Begoña P. Ramírez

El dinero público destinado a cubrir esos impagos ascendió a 2,46 millones, pero los cuatro principales morosos sumaron el 73% del total.

Encuentra numerosas deficiencias e irregularidades en la gestión de los 1.786 millones concedidos en ayudas.

Aduce que se han vulnerado sus derechos fundamentales al reubicarle en un servicio que le recorta el salario en casi 600 euros mensuales.

Los grupos aprueban, con la abstención de PP, Ciudadanos y Vox, una solicitud de amparo para que se les permita ver in situ los documentos de Avalmadrid que incluyan datos de terceras personas. 

La Comunidad de Madrid deniega a la Asamblea el expediente del aval concedido a MC Infortécnica SL y el informe del Comité de Morosidad que ocultó el supuesto alzamiento de bienes cometido por Ayuso. 

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid abre diligencias por la adjudicación irregular que hizo Tragsa de cuatro contratos a la consultora Reinforce.

La Consejería de Economía cifra en 29,5 millones el dinero público recibido por Avalmadrid, según los datos que envió a la comisión de investigación de la Asamblea.

Los ocho mayores bancos españoles ganan 10.251 millones de euros en 2019 con las comisiones que cobran a sus clientes.

Sindicatos y organizaciones agrarias centran en la venta a pérdida el problema del campo extremeño y quitan protagonismo a la subida del SMI.

Rui Pinto filtró los datos sobre los negocios de Isabel dos Santos, la mujer más rica de África, a quien la Fiscalía angoleña acusa de malversar 1.000 millones de euros a través de la petrolera estatal.

UGT utiliza remuneraciones brutas y la Encuesta de Coste Laboral, CCOO prefiere sueldos netos y la Encuesta de Población Activa, mientras que CEOE mezcla ambos parámetros.

El parque de pisos públicos en alquiler es de sólo el 4% en España, mientras que Francia más que lo triplica y los Países Bajos rozan el 38%, según un informe recién publicado por el Banco de España.  

La propuesta del Ministerio de Trabajo a los sindicatos y la patronal se refiere sólo a 2020; para el resto de la legislatura el SMI se ajustará a la coyuntura económica. La CEOE ha aceptado el acuerdo.

El Ministerio de Transportes –antes Fomento– abre una “investigación preliminar” sobre la actuación de la jefa de Informática de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que aprobó adjudicar un contrato a una empresa de su marido.

La jefa de Informática de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, Nuria Marabini, avaló en 2017 la adjudicación del contrato a una UTE en la que participaba una empresa que era 100% propiedad de su esposo.