Alicia Gutiérrez

El expresidente de Madrid "recomendó" encargar un estudio de mercado sobre la situación en Brasil a una empresa sin experiencia ni empleados. Y organizó a través de su secretaria una reunión entre las partes cuando ya no estaba al frente de la empresa de aguas de Madrid.

El cotejo del usb que la UCO incautó a Beltrán Gutiérrez con la contabilidad oficial del PP regional constata que buena parte de los gastos de campaña de Esperanza Aguirre jamás fueron anotados oficialmente ni declarados a la Cámara de Cuentas. 

El partido se enrocó en la Ley de Protección de Datos para no desvelar al máximo órgano fiscalizador quiénes percibían entonces "gastos de representación". Este jueves, su tesorera invocó el mismo argumento en la comisión de investigación del Congreso.

Para contentar a los servicios jurídicos, el entonces director general de Economía, José María Rotellar, elaboró un informe que presentaba a Madrid Network como "la única" entidad capaz de gestionar el reparto de esos 80 millones en créditos para innovación a bajísimo interés y con cinco años de carencia. 

El expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, condenado en Bankia e imputado en Púnica, figuró siete años como vicepresidente de Madrid Network, según el Registro de Asociaciones. Él asegura, en declaraciones a infoLibre, que no sabe nada de esa asociación: "Jamás he participado en nada, ni he aprobado cuentas, no sé ni dónde está su sede".

Como en los hospitales, la Comunidad de Madrid también obligaba a los adjudicatarios de mejora de la red viaria a destinar un porcentaje a "Planes de Información" que no supervisaba ningún funcionario.

Los investigadores creen que las empresas de publicidad que facturaron por esos servicios hicieron en realidad actos para el PP. Los testigos colocan a Granados y al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela en el ojo del huracán.

Acusador público en procesos de máxima relevancia como el ya lejano caso Roldán o el de Bankia, parte con el apoyo en bloque de la mayoría conservadora en el Consejo Fiscal pero también con el respeto del sector progresista. Las decisiones tomadas por quien Maza había elegido para el cargo en febrero, Manuel Moix, y su posterior dimisión tras destapar infoLibre que es copropietario de una sociedad panameña sumieron a la fiscalía más compleja en una crisis sin precedentes.

La Empresa Municipal de Vivienda espeta al organismo fiscalizador que la operación no constituyó una "mera irregularidad" sino "un incumplimiento flagrante de principios elementales en el manejo de los fondos públicos". La sociedad municipal subraya que además de un daño para el erario público hubo un "falseamiento de la competencia" y se contrató una supuesta intermediación inmobiliaria "oculta" por dos millones de la que no queda rastro

Alejandro de Pedro presentaba la web ppdigital.es como "controlada" por su empresa Eico. Encabezada siempre por una gran foto de Rajoy y activa entre enero de 2011 y el mismo mes de 2015, la web ofrecía "noticias del PP" de todo el país. Génova niega cualquier vínculo con el digital.

El cuñado del rey había sido sentenciado a seis años y tres meses. Ahora, el ministerio público pide endurecer la pena por malversación y fraude a la administración. Urdangarin y Diego Torres "pergeñaron" una trama delictiva con el objetivo de enriquecerse, dice el recurso

La querella por el supuesto fraude y desvío de ayudas concedidas al grupo tecnológico Zed sostiene que el alto ejecutivo de Planeta era quien gestionaba la captación de dinero público utilizando supuestamente para ello "su influencia política". 

Considerado uno de los hombres más poderosos del país, Anticorrupción atribuye a Mauricio Casals tráfico de influencias y falsedad documental en el supuesto fraude de subvenciones millonarias a Zed Worldwide, la empresa creadora del videojuego Commandos.

La Fiscalía sostiene que las Cámaras de Comercio contrataron a Equipo Económico SL para que sus socios hicieran valer su influencia ante el Gobierno y lograr así una nueva ley favorable a la institución cameral. 

La mudez del extesorero del PP en la comisión de investigación del Congreso marca el punto más alto de un nuevo rumbo que en enero le llevó a redefinir la contabilidad B como "anotaciones extracontables" de carácter "inocuo" y le hizo luego oponerse al "despropósito" de que Rajoy declare como testigo.