Ayuntamiento de Barcelona

Clara Ponsatí, la consellera de Enseñanza de la Generalitat,  es también la nueva presidenta del Consorcio de Barcelona tras el cese de Lluís Baulenas y ha sido designada en ambos cargos por su compromiso con el 1-O.

El Govern ha instado al Ayuntamiento a ceder sus locales para el referéndum y el Consorcio de Educación reune el 40% de los centros educativos de la ciudad.

El teniente de alcalde ha aprovechado para remarcar que el acuerdo con el PSC es "plenamente vigente y ha funcionado bien".

La alcaldesa de Barcelona aún no ha dejado claro si apoyará activamente el referéndum, y los independentistas admiten que la participación del ayuntamiento de la capital sería un importante impulso para la consulta.

"Quiero pensar que, si ni Estado ni Generalitat habían considerado necesario avisar a la ciudad de Barcelona, es que no le daban credibilidad", señala.

La manifestación terminará con un acto en la plaza Cataluña en el que se esperan música de cuerda, flores y las lecturas de la actriz Rosa María Sardá y de la portavoz del Fundació Ibn Battuta, Míriam Hatibi.

"No hay constancia de ninguna persona o célula con actividad en Barcelona o Cataluña", afirmó el representante de los Mossos el 28 de junio, según consta en el acta de la reunión a la que ha tenido acceso infoLibre. El comisario jefe de la Policía Nacional ratificó que no existía ninguna "amenaza concreta".

"La Generalitat está llevando con mucha discreción, por no decir clandestinidad, estos preparativos", ha afirmado.

El colectivo anticapitalista Arran se ha atribuido los hechos: "Mata los barrios y destruye el territorio, precariza nuestras vidas y nos condena a la miseria".

Las administraciones públicas han adjudicado contratos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad por importe de 13 millones de euros desde 2016.

La alcaldesa de Barcelona e impulsora de CatComú ha expresado su predisposición a participar y ha recordado que participó en el 9n, aunque ha rechazado avanzar si votaría por el sí o por el no.

Las administraciones públicas adjudican contratos millonarios a compañías de seguridad como Ombuds, Seguridad Integral Canaria o Seguriber y de mantenimiento como Imtech.

Estos contratos se hicieron de forma directa, sin publicidad y sin un proceso de licitación con pública concurrencia adecuado, según los peritajes.

Afirma que los centros cumplen una función social "muy importante".

El ayuntamiento inicia la retirada de más de 360 placas de vivienda franquistas.