa cuando tienes un gesto de cortesía con alguien y te dicen que “así sí”, asumiendo que el resto de las personas a las cuales te pareces por fuera son un “así no” de manual. 

Pasa hasta dentro del seno de la familia debido a que por mucho que compartas genes y cariño, eso no les quita automáticamente ni la xenofobia ni el racismo. 

Pasa mucho antes de que le pusieran nombre a eso de la identidad 'nazional' pero, ahora, poniéndoselo, lo han dejado más clarito.

El auto del juez Calama que imputa a Zapatero ha causado estupor entre los juristas alarmados por la proliferación de autos policiales en vez de judiciales, en los que el juez de turno se dedica a copiar y pegar los informes de la UDEF o de la UCO, la unidad de la Guardia Civil, que tan contundentes se muestran en sus conjeturas. “Nos hemos acostumbrado a que los jueces, cuando les viene bien, se larguen una resolución chusca, que es un auto policial con una visión aviesa en la que se sacan conclusiones que no respetan la presunción de inocencia. Antes, los jueces instruían, pero ahora parecen haber dejado esa función en manos de la policía”, dice un relevante fiscal, que observa horrorizado el actual modus operandi. 

La sombra de la sentencia del Supremo condenando a Álvaro García Ortiz sin pruebas con el fatídico "fue él o alguien de su entorno" emerge en este asunto como una posibilidad realista de que se repita la jugada. La Audiencia ha cogido un hueso que no piensa soltar, como anticipa un auto en el que se percibe claramente una intencionalidad incriminatoria, cargando las tintas en la supuesta organización criminal de la que Zapatero es el máximo responsable. Quienes pensaban que Calama era un juez ‘normal’, ahora observan con estupor el lenguaje policial que recorre la resolución en la que se pinta al expresidente como un capo internacional. “Hay una reconstrucción magnificada de los indicios para que el retrato resulte demoledor”, sentencia un jurista. Lo que hay por ahora son indicios, pero aún no hay pruebas. 

“Estamos regresando al procedimiento inquisitivo cuando los derechos del investigado no se respetaban. El auto judicial parece fundado en las pesquisas de una agencia de seguridad privada de Estados Unidos. La falta de garantías que hay en los procedimientos en Estados Unidos es algo sabido de siempre y ahora todavía más. Habrá que ver dónde están las fuentes de prueba que sustentan el relato, porque por ahora no las hay”, opina un juez retirado, que considera que el abogado defensor de Zapatero es un profesional con experiencia en casos de este tipo. La actividad que ha desarrollado el expresidente es muy frecuente en los que han dejado la política. Habrá que ver las pruebas que han provocado su imputación para entender el delito. El mundo del lobby está difuso en España, en un limbo.

En los entornos del PP y del PSOE se habla estos días de cómo Aznar y Felipe han manejado su capacidad de influencia con más inteligencia que Zapatero. Ambos expresidentes colaboran con millonarios con diversos intereses económicos en medio mundo, a los que los contactos y sabios consejos de los que fueron máximos dignatarios españoles se ve que les vienen muy bien por la longevidad de la relación.

Aznar renovó hace seis meses como consejero de Rupert Murdoch en News Corp, su potente holding de medios, en donde desde hace 20 años cuenta con el aval del magnate dueño del Wall Street Journal, The Sun o The Times, entre otras famosas cabeceras. La serie Succession está inspirada en las intrigas de esta familia con importantes tentáculos. A pesar de la oposición del resto de socios de Murdoch y de contar con el doble de votos en contra para su reelección, ahí sigue, habiendo cobrado alrededor de cuatro millones de euros en estos años. Todo legal, por supuesto. 

Igual de legal que la estrecha relación de amistad y negocios de Felipe González con Carlos Slim, al que el expresidente asesora en sus lucrativos negocios. Fin. ¿Qué incluyen las asesorías? No es algo que ninguno de los dos haya detallado, más allá del buen criterio del expresidente y su acceso a personajes como el rey Mohamed VI de Marruecos, entre otros conocidos dignatarios, a los que pone en contacto con el millonario debido a la amistad que les une. Tiene derecho a ganarse el pan. Hay que reconocer que se lo han montado con más estilo que Zapatero, dotando de una pátina de transparencia su actividad. Pueden estar tranquilos porque ningún juez dudaría de dos señores tan de derechas. Hay que reconocer que ZP se lo ha buscado, al convertirse en faro del sanchismo.

El poeta Rubén Darío definió el cuello del cisne como un signo de interrogación en un poema dedicado a otro poeta, Juan Ramón Jiménez. Los poetas se preguntan por la vida y las palabras para comprender el valor de los matices que marcan la realidad. Cuando el imperialismo norteamericano amenazaba la cultura en español de América Latina, el cuello del cisne supo utilizar su belleza para preguntar: “¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?”. Y no es que Rubén, formado en la poesía de otros idiomas, temiese las posibilidades del bilingüismo, ce n´est pas posible, sino que se negaba a que la cultura de su comunidad fuese invadida y arrasada por una potencia extranjera. Rubén, que se reconocía como hijo de América y nieto de España, heredero de Garcilaso y Quevedo, se negaba a que su lengua acabase por ser extraña en su propia tierra, y convertía las preguntas del cisne en advertencias: “¿Seremos entregados a los bárbaros fieros?” o ”¿Callaremos ahora para llorar después?”.

Rubén Darío escribió su poema en una situación difícil para decirnos que no puede confundirse una agrupación de naciones con una verdadera comunidad. Hispanoamérica, o también Iberoamérica, no es una agrupación de naciones, una estructura de acuerdos internacionales o una corporación económica, sino una comunidad con vínculos culturales y humanos, de sangre y de poesía, nacidos a lo largo de los siglos. Las apuestas políticas, incluso ante los procesos de independencia, se traicionaban a sí mismas si olvidaban los vínculos profundos de la palabra comunidad. Lo entendió muy bien el profesor Rafael Altamira, formado en la Institución Libre de Enseñanza, cuando empezó a reivindicar en los inicios del siglo XX, ya ocurrida la pérdida de las últimas colonias en 1898, una psicología de la civilización española no confundida con el viejo imperialismo, pero inseparable de la fraternidad latinoamericana. El intelectual cubano Fernando Ortiz, maestro y amigo de poetas, temió al principio la vuelta a un viejo imperialismo, pero tardó poco en comprender que el peligro para Cuba estaba en una nueva ambición protagonizada por los EE.UU. y afianzó su hermandad con la cultura española como respuesta a los intereses económicos de los bárbaros que querían convertir la isla en el patio trasero de las grandes compañías norteamericanas. Y esa hermandad cultural latina fue la que sostuvo una comunidad representada por García Lorca, Alberti, Nicolás Guillén o Fernández Retamar.

Hacer memoria no significa irse por los cerros de Úbeda, sino tomar conciencia de los significados reales de las situaciones históricas. Y no podemos callarnos para llorar después cuando los bárbaros fieros atacan de nuevo a Cuba con un bloqueo que maltrata sobre todo a la población cubana, dejándola sin electricidad, sin combustibles y sin unas condiciones dignas de supervivencia. A golpes sobre la piel cubana, la estrategia se ha preparado para castigar a las empresas españolas, europeas y canadienses, en beneficio de los intereses comerciales norteamericanos. Y la agresión se convierte en una amenaza esperpéntica cuando, después de violar día a día la justicia internacional y el derecho de las naciones, se denuncia de manera absurda a Raúl Castro por un acontecimiento que sucedió hace 30 años. Bajo las furias, el mensaje es claro: no nos interesa ningún tipo de negociación interior, porque queremos apoderarnos económicamente de la isla, aunque eso suponga maltratar a la población y cortar cualquier salida propia para sus crisis social y política.

Es difícil entender que una defensa seria de Cuba no pase por analizar las situaciones actuales de la Revolución. Pero resulta más difícil entender a los que dicen apostar por la democracia y la libertad cubana, por la dignidad cubana, cuando apoyan un sometimiento inhumano a los bárbaros fieros del Norte y justifican una agresión que acabe con su independencia nacional y con los vínculos históricos de su sentido de pertenencia y su identidad. Cuba necesita hoy solidaridad activa, apoyo, mucho apoyo económico y cultural contra el bloqueo de los bárbaros, fraternidad europea, iberoamericana, y la esperanza de que el pueblo cubano encuentre por sí mismo una salida digna a esta situación. Las preguntas del Cisne de Rubén Darío navegan una vez más por las venas abiertas de España y América latina. Somos comunidad, que no se olvide.

A estas alturas todos, o muchos, hemos leído ya el auto que abre la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero, y en mi caso la sensación es de inquietud, que aparece cuando una intenta separar el enorme impacto político y mediático del procedimiento, de la verdadera consistencia técnico-penal de los indicios que sostienen el relato construido en el auto que aparece concebido como una gran explicación sistémica. No se limita a describir una eventual irregularidad relacionada con el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas durante la pandemia, sino que intenta levantar la tesis de una estructura estable de intermediación política y económica basada en sociedades mercantiles, consultorías y relaciones internacionales. Dubái, Venezuela, sociedades interpuestas, mensajes interceptados, pagos cruzados y referencias a “Z” o “Zapa” aparecen integrados en una misma arquitectura narrativa donde Zapatero ocuparía una posición central en una hipótesis que se afirma desde las primeras de las muchas páginas que constituyen la resolución jurídica, lo que por cierto no es habitual en una investigación de este tipo.

La inquietud parte de que, para una jurista, una posición penal de tal nivel precisa algo más que una narración dotada de coherencia o de una atmósfera de sospecha intensa, precisa de la revelación de conductas concretas y personalmente protagonizadas, y cuanto más graves son las categorías penales utilizadas (“organización criminal”, “liderazgo”, “estructura jerarquizada”) más exigente debería ser también el nivel de precisión probatoria, o al menos claramente indiciaria.

Cuando una intenta identificar cuáles son realmente los indicios fehacientes que sostienen el auto, la conclusión es bastante menos contundente de lo que sugieren muchos titulares periodísticos. Básicamente aparecen cuatro grandes bloques. El primero son las conversaciones interceptadas entre terceros donde determinados empresarios o intermediarios hablan de Zapatero como alguien capaz de facilitar contactos o desbloquear operaciones. Hay referencias a “Z”, “Zapa” o “nuestro pana Zapatero” y menciones a posibles gestiones relacionadas con la SEPI o con operaciones internacionales vinculadas a Venezuela, lo que permite concluir que determinadas personas percibían al expresidente como alguien con capacidad de interlocución institucional. Jurídicamente, sin embargo, el valor de esas conversaciones es limitado si no se acompañan de actos posteriores que acrediten que la influencia efectivamente se ejerció. Y aquí aparece a mi juicio uno de los principales problemas técnicos del auto: las conversaciones muestran sobre todo lo que terceros dicen o creen sobre Zapatero, no necesariamente lo que Zapatero hizo realmente.

El segundo bloque de indicios afirmados como relevantes son los pagos y relaciones mercantiles investigadas. El auto analiza transferencias económicas y contratos de consultoría considerados sospechosos entre empresas vinculadas al entorno investigado. A partir de ahí se construye otra hipótesis confiada en que determinadas sociedades pudieron utilizarse para canalizar pagos relacionados con actividades de intermediación política. Pero otra vez surge una dificultad importante: para que esos pagos adquieran verdadera trascendencia penal no basta con que existan ni con que su importe nos resulte muy elevado para la mayoría social (tampoco un expresidente del Gobierno es un profesional al uso). Hay que demostrar que no respondían a actividad económica real y que constituían contraprestaciones por influencias ilícitas concretas. Y eso sigue lejos de aparecer acreditado con claridad, especialmente cuando el propio Zapatero ha afirmado previamente y con reiteración que desempeña tareas de consultoría.

Este punto resulta especialmente relevante respecto a Whathefav, la empresa propiedad de las hijas de Zapatero y convertida estos días casi en símbolo mediático del procedimiento. Lo publicado hasta ahora no permite sostener seriamente que se trate de una mera sociedad pantalla creada exclusivamente para canalizar fondos. La empresa desarrollaba actividad efectiva previa y paralela en ámbitos de comunicación digital, marketing y producción audiovisual. Existen datos mercantiles de facturación, empleados y actividad real anteriores al estallido de esta causa. Naturalmente, eso no impide que determinadas facturas concretas puedan investigarse o incluso considerarse ficticias si así se acreditara. Pero sí dificulta bastante una tesis maximalista según la cual toda la actividad societaria estaría vinculada exclusivamente a operaciones relacionadas con el entorno político del expresidente.

El tercer elemento utilizado como inferencias de peso son las coincidencias temporales entre determinados movimientos económicos y momentos relevantes del rescate de Plus Ultra. Ese tipo de conexiones temporales puede justificar diligencias de investigación, pero su fuerza probatoria es relativamente débil si no va acompañada de evidencia directa sobre la finalidad concreta de los pagos, mas aún cuando el rescate de la compañía ya ha sido declarado ajustado a derecho, en un momento de rescates y ayudas que salvaron miles de empresas y puestos de trabajo.

El cuarto gran bloque es el propio contexto político e internacional. Zapatero mantenía relaciones significativas con dirigentes venezolanos, capacidad de interlocución internacional y contactos institucionales de alto nivel. El auto convierte ese hecho relacional más que evidente por público y por derivar de su condición de expresidente del Gobierno en un elemento incriminatorio dentro de una supuesta estructura estable de influencia, que puede existir y de hecho existe en términos de arbitraje internacional, que puede distar mucho de ser no ya ilegal, sino ni tan siquiera reprobable. Esta es probablemente la cuestión central de todo el procedimiento: tener influencia política o capacidad de acceso institucional no es delito. De hecho, es casi inherente a la condición de expresidente del Gobierno. El delito comienza cuando esa capacidad se utiliza ilícitamente para alterar decisiones administrativas concretas a cambio de contraprestaciones económicas.

Y ahí es donde el auto presenta, a mi juicio, su principal debilidad técnica. Habla constantemente de tráfico de influencias, pero apenas concreta sobre qué autoridades se habría ejercido exactamente esa influencia. Puede parecer un matiz menor, pero jurídicamente es decisivo. En un delito de tráfico de influencias el núcleo típico consiste precisamente en el prevalimiento sobre una autoridad o funcionario concreto para modificar el sentido de una resolución administrativa. Sin embargo, el auto habla genéricamente de la SEPI y del rescate, pero no termina de individualizar qué responsables públicos fueron presionados, qué conversaciones existieron con ellos, qué instrucciones recibieron o cuál fue exactamente la actuación causal atribuible a Zapatero para obtener la resolución favorable.

Y hay además una cuestión previa difícil de ignorar. Antes de construir una tesis tan ambiciosa sobre una supuesta estructura estable de tráfico de influencias, parecería lógico haber identificado con claridad qué autoridades o funcionarios fueron objeto de esa presión y haber agotado primero esa línea de investigación. Sin embargo, el procedimiento ha avanzado ya hacia imputaciones de enorme gravedad política y hacia medidas cautelares patrimoniales muy invasivas sin que públicamente se conozca todavía una delimitación precisa de quién habría recibido concretamente esa influencia ilícita. Dicho de otra manera: el auto desarrolla con enorme amplitud el contexto de la sospecha, pero sigue dejando relativamente indeterminado el acto concreto de influencia que debería sostener penalmente toda la construcción posterior.

Todo ello no significa, naturalmente, que la investigación carezca de importancia o que deba minimizarse políticamente. El daño institucional para el PSOE y para el propio Gobierno ya es enorme y probablemente seguirá creciendo mientras continúe la instrucción que amenaza con prolongarse en el tiempo. El bloqueo cautelar de cuentas bancarias ha reforzado todavía más esa percepción de gravedad pública. Pero tampoco conviene confundir el impacto político del procedimiento con la fortaleza definitiva de la acusación penal, ni se pueden ignorar circunstancias tan alarmantes como posibles filtraciones al partido de la oposición y la utilidad evidente que obtienen con entusiasmo indisimulado de la misma.

Quizás esa sea la verdadera cuestión de fondo que deja este auto a la espera de conocer el conjunto de las actuaciones. No si debe investigarse o no la conducta de cualquier ciudadano, que por supuesto que sí, sino si la enorme ambición narrativa de la resolución terminará encontrando una correspondencia igual de sólida cuando llegue el momento decisivo del proceso. Entre tanto, los daños personales y políticos son evidentes, los intereses también.

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María José Landaburu es doctora en Derecho y experta en Derecho laboral y autoempleo.

Un recuerdo repetido. Afueras de la ciudad. Una empresa celebra una barbacoa en el jardín de una casa. Ha llegado ese calor de junio que aprieta de golpe el grito de las chicharras a mediodía. De las veinte personas que han ido a comer, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Se terminan los postres y pasadas las copas de después, los hombres se tiran a la piscina, han traído bañador. Las mujeres, no. Ellas se acercan a su borde, meten las piernas hasta las rodillas, arremangan sus camisas, mojan sus nucas abrasadas, se pasan la crema solar. ¿No os bañáis?, les dice uno de ellos. Por supuesto que no. Todas estas mujeres no quieren ser vistas en traje de baño. Porque están blancas, porque tienen pelo, porque la regla. La mayoría piensan que su cuerpo no se ajusta a la foto: creen que están gordas. Que se ha echado encima el verano y no han conseguido adelgazar uno, dos, cinco, diez, veinte kilos. Las fotos de la fiesta correrán por el grupo de WhatsApp y mostrarán a los hombres mojados, agarrados por los hombros, sus cuerpos fríos, sonriendo, y a ellas adornando el borde del agua. 

Pasando calor. 

Toda la vida a dieta. Quien no ha pronunciado esta frase desconoce el esfuerzo crónico e imposible por ajustar un metabolismo a los cánones de belleza cambiantes que caen sobre la mujer. Y, sin embargo, la respuesta es casi unánime: así no cabes. En el canon, en la ropa, en un ideal, en la foto. No siempre es glotonería, no es siempre dejadez, no es siempre voluntario, no es algo merecido, no siempre tiene consecuencias sobre la salud. Y otra cosa: si tu tendencia es que te engorde hasta el aire que respiras, adelgazar cuesta –además de una voluntad de hierro para conseguirlo que no siempre se tiene afinada porque la vida– dinero.

Lo rozamos con la punta de los dedos. Lo llamaron body positive, pero tenía algo que chirriaba. Pretendía visibilizar todo tipo de cuerpos, pero siempre poniendo la belleza, lo que se aproximaba al canon normativo a pesar del peso, en el centro. Si eras gorda y fea, no eras curvy. Puedes tener unos muslos grandes, pero que en la cara no se te noten. Las curvys, si es que lo eran, fueron todas unas mujeres preciosas, de melenas largas y brillantes y rasgos de muñeca. Pero, de un tiempo a hoy, la delgadez ha vuelto con las inyecciones milagro y, con ella, toda una batería de cuidados estéticos enfocados en la mujer, amplificados por las redes sociales y el consumo desatado de productos. No conozco a ningún hombre que tenga una rutina facial o capilar consistente en pasos incontables antes de dormir. Los que yo conozco, se duermen, se despiertan y andan. 

Quienes hemos tenido toda la vida que pelear con el peso, desde que se nos negaron las papillas de cereales siendo bebés, sabemos la deformación en la autoestima que produce cualquier comentario acerca de nuestro físico no ajustado a ese canon. Palabras que nunca se olvidan: aquella amiga de mi abuela que me dijo que con lo guapa que era, debería estar más flaca, yo solo tenía siete años; aquella profesora de quinto en el colegio que quiso explicarme que nunca tendría la talla ideal poniéndome al lado de una compañera en educación física, y dio igual que yo fuera mejor que ella en cualquier deporte, eso no era importante; ese familiar que te quiere, pero que no pierde ocasión de decirte en un restaurante delante de todos que no comas más pan y, si lo haces, hola, culpa. Si te vas a embarazar, adelgaza; si te vas a casar, adelgaza; que viene el verano, adelgaza; que te van a hacer fotos, mete tripa, ponte de lado, vístete de negro, lo que sea para arañar un milímetro a la vista del otro. Cuánta resistencia y seguridad hay que tener para seguir sintiéndote alguien deseable, alguien que camina feliz por su vida, con toda esa desaprobación constante encima. Ya se lo digo yo: mucha.