Audiencia Nacional

Zaldua fue detenida el martes en Hernani (Gipuzkoa) por orden de la Audiencia Nacional como presunta autora del asesinato tras estar tres años en libertad.

Una filial del Banco Santander ha despedido a la delegada de CGT por impartir clases en internet durante sus horas sindicales. Para probarlo, contrató a unos detectives que usaron a sus propios hijos como alumnos. Los tribunales decidirán ahora si ella vulneró la lealtad debida a los trabajadores o si el banco y los detectives la indujeron a cometer una infracción.

La familia aprovechó su posición privilegiada para acumular un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas, según el juez.

Se trata, según el auto, de "información pública a cuyo acceso tienen derecho los ciudadanos en los términos previstos en la Ley de Transparencia".

Su abogado, Diego Herchhoren, opina que esto abre la puerta a ejecutar la sentencia de dos años de prisión por enaltecer el terrorismo que la Audiencia Nacional dejó en suspenso en 2019.

El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo estima que el cuerpo de policía actuó con "tibieza" y hubo una "dejación consciente y voluntaria" de sus obligaciones.

Anticorrupción señala que, según el juez a cargo de esa investigación, "entre los años 2008 a 2015 el Grupo Isolux Corsán habría efectuado, al menos, 19 entregas de dinero a tales funcionarios, cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares".

Se juzgará el asesinato de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos trabajadoras en la Universidad Centroamerica José Simeón Cañas de El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

Eduardo Ortega, alto cargo de los servicios jurídicos e imputado, negó haber ideado la denuncia anónima contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc. Pero lo hizo con un relato donde sin explicaciones ni detalles introduce un encuentro con “una magistrada de la Audiencia” y “otro del Tribunal Superior de Justicia”.

Quienes conocen el caso dan por hecho que un porcentaje de los supuestos hechos delictivos quedará fuera de juego por el ingente volumen de documentación susceptible de ser examinada.

Los imputa por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales supuestamente cobradas por dirigentes de Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

Los documentos remitidos al juez desvelan que la segunda entidad financiera del país envió el 23 de enero de 2019 al BCE un informe donde ya entonces afirmaba que los contratos con Cenyt SL no habían sido aprobados por ningún organismo directivo.

La Audiencia Nacional, los TSJ de las dos comunidades, las Audiencias Provinciales y los juzgados de lo penal y primera instancia congelan su actividad para evitar riesgos. Solo se celebrarán juicios que afecten a presos y diligencias inexcusables por su urgencia. 

La suspensión podrá prorrogarse en caso necesario y se excluye el servicio de guardia, que seguirá activo.

Avala la resolución de Interior de revocar la condición ya que la asociación incumplió el deber de promover la tolerancia.