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La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que de las cuentas se ocupaba el que fuera gerente Beltrán Gutiérrez, pero subrayó que no cree que utilizara una caja B para financiar a la formación con fondos públicos.
El caso no llegará a juicio, "exclusivamente por la interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", es decir, porque no hay acusación particular.
El "hecho principal" que se va a juzgar no es la 'caja B' sino la participación del señor Bárcenas en la apropiación de los fondos del PP, consideran los jueces.
El registro de su domicilio fue ordenado por la juez de la Audiencia Nacional que investiga la organización del narcotraficante Sito Miñanco, del que Boye fue abogado hasta hace unas semanas.
Las dependencias del letrado, que coordina la defensa jurídica de Carles Puigdemont, y propiedades de otros dos supuestos testaferros han sido inspeccionadas por blanqueo.
La asociación entiende que la decisión puede significar "un entorpecimiento de la función jurisdiccional, ya que la supuesta contaminación de los jueces y juezas que hayan juzgado una de las piezas del mismo proceso acarreará el llamamiento de otros para conocer de la siguiente pieza".
También ha remarcado que ella se encargaba personalmente del nombramiento de sus consejeros, pero que siempre con visto bueno del que era entonces el presidente del PP nacional, Mariano Rajoy.
Aseguran que el juicio en la Audiencia Nacional ha estado "lleno de irregularidades, falto de garantías" y "marcado por la omnipresencia de la Guardia Civil".
El fundador de Wikileaks presentó una querella contra la empresa gaditana Undercover Global por "la invasión de la intimidad de Assange y sus abogados mediante la instalación de micrófonos ocultos y otros medios en la Embajada de Ecuador en Londres".